REPARACIÓN DE “VÍCTIMAS DEL DESARROLLO” DEMANDA VERDAD, JUSTICIA Y NO REPETICIÓN

 

Intervención de Miller Dussán, fundador de Asoquimbo, durante el Acto de Reparación realizado en Gigante Huila el 20 de septiembre de 2024

En este lugar, presidente Petro, donde  aún se escucha el eco de la Voz de Matambo recuperada por Mirthayú y se rememora la existencia de la emblemática Ceiba de la Libertad, sembrada en octubre de 1851 en el parque principal de Gigante por orden del presidente José Hilario López para celebrar la abolición de la esclavitud en Colombia,  el Gobierno Nacional nos convoca al Acto de Reparación de Victimas del Estado y de la transnacional ENEL, con la entrega de tierras, después de 15 años de impuesto a través de la fuerza la construcción del Proyecto Hidroléctrico El Quimbo por el expresidente Alvaro Uribe quien nos anunció “El Quimbo va porque va”, de manera dictatorial.

El Acto coincide con el fallo de nulidad parcial de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico por parte del Consejo de Estado al reconocer una de las pretensiones de la demanda interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Ambiental Tierra Digna y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Asoquimbo consistente en que al momento de la expedición de la Resolución 0899, no existían tierras en el área de influencia directa del proyecto aptas para desarrollar actividades agrícolas. Para la Sala, la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del PHEQ presentó deficiencias “en razón a que no caracterizó adecuadamente los impactos socioeconómicos del proyecto El Quimbo, en el componente productivo del sector agrícola, y más grave aún, no estableció obligaciones apropiadas para compensar tales afectaciones”.

Como consecuencia de la aprobación irregular de la Licencia, sin la participación social, sin el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, sin la sustracción del área protectora de la Amazonía, diversos sectores sociales, entre los que hoy se encuentran aquí, fueron presionados a abandonar sus territorios, fenómeno denominado “desplazamiento por desarrollo” o acumulación por despojo, generando “víctimas del desarrollo”, debido a la destrucción de los medios de vida y por el desplazamiento al que se someten de manera forzada. Varias de estas poblaciones, presidente, también fueron víctimas del conflicto armado.

El despojo y el ecocidio conducen a una situación de violación múltiple de derechos, entre ellos, el Derecho a vivir dignamente en el Territorio, que impacta a su vez sobre un número masivo de personas, por la destrucción de la actividad agrícola y de toda la cadena productiva, sin garantías de restitución de la misma y del cumplimiento de las compensaciones y obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental.

El Estado y la transnacional ENEL, utilizaron todas las formas para justificar la imposición del negocio a nombre del progreso como el engaño, la estigmatización, las amenazas, las demandas judiciales contra el derecho a la protesta social y la violencia institucional.

No obstante, las Victimas respondieron con la creación de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo y declararon la Resistencia Civil Permanente, Pacífica y Argumentada, contra  la construcción de la represa El Quimbo y el modelo extractivista minero energético de acumulación por despojo, por la Defensa del Territorio, la Biodiversidad Natural y Genética, el Macizo Colombiano y los derechos de las comunidades víctimas del PHEQ y reconoció como único interlocutor válido al Estado debido a que otorgó la Licencia Ambiental y, en consecuencia, debe responder por todos los daños económicos, socioambientales, culturales, incluidos los sobrevinientes causados por la Empresa ENEL y por su omisión al no cumplir con las obligaciones de seguimiento y los compromisos establecidos en dicha Licencia.

Múltiples acciones de investigación, movilización, comunicación, jurídicas fueron decisivas para que desde la institucionalidad a nivel local, regional, nacional e internacional se reconociera la validez de la resistencia como fuente de conocimiento y de poder de campesinos, pescadores y mineros artesanales, madres cabeza de familia, paleros, partijeros, entre otros, que hoy están en este lugar, expresando su indignación por los daños irreparables causados a sus vidas y a los ecosistemas, pero al mismo tiempo con su rostro erguido de haber logrado el inicio de la ruta de reparación con la entrega de al menos 3000 hectáreas de tierras.

Toda reparación exige verdad, justicia y no repetición trátese de las víctimas del conflicto armado o las víctimas del desarrollo.

Hay que reconstruir desde los testimonios de las víctimas la memoria histórica de los conflictos ocasionados por el desplazamiento y el ecocidio causado por el estado en convivencia con las corporaciones transnacionales. Pero también desde los múltiples estudios que dan cuenta de dichos conflictos, tales como,  el Informe de Misión El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia, de la CIJ que le da la razón a la organización al concluir que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

Pero igualmente la Sentencia T 135 del 2013 de la Corte Constitucional que ordena la reparación por vulneración de derechos y plantea otras alternativas de generación de energía.  El Decreto 1277 del mismo año que priorizó a las víctimas de ENEL y el Estado al establecer un programa especial de Dotación de Tierras; los cuatro Informes de Auditoría a la ANLA realizados por la Contraloría General de la República -CGR- donde se demandan investigaciones de carácter disciplinaria y penal por no ejercer sus funciones de seguimiento y actuar a favor de la Empresa y, múltiples trabajos que aportan a la reconstrucción de la verdad.

Para tal fin, señor presidente, se propone la instalación inmediata de una Mesa Nacional de Reparación de Víctimas de todos los proyectos energéticos, HidroItuango, Hidrosogamoso, Urrá, Salvajinas, Anchicayá, entre otros, que hacen parte del Movimiento Colombiano Ríos Vivos; de los proyectos de minería a gran escala; de agronegocios, de las víctimas del extractivismo verde como los Proyectos REDD, que han sido estafas por las empresas desarrolladoras con los denominados Bonos de Carbono, como viene ocurriendo en el Macizo Colombiano y en todo el país y que nos proponemos abordar en la COP16 porque no podemos aceptar que se continue mercantilizando la naturaleza en beneficio del capital transnacional.

Asoquimbo está dispuesta a contribuir con todo el proceso de reconstrucción de la memoria para que el Estado cumpla con su obligación de reparar a miles de víctimas del desarrollo. Pero al mismo tiempo a exigir que estas tierras sean destinadas a la producción agroecológica con garantías de asistencia técnica y de comercialización de sus productos como un aporte a la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y a la defensa de la Vida, amenazada por el afán de producir y acumular riquezas al infinito contra los límites biofísicos del planeta, causando la mayor crisis socioambiental de la historia.

“Quien no lucha, Jamás comprenderá el sentido de la Vida”

 Muchas gracias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARACIÓN DE “VÍCTIMAS DEL DESARROLLO” DE ENEL Y EL ESTADO EN EL HUILA

 Foto victima de desalojo forzado en la Zona de El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, anunció #mce_temp_url#que el 20 de septiembre de 2024 “iniciará la ruta de reparación de las víctimas del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo con la entrega de al menos 3000 hectáreas de tierras, después de 15 años de espera y de sacrificio”.

El anuncio coincide con el fallo de nulidad#mce_temp_url# parcial de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo por parte del Consejo de Estado al reconocer una de las pretensiones de la demanda interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Ambiental Tierra Digna y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Asoquimbo consistente en que al momento de la expedición de la Resolución 0899, no existían tierras en el área de influencia directa del proyecto aptas para desarrollar actividades agrícolas. Para la Sala, la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del PHEQ  presentó deficiencias “en razón a que no caracterizó adecuadamente los impactos socioeconómicos del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en el componente productivo del sector agrícola, ni estableció obligaciones apropiadas para compensar tales afectaciones”.

Con la aprobación irregular de la Licencia Ambiental y la imposición del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo por la empresa ENEL EMGESA y el Estado, diversos sectores sociales se vieron obligados a abandonar sus territorios fenómeno denominado “desplazamiento por desarrollo” o acumulación por despojo, generando “víctimas del desarrollo”, debido a la destrucción de los medios de vida y por el desplazamiento al que se someten de manera forzada. Varias de estas poblaciones también fueron víctimas del conflicto armado.

El desplazamiento forzado conduce a una situación de violación múltiple de derechos, sean ellos de tipo civil y político, o de tipo económico, social y cultural, que ocurren a su vez sobre un número plural y masivo de personas, razón por la cual surge Asoquimbo que desde su fundación declaró la Resistencia Civil Permanente contra la construcción de la represa El Quimbo por la Defensa del Territorio, la Biodiversidad Natural y Genética, el Macizo Colombiano y los derechos de las comunidades víctimas del PHEQ y reconoció que el único interlocutor válido es el Estado debido a que otorgó la Licencia Ambiental y, en consecuencia, debe responder por todos los daños económicos, socioambientales, culturales, incluidos los sobrevinientes causados por la Empresa ENEL y por su omisión al no cumplir con las obligaciones de seguimiento y compromisos establecidos en dicha Licencia.

En coherencia con lo anterior, Asoquimbo, Tierra Digna y RIDH Peticionan#mce_temp_url# a la ONU Evaluar el Caso del Quimbo ante las graves violaciones a los Derechos Humanos por parte del Gobierno Colombiano y la Empresa ENEL. 

Además, La Comisión Internacional de Juristas -CIJ- Informe de Misión El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia, le da la razón a la organización al concluir que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”. https://www.refworld.org.es/pdfid/57f795ac1c.pdf.

