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Miller Armín Dussán Calderón

EMGESA MEDIANTE INTERROGATORIO TEMERARIO PRETENDE JUSTIFICAR LA NO INCORPORACIÓN AL NUEVO CENSO DE AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO

EMGESA  MEDIANTE  INTERROGATORIO TEMERARIO PRETENDE JUSTIFICAR LA NO INCORPORACIÓN AL NUEVO CENSO DE AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO

Emgesa ha ordenado el archivo de solicitudes de incorporación al nuevo censo socioeconómico ordenado por la Corte Constitucional de la inmensa mayoría de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo después de haber sido objeto de un interrogatorio arbitrario montado para justificar la no inclusión y el reconocimiento de las compensaciones, con el pleno consentimiento de  la Procuraduría Agraria Ambiental del Huila, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- que actúan como jueces y parte en contra de los afectados.

La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-135/13, artículo 8, ordenó a Emgesa S.A. E.S.P, que en un término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, inicie la  elaboración de un nuevo censo, aplicando los postulados de esta sentencia y respetando, en especial, el derecho a la participación efectiva de los habitantes de la zona. Para completar el censo aquí ordenado contará con seis (6) meses, contados a partir del vencimiento de los primeros quince (15) días

La Corte Constitucional en la Sentencia T-135/13 destacó que “el grupo de derechos principalmente amenazados y potencialmente violados, comprende, entre otros, el derecho (i) a tener una vida digna, (ii) al mínimo vital y (iii) a la vivienda digna, al (iv) trabajo y a la (v) seguridad alimentaria. También existe, como se vio, un potencial riesgo de afectación del (vi) derecho a un medio ambiente sano. Por último cabe destacar que se puede afectar gravemente el derecho a la participación pública efectiva, consagrado en los artículos 40-2 de nuestra Constitución y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana, que hacen parte del bloque de constitucionalidad”.

En relación con los censos ya realizados por Emgesa el Alto Tribunal consideró que no se emplearon los medios razonables para que la participación pueda considerarse efectiva. “Elaborar unos listados y hacer unas convocatorias por medios, que fue esencialmente lo que se hizo, resulta insuficiente cuando hay muchos intereses de tantas personas de por medio, en especial, en sitios rurales donde las comunicaciones muchas veces son precarias”.

Precisamente, La sentencia T-135 de la Corte constitucional, cuestiona las limitaciones de la participación que nuevamente es negada por Emgesa a los afectados y, específicamente, a Asoquimbo  en el diseño y ejecución de la metodología del nuevo Censo.  Al respecto la Corte señaló: “Una vez así garantizada en las fases previas la participación, al efectuar el censo de la población afectada, para no incurrir en violaciones de otros derechos fundamentales, solo se podrá requerir de quien solicite ser incluido en dicho censo el cumplimiento de los trámites y requisitos expresamente previstos en la ley  o en la licencia ambiental y, en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como ciertas, a menos de que se demuestre lo contrario, las declaraciones y pruebas aportadas por quien considera que deriva afectación de la construcción del proyecto. En este sentido, si la empresa considera que la declaración o la prueba falta a la verdad, debe demostrar que ello es así. Finalmente, exigir que una persona alegue la condición dentro de   un término definido en las normas vigentes puede resultar irrazonable o desproporcionado, en atención a las razones que, como se vio en otro pasaje de esta sentencia, la afectación por causa del proyecto puede surgir paulatinamente”.

La Corte Constitucional ordenó a la ANLA  “hacer efectivos los procesos de participación, de manera continua, en los términos de esta sentencia y expresados en la Resolución No. 899 de 2009”. Hasta ahora, esta entidad no se ha pronunciado con relación a la decisión de la Corte, en especial, a “salvaguardar en estos casos los derechos fundamentales de la población impactada  debido a que tienen un especial grado de responsabilidad, tanto en la fase de diseño como en el de implementación, para que las obligaciones de mitigación de las consecuencias sociales previstas en la licencia ambiental se honren cabalmente”

Emgesa, en connivencia con el Procurador Agrario Ambiental, Diego Vivas, la representante del Programa Presidencial de D.H, Fabiola Castillo y el delegado de la ANLA, negaron el Derecho a la participación ciudadana efectiva, libre e informada contra la Sentencia T-135 y montaron un interrogatorio temerario mediante el cual  se induce al afectado a incurrir en contradicciones y errores que quedan registrados en cámaras para justificar su no inclusión en el nuevo censo ordenado por La Corte. Este interrogatorio se realiza sin la presencia de representantes de la comunidad y la veeduría ciudadana.

Cabe recordar que la ANLA, la Procuraduría Agraria Ambiental y el Programa Presidencial de Derechos Humanos siempre se opusieron a la realización del nuevo censo de afectados, razón por la cual se burlan de la Sentencia T-135 de la Corte Constitucional.

Más grave aun cuando  el juez de Primera Instancia –Sala Cuarta de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva,  mediante Auto del 17 de junio de 2014 “se abstiene de emitir pronunciamiento alguno respecto del incumplimiento de lo ordenado en Sentencia T-135 de 2013, o denominado “incidente de desacato” y demás solicitudes promovidas en esta acción constitucional por falta de legitimación en la causa por activa, en razón a que las personas que lo promueven no hicieron parte en el trámite de la acción de Tutela”, desacatando lo establecido por la Corte al reconocer  la “legitimidad de Asoquimbo para solicitar el cumplimiento de un fallo dictado en sede de revisión de Tutela por la Corte Constitucional o tramitar un incidente de desacato, debido a que los efectos del proceso de tutela que concluyó con la Sentencia T-135 recayeron sobre los afectados pertenecientes a la organización, razón por la cual la Corporación decidió enviar la solicitud al Juez de Primera Instancia que conoció originalmente el proceso para que sea esa autoridad judicial la que asuma el cumplimiento de la Sentencia T-135 de la Corte, conforme a lo establecido en los artículos 27 y 52 del decreto 2591 de 1991.

Asoquimbo solicita a la Corte Constitucional decida conforme a lo establecido según lo cual, “frente a excepcionales circunstancias puede ejercer la competencia en relación al cumplimiento de sus fallos de tutela cuando: (i) ha habido manifiesto incumplimiento de las decisiones de tutela, sin que los jueces de primera instancia hayan podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección; (ii) dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces; o (iii) se está en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas y/o se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones. Ahora bien, la Corte es autónoma para fijar la oportunidad en la cual interviene, así como para definir las medidas a adoptar con el propósito de dar cabal observancia a la decisión de revisión”.

 

EMGESA SE NIEGA A PAGAR LA TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL QUIMBO Y VIOLA EL DERECHO CIUDADANO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

EMGESA SE NIEGA A PAGAR LA TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL QUIMBO Y VIOLA EL DERECHO CIUDADANO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La Tasa de Aprovechamiento Forestal -TAF-  es un instrumento económico, que se rige por los Artículos 220-221 del Decreto ley 2811 de 1974 y el Acuerdo 048 de 1982 del INDERENA que habilita a las CARs y Autoridades Ambientales Urbanas para que se cobre a quien tenga permiso de aprovechamiento forestal vigente. Se trata de “desincentivar la deforestación y cada corporación tiene la libertad de operarlas de diferente forma en su jurisdicción, siempre y cuando se conserven los componentes de la tasa”.

Asoquimbo obtuvo información según la cual Emgesa se niega a pagar la Tasa de Aprovechamiento Forestal por la tala de árboles de la zona de inundación del Quimbo equivalente a 17 mil millones de pesos aproximadamente que son recursos provenientes de un bien público.

Lo más grave es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- viene cohonestando con el no pago de dicha T.A.F. afectando el interés público y favoreciendo la rentabilidad económica de las transnacionales Endesa Enel, Emgesa, debido a que Emgesa montó otro negocio adicional.  Contrató a la empresa REFOCOSTA para la tala de madera, que sería transformada en carbón para su aprovechamiento energético.

