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Miller Armín Dussán Calderón

ESCUELA DE FORMACIÓN EN SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS POPULARES

ESCUELA DE FORMACIÓN EN SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS POPULARES

El 9 de noviembre de 2024 se dio inicio en Neiva Huila a la Escuela de Formación#mce_temp_url# en Sistematización producto de Convenio entre El Macroproyecto Institucional Defensa Territorial DESCA USCO y Planeta Paz.

Con la participación de líderes de Asoquimbo, Movimiento Ciudadano de Pitalito, Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila ATCH, la Central Unitaria de Trabajadores CUT Huila y asesores de víctimas del conflicto armado, se cumplió con el Primer Taller Regional#mce_temp_url# con el objetivo  de realizar un breve balance de las acciones del Movimiento Social Defensores del Territorio (Cop16 y defensa del Río Magdalena) y avanzar en la propuesta de sistematización en el marco de la Escuela de Formación en Sistematización propuesta por Planeta Paz.

Una vez presentado el espacio y los participantes el Profesor Miller Dussán desarrolló el Primer tema de la Agenda:

Balance Cop16 #mce_temp_url#y Propuestas Alternativas.

Se refirió al Convenio sobre la Diversidad Biológica y al objetivo de la COP16 de asegurar por parte de las corporaciones transnacionales y los países miembros del norte global, su libre acceso a los recursos genéticos y biológicos (art. 15 del CDB) en sus diversos niveles, incluyendo esta vez las áreas marinas y la defensa de la propiedad intelectual (art. 21) que pueda reconocerse a través de patentes a la industria biotecnológica en ascenso, y a la industria farmacéutica y agroalimentaria de estos mismos países (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Suiza, entre otros)”.

Destacó la aprobación del Fondo Cali que recogerá la plata que la industria pagará por usar la riqueza natural (aunque no es vinculante) y el reconocimiento de las Comunidades Indígenas y afrodescendientes   en el manejo de la biodiversidad.

Sin embargo, preocupa que sólo 44 países, que equivalen al 22 por ciento de los miembros de la COP, presentaron sus Planes de Acción Nacionales de Biodiversidad, que son los compromisos públicos que asume cada país con su conservación de aquí a 2030 y el no haber logrado un acuerdo sobre la financiación de la biodiversidad. El precedente era que dos de las metas del marco Kunming Montreal de 2022 exigían recursos financieros para la protección de la biodiversidad.

Es importante resaltar que durante la COP16 se presentaron diversas agendas de  organizaciones y movimientos socioambientales como la COP Alternativa, la Mesa Nacional del Río Magdalena, sus afluentes y cuencas hídricas del país, la Fundación Salvar el Río Magdalena y la COP divergente que coincidieron en la necesidad de promover diálogos alternativos que desborden  la “Ronda de Negocios” (COP 16), sobre la disputa geopolítica por el control de la biodiversidad; el proyecto militar en la Isla Gorgona, la militarización de la Amazonía; el modelo agropecuario azucarero; la Guajira y falsas soluciones energéticas; la problemática ambiental del río Cauca y del río Magdalena; el extractivismo minero energético y transiciones energéticas corporativas, la mercantilización y financiarización de la biodiversidad, el canje de deuda por naturaleza, expresión del coloniaje financiero, los Proyectos REDD y la farsa de los créditos de carbono que desterritorializan a las comunidades campesinas y étnicas y atentan contra la soberanía alimentaria; las transiciones socioecológicas y por la Defensa de nuestros Territorios, el autogobierno, la autodeterminación y la autonomía y, especialmente, las cuencas de los Ríos Magdalena y Cauca; la necesidad de impulsar un Gran Movimiento Popular pro Defensa del Agua y Foros Planetarios Autónomos de Comunidades.

La COP Alternativa logró desarrollar su Agenda en foros y paneles durante 12 días cuyos contenidos confluyeron en el Manifiesto por la Unidad #mce_temp_url#de los Pueblos que se oponen a la mercantilización de la Naturaleza. Por una Verdadera Paz con la Naturaleza! (COP-Alternativa por la defensa del agua y contra el extractivismo). Al final se priorizan como Líneas de Acción: la confrontación al extractivismo con movilizaciones unitarias en ríos, cuencas, páramos y humedales urbanos; la denuncia a la mercantilización de la naturaleza y a la falsa salida de “pagos por servicios ambientales” que orientan las COP y que se convierten en políticas estatales; propugnar por una organización democrática de los territorios impulsando una economía amable con la naturaleza y el fortalecimiento de relaciones sociales solidarias; acompañar las campañas de denuncia a la presencia de tropas militares extranjeras en nuestros territorios; confrontar con movilizaciones unitarias las políticas de ajuste que reducen la calidad de vida de los colombiano(a)s mediante el mecanismo de la deuda pública; impulsar una política de paz que posibilite la democratización real de los territorios con la participación de las comunidades en la toma de decisiones y con justicia socio ambiental y el rechazo al aumento del militarismo a escala internacional, a las invasiones y las guerras que vienen causando miles de muertos como en el caso del genocidio de Gaza.

Además, se acordó la Declaratoria#mce_temp_url# de las Comunidades de los Ríos Magdalena Cauca, Vertientes y demás ríos de Colombia.

Propuesta de sistematización.

Carlos Salgado y Camila Macias de Planeta Paz se refirieron a la sistematización: ¿para qué sistematizar? y ¿qué sistematizar? y, posteriormente, orgabnizaron un trabajo grupal innovador  sobre la práctica a sistematizar a partir de la metáfora (árbol, mesa-territorio), metáfora que se define a partir de la presentación de cada organización sobre sus propuestas.

Se construyeron 3 árboles, dos sobre la experiencia de Asoquimbo y uno de la ATCH, y se acordaron como compromisos la devolución sistemática de lo construido en el Taller por parte de Planeta Paz y la socialización del Taller con líderes de las organizaciones presentes para la continuidad y regreso de los participantes.

Cabe destacar la valoración positiva del Taller por los participantes y el compromiso de continuar vinculados a la Escuela. 

https://drive.google.com/file/d/18fDIj8VBZ6iKbGMxopsTRWvQq-dUKa6u/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

ASOQUIMBO EN LA RUTA DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA ZRC

ASOQUIMBO EN LA RUTA DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA ZRC

La Asociación Campesina y de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo ASOQUIMBO, se propuso en su Agenda, luchar por la creación de la Zona de Reserva Campesina como parte integrante de un Sistema Agropecuario, pesquero, territorial y sustentable que privilegie la agroecología a cambio de la agroindustria, haga más productiva la Tierra y aumente la producción total, incremente el empleo, repueble el campo para lo cual está demostrado son más eficientes las economías campesinas, indígenas y afros.

Con la entrega de las primeras 941 hectáreas productivas para 94 familias víctimas del Proyecto Hidroeléctrica El Quimbo, en Acto de reparación, #mce_temp_url#presidido por Gustavo Petro,  el 20 de septiembre de 2024, se crearon las condiciones para avanzar en el proceso de creación de dicha Zona.

A raíz del Encuentro Nacional de ZRC#mce_temp_url# que se realizó en el Centro Agropecuario del SENA en Campoalegre Huila durante los días 7 y 8 de noviembre de 2024,  se incluyó en las conclusiones la decisión de Asoquimbo de iniciar la ruta de creación de la ZRC, contando con la asesoría de Javier Soto y César Jérez, líderes históricos de las luchas campesinas y fundadores de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, quienes nos explicaron la metodología a seguir y se comprometieron a asesorar a nuestra organización para el logro de nuestra histórica aspiración a partir del objetivo del Encuentro de “realizar un diálogo especializado con voceros de las Zonas de Reserva Campesina, con el propósito de avanzar en la construcción de una ruta de atención interinstitucional coordinada, y con la participación de las campesinas y campesinos de esos territorios, en las fases de elaboración e implementación”.

Para el caso específico de la Zona de Reserva Campesina Asoquimbo se debe avanzar de inmediato:

1. Socializar la ZRC con todos los beneficiarios socios de Asoquimbo reconocidos como Sujetos de Reforma Agraria por parte de la Agencia Nacional de Tierras, lo que implica que deben ser convocados a Asamblea General por parte de la actual Junta Directiva.

2. Formular el Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC por parte de Asoquimbo previo acuerdo con la ANT.

3. En el marco de la construcción de la ZRC, Asoquimbo debe lograr:

a)  Implementación de la Reforma Agraria.

b) Adjudicación de predios con fundamento en el reciente decreto expedido por el Gobierno Nacional.

c) Formalización de predios aledaños que decidan incorporarse a la Zona de Reserva Campesina Asoquimbo.

d) Ejecución del Proyecto de Desarrollo Sostenible.

Una importante delegación de miembros de Asoquimbo participaron del Encuentro con el compromiso de contribuir en la orientación de todos los socios para avanzar en nuestro propósito de crear la ZRC.

 

https://drive.google.com/file/d/1gHwP1faUFlEr6Ksd1SJTtg0MIxVnHd_5/view?usp=sharing

Cambiando el rumbo de la energía hidroeléctrica a gran escala

Cambiando el rumbo de la energía hidroeléctrica a gran escala

 

En Colombia, activistas y científicos están impulsando la resistencia a las mega represas al mostrar los impactos acumulativos de estos proyectos destructivos.

DANIEL HENRYK RASOLT

Daniel Henryk Rasolt es un investigador y escritor independiente, y fundador de Unbounded World, una iniciativa que adopta un enfoque integrado de la preservación ambiental y cultural. Es licenciado en astrofísica y trabaja en diversas disciplinas relacionadas con la energía, el medio ambiente, la salud y las culturas tradicionales. Su enfoque interdisciplinario e intercultural tiene una base en la ciencia de sistemas complejos. @DHRasolt.

