Conflictos y Transiciones en el ordenamiento territorial alrededor del agua del Alto Magdalena.
CONVERSATORIO VIRTUAL
31 de mayo 2024 4 pm
¿CÓMO ORGANIZAR EL TERRITORIO ALREDEDOR DEL AGUA?
Ponencia a nombre del Macroproyacto Institucional Defensa Territorial de la Universidad Surcolombiana que desde el 2015 viene realizando acompañamiento al proceso organizativo de Defensa de la Cuenca del Rio Magdalena en el Departamento del Huila para la garantía y restablecimiento de los derechos humanos y los - DESCA - de los afectados por los conflictos generados por la Política Minero Energética, los agronegocios y recientemente, por los fracasados proyectos REDD+ y la estafa de los Bonos de Carbono.
“Treinta años de desarrollo sostenible consolidaron el control corporativo sobre la naturaleza” (Greta Gaard, profesora de la Universidad de Wisconcin.)
El Plan de Desarrollo 2022-2026 estableció el ordenamiento del territorio alrededor del agua como el eje principal de transformación del país y como una de las medidas para que éste se adapte al cambio climático. Según Pesquiza Javeriana se trata de “armonizar el potencial hídrico del país con el derecho fundamental al acceso, democratizar su uso y manejo, promover la protección de los páramos, acuíferos y cuencas, garantizar la conectividad de humedales, recuperar el espacio de los ríos y sus condiciones naturales, proteger la biodiversidad, recuperar los ecosistemas marinos y aprovechar el potencial de absorción de carbono de la Amazonía como adaptación al cambio climático, entre otros aspectos”.
Alguna de las ideas clave se resumen en:
1. El ordenamiento territorial del país es una prioridad, sinembargo no se han logrado solucionar los conflictos socio ambientales, muchos de ellos producidos por el no reconocimiento del agua como derecho fundamental y bien común.
2. Si no se ordena el territorio alrededor del agua, la actividad humana no será sostenible.
3. El país no ha logrado armonizar sus instrumentos de planeación, enfrentando una proliferación de procedimientos y normas ineficaces en su aplicación.
4. La dependencia de las entidades territoriales de las transferencias de la Nación es una expresión del bajo nivel de gestión y apropiación de las potencialidades de la actividad económica en el suelo urbano y rural.
5. La falta de un catastro actualizado con enfoque multipropósito ha profundizado las brechas regionales, y ha llevado a un reparto inequitativo de los costos y beneficios del desarrollo de las actividades económicas en el territorio.
6. Los bajos niveles de formalización de la tenencia y titulación de la tierra y el letargo en el proceso de restitución son una barrera para alcanzar la paz total y superar los conflictos sociales, ambientales y económicos alrededor del uso y, acceso a la tierra. Mientras no se generen las condiciones para un mercado formal de tierras y se mejore en su restitución efectiva, el ordenamiento territorial no podrá ser un instrumento para la paz.
No obstante estas ideas, la pregunta que surge es a qué intereses favorece la organización del territorio alrededor del agua si se fundamenta en el desarrollo sostenible, que durante más de tres décadas se consolidó el control corporativo sobre la naturaleza que en el caso de nuestro país, clasificado como el segundo más biodiverso del mundo es al mismo tiempo el segundo con más biodiversidad en riesgo y donde más se asesinan ambientalistas? Además, figura en el segundo lugar con mayores conflictos ecológicos con 72 casos sólo por debajo de India que registró 112 conflictos (Atlas Global de Justicia Ambiental) como consecuencia de la imposición de un modelo extractivista minero energético y de agronegocios, profundizado por la estafa de los bonos carbono para el lavado verde “con el cual las empresas extractivas amplían sus fronteras, desplazando comunidades y alterando sus modos de vida” (Censat, Agua Viva). Dichas comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para poder acceder a la Justicia Ambiental como lo afirma Joan Martinez de la UAB.