Pero además la ANLA no ha establecido ningún control en la zona permitiendo la Tala Indiscriminada de Árboles y el arrasamiento de toda la biomasa lo cual genera pérdida de Biodiversidad. Además, no le exige a Emgesa la sustracción de la tierra vegetal para su aprovechamiento agroalimentario, ahorrándole a la compañía aproximadamente 70 millones de pesos que costaría dicha sustracción por hectárea en una Zona donde mínimo serían utilizables 5.000 hectáreas.

REFOCOSTA ya se encuentra instalada en la Zona del Quimbo con toda la tecnología para la tala de bosque y su explotación energética y tiene previsto empezar la deforestación para el lunes 16 de junio sin la presencia de las autoridades ambientales con el propósito de ocultar las cifras de la biomasa destruida que determinarían finalmente el valor real de la Tasa de Aprovechamiento Forestal que posiblemente será objeto de demandas judiciales por la pretensión de Emgesa de negarse a pagarla.

Al mismo tiempo en que se destruye la biodiversidad por parte de Emgesa en connivencia con la ANLA y bajo el silencio cómplice del Gobierno Departamental, se conoce de presiones ejercidas por el Procurador Agrario Ambiental DIEGO VIVAS TAFUR contra el señor alcalde del Municipio de Altamira para que presente ante el Concejo Municipal el PBOT, induciéndolo a violar la Constitución y la Ley y contraviniendo la advertencia de la Contraloría según la cual: “el proceso de revisión y ajuste de los POT está siendo asesorado por EMGESA, mediante una consultoría, cuando este proceso debe ser adelantado y liderado por las administraciones municipales, en razón a que este ordenamiento se entiende como una política de Estado y a la vez una herramienta de planificación, a través del cual se pretende orientar la planeación del desarrollo de una región desde una perspectiva integral, participativa y prospectiva, además les fue suministrada información y estudios que la CAM ha adelantado en estos temas. Lo anterior por deficiencias de control y seguimiento del Ministerio de Ambiente y la CAM lo que no permite a los Municipios orientar la autonomía de sus decisiones y el riesgo de un posible conflicto de intereses. (Se trasladará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial MAVDT). Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.”

Es un hecho que Emgesa ha contratado con CODEIN el proceso de revisión y ajuste de los PBOT como lo advirtió la Contraloría a la CAM. En la página  oficial de Emgesa se afirma que: “La contratación de la firma Codein, por parte de Emgesa, tiene como objetivo poner a disposición de las administraciones municipales un grupo de profesionales expertos para apoyar el análisis en materia de la reglamentación específicamente en los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con las leyes y optimizar los usos de las tierras disponibles en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales.” Esta afirmación demuestra que se viene violando el carácter público e indelegable de la Planeación y, específicamente, vulnerando el principio constitucional de la participación efectiva e informada de los ciudadanos.

Emgesa expresa que “La reformulación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios del área de influencia de El Quimbo, permitirá avanzar en el proceso de reasentamiento de las comunidades, con la construcción de las viviendas y distritos de riego necesarios para los nuevos lugares de asentamiento de las familias residentes del Proyecto.” Lo que deja entrever el manifiesto interés de dicha empresa de un reordenamiento que permita a su proyecto hidroeléctrico avanzar por encima de las determinaciones autónomas de los municipios y sus necesidades. En este sentido, es claro ejemplo de violación de la ley lo que está sucediendo con la comunidad de La Escalereta que ya tiene adelantada obras de reasentamiento en el Municipio de Altamira, sin la aprobación previa  del  PBOT del municipio.

Asoquimbo solicita a la Contraloría General de la República su intervención inmediata ante los atentados contra la biodiversidad, el patrimonio y la naturaleza pública y participativa de nuestro ordenamiento territorial.  

Movimiento Político y Social de Masas diferenciado del establecimiento

Movimiento Político y Social de Masas diferenciado del establecimiento

El ecosocialista, profesor de la Universidad Nacional, Daniel Libreros, plantea que la Pacificación  democrática  de Colombia  exige  la  conformación  de un movimiento político y social  de  masas   alternativo al recién constituído Frente Amplio por la Paz que adhirió a la reelección presidencial de Juan Manuel Santos.

a)     El Frente  Amplio por la paz:

El lanzamiento   del  llamado Frente  Amplio por la  Paz     conformado    por    sectores  del   Polo Democrático, por  la Unión Patriótica, la  Alianza Verde, Poder Ciudadano y Progresistas, así como por la Organización Nacional de Indígenas de Colombia y  Mujeres por la Paz,     en  el Centro  de  Convenciones  Jiménez  de Quesada    de la  capital  del país,    sirvió  de  escenario    para  que     las  fuerzas   políticas  y  sociales  convocantes anunciaron   el    apoyo  a   la  reelección    de Santos   en   las   votaciones de  segunda  vuelta presidencial   que  se realizarán  el   próximo  15  de Junio.  Este  apoyo  ha  sido  justificado    bajo el  argumento  de   defender     el  proceso  de  negociación  política   que  se  inició   desde  hace  más  de un  año  en La Habana    entre  el  gobierno  y las   FARC. 

La  adhesión política   del  Frente  Amplio por  la Paz  a   la  candidatura    de Santos  contó  con    la  presencia       de Rafael Pardo,   quien    salió  recientemente  del  Ministerio  del Trabajo para  sumarse   a   la  campaña proselitista  del  actual  Presidente.  El  FAP   anotó   en su  discurso  de  saludo  al  evento   "va a servir para que la paz en este país tenga la legitimidad que necesita, esa legitimidad que se la da la izquierda en Colombia".[1]

Tanto  en    el  acta  de constitución  del FAP  como  en las  declaraciones  de los    dirigentes  de las organizaciones  que  lo  conforman   se     argumenta  en favor  del  “mal  menor”.    Aceptan   que Santos  y  Zuluaga    son  neoliberales y  que  por  ende   cualquiera  que  gane   continuará  aplicando  el  modelo  económico  que  venimos  soportando    desde    los inicios  de  la  década  del  noventa. A  renglón  seguido  declaran   que  se opondrán  a    esas  políticas,   pero, añaden que  existen   visiones  diferenciadas  frente   a  la  salida política  negociada   en favor  del  actual  Presidente.

Mientras  Santos   ya  se ha  comprometido  con un proceso que  viene  avanzando    con  acuerdos  parciales  firmados, añaden, Zuluaga  representa  el uribismo,  expresión política  del paramilitarismo  interesado en la  continuidad  de la  guerra por  lo  que    cerraría  el  ciclo  de  negociaciones   que    avanza  en  La Habana..

Estos   argumentos     eluden   la   caracterización   de    los  intereses  políticos  y  económicos   que   expresa         el  santismo   para  justificar  una política   de  conciliación  de  clases . Por  ello     en el  discurso  justificativo  de los que  promueven   el FAP  el  neoliberalismo  deviene  en un  asunto  menor.   Olvidan   que   el  neoliberalismo   es  ante  todo  la imposición  de  un    sistema    de dominación    de la  burguesía transnacional  soportado  en las  Instituciones  Financieras  Internacionales -IFIS-  que  implementa   una   guerra  social     en   contra   de   los  trabajadores y  las  poblaciones    basada  en planes  de austeridad   para   preservar    las    ganancias  del  gran capital [2] y  que  ha  terminado  por  producir   una  concentración  de la  riqueza  sin precedentes  en la  historia  de la humanidad [3].   Este    sistema    de dominación   opera  en el marco  de una  acumulación  de capital    desregulada  que  articula  de manera  desigual  a    las   burguesías  locales bajo  la   “lógica organizadora” de la  globalización [4]. Los Estados nacionales,  con  capacidades  de  decisión política igualmente  desiguales,   fueron  integrados   al  “nuevo orden  mundial”  hegemonizado unilateralmente  por  el Imperialismo  norteamericano.  