La reparación anunciada por el Gobierno con la adjudicación de tierras demandada por Asoquimbo desde su fundación es el resultado de 15 años de resistencia argumentada, reconocida a nivel institucional por la Corte Constitucional en la Sentencia T 135 del 2013, en el Decreto 1277 de 2013 que priorizó a las víctimas de ENEL y el Estado al establecer un programa especial de Dotación de Tierras; en cuatro  Informes de Auditoría a la ANLA realizados por la Contraloría General de la República -CGR- donde se demandan investigaciones de carácter disciplinaria y penal por no ejercer sus funciones de seguimiento y actuar a favor de la Empresa y que producto de las movilizaciones recientes obligaron al gobierno actual a reparar en parte a las víctimas al incluirlas en el Programa de Reforma Agraria.

Es el inicio de una ruta de reparación de daños causados por ENEL y el Estado que se espera con la orden del Consejo de Estado a la ANLA de modificar la Licencia Ambiental realizar los estudios necesarios para valorarlos y cuantificarlos con la participación de las víctimas del desarrollo.

ENCUENTRO “SALVAR EL RÍO MAGDALENA”

El 23 de agosto de 2024 se realizará en el Auditorio Olga Tonny Vidales de la Universidad Surcolombiana de Neiva, a partir de las 8 de la mañana, el Encuentro “Salvar el Río Magdalena”, convocado por el Macroproyecto Defensa Territorial DESCA USCO, El Movimiento Social Defensores del Territorio, la Fundación Salvar el Río Magdalena, La Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila – ASOCOOPH y Unidad Solidaria.

El propósito del Encuentro es avanzar en la articulación de diversas organizaciones sociales y ambientales con el compromiso de definir una Agenda Común y un Plan de Acción para la defensa, recuperación y restauración ecológica de la Cuenca del Río Magdalena como parte de la resistencia contra el capitalismo depredador de todas las exptresiones de la vida.

Caben destacar recientes propuestas que coinciden en el anterior propósito.

Durante los días 22 y 23 de julio de 2024 en Ibagué, se constituyó la Fundación “Salvar el río Magdalena”, propuesta por el escritor William Ospina, apoyada por gestores sociales y culturales del Tolima y Huila. En esta oportunidad se destacó la Movilización el Río de la Vida realizada en el año 2015 desde el Macizo Colombiano hasta la Dorada contra el Plan Maestro de Privatización del Río Magdalena logrando impedir la construcción de 17 megaproyectos de generación de energía que atentan contra la soberanía nacional al entregar nuestro principal Bien Público, a corporaciones transnacionales para la acumulación de capital a través del despojo y el ecocidio. 

Además, se recuperó la cosmovisión de los Panches que desde hace siglos se definían sobre todo como hombres del río, como hijos del río. ¡Somos el Río!. Por su parte, nuestro escritor Ospina, después de un ritual en la Maloca Yanacona, San Agustín, expresó: “Nosotros no sólo somos los defensores del río: nosotros somos el río. “No hay agua sin mares que se evaporen, sin bosques que fundan nieblas, sin páramos que condensen la humedad, sin humedales que filtren, sin ciénagas que oxigenen. El agua no es un líquido, no es solo un elemento, el agua es un sistema, y en Colombia es el mejor ejemplo que se puede mostrar de como el territorio puede estar configurado con una inmensa fábrica de agua. Pero Colombia también es el mejor ejemplo de cómo un país puede ignorar su realidad más profunda, y dormir sobre un tesoro como el dragón del cuento, sin aprender a qué se debe este tesoro, sin saber cómo protegerlo”.

A raíz de la COP 16, Grupos de Ambientalistas y Defensores del Territorio están convocando a participar en una Cumbre Ambiental Autónoma Divergente y Alternativa, organizada en un Gran Encuentro Popular Ambiental contra “las estrategias y planes delineados en el Marco Global sobre Biodiversidad Kunming Montreal Canadá suscrito en le COP 15 que es el Instrumento de implementación de la Convención en los países miembros para la planeación de la biodiversidad biológica que busca establecer un mecanismo multilateral para fijar una distribución financiera de los beneficios del uso de la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos; que es el insumo de la biotecnología farmacéutica y del mercado agroquímico; también de armas biológicas y patógenos contra las luchas de los pueblos, por parte de las grandes potencias del norte global, a nombre supuestamente de la “Paz y la Democracia”. Está previsto el debate sobre el Plan Nacional de Biodiversidad, la militarización de la Amazonía, el proyecto militar en la Isla Gorgona, el extractivismo minero energético, la mercantilización y financiarización de la biodiversidad, el canje de deuda por naturaleza, expresión del coloniaje financiero, los Proyectos REDD y la farsa de los créditos de carbono que desterritorializan a las comunidades campesinas y étnicas y atentan contra la soberanía alimentaria; la transición energética corporativa y por la Defensa de nuestros Territorios, el autogobierno, la autodeterminación y la autonomía, y, especialmente, las cuencas de los Ríos Magdalena y Cauca

Es un hecho que “el Rio de la Vida” está muerto. La totalidad de la tierra útil de las riberas es propiedad privada.  La pérdida gigantesca de los conectores naturales y sus ecosistemas locales y territoriales. La contaminación de las aguas por las actividades extractivas minero energéticas afecta todos sus afluentes y destruyen los ecosistemas, la productividad tradicional y cultural ancestral de los pueblos ribereños. La destrucción de la riqueza ictiológica, el caso más emblemático, es el bocachico, de cuya venta se sostienen 150.000 pescadores en todo el territorio. No cesa la violencia contra los líderes sociales, especialmente los defensores de los derechos de la naturaleza. Un caso de extrema gravedad es convertir el Macizo Colombiano en un sumidero de carbono.

“Los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán”, sentenció el capitán Iturbide en el General en su Laberinto, al referirse a la manera como las tripulaciones de los barcos hacían destrozos en los bosques de las riberas del río Magdalena para alimentar las calderas de vapor. Quizá sí, porque contrario al capitán Iturbide, en muchos tramos del río los peces ya no necesitan aprender a caminar sobre tierra porque son los peces mismos los que están dejando de vivir ante las aguas represadas”. Carlos Salgado Prólogo al libro Extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia.

Gabriel García Márquez, en sus memorias, (2002) reafirma la destrucción anunciada que ya había trabajado en sus novelas y que ahora ni el amor parece poder revertir: “Hoy el río Magdalena está muerto, con sus aguas podridas y sus animales extinguidos. Los trabajos de recuperación de que tanto han hablado los gobiernos sucesivos que nada han hecho, requerirían la siembra técnica de unos sesenta millones de árboles en un noventa por ciento de las tierras de propiedad privada, cuyos dueños tendrían que renunciar por el solo amor a la patria al noventa por ciento de sus ingresos actuales. Valdría la pena preguntar cuáles serían los propietarios que tendrían la amabilidad de ceder el 90% de sus tierras sólo para sembrar árboles y renunciar en consecuencia al 90% de sus ingresos actuales”.

Los movimientos sociales deben exigir al Estado Colombiano reconocer como sujeto de derechos y de especial protección a las ecorregiones y los ecosistemas que integran el río Magdalena como un territorio estratégico de la nación.

Es de especial importancia la convocatoria a la Consulta Popular y el impulso de la Mesa de Afectados del río Magdalena y coordinar acciones de movilización en defensa del “Rio de la Vida”

 

Conflictos y Transiciones en el ordenamiento territorial alrededor del agua del Alto Magdalena.

 

CONVERSATORIO VIRTUAL

31 de mayo 2024 4 pm

¿CÓMO ORGANIZAR EL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA?

Ponencia a nombre del Macroproyacto Institucional Defensa Territorial de la Universidad Surcolombiana que desde el 2015 viene realizando acompañamiento al proceso organizativo de Defensa de la Cuenca del Rio Magdalena en el Departamento del Huila para la  garantía y restablecimiento de los derechos humanos y los - DESCA - de los afectados por los conflictos generados por la Política Minero Energética, los agronegocios y recientemente, por los fracasados proyectos REDD+ y la estafa de los Bonos de Carbono.

“Treinta años de desarrollo sostenible consolidaron el control corporativo sobre la naturaleza” (Greta Gaard, profesora de la Universidad de Wisconcin.)

El Plan de Desarrollo 2022-2026 estableció el ordenamiento del territorio alrededor del agua como el eje principal de transformación del país y como una de las medidas para que éste se adapte al cambio climático. Según Pesquiza Javeriana se trata de “armonizar el potencial hídrico del país con el derecho fundamental al acceso, democratizar su uso y manejo, promover la protección de los páramos, acuíferos y cuencas, garantizar la conectividad de humedales, recuperar el espacio de los ríos y sus condiciones naturales, proteger la biodiversidad, recuperar los ecosistemas marinos y aprovechar el potencial de absorción de carbono de la Amazonía como adaptación al cambio climático, entre otros aspectos”.

Alguna de las ideas clave se resumen en:

1. El ordenamiento territorial del país es una prioridad, sinembargo no se han logrado solucionar los conflictos socio ambientales, muchos de ellos producidos por el no reconocimiento del agua como derecho fundamental y bien común.

2. Si no se ordena el territorio alrededor del agua, la actividad humana no será sostenible.

3. El país no ha logrado armonizar sus instrumentos de planeación, enfrentando una proliferación de procedimientos y normas ineficaces en su aplicación.