El Macizo Colombiano fue incorporado en el Plan de Desarrollo como uno de los ecosistemas estratégicos del Ordenamiento Ambiental Territorial alrededor del agua. Es catalogado por parte de la Unesco como reserva de la biósfera, como un área estratégica a nivel nacional e internacional, dado su significado para la producción de agua, la biodiversidad y los ecosistemas. En la actualidad existe una disputa por el control de los Bienes Naturales y Culturales comunes entre dos visiones: la ecorregión, impuesta por el Estado asociado al Capital y el territorio hidrosocial defendida por los movimientos sociales.
En el 2015, la Segunda Expedición Técnica y Científica al Macizo Colombiano, buscó incidir en la promulgación del documento CONPES 3915 (16 de enero/2018) que establece que éste ecosistema es una “ecorregión” y “una región estratégica para el país. La convergencia orográfica, [... la riqueza ecosistémica y su tipo de suelo generan...] condiciones especiales que favorecen la regulación hídrica y el mantenimiento de una alta riqueza biológica, paisajística y cultural”.
El CONPES Macizo es producto de los Planes Nacionales de Desarrollo a partir de los gobiernos de Uribe y Santos, marcados por la presencia de grandes multinacionales mineras avaladas por el Estado y por la implementación de los denominados “objetivos del desarrollo sostenible” y establece tres estrategias relacionadas con la protección, recuperación y manejo de los ecosistemas, consolidar sistemas productivos sostenibles y fortalecer la gobernanza del Macizo a través de las Alianzas Público Privadas para el logro del “crecimiento verde”, razón por la cual, este modelo de ecorregión se reduce a mitigar daños ambientales producto de actividades agropecuarias y minero-energéticas, legales e ilegales y su mayor preocupación es la apropiación de las funciones de la naturaleza como el ciclo hídrico y el aire, que son Bienes comunes, a nombre de “servicios ecosistémicos” para el control territorial. Un caso de extrema gravedad es convertir el Macizo Colombiano en un sumidero de carbono para su comercialización a través de la imposición de los Proyectos REDD como una estrategia de despojo de comunidades para la apropiación y control de este ecosistema, de Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena.
Para los movimientos campesinos e indígenas, especialmente del Cauca y Nariño, la lucha por el territorio es una acción cultural por la autonomía y autodeterminación. No reconocen las expediciones ni el CONPES como espacios de conocimiento y reconocimiento del territorio, debido a que su relación con éste se da en consonancia con su plan de vida. Para estas comunidades su relación con el agua, va dando forma al territorio hidrosocial, con distintas visiones sobre el agua como derecho y Bien Natural y Cultural Común y no como un simple “servicio ecosistémico” al servicio del capital corporativo financiero.
Desde la visión hidrosocial, el territorio es “intercultural” donde existe una presencia significativa de comunidades indígenas (10%) y afrodescendientes (7 %) y un alto porcentaje de población campesina y mestiza (83%) que desde sus prácticas han trasformado y apropiado el Macizo convirtiéndolo no solamente en un espacio clave por su riqueza natural y ambiental sino también por las prácticas culturales y encuentros interétnicos que se entretejen en el mismo. Estos grupos poblacionales poseen tierras muy ricas para la agricultura en ecosistemas muy frágiles, afectados por procesos de colonización y amenazados por la locomotora minera, la cual continúa avanzando como columna vertebral del modelo de desarrollo de Colombia.
La construcción social del territorio hidrosocial e intercultural significa potenciar la capacidad de auto organización y movilización en torno a Proyectos colectivos donde se reivindica el derecho al agua contra la creciente expansión de proyectos mineros, los cuales son uno de los factores que más está afectando y transformando las relaciones entre agua, sociedad y Estado en el Macizo, amenazando todo el potencial hídrico. Es importante resaltar la apuesta por los Territorios Agroecológicos, las Zonas de Reserva Campesina o los Cabildos Indígenas.
Ahora bien. La crisis alrededor del agua no sólo se ha generalizado sino que ha empeorado en todo el continente, debido en gran parte a los altos niveles de contaminación, a los efectos de la sobreexplotación de los Bienes Naturales Comunes por parte de las corporaciones transnacionales que se han apropiado de los territorios para los proyectos extractivos minero energéticos, la superpoblación, la degradación medioambiental y, particularmente, a la distribución inequitativa del vital líquido, lo que a su vez explica la creciente proliferación de conflictos ciudadanos.