El  régimen  de   dominación  política    en  Colombia y  por  ende,  el    actual  gobierno  de  Santos,   no pueden  explicarse  por  fuera  de  ese  contexto  internacional,   como  tampoco  la  propuesta presidencial  de  paz

a)    Extractivismo y  especulación  financiera: 

El  que  el modelo extractivista,    con    la  destrucción  de  territorios  y    el  desplazamiento  de poblaciones  que  lo  acompaña,    haya  devenido    en   el  pivote   central  de la  economía  colombiana    en  los últimos  años obedece a   la   división internacional  del trabajo  que   establecieron  los  conglomerados  transnacionales  en la  región   después  del  desplazamiento  considerable  de la inversión manufacturera  a  países de Asia.  El gobierno  de Santos  no tan   solo  oficializó     como política  de Estado el  extractivismo    en el plan de  desarrollo  del quatrenio  que  incluyó  grandes   beneficios   al  capital transnacional,  en  línea  de continuidad  con  los  gobiernos  de Uribe,     lo  que   ha  producido  como  resultado     que   el 80%  aproximado  de la Inversión Extranjera Directa  lo  constituya  el  rubro   de   petróleo y  minería,  sino  que    continuar   con   esta  política  hace  parte  del  programa  reeleccionista[5]    

Para  implementar    este  modelo  de  destrucción  territorial  Santos  ha  desconocido  las  consultas populares  locales  que  se han  opuesto  al mismo tal  y  como  ocurrió   en los  casos  de  Piedras y  Tauramena.[6]

El complemento  del   extractivismo  es  la  financiarización  de la  economía.  Un  aspecto  relevante  de  esta  financiarización  es  el   de  la  apropiación  de los   presupuestos   públicos  por  parte  de  los  grupos  financieros      mediante  el  endeudamiento  estatal .  En  el  presupuesto    del  2014,($203  billones)  el  22%  de las  erogaciones fiscales   (un   monto  cercano a  los $45  billones),   se  encuentra  destinado   al pago  del  servicio  de la  deuda. Cumpliendo  con las  exigencias del FMI el   gobierno  de Santos  hizo  aprobar   en   el  Congreso   el  Acto  legislativo   denominado de la  sostenibilidad  fiscal  que  ya  había  sido  presentado  por   el    actual candidato uribista Oscar Iván Zuluaga   durante  el  gobierno  anterior, el  cual  limita  el  gasto  social y  el reconocimiento   judicial    de los   derechos  económicos  y  sociales-DESC-  a  la  capacidad   fiscal  del Estado una  vez  descontado  el pago   de los intereses  de la  deuda.[7]    Adicionalmente,    como   estas   exigencias  crediticias   hacen parte   de  la programación  presupuestal a  diez  años [8]   y  como      los  ingresos por  exportaciones  empiezan  a  deteriorarse   el  cumplimiento  de    dicha  programación obliga  a   que    en poco  tiempo los  colombianos   debamos  soportar una  nueva  reforma tributaria   con   aumento  del IVA [9]  

Extractivismo y    especulación   financiera  hacen parte  de un  modelo   de  obtención  de  rentas   diseñado  por  el  gran  capital  que  ya   ha    producido  daños irreparables  a  la  economía  colombiana. “Entre  el  2000 y  el  2011   la  extracción  de  rentas  fue  en  aumento  pues  pasó  de 28  dólares  por cada  100  dólares  de inversión  extranjera  en el  2002  a  107  dólares  en  el  2011.”[10]    La  contrapartida  de este  flujo  de  rentas  al  exterior  es    el  deterioro   de la  calidad  de  vida  de la población  y  el  aumento   de la  concentración    elitista    de la  riqueza. [11] .   Dado    que    el   actual  gobierno   ha  garantizado   con  lujo  de  detalles   el  funcionamiento   de     este    modelo  rentista  Santos  se  ha  convertido  en el  candidato  presidencial  de  la  mayoría  de  los   grupos  financieros internos  y  del gran capital transnacional. [12]

b)      La  propuesta  de  Paz  del   gobierno Santos: 

El  giro  de Santos    hacia  la  negociación  política  después de haber   sido  un  Ministro  de Guerra  exitoso  en el  gobierno  de Uribe  tuvo la  anuencia   imperial. Arturo Valenzuela     quien  ejerció   el  cargo  de    subsecretario   para  asuntos hemisféricos   del  gobierno    norteamericano     lo      ha    aceptado  públicamente. [13].      Reconoce       que   el plan  Colombia fue  concebido para  recomponer  las  Fuerzas    Armadas   en   momentos    de  debilidad  militar   frente  a las   FARC y  que    la  negociación  que  se inició   en el  gobierno  de Pastrana y    la  escalada  guerrerista   de Uribe   hicieron  parte de una  estrategia  combinada   para   cambiar  ese  estado  de cosas.     Cuando  comenzó  el  gobierno   de Santos    ya   era  aceptable,  según  Valenzuela,  pensar  en solucionar  el  conflicto interno porque  se había  llegado a  una  situación  en    dónde,   “la correlación de fuerzas era completamente distinta a la correlación de fuerzas entre Estado e insurgencia en el momento cuando nosotros en la Casa Blanca tuvimos un esfuerzo de colaboración.” [14].   A  ello   se  sumaba  el  hecho  de   que  los  recursos  aportados  por   Estado Unidos  al plan  Colombia habían disminuido     lo que  a la  elites  internas  les había  significado      el pago   del impuesto  al patrimonio  durante  varias  vigencias  fiscales.

Una  vez obtenido  el  beneplácito imperial   Santos    inició   la  negociación    dejando    en  claro   que    el    esqueleto  de   la  dominación política   estaba   por fuera  de  las  discusiones.  Así  lo  manifestó  expresamente  frente     al  modelo  económico,    pero   debe        añadirse    que  en  este  caso  la propuesta   va  más  allá.     Pretende  solucionar  el      ya  histórico  conflicto  rural   para   mejorar   las  condiciones  de inversión       tanto  en  la  agricultura   como     en  petróleo y  minería.     Intenta  la  territorialización  de las guerrillas   al  tiempo  que     la integración   de  la  economía  campesina  a las cadenas    de la   producción transnacional[15].    Respeta  al  latifundio tradicional   en    la  zona  norte  país  y  le  ofrece  al gran  capital  eliminar   las  restricciones  legales    que  le impiden  adquirir grandes  extensiones  de  tierras. [16] Propone     acabar  con  la  colonización  en la  frontera  agrícola  para    preservar  zonas  selváticas  que  a  futuro  serán   concesionadas  bajo  las pautas  del  llamado “capitalismo verde” y utilizando  la  figura  de los “derechos  de superficie”, posibilidad  que  ya  está incluida  en los Tratados  de Libre Comercio.                                 .              

La  otra preocupación   de   Santos    ha  sido  la  de proteger    los  soportes institucionales  del terror  de Estado. Quienes  en   la  actualidad   y  desde la izquierda  apoyan  al  candidato reeleccionista     dejan  a un lado   en  su  discurso justificatorio  este   propósito  gubernamental,   igualmente  bajo  la lógica  del  “mal   menor” ,      focalizándose  en    la  asociación política  del uribismo   con el  paramilitarismo y  los  poderes    mafiosos  locales.    Nadie  en    la izquierda y  en el    movimiento  democrático   desconoce   el papel   de Uribe  Vélez    en   la    creación  y  desarrollo  del paramilitarismo,  su   protagonismo   en  las  Convivir,     como tampoco  el  aumento    de   las  masacres   y  desplazamientos   durante  su  mandato. Tampoco  nadie  en la izquierda y  el  movimiento democrático    desconoce  el intento   de   integrarlos   socialmente    con impunidad.   Pero  debe  decirse , a nombre  de la  memoria  histórica  de las  víctimas, que  los  mismos personajes  que hoy     acusan   al paramilitarismo uribista   desde  las  trincheras   políticas  del santismo,  guardaron  silencio  cómplice  en el  pasado   mientras   estos  grupos  desataban     su  accionar a  la  luz pública.

Más  aún    el uribismo  no hubiera podido  consolidarse  como proyecto  político  nacional  sin  la    complicidad    de  un ejército  basado  en la  doctrina  de la  seguridad  nacional    y  sin la  existencia  de una  institucionalidad    reaccionaria  que  hunde  sus  raíces   en    los  estados  de  excepción  del Frente  Nacional y  de unos  partidos  políticos  que   avalan   a  integrantes  de la     denominada parapolítica.              

