NO BASTA CON EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DE HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PHEQ

 

El 12 de abril de 2023, en la Comisión V de la Cámara de Representantes, la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció la decisión del Gobierno del presidente Petro de exigir el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -PHEQ-  y enfatizó que “Enel tiene que cumplir con la adecuación de 2700 hectáreas con riego en el Huila y la Agencia Nacional de Tierras tiene que comprar las 2700 hectáreas para que sean entregadas a familias vulneradas de los municipios sujetos de Reformas Agraria. Eso es lo que debemos hacer cumplir como Estado”

El anuncio se produjo después de 2 reuniones, una, entre la Agencia Nacional de Tierras y Asoquimbo y otra entre el Ministerio de Ambiente y la organización y con posterioridad al Plantón Cultural de Resistencia de víctimas de ENEL, el 14 de marzo en Puerto Seco Gigante.

En la reunión con la ANT, realizada el 3 de noviembre de 2022, su director Gerardo Vega expresó "su disposición de avanzar de manera rápida en la compra y adjudicación de tierras para la restitución de la actividad productiva del Huila y cuenta con los recursos económicos para ello”.

La reunión en el Ministerio de Ambiente  se cumplió el 16 de febrero de 2023. La Ministra Susana Muhamad  aseguró que entiende la urgencia y comparte la preocupación por los incumplimientos de la Licencia Ambiental y se comprometió a abordar las denuncias formuladas por Asoquimbo y su legítimo reclamo de no continuar dando trámite a la modificación de la Licencia solicitada por la empresa con relación a la restitución de la actividad productiva. La Ministra corroboró los argumentos de Asoquimbo “con nuevos documentos y 8 reuniones entre el sector ambiente y de agricultura estudiando el tema” que justificaron el compromiso gubernamental de hacer cumplir todas las obligaciones.  Además, no se puede desconocer que la acción realizada el 14 de marzo incidió en la celeridad de lo anunciado.

Hay que resaltar que durante 14 años de resistencia Asoquimbo ha acudido a todas las instituciones responsables de hacer cumplir las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del -PHEQ- que a cambio de proceder a defender los intereses patrimoniales y a las víctimas, han actuado a favor de la empresa Enel Emgesa, como está registrado en estudios de organizaciones sociales, grupos de investigación, Informes de la Contraloría General de la República, audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Comisión Internacional de Juristas, ONU, entre otros, y que son de público conocimiento, razón por la cual, no basta con la voluntad expresada por el Gobierno de trazar una hoja de ruta sobre impactos del PHEQ  sino se consolida un gran movimiento de resistencia departamental, con solidaridad nacional e internacional a favor de las víctimas y los huilenses.

Enel, continuará utilizando su poder corporativo  y la connivencia de las instituciones, como la ANLA, para no cumplir con sus obligaciones. Prueba de lo anterior, es el Informe de Auditoría de gestión (2020) de la Contraloría General de la República al ratificar que la autoridad ambiental ha sido "ineficiente e inoportuna”, razón por la cual cursan investigaciones disciplinarias y penales y no ha ejercido sus funciones de seguimiento, incluso, después de expedido el Auto 07149 del 21 de noviembre de 2018 donde se vio obligada a reconocer por primera vez en 10 años que de 137 obligaciones, programas o requerimientos a Emgesa solo se consideran cumplidos 10.

Con relación a la restitución de la actividad productiva basta con denunciar que la ANLA a cambio de exigir la compra y adecuación de 2500 hectareas para reasentamientos, avaló el supuesto cumplimiento por parte de Emgesa cuando aún quedan pendientes 1508. 

