“QUIEN LE PONE EL CASCABEL A LA GATANLA"

 

El 22 de abril de 2024, se realizó la Mesa Técnica del Programa de Reforma Agraria, pactada entre el Gobierno Nacional y Asoquimbo.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, -ANT- Juan Felipe Harman, se comprometió con la creación de “un Programa Especial de Reforma Agraria Departamental”, que priorizará a la comunidad afectada por la hidroeléctrica El Quimbo. Expresó que “este programa especial, también será para reparar a muchos de los campesinos que están pendientes de un proceso de subsanación de todo lo que ocurrió durante catorce años de desconocimiento por parte del Estado como víctimas de la represa El Quimbo”.

El compromiso del gobierno con reparar a las víctimas de Enel Emgesa, una de las mayores exigencias de Asoquimbo, había encontrado eco en la Comisión Internacional de Juristas -CIJ- que en su Informe sobre “El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia” (2016) concluye que Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

Además cabe destacar la firma de un “Oficio de Denuncia ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, por incumplimientos por parte de Emgesa (actual Enel)” a campesinos y pescadores artesanales de la zona de influencia de la hidroeléctrica. Al respecto el director de la ANT, manifestó que: “Hemos tomado la decisión de interponer una queja, ante la ANLA, solicitando que investigue a Emgesa porque sabemos, que Enel está incumpliendo las acciones de la licencia ambiental”. Argumentó que “no es posible que hoy la dignidad de los campesinos y campesinas del Huila, se encuentre pisoteada por la falta de voluntad en el cumplimiento estricto de la licencia por parte de una empresa como lo es Enel”.

El problema está en quien le pone el cascabel a la gata ANLA, debido a que hasta la fecha la CGR ha realizado 3 Informes de Auditoría a la ANLA. En el Primero, “Informe Final, Actuación Especial de Seguimiento a Denuncias Ciudadanas para exigir el Cumplimiento de Obligaciones Ambientales en la Actual Construcción de Hidroeléctricas 2013”, se establecieron  14 hallazgos administrativos, uno con presunta incidencia disciplinaria. En el segundo, Informe vigencia 2016, la CGR estableció 39 hallazgos administrativos, de los cuales 10 tienen alcance disciplinario y en el del 2020, Auditoria de Cumplimiento de Obligaciones Ambientales establecidas por la Licencia Ambiental, se registran dieciocho (18) hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal". Sin embargo, ningún organismo de control disciplinario ni fiscal ha actuado para sancionar a la ANLA y a todos los responsables de los delitos por daños Económicos, Socioambientales y al Patrimonio Cultural del Departamento y de las víctimas de Enel Emgesa y el Estado.

A quien corresponderá garantizar que la ENEL cumpla, si la ANLA, la institución responsable de vigilarla y hacerle cumplir las obligaciones establecidas en la Licencia se ha caracterizado por actuar como “notaria de la transnacional” o como la califica la CGR: “La ANLA ha sido un observador pasivo frente a las continuas reclamaciones de la comunidad. La ciudadanía no ha encontrado en la ANLA, el interlocutor público que atienda los presuntos incumplimientos a las obligaciones dispuestas en la Licencia Ambiental de la hidroeléctrica El Quimbo”.

Corresponde directamente a la presidencia de la República obligar directamente o acudir a los mecanismos institucionales para que la  ENEL cumpla con todas las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y asumir la responsabilidad de reparar a todas las víctimas como  lo exige la Comisión Internacional de Juristas.