Miller Dussán es una de esas raras personas que pueden atravesar tan cómodamente los tradicionales pueblos de pescadores y pequeñas granjas del campo como los pasillos de las instituciones de investigación y formulación de políticas. En Colombia, un país dinámico y rico en agua que depende en gran medida de la energía hidroeléctrica cada vez más controvertida, Dussán juega un papel vital en estos dos espacios.

En partes del campo, las comunidades locales se han visto profundamente afectadas por el desarrollo incesante de megapresas. Dussán y sus colegas han estado ocupados investigando los efectos directos e indirectos de estas represas, mientras lideran una resistencia al compromiso equivocado de Colombia con los proyectos de mega represas.

Profesor de la Universidad de Colombia del Sur en su departamento natal de Huila, Colombia, Dussán ha centrado gran parte de su trabajo académico y tiempo personal en los daños socioecológicos generalizados causados ​​por la mega represa El Quimbo, recientemente construida. Como parte de este esfuerzo, fundó Asoquimbo, una organización local que da una voz coherente de resistencia a los afectados negativamente por El Quimbo. Dussán también se desempeña como líder dentro del Movimiento Colombia Ríos Vivos (Ríos Vivos), que ha resistido otros proyectos de megapresas en todo el país, como el muy difamado proyecto Hidroituango en el departamento de Antioquia e Hidrosogamoso en el departamento de Santander.

Desde su creación en 2008, El Quimbo se ha enfrentado a una pronunciada resistencia local (de hecho, una presa propuesta en el mismo sitio ya había sido rechazada en 1997 por preocupaciones sociales y ambientales). Si bien la represa Betania, que inició operaciones en 1987 sin licencia ambiental y cuyo embalse se encuentra a solo 12 kilómetros río abajo de El Quimbo, ya hizo mucho daño ecológico directo al Alto Magdalena y sus especies de peces migratorios, la impunidad con la que El Quimbo fue construido y sigue siendo operado por la poderosa multinacional italo-colombiana ENEL-EMGESA ha provocado indignación.

El Quimbo, de 151 metros de altura y 400 megavatios, también “sirve como parte de la base de un modelo agroindustrial y extractivista nacional, proporcionando energía a las disruptivas operaciones petroleras y mineras locales y aguas abajo, que pronto incluirán el fracking”, dice Dussán. . "Todo está conectado".

Cuando se construyó El Quimbo, su embalse inundó 80 kilómetros cuadrados de bosques y tierras agrícolas fértiles, desplazó a unas 450 familias y mató los medios de vida de los pescadores río abajo. Las perturbaciones ecológicas continuaron aumentando después de que se completó la presa. La investigación ha demostrado que El Quimbo ha alterado aún más el flujo de sedimentos y nutrientes, los niveles de agua, la migración de peces, los niveles de temperatura y oxígeno y la calidad general del agua río abajo y dentro de su reservorio invadido por tilapia.

“ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] y ENEL-EMGESA siguen sin rendir cuentas por el daño generalizado que han causado”, dice Dussán, quien escribió un libro titulado El Quimbo: extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia. “En Asoquimbo seguimos luchando por la reparación de los miles de agricultores y pescadores afectados en Huila, Colombia”.

La lucha en curso contra las violaciones manifiestas de los derechos de las comunidades locales y el desprecio por las evaluaciones de impacto social y ambiental ha contribuido a aumentar la conciencia pública sobre la cuestión de las megapresas. También ha establecido ciertos protocolos legales y precedentes de consultas previas y reparaciones a las comunidades impactadas, y ha generado resistencias a otros megaproyectos propuestos en todo el país. “Uno de nuestros mayores logros en la resistencia a El Quimbo es la concienciación sobre el daño de los megaproyectos y el modelo extractivista que está destrozando nuestro país”, dice Dussán.

Otra mega represa destructiva, Hidrosogamoso es un gigante de 190 metros de altura y 820 megavatios a lo largo del río Sogamoso que comenzó a operar en 2014. El río Sogamoso tiene su nacimiento en la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha, y también es alimentado por el río Chucuri, aguas arriba de la presa, aunque el enorme embalse de 70 kilómetros cuadrados de Hidrosogamoso ha alterado gravemente esta confluencia dinámica. Todos estos son ríos densamente sedimentados que se originan en las tierras altas de los Andes.

En respuesta a la represa, Dussán ayudó a los líderes locales a unificarse y organizarse bajo Ríos Vivos, y ha ayudado a guiar y consultar en su resistencia desde entonces.

“El río Sogamoso es uno de los afluentes más ricos en sedimentos de la cuenca del río Magdalena [MRB] y su represa ha causado impactos tanto locales como a escala de cuenca”, explica Luz Fernanda Jiménez-Segura, bióloga de la Universidad de Antioquia enfocada en peces tropicales de agua dulce. “La captura de sedimentos afecta los hábitats fluviales y los humedales río abajo, mientras que los cambios en la calidad del agua, los regímenes de flujo alterados y la fragmentación modifican las señales de reproducción [que están sincronizadas con los niveles de agua en el MRB] y las rutas de migración de varias especies de peces”.

Una especie de pez migratorio emblemático del MRB, el Prochilodus magdalenae, conocido como bocachico, recorre más de 1.200 kilómetros de ida y vuelta hasta las montañas andinas aguas arriba y de regreso a las tranquilas aguas de las llanuras aluviales y marismas aguas abajo conocidas como "ciénagas". El bocachico ha caído vertiginosamente en número en todo el MRB debido a una variedad de factores agroindustriales interconectados, incluidas las presas, pero se ha vuelto particularmente escaso dentro del río Sogamoso desde que se construyó Hidrosogamoso.

“La ciénaga El Llanito, que es alimentada directamente por el río Sogamoso y tradicionalmente es un hábitat importante para el bocachico, ha visto su vital pulso de inundación estacional alterado drásticamente por Hidrosogamoso, cambiando la dinámica de todo el ecosistema”, lamentó la Dra. Silvia López. -Casas, ecologista de agua dulce enfocada en peces migratorios, y colega del Dr. Jiménez-Segura.

“Bocachico, bagre y muchos otros peces abundaban aquí hace solo diez años antes de que comenzaran a construir ’El Monstruo’”, dice un líder local del pueblo pesquero de La Playa, aguas abajo de Hidrosogamoso, quien no ha sido identificado debido a preocupaciones de seguridad. “Teníamos buenas vidas y dietas saludables, y los turistas venían aquí para disfrutar y pescar. Ahora, como puede ver, no tenemos nada. ISAGEN [el propietario de la represa de propiedad colombiana] nos prometió empleo, pero todo lo que obtuvimos fue un río vacío y amenazas violentas para nuestra protesta ”.

Como en gran parte de Colombia, los líderes sociales y ambientales que han denunciado las injusticias de El Quimbo e Hidrosogamoso han sido amenazados, acosados ​​y algunos hasta asesinados.

Los impactos de El Quimbo (combinados con los de Betania) e Hidrosogamoso no solo los sienten las comunidades locales y los ecosistemas circundantes. La investigación a escala de cuenca ha estado descubriendo los impactos a gran escala de estas y otras represas en todo el MRB, con un enfoque en la conectividad hidrológica, la variabilidad hidrológica y los procesos a gran escala como la migración de peces y el transporte de sedimentos.

Héctor Angarita, un científico ambiental y de sistemas hídricos que actualmente trabaja en el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y autor principal de un influyente estudio a escala de cuenca de 2018, me explicó recientemente cómo estas presas pueden causar "impactos acumulativos no lineales".

En el cauce principal del caudaloso río Magdalena, “Los impactos acumulativos de Betania y El Quimbo, por ejemplo en los regímenes de flujo del Magdalena, se pueden sentir cientos de kilómetros río abajo, lo que altera la funcionalidad del hábitat acuático de las especies de peces migratorios”, dice Angarita. “Hidrosogomoso también cambia sustancialmente los patrones naturales del agua en el río Sogamoso, incluso liberando grandes cantidades de agua en las estaciones en las que no debería haber agua. Esto impacta los hábitats biodiversos de la llanura aluvial del Magdalena Medio [como la ciénaga El Llanito] que dependen de la conectividad y la variabilidad hidrológica estacional ”.

Se han observado tendencias similares para el atrapamiento acumulativo de sedimentos en los embalses. “Aguas abajo de Betania, la pérdida de sedimentos es de alrededor del 80 por ciento debido a la acumulación de sedimentos atrapados en Betania y El Quimbo”, dice Angarita.

En Colombia no ha habido una consideración centralizada de los impactos acumulativos y a escala de cuenca. Las evaluaciones de impacto, cuando se realizan, históricamente se han concentrado solo en los impactos locales y directos. Gracias a las contribuciones de Angarita y sus colegas, eso ha cambiado. “Lo que creamos fue un marco que permitió incluir criterios para los impactos a nivel de la cuenca, especialmente los impactos acumulativos no lineales”, dice Angarita.

Los marcos a escala de cuenca ahora se han integrado en los modelos de licencias ambientales, con la intención de informar mejor la planificación regional. En los últimos años, ciertos proyectos propuestos e incluso algunas licencias que probablemente hubieran recibido el visto bueno hace solo 10 años, han sido denegadas debido a sus impactos proyectados a escala de cuenca.

Colombia todavía está siguiendo en gran medida un modelo extractavista ecológicamente poco sólido, y la energía hidroeléctrica probablemente seguirá siendo la principal fuente de energía para el país en el futuro previsible. Pero los esfuerzos combinados no lineales de profesores-activistas como Dussán e investigadores de sistemas integrados como Angarita están ayudando a cambiar el rumbo contra las mega represas en Colombia, allanando el camino para una transición energética más justa y sostenible.

Turning the Tide on Large-Scale Hydropower

In Colombia, activists and scientists are boosting mega-dam resistance by showing the cumulative impacts of these destructive projects.

