Foto La Nación. El llenado de El Quimbo, generará una catástrofe en la industria piscícola de Betania.
El periódico Diario del Huila en su edición 17.326 del 3 de agosto de 2014 informa que Manuel Antonio Macías Arango, empresario de la piscicultura y dirigente de sector –FEDEACUA- en entrevista con ese medio informativo habló sobre “la catástrofe que se dará en los cultivos de Tilapia en Betania por cuenta del llenado de la hidroeléctrica El Quimbo y el fenómeno del niño. Si ese proceso se da entre diciembre de este año y los primeros meses del próximo estarían en juego $ 150.000 millones que es el valor de la producción interna, 1.500 empleos y exportaciones semanales por 200.000 libras de filete de mojarra”.
Macías fue Secretario de Agricultura del Huila y se caracterizó por su férrea defensa del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo cuando actuó como principal vocero del Gobierno de Luis Jorge Sánchez en las denominadas “mesas de concertación” impuestas por el hoy senador Alvaro Uribe Vélez.
El directivo de Fedeacua señala que desde el momento en que salió del sector público -2012- inició la búsqueda de hablar con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- para planear el llenado del embalse, sin lograrlo después de año y medio, razón por la cual expresa que “toda la vagabundería que ha ocurrido con el Quimbo ha estado en cabeza de Luz Helena Sarmiento Villamizar” actual Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-
Por mediación de un parlamentario huilense asistió con la directora de Fedeacua a una reunión con la Ministra Sarmiento donde le explicaron que “el desvío del río Magdalena fue catastrófico, que los directivos de Emgesa han hecho lo que han querido, que había falta de control del Gobierno Nacional”. La funcionaria “se enojó, nos dijo que eso era falso y que había que dejar las cosas en el pasado, que miráramos hacia adelante”.
El 18 de octubre de 2013 el Periódico La Nación informó que “La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) después de adelantar un informe técnico, recomendó a Emgesa garantizar un caudal de ingreso al río Magdalena de 160 metros cúbicos por segundo y no de 36 durante la inundación de la presa desde diciembre de 2014 para no sacrificar el caudal del afluente y atentar contra la producción de peces que habita en la región”. Es evidente que requeriría de una modificación o suspensión de la Licencia.
Macías señala que “hoy la realidad de a puño es que el caudal ecológico de 36 metros cúbicos por segunda no va a variar, haciendo caso omiso a todas las advertencias de cinco o seis años atrás y falta de tutoría del gobierno nacional”. Considera que “el momento menos conveniente para el llenado del Quimbo es entre diciembre de 2014 y marzo de 2015 por el fenómeno de El Niño. Si hay alguien con sensatez y lógica modificará la fecha. Pero el cambio de fecha no será suficiente porque Betania tiene un problema de sobrecarga”.
El problema es mucho más grave e irreversible si no se suspende la Licencia Ambiental como lo señaló oportunamente Asoquimbo con fundamento en un estudio que fue entregado a la Contraloría General de la República y que mediante derecho de petición se solicitó una evaluación rigurosa sin obtener respuesta como lo demanda la Ley.
Precisamente, en octubre de 2013, el científico Kashyapa A. S. Yapa (Ph.D. en Ing. Civil – UC Berkeley) envía a Asoquimbo un Informe Técnico Titulado ¿ES “EL QUIMBO” TECNICAMENTE VIABLE? en cuya parte introductoria señala que “Hemos analizado en detalle los documentos públicamente disponibles sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que sigue construyendo EMGESA, y encontramos varias falencias graves en el documento que sirvió de base para la aprobación de la licencia ambiental para su construcción, la evaluación de impacto ambiental (EIA). También observamos que EMGESA ha hecho cambios sustanciales a su propuesta de manejo del embalse El Quimbo, después de recibir la licencia, sin ningún pronunciamiento de las autoridades pertinentes”. Más adelante señala que “La mayor preocupación ambiental del proyecto El Quimbo es justamente eso: la falta de oxígeno y sus bajas temperaturas en el fondo del embalse no solamente destruiría su vida acuática, sino también la del río abajo y en La CHB. Y la EIA desecha estas preocupaciones, usando datos de un modelo obsoleto”.
