A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA USCO PROPUESTAS PARA SUPERAR LA CRISIS ADMINISTRATIVA Y AVANZAR EN LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA

Las reiteradas crisis administrativas de la USCO, desde 1993 hasta la fecha,  obedece al ejercicio del poder autoritario y clientelista del Consejo Superior  que se ha negado a reformar los Estatutos conforme a la Autonomía Universitaria establecida en el Artículo 69 de la Constitución Política y, específicamente, a garantizar la elección de los cuerpos directivos directamente por la Comunidad Universitaria.

El Consejo de Estado ha destituido a 7 rectores en 15 años, debido a las actuaciones ilegales y contra la ética ciudadana de miembros del Consejo Superior, expresadas en la modificación de los mecanismos de designación de rector desconociendo la autonomía de la comunidad universitaria; discrecionalidad absoluta al negarse a establecer los criterios de valoración de las hojas de vida; fraude en la calificación de los méritos de los aspirantes; exclusión por razones políticas a través de "veto político moral" y la calumnia; intercambio de favores “yo te elijo tu me eliges”.

La más reciente se produjo con la destitución de la Señora Nidia Guzmán al decretar la nulidad de la Resolución 020 del 4 de octubre de 2018 con fundamento en el artículo 126 de la Constitución Política que establece que “ningún funcionario podrá nombrar ni postular como servidores públicos a quienes hubieren intervenido en su postulación o designación”.

A raíz del Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre contra el paquetazo de Duque, el Movimiento Estudiantil y sectores del profesorado se vienen movilizando en Defensa de la Universidad Pública, la modificación de las normas estatutarias para garantizar la autonomía y democratización de la USCO y plenas garantías para decidir el Proyecto Educativo Institucional, los Planes de Desarrollo y la elección directa de las directivas de la institución.

La Comunidad Universitaria no está dispuesta a permitir una vergüenza y desacreditación más que atentan contra el sentido de lo público y la esencia de la universidad de producir, apropiar y socializar conocimiento científico, técnico, humanístico y saberes ancestrales para contribuir en la solución de los conflictos económicos, sociales, políticos y ambientales que vienen degradando la condición humana y han puesto en riesgo la vida misma por el afán de acumulación de capital al infinito.

Para avanzar en la Defensa de la Autonomía y Democratización de la USCO es imperativo mantener la movilización social como mecanismo de presión para lograr de inmediato algunas reformas del Estatuto General como las siguientes que se proponen para la discusión y aprobación por parte de la Comunidad Universitaria:

1.- Estatuir la Asamblea Universitaria Permanente, adscrita a la rectoría, cuyas competencias básicas serían modificar los Estatutos, aprobar el Proyecto Educativo de la USCO - PEU- y los Planes de Desarrollo. Entre las modificaciones se destaca reglamentar los mecanismos de participación ciudadana de la Constitución de 1991, incorporados en el Acuerdo 075 de 1994 Estatuto General.

La Asamblea estará integrada por delegados de los estudiantes, profesores, egresados y sus respectivas organizaciones; de los Consejos Superior, Académico, de las Facultades, Departamentos y Programas Académicos.

Las decisiones de la Asamblea son vinculantes y serán ratificadas por el Consejo Superior sin modificaciones.

2.- El Consejo Superior Universitario modificará de manera inmediata el mecanismo de designación de las directivas que debe regir a partir de la expedición del respectivo Acuerdo. En consecuencia, debe suspender el actual proceso de designación.

La designación de las directivas se regirá por los siguientes criterios:

Equipo de Gobierno: Elección directa mediante voto universal por la Comunidad Universitaria (estudiantes, profesores y egresados) de un Equipo de Gobierno (rector, vicerectores) que cumplan con los siguientes requisitos básicos: 1.- Título de Doctorado 2.- Experiencia Investigativa. 3.- Producción Intelectual 4.- Proyectos de Intervención Social. 5.- Experiencia Docente y Administrativa.

El equipo de gobierno que obtenga la mayoría de los votos será designado como rector por el Consejo Superior.

Decanos. Elección directa por la Comunidad Académica de cada Facultad del decano que cumpla con los siguientes requisitos: Titulo de Magister y los demás establecidos para el Equipo de Gobierno.

Jefes de Programa y departamentos. Serán elegidos mediante voto universal por los miembros de la Comunidad Académica del respectivo Programa que cumplan con los mismos requisitos para el cargo de Decano. En el caso de jefe de Departamento su elección corresponde a los docentes vinculados al mismo.

