Asoquimbo confía en que el Gobierno de Petro garantizará la reparación de las víctimas y exigirá el cumplimiento de las compensaciones establecidas en la Licencia Ambiental del PH El Quimbo

 

Una de las gestiones importantes realizada por Gustavo Petro cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá fue el envió de una Comisión de Funcionarios designada por la Gerente de las Empresas de Energía de Bogotá, Mónica de Greiff, para inspeccionar las obras de El Quimbo, con “el ánimo de atender las demandas hechas por la población de esta zona del país y de ser necesario suspendería las obras del Quimbo hasta tanto no se cumplieran con las compensaciones, debido a que la Empresa de Energía de Bogotá -EEB- participa del negocio”.

Al respecto La Sillavacía publicó, el 8 de marzo de 2012, un artículo titulado “El Quimbo: la paradoja de Petro” en el cual expresa que “lo paradójico es que Petro…podría terminar poniendo los 400 millones de dólares que implica la participación del Distrito en El Quimbo, por encima de los conflictos sociales, para utilizar los rendimientos en su plan de gobierno. La pregunta clave es si realmente Petro puede dar la pelea para frenar la construcción de El Quimbo, como lo quieren varios ambientalistas. Sin lugar a dudas Petro se va a ir contra El Quimbo. Pero de hacerlo tendría que enfrentarse con dos grandes problemas, uno jurídico y otro político”.

Los dos grandes problemas fueron un obstáculo que impidieron la “suspensión de las obras del Quimbo hasta tanto no se cumplieran con las compensaciones”.

Sin embargo, ahora como presidente puede intervenir directamente para garantizar la reparación de las víctimas teniendo en cuenta que la Comisión Internacional de Juristas en su Informe sobre “El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia” concluyó que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

El Movimiento Social Defensores del Territorio y Asoquimbo, en carta dirigida a la Ministra de Ambiente, Susana Muhamed solicitó la realización de una reunión inmediata en Bogotá o en Neiva con el propósito de buscar soluciones a la grave problemática socioambiental generada por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -PHEQ- y la política  minero energética que viene amenazando la autonomía de las poblaciones para decidir sobre el uso del suelo y subsuelo y, específicamente:

1)      Garantizar la entrega de 2700 hectáreas con Distritos de Riego por gravedad en producción a poblaciones victimas de Enel Emgesa, tal como lo estableció la Licencia Ambiental

2)      Dar cumplimiento al Decreto 1277 de 2013 que estableció un programa de adjudicación de Tierras con prioridad para víctimas del Quimbo y garantizar la creación de una Zona de Reserva Campesina, donde se privilegie la agroecología a cambio de la agroindustria.

3)      Garantizar la reparación de los daños causados al departamento por la destrucción de las actividades agrícolas equivalentes a 30.000 toneladas de alimentos, que han dejado pérdidas anuales cercanas a los 50 mil millones de pesos.

4)      Dar cumplimiento a la Sentencia T 135/13 de la Corte Constitucional de restitución de los derechos constitucionales vulnerados a todas las poblaciones victimas del Megaproyecto El Quimbo.

5)      Dar cumplimiento a las compensaciones ambientales y reparar a los pescadores y mineros artesanales por los daños causados por la destrucción de su actividad productiva y la contaminación del Río Magdalena.

 

 

Gobierno del Huila comparte modificar Licencia del Quimbo sobre restitución de la actividad productiva.

Ilustración Asoquimbo

 El 24 de junio de 2022 la gobernación del Huila envió oficio al presidente Iván Duque y otros funcionarios sobre “Cumplimiento de obligaciones de la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo”.

En el documento se registra que “el Departamento del Huila, en aras de facilitar la compensación de las 427 personas que en la actualidad no la han recibido como se establece en la Licencia Ambiental, estaría de acuerdo con una modificación concertada de la licencia y el documento de cooperación, que posibilite la compensación con la entrega de un dinero equivalente al valor de la compensación que le corresponde de acuerdo con la Licencia Ambiental” y agrega que “con el fin de avanzar  en el cumplimiento de la obligación establecida en la licencia ambiental, relacionada con la adquisición y adecuación de 2700 has con riego, el Departamento del Huila no descarta la posibilidad de que se adelante una modificación del acuerdo de Cooperación y la Licencia Ambiental con el objeto de concertar un precio de la tierra y de su adecuación con miras a que, dichos valores sean transferidos a los municipios del área de influencia, según el porcentaje de afectación…”

El 6 de septiembre de 2018 el presidente Duque instaló la Comisión de Seguimiento a los incumplimientos de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Asoquimbo participó inicialmente como integrante de la misma pero se retiró por dos razones. Primero, el no reconocimiento de representantes de todas las poblaciones afectadas lo que permitía al gobierno mantener mayorías a favor de Emgesa. Dos, debido a que se desvió el propósito de la Mesa de hacer cumplir con las compensaciones sobre restitución de la actividad productiva.