El señor Macías expresa su preocupación por los daños que ocasionaría Emgesa a la actividad piscícola de Betania: “La carga de Betania son 40.000 toneladas, pero la que tiene que soportar son 23.000 porque eso es lo que dice la Ley. Si mañana se llega a morir todo el pescado de Betania a nosotros nos tienen que pagar 23.000 toneladas…Nosotros tenemos compromisos de exportación de 120.000 libras a la semana, adicionalmente tenemos personas que nos están produciendo pescado para exportar a través de una compañía. Yo tengo responsabilidades a nivel de personal, las tres compañías que represento generamos 300 empleos directos. El Huila está vendiendo al exterior unas 200.000 libras de filete de tilapia semanales que cuestan 800.000 dólares”.
Ante los daños causados los integrantes del Fedeacua se consideran afectados por El Quimbo: “Nosotros enviamos un derecho de petición, como gremio (Fedeacua) diciéndole a Emgesa que nos incluya en el censo de afectados. Eso fue los primeros días de junio y no han respondido. Hemos considerado las acciones judiciales pero estamos dándole espera la comisión de alto nivel”.
Precisamente, La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-135/13, artículo 8, ordenó a Emgesa S.A. E.S.P, que en un término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, inicie la elaboración de un nuevo censo, aplicando los postulados de esta sentencia y respetando, en especial, el derecho a la participación efectiva de los habitantes de la zona.
La decisión de la Corte no sólo ha sido desacatada por Emgesa con el aval de la ANLA y la Procuraduría Agraria Ambiental sino que Emgesa pretende persuadir a los jueces para que rechacen las inminentes acciones de tutela que serán interpuestas por la inmensa mayoría de afectados que serán excluidos del nuevo censo, entre ellos, posiblemente los del gremio de Fedeacua.
El anuncio de la exclusión ya se anticipó en el artículo publicado por el periodista Fernando Polo en el Diario la Nación el 29 de Julio del presente año, titulado “‘Falsos afectados de El Quimbo se las verán con la justicia’, en donde se reseña el evento realizado por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en el Hotel Chicalá de Neiva, en el que, participaron “(…) además de los asesores jurídicos de Emgesa, (…) jueces y magistrados huilenses, quienes coincidieron en que “la lluvia de tutelas” que se desprende del proceso puede congestionar la justicia del departamento”.
No es extraño que en un evento institucional de la rama judicial de Neiva, en el que las autoridades judiciales del Huila se están “preparando” ante la inminente “lluvia de tutelas”, el ex Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, asesor jurídico de la multinacional Emgesa, y Andrés Caldas, gerente Jurídico de Emgesa, “hacen parte de la capacitación” para preparar a los jueces de acuerdo a sus interpretaciones del cumplimiento de la Sentencia T-135 de 2013, mediada por los intereses económicos de la compañía. Es claro que se busca justificar la exclusión imponiendo o difundiendo en nuestros togados la mirada de la Empresa. Además, amedrentar a los afectados para que no exijan sus derechos, acusándolos ahora de “falsos afectados”, incluidos los de Fedeacua.
Ahora, los afectados son acusados de victimarios y la víctima es Emgesa. Ya lo habíamos advertido. La metodología utilizada por la compañía se diseñó para excluir a la inmensa mayoría de quienes solicitaron ser censados, contra los postulados de la Sentencia T -135 de la Corte Constitucional y, en especial, vulnerando el Derecho a la participación efectiva libre e informada.
Es evidente que ante el desacato de la Sentencia T-135, como lo informamos oportunamente a la Corte Constitucional, la única alternativa de todos los afectados es acudir a la Acción de Tutela.
La respuesta de Emgesa ha sido contratar los servicios del exprocurador Bernal Cuellar para que con Emgesa "preparen" a los jueces del Huila para que rechacen las inminentes Acciones de Tutela, prejuzgando, al acusar a quienes solicitan ser compensados e indemnizados de "falsos afectados", expresión que pretenden asimilar a los "falsos positivos", esos si crímenes de Estado.