Más grave aún. Ya en el año 2010, en un estudio realizado con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, cofinanciado por EMGESA, se relacionan los predios y describen 7.907 hectáreas viables para adecuación de tierras con destino al programa de reasentamiento (2.500 ha) y las que debían ser adquiridas por el Gobierno Nacional y adecuadas con riego por EMGESA (2.700 ha). Este estudio se hizo para justificar que existía la garantía de restitución de la actividad productiva que fue una de las condiciones para otorgar la Licencia. Sin embargo, Emgesa niega los estudios para no cumplir con la adecuación de las 2700 hectáreas y para disminuir costos ha actuado de manera ilegal, engañosa y fraudulenta, en complicidad con la  ANLA, al presionar a 422 beneficiarios para que firmaran un acta mediante la cual “renuncian en forma total y definitiva a cualquier compensación e indemnización por cualquier otra forma de perjuicio, así como a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pretenda compensaciones o indemnizaciones adicionales”, a cambio de un irrisorio capital semilla entre 25 y 28 millones de pesos, vulnerando el derecho a tierras productivas.

¡Por el derecho a permanecer en el territorio!... Movilización Permanente!

RESPUESTA COMISIÓN V CAMARA DE REPRESENTANTES

Respuesta invitación para participar en la Sesión formal de la Comisión V de la Cámara de representantes el 12 de abril.

Como fundador y actualmente asesor de Asoquimbo, considero innecesario que se convoque a una sesión para “concretar los incumplimientos que se vienen llevando a cabo con ocasión de la Licencia Ambiental 0899 de 2009, para la implantación del proyecto hidroeléctrico el Quimbo, Licencia Ambiental concedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda 0899 del 2009”, debido a que durante 14 años de resistencia Asoquimbo ha acudido a todas las instituciones responsables de hacer cumplir las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -PHEQ- como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y  la Agencia Nacional de Tierras –ANT- organismos de control, órganos judiciales, al Congreso Nacional, (en varias oportunidades) que a cambio de proceder a defender los intereses patrimoniales y a las víctimas han actuado a favor de la empresa Enel Emgesa, como está registrado en estudios de organizaciones sociales, grupos de investigación, Informes de la Contraloría General de la República, audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Comisión Internacional de Juristas, ONU, entre otros, y que son de público conocimiento. 

 

14 de Marzo: Plantón Cultural y de Resistencia convoca Asoquimbo

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, aprobado en el primer Encuentro Internacional de Afectados por las Represas, en marzo de 1997 en Curitiba (Brasil), Asoquimbo convoca a un Plantón Cultural de Resistencia en el Municipio de Gigante con el propósito de exigir al Gobierno cumpla con su deber de protección y de garantía de los derechos fundamentales a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación, que demanda la Comisión Internacional de Juristas al declarar al Estado internacionalmente responsable al aceptar pasivamente los actos de la Empresa Enel Emgesa, propietaria de la represa El Quimbo y, en consecuencia, debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.

Es de conocimiento público que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del PH El Quimbo se debe a la "ineficiente e inoportuna gestión de la ANLA y la CAM", según la auditoria de la Contraloría General de la República (2020), razón por la cual cursan investigaciones disciplinarias y penales. 

A los incumplimientos se suma la pretensión de la compañía de presionar la modificación de la Licencia con relación a la restitución de la actividad productiva, favoreciendo una vez más sus intereses, violando el derecho a tierras de campesinos y a la seguridad alimentaria, agravada por la destrucción de la Pesca Artesanal reconocida como de interés público nacional.

Debido a que el actual gobierno del cambio ha reiterado que hará cumplir con todos los derechos vulnerados sistemáticamente a las victimas de Enel, el 3 de noviembre de 2022 se realizó una reunión entre Asoquimbo y la Agencia Nacional de Tierras, donde su director Gerardo Vega expresó su disposición de avanzar de manera rápida en la compra y adjudicación de tierras para la restitución de la actividad productiva del Huila y cuenta con los recursos económicos para ello” y se comprometió públicamente, en reciente visita al Huila, no sólo a comprar 2700 hectáreas, sino a exigir a Enel Emgesa su adecuación con distritos de riego por gravedad afirmando que no comparte la propuesta de la empresa de modificar la Licencia.

Sin embargo, uno de los obstáculos ha sido no diferenciar las responsabilidades en el cumplimiento de la obligación, debido a que la ANT hasta ahora ha condicionado su obligación a resolverle a Enel-Emgesa la infraestructura de adecuación de tierras con distrito de riego por gravedad, contra lo establecido en el Decreto 1277 de 2013, por el cual se establece un programa especial de Dotación de Tierras, lo que ha hecho imposible comprar y adecuar así sea una hectárea, como se lo demostró Asoquimbo.

