¿Cómo ordenar el territorio alrededor del agua?

 

Macizo Colombiano no viable

El Plan de Desarrollo 2022-2026 estableció el ordenamiento del territorio alrededor del agua como el eje principal de transformación del país  que consiste, según Pesquiza Javeriana en “armonizar el potencial hídrico del país con el derecho fundamental al acceso, democratizar su uso y manejo, promover la protección de los páramos, acuíferos y cuencas, garantizar la conectividad de humedales, recuperar el espacio de los ríos y sus condiciones naturales, proteger la biodiversidad, recuperar los ecosistemas marinos y aprovechar el potencial de absorción de carbono de la Amazonía como adaptación al cambio climático, entre otros aspectos”.

La pregunta que surge es ¿cómo organizar el territorio alrededor del agua en Colombia que figura, según el Atlas Global de Justicia Ambientalo, en el segundo lugar en la clasificación por países con 72 casos de conflictos socioambientales y, el primer lugar en América Latina, que registró en total 300 casos? Además, las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para poder acceder a la Justicia Ambiental como lo afirma Joan Martinez de la UAB.

La crisis alrededor del agua no sólo se ha generalizado sino que ha empeorado en todo el continente, debido en gran parte a los altos niveles de contaminación, a los efectos de la sobreexplotación de los Bienes Naturales Comunes por parte de las corporaciones transnacionales que se han apropiado de los territorios para los proyectos extractivos minero energéticos, la superpoblación, la degradación medioambiental y, particularmente, a la distribución inequitativa del vital líquido, lo que a su vez explica la creciente proliferación de conflictos ciudadanos.

En Colombia el 1.1% de los dueños de las concesiones de agua tienen el 62% de su volumen concesionada. Comunidades y organizaciones que defienden el agua, la vida y el territorio, han denunciado que es uno de los países más desiguales en términos de acceso a la tierra y, sobre todo, en relación con los derechos para el uso del agua.

Lo anterior se explica porque de acuerdo con la Ley 373 de 1994, el agua no se reconoce como derecho fundamental sino como un servicio y mediante la Ley 142 de 1994 se privatizó el abastecimiento de agua potable y la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje.

En la constitución de 1991 el agua tiene una connotación paradójica al concebirla como un derecho fundamental y al mismo tiempo como servicio público. Sin embargo, la gestión y el uso eficiente del agua como servicio se impuso a través, primero, la privatización o negación al acceso al agua como bien público en respuesta a las políticas neoliberales de la década de los 90 que redujeron el rol del Estado y promovieron la lógica del mercado para regular la prestación de los servicios. Segundo, la mercantilización como un proceso que construye mercados para la compra y venta del líquido vital y, tercero, la financiarización del agua para proyectos extractivos minero energéticos y agronegocios al servicio de las corporaciones transnacionales.

Las IFIs son las que han generado las condiciones suficientes para consolidar estos mercados. En el caso de América del Sur, en la época dorada de la privatización del agua, el Banco Interaméricano de Desarrollo (BID) condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua, a la incorporación del sector privado.

Cabe destacar que Gabriel García Márquez, en sus memorias (2002) ya se refería a la destrucción  anunciada de los bienes hídricos que había trabajado en sus novelas y que ahora ni el amor parece poder revertir: “Hoy el río Magdalena está muerto, con sus aguas podridas y sus animales extinguidos. Los trabajos de recuperación de que tanto han hablado los gobiernos sucesivos que nada han hecho, requerirían la siembra técnica de unos sesenta millones de árboles en un noventa por ciento de las tierras de propiedad privada, cuyos dueños tendrían que renunciar por el solo amor a la patria al noventa por ciento de sus ingresos actuales. Valdría la pena preguntar cuáles serían los propietarios que tendrían la amabilidad de ceder el 90% de sus tierras sólo para sembrar árboles y renunciar en consecuencia al 90% de sus ingresos actuales”.

Asoquimbo, comprendió desde el año 2015 que antes de hablar de la organización del territorio alrededor del agua, es fundamental organizar a las comunidades y resistir contra el modelo extractivista minero energético. En consecuencia, realizó la Movilización el Río de la Vida desde el Macizo Colombiano hasta la Dorada contra el Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena, que se propone privatizar el río para megaproyectos de generación de energía y transporte de carga que atenta contra la soberanía nacional al entregar el Magdalena, nuestro principal Bien Público, a corporaciones transnacionales para la acumulación de capital a través del despojo y el ecocidio.

En esta oportunidad se recuperó la cosmovisión de los Panches que desde hace siglos se definían sobre todo como hombres del río, como hijos del río. ¡Somos el Río!. Pero también, nuestro escritor William Ospina, después de un ritual en la Maloca Yanacona, San Agustín, expresó: “Nosotros no sólo somos los defensores del río: nosotros somos el río. “No hay agua sin mares que se evaporen, sin bosques que fundan nieblas, sin páramos que condensen la humedad, sin humedales que filtren, sin ciénagas que oxigenen. El agua no es un líquido, no es solo un elemento, el agua es un sistema, y en Colombia es el mejor ejemplo que se puede mostrar de como el territorio puede estar configurado con una inmensa fábrica de agua. Pero Colombia también es el mejor ejemplo de como un país puede ignorar su realidad más profunda, y dormir sobre un tesoro como el dragón del cuento, sin aprender a qué se debe este tesoro, sin saber cómo protegerlo”.

La ministra de ambiente afirmó recientemente, a raíz de los Encuentros por el Agua y la energía renovable, que “queremos trabajar en macroproyectos ecológicos de transformación ambiental en ecorregiones estratégicas como el Macizo Colombiano..”

No se sabe si ese interés equivale a respaldar como “macroproyectos ecológicos” la imposición en el Macizo Colombiano de los fracasados Proyectos REDD+ y la estafa de los bonos carbono, debido a que para la comercialización de estos bonos, CORMAGDALENA, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y ONF internacional francesa, vienen desarrollando El proyecto agrupado de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal: "Parque Natural Regional: Corredor Biológico PNN Puracé - PNN Cueva de los Guácharos" -REDD Huila – CB- y la  reciente convocatoria para compra de predios a los campesinos a menos precio en el Macizo para Bonos Carbono, a nombre de la supuesta compensación ambiental de daños causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Huila por parte de Enel Emgesa con el apoyo incondicional de la CAM y alcaldes municipales, sin consulta  previa, violando convenios internacionales como el  reconocimiento del campesinado como Sujeto de Derechos y el Acuerdo  de Escazú, entre otros,

En otros términos, la propuesta del gobierno, no es rechazar la mercantilización de la naturaleza sino “generar capacidades de gobernanza” entre las corporaciones transnacionales, las instituciones publicas y las comunidades bajo el supuesto de ordenar el territorio alrededor del agua.

Precisamente, a raíz del Diplomado “Transición Energética Justa y Agroecología, orientado a la Defensa del Macizo Colombiano, Indígenas y Campesinos no sólo rechazaron ese “ambientalismo de mercado” sino que  exigen al Estado cumpla con su deber de garantizar el derecho al territorio y a la autodeterminación de los pueblos, antes que entregarle o concesionarle éste a corporaciones multinacionales extractivistas o a aquellas que prometen hacer “conservación”. Además, se deben garantizar los derechos a la información y participación y a la protección de las comunidades y sus líderes y, para tal efecto, se debe cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de Escazú.