Es un hecho que la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- con el respaldo del gobierno Departamental y Alcaldes de la Zona de influencia, a cambio de hacer cumplir lo establecido en la Licencia Ambiental, han estado de acuerdo con su modificación, como se expresa en el oficio del gobernador al presidente, en contra de todas las evidencias que corroboran la presencia de tierras aptas (suelo y agua) para la adecuación con riego en los municipios del AID. Uno de ellos, corresponde al estudio realizado y presentado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM^[1] en el año 2019, “donde se determina la existencia de más de 17.718,95 hectáreas aptas para riego por gravedad”. El otro estudio, es el Plan Departamental de Riego del Huila 2022-2039, elaborado por la UPRA en Convenio con la Gobernación del Huila^[2] “donde se estiman más de 59.955,8 hectáreas aptas para riego en los municipios del AID”.

Ya en el año 2010, en un estudio realizado con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, cofinanciado por EMGESA, se relacionan los predios y describen 7.907 hectáreas viables para adecuación de tierras con destino al programa de reasentamiento (2.500 ha) y las que debían ser adquiridas por el Gobierno Nacional y adecuadas con riego por EMGESA (2.700 ha). Este estudio se hizo para justificar que existía la garantía de restitución de la actividad productiva que fue una de las condiciones para otorgar la Licencia debido a que la Procuraduría Ambiental había solicitado al Ministerio de Ambiente abstenerse de concederla y una de las razones era la dificultad de encontrar tierras en el Huila semejantes a las que serían inundadas.

Sin embargo, Emgesa niega los estudios al confirmar que “ante la evidencia de escasez de la oferta hídrica para riego por gravedad en predios del centro del departamento del Huila, o la negativa de venta de algunos predios, no ha sido posible avanzar con la adecuación”. El mismo gobierno departamental sostiene que “Emgesa está presionando a las comunidades para modificar la licencia y tratar de pagar lo menos posible”, razón por la cual, no es comprensible el interés de ceder a cambiarla cuando se cuenta con todos los estudios para exigir que se cumpla a cabalidad como ya está establecido.

Ahora, cuando se ha posesionado el nuevo gobierno y después de conocerse públicamente el documento que Asoquimbo entregó a la Ministra de Ambiente Susana Muhamed, donde se solicita, entre otros, su intervención inmediata para que se cumpla con todas las obligaciones establecidas en la misma y se logró una Acuerdo con el presidente de la Cámara, David Racero de convocar a un debate de control político sobre el PH El Quimbo aparece el asesor del Gobierno Departamental dando declaraciones como las publicadas en el Diario del Huila titulado "Gobierno entrante, una nueva esperanza para los afectados por El Quimbo" expresando que han defendido a las víctimas y los intereses del Huila, cuando no solo se tergiversan los hechos, sino que se oculta que en el reciente Oficio enviado al gobierno nacional ACEPTA la modificación de la Licencia bajo el supuesto de hacer cumplir la obligación de restitución de la actividad productiva.

Ese interés protagónico del asesor Roa tiene otra pretensión perversa. Desconocer una vez más la resistencia social orientada por Asoquimbo durante 12 años, como lo viene haciendo el Gobernador Luis Enrique Dussán quien durante su gobierno, con la anuencia de su secretario de Agricultura, Dilberto Trujillo, se ha negado a interlocutar con la organización, debido a que durante su campaña electoral como aspirante al cargo, Asoquimbo denunció con evidencias que había estado de acuerdo con otorgar la licencia ambiental al Quimbo al considerar que se trataba de "un gran negocio".

Asoquimbo ya está concertando gestiones para su encuentro con la Ministra de Ambiente y la realización del debate de control político en el Congreso sobre El Quimbo.

 

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[1] Informe de la CAM a la mesa técnica de la comisión nacional de seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, presentado a la comisión nacional de seguimiento 2019, página 2.

