REPARACIÓN DE “VÍCTIMAS DEL DESARROLLO” DEMANDA VERDAD, JUSTICIA Y NO REPETICIÓN

 

Intervención de Miller Dussán, fundador de Asoquimbo, durante el Acto de Reparación realizado en Gigante Huila el 20 de septiembre de 2024

En este lugar, presidente Petro, donde  aún se escucha el eco de la Voz de Matambo recuperada por Mirthayú y se rememora la existencia de la emblemática Ceiba de la Libertad, sembrada en octubre de 1851 en el parque principal de Gigante por orden del presidente José Hilario López para celebrar la abolición de la esclavitud en Colombia,  el Gobierno Nacional nos convoca al Acto de Reparación de Victimas del Estado y de la transnacional ENEL, con la entrega de tierras, después de 15 años de impuesto a través de la fuerza la construcción del Proyecto Hidroléctrico El Quimbo por el expresidente Alvaro Uribe quien nos anunció “El Quimbo va porque va”, de manera dictatorial.

El Acto coincide con el fallo de nulidad parcial de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico por parte del Consejo de Estado al reconocer una de las pretensiones de la demanda interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Ambiental Tierra Digna y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Asoquimbo consistente en que al momento de la expedición de la Resolución 0899, no existían tierras en el área de influencia directa del proyecto aptas para desarrollar actividades agrícolas. Para la Sala, la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del PHEQ presentó deficiencias “en razón a que no caracterizó adecuadamente los impactos socioeconómicos del proyecto El Quimbo, en el componente productivo del sector agrícola, y más grave aún, no estableció obligaciones apropiadas para compensar tales afectaciones”.

Como consecuencia de la aprobación irregular de la Licencia, sin la participación social, sin el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, sin la sustracción del área protectora de la Amazonía, diversos sectores sociales, entre los que hoy se encuentran aquí, fueron presionados a abandonar sus territorios, fenómeno denominado “desplazamiento por desarrollo” o acumulación por despojo, generando “víctimas del desarrollo”, debido a la destrucción de los medios de vida y por el desplazamiento al que se someten de manera forzada. Varias de estas poblaciones, presidente, también fueron víctimas del conflicto armado.

El despojo y el ecocidio conducen a una situación de violación múltiple de derechos, entre ellos, el Derecho a vivir dignamente en el Territorio, que impacta a su vez sobre un número masivo de personas, por la destrucción de la actividad agrícola y de toda la cadena productiva, sin garantías de restitución de la misma y del cumplimiento de las compensaciones y obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental.

El Estado y la transnacional ENEL, utilizaron todas las formas para justificar la imposición del negocio a nombre del progreso como el engaño, la estigmatización, las amenazas, las demandas judiciales contra el derecho a la protesta social y la violencia institucional.

No obstante, las Victimas respondieron con la creación de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo y declararon la Resistencia Civil Permanente, Pacífica y Argumentada, contra  la construcción de la represa El Quimbo y el modelo extractivista minero energético de acumulación por despojo, por la Defensa del Territorio, la Biodiversidad Natural y Genética, el Macizo Colombiano y los derechos de las comunidades víctimas del PHEQ y reconoció como único interlocutor válido al Estado debido a que otorgó la Licencia Ambiental y, en consecuencia, debe responder por todos los daños económicos, socioambientales, culturales, incluidos los sobrevinientes causados por la Empresa ENEL y por su omisión al no cumplir con las obligaciones de seguimiento y los compromisos establecidos en dicha Licencia.

Múltiples acciones de investigación, movilización, comunicación, jurídicas fueron decisivas para que desde la institucionalidad a nivel local, regional, nacional e internacional se reconociera la validez de la resistencia como fuente de conocimiento y de poder de campesinos, pescadores y mineros artesanales, madres cabeza de familia, paleros, partijeros, entre otros, que hoy están en este lugar, expresando su indignación por los daños irreparables causados a sus vidas y a los ecosistemas, pero al mismo tiempo con su rostro erguido de haber logrado el inicio de la ruta de reparación con la entrega de al menos 3000 hectáreas de tierras.

Toda reparación exige verdad, justicia y no repetición trátese de las víctimas del conflicto armado o las víctimas del desarrollo.

Hay que reconstruir desde los testimonios de las víctimas la memoria histórica de los conflictos ocasionados por el desplazamiento y el ecocidio causado por el estado en convivencia con las corporaciones transnacionales. Pero también desde los múltiples estudios que dan cuenta de dichos conflictos, tales como,  el Informe de Misión El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia, de la CIJ que le da la razón a la organización al concluir que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

Pero igualmente la Sentencia T 135 del 2013 de la Corte Constitucional que ordena la reparación por vulneración de derechos y plantea otras alternativas de generación de energía.  El Decreto 1277 del mismo año que priorizó a las víctimas de ENEL y el Estado al establecer un programa especial de Dotación de Tierras; los cuatro Informes de Auditoría a la ANLA realizados por la Contraloría General de la República -CGR- donde se demandan investigaciones de carácter disciplinaria y penal por no ejercer sus funciones de seguimiento y actuar a favor de la Empresa y, múltiples trabajos que aportan a la reconstrucción de la verdad.

Para tal fin, señor presidente, se propone la instalación inmediata de una Mesa Nacional de Reparación de Víctimas de todos los proyectos energéticos, HidroItuango, Hidrosogamoso, Urrá, Salvajinas, Anchicayá, entre otros, que hacen parte del Movimiento Colombiano Ríos Vivos; de los proyectos de minería a gran escala; de agronegocios, de las víctimas del extractivismo verde como los Proyectos REDD, que han sido estafas por las empresas desarrolladoras con los denominados Bonos de Carbono, como viene ocurriendo en el Macizo Colombiano y en todo el país y que nos proponemos abordar en la COP16 porque no podemos aceptar que se continue mercantilizando la naturaleza en beneficio del capital transnacional.

Asoquimbo está dispuesta a contribuir con todo el proceso de reconstrucción de la memoria para que el Estado cumpla con su obligación de reparar a miles de víctimas del desarrollo. Pero al mismo tiempo a exigir que estas tierras sean destinadas a la producción agroecológica con garantías de asistencia técnica y de comercialización de sus productos como un aporte a la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y a la defensa de la Vida, amenazada por el afán de producir y acumular riquezas al infinito contra los límites biofísicos del planeta, causando la mayor crisis socioambiental de la historia.

“Quien no lucha, Jamás comprenderá el sentido de la Vida”

 Muchas gracias.