4. La dependencia de las entidades territoriales de las transferencias de la Nación es una expresión del bajo nivel de gestión y apropiación de las potencialidades de la actividad económica en el suelo urbano y rural.

5. La falta de un catastro actualizado con enfoque multipropósito ha profundizado las brechas regionales, y ha llevado a un reparto inequitativo de los costos y beneficios del desarrollo de las actividades económicas en el territorio.

6. Los bajos niveles de formalización de la tenencia y titulación de la tierra y el letargo en el proceso de restitución son una barrera para alcanzar la paz total y superar los conflictos sociales, ambientales y económicos alrededor del uso y, acceso a la tierra. Mientras no se generen las condiciones para un mercado formal de tierras y se mejore en su restitución efectiva, el ordenamiento territorial no podrá ser un instrumento para la paz.

No obstante estas ideas, la pregunta que surge es a qué intereses favorece la organización del territorio alrededor del agua  si se fundamenta en el desarrollo sostenible, que durante más de tres décadas se consolidó el control corporativo sobre la naturaleza que en el caso de nuestro país, clasificado como el segundo más biodiverso del mundo es al mismo tiempo el segundo con más biodiversidad en riesgo y donde más se asesinan ambientalistas? Además, figura en el segundo lugar con mayores conflictos ecológicos con 72 casos sólo por debajo de India que registró 112 conflictos (Atlas Global de Justicia Ambiental) como consecuencia de la imposición de un modelo extractivista minero energético y de agronegocios, profundizado por la estafa de los bonos carbono para el lavado verde “con el cual las empresas extractivas amplían sus fronteras, desplazando comunidades y alterando sus  modos de vida” (Censat, Agua Viva). Dichas comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para poder acceder a la Justicia Ambiental como lo afirma Joan Martinez de la UAB.

El Macizo Colombiano fue incorporado en el Plan de Desarrollo como uno de los ecosistemas estratégicos del Ordenamiento Ambiental Territorial alrededor del agua. Es catalogado por parte de la Unesco como reserva de la biósfera, como un área estratégica a nivel nacional e internacional, dado su significado para la producción de agua, la biodiversidad y los ecosistemas. En la actualidad existe una disputa por el control de los Bienes Naturales y Culturales comunes entre dos visiones: la ecorregión, impuesta por el Estado asociado al Capital y el territorio hidrosocial defendida por los movimientos sociales.

En el 2015, la Segunda Expedición Técnica y Científica al Macizo Colombiano, buscó incidir en la promulgación del documento CONPES 3915 (16 de enero/2018) que establece que éste ecosistema es una “ecorregión” y “una región estratégica para el país. La convergencia orográfica, [... la riqueza ecosistémica y su tipo de suelo generan...] condiciones especiales que favorecen la regulación hídrica y el mantenimiento de una alta riqueza biológica, paisajística y cultural”.

El CONPES Macizo es producto de los Planes Nacionales de Desarrollo a partir de los gobiernos de Uribe y Santos, marcados por la presencia de grandes multinacionales mineras avaladas por el Estado y por la implementación de los denominados “objetivos del desarrollo sostenible” y establece tres estrategias relacionadas con la protección, recuperación y manejo de los ecosistemas, consolidar sistemas productivos sostenibles y fortalecer la gobernanza del Macizo a través de las Alianzas Público Privadas para el logro del “crecimiento verde”, razón por la cual, este modelo de ecorregión se reduce a mitigar daños ambientales producto de actividades agropecuarias y minero-energéticas, legales e ilegales y su mayor preocupación es la apropiación de las funciones de la naturaleza como el ciclo hídrico y el aire, que son Bienes comunes, a nombre de  “servicios ecosistémicos” para el control territorial. Un caso de extrema gravedad es convertir el Macizo Colombiano en un sumidero de carbono para su comercialización a través de la imposición de los Proyectos REDD como una estrategia de despojo de comunidades para la apropiación y control de este ecosistema, de Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena.

Para los movimientos campesinos e indígenas, especialmente del Cauca y Nariño, la lucha por el territorio es una acción cultural por la autonomía y autodeterminación. No reconocen las expediciones ni el CONPES como espacios de conocimiento y reconocimiento del territorio, debido a que su relación con éste se da en consonancia con su plan de vida. Para estas comunidades su relación con el agua, va dando forma al territorio hidrosocial, con distintas visiones sobre el agua como derecho y Bien Natural y Cultural Común y no como un simple “servicio ecosistémico” al servicio del capital corporativo financiero.

Desde la visión hidrosocial, el territorio es “intercultural” donde existe una presencia significativa de comunidades indígenas (10%) y afrodescendientes (7 %) y un alto porcentaje de población campesina y mestiza (83%) que desde sus prácticas han trasformado y apropiado el Macizo convirtiéndolo no solamente en un espacio clave por su riqueza natural y ambiental sino también por las prácticas culturales y encuentros interétnicos que se entretejen en el mismo. Estos grupos poblacionales poseen tierras muy ricas para la agricultura en ecosistemas muy frágiles, afectados por procesos de colonización y amenazados por la locomotora minera, la cual continúa avanzando como columna vertebral del modelo de desarrollo de Colombia.

La construcción social del territorio hidrosocial e intercultural significa potenciar la capacidad de auto organización y movilización en torno a Proyectos colectivos donde se reivindica el derecho al agua contra la creciente expansión de proyectos mineros, los cuales son uno de los factores que más está afectando y transformando las relaciones entre agua, sociedad y Estado en el Macizo, amenazando todo el potencial hídrico.  Es importante resaltar la apuesta por los Territorios Agroecológicos, las Zonas de Reserva Campesina o los Cabildos Indígenas.

Ahora bien. La crisis alrededor del agua no sólo se ha generalizado sino que ha empeorado en todo el continente, debido en gran parte a los altos niveles de contaminación, a los efectos de la sobreexplotación de los Bienes Naturales Comunes por parte de las corporaciones transnacionales que se han apropiado de los territorios para los proyectos extractivos minero energéticos, la superpoblación, la degradación medioambiental y, particularmente, a la distribución inequitativa del vital líquido, lo que a su vez explica la creciente proliferación de conflictos ciudadanos.

En Colombia el 1.1% de los dueños de las concesiones de agua tienen el 62% de su volumen concesionada. Comunidades y organizaciones que defienden el agua, la vida y el territorio, han denunciado que es uno de los países más desiguales en términos de acceso a la tierra y, sobre todo, en relación con los derechos para el uso del agua.

Lo anterior se explica porque de acuerdo con la Ley 373 de 1994, el agua no se reconoce como derecho fundamental sino como un servicio y mediante la Ley 142 de 1994 se privatizó el abastecimiento de agua potable y la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje.

En la constitución de 1991 el agua tiene una connotación paradójica al concebirla como un derecho fundamental y al mismo tiempo como servicio público. Sin embargo, la gestión y el uso eficiente del agua como servicio se impuso a través, primero, la privatización o negación al acceso al agua como bien público en respuesta a las políticas neoliberales de la década de los 90 que redujeron el rol del Estado y promovieron la lógica del mercado para regular la prestación de los servicios. Segundo, la mercantilización como un proceso que construye mercados para la compra y venta del líquido vital y, tercero, la financiarización del agua para proyectos extractivos minero energéticos y agronegocios al servicio de las corporaciones transnacionales.

Las IFIs son las que han generado las condiciones suficientes para consolidar estos mercados. En el caso de América del Sur, en la época dorada de la privatización del agua, el Banco Interaméricano de Desarrollo (BID) condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua, a la incorporación del sector privado.

Cabe destacar que Gabriel García Márquez, en sus memorias (2002) ya se refería a la destrucción anunciada de los bienes hídricos que había trabajado en sus novelas y que ahora ni el amor parece poder revertir: “Hoy el río Magdalena está muerto, con sus aguas podridas y sus animales extinguidos. Los trabajos de recuperación de que tanto han hablado los gobiernos sucesivos que nada han hecho, requerirían la siembra técnica de unos sesenta millones de árboles en un noventa por ciento de las tierras de propiedad privada, cuyos dueños tendrían que renunciar por el solo amor a la patria al noventa por ciento de sus ingresos actuales. Valdría la pena preguntar cuáles serían los propietarios que tendrían la amabilidad de ceder el 90% de sus tierras sólo para sembrar árboles y renunciar en consecuencia al 90% de sus ingresos actuales”.

Desde la creación de Asoquimbo y el Movimiento Social Defensores del Territorio se comprendió que antes de hablar de la organización del territorio alrededor del agua, es fundamental clarificar el agua para quién, para qué y a qué costo, organizar a las comunidades y resistir contra el modelo extractivista minero energético. En consecuencia, realizó la Movilización el Río de la Vida desde el Macizo Colombiano hasta la Dorada contra el Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena, que se propone privatizar el río para megaproyectos de generación de energía (7 represas más para el Huila, 4 de ellas en la Región del Macizo) y transporte de carga que atenta contra la soberanía nacional al entregar el Magdalena, nuestro principal Bien Público, a corporaciones transnacionales para la acumulación de capital a través del despojo y el ecocidio.