[2] Plan Departamental de Riego del Huila 5.9.1 Tierras Aptas para Riego, Tabla 5-5 Aptitud de las tierras para riego por clase en cada municipio Hojas 40-42.

EL ACUERDO DE ESCAZU UN INSTRUMENTO PARA FORTALECER LAS RESISTENCIAS SOCIALES.

El Senado de la República, con 74 votos a favor y 22 en contra, aprobó en segundo debate el proyecto de ley sobre ratificación del ingreso de Colombia al tratado internacional vinculante Acuerdo de Escazú,  que se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fue adoptado el 4 de marzo de 2018, considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y El Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la  toma de decisiones, el acceso a la justicia en el ámbito ambiental y  la protección de defensores del ambiente.

Los opositores al acuerdo de los particos Cambio Radical y el Centro Democrático coinciden en que "puede causar efectos en la inversión porque pone en tela de juicio la seguridad jurídica de sectores económicos del país y puede aumentar los tiempos de licenciamiento”. El rechazo al Acuerdo obedece a que su única preocupación es que pueda afectar los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y nacionales que cuentan con todas las garantías para el desarrollo de sus proyectos extractivos (minero energéticos, agronegocios, mercados carbono) para la acumulación de riquezas que ha sido posible mediante el despojo de las comunidades, el asesinato de líderes sociales, la destrucción de los ecosistemas y de los ciclos naturales.

En el prefacio se afirma que el Acuerdo “contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo.. asegurando la participación del público en todas las decisiones que los afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad”.

Parte del supuesto, según el cual es “falsa la dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico” y que posibilita la lucha contra el cambio climático, contrario a los argumentos de sectores ambientalistas que sostienen que no hay solución a la crisis ecológica en el marco del capitalismo de su productivismo y consumismo, del mercado, porque su lógica absurda y perversa de acumulación conduce inevitablemente a la ruptura de los equilibrios ecológicos y a la destrucción de los ecosistemas.

No obstante la contradicción señalada anteriormente, el Acuerdo crea mejores condiciones para  la protección de los derechos de las “víctimas del desarrollo” y de las personas en general y es un estímulo para que las comunidades y los pueblos se movilicen y decidan de manera autónoma sobre sus proyectos de vida a nivel regional y local contra la invasión de proyectos extractivistas, entre ellos, los de minería  que se vienen imponiendo a nivel municipal en el país, mediante acuerdos secretos entre la Agencia Nacional de Minería y los alcaldes municipales o los de reforestación y conservación que hacen parte del negocio financiero de los  “mercados carbono”  a favor de transnacionales que vienen convirtiendo nuestra biodiversidad natural (Selvas, Macizos, Serranías) en una mercancía como “simples sumideros de carbono” que prestan “servicios ecosistémicos” que se cubren con la estafa de los Pagos por Servicios Ambientales”, convirtiendo a los campesinos e indígenas en “guarda bosques” o en la nueva fuerza de trabajo que se explota ofreciendo una bonificación mínima por vincularse a la mercantilización de la naturaleza al servicio del capital.

Corresponde al nuevo gobierno la adecuación de la normatividad al nuevo tratado, entre ellas, la de la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones como las Consultas Populares, que implica, entre otros, establecer que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera” como lo establecía la Sentencia T 445 /16 de la Corte Constitucional.

Los Movimientos Sociales cuentan con este Acuerdo que desde ya hay que hacerlo efectivo frenando a través de acciones de resistencia todos los megaproyectos extractivos minero energéticos e impulsando una transición ecológica y energética soberana, democrática, pública y comunitaria que debe estar centrada en la gente y el planeta, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza.

 

 

¿Los congresistas estarán dispuestos a reformar su augusto cuerpo legislativo?

 

El Pacto Histórico anunció que el 26 de julio radicará el Proyecto de Ley sobre Reforma al Congreso.

Se supone que la iniciativa debe ser sometida a un gran debate y movilización nacional y no a un acuerdo por arriba.

Debe ser parte de una Reforma Laboral que se fundamente en el principio "de cada quién según su capacidad a cada quien según su trabajo", razón por la cual quienes fueron elegidos como representantes del pueblo al servicio del interés público no pueden gozar de un Régimen Especial de privilegios aprobados por los mismos parlamentarios muchos de los cuales son dueños y/o accionistas de grandes empresas privadas nacionales y/o transnacionales o del sistema financiero.