DANIEL HENRYK RASOLT

April 21, 2021

https://www.earthisland.org/journal/index.php/articles/entry/turning-the-tide-large-scale-hydropower-colombia?fbclid=IwAR3POif0H8dAPzXsikF4w9vNua822Jip7I6joveZLM7cAkmT7oQDSkawCnU

 

 

 

EDUCACIÓN POPULAR EN Y DESDE LAS RESISTENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN DEFENSA DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS.

EDUCACIÓN POPULAR EN Y DESDE LAS RESISTENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN DEFENSA DE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS.

 

Con motivo de la invitación a participar en el espacio “Café Pedagógico Virtual”, comparto algunas reflexiones sobre recuperación de la Memoria de las experiencias significativas, vividas y pensadas, sobre Educación Popular desde la década de los 70 hasta la actualidad  para comprender el sentido de las resistencias sociales como fuente de poder alternativo y espacio de construcción de una eco-sociedad humana como respuesta a la crisis civilizatoria y expresión política en oposición radical a toda forma de capitalismo verde.   

Las experiencias significativas de Educación Popular, vividas y pensadas, como parte de Movimientos Pedagógicos Alternativos, devienen de las resistencias sociales en América Latina y, específicamente, de Colombia, particularmente, de la década de los 60-70 y de las reflexiones sobre lo educativo, la pedagogía y el quehacer de los docentes a partir de los años 80, donde la Pedagogía Crítica tiene un papel fundamental para la superación de la desigualdad y la exclusión, la reivindicación y dignificación de la labor pedagógica, el rescate del valor ético y político en la prácticas pedagógicas, no solo en los espacios de la educación formal, si no en todos los escenarios socioculturales en donde se desarrollan procesos de transformación de las personas y su realidad como los Movimientos Sociales.

Un momento de ruptura ideológica surge a principios de los 70 donde confluyeron acciones de resistencia orientados por diversas organizaciones de izquierda: Los obreros petroleros dirigidos por la Unión Sindical Obrera realizan huelga por la nacionalización de las concesiones Barco y Cicuco-Violo y contra las violaciones a la convención colectiva y la corrupción administrativa en el complejo industrial de Barrancabermeja (1971). Los estudiantes universitarios se movilizan en torno a un Programa Mínimo de defensa de la Educación Pública financiada por el Estado, contra el Plan Atcon (1971), recuperando el legado de la Reforma de Córdoba Argentina; el surgimiento de la ANUC (1968) y las marchas campesinas por la tierra (1972-1974); lucha de los docentes contra el Estatuto de Galán y por un Estatuto Docente que reivindicara el carácter profesional de los maestros (1972). Todos estos movimientos se fueron consolidando hasta alcanzar su máxima expresión en el Paro Cívico Nacional (1977) contra el Régimen Político de Alfonso López Michelsen y que hoy confluyen en los levantamientos populares de América Latina contra El modelo neoliberal extractivista, minero energético, agronegocios, capitalismo verde (Proyectos REDD y Bonos de Carbono).

En este contexto, la Federación Colombiana de Educadores, en 1975, experimentó un cambio sustancial en su dirección y asumió como banderas de lucha el Estatuto Docente, su fortalecimiento como Federación Única de Educadores y el impulso de la Central Única de Trabajadores de Colombia, CUT.

En 1975, se iniciaron Talleres de Formación de Docentes, en Florencia Caquetá, orientados al impulso de las nuevas políticas decididas por FECODE, que incluía el cuestionamiento a la visión estructural funcionalista de la educación, de las prácticas pedagógicas tradicionales y el posicionamiento de las nuevas visiones sobre lo educativo como la Teoría de la Reproducción que concebía la  escuela como un aparato ideológico de Estado que según Althusser su función es reproducir las relaciones sociales de producción; la crítica a la teoría reproduccionista que plantea que el poder no es nunca unidimensional, ejercido como un modo de dominación sino también como un acto de resistencia y que según GRAMSCI, la educación juega un papel en la creación del poder alterno que responde al poder hegemónico dominante, hasta incursionar en la Educación Popular Freiriana concebida como un proceso colectivo mediante el cual los sectores populares llegan a convertirse en sujeto histórico gestor y protagonista de un proyecto liberador que encarne sus propios intereses de clase (Peresson, Mariño y Cendales Lola, 1983), donde confluimos directivos de Fecode y el investigador Marco Raúl Mejía. Este proceso se extendió por todo el país donde participaron todas las organizaciones de maestros en la construcción colectiva del Estatuto Docente lo que implicó un cambio conceptual desde “sólo si cambia el sistema cambiará la educación” por “Educar y Luchar por la Liberación Nacional”

En 1977, se realiza la histórica huelga por la profesionalización del magisterio, destacándose la participación de los docentes del Huila, desde la básica hasta la universitaria. Y dos años después se logra el Estatuto Docente -1979- que igualó en dignidad y salario a los maestros de primaria con los de secundaria, estimuló su profesionalización y actualización académica con el escalafón y la estabilidad laboral para generar mayor autonomía intelectual de los docentes.

Durante este periodo destaco la capacidad de movilización y concertación entre los maestros del Proyecto de Estatuto Docente, donde se cumplieron múltiples jornadas de reflexión-acción- participativa (Fals Borda) desde centros escolares, las asambleas de los sindicatos de cada departamento, las Plenarias de delegados convocadas por FECODE que involucraron la presencia significativa, especialmente, de los padres de familia y el respaldo de la ciudadanía.

Participé en múltiples conferencias sobre el proyecto de Estatuto en varias localidades del país y en la organización del magisterio. Recuerdo que como directivo de FECODE contribuí en la creación de la Subdirectiva del Sindicato de Maestros de Santander, en el municipio de Bolívar.  

El logro de la profesionalización y la estabilidad de los docentes fueron determinantes para avanzar en la construcción del Movimiento Pedagógico y la defensa de la Educación Pública contra la imposición estatal de la reforma curricular (diseño instruccional) y el mapa educativo. 

La recuperación de la pedagogía, la autonomía intelectual de los maestros, su liderazgo social y político, la dignificación de su profesión, el reconocimiento de su quehacer como trabajador de la cultura, profesional e intelectual de un saber y actor organizado sindicalmente que lucha por sus reivindicaciones económicas y laborales y como ciudadano sujeto de derechos y defensor de la soberanía fueron, en síntesis, los fundamentos del Movimiento Pedagógico.

En el Departamento del Huila asumí durante 8 años, a partir de 1984, la dirección del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID-ADIH.  La apropiación de los fundamentos pedagógicos, articulados con experiencias significativas como la Escuela Popular Claretiana, la Escuela Popular de Aipe, el Programa de Alfabetización Progresemos, nos permitió darle una estructura dinámica y flexible al Centro de Estudios, dando prioridad a las innovaciones pedagógicas, las reflexiones sobre lo pedagógico y el estudio de una Ley de democratización de la Educación. 

Fueron múltiples las acciones desarrolladas entre las que se destacan los Talleres de Autogestión Capacitadora, de Innovaciones Pedagógicas e Investigación Educativa, Seminarios de Formación de Docentes, formulación de Planes de Desarrollo Educativo y la realización de la Primera Asamblea Pedagógica Regional. Además de nuestra reconocida participación en múltiples eventos de reflexión pedagógica convocados por el CEID-FECODE. 

El CEID- ADIH fue un espacio abierto, participativo y crítico, de articulación, reflexión y diseminación de múltiples experiencias sobre el quehacer educativo y pedagógico de los docentes del Huila. Cuestionó viejos paradigmas y prácticas pedagógicas y estimuló, además, la vinculación de algunos docentes de la Universidad Surcolombiana para formular iniciativas como el Programa de Comunicación y Creatividad para la Docencia, el fortalecimiento de la investigación en Educación Popular y en la realización de programas de Formación Pedagógica para la Transformación de Conflictos y la Construcción de Ciudadanía. Se reconoce el sentido que tiene para los educadores y las comunidades las investigaciones sociales que surgen de la dinámica de la movilización social y pedagógica con metodologías participativas de interacción de saberes desde la acción.

En este contexto de luchas sociales y del Movimiento Pedagógico se explica nuestra participación en diferentes procesos investigativos destacando la adhesión a la Pedagogía Liberadora de Freire que plantea el diálogo y la investigación como soportes fundamentales del proceso educativo. Invita a los actores del proceso educativo a formar sujetos críticos y reflexivos, con conciencia colectiva de cambio, de transformación; a que se parta de su práctica concreta, se vaya a la teoría y se vuelva a la práctica transformada. 

Como Investigador del Grupo Interuniversitario de Trabajo en Educación Popular de Adultos (Uniantioquia, Usco, Univalle, UPN, Unicauca) participé del Macroproyecto de Investigación sobre Experiencias Significativas en Educación Popular de Adultos en Colombia. OEA-PMET-Colciencias. 1988-1995 que se ocupó de la sistematización de estudios de caso, como el Centro Comunitario Timanco de Neiva, desde las lógicas internas de los participantes para derivar pautas para la educación Popular de Adultos y, entre ellas, la construcción de modelos pedagógicos de EP tanto en los aportes conceptuales como metodológicos.

Grupo Alianza: Universidad de los Andes, Universidad Autónoma de Manizales, Red Prodepaz, Asociación de Fundaciones Petroleras (AFP), Universidad de Harvard-Colciencias. Proyecto de investigación “Empoderamiento de las comunidades desde los programas de desarrollo y paz y las fundaciones petroleras”, donde compartimos con el profesor Aldemar Macías. El objeto de la investigación fue describir y comprender el significado de las experiencias de la Educación Popular para la Democracia y la Paz.