El primer  intento, paralelo  a  la  negociación  de  La Habana, del  gobierno  actual  y  de las  mayorías  parlamentarias  por   garantizar  la  impunidad  de los  militares    fue  la  aprobación  de   la   reforma   constitucional  al  fuero  penal  militar  que  dejaba  en  manos  de la     justicia   penal  militar   la   judicialización  de los   delitos  cometidos  por  los  militares  en contra  del DIH.  Este  intento  naufragó   por  decisión  de la Corte  Constitucional. [17]   El  segundo   fue  el  de la Reforma  a  la Justicia,  reforma  en la que  se   intentaron  institucionalizar  los  siguientes  puntos , 1)   La  eliminación  de la  competencia   de  la  fiscalía  para investigar    a  funcionarios  aforados  como  Ministros, Embajadores, Magistrados,  Generales  y  Almirantes.  Eso  significaba  paralizar  aproximadamente   1500  procesos judiciales  en curso. 2) La inclusión  de   la  doble  instancia   para  todos  los procesos  no fallados  contra  los  congresistas y  3) Sepultaba  la  pérdida  de investidura    al  eliminar  casi  todas  las  causales  de inhabilidad.   Se trataba   nada  menos  que  de    garantizar  la impunidad  a  la cúpula   del  ejército   y  a  los     parapolíticos y  de     establecer  un  fuero    especial    con impunidad    a los Congresistas   en  ejercicio. La presión   de las organizaciones  de  derechos  humanos y la opinión   ciudadana  adversa obligaron al Presidente  a      abandonar  el proyecto  a pesar  de que ya  había obtenido  aprobación parlamentaria [18] 

Dados estos  antecedentes el Fiscal Eduardo Montealegre   ha  salido a tranquilizar los ánimos de los militares anunciándoles   que los  mecanismos de  justicia  transicional que  se  pacten  en La  Habana incluirán  a   las  Fuerzas Armadas [19]

Juan  Manuel Santos   no representa  entonces   un   proyecto político  reformista  como  tampoco  constituye  un aliado  confiable    en  contra  del    guerrerismo   uribista .  [20]  El Frente  unitario   de la izquierda  con   Santos    así  se justifique  a nombre  de la  paz o  de la lucha  contra  el  fascismo    apunta  al  camino  equivocado.    Si gana   el  candidato  reeleccionista desarma políticamente  las  resistencias      sociales  en   el  futuro inmediato y  si gana  Zuluaga  se  evaporará  al  día   siguiente  porque  la  mayoría  del  santismo   buscará  acuerdos  con   el  triunfador. La   consolidación  del  proceso  de negociación  política, la  obtención   de  las  reformas    que  amerita  una  pacificación  democrática  del  país y  la  posibilidad de      conseguir  una Asamblea Nacional  Constituyente    obliga  desde  ya  a  la   conformación  de  un  gran   bloque    social y político   de masas diferenciado  del establecimiento.  Esta  preocupación  la  han manifestado los voceros  de  la  guerrilla  que     vienen desarrollando  la  negociación política    en La  Habana.

Daniel  Libreros/ Junio  7  del  2014.



[1] “La izquierda colombiana constituye el Frente Amplio por la Paz”,     lainformación.com, Junio 6  del 2014,  en www.la-razon.com/.../Izquierda-Frente-Amplio-Paz-FARC_0_20649935...

[2] Ha sido   precisamente  Warren Buffet    considerado  por  la  revista Forbes  en el  2013       como  el  cuarto mayor  multimillonario     del planeta    con una  fortuna personal  cercana  a los US$58.000 millones   el que  ha    reconocido  esta  realidad,  ““Hay lucha de clases, de acuerdo, pero es mi clase, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando” reconoció   en  The New York Times   el 26 de noviembre del 2006.              

[3]   Al ya  suficientemente  conocido   informe  que   presentó OXFAM  en la cumbre de Davos   en  el que  se  reconoció   que  el  1%  de la población  mundial  controla  el  46% aproximado    de la  riqueza   se  ha  sumado  el   boom literario  que  ha  producido   el libro  de Thomas Pikety, “Capitalismo   siglo  XXI; la  gran  desigualdad”    quien utilizando  categorías  neoclásicas    confirma  con  estadísticas  la  tendencia  a  la  desigualdad  en  la  historia  del  capitalismo y  en   su fase actual. David Harvey    en  davidharvey.org y Michel Husson  en Contretemps   del    10  de Febrero  coinciden  en   que  la utilización  hecha  por  el autor  de    las interpretaciones  neoclásicas   distorsiona    las leyes  del  funcionamiento  del  capitalismo.         

[4] Esta  tesis  de    la  “lógica organizadora”   de la  globalización  neoliberal   ha  sido  elaborada  por Saskia Sassen  particularmente   en   el  libro “Territorios, Autoridad y Derechos”, Katz  editores, 2008.  

[5] Ejemplos  de la  profundización  de este  modelo  lo  constituyen los   97  bloques  petroleros   que   se ofertarán  en Cartagena  a  las     empresas transnacionales  del  petróleo  el  próximo 23 de Julio   en  la  llamada “Ronda 2014”  promovida  por  la ANH (ver Empresarios   al  día.co, 29  de Abril  enwww.empresariosaldia.co/index.php?option=com_content...id...)  y  la oficialización  del plan maestro del río Magdalena en  el que se contempla la  construcción     hacia el 2020  de cuatro represas mediante la asociación   entre  Coormagdalena, la  firma  holandesa  Deltares  e Hydrochina,   como parte de la privatización del    uso  diverso  de las  aguas  del  río    con  otros  grupos  transnacionales. (Portafolio, “Abren   la  licitación para  concesión   del Río Magdalena”, Mayo  6  del  2014).

[6] Preguntado  sobre  el tema  Santos  respondió, “La posición es clara: esas consultas son ilegales y no tienen ningún efecto legal. El subsuelo es de todos los colombianos. Aquí no hay lugar a discusión”… El Espectador, ”Se  puede ganar  en  primera  vuelta: Santos.” 21  de Diciembre  del  2012  en www.elespectador.com/.../se-puede-ganar-primera-vuelta-santos-articulo...

[7] Esta legislación  protectora  a las inversiones  financieras ,  además  de las  elevadas  tasas  de retorno que  ofrecen  los  títulos  de  deuda,   explica  el por qué   la  calificadora  de  riesgo    de J.P Morgan    definió una  calificación  favorable  a Colombia   al  tiempo  que  la  desmejoró  a otros  países  de los  llamados  mercados  emergentes    en  momentos  en que  ha  empezado  a   producirse  fuga  de  capitales    debido a  la incapacidad    de la Reserva Federal  americana  de mantener   el  dólar  a  la  baja.  Esto  llevó  a  que  Fondos  de Inversión transnacional   adquirieran  TES  por $20 billones, lo que   explica    la  revaluación  transitoria  del  peso.

[8] Este  requisito  fue  establecido    como obligatorio  por  la  ley 819  del  2003   mediante un  instrumento  que  se  denomina  el Marco Fiscal  de Mediano Plazo-MFMP-.

[9] Leonardo  Villar  de FEDESARROLLO  ha    reconocido    que  “las mayores presiones de gasto, no contempladas en el MFMP, suponen una caída en la inversión pública de casi cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB), que difícilmente se materializará. Entre las presiones figuran, el mayor gasto en el sector salud, los compromisos presupuestales del Pacto Agrario que no fueron incluidos y pueden incrementarse con el acuerdo de paz, así como las perspectivas de mayores gastos en pensiones y en calidad de la educación..” . Añade     que “el nuevo Gobierno que asuma el siete de agosto   debe emprender una reforma tributaria pro-recaudo de al menos 2% del PIB, es decir unos $13.4 billones…”. Sergio  Clavijo  de la ANIF  ha  planteado  que  uno  de  los  elementos  de  esa  reforma  debe  ser    el   aumento  del IVA  del  16  al 18%. “Analistas Prevén Menores Fuentes  de Ingreso   en el MFMP”,    Empresarios  al  día.co,   27  de Febrero  del  2014,  en  www.empresariosaldia.co/index.php?option=com_content...id...