Durante esta movilización se recuperó la cosmovisión de los Panches que desde hace siglos se definían sobre todo como hombres del río, como hijos del río. ¡Somos el Río!. Pero también, el escritor William Ospina, después de un ritual en la Maloca Yanacona, San Agustín, expresó: “Nosotros no sólo somos los defensores del río: nosotros somos el río. “No hay agua sin mares que se evaporen, sin bosques que fundan nieblas, sin páramos que condensen la humedad, sin humedales que filtren, sin ciénagas que oxigenen. El agua no es un líquido, no es solo un elemento, el agua es un sistema, y en Colombia es el mejor ejemplo que se puede mostrar de como el territorio puede estar configurado con una inmensa fábrica de agua. Pero Colombia también es el mejor ejemplo de cómo un país puede ignorar su realidad más profunda, y dormir sobre un tesoro como el dragón del cuento, sin aprender a qué se debe este tesoro, sin saber cómo protegerlo”.

La ministra de ambiente afirmó recientemente, a raíz de los Encuentros por el Agua y la energía renovable, que “queremos trabajar en macroproyectos ecológicos de transformación ambiental en ecorregiones estratégicas como el Macizo Colombiano..”

Aún falta clarificar  si ese interés equivale a respaldar como “macroproyectos ecológicos” la imposición en el Macizo Colombiano de los fracasados Proyectos REDD+ y la estafa de los bonos carbono, debido a que para la comercialización de estos bonos, CORMAGDALENA, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y ONF internacional francesa, vienen desarrollando El proyecto agrupado de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal: "Parque Natural Regional: Corredor Biológico PNN Puracé - PNN Cueva de los Guácharos" -REDD Huila – CB- y la  reciente convocatoria para compra de predios a los campesinos a menos precio en el Macizo a nombre de la compensación ambiental, o expresión del extractivismo verde, por los daños causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Huila por parte de Enel Emgesa con el apoyo incondicional de la CAM y alcaldes municipales, sin consulta  previa, violando convenios internacionales como el  reconocimiento del campesinado como Sujeto de Derechos y el Acuerdo  de Escazú, entre otros,

En otros términos, se percibe que la propuesta del gobierno, no es rechazar la mercantilización de la naturaleza, ni del agua en particular, concebida como activo financiero, simple sumidero de carbono, sino “generar capacidades de gobernanza” que favorecen a las corporaciones transnacionales en connivencia con las instituciones públicas contra la autoorganización y autonomía de las comunidades para organizar los territorios para el Buen Vivir.

 

Precisamente, a raíz del Diplomado “Transición Energética Justa y Agroecología, orientado a la Defensa del Macizo Colombiano, Indígenas y Campesinos no sólo rechazaron ese “ambientalismo de mercado” sino que  exigen al Estado cumpla con su deber de garantizar el derecho al territorio y a la autodeterminación de los pueblos, antes que entregarle o concesionarle éste a corporaciones multinacionales extractivistas o a aquellas que prometen hacer “conservación”. Además, se deben garantizar los derechos a la información y participación y a la protección de las comunidades y sus líderes y, para tal efecto, se debe cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de Escazú.

No podemos olvidar que los pueblos indígenas y las comunidades locales son actores claves para lograr el ordenamiento alrededor del agua. Cualquier propuesta de ordenamiento territorial debe incorporar sus saberes ancestrales al ser reconocidas como autoridades autónomas.

La consolidación del control corporativo sobre la naturaleza a nombre del desarrollo sostenible implica construir una nueva visión ecosocial que rompa con el extractivismo minero energético, los agronegocios, los mercados verdes, el productivismo y el consumismo que son contradictorios con los limites biofísicos del planeta y atentan contra la existencia de todas las formas de vida.

Con relación al Macizo Colombiano se requiere articular y movilizar a las organizaciones y movimientos sociales sobre las siguientes bases:

1.- Por tratarse de una región hidrosocial se deben rechazar los proyectos extractivos y, específicamente, el hecho de convertir el Macizo en un sumidero de carbono para su comercialización a través de la imposición de los Proyectos REDD como una estrategia de despojo de comunidades para la apropiación y control de este ecosistema, de Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena. El mercado de carbono hace parte del capitalismo criminal asociado al capitalismo verde.

Corresponde a las comunidades indígenas, campesinas, afros proteger los tres parques Nacionales naturales (PNN), 149 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 5 Parques Naturales regionales, 4 Reservas Forestales Protectoras Nacionales y 1 Reserva Forestal Protectora Regional, razón por la cual es urgente potenciar la defensa del territorio donde dichas comunidades puedan desarrollar sus economías en armonía con el macizo.

La academia debe comprometerse a aportar a la protección de éste ecosistema donde se realice un verdadero diálogo de saberes sobre cómo organizar el territorio de manera autónoma, partiendo de sistematizar de manera colectiva el conjunto de experiencias construidas desde las comunidades como las formas de producción agroecológicas que son compatibles con la conservación de la biodiversidad.

2. Es urgente legislar para que el agua sea un derecho fundamental y un bien común, de acceso universal, potable y contando con el mínimo vital para la población colombiana y rechazar su privatización, mercantilización y financierización a favor de las empresas corporativas.

 

“El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”. (CIJ)

A propósito de la Segunda Mesa de trabajo El Quimbo

El 17 de mayo de 2024 la Comisión Accidental de las afectaciones del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes convocó a la Segunda Mesa de Trabajo El Quimbo en Neiva Huila, razón por la cual Asoquimbo presentó y entregó a la Viceministra de Ordenamiento Ambiental Territorial del Ministerio de Ambiente, Tatiana Roa, el siguiente Documento donde se expresa que “el El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa” y formula varias solicitudes a la Comisión Accidental y el Ministerio de Ambiente.

1.- Consideraciones Generales.

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo, es una organización Autónoma, sin ánimo de lucro reconocida por la Cámara de Comercio del Huila, integrada por campesinos, pescadores, mineros artesanales, pequeños productores agrícolas, paleros,  creada el 26 de julio de 2009, en el municipio de Gigante, Huila, Colombia, por la Defensa del Territorio, la Biodiversidad Natural y Genética, el Macizo Colombiano y los derechos de las comunidades víctimas del PHEQ concesionado por el Gobierno de Alvaro Uribe a las trasnacionales Endesa Enel Emgesa.  Propende  por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, que implica una transición energética desde lo público, con gestión comunitaria,  hacia otras opciones como la energía solar, eólica, biomasa geotérmica y la Soberanía  y Seguridad Hídrica y Alimentaria, el acceso al agua y la tierra, la defensa de las economías indígenas y campesinas, la agroecología, el derecho a permanecer en el territorio, la preservación de los ecosistemas y la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los Planes, Programas y Proyectos que aseguren el mejoramiento integral de la calidad de vida de las mismas.

Desde su fundación declaró la Resistencia Civil Permanente contra la construcción de la represa El Quimbo y reconoció que el único interlocutor válido es el Estado debido a que otorgó la Licencia Ambiental al PH El Quimbo y, en consecuencia, debe responder por todos los daños económicos, socioambientales, culturales, incluídos los sobrevinientes causados por la Empresa ENEL y por su omisión al no cumplir con las obligaciones de seguimiento y compromisos estableceidos en dicha Licencia.

2.- Asoquimbo, la única organización que se opuso a la construcción de la represa, durante 15 años ha realizado múltiples Acciones de resistencia argumentada a nivel local, regional, nacional e internacional, entre ellas, procesos de investigación, de formación, de organización, comunicación, jurídicas y de movilización permanente y ha acudido a todas las instituciones responsables de hacer cumplir las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -PHEQ- como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y  la Agencia Nacional de Tierras –ANT- organismos de control, órganos judiciales, al Congreso Nacional, (en varias oportunidades) que a cambio de proceder a defender los intereses patrimoniales y a las víctimas han actuado a favor de la empresa Enel Emgesa, como está registrado en estudios de organizaciones sociales, grupos de investigación, en las páginas web de Asoquimbo, millerdussan.blogia.com, Movimiento Ríos Vivos, Mesa Social Minero Energética y Ambiental, Agenda común para la paz desde los territorios, Planeta Paz, Informes de la Contraloría General de la República, Audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Comisión Internacional de Juristas, ONU, Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, Atlas Global de Justicia Ambiental y cerca de 25 investigaciones de Pregrado y posgrado. entre otros, y que son de público conocimiento: Se destacan:

1.- Conclusiones de trabajos de investigación, Audiencias, Sentencias y diversos artículos derivados de sistematizaciones:

a) Libro El Quimbo: extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia. Se refiere a un conjunto de investigaciones que prueban que las represas no son Mecanismos de Desarrollo Limpio -MDL- y causan graves daños socio ambiéntales, por la emisión de gases de efecto invernadero y a los orígenes, características, las garantías para la inversión de capital a través de la confianza inversionista y la imposición de una legislación para el despojo de “las víctimas del desarrollo” del PHEQ. Además, plantea las alternativas al modelo extractivista, entre ellas, la transición energética democrática y justa. 