Una de las experiencias fue la sistematización del Diplomado en Formación Pedagógica para la transformación de Conflictos y la Participación Ciudadana, referida a los escenarios, actores, propósitos, bases conceptuales y metodología y los resultados que se evidenciaron en El Mapa de Conflictos, La socialización de Estudios de Caso y los hechos públicos de paz.

Este Diplomado fue producto de un Convenio entre la Universidad Surcolombiana a través de la Facultad de Educación y la Gobernación del Huila y se desarrolló en las 10 Comunas de Neiva y los Municipios de Aipe, Campolegre, Palermo, Rivera, Tello y Villavieja. Participaron como especialistas William F Torres, Miriam Oviedo, David Plata, Esperanza Cabrera, Isabel Cristina Gutiérrez con 10 asesores de campo, estudiantes de Educación para la Democracia y Comunicación Social y Periodismo y Lengua Castellana.

Se formaron aproximadamente 400 líderes, ediles, miembros de Juntas de Acción Comunal, Comités Cívicos, Veedores, personeros estudiantiles, profesores en ciencias sociales, entre otros.

Entre las conclusiones se destaca que la formación en y para el conflicto se fundamenta en lo que Freire denominó “la pedagogización de la política y la politización de la pedagogía” y que debe partir de la comprensión de la unidad compleja de la naturaleza humana, las características cerebrales mentales y culturales del conocimiento humano y las formas de comunicación y expresiones simbólicas para propiciar el autorreconocimeinto de la identidad personal y cultural, individual y colectiva.

La Investigación El Quimbo, extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia, publicado en el 2017 fue producto de 10 años de trabajo. Se propuso comprender cómo la lógica de acumulación de capital basado en la implacable competencia explica la destrucción de los equilibrios naturales y la intensificación de la disputa global por los Bienes Naturales y Culturales Comunes -BNCC- entre dos proyectos: uno que resiste por la autoafirmación, la soberanía, la autonomía y el poder territorial para el Buen Vivir y otro, por el control corporativo de nuestros territorios sustentado en el modelo extractivista, financiarista que despoja a las comunidades, destruye los territorios con potencialidad agroalimentaria, menoscaba la soberanía territorial, afecta las cuencas hídricas, deteriora los suelos fértiles y depreda la biodiversidad a manos de empresas transnacionales y multinacionales que exportan sus ganancias sin importar la destrucción de nuestros ecosistemas.

Educar en y desde las resistencias como fuente de poder alternativo y espacio de construcción de una eco-sociedad humana como respuesta a la crisis civilizatoria y expresión política en oposición radical a toda forma de capitalismo verde. Las resistencias se expresan en la movilización contra la imposición de los megaproyectos en los territorios y a los espacios comunitarios donde permanece la vida, como la autogestión comunitaria de modelos de aprovechamiento de los bienes comunes, en procesos agroecológicos y de recuperación de semillas, en la producción de energías alternativas, en la recuperación del trueque y de mercados locales, en la agricultura urbana, en distintas formas de movilidad sustentables, en diálogos entre el campo y la ciudad, en la recuperación de la ancestralidad, de reservas campesinas agroecológicas y productivas, de procesos educativos desde el saber popular y ambiental y para la construcción colectiva de conocimiento. 

Destaca cómo las “víctimas del desarrollo” se transforman en actores de la resistencia y el conjunto de acciones que desde lo local hasta lo global se van tejiendo para transformar un conflicto de intereses antagónicos, entre los actores de la resistencia y los del Estado corporativo, donde la única posibilidad de defender el territorio y la vida es el fortalecimiento permanente de la movilización social y su articulación con los procesos de resistencia contra el extractivismo a nivel nacional e internacional.

La reconstrucción del proceso histórico de la resistencia contra el extractivismo y, específicamente, contra el PHEQ parte de reconocer las visiones de resistencia desde sus actores y los imaginarios que pretenden ser destruidos y /o silenciados a través de todo el proceso de disputa por el control territorial, donde, en una interacción de conocimientos, saberes, experiencias de organización y acción se van formando otros referentes de identidad individual/colectiva, contra la explotación, exclusión, discriminación, despojo, desplazamiento, ecocidio y destrucción del Patrimonio Cultural Común y al mismo tiempo, construcción de poder y autogobierno de los sectores subalternos, actores ecosociales plurales, que se oponen a la imposición de megaproyectos minero energéticos de las corporaciones transnacionales para la acumulación de capital.

Participar en la resistencia y reconstruir lo vivido hace visible y comprensible los aprendizajes y retos para avanzar en la construcción de otra alternativa al capitalismo. El proceso de investigación desde la acción permitió rescatar la dimensión histórica de la resistencia desde el colonialismo hasta el neocolonialismo. La resistencia lleva implícita una alternativa de poder. Es decir, es fuente de nuevo derecho y de nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza y con nosotros mismos desde una perspectiva colectivista, entendiendo que las diferencias individuales, también son producto de la forma como interactuamos: de "cada quien según su capacidad a cada quien según su necesidad" (Marx). La resistencia desde lo local contra el PHEQ hace parte de la lucha global contra el modelo extractivista de reprimarización de la economía y sus proyectos megamineros e infraestructurales y la necesidad de construir un nuevo Sujeto Ecosocial Plural y el Poder Territorial.

Desde la resistencia nos apropiamos del paradigma ecocéntrico de las relaciones naturaleza humanidad contra los discursos de “desarrollo sostenible” que hacen parte del pensamiento ambientalista de mercado para el fortalecimiento del capitalismo verde corporativo. El argumento central es que el “crecimiento” infinito, sustentado en el valor de cambio, se soporta, de una parte, en la extracción intensiva de los BNCC, es decir, el ecocidio y, de otra, la explotación de la fuerza de trabajo y la acumulación por despojo que tiene por objetivo mantener el sistema actual, trasladando a los sectores empobrecidos la crisis de sobreacumulación del capital, razón por la cual hablar de responsabilidad social empresarial desde la perspectiva del mercado es otra forma de alienación. La comprensión de estos fenómenos es fundamental para rechazar las propuestas que desde muchas ONGs plantean como estrategia la “negociación con las transnacionales” que equivale a la subordinación (asimetría) de “las víctimas del desarrollo” (objetos de mercado) a las corporaciones, donde el Estado, que formalmente se reconoce como garantista de derechos, asume su función real de Estado Corporativo que legisla para la acumulación por desposesión.

La deslocalización del capital intensifica la disputa por el control territorial entre las corporaciones transnacionales para hacer negocios y los actores sociales que habitan sus territorios y defienden su permanencia en los mismos donde construyen sus proyectos de vida.

Esa disputa conduce a la territorialización de las resistencias y su articulación a nivel glocal donde se construye el nuevo sujeto político (indígenas, afros, campesinos, obreros, etc) y su poder popular territorial donde se plantea una ruptura radical con la concepción de partidos de vanguardia y de movimientos sociales sectoriales (fraccionados) donde las nuevas relaciones de poder se construyen desde movimientos ecosociales que buscan liberarse de la ideología productivista del desarrollo y el progreso y se oponen a la expansión infinita del modo de producción y consumo capitalista y/o burocrático que destruye la naturaleza.

El reconocimiento del trabajo de la organización social, en este caso Asoquimbo, obedece fundamentalmente a la visión de resistencia que recupera el conocimiento estrechamente ligado a la transformación de las condiciones materiales y simbólicas de la vida, donde se supera la epistemología centrada en la razón instrumental, por las epistemologías que desde el sur construyen y se apropian de los saberes ancestrales y de los conocimientos que otorgan validez a las prácticas cognitivas de las clases sociales y de los pueblos que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos, por el colonialismo y el neocolonismo.

Además, por sus aportes a la construcción de una Agenda Común y de un movimiento nacional de resistencia articulado a nivel internacional que confronta el modelo extractivista, depredador de la vida y la naturaleza y propone  la sustitución progresiva de la cultura fósil y otro modelo de producción, distribución y gestión de la energía y de definición de prioridades, soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades, sustentado en otras alternativas como la energía solar, eólica, que no afecten los derechos fundamentales individuales y colectivos y, especialmente, el ambiente sano.

Las investigaciones surgidas desde las resistencias nos han permitido profundizar en la necesidad de avanzar en una alternativa pedagógica ecocultural en el contexto actual de crisis de la civilización y del sistema capitalista, de su productivismo y consumo sin límites para acumular capital, que forme seres humanos para la defensa de la vida, donde la producción de los conocimientos sea compartido con las familias, las comunidades, los movimientos sociales.

Donde la enseñanza esté relacionada con la comprensión de la naturaleza como ser vivo y el impacto de los ecosistemas como fuente del Buen Vivir. Pero al mismo tiempo en la interacción del aprendizaje con los contextos naturales y sociales.

En ese sentido, los actores educativos asumen su identidad como seres sociales transformadores de la realidad, quienes organizan los currículos y saberes participativamente a partir de los diferentes subsistemas del entorno natural y social que intervienen en el proceso de construcción colectiva del conocimiento y de los saberes.

¿Cuál sería la estructura del proceso pedagógico ecocultural?

Intencionalidad transformadora (dimensión filosófica) o fin de la formación: Construcción individual/colectiva del Proyecto de Vida.

Lo esencial, es la opción básica de transformación de un mundo marcado por la injusticia, el desequilibrio y la desigualdad. Es la disposición a trabajar por la construcción de una nueva sociedad, sin excluidos, donde exista la posibilidad y la oportunidad de una vida digna para todos (Peresson, Mariño, Cendales, 1983), (Cadima, 1990). Esto supone un entendimiento claro y a fondo sobre el proyecto social dentro del cual se inscribe y de las acciones a través de las cuales los actores se empoderan para luchar por esa transformación (Núñez, 1985), (Jara, 1986).

Pertinencia Social de los contenidos (dimensión epistemológica,) relacionada con la construcción del conocimiento y los saberes para el empoderamiento social fundamental para la transformación de las condiciones sociales de existencia.