[10] Alvaro  Moreno   docente  de la Facultad  de Economía  de la Universidad Nacional  ha insistido   en  este  punto haciendo   seguimiento  al  rubro  respectivo  en la  balanza  de pagos  en  los últimos  años.   

[11] Ejemplo    de  ello  es  la informalidad  de los  asalariados, “  el 60% de los trabajadores en el país está en una condición de informalidad, ya que de los 20.8 millones de colombianos que trabajan actualmente, hay nueve millones que son cuenta propia, y que por lo tanto, no pueden acceder a todas las afiliaciones y cotizaciones del sistema de seguridad social…”(  “El 60%  del  empleo   en Colombia   es informal  dice  la Escuela nacional  Sindical”   en www.empresariosaldia.co/index.php?option=com_content...id...). En    lo  referente  a   la  concentración  de la  riqueza “Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la población de Colombia distribuida en diez niveles (decílicos) por capacidad de ingresos, arroja, para el primer trimestre de 2013, que en el nivel 1, el intervalo oscila entre un ingreso de 20 pesos y 1.000 pesos; mientras que en el nivel 10 entre 8.000 y 140.000 pesos..”  (referenciado  por  Nelson Fajardo, “Colombia  concentración  del Ingreso”, periódico  Voz, Agosto  del  2013)

[12]  El 4  de Junio   la  sección 1,2,3  del noticiero CMI   informó   que  el Lunes  11    del  mismo  mes los  llamados  “cacaos” o grandes  grupos  financieros  internos  realizarán un    acto público  de apoyo a Santos. Entre  los  grupos  que  lo  promueven  se  encuentran Luis Carlos Sarmiento Angulo, del grupo Aval; Jaime Gillinski, del Banco GNB Sudameris; Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia; Carlos Enrique Cavelier, de La Alquería; Daniel Haime, del sector metalúrgico; el constructor Pedro Gómez Barrero; Carlos Arcesio Paz, exgerente de Harinera del Valle; Roberto Moreno, de Amarilo, y Henry Eder, de Manuelita.  En  lo  referente  al  apoyo  del  capital transnacional   debe  resaltarse  el  de la  revista The Economist  vocera  del  mismo,   ver “  The Economist’ apoya reelección de Juan Manuel Santos”, El Tiempo,  5  de  Junio.   Debe  resaltarse  el hecho  de que  en ambos  casos       apoyan  igualmente  el  proceso  de paz  iniciado por  el gobierno.

[13] “El  giro  del Presidente Santos  hacia  la  negociación-La lupa   de Valenzuela  a los últimos  gobiernos”,   Norbey Quevedo, El Espectador, Noviembre  del  2013. 

[14] Valenzuela  le  da  mucha importancia  a   la  ausencia  de Estado  en   varias   regiones  del país lo  que  explica  el  porqué  la ofensiva militar   de Plan Colombia y Plan Consolidación   a  las  guerrillas  fue  acompañada  de propuestas   sociales  y  asistencialistas a  las  poblaciones.   “Me impresionó del análisis que hicimos allá de ver como el Estado Colombiano estaba ausente de grandes territorios del país.  Incluso yo sacaba mi parte académica y decía como dice Webber que en los Estados  las instituciones deben representar un legítimo uso de la fuerza…”.

[15]  La  globalización   en  la  agricultura   toma  la  forma  de  cadenas  productivas  y  de  comercialización  controladas  por  los  grupos  transnacionales que   controlan  el  sector.  En  este  esquema dado  que  el  papel  de capital  es el de  articular   los  componentes  de la  cadena,  cualquier  forma  de  propiedad  de la  tierra (pequeña o mediana, Resguardos, Territorios  comunitarios  afros)   puede  ser  promocionada   siempre  y  cuando  se  articule  a  proyectos    globalizantes. Esto   le  posibilita  al  gran  capital  presentar un  discurso incluyente  hacia    los pobres  del  campo.  Esta  propuesta  es  diferente  a  la  del uribismo   que  pretende   preservar  el  status quo    definido  por  la  guerra interna  donde hacendistas  y  poderes  mafiosos  locales jugarían  el papel  central     en la   modernización  globalizante  de la  tierra. En  este  punto Santos y Uribe  expresan  fracciones  de  clase.

[16] Este  es  el  propósito  central  del proyecto  de ley   general  de Tierras  y Desarrollo  rural  que  ya  ha  sido  anunciado  por  el  gobierno   para  la  próxima   legislatura.

[17] El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón   reconoció  en  público   el   día  en que  se  conoció  el pronunciamiento  de la Corte Constitucional   la   esencia  del  proyecto  al  declarar “Este es un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas…” Llama  la  atención  que    entre  los   demandantes  de  este  proyecto   se  encuentran  congresistas  como  Iván Cepeda, Ángela María Robledo,  Gloria Inés Ramírez y Guillermo Rivera,  al igual   que el columnista Ramiro Bejarano y  representantes  de   la Comisión Colombiana de Juristas  que  actualmente    apoyan   la  candidatura reeleccionista.

[18]  Abandonó     esta  propuesta    en  medio  de  un espectáculo  televisivo   grotesco  en  donde  negó  su  responsabilidad   en  la  presentación  de estos puntos   a  pesar  de todas  las  evidencias   entregando  a  renglón seguido  la  cabeza  del entonces Ministro  de Justicia Juan Carlos Esguerra.

[19] “En caso de que se logre un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, los beneficios jurídicos para quienes hayan incurrido en violación a los derechos humanos durante el conflicto armado también cobijarían a miembros de las Fuerzas Armadas del país. De este modo, la justicia transicional sería aplicada también a militares y policías acusados de distintos delitos, a excepción de los llamados ’falsos positivos’…” “Fiscal: Justicia  Transicional  aplicaría  a las Fuerzas Armadas”,  declaraciones  dadas a  la FM, Lunes   2  de Junio.

[20]   “Y de la Mesa qué? En lo fundamental habría que considerar que ella tiene toda su importancia en la medida en que posibilite, viabilice o catalice un gran movimiento nacional por los cambios fundamentales. El único Acuerdo que como revolucionarios podemos aspirar a firmar en ella, es aquel que cuente con el respaldo de ese gran movimiento popular que a su vez impida desmontarla. En los demás casos podríamos estar lindando con realidades insoportables. Un asunto para sopesar seriamente,,,” Timoleón  Jimenez, ANNCOL, Junio  5  del  2014.

 

EMGESA PRETENDE DESTRUIR LA CAPILLA DE SAN JOSE DE BELÉN CON EL AVAL DE LA SECRETARÍA Y CONSEJO DE CULTURA DEL HUILA

EMGESA PRETENDE DESTRUIR LA CAPILLA DE SAN JOSE DE BELÉN CON EL AVAL  DE LA SECRETARÍA Y CONSEJO DE CULTURA DEL HUILA

El lunes 9 de junio de 2014 se tiene previsto el desplazamiento del Consejo Departamental de Patrimonio y  la Secretaría de Cultura y Turismo del Huila al lugar donde se encuentra la Capilla de San José de Belén, municipio del Agrado, invitados por Emgesa, con el propósito de persuadirlos para que conceptúen y avalen la construcción de una réplica de la Capilla a cambio de su traslado integral como fue aprobado en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo  y, en consecuencia, se derogue el Decreto  No. 423 de 1982 que la declaró como patrimonio cultural del departamento del Huila.