Si el Congreso tiene la potestad de legislar, la reforma debe regir a más tardar a partir de enero del 2023 y no para los futuros legisladores como se informa a través de los medios.

No se trata simplemente de una reducción del salario cuantificado en 25 mínimos. Todo lo contrario, debe ser parte del establecimiento de un Salario Básico Profesional asociado a una Reforma constitucional que establezca la obligatoriedad de la Educación Pública hasta la obtención de un titulo de pregado universitario y que se reconozca también a quienes sin poseer titulos profesionales cuenten con una amplia experiencia y saberes propios de la diversidad cultural.

El trabajo dedicado a legislar debe ser igual al exigido para cualquier empleado o trabajador equivalente a 8 horas diarias de lunes a viernes y vacaciones de 15 días hábiles al año.

El Régimen pensional debe ser igual al de los demás empleados públicos y deben suprimirse las primas especiales, gastos de representación, entre otros.

Los costos de las UTL de 40 millones por Congresista deben modificarse, una por Bancada,  que garantice la financiación requerida para la contratación de equipos de investigación interdisciplinarios reconocidos de universidades públicas y/o centros especializados que son necesarios para apoyar el estudio de las Reformas producto de iniciativas colectivas y no individuales.

Las UTL por congresista se han convertido en estímulos a la corrupción y fuentes de negociación para lograr respaldos electorales o transacciones para favorecer a "amigos o familiares.

La reforma también debe limitar la reelección a dos periodos sea inmediata o posterior y garantizar la equidad de género en igualdad de condiciones.

El ausentismo debe ser penalizado no sólo con la pérdida de investidura sino del ejercicio de funciones públicas de por vida.

Una reforma al congreso no puede establecer privilegios para quienes fueron elegidos como servidores públicos que deben ser ejemplo de dedicación al trabajo y de transparencia en la toma de decisiones en cumplimiento de las obligaciones de garantizar todos los derechos establecidos en la Constitución en igualdad de condiciones para todos.

El elegido, al conocer que no cuenta con privilegios, estará motivado por el interés de servir al pueblo y no a nivel personal de apropiarse los bienes públicos o de legislar a favor suyo, de su familia o de grupos de aduladores suborninados.

En otros términos, deben tener claro que fue elegido para obedecer al constituyente primario y no para mandar como si los electores fuesen sus esclavos.

Es evidente que una Reforma en los términos planteados será objeto de rechazo, incluso por la mayoría de los parlamentarios, incluidos del Pacto Histórico, que se hicieron elegir a codazos a través de listas cerradas, sin mayor respaldo popular, motivados por los privilegios, con énfasis en lo económico, de que gozan los congresistas.

Lo más probable es que se aprueben unas reformas mínimas a partir de 2026 que no los afecta pero pensando en su reelección.

Por esa razón, la convocatoria que hace Petro de realizar actos culturales en todas las plazas públicas municipales el 7 de agosto deben convertirse en el inicio de las grandes movilizaciones sociales exigiendo que todas las propuestas de Reformas sean producto del debate desde los movimientos sociales territoriales y no desde arriba en pactos secretos estimulados por "mermeladas".

Ninguna reforma a favor del pueblo ha sido aprobada por el Congreso sin la resistencia social.

Ante la imperiosa necesidad de reformas sociales como la Agraria Integral hay que iniciar por la recuperación de tierras o la del sistema educativo, movilizando desde ya a todos los actores sociales.

Ejemplos recientes lo confirman como los levantamientos populares contra la Tributaria de Carrasquilla; las acciones estudiantiles que lograron matrícula cero o las grandes rebeliones contra el neoliberalismo, destacando la participación de los jóvenes, las guardias indígenas, organizaciones defensoras del territorio contra el modelo extractivista, que fueron decisivos en ampliar la representación parlamentaria progresista y en la elección del nuevo Gobierno en cabeza de Petro Francia.

ACCIONES DE RESISTENCIA CONTRA INVASIÓN MINERA Y BONOS CARBONO

El Movimiento Social Defensores del Territorio DT, como expresión territorial de las luchas de resistencia contra el extractivismo minero energético (represas, fracking, minería a gran escala) y los agronegocios, por la Defensa de la Vida y un nuevo modelo minero energético y alimentario soberano y autónomo, CONVOCA a la realización de Plantones frente a las sedes de las alcaldías de Neiva, el jueves 21 de julio a las 10 de la mañana y de Garzón el 22 de julio a las 2 pm, contra la invasión minera concertada entre la Agencia Nacional de Minería -ANM- y las Alcaldías Municipales, desconociendo la participación ciudadana y comunitaria.