https://bibliotecaplanetapaz.org/bitstream/handle/bpp/63/El%20Quimbo-%20Extractivismo%2c%20Despojo%2c%20Ecocidio%20y%20Resistencia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

b) Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, OCA, “Cambios en los conflictos ambientales generados por la construcción de las Centrales Hidroeléctricas de Betania y El Quimbo. 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63714?show=full

c) Mapa Mundial de Justicia Ambiental donde se registra el Caso del PHEQ https://ejatlas.org/?translate=es

d) Asoquimbo, Tierra Digna y RIDH Peticionan a la ONU Evaluar el Caso del Quimbo ante las graves violaciones a los Derechos Humanos por parte del Gobierno Colombiano y la Empresa ENEL. 

https://www.asoquimbo.org/es/noticias/asoquimbo-tierra-digna-y-ridh-peticionan-a-la-onu-evaluar-el-caso-del-quimbo.

e) Audiencias y otros eventos públicos de la CIDH: Denuncias sobre desplazamiento forzado y proyectos de desarrollo en Colombia Participantes:  Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y Movimiento Ríos Vivos.

https://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=136&page=2

https://www.oas.org/es/CIDH/Sesiones/Default.asp?S=153

f) Comisión Internacional de Juristas -CIJ- Informe de Misión El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia, concluye que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”. https://www.refworld.org.es/pdfid/57f795ac1c.pdf

g) Corte Constitucional Sentencia T-135 de 2013. Ordenó a Emgesa la elaboración de un nuevo censo, aplicando los postulados de la sentencia y respetando, en especial, el derecho a la participación efectiva de los habitantes de la zona y a la ANLA hacer efectivos los procesos de participación, de manera continua, en los términos de la sentencia y expresados en la Resolución No. 899 de 2009. Emgesa y la ANLA, en connivencia con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Civil Familia, desacataron la Sentencia T-135, razón por la cual Asoquimbo solicitó se investigue al mencionado Tribunal por el supuesto delito de Fraude a resolución Judicial, sin embargo, hasta la fecha la justicia no ha actuado, dejando desamparadas a cerca de 30.000 personas afectadas que solicitaron ser incluidas en el nuevo censo ordenado por la Corte.

 http://millerdussan.blogia.com/2014/042101-emgesa-desacata-sentencia-de-la-corte-constitucional-de-colombia.php

h) Contraloría General de la República -CGR- hasta la fecha ha realizado 4 Informes de Auditoría a la ANLA. En el Primero, “Informe Final, Actuación Especial de Seguimiento a Denuncias Ciudadanas para exigir el Cumplimiento de Obligaciones Ambientales en la Actual Construcción de Hidroeléctricas 2013”, se establecieron  14 hallazgos administrativos, uno con presunta incidencia disciplinaria. En el segundo, Informe vigencia 2016, la CGR estableció 39 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen alcance disciplinario, en el del 2020, Auditoria de Cumplimiento de Obligaciones Ambientales establecidas por la Licencia Ambiental, se registran dieciocho (18) hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal". En este Informe ratificó que la autoridad ambiental ha sido "ineficiente e inoportuna”, razón por la cual cursan investigaciones disciplinarias y penales y no ha ejercido sus funciones de seguimiento, incluso, después de expedido el Auto 07149 del 21 de noviembre de 2018 donde se vio obligada a reconocer por primera vez en 10 años que de 137 obligaciones, programas o requerimientos a Emgesa solo se consideran cumplidos 10. En el Cuarto, “Informe Auditoría de Cumplimiento al Objeto de Control- Licencia Ambiental PH El Quimbo,  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) de Diciembre 2023, en la carta de Conclusiones dirigida a la Ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González,  expresa que como resultado del proceso auditor, la Contraloría General de la República constituyó once (11) hallazgos administrativos, de los cuales seis (6) tienen presunta incidencia disciplinaria y dos (2) se comunican a otras instancias. Además, emite concepto INCUMPLIMIENTO MATERIAL CON RESERVAS, de las tres instituciones auditadas.

Todos los Informes de Auditoría confirman las denuncias que durante más de una década ha formulado Asoquimbo sobre los incumplimientos de la Licencia Ambiental y la inexistencia de control efectivo ni sancionatorio por parte de la ANLA.

https://docs.google.com/file/d/0BxAT5HLw5u0oeldtRnlLMUVvOE0/edit

https://drive.google.com/file/d/1YX-btAHIDLuH1dQOBkzJk2meWT6BFav2/view?usp=sharing

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1736422/027+Informe+Auditoria+Cumplimiento+ANLA+QUIMBO+ls.pdf/2d7f4f20-b4a4-4c7d-a71a-72170bd61928?version=1.1ha

https://www.asoquimbo.org/es/noticias/ineficiente-e-inoportuna-gestion-de-la-anla-y-la-cam-en-el-caso-de-el-quimbo-determino-la-contraloria

https://drive.google.com/file/d/1UuOlvZD42q1UUaeEOg6ls7OZ7cGlk-Tu/view?usp=sharing

i) CONSEJO DE ESTADO. Aún cursa demanda de nulidad de la Licencia Ambiental del PHEQ, radicada el 10 de noviembre de 2014 por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna y Asoquimbo. La  Sala de lo contencioso administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, mediante oficio del trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023) concedió la prelación de fallo al proceso de demanda de nulidad de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, debido a que “los cargos propuestos en la demanda dan cuenta de la trascendencia social del litigio, y alertan sobre la posible ocurrencia de un riesgo de desastre, junto con la presunta materialización de diversos daños al patrimonio natural y cultural”.

https://millerdussan.blogia.com/2023/072601-antecedentes-del-fallo-que-priorizo-el-proceso-de-demanda-de-nulidad-de-la-licencia-ambierntal-del-ph-el-quimbo-.php

j) Se culminó con la Audiencia de Conclusiones a la espera del fallo de Fondo.

https://justiciaambientalcolombia.org/solicitud-nulidad-proyecto-hidroelectrico-el-quimbo/) https://www.asoquimbo.org/es/noticias/avanza-la-audiencia-de-pruebas-en-el-marco-de-la-nulidad-de-la-licencia-ambiental-de-el-quimbo

K) Fiscalía 3 de Bogotá. Desde el 2012 cursa demanda contra Emgesa y la ANLA Noticia Criminal No. 410016000584201200105, como los responsables del supuesto delito de “Daños en recursos Naturales” causados por el PHEQ. Doce años después y 4 fiscasles no se ha fallado de fondo.

l) Audiencia Pública Ambiental. -APA-. Uno de los escenarios más significativos que permitió realizar el más completo seguimiento al PHEQ y conocer a fondo los daños causados a las comunidades (despojo) y a los ecosistemas (ecocidio) fue la Audiencia Pública Ambiental realizada durante los días 11 y 12 de noviembre de 2016.  Cerca de tres mil participantes exigieron por unanimidad a la ANLA la suspensión inmediata de la Licencia del PHEQ como única garantía de cumplimiento por parte del Estado y Emgesa de las compensaciones económicas, sociales, ambientales y culturales establecidas en la Licencia Ambiental; de la Sentencia T-135 de la Corte Constitucional de realizar un nuevo censo de afectados por el Proyecto; la indemnización al departamento y a los municipio del Huila por los daños causados y la creación de una Comisión de la Verdad como única garantía de no repetición del despojo, desplazamiento, ecocido y destrucción del patrimonio arqueológico que es común a todos los proyectos minero energéticos que se han impuesto en todas las regiones del país. Se inscribieron para intervenir con ponencias entregadas a la Secretaría de la Audiencia 970 ciudadanos.

m) ANLA, negó la solicitud unánime de suspensión de la Licencia, pero debido a la presión ejercida por la APA, mediante Auto 07149 del 21 de noviembre de 2018 se vio obligada por primera vez en 10 años a reconocer las denuncias de incumplimientos que fueron ratificados en la APA. En el Auto se incluyen 137 obligaciones, programas o requerimientos a Emgesa de los cuales sólo se consideran cumplidos 10 según la autoridad ambiental. Sin embargo, no actuó ante la gravedad de las denuncias y prueba de ello es el resultado de la auditoría de cumplimiento de la CGR (2020) que constituyó dieciocho (18) hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal".

Durante la Audiencia Pública Ambiental realizada del 11-12 de noviembre de 2016 en el municipio de Garzón El centro de Estudios TIERRA DIGNA, la Corporación PLANETA PAZ Y MACROPROYECTO DESCA de la Universidad Surcolombiana, presentaron en un cuadro síntesis de los 30 principales incumplimientos de la L.A y el Documento de Cooperación:

Infraestructura:

1 Viaducto, 2 Ferry, 3 Vía perimetral, 4 Programa de vivienda, 5 Puente del Paso del Colegio 

Ambiental

6 Llenado del embalse, retiro de biomasa, 7 Sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonía, 8 Calidad de agua, 9 Vertimentos, 10 Aprovechamiento forestal, 11 Revegetalización, 12 Ocupación de cauce, 13 Extracción de material de cantera, 14 Manejo caudal de la presa, 15 Rehabilitación corredores biológicos, 16 Inventarios de fauna y flora, 17 Rescate y repoblamiento de peces, 18 Sismicidad, 19 Plantas de tratamiento de aguas residuales, 20 Plan de ordenamiento piscícola.

Social

21 Arqueología, 22 Reasentamiento, 23 Infraestructura física de reasentamientos, 24 Distritos de riego, 25 Abastecimiento de agua potable por gravedad, 26 Esquemas de ordenamiento territorial, 27 Censo, 28 Pago a municipios por ejecución de proyectos.