En el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental de Emgesa (pág. 44 y 45) se consigna acerca de la “Pérdida del patrimonio cultural: En la zona de embalse, en el caserío San José de Belén se ubica la capilla de San José de Belén que fue declarada patrimonio cultural del departamento del Huila mediante Decreto No. 423 de 1982, y ratificada como patrimonio cultural por la Secretaría Técnica del Centro Filial del Consejo de Monumentos Nacionales en atención a la solicitud de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura Ref: 411-2353-2007. Esta edificación se constituye en un símbolo importante de identidad histórica, cultural y religiosa tanto para los pobladores del caserío y la vereda de San José de Belén como para habitantes de las veredas cercanas. La afectación de la capilla representaría la pérdida no solamente del patrimonio y símbolo religioso y cultural, sino el espacio físico para asistir a celebraciones religiosas de trascendencia en el municipio desde hace más de un siglo.”.

En la Licencia Ambiental Resolución 0899 / 2009  (Pg 58) se incluye que: “Por otro lado fue identificada la Capilla de la Vereda San José de Belén como patrimonio  cultural departamental. Con el fin de compensar el impacto generado sobre el patrimonio cultural que se verá afectado, la empresa presentó al Ministerio de Cultura un Programa de traslado y restauración de la Capilla el día 10 de marzo de 2008 y solicitó por parte del mencionado Ministerio un concepto y aval del programa formulado. Igualmente EMGESA se comunicó el 24 de abril de 2008 con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación del Huila donde solicita emitir concepto y aval sobre las medidas propuestas para el traslado de la capilla de San José de Belén. No obstante no hay constancia de respuesta alguna, razón por la cual es necesario realizar las gestiones pertinentes para desarrollar el programa de traslado en coordinación con dicha Secretaría.” .En la Resolución 0899 (pg 236) numeral 1.3.2. resuelve “La Empresa deberá coordinar con la Secretaría de Cultura del Departamento del Huila o con el Comité Departamental de Cultura, las actividades necesarias para el traslado de la capilla de San José de Belén”.

En el 2013, La Fundación El Curíbano, Tercer Interviniente, con la comunidad de San José de Belén solicitaron  a la Secretaría de Cultura copia del Programa de traslado y restauración de la capilla y el concepto de aval de las medidas propuestas por la compañía. La Secretaría informó que Emgesa no había entregado aún los estudios que según el Ministerio de Ambiente habían sido suministrados el 24 de abril de 2008.

La Fundación el Curíbano sostiene que en el 2013 aparecieron funcionarios de Emgesa en el lugar de la Capilla donde se informó que la compañía había contratado un estudio según el cual “la reubicación física del patrimonio (desmontar ladrillo a ladrillo para instalarla en otro lugar) no era factible” y a cambio de ello se propuso una réplica, en contra del estudio inicial incorporado en la Licencia Ambiental  donde se determinó el traslado integral de la Capilla. ¿Por qué ahora se realizan otros estudios? ¿Fueron autorizador por la ANLA?

No cabe duda. En el Auto 3894 del 15 de noviembre de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias con relación al Programa de traslado y restauración del Patrimonio cultural (pg. 78), expresa que “teniendo en cuenta que el traslado de la Capilla San José de Belén amerita desarrollar estudios especializados y un proceso de ingeniería, arquitectura, antropología para el traslado, Emgesa inició el proceso administrativo para su contratación teniendo en cuenta lo siguiente:

Etapa 1. Estudios preliminares y técnicos, estudio alternativa”. (subrayado nuestro). Es decir, otros estudios para modificar ilegalmente la Licencia Ambiental, mediante Auto, para imponer la réplica contra el traslado integral de la Capilla. Luego, ¿los estudios preliminares y especializados no se realizaron antes de aprobar la Licencia?

La ANLA expresa que “el proceso de traslado se debe hacer durante la construcción de la Central Hidroeléctrica del Quimbo y es una medida para evitar la pérdida del patrimonio cultural por el reasentamiento de la población  e infraestructura comunitaria de la zona poblada de San José de Belén. De acuerdo con lo anterior, esta actividad deberá ejecutarse y estar finalizada antes del llenado del embalse”

Dispone finalmente numeral 1.5.1. “presentar los informes preliminares correspondientes al traslado de la Capilla donde se evidencia la participación de los pobladores y la utilización de metodologías participativas”

La trampa consiste en convocar a las comunidades de la zona para que aprueben el “estudio alternativa”, es decir, la réplica  a cambio del traslado integral y de ésta manera justificar que la modificación se hizo con la participación de la población.

En varias oportunidades presionaron a la comunidad de San José de Belén para que avalara uno de los tres modelos de capilla que les fueron presentados, entre ellos, uno de réplica.

La comunidad manifestó que las réplicas no tienen valor cultural y que en la Licencia está aprobado el traslado integral. De igual manera expresó que la capilla está protegida por ordenanza y por la Constitución porque es patrimonio cultural inalienable, imprescriptible e inembargable, (Art. 63 C.P.), razón por la cual se opusieron a las pretensiones de Emgesa que recientemente acudió a una reunión entre comunidades y la Curia buscando la subordinación de éstas a su propósito de destruir el patrimonio cultural y religioso.

Debido a que las comunidades, con el acompañamiento de la Fundación el Curíbano, no han permitido la violación de la Licencia Ambiental que ordena la  conservación plena del Patrimonio Cultural y de la población de San José de Belén, Emgesa, convoca tardíamente al Consejo Departamental de Patrimonio y a la Secretaría de Cultura y Turismo del Huila con el propósito de lograr un concepto y aval favorables a la réplica de la Capilla y se presione a la Asamblea del Huila para que derogue del Decreto  No. 423 de 1982 que la declaró como patrimonio cultural del departamento del Huila.

Asoquimbo, exhorta a la Secretaría de Cultura y al Consejo de Patrimonio del Huila para que cumplan con su función legal de proteger y conservar nuestro Patrimonio y, en consecuencia,  solicitar a la ANLA las razones por las cuales se aprobó la Licencia Ambiental Resolución 0899 / 2009  sin el concepto previo y el aval sobre las medidas propuestas para el traslado de la capilla de San José de Belén que según lo consigna la mencionada Resolución “no hay constancia de respuesta alguna a la solicitud del 24 de abril de 2008  de emitir dicho concepto y aval”.

Asoquimbo expresa que el Patrimonio Cultural no tiene precio y es deber de las instituciones protegerlo como parte de nuestra memoria histórica.

http://www.suregion.com.co/region/la-capilla-en-el-quimbo-que-tiene-pensando-a-emgesa_675

 

 

CONVOCATORIA POR LA DEFENSA DEL RÍO MAGDALENA Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL HUILA

CONVOCATORIA POR LA DEFENSA DEL RÍO MAGDALENA  Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL HUILA

Según las noticias de prensa, el 29 de abril de 2014 se oficializó  la entrega del proyecto ‘Formulación del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena’ como parte del  convenio de cooperación entre Colombia -CORMAGDALENA, la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC Colombia) y la República Popular China, e Hydrochina Corporation “el cual permitirá, según PORTAFOLIO.COM (Junio 3 de 2014) “el aprovechamiento de áreas de conservación y recreación aguas arriba del municipio de Isnos (Huila), proyectos de navegación, centrales de generación hidroeléctricas, pesca, reforestación para la zona alta y media de la cuenca del río. Y para la parte baja, Hydrochina recomienda navegación, navegabilidad control de inundaciones, recreación, pesca y reforestación.

En síntesis, se trata de la privatización del Río Magdalena en el marco de los Tratados de Libre Comercio para la extracción intensiva de nuestros recursos naturales, con inversión privada suministrada por el sistema financiero y la expropiación de nuestros bienes públicos para la acumulación de capital por parte de las corporaciones transnacionales.

El Río Magdalena se convertiría en un gran generador de energía. A los 540 MW de la represa de Betania más los 400 MW previstos para El Quimbo se sumarian inicialmente 1.200 MW adicionales que el Plan Formula a corto plazo en el 2020 con la construcción inmediata de 4 represas más: Oporapa (220MW) , Guarapo (140MW), Manso (140) en el Huila y la represa Nariño  (200MW) en el Departamento de Cundinamarca.