Producto de la movilización social se impidió la realización de las Audiencias Públicas Informativas en los Municipios de Pitalito, Isnos, San Agustín y Elias y mediante los autos 148, 149 y 150 del 13 de julio de 2022 la ANM suspendió las Audiencias de Neiva, Palermo y Garzón.

El 17 de Julio de 2022 se realizó el Taller sobre “Invasión minera y Bonos Carbono”, en la Universidad Surcolombiana con transmisión virtual donde participaron representantes de la CUT, CRIHU, Asoquimbo, Corporación el Curíbano, UP, Colombia Humana del Huila y se conectaron miembros de organizaciones sociales de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caquetá, Putumayo, académicos y comunicadores de Territorio Verde, entre otros. Durante el evento se dio a conocer que del total de 141 solicitudes de Proyectos Mineros se viabilizaron 72 por la ANM y 15 alcaldías mediante actas de “coordinación y concurrencia” que cubren un área equivalente a 18.365 hectáreas del Huila. El tipo de minería relacionados en las Actas son oro, plata, cobre, platino, paladio, rutenio, rodio, osmio, molibdeno, plomo y Zinc y sus concentrados y derivados; arenas y gravas de río, arcillas, recebo, mármol; roca o piedra caliza.

Los participantes en el Taller acordaron: 1) Exigir la suspensión de todo el proceso de adjudicación de concesiones mineras y se investigue por las autoridades competentes la naturaleza de cada empresa, el origen de su capital y si los alcaldes municipales que suscribieron las actas de coordinación y concurrencia, aprobando las solicitudes de proyectos mineros, están impedidos por conflicto de intereses. 2) Solicitar al próximo gobierno detener la invasión minera y los proyectos extractivos minero energéticos de represas, fracking, minería a gran escala, agronegocios y reglamentar las Consultas Populares de carácter decisorio. 3) Realizar y socializar el contenido del Taller Invasión Minera y Bonos carbono en Garzón, Pitalito y Florencia, crear una coordinación en representación de organizaciones sociales, sindicales, ambientales, de Derechos Humanos del Huila defensoras de la Vida y el Territorio y construir una Agenda Mínima compartida con otras regiones, por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades; sustentado en otras alternativas como la energía solar, eólica, geotérmica, cogeneración y biomasa, entre otras, que implica  una transición energética que parte de considerar la energía como un bien común y no como una mercancía, es decir, asociada a “los negocios verdes” como los bonos carbono; por la autonomía y el poder territorial  que armonice las relaciones entre el campo y la ciudad y por la paz con justicia socioambiental contra la paz corporativa.

Se destaca la reflexión crítica sobre las propuestas del Gobierno de Petro sobre los bonos carbono y el rechazo a los mercados verdes  y a los Pagos por Servicios Ambientales y se propuso que el Estado debe concertar con las comunidades un fondo especial para la financiación de Programas de conservación y reforestación de los bienes naturales comunes como  el Amazonas, el Macizo Colombiano, Serranía de Chiribiquete, bosques, páramos, ríos, destinado a compensar a las comunidades indígenas, campesinas, afro que habitan esas regiones con inversión en compra de tierras, proyectos agroecológicos, Seguridad Alimentaria, como los auténticos protectores de la naturaleza.  El estado debe respetar los preceptos de derecho mayor, derecho propio y ley de origen, y de las funciones ambientales de las autoridades indígenas; como también los principios de autodeterminación, la autonomía, la participación efectiva y el derecho fundamental a la consulta previa y las consultas populares libres e informadas; a la identidad, cultural, los derechos sobre tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de las prácticas territoriales ancestrales y sus planes integrales de vida y las formas de producción de campesinos y afros como la agroecología.