Los Decanos, Jefes de Programa y de Departamento una vez elegidos serán nombrados por el rector de la institución.

El cumplimiento de los requisitos para cargos directivos será verificado por el Comité de Selección y Evaluación.

Por tratarse de un servicio público a favor de los intereses generales y por transparencia, los directivos designados para los cargos de rector, vicerectores y decanos continuarán devengando el mismo sueldo que poseen como docentes de la USCO en reconocimiento a sus méritos académicos.

Consideraciones generales

La propuesta se fundamenta, especialmente, en la Sentencia de la Corte Constitucional  C-829 de 2002 cuya doctrina contiene que la autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la Carta no podrá, en ningún caso prescindir de quienes integran la comunidad educativa (docentes, estudiantes, egresados), abandonando un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en los claustros.

Se recomienda a los 16 aspirantes al cargo de rector solicitar al Consejo Superior la suspensión del proceso actual de designación y proceder a aprobar el nuevo mecanismo al cual, si continúan aspirando, pueden acogerse posteriormente, sometiéndose al veredicto de la Comunidad Universitaria, en coherencia con el interés general de Defender la Autonomía y la Democratización de la USCO.

De mantenerse el proceso y designar la terna conforme a lo establecido queda como opción profundizar la resistencia y votar en blanco lo que requiere de un gran compromiso, especialmente, de los docentes.

¡POR UNA UNIVERSIDAD ABIERTTA, PARTICIPATIVA Y DELIBERANTE!

Miller A. Dussán Calderón

Profesor Titular de la USCO

 

ARDE LATINOAMERICA: AGONIZA LA CIVILIZACIÓN GLOBALIZADA Y EXCLUYENTE

La Cumbre Climática -COP 25, convocada del 2 al 13 de diciembre en Chile, debió trasladarse a Madrid por el estallido social contra el modelo neoliberal que se impuso durante la dictadura militar de Pinochet y que hoy registra la mayor concentración de riqueza y desigualdad del mundo.

Durante la apertura del evento el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, expresó que “si no cambiamos urgentemente la forma en que vivimos, vamos a poner en peligro la vida misma”. Paradójicamente, Endesa, la empresa que más gases de efecto invernadero emite en España, se destacó por ser una de las principales patrocinadoras de la COP25.

La cumbre ha sido un fracaso debido a que el borrador de acuerdo sobre el clima que se continua negociando ha sido considerado como una “traición para el futuro”, es injusto e inmoral y registra “una gran desconexión entre la ciencia, la urgencia climática y lo que los gobiernos están implementando, cuando las emisiones contaminantes están aumentando a una velocidad mayor de la calculada”, según el científico estadounidense  Alden Meyer, un experto en la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Mientras el mundo continuará en llamas debido a  la lógica de la acumulación ilimitada del capital  y la expansión de la civilización fundada sobre la economía de mercado, la exclusión y la inequidad que amenaza directamente la supervivencia de la vida en el planeta, arde Latinoamérica con la expansión de la rebelión social contra el neoliberalismo por la garantía de los derechos  sociales y económicos como  la salud y la educación de calidad, el futuro laboral, especialmente, de los jóvenes, el derecho a decidir los proyectos de vida y a preservar los ecosistemas amenazados por el extractivismo.

En Colombia, el Paro Nacional iniciado el 21N ha permitido avanzar en la articulación de las luchas de resistencia contra el extractivismo a nivel rural y urbano caracterizados por el despojo, el ecocidio para la acumulación de capital, cuya consecuencia ha sido el incremento de las víctimas del desarrollo.

No solo se despoja para imponer los proyectos minero energéticos y los agronegocios sino  para el reordenamiento de las ciudades como la especulación inmobiliaria, la entrega desproporcionada de tierras para emprendimientos y el consumismo, la crisis habitacional, el aumento de las inundaciones, la destrucción de humedales, bosques, todo en el contexto del modelo neoliberal que además se apropia de las rentas de los ciudadanos a través de la privatización y mercantilización del agua y de todos los bienes públicos.

El Paro ha logrado cuestionar las formas centralistas y jerarquizadas de organizaciones sociales y politicas, construyendo desde abajo diálogos horizontales y gestando organizaciones vecinales y barriales para la defensa de los espacios urbanos contra la mercantilización de los mismos y la vida de los ciudadanos.