Según el estudio preliminar, el Plan y el Diseño de los proyectos hidroeléctricos anteriormente mencionados, “cuentan con buenas condiciones para la construcción, baja inundación del depósito, pocos impactos adversos sobre el medio ambiente, relativamente buenos indicadores económicos, a escala adecuada y buena propiedad de la regulación del depósito”.

Agrega que “el plan de la energía hidroeléctrica del río Magdalena debe realizarse lo más pronto posible, aún más, establecer los factores de control, tales como la inundación del depósito, el medio ambiente ecológico sensible y las principales cuestiones geológicas y así sucesivamente y determinar el esquema de desarrollo en cascada”.

El esquema de desarrollo en CASCADA contempla las siguientes represas en el río Magdalena en los departamentos del Huila, Tolima, Cundinamarca y Caldas, como se observa en la figura No. 1.: Guarapas (en Pitalito), Chillurco (en Pitalito), Oporapa (en Oporapa), Pericongo (en Timaná), El Quimbo (en construcción en Zona Centro del Huila), Betania (construida en Yaguará), El Manso (en Neiva), Veraguas (en Aipe), Bateas (en Villavieja), Basilias (en Natagaima), Carrasposo, Nariño (en Girardot), Lame (en purificación, Ambalema (en Ambalema), Cambao (en Cambao), Piedras Negras (en Honda) y 3 represas en Honda, Tolima.

La figura No. 2 muestra las características principales de cada una de las represas a construir según el Plan de Hydrochina, entre ellas el área de captura y la capacidad instalada en Megavatios (MW).

Ya en 1978 el Departamento de Planeación Nacional, había elaborado un inventario de recursos hidroeléctricos. En el Departamento del Huila se proyectaron once represas sobre la cuenca del Alto Magdalena que hoy hacen parte de la "Formulación del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena" presentado por Hydrochina, con excepción de la represa Isnos que fue excluida del Plan debido a que el Macizo Colombiano hace parte del área reconocida como Patrimonio Reserva de la Biosfera Mundial por la UNESCO, y porque la zona fue declarada también la UNESCO como Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Humanidad. Pero también es de resaltar la importancia de la resistencia civil organizada por el Comité Defensores del Macizo Colombiano con sede en San Agustín, contra la pretensión de hacer una represa de esa magnitud en pleno corazón del Macizo Colombiano, lo que lo arruinaría medio ambientalmente.

De otra parte cabe recordar que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el marco de la “Ronda Colombia 2014”, asignó once (11) áreas del Huila para la exploración petrolera concesionada a nueve compañías transnacionales.

Ante la invasión de nuestro territorio por parte de empresas transnacionales, Asoquimbo convoca al fortalecimiento del Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios ¡Rios Vivos! Capítulo Huila, contra el Plan Maestro de Privatización del Río Magdalena, por la Defensa de todos los Bienes Públicos (agua, ríos, macizos, páramos, etc.), la creación de un Sistema Nacional de Protección de nuestra biodiversidad natural y genética y por una Política Minero Energética Soberana y Autónoma que responda a las necesidades reales de la comunidad y no a satisfacer las demandas del mercado y del consumismo.

Asoquimbo promoverá de inmediato la creación de Comités por la Defensa del Territorio donde se integren las organizaciones sociales y cívicas para dar inicio a la movilización departamental contra el Plan de Privatización de nuestros ríos y la exploración y explotación Petrolera profundizadas por la RONDA COLOMBIA 2014.

En el campo de las actividades se convocarán debates en los Concejos Municipales, Asamblea Departamental y Congreso de la República por la defensa de nuestros bienes públicos, nuevas soluciones energéticas (Energía Solar, eólica, biomasa,) comunitarias y lineamientos ambientales definidos participativamente para el reordenamiento territorial, forestal y de nuestras cuencas.

En agosto se realizará un Encuentro sobre el Plan Maestro y Propuestas Alternativas con la participación del Movimiento Ríos Vivos, International Rivers y todos los Comités por la Defensa del Territorio en el Huila.

Nuestro llamado es a fortalecer la resistencia y desobediencia civil como única alternativa para enfrentar el control de nuestros territorios por parte de las empresas transnacionales.

 

¡RIOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE! 

 

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROYECTO DEL QUIMBO - ASOQUIMBO

COMITÉ DE DEFENSORES DEL MACIZO COLOMBIANO, SAN AGUSTÍN

ASOCIACIÓN CULTURAL AMBIENTALISTA DEL SUR – ACAS

CORPORACIÓN COM-UNIDAD

CORPORACIÓN AMASIJO YUMA

 

15 DE JUNIO: VOTO EN BLANCO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

15 DE JUNIO: VOTO EN BLANCO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

La elección de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, quienes disputarán la presidencia de la República de Colombia el 15 de junio de 2014, ratifica que se impuso la “cultura mafiosa” donde las nuevas pautas de consumo impuestas por el capital y el narcotráfico continúan influyendo en la configuración del régimen político, autoritario, antidemocrático, clientelista, narcocapitalista, paracoterrateniente, donde el Estado  cumple la función de garantizar el control corporativo de nuestros territorios por parte de las empresas transnacionales, mercantilizado la naturaleza y la vida humana, destruyendo la vida planetaria por el afán de lucro de una minoría que se ha apropiado de la gran mayoría de nuestras riquezas y bienes públicos.

Zuluaga y Santos obtuvieron únicamente 7’061.786 votos equivalente al 21.4% del potencial de sufragantes (32´975.158). De esta población el Partido Conservador obtuvo el 6%, el Polo Democrático Alternativo, el 5.9% y la Alianza Verde el  3.2%. La abstención el 61% y el Voto en Blanco el 2.4% que logró superar significativamente la votación obtenida en el 2010  al pasar de 223.977 a 770.610 en el 2014.

Un antecedente muy importante del Voto en Blanco se registró en las elecciones atípicas para la gobernación del Huila en el 2013, donde obtuvo cerca de 80.000 votos frente a 120.000 de la Alianza de todos los partidos, incluido el Partido Verde. En esta oportunidad, el Voto en Blanco fue la expresión de la lucha de resistencia por la defensa de los territorios y contra la política minero energética impuesta por la fuerza por los gobiernos de los presidentes Uribe y Santos.

Cabe destacar que esta tradición se mantiene en el Municipio de Piedras, donde el Voto en Blanco se impuso como expresión de lucha contra la megaminería, sumada a una abstención del 90%.

En el Huila, las movilizaciones que desde hace 5 años realiza Asoquimbo contra el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y por una Zona de Reserva Campesina, la explotación petrolera en el Páramo de Miraflores, el Plan Maestro de Privatización de río Magdalena y nuevas represas, sumadas a las recientes marchas por la defensa del río Las Ceibas en Neiva y el Paro Campesino contra los Tratados de Libre Comercio continúan siendo  fuentes del voto en blanco y su incidencia para que la izquierda democrática haya logrado incrementar su potencial electoral en las elecciones del 2014, ubicándose en un segundo lugar.

En la reciente coyuntura electoral, el voto en Blanco se erigió además, como expresión de resistencia contra la “cultura mafiosa” que encarnan Santos, Zuluaga, el Partido Conservador y la Alianza Verde que defienden el modelo extractivista financierista por despojo y, en consecuencia, el control corporativo de nuestros territorios imponiendo políticas neoliberales  como la “confianza inversionista” mediante exenciones tributarias, cargo por confiabilidad, flexibilización laboral; “seguridad democrática”, incrementando los batallones energéticos, falsos positivos, represión y judicialización de las protestas sociales, mermeladas, chuzadas y “seguridad jurídica” donde los códigos mineros, las legislaciones ambiental y laboral, las Licencias para la explotación de todos nuestros recursos  son decididos a favor de dichas corporaciones. Todas estas decisiones se materializan en las Locomotoras del desarrollo minero energéticas y los agronegocios que comparten sin distinción el Partido de la U, Centro Democrático, Conservador y Verde.