Económica

29 Reactivación productiva de áreas aledañas, 30 Valoración económica de daños ambientales

3.- Asoquimbo ha decidido mantener una interlocución directa con el presidente de la República y demás organismos responsables de la toma de decisiones, con el fin de que cumplan y hagan cumplir a ENEL Emgesa todas las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del PHEQ. En tal sentido, se han realizado pronunciamientos, acciones de movilización y reuniones con el Ministerio de Ambiente, la ANLA, la ANT, después de  haber sostenido un diálogo con el presidente de la Cámara de reresentantes David Racero, donde el parlamentario propuso la convocatoria de un debate de control político donde lo más importante era escuchar  la voz de a las comunidades.

a) Asoquimbo confía en que el Gobierno del presidente Petro garantizará la reparación de las víctimas y exigirá el cumplimiento de las compensaciones establecidas en la Licencia Ambiental del PH El Quimbo. En el pronunciamiento se resumen las demandas inmediatas.

http://millerdussan.blogia.com/2022/081701-asoquimbo-confia-en-que-el-gobierno-de-petro-garantizara-la-reparacion-de-las-vi.php

b) Campesinos del CMUC iniciaron proceso de recuperación de tierras ante incumplimientos a restitución de la actividad productiva del departamento del Huila.

https://www.asoquimbo.org/es/noticias/campesinos-del-cmuc-iniciaron-proceso-de-recuperacion-de-tierras-ante-incumplimientos-a-restitucion-de-la-actividad-productiva-del-departamento-del-huila

c) AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. Debido a que el actual gobierno del cambio ha reiterado que hará cumplir con todos los derechos vulnerados sistemáticamente a las víctimas de Enel, el 3 de noviembre de 2022 se realizó una reunión entre Asoquimbo y la Agencia Nacional de Tierras, donde su director Gerardo Vega expresó su disposición de avanzar de manera rápida en la compra y adjudicación de tierras para la restitución de la actividad productiva del Huila y cuenta con los recursos económicos para ello” y se comprometió públicamente, en reciente visita al Huila, no sólo a comprar 2700 hectáreas, sino a exigir a Enel Emgesa su adecuación con distritos de riego por gravedad afirmando que no comparte la propuesta de la empresa de modificar la Licencia.

d) REUNIÓN MINISTERIO DE AMBIENTE Y ASOQUIMBO: PROBLEMÁTICAS, PROPUESTAS Y COMPROMISOS. El 16 de febrero de 2023 se cumplió la reunión en el Minterio de Ambiente convocada por la Ministra Susana Muhamad donde participaron los delegados de Asoquimbo Jenniffer Chávarro y Oscar Reyes y el Coordinador del Macroproyecto DESCA USCO, Defensa Territorial Miller Dussán.

http://millerdussan.blogia.com/2023/021801-reunion-ministerio-de-ambiente-y-asoquimbo-problematicas-propuestas-y-compromiso.php

Durante la reunión se abordó la problemática suscitada por la decisión de la ANLA de evaluar y tramitar la modificación a la obligación de tierras a favor de ENEL COLOMBIA, mediante Auto 11844 del 30 de diciembre de 2022, al declarar procedente evaluar la “modificación-ajuste No. 003 al Documento de Cooperación” que busca cambiar la obligación que tiene ENEL de adecuar 2.700 has con distrito de riego por gravedad, a cambio de la entrega de CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($42.500.000,00) a 427 personas censadas por la compañía como residentes no propietarios. El Auto desconoce que la esencia de la obligación es restituir la actividad productiva que se perdió en el área de influencia directa del proyecto y que está estimada en una pérdida de 25.569 toneladas de productos agrícolas, equivalentes a más de 32 mil millones de pesos, de acuerdo con lo sustentado por la Gobernación del Huila en la Audiencia Pública Ambiental del año 2016. Es considerada una de las obligaciones más importantes debido a que fue una condición para el otorgamiento de la licencia ambiental.

https://www.asoquimbo.org/es/noticias/la-anla-decidio-evaluar-y-tramitar-la-modificacion-a-la-obligacion-de-tierras-a-favor-de-enel-colombia

Resultado de esa reunión y de los argumentos de Asoquimbo, la ministra Sudana Muhamad anunció la negativa a la modificación de la Licencia y el 12 de abril de 2023, en la Comisión V de la Cámara de Representantes, y la decisión del Gobierno del presidente Petro de exigir el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -PHEQ-  y enfatizó que “Enel tiene que cumplir con la adecuación de 2700 hectáreas con riego en el Huila y la Agencia Nacional de Tierras tiene que comprar las 2700 hectáreas para que sean entregadas a familias vulneradas de los municipios sujetos de Reformas Agraria. Eso es lo que debemos hacer cumplir como Estado”

De igual manera, se le entregó y sustentó un documento que contiene consideraciones y propuestas, entre ellas, la solicitud de intervención inmediata del Ministerio de Ambiente para impedir se continúe con el Proyecto REDD Huila y la compra de tierras por parte de ENEL en el Macizo Colombiano y que el Estado cumpla con su deber de garantizar el derecho al territorio y a la autodeterminación de los pueblos, antes que entregarle o concesionarle éste a corporaciones multinacionales extractivistas o a aquellas que prometen hacer “conservación”. En el documento se resalta la preocupación de cerca de 250 líderes de las comunidades indígenas y campesinas del Cauca y del Huila, Juntas de Acción Comunal, Acueductos Comunitarios, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, docentes, investigadores, Asoquimbo, entre otros, quienes fueron convocados a un Taller el 23 de enero de 2022 en Quinchana San Agustín ante la preocupación por la presencia de Enel Emgesa acompañada por la CAM que según comunicado a la Opinión Pública “Emgesa debe comprar predios para recuperación y protección ambiental en Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena”, bajo el supuesto de compensar daños causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Los participantes afirmaron que desconocen los documentos referidos a las decisiones de la CAM y los alcaldes municipales relacionados con la compra de predios en la zona del Macizo y manifestarosn: "nuestra altísima preocupación ante estas Acciones que adelanta la multinacional explotadora de los Recursos de los Territorios y que tan nefastos costos medioambientales, ha generado en nuestro país y hacemos un llamado a toda la Población de nuestro municipio y del departamento, para que defendamos el Territorio de la permanente invasión y destrucción”.

Ver Carta:

https://drive.google.com/file/d/15fhBIjrJQ8jsSISPS1qNWpJNL4g52gWG/view

e) 14 de Marzo: Plantón Cultural y de Resistencia. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Acción contra las Represas se realizó un plantón cultural en Puerto Seco, Municipio de Gigante, con interrupciones del tránsito vehicular donde más de 300 campesinos y pescadores artesanales ratificaron las siguientes exigencias inmediatas al Gobierno Nacional, Ministerio de Ambiente, la ANLA y la ANT:

. El Gobierno Nacional utilice todos los mecanismos y acciones institucionales necesarias para obligar a la multinacional Enel Colombia a cumplir de manera integral las obligaciones de la Licencia Ambiental de El Quimbo.

. Suspender el Auto No. 11844 Del 30 de diciembre de 2022 que inició el trámite de modificación a la Licencia Ambiental vía ajuste.

. Agencia Nacional de Tierras entregue en comodato las 431 has compradas hace más de ocho años y avance en la compra de los predios, la adjudicación y definición de los beneficiarios de acuerdo con el programa de Reforma Agraria.

. El Ministerio de Ambiente y la ANLA garanticen el reconocimiento de las víctimas de El Quimbo adelantando el Nuevo Censo de afectados de acuerdo con la Sentencia T-135 del 2013 de la Corte Constitucional, garantizando la participación efectiva e informada de las comunidades.

. El Ministerio de Ambiente y la ANLA, ordenen la atención inmediata a la crisis alimentaria de los pescadores artesanales, jornaleros, pequeños agricultores y mineros artesanales.

https://www.asoquimbo.org/es/noticias/en-el-dia-mundial-de-accion-contra-represas-asoquimbo-exigira-al-gobierno-del-cambio-medidas-efectivas-para-el-cumplimiento-de-las-obligaciones-de-la-licencia-ambiental-de-el-quimbo

http://millerdussan.blogia.com/2023/030701-14-de-marzo-planton-cultural-y-de-resistencia-convoca-asoquimbo.php

f.- El 22 de abril de 2024. El director de la Agencia Nacional de Tierras, -ANT- Juan Felipe Harman, firmó un “Oficio de Denuncia ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, por incumplimientos por parte de Emgesa (actual Enel)” a campesinos y pescadores artesanales de la zona de influencia de la hidroeléctrica. Al respecto el director de la ANT, manifestó que: “Hemos tomado la decisión de interponer una queja, ante la ANLA, solicitando que investigue a Emgesa porque sabemos, que Enel está incumpliendo las acciones de la licencia ambiental”. Argumentó que “no es posible que hoy la dignidad de los campesinos y campesinas del Huila, se encuentre pisoteada por la falta de voluntad en el cumplimiento estricto de la licencia por parte de una empresa como lo es Enel”.

g) Asoquimbo ha realizado eventos y pronunciamientos contra el modelo extractivista y por la Defensa de la Vida y el Territorio:

NUEVO PACTO VERDE: DESCARBONIZACIÓN POR DESPOJO

COP 16: ¿Paz con la naturaleza?