De aplicarse el contenido del mencionado Decreto, la ANT debe realizar un censo de caracterización de la población vulnerable de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico "El Quimbo" en el departamento del Huila, que no sea propietaria de tierras y sean sujetos de reforma agraria. 

Ahora, que se ha expresado la voluntad de cumplir por parte de la ANT, existe otro obstáculo aún no resuelto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante Auto11844 en el marco del seguimiento a la licencia ambiental de El Quimbo, declaró procedente evaluar la “modificación-ajuste No. 003 al Documento de Cooperación” que busca cambiar la obligación que tiene ENEL COLOMBIA de adecuar 2.700 has con distrito de riego por gravedad, a cambio de la entrega de CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (.500.000,00) a cada una de las 427 personas censadas por la compañía como residentes no propietarios y que según la gobernación del Huila favorece a Emgesa debido a que el costo real, en términos de dinero, serían 200 millones de pesos.

Lo más grave es que la propuesta de modificación a favor de Enel Emgesa fue avalada por los 6 alcaldes de la Zona de afectación directa del Quimbo quienes lograron mediante la manipulación, en connivencia con Emgesa, engañar a la mayoría de las 427 personas consideradas beneficiarias que firmaron dicha modificación y renunciaron a su derecho a tierras y que actualmente Enel Emgesa “avanza en la solicitud de la modificación o ajuste de la adecuación de riego por gravedad de 2700 has”, según publicación de la compañía.

A raíz de lo anterior, el 16 de febrero de 2023 se cumplió la reunión en el Ministerio de Ambiente convocada por la Ministra Susana Muhamad donde participaron los delegados de Asoquimbo Jenniffer Chávarro y Oscar Reyes y el Coordinador del Macroproyecto DESCA USCO, Miller Dussán.  La Ministra aseguró que entiende la urgencia y comparte la preocupación por los incumplimientos de la Licencia Ambiental y se comprometió a abordar las denuncias formuladas por Asoquimbo y su legítimo reclamo de no continuar dando trámite a la modificación de la Licencia que favorece a la empresa Enel Emgesa y que atenta contra el Patrimonio Económico de los Huilenses y el derecho a tierras de las víctimas de desplazamiento. De igual manera, se comprometió a liderar y coordinar con el Ministerio de Agricultura, la ANT, el Ministerio de Ambiente y la ANLA, la solución inmediata al cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental.

No basta con la voluntad expresada de cumplir con sus funciones como gobierno sino se establece un cronograma a corto plazo concertado con Asoquimbo, razón por la cual se espera que las instituciones responsables se hagan presentes en el Plantón Cultural de Gigante Huila donde se firmen acuerdos de cumplimiento y de seguimiento para evitar que las víctimas del despojo, campesinos, pescadores y mineros artesanales, paleros, madres cabeza de familia, entre otros, después de más de una década de sometimiento y hambruna no les quede otra alternativa que acudir a acciones de fuerza cuyas consecuencias son impredecibles. Le corresponde al gobierno reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición por ser internacionalmente responsable como lo declaró la Comisión Internacional de Juristas.

REUNIÓN MINISTERIO DE AMBIENTE Y ASOQUIMBO: PROBLEMÁTICAS, PROPUESTAS Y COMPROMISOS

El 16 de febrero de 2023 se cumplió la reunión en el Minterio de Ambiente convocada por la Ministra Susana Muhamad donde participaron los delegados de Asoquimbo Jenniffer Chávarro y Oscar Reyes y el Coordinador del Macroproyecto DESCA USCO, Defensa Territorial Miller Dussán. Se abordaron dos problemáticas:

1. La primera, generada por la expedición del Auto N° 11844 (30 de diciembre de 2022 ) mediante el cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA declaró procedente evaluar la “modificación-ajuste No. 003 al Documento de Cooperación” que busca cambiar la obligación que tiene ENEL COLOMBIA de adecuar 2.700 has con distrito de riego por gravedad, a cambio de la entrega de CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($42.500.000,00) a 427 personas censadas por la compañía como residentes no propietarios que desconoce que la "esencia de la obligación es restituir la actividad productiva que se perdió en el área de influencia directa del proyecto y que está estimada en una pérdida de 25.569 toneladas de productos agrícolas, equivalentes a más de 32 mil millones de pesos"

La Ministra aseguró que entiende la urgencia y comparte la preocupación por los incumplimientos de la Licencia Ambiental y se comprometió a revisar con especial atención la situación de los pescadores artesanales y el tema de tierras. Además, señaló que la perspectiva del gobiero es que cualquier decisión debe ser pública, participativa, en el marco de la implementación de  los Acuerdos de Escazú y con una posición unificada por las instituciones y para tal efecto Minambiente liderará el tema y considerará las denuncias formuladas por Asoquimbo y su legítimo reclamo de no continuar dando trámite a la modificación de la Licencia que favorece a la empresa Enel Emgesa y que atenta contra el Patrimonio Económico de los Huilenses y el derecho a tierras de las victimas de desplazamiento.

La segunda, causada por el Proyecto REDD Huila donde las comunidades campesinas firmaron contratos para el mercado de los Bonos carbono, sin la debida información, y que favorecen a la empresa financiera ONF internacional francesa y la compra de tierras por parte de ENEL en la Región del Macizo como estrategia de despojo de campesinos para el control y apropiación de los Bienes Naturales Comunes.

El profesor Dussán entregó y sustento un documento que contiene consideraciones y propuestas, entre ellas, la solicitud de intervención inmediata del Ministerio de Ambiente para impedir se continúe con el Proyecto REDD Huila y la compra de tierras por parte de ENEL y el Estado cumpla con su deber de garantizar el derecho al territorio y a la autodeterminación de los pueblos, antes que entregarle o concesionarle éste a corporaciones multinacionales extractivistas o a aquellas que prometen hacer “conservación”. 

La Ministra se comprometió a participar directamente en una Asamblea General en San Agustín Huila donde se escucharán a las organizaciones sociales, ambientales, investigadores y, especialmente, a los afectados, con el propósito de garantizar el derecho a tierras y la autodeterminación de los pueblos para decidir, sin la interferencia de las empresas, sobre las propuestas alternativas que se proponen para el mejoramiento de su calidad de vida.

ver presentación Foro por la Defensa del Macizo y las Comunidades 

https://www.youtube.com/watch?v=1XUdyP0y1iE

CRECE INCERTITUMBRE ANTE EL AVANCE DE PROYECTOS EXTRACTIVOS EN EL HUILA

 

Reunión Juntas Acción Comunal San Agustín

Cuando aún se encuentran vigentes el Plan de Aprovechamiento del Río Magdalena que incluye 7 represas más para el Huila; la aprobación de 12 áreas de exploración petrolera concesionada a nueve compañías transnacionales del Valle Superior del Magdalena VSM 16- para fracking; se avanza con la imposición de 72 Proyectos Mineros que cubren un área equivalente a 18.365 hectáreas  y la compra de predios a bajos costos en el Macizo Colombiano por la Empresa Enel  Emgesa para el negocio financiero de los Bonos Carbono, a nombre de supuestas compensaciones ambientales por los daños causados por la represa El Quimbo,  sin aún haber dado cumplimiento a la mayoría de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, como la restitución de la actividad productiva y del trabajo de miles de víctimas del despojo y el ecocidio.

La incertidumbre se apodera de campesinos, indígenas, pescadores artesanales, poblaciones que habitan en las cuencas de los ríos, entre otros, quienes ven amenazado su derecho a permanecer en sus territorios por parte de transnacionales, con el aval de las instituciones estatales, cuya estrategia es el despojo para la apropiación de los Bienes Naturales Comunes y el incremento de sus riquezas.