El punto de partida es el mundo de lo real desde donde se construyen los movimientos de resistencia, alternativos, que reconocen que la organización misma es educadora. Los actores sociales organizan cooperativamente la coproducción del conocimiento mediante un proceso de planeación que incluye, la exploración de los problemas y conflictos del contexto natural y social, sus expresiones simbólicas, la sistematización, la socialización, la acción transformadora y la valoración como praxis social. (Celestín Freinet, Paulo Freire, Fals Borda IAP)

La construcción colectiva de prácticas, saberes, conocimientos y acciones ocurre, especialmente, en medio de situaciones de conflicto, razón por la cual se reconoce la pedagogía del conflicto, donde la resistencia es concebida como acción argumentada y propuesta alternativa, referente de identidad individual/colectiva que implica oposición radical contra toda forma de poder, explotación, exclusión, discriminación y, al mismo tiempo, construcción de poder y autogobierno de los sectores subalternos. La resistencia como referente de análisis expresa la lógica de confrontación de poderes y la forma como pretenden legitimarse en la práctica social.

La organización de los contenidos debe fundamentarse en una visión ecocéntrica de  la relación entre naturaleza y cultura, además de la comprensión del contexto en otra forma de Planeación y Transición socioecológica, es decir, “de volver a aprender a planificar nuestras economías en función de nuestras prioridades colectivas y no en función de criterios de rentabilidad". Una transición desde lo público y lo comunitario hacia las energías renovables, la agroecología, una agricultura campesina biológica basada en unidades familiares, cooperativas o granjas colectivas, contra los agronegocios.

Los núcleos problemáticos básicos: El extractivismo y diferentes factores que aumentan el surgimiento de las zoonosis (enfermedades transmitidas de animales a humanos): deforestación y cambios en el uso del suelo, el comercio ilegal de la vida silvestre, la agroindustria y la agricultura y ganadería intensivas, la resistencia antimicrobiana, la crisis climática, la transición energética, etc.

Núcleos esenciales relacionados con la estructura ecológica principal, en sus componentes de suelo, agua, biodiversidad, paisaje, y su incidencia negativa en el cambio climático y en la generación de riesgos en las vidas humanas, derivada del extractivismo.

Relaciones pedagógicas (dimensión pedagógica)

El punto de partida, a mi juicio, es comprender que toda relación pedagógica es una relación de poder, de control y de dominio. En el contexto del capitalismo y su expresión neoliberal, la relación pedagógica, está mediada por la mercantilización de la vida en general y del conocimiento en particular.

Se trata de romper con las relaciones de dominio, (vigilar y castigar) de las asimetrías educador estudiante/comunidad por relaciones de cooperación, intersubjetivas, dialógicas "nadie enseña a nadie, nos educamos en comunidad". (Freire)

Lo pedagógico se asume desde las pedagogías liberadoras, como la ecocultural, fundamentadas en los postulados básicos formulados por Freire e intentan superar a la pedagogía crítica por cuanto asumen lo pedagógico como una reflexión específica de los procesos de organización de cualquier actividad educativa teniendo en cuenta que muchas de ellas son movimiento social al mismo tiempo que práctica educativa (Gutiérrez, 1985; Jara, 1986; Mejía, Awad, 2000; Núñez, 1985)

La pregunta por la exclusión, la segregación, la marginación, la desigualdad y la represión está presente en los procesos metodológicos, es decir, se lee la realidad para transformarla, no simplemente para comprenderla. Por ello, la propuesta metodológica debe contener formas específicas que den cuenta de los procesos de empoderamiento de los excluidos a través del hecho educativo como materialización del proyecto de emancipación social.

La participación es el eje del proceso de coproducción del conocimiento y los saberes. Se concibe como la ruptura, por medio de vivencias, de la relación asimétrica de sujeto a objeto de sumisión, dependencia, explotación y opresión que existe entre las personas, los grupos y las clases sociales (Fals, 2000).

Impacto individual y colectivo (dimensión psicosocial). Es la valoración individual/colectiva del proceso donde es fundamental comprender cómo se produce la individuación de lo social y el crecimiento por efecto de la zona proximal de desarrollo. (Vigotsky).

Para evaluar el impacto se requiere del seguimiento que da cuenta del desarrollo de la actividad y del cumplimiento de las tareas planificadas por sus miembros en los diferentes momentos para lograr ese progresivo empoderamiento, razón por la cual las prácticas educativas son procesos de transformación permanente en la vida de los actores y de las comunidades de acción.

El seguimiento debe tener muy claro la naturaleza de los conflictos y las formas de resolverlos de tal manera que pueda entender y colocar sus transformaciones en un ámbito que permita su crecimiento y su empoderamiento a través de su constitución, su acción y su vinculación como actor social.

También es básico para avanzar en los procesos de sistematización e investigación específicas como el trabajo de producción teórica permanente, especialmente en estos momentos en que el auge neoliberal insiste en la pérdida del sentido de la acción crítica y el marcado énfasis empírico que ha predominado en el desarrollo del quehacer de la educación (Mejía, Awad, 2003).

La resistencia en lo personal significa un escenario donde se construyen y/o confluyen las memorias ejemplares. Las que hoy reafirman el verdadero sentido de la vida, de la ruptura y el encuentro desde nuestra presencia en la Huelga Petrolera de 1971 en Barranca, en las Marchas Campesinas desde el Sur, en las movilizaciones creativas de los maestros desde las regiones hasta el centro, en las manifestaciones por la autonomía y democracia universitarias y la que hoy resume el sentido de pertenencia y soberanía: la defensa de nuestro territorio, el agua, la biodiversidad, y el Poder de las Comunidades.

Por las anteriores razones, mi mejor homenaje a “las víctimas del desarrollo” es convocarlos siempre a resistir porque ‘quien no lucha, jamás comprenderá el sentido de la vida’.

Miller Armín Dussán Calderón

Fundador y directivo asesor de Asoquimbo.

 

 

REPARACIÓN DE “VÍCTIMAS DEL DESARROLLO” DEMANDA VERDAD, JUSTICIA Y NO REPETICIÓN

REPARACIÓN DE “VÍCTIMAS DEL DESARROLLO” DEMANDA VERDAD, JUSTICIA Y NO REPETICIÓN

 

Intervención de Miller Dussán, fundador de Asoquimbo, durante el Acto de Reparación realizado en Gigante Huila el 20 de septiembre de 2024

En este lugar, presidente Petro, donde  aún se escucha el eco de la Voz de Matambo recuperada por Mirthayú y se rememora la existencia de la emblemática Ceiba de la Libertad, sembrada en octubre de 1851 en el parque principal de Gigante por orden del presidente José Hilario López para celebrar la abolición de la esclavitud en Colombia,  el Gobierno Nacional nos convoca al Acto de Reparación de Victimas del Estado y de la transnacional ENEL, con la entrega de tierras, después de 15 años de impuesto a través de la fuerza la construcción del Proyecto Hidroléctrico El Quimbo por el expresidente Alvaro Uribe quien nos anunció “El Quimbo va porque va”, de manera dictatorial.

El Acto coincide con el fallo de nulidad parcial de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico por parte del Consejo de Estado al reconocer una de las pretensiones de la demanda interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Ambiental Tierra Digna y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Asoquimbo consistente en que al momento de la expedición de la Resolución 0899, no existían tierras en el área de influencia directa del proyecto aptas para desarrollar actividades agrícolas. Para la Sala, la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del PHEQ presentó deficiencias “en razón a que no caracterizó adecuadamente los impactos socioeconómicos del proyecto El Quimbo, en el componente productivo del sector agrícola, y más grave aún, no estableció obligaciones apropiadas para compensar tales afectaciones”.

Como consecuencia de la aprobación irregular de la Licencia, sin la participación social, sin el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, sin la sustracción del área protectora de la Amazonía, diversos sectores sociales, entre los que hoy se encuentran aquí, fueron presionados a abandonar sus territorios, fenómeno denominado “desplazamiento por desarrollo” o acumulación por despojo, generando “víctimas del desarrollo”, debido a la destrucción de los medios de vida y por el desplazamiento al que se someten de manera forzada. Varias de estas poblaciones, presidente, también fueron víctimas del conflicto armado.

El despojo y el ecocidio conducen a una situación de violación múltiple de derechos, entre ellos, el Derecho a vivir dignamente en el Territorio, que impacta a su vez sobre un número masivo de personas, por la destrucción de la actividad agrícola y de toda la cadena productiva, sin garantías de restitución de la misma y del cumplimiento de las compensaciones y obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental.

El Estado y la transnacional ENEL, utilizaron todas las formas para justificar la imposición del negocio a nombre del progreso como el engaño, la estigmatización, las amenazas, las demandas judiciales contra el derecho a la protesta social y la violencia institucional.

No obstante, las Victimas respondieron con la creación de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo y declararon la Resistencia Civil Permanente, Pacífica y Argumentada, contra  la construcción de la represa El Quimbo y el modelo extractivista minero energético de acumulación por despojo, por la Defensa del Territorio, la Biodiversidad Natural y Genética, el Macizo Colombiano y los derechos de las comunidades víctimas del PHEQ y reconoció como único interlocutor válido al Estado debido a que otorgó la Licencia Ambiental y, en consecuencia, debe responder por todos los daños económicos, socioambientales, culturales, incluidos los sobrevinientes causados por la Empresa ENEL y por su omisión al no cumplir con las obligaciones de seguimiento y los compromisos establecidos en dicha Licencia.

Múltiples acciones de investigación, movilización, comunicación, jurídicas fueron decisivas para que desde la institucionalidad a nivel local, regional, nacional e internacional se reconociera la validez de la resistencia como fuente de conocimiento y de poder de campesinos, pescadores y mineros artesanales, madres cabeza de familia, paleros, partijeros, entre otros, que hoy están en este lugar, expresando su indignación por los daños irreparables causados a sus vidas y a los ecosistemas, pero al mismo tiempo con su rostro erguido de haber logrado el inicio de la ruta de reparación con la entrega de al menos 3000 hectáreas de tierras.