En Colombia el 1.1% de los dueños de las concesiones de agua tienen el 62% de su volumen concesionada. Comunidades y organizaciones que defienden el agua, la vida y el territorio, han denunciado que es uno de los países más desiguales en términos de acceso a la tierra y, sobre todo, en relación con los derechos para el uso del agua.
Lo anterior se explica porque de acuerdo con la Ley 373 de 1994, el agua no se reconoce como derecho fundamental sino como un servicio y mediante la Ley 142 de 1994 se privatizó el abastecimiento de agua potable y la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje.
En la constitución de 1991 el agua tiene una connotación paradójica al concebirla como un derecho fundamental y al mismo tiempo como servicio público. Sin embargo, la gestión y el uso eficiente del agua como servicio se impuso a través, primero, la privatización o negación al acceso al agua como bien público en respuesta a las políticas neoliberales de la década de los 90 que redujeron el rol del Estado y promovieron la lógica del mercado para regular la prestación de los servicios. Segundo, la mercantilización como un proceso que construye mercados para la compra y venta del líquido vital y, tercero, la financiarización del agua para proyectos extractivos minero energéticos y agronegocios al servicio de las corporaciones transnacionales.
Las IFIs son las que han generado las condiciones suficientes para consolidar estos mercados. En el caso de América del Sur, en la época dorada de la privatización del agua, el Banco Interaméricano de Desarrollo (BID) condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua, a la incorporación del sector privado.
Cabe destacar que Gabriel García Márquez, en sus memorias (2002) ya se refería a la destrucción anunciada de los bienes hídricos que había trabajado en sus novelas y que ahora ni el amor parece poder revertir: “Hoy el río Magdalena está muerto, con sus aguas podridas y sus animales extinguidos. Los trabajos de recuperación de que tanto han hablado los gobiernos sucesivos que nada han hecho, requerirían la siembra técnica de unos sesenta millones de árboles en un noventa por ciento de las tierras de propiedad privada, cuyos dueños tendrían que renunciar por el solo amor a la patria al noventa por ciento de sus ingresos actuales. Valdría la pena preguntar cuáles serían los propietarios que tendrían la amabilidad de ceder el 90% de sus tierras sólo para sembrar árboles y renunciar en consecuencia al 90% de sus ingresos actuales”.
Desde la creación de Asoquimbo y el Movimiento Social Defensores del Territorio se comprendió que antes de hablar de la organización del territorio alrededor del agua, es fundamental clarificar el agua para quién, para qué y a qué costo, organizar a las comunidades y resistir contra el modelo extractivista minero energético. En consecuencia, realizó la Movilización el Río de la Vida desde el Macizo Colombiano hasta la Dorada contra el Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena, que se propone privatizar el río para megaproyectos de generación de energía (7 represas más para el Huila, 4 de ellas en la Región del Macizo) y transporte de carga que atenta contra la soberanía nacional al entregar el Magdalena, nuestro principal Bien Público, a corporaciones transnacionales para la acumulación de capital a través del despojo y el ecocidio.
Durante esta movilización se recuperó la cosmovisión de los Panches que desde hace siglos se definían sobre todo como hombres del río, como hijos del río. ¡Somos el Río!. Pero también, el escritor William Ospina, después de un ritual en la Maloca Yanacona, San Agustín, expresó: “Nosotros no sólo somos los defensores del río: nosotros somos el río. “No hay agua sin mares que se evaporen, sin bosques que fundan nieblas, sin páramos que condensen la humedad, sin humedales que filtren, sin ciénagas que oxigenen. El agua no es un líquido, no es solo un elemento, el agua es un sistema, y en Colombia es el mejor ejemplo que se puede mostrar de como el territorio puede estar configurado con una inmensa fábrica de agua. Pero Colombia también es el mejor ejemplo de cómo un país puede ignorar su realidad más profunda, y dormir sobre un tesoro como el dragón del cuento, sin aprender a qué se debe este tesoro, sin saber cómo protegerlo”.