Miller Armin Dussán Calderón <[e-mail]>
para mí

https://youtu.be/hBA_9h9z720

 

DECLARACIÓN: INVASIÓN MINERA CONCERTADA ENTRE LA ANM Y ALCALDES DE MUNICIPIOS DEL HUILA

 

Ciclo Minero

El Movimiento Social Defensores del Territorio denuncia que se vienen imponiendo proyectos extractivos mineros en todo el país y, particularmente en el Departamento del Huila, a través de procesos de negociación entre la Agencia Nacional Minera, ANM, y los alcaldes de los municipios de Neiva, Palermo, Campolaegre, Garzón, Pitalito, San Agustín, Isnos, Elías y Saladoblanco, quienes ya suscribieron un Acta de Coordinación y Concurrencia sin consultar previamente con la voluntad de los ciudadanos, ni realizar las consultas previas con las comunidades indígenas, donde se establece que ha sido concertada “el área susceptible de minería en el municipio” y se están convocando a Asambleas Públicas informativas sobre los proyectos mineros y las empresas encargadas de desarrollarlos en los territorios.

La Agencia Nacional Minera en el Acta de Coordinación y Concurrencia explica en detalle el proceso para el otorgamiento de un título minero que inicia “con una reunión de coordinación y concurrencia con el Alcalde como primera autoridad del municipio y representante legal del mismo, en la que se acuerda el área del municipio que es susceptible de desarrollo de proyectos de minería” y, posteriormente, se realiza una Audiencia Pública, informativa de terceros, la cual tiene por objeto “dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas las propuestas de contrato de concesión viabilizadas dentro de un área determinada, (departamental, municipal o regional)”. La Audiencia no es decisoria ni vinculante, simplemente informativa, es decir, a la comunidad se le niega el derecho a decidir si están o no de acuerdo con los proyectos mineros previamente concertados.

La Agencia Nacional de Minería, Vicepresidencia de contratación y Titulación, Grupo de contratación minera, mediante Auto GCM No. 122 de 21 de junio de 2022 ordenó la celebración de la audiencia y participación de terceros, dentro del trámite de las propuestas de contrato de concesión No. 503318, UCI-08351, 501167, PHS-08071, PII-08121, PDS-08071, OG2-08354, PE8-08332X, QB5-14341, TBE-11361, 503480, 501987, 501731, PD9-08301, OG2-093210, PED- 08221 e informa que a la fecha se encuentran cuarenta y siete  (47) propuestas de contrato de concesión minera, ubicadas en el municipio de Neiva, las cuales en su totalidad fueron evaluadas y se relacionan las que cumplen con los requisitos legales contemplados en el Código de Minas, así como el acta de coordinación y concurrencia suscrita con la entidad territorial y se convocó a Audiencia para el veintiuno (21) de julio de 2022, en el Auditorio Parque Metropólitano, ubicado en la Carrera 49, entre las Calles 18 Y 19, Barrio Victor Felix, del Municipio de Neiva, a las diez (10:00) am.

La misma entidad, mediante Auto GCM No. 124 de 21 de junio de 2022 ordenó la celebración de la audiencia y participación de terceros, dentro del trámite de las propuestas de contrato de concesión No. SDH09441, OG2-09226, TK8-15441” e informa que a la fecha se encuentran nueve (9) propuestas de contrato de concesión minera, ubicadas en el municipio de Garzón evaluadas y se relacionan las propuestas que cumplen con los requisitos legales contemplados en el Código de Minas, entre ellas, la de Emgesa, así como el acta de coordinación y concurrencia suscrita con el alcalde municipal el 6 de noviembre de 2020. La Audiencia fue convocada para el veintidós (22) de julio de 2022, en el Auditorio Cooperativa CONFIE, ubicado en la Calle 7 con Carrera 8, del Municipio de Garzón, Departamento de Huila, a las diez (10:00) am.

El Grupo de Contratación Minera en los informes técnico, económico y jurídico de las siguientes concesiones de propuestas de contrato sobre mineral Arenas y gravas (de río), recebos y material de cantera, define las áreas susceptibles de contratar que afectan los Ríos Guachicos, Guarapas y Magdalena, así: 1) Concesión No. 503376, 86,2334 hectareas, 56% correponden al Municipio de Pitalito (vereda versalles) y 44% al municipio de Isnos (vereda brisas del Magdalena). El 20 de marzo del 2019, se suscribió acta de concertación en la que se definió un área susceptible de vocación minera y se convocaron audiencias, en Isnos el 28 de junio que fue aplazada debido a acciones de protesta y en Pitalito para el 5 de julio a partir de las 2 de la tarde en el Centro Cultural Surcolombiano Hector Polanía 2) Contrato No. 503163, proponente Masseq Proyectos e Ingeniería SAS, 403,99 hectáreas, 77% en Pitalito y 23% Saladoblanco. 3) No. 504680 proponente Petroleos Colombia SAS, 64,064 hectáreas, 49% en Pitalito, 36% en Isnos y 15% en San Agustín. 4) No. 506056, 98,54 en Pitalito. 5)  No. MA3-08161, 64.04 hectáreas, 10% en Pitalito, 71% en Elias y 19% en Saladoblanco. 6) No. QBI-10561, 30.79 hectáreas, en Pitalito. 7) No. QHL-08271, 174,92 hectáreas en Pitalito. Se suscribieron las respectivas áreas de concertación y se aprobó la convocatoria a Audiencias Públicas.  