Después del 21N se venció el miedo y se enfrentó el vandalismo informático y la violencia institucional con las más creativas formas de organización y de expresión cultural y artística, acumulando fuerzas contra el capital corporativo y el neoliberalismo que identifica a todas las resistencias en América Latina y, particularmente, las chilenas.

2019 será recordado como la irrupción de las resistencias en América Latina con la esperanza de dar sepultura a la agonizante civilización globalizante y excluyente del  capitalismo y evitar la destrucción de la vida en el Planerta.

En el 2020 se profundizarán las acciones de resistencia donde reside la esperanza de vivir dignamente en armonía con la naturaleza.

 

 

 

CACEROLAZO: PODER COMUNITARIO VECINAL

Cacerolazo en Colombia

Concluidas las inmensas movilizaciones en Colombia, el 21 de noviembre de 2019, contra el paquetazo del Gobierno de Duque, la Defensa de la Vida y los territorios, se inició el cacerolazo en Bogotá que se extendió a diferentes ciudades del país con participación de todos los sectores sociales y que aún se mantienen resistiendo contra el odio y el miedo, difundidos por los medios de comunicación al servicio del estado, la represión violenta del ESMAD, los toques de queda y la utilización del vandalismo con el único propósito de deslegitimar las razones de la protesta social y destruir las formas creativas de organización vecinal y comunitaria.  

Esta forma de protesta, surgida en Francia durante el siglo XIX, contra la monarquía del régimen de Luis Felipe, se propagó en América Latina logrando despojar del poder a las dictaduras militares de Pinochet en Chile y Videla en Argentina, para mencionar unos casos.

En Colombia, el cacerolazo que no para, empezó como una reacción contra los medios de comunicación social que  pretendieron desconocer la magnitud de las protestas pacíficas en todo el país dándole visibilidad a las acciones vandálicas para vivificar la infraestructura de las ciudades, centros de consumo, como objetivo prioritario y cosificar a las personas desconociéndolas como sujetos de derechos.

El cacerolazo se extendió por todo el país, cuando el ESMAD inició atropellando a ciudadanos y bloqueando la salida de estudiantes de la Universidad Nacional, creando un corredor humanitario para su protección y salida pacífica.

En esta oportunidad se venció el miedo y el terror. Se rechazó la violencia y el  neoliberalismo que ha mercantilizado la vida, la naturaleza, el agua, los derechos al trabajo, la educación, la salud  y, especialmente, ha negado a la niñez y a la juventud el derecho a construir sus proyectos de vida. Se evidenció aún más que organismos como el FMI, BM, BID, la OCDE, imponen recetas como el paquetazo de Duque que han fracasado en todo el mundo y explica, los paros, movilizaciones y cacerolazos en América Latina.

Durante las protestas el papel protagónico lo vienen asumiendo los movimientos sociales y colectivos de ciudadanos, estudiantes, mujeres, ambientalistas, víctimas, artistas que se vienen articulando a nivel territorial, vecinal, barrial, desde abajo, inventando formas de organización autónoma, con el reto de construir agendas comunes, desde las resistencias superando los viejos liderazgos de partidos y organizaciones sindicales que aún no han logrado asimilar que sus prácticas mesiánicas, vanguardistas, dogmáticas, clientelistas y sus discursos anacrónicos y repetitivos no interpretan el sentido profundo de la diversidad cultural, la imaginación y la creación presentes en las diferentes formas de resistencia y de acción de los nuevos colectivos que se saludan y abrazan desde las vecindades y los lugares de trabajo y formación académica.

La pregunta es cómo avanzar hacia un proyecto de transformación social donde las decisiones sean asumidas colectivamente, de manera directa, sin delegar a las dirigencias sindicales, políticas de izquierda y progresistas las vocerías de los colectivos en resistencia, evitando la cooptación institucional y garantizando la movilización social permanente desde donde se gesta el Poder Territorial Autónomo y Soberano.

Es innegable que el gobierno, producto de la presión social, se vio obligado a convocar a una “gran conversación nacional”, reducida al envío de propuestas hasta el próximo 15 de marzo en torno a su agenda y políticas neoliberales, con el propósito de dilatar y debilitar la creciente rebeldía popular.   