QUIEN LE PONE EL CASCABEL A LA GATANLA"

AGENDA COMÚN PARA LA DEFENSA DEL MACIZO COLOMBIANO.

PROCESO DE REPATRIACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL MACIZO COLOMBIANO

¿Cómo ordenar el territorio alrededor del agua?

PROGRAMACIÓN MACROPROYECTO DESCA USCO: AGENDA COMÚN Y PLAN DE ACCIÓN.

La misma perra con distinta guasca”

DIPLOMADO TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA Y AGROECOLOGÍA

!ALERTA AMENAZA DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS!

DÍA MUNDIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO: NO A LAS FALSAS SOLUCIONES.

VISITA INTERINSTITUCIONAL A LA ZONA DEL QUIMBO SOBRE POSIBLES AMENAZAS DE RIESGO

ANTECEDENTES DEL FALLO QUE PRIORIZÓ EL PROCESO DE DEMANDA DE NULIDAD DE LA LICENCIA AMBIERNTAL DEL PH EL QUIMBO.

NO BASTA CON EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DE HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PHEQ

RESPUESTA COMISIÓN V CAMARA DE REPRESENTANTES

14 de Marzo: Plantón Cultural y de Resistencia convoca Asoquimbo

REUNIÓN MINISTERIO DE AMBIENTE Y ASOQUIMBO: PROBLEMÁTICAS, PROPUESTAS Y COMPROMISOS

EL ACUERDO DE ESCAZU UN INSTRUMENTO PARA FORTALECER LAS RESISTENCIAS SOCIALES.

ACCIONES DE RESISTENCIA CONTRA INVASIÓN MINERA Y BONOS CARBONO

DECLARACIÓN: INVASIÓN MINERA CONCERTADA ENTRE LA ANM Y ALCALDES DE MUNICIPIOS DEL HUILA

EL MACIZO COLOMBIANO: DISPUTA POR EL CONTROL TERRITORIAL

Enel: la monopolización de la generación y distribución de energía en Colombia.

CRECE INCERTITUMBRE ANTE EL AVANCE DE PROYECTOS EXTRACTIVOS EN EL HUILA

AGENDA MÍNIMA EN EL CONTEXTO DEL DIÁLOGO REGIONAL

Finalmente, se resalta que todas las acciones consignadas anteriormente fueron posibles por la capacidad organizativa y de resistencia de Asoquimbo y su voluntad y disposición de continuar el diálogo de manera directa con el gobierno del presidente de la República, la Ministra de Ambiente, la ANLA, el Ministerio de Agricultura, la ANT que son los responsables de garantizar que Enel Emgesa y el Estado cumplan en el menor tiempo posible todas las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del PHEQ y reparen todos los daños económicos, sociales, ambientales y culturales ocasionados al departamento del Huila y a las víctimas antes, durante y con posterioridad a la construcción de la represa El Quimbo.

De igual manera se exige celeridad en las decisiones judiciales que se encuentren en curso y se proceda a todas las acciones jurídicas que sean necesarias por la violación de normas constitucionales y legales que han atentado contra todos los derechos de las víctimas de Enel Emgesa y el Patrimonio de los Huilenses. 

Solicitudes.

A la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes.

No generar falsas expectativas y reconocer la existencia de múltiples estudios, agendas y acciones de resistencia argumentada realizadas por los afectados por el Proyecto Hidroeléctrico.

Estudiar los diferentes informes e investigaciones y, especialmente,  los 4 de la CGR y solicitar a la Procuraduría y a la Fiscalía mediante oficio un informe detallado sobre el estado actual de las demandas de caracter disciplinaria y penal interpuestos por la CGR contra la Ministerio de Ambiente, la ANLA y la CAM.

Solicitar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales un informe detallado sobre todas las modificaciones de la Licencia Ambientalel, los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA y las sanciones impuestas a la ENEL Emgesa por el reiterado incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental.

Solicitar a la Defensoría del Pueblo el registro de todas las modificaciones a la Licencia Ambiental  por parte de la ANLA hasta la fecha y sus pronunciamientos al respecto.

Solicitar al Ministerio de Ambiente y la ANLA un Registro detallado y actualizado de los incumplimientos de la Licencia Ambiental

Al Ministerio de Ambiente y la ANLA.

Responder de inmediato la preocupación de las comunidades del Macizo Colombiano si han autorizado la compra de predios por parte de ENEL para la recuperación y protección ambiental en Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena”, bajo el supuesto de compensar daños causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Informar sobre el valor de las transacciones por reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) por deforestación o degradación ambiental compradas por Chevron a la Enel.

Solicitar a la Contraloría General de la Nación la valoración económica de los daños económincos, sociales, ambientales y culturales, incluidos los sobrevinientes, causados por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo.

Aterntamente,

Miller Armín Dussán Calderón

Fundador y asesor de Asoquimbo

Profesor Investigador de la Universidad Surcolomboana    

NUEVO PACTO VERDE: DESCARBONIZACIÓN POR DESPOJO

 

capilalismo verde

 

“Desde hace algún tiempo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) junto con el sector empresarial y hasta ciertos ámbitos de la izquierda política, vienen hablando con entusiasmo de la necesidad de un New Deal Verde” (Introducción Libro Pluriverso)

Desde las grandes corporaciones y los centros de poder se consideraba que era compatible el “crecimiento económico y la protección de los ecosistemas” desde donde surge el concepto del “Desarrollo Sostenible” y la imposición de los “Objetivos del Desarrollo Sostenible”, aprobados por la ONU.

Sin embargo, ese concepto dejó de utilizarse porque es insostenible. Se propuso a cambio una “renovación del capitalismo” (progresismo), a partir de cambiar la base energética fósil (Petróleo, Gas, Carbón) por energías renovables, (Green Energy) solar, eólica etc. "sin transformar las relaciones sociales, la lógica del crecimiento y consumo sin límites y sin tocar la lógica de la acumulación de capital”. 

Thomas Friedman (2007) utilizó el término Green New Deal (Nuevo Pacto Verde) para referirse a un programa para revitalizar la economía norteamericana alrededor de las denominadas “energías verdes” y una gran oportunidad para ampliar los negocios.

El término “economía verde” fue adoptado en el 2012 por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, bajo el supuesto que es posible un capitalismo respetuoso con el planeta y los recursos naturales.

En 2019, el economista y sociólogo norteamericano Jeremy Rifkin publica su libro El nuevo pacto global verde (la civilización de los combustibles fósiles colapsará en torno al 2028). Ese mismo año, el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, publica su obra Capitalismo progresista: la respuesta a la era del malestar.

El Green New Deal, (o el Consenso de la descarbonización) se plantea como la supuesta solución a la crisis climática fundamentada en la pretendida economía verde, o capitalismo verde que reproduce los mismos modelos de privatización de los Bienes Comunes y de la concentración de las riquezas mediante la desposesión y la profundización de las desigualdades.

Con razón Breno Bringel y Maristella Svampa sostienen que “El colonialismo energético es la pieza central del «Consenso de la Descarbonización»: un nuevo acuerdo capitalista global que apuesta por el cambio de la matriz energética basada en los combustibles fósiles y que condena a los países periféricos a ser zonas de sacrificio, sin cambiar el perfil metabólico de la sociedad ni la relación depredadora con la naturaleza”.

Dicha solución es impuesta a través de las COPs que incluye “descarbonización del planeta a través de la reducción de las emisiones de carbono y las llamadas soluciones cero neto y basadas en la naturaleza”.

Los Proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques  REDD+ creados por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) y los Bonos de Carbono establecidos en el Pacto de Kioto (1997) son el mejor ejemplo de “descarbonización por despojo”. 

Los bonos de carbono son una forma de financiación del medio ambiente que permite a los países industrializados y empresas contaminantes reducir sus emisiones de GEI en países donde les resulta más económico y rentable. Contaminar en los países desarrollados se transforma en un derecho y al mismo tiempo en un gran negocio de especulación financiera.

Existen diversas investigaciones que coinciden en denunciar la gran estafa de las compensaciones de carbono como Censat Agua Viva, The Guardían, Revista Science, El Pais, entre otros.

Basta con mencionar las investigaciones de International Rivers ¿Por qué no funcionan las compensaciones de carbono?

“Con la excusa de promover el desarrollo sostenible, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el sistema más importante de compensación de carbono, se ha convertido en un juego sucio que aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Se entregan miles de millones de dólares a las empresas químicas y a los promotores de represas destructivas y proyectos de combustibles fósiles. El rápido desarrollo de la industria de los corredores y asesores de carbono presiona para que el MDL crezca y para que sus normas se debiliten aún más. Si nuestro deseo es mantener el apoyo público para conseguir la eficacia de la acción mundial contra el cambio climático, no podemos arriesgarnos. A corto plazo, el MDL debe ser radicalmente reformado y a largo plazo, sustituido”.