Frente a esta realidad preocupa que el presidente Petro en su encuentro con la Sra. Kristalina Georgieva, directora general del FMI haya expresado que este organismo se “alista a prestar todo su apoyo al Programa de revitalización de la Selva Amazónica” que sin lugar a dudas, hace parte de la financiarización de la naturaleza y de sus funciones: ciclo hídrico, aire, fotosíntesis y riqueza genética.

Es decir, la naturaleza es concebida como activo financiero estratégico y simple "sumidero de carbono", dentro de la lógica de los "mercados verdes" y los Bonos de Carbono, contrario a la visión de indígenas y campesinos que la defienden como Bien Natural Común contra su mercantilización.

Esta lógica se está imponiendo en el Macizo Colombiano a favor de Enel Emgesa, que ya ha comprado más de 1.500 hectáreas y continua presionando a las comunidades para apoderarse prácticamente de este ecosistema, protector de la biosfera, a nombre de contribuir a “la descarbonización del planeta” ante la crisis climática y en contra de la Justicia Socioambiental.

Por esa razón, no se han tomado decisiones por parte del Gobierno de impedir que los campesinos sean desplazados del Macizo, en coherencia con su reconocimiento como sujetos de derechos y en aplicación del Acuerdo de Escazú.

Se exige parar la invasión y el desplazamiento forzado de campesinos, teniendo en cuenta, entre otros, que corresponde a la ANLA, aprobar el Plan de cumplimiento de las obligaciones ambientales del PHEQ, que debe ser presentado previamente por Enel Emgesa para efectos de seguimiento y verificación y que la CGR en su informe de evaluación de la gestión de la Autoridad del 2020 solicitó apertura de investigaciones disciplinarias y penales al encontrar 18 graves hallazgos y denunciar la inoperancia en la vigilancia a la transnacional y que es deber del Estado garantizar todas las condiciones a los campesinos para generar riquezas a través de formas agroecológicas de producción y respetar su derecho a permanecer en el territorio, que al igual que las Comunidades Indigenas, son los auténticos protectores de este Bien Natural Común convertido ahora en mercancía.

Además, es urgente que la ANLA disponga de los recursos legales, no solo sancionatorios, sino aquellos que obligan a reparar todos los daños causados a la Región y a las Víctimas por la construcción de la represa El Quimbo y que deben ser valorizados de inmediato por parte de la Contraloría General de la República con la participación de las organizaciones sociales de afectados, como Asoquimbo, razón por la cual se le ha propuesto al Ministerio de Ambiente expedir un Decreto de constitución de la Mesa Nacional de Seguimiento y verificación a todas las obligaciones establecidas, donde exista una interlocución con las instituciones, orientada exclusivamente a responder a las demandas de los afectados y no a modificar la Licencia para favorecer intereses de la Empresa o ambiciones personales de funcionarios gubernamentales.

Cabe destacar que el Gobierno actual ha reiterado que no continuará autorizando la construcción de grandes represas ni de nuevos proyectos de exploración y explotación petrolera y la declaratoria de la moratoria de los Proyectos Mineros. En tal sentido, es urgente que se traduzca en normas que anulen el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, de las áreas de explotación petrolera como las del Valle Superior del Magdalena VSM 16- para fracking y el Plan Minero que en el caso del Huila avanza con la imposición de 72 Proyectos.

Estas decisiones, son fundamentales para no continuar “cocinando a nuestro planeta y expandiendo un modelo de negocio inconsistente con la supervivencia humana”, como declaró el presidente de las Naciones Unidas en la reciente Cumbre de Davos.

 

La nueva ola del progresismo en América Latina.

 

Miller Dussán Calderón Movimiento Ecosocialista Colombiano

El "neoestractivismo" que sustentó la primera ola del progresismo en América Latina, donde los ricos se volvieron superricos y sectores pobres se integraron al consumismo, "está condenado por la crisis climática", según Boaventura de Sousa. 

¿Cuál es el fundamento económico de la "nueva ola del progresismo en América Latina frente al peligro de una guerra nuclear y el "suicidio colectivo" que se impondrá de nuevo por los lobistas de las empresas transnacionales del petróleo y el carbón en la COP 27 de Egipto para obstaculizar una "transición energética justa?