Toda reparación exige verdad, justicia y no repetición trátese de las víctimas del conflicto armado o las víctimas del desarrollo.

Hay que reconstruir desde los testimonios de las víctimas la memoria histórica de los conflictos ocasionados por el desplazamiento y el ecocidio causado por el estado en convivencia con las corporaciones transnacionales. Pero también desde los múltiples estudios que dan cuenta de dichos conflictos, tales como,  el Informe de Misión El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia, de la CIJ que le da la razón a la organización al concluir que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

Pero igualmente la Sentencia T 135 del 2013 de la Corte Constitucional que ordena la reparación por vulneración de derechos y plantea otras alternativas de generación de energía.  El Decreto 1277 del mismo año que priorizó a las víctimas de ENEL y el Estado al establecer un programa especial de Dotación de Tierras; los cuatro Informes de Auditoría a la ANLA realizados por la Contraloría General de la República -CGR- donde se demandan investigaciones de carácter disciplinaria y penal por no ejercer sus funciones de seguimiento y actuar a favor de la Empresa y, múltiples trabajos que aportan a la reconstrucción de la verdad.

Para tal fin, señor presidente, se propone la instalación inmediata de una Mesa Nacional de Reparación de Víctimas de todos los proyectos energéticos, HidroItuango, Hidrosogamoso, Urrá, Salvajinas, Anchicayá, entre otros, que hacen parte del Movimiento Colombiano Ríos Vivos; de los proyectos de minería a gran escala; de agronegocios, de las víctimas del extractivismo verde como los Proyectos REDD, que han sido estafas por las empresas desarrolladoras con los denominados Bonos de Carbono, como viene ocurriendo en el Macizo Colombiano y en todo el país y que nos proponemos abordar en la COP16 porque no podemos aceptar que se continue mercantilizando la naturaleza en beneficio del capital transnacional.

Asoquimbo está dispuesta a contribuir con todo el proceso de reconstrucción de la memoria para que el Estado cumpla con su obligación de reparar a miles de víctimas del desarrollo. Pero al mismo tiempo a exigir que estas tierras sean destinadas a la producción agroecológica con garantías de asistencia técnica y de comercialización de sus productos como un aporte a la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y a la defensa de la Vida, amenazada por el afán de producir y acumular riquezas al infinito contra los límites biofísicos del planeta, causando la mayor crisis socioambiental de la historia.

“Quien no lucha, Jamás comprenderá el sentido de la Vida”

 Muchas gracias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARACIÓN DE “VÍCTIMAS DEL DESARROLLO” DE ENEL Y EL ESTADO EN EL HUILA

REPARACIÓN DE “VÍCTIMAS DEL DESARROLLO” DE ENEL Y EL ESTADO EN EL HUILA

 Foto victima de desalojo forzado en la Zona de El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, anunció #mce_temp_url#que el 20 de septiembre de 2024 “iniciará la ruta de reparación de las víctimas del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo con la entrega de al menos 3000 hectáreas de tierras, después de 15 años de espera y de sacrificio”.

El anuncio coincide con el fallo de nulidad#mce_temp_url# parcial de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo por parte del Consejo de Estado al reconocer una de las pretensiones de la demanda interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Ambiental Tierra Digna y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Asoquimbo consistente en que al momento de la expedición de la Resolución 0899, no existían tierras en el área de influencia directa del proyecto aptas para desarrollar actividades agrícolas. Para la Sala, la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del PHEQ  presentó deficiencias “en razón a que no caracterizó adecuadamente los impactos socioeconómicos del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en el componente productivo del sector agrícola, ni estableció obligaciones apropiadas para compensar tales afectaciones”.

Con la aprobación irregular de la Licencia Ambiental y la imposición del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo por la empresa ENEL EMGESA y el Estado, diversos sectores sociales se vieron obligados a abandonar sus territorios fenómeno denominado “desplazamiento por desarrollo” o acumulación por despojo, generando “víctimas del desarrollo”, debido a la destrucción de los medios de vida y por el desplazamiento al que se someten de manera forzada. Varias de estas poblaciones también fueron víctimas del conflicto armado.

El desplazamiento forzado conduce a una situación de violación múltiple de derechos, sean ellos de tipo civil y político, o de tipo económico, social y cultural, que ocurren a su vez sobre un número plural y masivo de personas, razón por la cual surge Asoquimbo que desde su fundación declaró la Resistencia Civil Permanente contra la construcción de la represa El Quimbo por la Defensa del Territorio, la Biodiversidad Natural y Genética, el Macizo Colombiano y los derechos de las comunidades víctimas del PHEQ y reconoció que el único interlocutor válido es el Estado debido a que otorgó la Licencia Ambiental y, en consecuencia, debe responder por todos los daños económicos, socioambientales, culturales, incluidos los sobrevinientes causados por la Empresa ENEL y por su omisión al no cumplir con las obligaciones de seguimiento y compromisos establecidos en dicha Licencia.

En coherencia con lo anterior, Asoquimbo, Tierra Digna y RIDH Peticionan#mce_temp_url# a la ONU Evaluar el Caso del Quimbo ante las graves violaciones a los Derechos Humanos por parte del Gobierno Colombiano y la Empresa ENEL. 

Además, La Comisión Internacional de Juristas -CIJ- Informe de Misión El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia, le da la razón a la organización al concluir que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”. https://www.refworld.org.es/pdfid/57f795ac1c.pdf.

La reparación anunciada por el Gobierno con la adjudicación de tierras demandada por Asoquimbo desde su fundación es el resultado de 15 años de resistencia argumentada, reconocida a nivel institucional por la Corte Constitucional en la Sentencia T 135 del 2013, en el Decreto 1277 de 2013 que priorizó a las víctimas de ENEL y el Estado al establecer un programa especial de Dotación de Tierras; en cuatro  Informes de Auditoría a la ANLA realizados por la Contraloría General de la República -CGR- donde se demandan investigaciones de carácter disciplinaria y penal por no ejercer sus funciones de seguimiento y actuar a favor de la Empresa y que producto de las movilizaciones recientes obligaron al gobierno actual a reparar en parte a las víctimas al incluirlas en el Programa de Reforma Agraria.

Es el inicio de una ruta de reparación de daños causados por ENEL y el Estado que se espera con la orden del Consejo de Estado a la ANLA de modificar la Licencia Ambiental realizar los estudios necesarios para valorarlos y cuantificarlos con la participación de las víctimas del desarrollo.

ENCUENTRO “SALVAR EL RÍO MAGDALENA”

ENCUENTRO “SALVAR EL RÍO MAGDALENA”

El 23 de agosto de 2024 se realizará en el Auditorio Olga Tonny Vidales de la Universidad Surcolombiana de Neiva, a partir de las 8 de la mañana, el Encuentro “Salvar el Río Magdalena”, convocado por el Macroproyecto Defensa Territorial DESCA USCO, El Movimiento Social Defensores del Territorio, la Fundación Salvar el Río Magdalena, La Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila – ASOCOOPH y Unidad Solidaria.

El propósito del Encuentro es avanzar en la articulación de diversas organizaciones sociales y ambientales con el compromiso de definir una Agenda Común y un Plan de Acción para la defensa, recuperación y restauración ecológica de la Cuenca del Río Magdalena como parte de la resistencia contra el capitalismo depredador de todas las exptresiones de la vida.

Caben destacar recientes propuestas que coinciden en el anterior propósito.

Durante los días 22 y 23 de julio de 2024 en Ibagué, se constituyó la Fundación “Salvar el río Magdalena”, propuesta por el escritor William Ospina, apoyada por gestores sociales y culturales del Tolima y Huila. En esta oportunidad se destacó la Movilización el Río de la Vida realizada en el año 2015 desde el Macizo Colombiano hasta la Dorada contra el Plan Maestro de Privatización del Río Magdalena logrando impedir la construcción de 17 megaproyectos de generación de energía que atentan contra la soberanía nacional al entregar nuestro principal Bien Público, a corporaciones transnacionales para la acumulación de capital a través del despojo y el ecocidio. 

Además, se recuperó la cosmovisión de los Panches que desde hace siglos se definían sobre todo como hombres del río, como hijos del río. ¡Somos el Río!. Por su parte, nuestro escritor Ospina, después de un ritual en la Maloca Yanacona, San Agustín, expresó: “Nosotros no sólo somos los defensores del río: nosotros somos el río. “No hay agua sin mares que se evaporen, sin bosques que fundan nieblas, sin páramos que condensen la humedad, sin humedales que filtren, sin ciénagas que oxigenen. El agua no es un líquido, no es solo un elemento, el agua es un sistema, y en Colombia es el mejor ejemplo que se puede mostrar de como el territorio puede estar configurado con una inmensa fábrica de agua. Pero Colombia también es el mejor ejemplo de cómo un país puede ignorar su realidad más profunda, y dormir sobre un tesoro como el dragón del cuento, sin aprender a qué se debe este tesoro, sin saber cómo protegerlo”.

