EMGESA SE NIEGA A PAGAR LA TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL QUIMBO Y VIOLA EL DERECHO CIUDADANO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La Tasa de Aprovechamiento Forestal -TAF- es un instrumento económico, que se rige por los Artículos 220-221 del Decreto ley 2811 de 1974 y el Acuerdo 048 de 1982 del INDERENA que habilita a las CARs y Autoridades Ambientales Urbanas para que se cobre a quien tenga permiso de aprovechamiento forestal vigente. Se trata de “desincentivar la deforestación y cada corporación tiene la libertad de operarlas de diferente forma en su jurisdicción, siempre y cuando se conserven los componentes de la tasa”.
Asoquimbo obtuvo información según la cual Emgesa se niega a pagar la Tasa de Aprovechamiento Forestal por la tala de árboles de la zona de inundación del Quimbo equivalente a 17 mil millones de pesos aproximadamente que son recursos provenientes de un bien público.
Lo más grave es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- viene cohonestando con el no pago de dicha T.A.F. afectando el interés público y favoreciendo la rentabilidad económica de las transnacionales Endesa Enel, Emgesa, debido a que Emgesa montó otro negocio adicional. Contrató a la empresa REFOCOSTA para la tala de madera, que sería transformada en carbón para su aprovechamiento energético.
Pero además la ANLA no ha establecido ningún control en la zona permitiendo la Tala Indiscriminada de Árboles y el arrasamiento de toda la biomasa lo cual genera pérdida de Biodiversidad. Además, no le exige a Emgesa la sustracción de la tierra vegetal para su aprovechamiento agroalimentario, ahorrándole a la compañía aproximadamente 70 millones de pesos que costaría dicha sustracción por hectárea en una Zona donde mínimo serían utilizables 5.000 hectáreas.
REFOCOSTA ya se encuentra instalada en la Zona del Quimbo con toda la tecnología para la tala de bosque y su explotación energética y tiene previsto empezar la deforestación para el lunes 16 de junio sin la presencia de las autoridades ambientales con el propósito de ocultar las cifras de la biomasa destruida que determinarían finalmente el valor real de la Tasa de Aprovechamiento Forestal que posiblemente será objeto de demandas judiciales por la pretensión de Emgesa de negarse a pagarla.
Al mismo tiempo en que se destruye la biodiversidad por parte de Emgesa en connivencia con la ANLA y bajo el silencio cómplice del Gobierno Departamental, se conoce de presiones ejercidas por el Procurador Agrario Ambiental DIEGO VIVAS TAFUR contra el señor alcalde del Municipio de Altamira para que presente ante el Concejo Municipal el PBOT, induciéndolo a violar la Constitución y la Ley y contraviniendo la advertencia de la Contraloría según la cual: “el proceso de revisión y ajuste de los POT está siendo asesorado por EMGESA, mediante una consultoría, cuando este proceso debe ser adelantado y liderado por las administraciones municipales, en razón a que este ordenamiento se entiende como una política de Estado y a la vez una herramienta de planificación, a través del cual se pretende orientar la planeación del desarrollo de una región desde una perspectiva integral, participativa y prospectiva, además les fue suministrada información y estudios que la CAM ha adelantado en estos temas. Lo anterior por deficiencias de control y seguimiento del Ministerio de Ambiente y la CAM lo que no permite a los Municipios orientar la autonomía de sus decisiones y el riesgo de un posible conflicto de intereses. (Se trasladará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial MAVDT). Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.”
Es un hecho que Emgesa ha contratado con CODEIN el proceso de revisión y ajuste de los PBOT como lo advirtió la Contraloría a la CAM. En la página oficial de Emgesa se afirma que: “La contratación de la firma Codein, por parte de Emgesa, tiene como objetivo poner a disposición de las administraciones municipales un grupo de profesionales expertos para apoyar el análisis en materia de la reglamentación específicamente en los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con las leyes y optimizar los usos de las tierras disponibles en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales.” Esta afirmación demuestra que se viene violando el carácter público e indelegable de la Planeación y, específicamente, vulnerando el principio constitucional de la participación efectiva e informada de los ciudadanos.
Emgesa expresa que “La reformulación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios del área de influencia de El Quimbo, permitirá avanzar en el proceso de reasentamiento de las comunidades, con la construcción de las viviendas y distritos de riego necesarios para los nuevos lugares de asentamiento de las familias residentes del Proyecto.” Lo que deja entrever el manifiesto interés de dicha empresa de un reordenamiento que permita a su proyecto hidroeléctrico avanzar por encima de las determinaciones autónomas de los municipios y sus necesidades. En este sentido, es claro ejemplo de violación de la ley lo que está sucediendo con la comunidad de La Escalereta que ya tiene adelantada obras de reasentamiento en el Municipio de Altamira, sin la aprobación previa del PBOT del municipio.
Asoquimbo solicita a la Contraloría General de la República su intervención inmediata ante los atentados contra la biodiversidad, el patrimonio y la naturaleza pública y participativa de nuestro ordenamiento territorial.
1 comentario
Rodolfo Duarte -