La nueva "ola del progresismo" está sometida a la financierización, la deuda pública y militarización de la naturaleza con énfasis en la bioeconomía como el sustento teórico para la apropiación de las funciones de la naturaleza (fotosíntesis, ciclo hídrico, el aire, la riqueza genética) concebidas como "servicios ecosistémicos" y activos financieros para la acumulación del capital y el control (imperial) de la naturaleza y de los territorios.

Colombia solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Convenio Interactivo de la Cumbre de las Américas (2022), un crédito para desarrollar un plan de Acción para monitorear satelitalmente la Amazonía, en el marco de la Política internacional de Norteamérica para la expansión de los mercados verdes, establecida en el documento "Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad” (Orden Ejecutiva para Abordar la Crisis Climática en el Interior y en el Extranjero, 2021) donde se establece que “las consideraciones climáticas son un elemento esencial de la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos”  que le permitirá ejercer su liderazgo frente a la crisis  climática global  a través del desarrollo de  “una estrategia sobre cómo se puede usar la voz y el voto de los Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales, incluido el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para promover programas de financiamiento, paquetes de estímulo económico e iniciativas de alivio de la deuda y un Plan para promover la protección de la selva amazónica y otros ecosistemas críticos, en colaboración con el Secretario de Estado, el Administrador de USAID y el Director Ejecutivo de la DFC, que sirven como sumideros de carbono global, incluso a través de mecanismos basados ​​en el mercado”.

La política ambiental del actual gobierno de Colombia como "cambiar deuda por acción climática" se circunscribe en la mencionada orden Ejecutiva que se evidencia con el llamado a “los gobiernos progresistas de la región para coordinar actividades bajo esta perspectiva” y, particularmente, sobre el Amazonas, al consignar en su programa de campaña a la presidencia que “usaremos al máximo los bonos de carbono con la garantía de recuperación de la selva amazónica hasta su frontera natural. Se crearán concesiones para familias campesinas actualmente residentes en la Amazonía, quienes podrán producir sosteniblemente con la condición de recuperar la selva en las áreas de praderización. Las comunidades rurales se vincularán a la rehabilitación, conservación y manejo sostenible de los bosques mediante el pago de servicios ambientales…”. 

Se trata de la imposición de los “mercados verdes”, los Bonos Carbono y los "Pagos por Servicios Ambientales" bajo el supuesto de "mejorar los ingresos" de los indígenas y campesinos como los "nuevos asalariados precarizados" encargados de "cuidar los negocios" del capital financiero que se viene apropiando de sus territorios y de las funciones de la naturaleza a través del despojo para compensar sus emisiones, para lo cual se requiere “un gran mercado de carbono para acceder a los Bonos respectivos y monetizar la Amazonía”.

A lo anterior se suma la militarización para el control territorial como "elemento esencial  de la seguridad nacional de los Estados Unidos”  que viene avanzando no sólo con el envío de Helicopteros Black Hawk, por parte del Comando Sur, para "apagar incendios" sino la propuesta de Gustavo Petro de la intervención de la OTAN, con tecnología avanzada, bajo el supuesto de "proteger la Amazonía", cuando se ha demostrado que cualquier intervención militar ha sido para imponer la hegemonía imperial y ahora contra las resistencias populares que se han levantado por la Defensa de la Vida, los Territorios y los Bienes Naturales Comunes.

La resistencia a estas políticas de financierización y militarización de la naturaleza se ha expresado a escala internacional por parte del movimiento campesino e indígena organizado y de asociaciones ambientales al sostener que “estas estrategias empresariales deliberadas, distraen la atención de la necesidad urgente e innegable de eliminar las emisiones de combustibles fósiles y profundizan la financiarización de la naturaleza, reduciendo a carbono comercializable la increíble diversidad de los bosques, pastizales y humedales de nuestro planeta y desencadenando una nueva y masiva apropiación de recursos de los Pueblos Indígenas, campesinos y comunidades locales, principalmente en el Sur global”.