La ministra de ambiente afirmó recientemente, a raíz de los Encuentros por el Agua y la energía renovable, que “queremos trabajar en macroproyectos ecológicos de transformación ambiental en ecorregiones estratégicas como el Macizo Colombiano..”
Aún falta clarificar si ese interés equivale a respaldar como “macroproyectos ecológicos” la imposición en el Macizo Colombiano de los fracasados Proyectos REDD+ y la estafa de los bonos carbono, debido a que para la comercialización de estos bonos, CORMAGDALENA, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y ONF internacional francesa, vienen desarrollando El proyecto agrupado de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal: "Parque Natural Regional: Corredor Biológico PNN Puracé - PNN Cueva de los Guácharos" -REDD Huila – CB- y la reciente convocatoria para compra de predios a los campesinos a menos precio en el Macizo a nombre de la compensación ambiental, o expresión del extractivismo verde, por los daños causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Huila por parte de Enel Emgesa con el apoyo incondicional de la CAM y alcaldes municipales, sin consulta previa, violando convenios internacionales como el reconocimiento del campesinado como Sujeto de Derechos y el Acuerdo de Escazú, entre otros,
En otros términos, se percibe que la propuesta del gobierno, no es rechazar la mercantilización de la naturaleza, ni del agua en particular, concebida como activo financiero, simple sumidero de carbono, sino “generar capacidades de gobernanza” que favorecen a las corporaciones transnacionales en connivencia con las instituciones públicas contra la autoorganización y autonomía de las comunidades para organizar los territorios para el Buen Vivir.
Precisamente, a raíz del Diplomado “Transición Energética Justa y Agroecología, orientado a la Defensa del Macizo Colombiano, Indígenas y Campesinos no sólo rechazaron ese “ambientalismo de mercado” sino que exigen al Estado cumpla con su deber de garantizar el derecho al territorio y a la autodeterminación de los pueblos, antes que entregarle o concesionarle éste a corporaciones multinacionales extractivistas o a aquellas que prometen hacer “conservación”. Además, se deben garantizar los derechos a la información y participación y a la protección de las comunidades y sus líderes y, para tal efecto, se debe cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de Escazú.
No podemos olvidar que los pueblos indígenas y las comunidades locales son actores claves para lograr el ordenamiento alrededor del agua. Cualquier propuesta de ordenamiento territorial debe incorporar sus saberes ancestrales al ser reconocidas como autoridades autónomas.
La consolidación del control corporativo sobre la naturaleza a nombre del desarrollo sostenible implica construir una nueva visión ecosocial que rompa con el extractivismo minero energético, los agronegocios, los mercados verdes, el productivismo y el consumismo que son contradictorios con los limites biofísicos del planeta y atentan contra la existencia de todas las formas de vida.
Con relación al Macizo Colombiano se requiere articular y movilizar a las organizaciones y movimientos sociales sobre las siguientes bases:
1.- Por tratarse de una región hidrosocial se deben rechazar los proyectos extractivos y, específicamente, el hecho de convertir el Macizo en un sumidero de carbono para su comercialización a través de la imposición de los Proyectos REDD como una estrategia de despojo de comunidades para la apropiación y control de este ecosistema, de Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena. El mercado de carbono hace parte del capitalismo criminal asociado al capitalismo verde.
Corresponde a las comunidades indígenas, campesinas, afros proteger los tres parques Nacionales naturales (PNN), 149 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 5 Parques Naturales regionales, 4 Reservas Forestales Protectoras Nacionales y 1 Reserva Forestal Protectora Regional, razón por la cual es urgente potenciar la defensa del territorio donde dichas comunidades puedan desarrollar sus economías en armonía con el macizo.
La academia debe comprometerse a aportar a la protección de éste ecosistema donde se realice un verdadero diálogo de saberes sobre cómo organizar el territorio de manera autónoma, partiendo de sistematizar de manera colectiva el conjunto de experiencias construidas desde las comunidades como las formas de producción agroecológicas que son compatibles con la conservación de la biodiversidad.
2. Es urgente legislar para que el agua sea un derecho fundamental y un bien común, de acceso universal, potable y contando con el mínimo vital para la población colombiana y rechazar su privatización, mercantilización y financierización a favor de las empresas corporativas.