A raíz de la COP 16, Grupos de Ambientalistas y Defensores del Territorio están convocando a participar en una Cumbre Ambiental Autónoma Divergente y Alternativa, organizada en un Gran Encuentro Popular Ambiental contra “las estrategias y planes delineados en el Marco Global sobre Biodiversidad Kunming Montreal Canadá suscrito en le COP 15 que es el Instrumento de implementación de la Convención en los países miembros para la planeación de la biodiversidad biológica que busca establecer un mecanismo multilateral para fijar una distribución financiera de los beneficios del uso de la información de secuencias digitales sobre recursos genéticos; que es el insumo de la biotecnología farmacéutica y del mercado agroquímico; también de armas biológicas y patógenos contra las luchas de los pueblos, por parte de las grandes potencias del norte global, a nombre supuestamente de la “Paz y la Democracia”. Está previsto el debate sobre el Plan Nacional de Biodiversidad, la militarización de la Amazonía, el proyecto militar en la Isla Gorgona, el extractivismo minero energético, la mercantilización y financiarización de la biodiversidad, el canje de deuda por naturaleza, expresión del coloniaje financiero, los Proyectos REDD y la farsa de los créditos de carbono que desterritorializan a las comunidades campesinas y étnicas y atentan contra la soberanía alimentaria; la transición energética corporativa y por la Defensa de nuestros Territorios, el autogobierno, la autodeterminación y la autonomía, y, especialmente, las cuencas de los Ríos Magdalena y Cauca

Es un hecho que “el Rio de la Vida” está muerto. La totalidad de la tierra útil de las riberas es propiedad privada.  La pérdida gigantesca de los conectores naturales y sus ecosistemas locales y territoriales. La contaminación de las aguas por las actividades extractivas minero energéticas afecta todos sus afluentes y destruyen los ecosistemas, la productividad tradicional y cultural ancestral de los pueblos ribereños. La destrucción de la riqueza ictiológica, el caso más emblemático, es el bocachico, de cuya venta se sostienen 150.000 pescadores en todo el territorio. No cesa la violencia contra los líderes sociales, especialmente los defensores de los derechos de la naturaleza. Un caso de extrema gravedad es convertir el Macizo Colombiano en un sumidero de carbono.

“Los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán”, sentenció el capitán Iturbide en el General en su Laberinto, al referirse a la manera como las tripulaciones de los barcos hacían destrozos en los bosques de las riberas del río Magdalena para alimentar las calderas de vapor. Quizá sí, porque contrario al capitán Iturbide, en muchos tramos del río los peces ya no necesitan aprender a caminar sobre tierra porque son los peces mismos los que están dejando de vivir ante las aguas represadas”. Carlos Salgado Prólogo al libro Extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia.

Gabriel García Márquez, en sus memorias, (2002) reafirma la destrucción anunciada que ya había trabajado en sus novelas y que ahora ni el amor parece poder revertir: “Hoy el río Magdalena está muerto, con sus aguas podridas y sus animales extinguidos. Los trabajos de recuperación de que tanto han hablado los gobiernos sucesivos que nada han hecho, requerirían la siembra técnica de unos sesenta millones de árboles en un noventa por ciento de las tierras de propiedad privada, cuyos dueños tendrían que renunciar por el solo amor a la patria al noventa por ciento de sus ingresos actuales. Valdría la pena preguntar cuáles serían los propietarios que tendrían la amabilidad de ceder el 90% de sus tierras sólo para sembrar árboles y renunciar en consecuencia al 90% de sus ingresos actuales”.

Los movimientos sociales deben exigir al Estado Colombiano reconocer como sujeto de derechos y de especial protección a las ecorregiones y los ecosistemas que integran el río Magdalena como un territorio estratégico de la nación.

Es de especial importancia la convocatoria a la Consulta Popular y el impulso de la Mesa de Afectados del río Magdalena y coordinar acciones de movilización en defensa del “Rio de la Vida”

 

Conflictos y Transiciones en el ordenamiento territorial alrededor del agua del Alto Magdalena.

Conflictos y Transiciones en el ordenamiento territorial alrededor del agua del Alto Magdalena.

 

CONVERSATORIO VIRTUAL

31 de mayo 2024 4 pm

¿CÓMO ORGANIZAR EL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA?

Ponencia a nombre del Macroproyacto Institucional Defensa Territorial de la Universidad Surcolombiana que desde el 2015 viene realizando acompañamiento al proceso organizativo de Defensa de la Cuenca del Rio Magdalena en el Departamento del Huila para la  garantía y restablecimiento de los derechos humanos y los - DESCA - de los afectados por los conflictos generados por la Política Minero Energética, los agronegocios y recientemente, por los fracasados proyectos REDD+ y la estafa de los Bonos de Carbono.

“Treinta años de desarrollo sostenible consolidaron el control corporativo sobre la naturaleza” (Greta Gaard, profesora de la Universidad de Wisconcin.)

El Plan de Desarrollo 2022-2026 estableció el ordenamiento del territorio alrededor del agua como el eje principal de transformación del país y como una de las medidas para que éste se adapte al cambio climático. Según Pesquiza Javeriana se trata de “armonizar el potencial hídrico del país con el derecho fundamental al acceso, democratizar su uso y manejo, promover la protección de los páramos, acuíferos y cuencas, garantizar la conectividad de humedales, recuperar el espacio de los ríos y sus condiciones naturales, proteger la biodiversidad, recuperar los ecosistemas marinos y aprovechar el potencial de absorción de carbono de la Amazonía como adaptación al cambio climático, entre otros aspectos”.

Alguna de las ideas clave se resumen en:

1. El ordenamiento territorial del país es una prioridad, sinembargo no se han logrado solucionar los conflictos socio ambientales, muchos de ellos producidos por el no reconocimiento del agua como derecho fundamental y bien común.

2. Si no se ordena el territorio alrededor del agua, la actividad humana no será sostenible.

3. El país no ha logrado armonizar sus instrumentos de planeación, enfrentando una proliferación de procedimientos y normas ineficaces en su aplicación.

4. La dependencia de las entidades territoriales de las transferencias de la Nación es una expresión del bajo nivel de gestión y apropiación de las potencialidades de la actividad económica en el suelo urbano y rural.

5. La falta de un catastro actualizado con enfoque multipropósito ha profundizado las brechas regionales, y ha llevado a un reparto inequitativo de los costos y beneficios del desarrollo de las actividades económicas en el territorio.

6. Los bajos niveles de formalización de la tenencia y titulación de la tierra y el letargo en el proceso de restitución son una barrera para alcanzar la paz total y superar los conflictos sociales, ambientales y económicos alrededor del uso y, acceso a la tierra. Mientras no se generen las condiciones para un mercado formal de tierras y se mejore en su restitución efectiva, el ordenamiento territorial no podrá ser un instrumento para la paz.

No obstante estas ideas, la pregunta que surge es a qué intereses favorece la organización del territorio alrededor del agua  si se fundamenta en el desarrollo sostenible, que durante más de tres décadas se consolidó el control corporativo sobre la naturaleza que en el caso de nuestro país, clasificado como el segundo más biodiverso del mundo es al mismo tiempo el segundo con más biodiversidad en riesgo y donde más se asesinan ambientalistas? Además, figura en el segundo lugar con mayores conflictos ecológicos con 72 casos sólo por debajo de India que registró 112 conflictos (Atlas Global de Justicia Ambiental) como consecuencia de la imposición de un modelo extractivista minero energético y de agronegocios, profundizado por la estafa de los bonos carbono para el lavado verde “con el cual las empresas extractivas amplían sus fronteras, desplazando comunidades y alterando sus  modos de vida” (Censat, Agua Viva). Dichas comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para poder acceder a la Justicia Ambiental como lo afirma Joan Martinez de la UAB.

El Macizo Colombiano fue incorporado en el Plan de Desarrollo como uno de los ecosistemas estratégicos del Ordenamiento Ambiental Territorial alrededor del agua. Es catalogado por parte de la Unesco como reserva de la biósfera, como un área estratégica a nivel nacional e internacional, dado su significado para la producción de agua, la biodiversidad y los ecosistemas. En la actualidad existe una disputa por el control de los Bienes Naturales y Culturales comunes entre dos visiones: la ecorregión, impuesta por el Estado asociado al Capital y el territorio hidrosocial defendida por los movimientos sociales.

En el 2015, la Segunda Expedición Técnica y Científica al Macizo Colombiano, buscó incidir en la promulgación del documento CONPES 3915 (16 de enero/2018) que establece que éste ecosistema es una “ecorregión” y “una región estratégica para el país. La convergencia orográfica, [... la riqueza ecosistémica y su tipo de suelo generan...] condiciones especiales que favorecen la regulación hídrica y el mantenimiento de una alta riqueza biológica, paisajística y cultural”.

El CONPES Macizo es producto de los Planes Nacionales de Desarrollo a partir de los gobiernos de Uribe y Santos, marcados por la presencia de grandes multinacionales mineras avaladas por el Estado y por la implementación de los denominados “objetivos del desarrollo sostenible” y establece tres estrategias relacionadas con la protección, recuperación y manejo de los ecosistemas, consolidar sistemas productivos sostenibles y fortalecer la gobernanza del Macizo a través de las Alianzas Público Privadas para el logro del “crecimiento verde”, razón por la cual, este modelo de ecorregión se reduce a mitigar daños ambientales producto de actividades agropecuarias y minero-energéticas, legales e ilegales y su mayor preocupación es la apropiación de las funciones de la naturaleza como el ciclo hídrico y el aire, que son Bienes comunes, a nombre de  “servicios ecosistémicos” para el control territorial. Un caso de extrema gravedad es convertir el Macizo Colombiano en un sumidero de carbono para su comercialización a través de la imposición de los Proyectos REDD como una estrategia de despojo de comunidades para la apropiación y control de este ecosistema, de Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena.

Para los movimientos campesinos e indígenas, especialmente del Cauca y Nariño, la lucha por el territorio es una acción cultural por la autonomía y autodeterminación. No reconocen las expediciones ni el CONPES como espacios de conocimiento y reconocimiento del territorio, debido a que su relación con éste se da en consonancia con su plan de vida. Para estas comunidades su relación con el agua, va dando forma al territorio hidrosocial, con distintas visiones sobre el agua como derecho y Bien Natural y Cultural Común y no como un simple “servicio ecosistémico” al servicio del capital corporativo financiero.