Son múltiples las alternativas que vienen surgiendo desde los movimientos ecosociales, indigenistas, de campesinos, afros, contra la financierización y militarización de la naturaleza como  la transición energética justa y la agroecología como parte fundamental de la Soberanía y Seguridad Alimentaria, contra los agronegocios donde "la Justicia Socioambiental solo es posible con Justicia Epistémica" donde las resistencias son fuentes del Saber y del Poder Popular y que parten de reconocer que la supervivencia de la vida en el planeta, y de la humanidad en particular, está en contradicción con el capitalismo y el productivismo y buscan por tanto la manera de salir de este sistema destructivo e inhumano.

 

ARGUMENTOS PARA NO PARTICIPAR EN EL DIÁLOGO REGIONAL.

Foto: Expulsión y destrucción de Cambuches de víctimas de Enel Emgesa

El Movimiento Social Defensores del Territorio -DT- decidió NO PARTICIPAR en el Diálogo Regional convocado el 5 de noviembre en la Ciudad de Pitalito Huila, como protesta por la decisión del Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Tierras, de ordenar la expulsión de campesinos, víctimas de despojo no reconocidas por la transnacional Enel - Emgesa que decidieron recuperar el predio la Mesa del Pedernal ubicado en el Municipio del Agrado Huila de propiedad de la ANT, con destino a la restitución de tierras, como respuesta al incumplimiento del gobierno colombiano y la multinacional Enel – Emgesa de la restitución de la actividad productiva establecida en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que obliga la compra y adecuación con distrito de riego por gravedad de 2.700 has.

Los campesinos exigían la presencia del Presidente Gustavo Petro, los Ministerios de Ambiente y Agricultura, la ANT, la ANLA y los entes de control del Estado para establecer diálogos tendientes a exigir al Gobierno Nacional y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales hacer cumplir las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y ante la violación de los derechos de las víctimas del Quimbo “(i) a tener una vida digna, (ii) al mínimo vital y (iii) a la vivienda digna, (iv) al trabajo,  (v) a la seguridad alimentaria (vi) a un medio ambiente sano y (vii) a participación pública efectiva”, según la Sentencia T 135 de 2013 de la Corte Constitucional. Además, de la advertencia de la Comisión Internacional de Juristas que según el Informe sobre “El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia” concluyó que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

Otra justificación al exigir la presencia del Gobierno es la denuncia de la Contraloría General de la República formulada en el Informe de Auditoria (2020) de Cumplimiento de Obligaciones Ambientales establecidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- al Proyecto Hidroeléctrico al concluir que "como resultado de esta auditoría de cumplimiento, constituyó dieciocho (18) hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal", lo que demuestra la inoperancia de la ANLA y la connivencia con la empresa ENEL Emgesa.

La respuesta del gobierno nacional, que ha declarado que frente a los conflictos sociales se dará prioridad al diálogo social, fue ordenar a través de la Agencia Nacional de Tierras la expulsión de las víctimas de desplazamiento forzado del Quimbo, orden que se cumplió el 26 de octubre y que los campesinos se vieron obligados a retirarse pacíficamente cuando fueron amenazados de ser agredidos por la fuerza pública, negándoles su derecho a la protesta y su disposición al diálogo.

Para Defensores del Territorio, no tiene sentido participar en el Diálogo Regional después de la expulsión de los campesinos organizados en el Comité municipal de Usuarios campesinos del Municipio del Agrado, entre los que se cuentan miembros de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, a quienes se les negó su disposición al diálogo como opción a la solución del conflicto, ante la evidencia de que el Estado es responsable por no cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar los derechos de ciudadanos victimas del despojo y el ecocidio.

Dejamos constancia que con anterioridad a nuestra decisión de no participar como Movimiento Social, reconocido por la Defensa de la Vida y el Territorio, realizamos la inscripción de nuestra ponencia denominada AGENDA MÍNIMA EN EL CONTEXTO DEL DIÁLOGO REGIONAL, producto de consensos entre ACTORES SOCIALES EN RESISTENCIA y nuestro compromiso por Un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades, La Autonomía y Poder Territorial, cuya prioridad es garantizar la participación de las comunidades en la reorganización de los territorios “enmarcados en la articulación, coherencia y concordancia de los aspectos ambientales, geográficos, urbanísticos y socio económicos” y La Paz con Justicia Socioambiental contra la paz corporativa para el control militar imperial de los territorios y la financierización de la naturaleza.