Además, fueron convocadas Audiencias en Elias, 6 de julio a partir de las 9 am. en la Institución educativa San Luis Gonzaga; Palermo, (Auto GCM no. 123) el 21 de Julio de 2022 en el Centro Cultural Reynaldo Polanía, a las 2 de la tarde.

Defensores del Territorio convoca a todas las organizaciones sociales del Huila a organizar la resistencia contra la política extractiva minero energética y agronegocios y para tal efecto se propone una reunión virtual inicial el sábado 16 de julio a las 9 de la mañana donde se compartirá y analizará información sobre las Actas de Concertación y las Audiencias Públicas convocadas, se definirá un Plan de Acción de defensa del territorio y se creará una coordinación departamental para impulsar su ejecución.

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA SOBRE CONCESIÓN MINERÍA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS

El Salto o la Chorrera de Mortiño hace parte de la zona de Concesión Minera

El Movimiento Social Defensores del Territorio informa que el Doctor DIEGO FERNANDO CABALLERO MEDINA, Personero Municipal de San José de Isnos convocó públicamente a la comunidad, a instancias de la Agencia Nacional de Minería, a la “audiencia pública informativa y participación de terceros dentro del trámite de las propuestas de contrato de concesión minera No. 500981, 504680 y 503376 en el municipio de Isnos Huila”.

Este tipo de convocatorias, las viene realizando la Agencia Nacional Minera en todos los municipios del país donde a través de un Acta de Coordinación y Concurrencia se explica en detalle el proceso para el otorgamiento de un título minero que inicia “con una reunión de coordinación y concurrencia con el Alcalde como primera autoridad del municipio y representante legal del mismo, en la que se acuerda el área del municipio que es susceptible de desarrollo de proyectos de minería”.

Además del ejercicio de coordinación y concurrencia con los alcaldes y luego de evaluados los elementos para el otorgamiento de un contrato de concesión minera, la ANM debe realizar una Audiencia Pública, informativa de terceros, la cual tiene por objeto “dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas; las propuestas de contrato de concesión viabilizadas dentro de un área determinada, (departamental, municipal o regional). Todos los asistentes pueden expresar sus inquietudes, sin embargo, la Audiencia no es decisoria ni vinculante, simplemente informativa. En otros términos, a la comunidad se le vulnera el derecho a decidir si están o no de acuerdo con los proyectos mineros que se les van a imponer a nombre de la coordinación y concurrencia.

Los alcaldes vienen concurriendo a las convocatorias y firmando las respectivas actas sin consultar previamente la voluntad de los ciudadanos. En el caso de Isnos el representante del Ministerio Público sostuvo que “hay varios particulares interesados en explorar y explotar materiales de arrastre en la quebrada La Chorrera en zona limítrofe con el municipio de San Agustín, que desemboca en el Río Magdalena y que la Audiencia del 28 de junio pretende escuchar diferentes opiniones para cumplir con el debido proceso para lograr los respectivos títulos mineros”, razón por la cual, se ha convocado a todas las comunidades a una reunión urgente este domingo 26 de Junio en el Colegio José Eustasio Rivera a las 9 a.m. debido a que no se les ha garantizado el Derecho al acceso a la Información establecido en el Artículo 24 de la constitución y se les invita simplemente para concluir con un procedimiento formal.

En consecuencia, el Movimiento Defensores del Terriotorio, solicita al señor personero de Isnos se suspenda de inmediato la convocatoria a la Audiencia como garantía del Derecho a estar Bien Informados para efecto de tomar decisiones tan importantes como la intervención de un territorio caracterizado por la rica biodiversidad natural.

AGENDA MÍNIMA PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO

 

El Movimiento Social Defensores del Territorio DT está dispuesto a mantener un diálogo directo con el nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, en torno a una Agenda mínima alternativa a los proyectos extractivos y de mercantilización de la naturaleza como los bonos carbono.