Conscientes del comportamiento arbitrario de Emgesa, Asoquimbo, se negó a participar de la metodología impuesta por la compañía y con fundamento en la Sentencia T-135 orientó a los afectados enviar Derechos de Petición a Emgesa solicitando ser censados directamente en sus lugares de vivienda y no acudiendo a centros de recepción de información decididos por Emgesa, que se convirtieron al mismo tiempo en lugares temerarios donde se encuestaban a los afectados previa firma de un supuesto Habeas Data que no fue leído por quienes se sometieron a ese procedimiento debido a que muchos son analfabetos y porque el texto es incomprensible incluso para juristas.
Asoquimbo espera que los jueces del Huila actúen en Derecho protegiendo los Derechos de los Afectados. Y que no se sometan a la capacitación del exprocurador Bernal Cuellar ni de Emgesa porque de antemano estarían actuando contra la Constitución Política y estarían reconociendo que no están preparados para asumir su condición de jueces o peor aún aceptan la condición de subordinados a los intereses de la compañía.
Existe un antecedente. El juez de Primera Instancia –Sala Cuarta de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, falló en contra de las Acciones de Tutela interpuestas por afectados del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. La Corte Constitucional revocó esa decisión y ordenó a Emgesa mediante Sentencia T-135 la realización de un nuevo censo de afectados que reiteramos viene siendo burlado por la Empresa, pero más grave aun cuando la Sala Cuarta mediante Auto del 17 de junio de 2014 “se abstiene de emitir pronunciamiento alguno respecto del incumplimiento de lo ordenado en Sentencia T-135 de 2013, o denominado “incidente de desacato” y demás solicitudes promovidas en esta acción constitucional desacatando lo establecido por la Corte al reconocer la “legitimidad de Asoquimbo para solicitar el cumplimiento de un fallo dictado en sede de revisión de Tutela por la Corte Constitucional o tramitar un incidente de desacato".
Asoquimbo coadyuvó una Acción Popular interpuesta desde el 31 de marzo de 2008, Rad. 41001-33-31-003-2008-00423-00, trasladada posteriormente al Tribunal Administrativo del Huila (Magistrado Ponente Gerardo Iván Muñoz Hermida) solicitando la suspensión provisional del trámite de la licencia ambiental como medida cautelar mientras se realizaban los estudios de Impacto Ambiental Alternativos. El Tribunal no ha fallado cinco años después, actitud que ha favorecido a Emgesa pero al mismo tiempo es responsable de los daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados que se pudieron evitar con la medida cautelar.
La Contraloría General de la Nación a través de Autos No. 015 y 6-068-11 de 2011 abrió indagación preliminar contra el MADS, la CAM y el INVIAS al señalar la gravedad de las situaciones acontecidas que ponen en riesgo los recursos del Estado (estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos) y la vida e integridad de los ciudadanos del sector”. La CGR solicitó apertura de proceso de responsabilidad fiscal, enviándose a la Contraloría Delegada para investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva mediante oficio 2012IE52195 del 27 de agosto de 2012, en donde actualmente se encuentra”. Señala, además que uno de los puntos que se evaluó fue la pérdida de la productividad marginal de la tierra como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica”. Aún no se ha fallado.
La Fiscalia, Noticia Criminal No. 410016000584201200105, averigua por los responsables del delito de “Daños en recursos Naturales” causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Después de dos años no se conoce ningún fallo.
En síntesis, con excepción de la Corte Constitucional, ni el Tribunal Administrativo del Huila, ni la Contraloría, ni la Fiscalía responden ante la evidencia de la afectación del patrimonio nacional y, la destrucción de nuestros ecosistemas, la actividad productiva y los proyectos de vida de las comunidades. Menos aún la ANLA. Ni la presidencia de la República a quien el 20 de julio de 2014 Asoquimbo le solicitó la Instalación de una Mesa de Evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado y EMGESA establecidos en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y de los daños socioambientales causados por la ejecución de las obras.
En consecuencia, es una falsa expectativa esperar que “una comisión de alto nivel haga algo”, como aspiran los directivos de Fedeacua. Es evidente que requerimos de inmediato interponer ante el Consejo de Estado una Acción de Nulidad respaldada por todos los afectados. Pero no es suficiente. Hay que fortalecer la resistencia civil por la defensa de nuestro territorio, la biodiversidad natural y genética, la seguridad alimentaria y los proyectos de vida de los habitantes del Huila, contra la política minero energética del Gobierno de Santos.