 Movimiento Social Defensores del Territorio

Enel: la monopolización de la generación y distribución de energía en Colombia.

En entrevista publicada en el periódico La Nación, hoy 16 de octubre,  el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, confirmó el interés de la transnacional por comprar la Electrificadora del Huila y la promesa de si se concreta el negocio, la región recibirá “dividendos” mucho mayores a “los que jamás ha recibido”.

Expresó que la decisión del Grupo Energía Bogotá y su socio Enel de quedarse con la Electrificadora del Huila, depende del Ministerio de Hacienda quien recientemente anunció la venta de los activos de la nación en las empresas electrificadoras regionales, incluida la del Huila, para obtener recursos adicionales para la Reforma Tributaria.

La monopolización privada de la generación energética en el Huila inició con el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y se consolidó con el control por parte de ENEL del denominado Grupo Energía de Bogotá al registrar el mayor número de acciones y la reciente expansión con el negocio de las energías renovables como en la Guajira "que tiene un enorme potencial por su viento y su radiación solar", entre otros.

Además, de llegar a apropiarse de la Electrificadora del Huila, se propone "poder electrificar muchas regiones cafeteras" dada la riqueza hídrica, es decir, se proyecta la construcción de nuevas represas como las 7 más para el Departamento incluidas en el Plan Master de Privatización del Río Magdalena que está suspendido como consecuencia de las resistencias de Asoquimbo articuladas con otros sectores Defensores del Territorio.

Lo más irónico es prometer que la región recibirá “dividendos” mucho mayores a “los que jamás ha recibido”, como si la memoria de despojo de las comunidades, el ecocidio, la destrucción de la productividad agrícola y pesquera y el incumplimiento de la mayoría de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del Proyecto El Quimbo, como la restitución de la actividad productiva, se nos hubiera olvidado.

Lo más grave es que con la monopolización de la generación y distribución energética por parte de ENEL, se confirma que la transición energética queda reducida a la diversificación de las  diferentes fuentes de energía (carbón, gas, hidroelectricidad solar, eólica, etc) como  se deriva de la entrevista al Señor Ortega,  según el cual  "es importante corregir la retórica de la transición energética ..debido a que el problema de Colombia en cuanto al cambio climático no es el sector eléctrico que es limpio" contra todas las evidencias científicas. Y agrega que el debate en materia energética, es la deforestación causada por pastizales y ganadería, como si las represas que hacen parte del modelo extractivista, no fueran responsables de la destrucción de los ecosistemas y la contaminación por descomposición de la biomasa y la emisión de gas metano, que se suman a la crisis climática. 

Con la privatización de la Electrificadora del Huila, como parte de la monopolización del sector energético, se suma al negocio de la mercantilización y financiarización de la naturaleza a través del mercado y los bonos carbono debido a que ENEL, en connivencia con el Gobierno, se viene apropiando del Macizo Colombiano.

¿Cuál es la postura de sectores progresistas y ambientalistas del Pacto Histórico frente a la privatización de la Electrificadora del Huila por parte del Grupo Energía de Bogotá y su socio mayoritario ENEL, después de que el Ministro de Hacienda afirmara que venderá sus acciones y con relación al negocio de los bonos carbono en el Macizo Colombiano que quedaría reducido al igual que la Amazonía en un simple “sumidero de Carbono”?

Al gobierno Departamental sólo le interesa “aumentar su participación” en el negocio, similar a lo que pretendía con El Quimbo, pero fue víctima de la estafa.

El Movimiento Social Defensores del Territorio MSDT, ratifica su decisión de convocar a movilizaciones contra la privatización de la Electrificadora y el negocio de los Bonos Carbono a favor de la ecocida y criminal transnacional Enel y reafirma su voluntad de continuar luchando por una transición energética pública, comunitaria, democrática y justa.

Miller Dussán Calderón

Coordinador MSDT