Compartimos que los resultados electorales a favor del progresismo son producto de las resistencias históricas de los pueblos, destacando los recientes levantamientos populares contra el neoliberalismo y los  aportes de los Movimientos Sociales que de manera autónoma han venido construyendo Agendas Comunes desde los Territorios por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo que implica una transición ecológica y energética justa, la creación de un Sistema Agropecuario, pesquero, territorial y sustentable que privilegie la agroecología a cambio de la agroindustria y la Paz con Justicia Socioambiental.

Estas agendas se fundamentan en la “Autodeterminación como sujetos colectivos de los pueblos en movimiento”, que demandan vivir con sus cosmovisiones, razón por la cual, rechazan la instalación de proyectos extractivos de minería a gran escala, petróleo, represas, monocultivos que destruyen los ecosistemas y defienden sus planes de vida como parte de una economía propia ecosustentable con su concepción de poder, que parte de considerar que los cambios de fondo los hacen los pueblos, no vienen de arriba sino de abajo.

Se trata de los pueblos indígenas, afros, campesinos que en las recientes elecciones se movilizaron de manera organizada desde las Montañas y Serranías del Caribe y del Pacífico, demostrando su capacidad y disposición de avanzar en la construcción soberana y autónoma del poder popular.

Es comprensible y razonable el júbilo multicolor que se expresó el 19 de junio en pueblos y veredas víctimas de las violencias estructurales encarnadas en el poder criminal de todas las mafias que han gobernado el país y las expectativas en el nuevo gobierno. Pero también hay que ser conscientes de los grandes retos que hay que enfrentar debido a las presiones que ejercen diferentes sectores como el de las grandes empresas, que demandan estabilidad jurídica y garantías de inversión, con énfasis, en las energías renovables, asociadas a los mercados verdes y que el contenido de las propuestas de paz y justicia socioambiental serán objeto de negociaciones en el Congreso antes de traducirse en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en un contexto desfavorable por el creciente incremento de la deuda pública y la exigencia del FMI de la solución del déficit fiscal en detrimento de la Agenda Social.

En el contexto del Diálogo Regional, el Movimiento Defensores del Territorio considera que es urgente dar respuesta a las siguientes exigencias mínimas:

Suspender definitivamente el Plan Master de privatización del Río Magdalena que contiene la construcción de 7 represas más para el Huila y de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte 2025 y construir un Sistema de Ríos Protegidos para la preservación de la biodiversidad Natural y genética.

Impulsar la transición energética que debe estar en manos del Estado y sus empresas como ECOPETROL y la empresa de energía del Huila dando prioridad a las energías renovables en cabeza de las comunidades, los barrios, las organizaciones sociales o comunitarias y los municipios que deben ser subsidiadas por el Estado y no concesionar proyectos de diversificación de la oferta desde el mercado asociada al negocio financiero de los Bonos Carbono a favor de las transnacionales como ENEL EMGESA que viene invadiendo el Macizo Combiano, despojando a indígenas y campesinos, para el control territorial y apropiación de nuestros Bienes Naturales Comunes como el agua.

Frente a los graves daños socioambientales causados por la construcción de la represa El Quimbo se debe garantizar la entrega de 2700 hectáreas con Distritos de Riego por gravedad en producción a poblaciones victimas de Enel Emgesa, tal como lo estableció la Licencia Ambiental; dar cumplimiento al Decreto 1277 de 2013 que estableció un programa de adjudicación de Tierras con prioridad para víctimas del Quimbo y garantizar la creación de una Zona de Reserva Campesina, donde se privilegie la agroecología a cambio de la agroindustria; garantizar la reparación de los daños causados al departamento por la destrucción de las actividades agrícolas equivalentes a 30.000 toneladas de alimentos,  que han dejado pérdidas anuales cercanas a los 50 mil millones de pesos; dar cumplimiento a la Sentencia T 135/13 de la Corte Constitucional de restitución de los derechos constitucionales vulnerados a todas las poblaciones victimas del Megaproyecto El Quimbo,

Defensores del Territorio exige celeridad a la Justicia que después de 8 años de interpuestas las demandas de nulidad de la Licencia Ambiental del Quimbo ante el Consejo de Estado y de supuesto delito por daños ambientales en la Fiscalía 3 de Bogotá y de haber agotado todos los trámites, aún no existe pronunciamiento de fondo.