La nueva ola del Progresismo en América Latina está sometida a las soluciones impuestas desde las COPs y, específicamente, a la Política internacional de Norteamérica para la expansión de los mercados verdes, establecida en el documento "Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad” (Orden Ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, 2021) donde se establece que “las consideraciones climáticas son un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Implica la financiarización, mercantilización y militariazación de la naturaleza con énfasis en la bioeconomía como el sustento teórico para la apropiación de las funciones de la naturaleza (fotosíntesis, ciclo hídrico, el aire, la riqueza genética) concebidas como "servicios ecosistémicos" y activos financieros para la acumulación del capital y el control (imperial) de la naturaleza y de los territorios.

Estas soluciones impuestas por el capitalismo verde son promovidas por sectores de izquierda y diversas ONGs que son mediadoras entre el estado y el mercado, y que reciben financiación de empresas transnacionales para que dividan a las comunidades y neutralicen las acciones de resistencia, bajo el supuesto de mejorar las condiciones de las comunidades como los Pagos por Servicios Ambientales” y logren incidir en las políticas públicas a favor de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.

El riesgo es mayor cuando se cooptan liderazgos y se realizan pactos secretos para contrarrestar las voces críticas que defienden la Autonomía y el Poder Alternativo de las Organizaciones y Movimientos Sociales contra el capitalismo verde.  

 

 

 

 

COP 16: ¿Paz con la naturaleza?

 

 

“Treinta años de desarrollo sostenible consolidaron el control corporativo sobre la naturaleza” (Greta Gaard, profesora de la Universidad de Wisconcin.)

Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024 se realizará en Cali la Conferencia de las Partes del  Convenio sobre la Diversidad Biológica concebido como el instrumento internacional para "la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos", ratificado por 196 países.

 Según la Ministra de Ambiente Susana Muhamad, el mensaje que tendrá la COP 16 es “hacer la Paz con la Naturaleza” para mejorar la relación que tenemos con el ambiente, repensar un modelo económico que no priorice la extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturaleza”.

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y el segundo con más biodiversidad en riesgo y donde más se asesinan ambientalistas. Además, figura en el segundo lugar con mayores conflictos ecológicos con 72 casos sólo por debajo de India que registró 112 conflictos (Atlas Global de Justicia Ambiental) como consecuencia de la imposición de un modelo extractivista minero energético y de agronegocios, profundizado por la estafa de los bonos carbono para el lavado verde “con el cual las empresas extractivas amplían sus fronteras, desplazando comunidades y alterando sus modos de vida” (Censat, Agua Viva) 

Cómo lograr “la paz con la naturaleza” en un contexto donde prima “el control corporativo sobre la naturaleza” y las empresas transnacionales celebran el “canje de deuda por control territorial” (paz corporativa) y que han convertido la crisis en un gran negocio (la financierización, mercantilización y militarización de la naturaleza) y cuentan con todos los incentivos para “invertir”, estimulados por las cumbres climáticas y de la biodiversidad (rondas de negocios) bajo el supuesto de que el mercado es el principal escenario para controlar la crisis ambiental, creando la idea de nuevos mercados limpios, para la reproducción del capital, la superación de las crisis económicas y energéticas, sin afectar las relaciones sociales, la lógica del crecimiento y consumo sin límites y sin tocar la lógica de la acumulación de capital.

El incremento cada vez mayor de la temperatura y de la destrucción de la biodiversidad es una clara demostración del fracaso de las COPs. En el Informe 2023 del IPCC se constata cómo la temperatura de la superficie global ha aumentado en 50 años desde 1970 más rápido que en cualquier periodo de los últimos dos mil años, razón por la cual, el secretario de las Naciones Unidas decretó que la era del calentamiento global ha terminado y hemos ingresado a la “ebullición global”.

Sin embargo, desde las Naciones Unidas, grandes corporaciones y los centros de poder se proponen falsas soluciones como la “renovación del capitalismo” (progresismo), a partir de la “descarbonización del planeta” bajo el supuesto según el cual sólo basta con un proceso tecnológico de cambiar la base energética fósil (Petróleo, Gas, Carbón) por energías renovables, (Green Energy) solar, eólica etc. Plantean que gracias a la técnica, se puede capturar, sepultar el carbono y así evitaremos la catástrofe climática; que el mercado es el principal escenario para controlar la crisis ambiental con los impuestos al carbono o los derechos de emisión que se permite contaminar y luego pagar y que el cambio climático es inevitable, por tanto, sólo podemos adaptarnos a él (resiliencia, mitigación de impactos, etc), que incluye la expropiación del material genético (financiarización de la naturaleza). Ahora se venden la selva, los bosques, la Amazonía en la Bolsa de Valores. La naturaleza, es concebida como un activo financiero que presta servicios ecosistémicos (fotosíntesis, ciclo hídrico, oxígeno, etc) fuente de insumos para la producción, un sumidero de carbono, un basurero para absorber los residuos, es decir, no es fuente de vida ni de riqueza.

La COP 16, así se anuncie “repensar el modelo económico extractivista, la sobreexplotación y contaminación de la naturaleza” se circunscribe en las falsas soluciones que se ofrecen desde el progresismo como la transición energética corporativa, el extractivismo verde y la financiarización de la naturaleza.(Proyectos REDD+, Bonos de Carbono)

Es importante que se impulse la resistencia social desde los movimientos ecosocialistas, ecofeministas, de ecología social y ecología política argumentando que NO hay solución a la crisis ecológica en el marco del capitalismo de su productivismo y consumismo, del mercado, de la acumulación del capital y la maximización de los beneficios. Su lógica perversa conduce inevitablemente a la ruptura de los equilibrios ecológicos y a la destrucción de los ecosistemas.

Se requiere de un cambio civilizatorio, que rompa con el productivismo y el consumismo para lo cual es fundamental la apropiación colectiva de los medios de producción y una transición ecológica, energética y alimentaria soberanas y justas, según las necesidades de las comunidades, que implica reducir el consumo global de energía y el decrecimiento de la producción de bienes suprimiendo las actividades inútiles (publicidad) y las perjudiciales (pesticidas, armas de guerra) poniendo fin a la obsolescencia programada. Además, el cambio de los modelos de consumo, de las formas de transporte, del urbanismo, del modo de vida.

“QUIEN LE PONE EL CASCABEL A LA GATANLA"

 

El 22 de abril de 2024, se realizó la Mesa Técnica del Programa de Reforma Agraria, pactada entre el Gobierno Nacional y Asoquimbo.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, -ANT- Juan Felipe Harman, se comprometió con la creación de “un Programa Especial de Reforma Agraria Departamental”, que priorizará a la comunidad afectada por la hidroeléctrica El Quimbo. Expresó que “este programa especial, también será para reparar a muchos de los campesinos que están pendientes de un proceso de subsanación de todo lo que ocurrió durante catorce años de desconocimiento por parte del Estado como víctimas de la represa El Quimbo”.

El compromiso del gobierno con reparar a las víctimas de Enel Emgesa, una de las mayores exigencias de Asoquimbo, había encontrado eco en la Comisión Internacional de Juristas -CIJ- que en su Informe sobre “El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia” (2016) concluye que Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

Además cabe destacar la firma de un “Oficio de Denuncia ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, por incumplimientos por parte de Emgesa (actual Enel)” a campesinos y pescadores artesanales de la zona de influencia de la hidroeléctrica. Al respecto el director de la ANT, manifestó que: “Hemos tomado la decisión de interponer una queja, ante la ANLA, solicitando que investigue a Emgesa porque sabemos, que Enel está incumpliendo las acciones de la licencia ambiental”. Argumentó que “no es posible que hoy la dignidad de los campesinos y campesinas del Huila, se encuentre pisoteada por la falta de voluntad en el cumplimiento estricto de la licencia por parte de una empresa como lo es Enel”.

El problema está en quien le pone el cascabel a la gata ANLA, debido a que hasta la fecha la CGR ha realizado 3 Informes de Auditoría a la ANLA. En el Primero, “Informe Final, Actuación Especial de Seguimiento a Denuncias Ciudadanas para exigir el Cumplimiento de Obligaciones Ambientales en la Actual Construcción de Hidroeléctricas 2013”, se establecieron  14 hallazgos administrativos, uno con presunta incidencia disciplinaria. En el segundo, Informe vigencia 2016, la CGR estableció 39 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen alcance disciplinario y en el del 2020, Auditoria de Cumplimiento de Obligaciones Ambientales establecidas por la Licencia Ambiental, se registran dieciocho (18) hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal". Sin embargo, ningún organismo de control disciplinario ni fiscal ha actuado para sancionar a la ANLA y a todos los responsables de los delitos por daños Económicos, Socioambientales y al Patrimonio Cultural del Departamento y de las víctimas de Enel Emgesa y el Estado.

A quien corresponderá garantizar que la ENEL cumpla, si la ANLA, la institución responsable de vigilarla y hacerle cumplir las obligaciones establecidas en la Licencia se ha caracterizado por actuar como “notaria de la transnacional” o como la califica la CGR: “La ANLA ha sido un observador pasivo frente a las continuas reclamaciones de la comunidad. La ciudadanía no ha encontrado en la ANLA, el interlocutor público que atienda los presuntos incumplimientos a las obligaciones dispuestas en la Licencia Ambiental de la hidroeléctrica El Quimbo”.

Corresponde directamente a la presidencia de la República obligar directamente o acudir a los mecanismos institucionales para que la  ENEL cumpla con todas las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y asumir la responsabilidad de reparar a todas las víctimas como  lo exige la Comisión Internacional de Juristas.