Coherente con lo anterior estamos convencidos de que el cambio del Régimen Político implica una lucha político-pedagógica contra el modelo neoliberal y la cultura mafiosa. Y esa lucha es posible si desde nuestros territorios continuamos enfrentando la mercantilización de la vida, la naturaleza y el Ser Humano para evitar sigan siendo materia prima de las corporaciones ecocidas y genocidas del capital.

Para las elecciones del 15 de junio, Asoquimbo, ratifica su decisión  de hacer del VOTO EN BLANCO una expresión por la defensa de la vida, nuestros territorios, la biodiversidad natural y genética, contra la política minero energética y los agronegocios del Gobierno y la cultura mafiosa, por la convivencia con justicia social y ambiental y como una oportunidad de avanzar en la construcción de un nuevo Sujeto Político Ecosocial Plural capaz de autogobernarse y de establecer una nueva relación con la naturaleza para el Buen Vivir. 

EL GIGANTE

EL GIGANTE

EL GIGANTE

La versione completa on line:

http://youtu.be/bWHKtjHnm1E

Un documental de Bruno Federico, Andrea Ciacci, Consuelo Navarro.

Colombia/Italia 2012/62 minutos

¿Qué harías si un día vinieran a tu casa y te dijeran que será inundada?

Producción: La Danza Inmóvil

Post producción: Suttvuess con el apoyo de: Stiftung Menschenwuerde und Arbeitswelt

Camera: Bruno Federico, Consuelo Navarro

Edición: Andrea Ciacci

Fotografía: Bruno Federico

Música original: Luca Merloni

Formato original HDV 1080i 30ftps

La construcción de una represa amenaza el valle del rio Magdalena, la flora, la fauna, su gente y su manera de vivir. Un grupo de campesinos y pescadores criados bajo la sombra del “Gigante” lucha en contra de las multinacionales Enel, Endesa e Impregilo quienes proceden a la construcción de la obra ignorando las voces de desacuerdo, con la complicidad descarada de las instituciones y la protección del ejército. La película documenta a través de las voces de los protagonistas y el desenvolverse de las acciones de protesta un año de una lucha que aún no termina.

Festival Globale Bogotà (Colombia 2012), Boston International Latin Film Festival (USA 2012), Festival del Cinema dei Diritti Umani (Mención Especial – Italia 2012), Festival Internazionale del Reportage Ambientale – Fidra (Italia 2012), Festival de Documental de Patagonia (Chile 2012), La Colmena Tour (Usa 2013), Festival Internacional del Cine Politico – FICiP (Argentina 2013), 10° Festival delle Terre - Premio Internazionale Audiovisivo della Biodiversità (Mención Especial – Italia 2013), Festival Ecozine (Mención Especial – España 2013), Festival Internacional de la Naturaleza y el Hombre (España 2013), Ciclo de Cine por la Paz, (España 2014).

Los conflictos por el control del territorio se difunden en el mundo y se vuelven cada vez más violentos enfrentando las poblaciones locales contra gigantes financieros e industrias transnacionales quien se mueven por el planeta en búsqueda de nuevas ganancias. El Gigante cuenta del choque entre dos visiones opuestas de la vida, la una que pretende un crecimiento económico sin fin, usando los seres humanos y la naturaleza como combustible de un mecanismo ya en crisis, la otra que busca recuperar una utilización racional y equilibrada de los recursos, vivir en armonía con el territorio. Pero el conflicto del Quimbo no es solo esto, es también una metáfora de la guerra que desde hace un siglo ensangrienta a Colombia: la flexibilidad del derecho a favor de los poderosos, la inutilidad de las formas legales y pacificas de oposición, una democracia sorda a la voz de sus propios ciudadanos, la necesidad de proteger el propio proyecto de vida y la misma existencia impone a las víctimas de este proyecto hidroeléctrico acciones de desobediencia y de resistencia que encrudecen la confrontación y producen la reacción violenta del Estado, produciendo una espiral que nadie sabe a dónde llevará.

Por esta razón decidimos de participar por un año a la vida, las protestas y todo el proceso organizativo de las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico “El Quimbo”, y el documental que presentamos es fruto del interaccionar entre los realizadores y quien protesta.

Asoquimbo celebra la divulgación de El Gigante como la expresión simbólica de nuestra lucha de resistencia contra el control corporativo de nuestros territorios por las empresas transnacionales, contra el modelo extractivista, financierista por despojo, por una alternativa radical frente a la crisis civilizatoria, fundada en los argumentos básicos del ecosocilismo; por una política económica basada en criterios no monetarios y extraeconómicos: las necesidades sociales, el equilibrio ecológico y por el autogobierno de nuestros territorios por un nuevo sujeto ecosocial plural donde impere el trabajo colectivo, la igualdad social y la justicia ambiental.

CORTE CONSTITUCIONAL REMITE MEMORIAL DE ASOQUIMBO A LA SALA CIVIL- FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA

CORTE CONSTITUCIONAL REMITE MEMORIAL DE ASOQUIMBO A LA SALA CIVIL- FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA

La Corte Constitucional mediante Auto del 13 de mayo del 2014 resolvió “Remitir el Memorial presentado por Asoquimbo a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Neiva para lo de su competencia en los términos de esta providencia”

La decisión de la Corte se produce como respuesta al Derecho de petición de Asoquimbo del 21 de abril del 2014 mediante el cual se solicitó al Alto Tribunal la suspensión de la Licencia Ambiental y/o las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo hasta tanto no se realice un nuevo censo aplicando los postulados de la Sentencia T-135 de 2013, en especial, la garantía del Derecho de Participación.

En primer lugar, la Corte ratifica que “encontró que las autoridades demandadas desconocieron los derechos de los accionantes al mínimo vital, a la vida digna y al trabajo, al no incluirlos en el censo de población afectada por la construcción de la represa. Por ello concedió el amparo y ordenó la elaboración de un nuevo censo, aplicando los postulados de la Sentencia T-135 y respetando, en especial, el derecho a la participación efectiva de los habitantes de la Zona”.

En segundo lugar, la Corte establece que Asoquimbo cuenta con la “legitimidad para solicitar el cumplimiento de un fallo dictado en sede de revisión de Tutela por la Corte Constitucional o tramitar un incidente de desacato, debido a que los efectos del proceso de tutela que concluyó con la Sentencia T-135 recayeron sobre los afectados pertenecientes a la organización, razón por la cual la Corporación decidió enviar la solicitud al Juez de Primera Instancia que conoció originalmente el proceso para que sea esa autoridad judicial la que asuma el cumplimiento de la Sentencia T-135 de la Corte, conforme a lo establecido en los artículos 27 y 52 del decreto 2591 de 1991.

La Corte  señala que “frente a excepcionales circunstancias puede ejercer la competencia en relación al cumplimiento de sus fallos de tutela cuando: (i) ha habido manifiesto incumplimiento de las decisiones de tutela, sin que los jueces de primera instancia hayan podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección; (ii) dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces; o (iii) se está en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas y/o se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones. Ahora bien, la Corte es autónoma para fijar la oportunidad en la cual interviene, así como para definir las medidas a adoptar con el propósito de dar cabal observancia a la decisión de revisión”.

Precisamente, Asoquimbo sustentó el Derecho de Petición a la Corte en el incumplimiento por parte de Emgesa de la Sentencia T-135. La Corporación es clara al señalar que conforme a la Ley corresponde a la  Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Neiva, hacer cumplir la Sentencia; la misma Sala que negó, en primera instancia, la protección de los Derechos a los afectados que interpusieron la Acción de Tutela que fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional que falló a favor de los mismos y ordenó el nuevo censo de afectados por el Proyecto El Quimbo.

Asoquimbo se dirigirá a la Sala Civil-Familia con el objeto de solicitar cuáles han sido las medidas adoptadas para hacer cumplir la Sentencia T-135, en los términos del Auto del 13 de mayo de 2014 de la Corte Constitucional.  La organización parte de la hipótesis según el cual la Sala Civil de Familia no ha adoptado ninguna medida frente al incumplimiento de Emgesa, razón por la cual acudirá de nuevo al Alto Tribunal solicitando ejerza la competencia de hacer cumplir la Sentencia T-135.