Desde la visión hidrosocial, el territorio es “intercultural” donde existe una presencia significativa de comunidades indígenas (10%) y afrodescendientes (7 %) y un alto porcentaje de población campesina y mestiza (83%) que desde sus prácticas han trasformado y apropiado el Macizo convirtiéndolo no solamente en un espacio clave por su riqueza natural y ambiental sino también por las prácticas culturales y encuentros interétnicos que se entretejen en el mismo. Estos grupos poblacionales poseen tierras muy ricas para la agricultura en ecosistemas muy frágiles, afectados por procesos de colonización y amenazados por la locomotora minera, la cual continúa avanzando como columna vertebral del modelo de desarrollo de Colombia.

La construcción social del territorio hidrosocial e intercultural significa potenciar la capacidad de auto organización y movilización en torno a Proyectos colectivos donde se reivindica el derecho al agua contra la creciente expansión de proyectos mineros, los cuales son uno de los factores que más está afectando y transformando las relaciones entre agua, sociedad y Estado en el Macizo, amenazando todo el potencial hídrico.  Es importante resaltar la apuesta por los Territorios Agroecológicos, las Zonas de Reserva Campesina o los Cabildos Indígenas.

Ahora bien. La crisis alrededor del agua no sólo se ha generalizado sino que ha empeorado en todo el continente, debido en gran parte a los altos niveles de contaminación, a los efectos de la sobreexplotación de los Bienes Naturales Comunes por parte de las corporaciones transnacionales que se han apropiado de los territorios para los proyectos extractivos minero energéticos, la superpoblación, la degradación medioambiental y, particularmente, a la distribución inequitativa del vital líquido, lo que a su vez explica la creciente proliferación de conflictos ciudadanos.

En Colombia el 1.1% de los dueños de las concesiones de agua tienen el 62% de su volumen concesionada. Comunidades y organizaciones que defienden el agua, la vida y el territorio, han denunciado que es uno de los países más desiguales en términos de acceso a la tierra y, sobre todo, en relación con los derechos para el uso del agua.

Lo anterior se explica porque de acuerdo con la Ley 373 de 1994, el agua no se reconoce como derecho fundamental sino como un servicio y mediante la Ley 142 de 1994 se privatizó el abastecimiento de agua potable y la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje.

En la constitución de 1991 el agua tiene una connotación paradójica al concebirla como un derecho fundamental y al mismo tiempo como servicio público. Sin embargo, la gestión y el uso eficiente del agua como servicio se impuso a través, primero, la privatización o negación al acceso al agua como bien público en respuesta a las políticas neoliberales de la década de los 90 que redujeron el rol del Estado y promovieron la lógica del mercado para regular la prestación de los servicios. Segundo, la mercantilización como un proceso que construye mercados para la compra y venta del líquido vital y, tercero, la financiarización del agua para proyectos extractivos minero energéticos y agronegocios al servicio de las corporaciones transnacionales.

Las IFIs son las que han generado las condiciones suficientes para consolidar estos mercados. En el caso de América del Sur, en la época dorada de la privatización del agua, el Banco Interaméricano de Desarrollo (BID) condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua, a la incorporación del sector privado.

Cabe destacar que Gabriel García Márquez, en sus memorias (2002) ya se refería a la destrucción anunciada de los bienes hídricos que había trabajado en sus novelas y que ahora ni el amor parece poder revertir: “Hoy el río Magdalena está muerto, con sus aguas podridas y sus animales extinguidos. Los trabajos de recuperación de que tanto han hablado los gobiernos sucesivos que nada han hecho, requerirían la siembra técnica de unos sesenta millones de árboles en un noventa por ciento de las tierras de propiedad privada, cuyos dueños tendrían que renunciar por el solo amor a la patria al noventa por ciento de sus ingresos actuales. Valdría la pena preguntar cuáles serían los propietarios que tendrían la amabilidad de ceder el 90% de sus tierras sólo para sembrar árboles y renunciar en consecuencia al 90% de sus ingresos actuales”.

Desde la creación de Asoquimbo y el Movimiento Social Defensores del Territorio se comprendió que antes de hablar de la organización del territorio alrededor del agua, es fundamental clarificar el agua para quién, para qué y a qué costo, organizar a las comunidades y resistir contra el modelo extractivista minero energético. En consecuencia, realizó la Movilización el Río de la Vida desde el Macizo Colombiano hasta la Dorada contra el Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena, que se propone privatizar el río para megaproyectos de generación de energía (7 represas más para el Huila, 4 de ellas en la Región del Macizo) y transporte de carga que atenta contra la soberanía nacional al entregar el Magdalena, nuestro principal Bien Público, a corporaciones transnacionales para la acumulación de capital a través del despojo y el ecocidio.

Durante esta movilización se recuperó la cosmovisión de los Panches que desde hace siglos se definían sobre todo como hombres del río, como hijos del río. ¡Somos el Río!. Pero también, el escritor William Ospina, después de un ritual en la Maloca Yanacona, San Agustín, expresó: “Nosotros no sólo somos los defensores del río: nosotros somos el río. “No hay agua sin mares que se evaporen, sin bosques que fundan nieblas, sin páramos que condensen la humedad, sin humedales que filtren, sin ciénagas que oxigenen. El agua no es un líquido, no es solo un elemento, el agua es un sistema, y en Colombia es el mejor ejemplo que se puede mostrar de como el territorio puede estar configurado con una inmensa fábrica de agua. Pero Colombia también es el mejor ejemplo de cómo un país puede ignorar su realidad más profunda, y dormir sobre un tesoro como el dragón del cuento, sin aprender a qué se debe este tesoro, sin saber cómo protegerlo”.

La ministra de ambiente afirmó recientemente, a raíz de los Encuentros por el Agua y la energía renovable, que “queremos trabajar en macroproyectos ecológicos de transformación ambiental en ecorregiones estratégicas como el Macizo Colombiano..”

Aún falta clarificar  si ese interés equivale a respaldar como “macroproyectos ecológicos” la imposición en el Macizo Colombiano de los fracasados Proyectos REDD+ y la estafa de los bonos carbono, debido a que para la comercialización de estos bonos, CORMAGDALENA, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y ONF internacional francesa, vienen desarrollando El proyecto agrupado de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal: "Parque Natural Regional: Corredor Biológico PNN Puracé - PNN Cueva de los Guácharos" -REDD Huila – CB- y la  reciente convocatoria para compra de predios a los campesinos a menos precio en el Macizo a nombre de la compensación ambiental, o expresión del extractivismo verde, por los daños causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Huila por parte de Enel Emgesa con el apoyo incondicional de la CAM y alcaldes municipales, sin consulta  previa, violando convenios internacionales como el  reconocimiento del campesinado como Sujeto de Derechos y el Acuerdo  de Escazú, entre otros,

En otros términos, se percibe que la propuesta del gobierno, no es rechazar la mercantilización de la naturaleza, ni del agua en particular, concebida como activo financiero, simple sumidero de carbono, sino “generar capacidades de gobernanza” que favorecen a las corporaciones transnacionales en connivencia con las instituciones públicas contra la autoorganización y autonomía de las comunidades para organizar los territorios para el Buen Vivir.

 

Precisamente, a raíz del Diplomado “Transición Energética Justa y Agroecología, orientado a la Defensa del Macizo Colombiano, Indígenas y Campesinos no sólo rechazaron ese “ambientalismo de mercado” sino que  exigen al Estado cumpla con su deber de garantizar el derecho al territorio y a la autodeterminación de los pueblos, antes que entregarle o concesionarle éste a corporaciones multinacionales extractivistas o a aquellas que prometen hacer “conservación”. Además, se deben garantizar los derechos a la información y participación y a la protección de las comunidades y sus líderes y, para tal efecto, se debe cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de Escazú.

No podemos olvidar que los pueblos indígenas y las comunidades locales son actores claves para lograr el ordenamiento alrededor del agua. Cualquier propuesta de ordenamiento territorial debe incorporar sus saberes ancestrales al ser reconocidas como autoridades autónomas.

La consolidación del control corporativo sobre la naturaleza a nombre del desarrollo sostenible implica construir una nueva visión ecosocial que rompa con el extractivismo minero energético, los agronegocios, los mercados verdes, el productivismo y el consumismo que son contradictorios con los limites biofísicos del planeta y atentan contra la existencia de todas las formas de vida.

Con relación al Macizo Colombiano se requiere articular y movilizar a las organizaciones y movimientos sociales sobre las siguientes bases:

1.- Por tratarse de una región hidrosocial se deben rechazar los proyectos extractivos y, específicamente, el hecho de convertir el Macizo en un sumidero de carbono para su comercialización a través de la imposición de los Proyectos REDD como una estrategia de despojo de comunidades para la apropiación y control de este ecosistema, de Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena. El mercado de carbono hace parte del capitalismo criminal asociado al capitalismo verde.

Corresponde a las comunidades indígenas, campesinas, afros proteger los tres parques Nacionales naturales (PNN), 149 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 5 Parques Naturales regionales, 4 Reservas Forestales Protectoras Nacionales y 1 Reserva Forestal Protectora Regional, razón por la cual es urgente potenciar la defensa del territorio donde dichas comunidades puedan desarrollar sus economías en armonía con el macizo.

La academia debe comprometerse a aportar a la protección de éste ecosistema donde se realice un verdadero diálogo de saberes sobre cómo organizar el territorio de manera autónoma, partiendo de sistematizar de manera colectiva el conjunto de experiencias construidas desde las comunidades como las formas de producción agroecológicas que son compatibles con la conservación de la biodiversidad.

2. Es urgente legislar para que el agua sea un derecho fundamental y un bien común, de acceso universal, potable y contando con el mínimo vital para la población colombiana y rechazar su privatización, mercantilización y financierización a favor de las empresas corporativas.