El movimiento social debe rechazar dicha convocatoria y fortalecer la unidad desde las distintas formas de resistencia construyendo Agendas Comunes en Asambleas Populares Territoriales, Vecinales, Barriales y Veredales que expresen la diversidad de demandas sociales y, especialmente, el rechazo al régimen político dictatorial, violento, mafioso, clientelista y corrupto y por alternativas de gobernabilidad desde abajo, “sociedades en movimiento" que se vienen tejiendo en América Latina en los Movimientos sin Tierra en Brasil, Argentina, Bolivia; Comunidades Mapuches en Chile, Mayas de Guatemala, Rondas Campesinas de Perú, las Guardias Indígenas y Cimarronas en el Cauca Colombia, Movimientos Sociales por la Defensa de los Territorios y la Vida, contra el extractivismo, el despojo y el ecocidio, las marchas y cacerolazos presentes contra el paquetazo neoliberal en Colombia y países vecinos, el Movimiento Feminista contra la opresión de clase y el patriarcado.

 

 

 

 

PROTESTA SOCIAL Y PODER TERRITORIAL

 

Los Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, Uruguay y Venezuela están obligados a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna”, destacando el derecho a la protesta social.

Las protestas sociales han crecido de manera considerable en América Latina durante el año de 2019, ante el fracaso del neoliberalismo que registra la mayor concentración de riqueza y desigualdad del mundo. En Guatemala, Haiti y Perú el detonante de la crisis obedeció a la corrupción que involucra a sus presidentes, familiares y altos funcionarios gubernamentales; en Honduras, por lo decretos de privatización de la salud y la educación; en Argentina, debido a la crisis económica que golpea a todos los sectores sociales; en Ecuador, por el sometimiento de Lenin Moreno al Fondo Monetario Internacional, al eliminar los subsidios a los combustibles; en Chile, por al aumento al pasaje del metro y el deterioro en su calidad de vida, que condujo a un acuerdo para convocar a una  consulta sobre Asamblea Constituyente; en Colombia, se ha ratificado un Paro Nacional el 21 de noviembre contra el paquetazo de reformas neoliberales exigidas por la OCDE y el FMI, a nivel tributario, salarial, pensional del Gobierno de Duque; por la vida, la paz y la democracia.

La reacción común de todos los gobiernos neoliberales ha sido el desconocimiento de la protesta social. Piñera, en Chile, expresó que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, pero ante el fortalecimiento de la resistencia, abandonó la prepotencia y  pidió perdón “por la falta de visión”.

El gobierno de Duque se ha caracterizado por la estigmatización de la protesta y la generación de pánico acogiendo el pronunciamiento del expresidente Uribe al considerar el paro como  “parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina”. Sin embargo, ante el respaldo a la convocatoria de sectores como la Iglesia Católica y artistas, Duque se vio obligado a expresar que “la protesta pacífica es un derecho que este gobierno protege”, pero que al vandalismo hay que aplicarle “todo el peso de la ley”; sin condenar la creación del autodenominado grupo “resistencia civil antidisturbios” que anunció su infiltración en el paro.

Cabe destacar que la Fiscalía General de la Nación con relación a la protesta social, mediante directiva emitida el 8 de Marzo de 2016 aclaró que la conducta solo será delictiva si se realiza a través de medios ilícitos: daños a bien ajeno, incendio, disparo, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosos, violencia contra servidor público, interpretando el sentido de la Sentencia C-742/12 de la Corte Constitucional que establece que “no se puede penalizar cualquier bloqueo de vía sino aquel que se realice por comportamientos ilícitos, que son aquellos en los que se recurre a la violencia”.

Ante la tensión generada por el gobierno y grupos irregulares al servicio de los intereses empresariales, agroindustriales, hacendados, medios de comunicación, hay que salir masivamente a la calle, sin miedo, a ejercer el legítimo derecho a la protesta y a fortalecer las resistencias populares contra el neoliberalismo, en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, entre otros, por la Defensa de los Territorios y la Vida arraigadas en los Movimientos sin Tierra en Brasil, Argentina, Bolivia; Comunidades Mapuches en Chile, Mayas de Guatemala, Rondas Campesinas de Perú, las Guardias Indígenas y Cimarronas en el Cauca Colombia, Movimientos Sociales por la Defensa de los Territorios y la Vida, en Colombia, contra el extractivismo (represas, fracking, minería a gran escala), el Movimiento Feminista contra la opresión de clase y el patriarcado.

 Se hace camino al marchar.

EL PARO CONTRA EL PAQUETAZO DEL GOBIERNO DE DUQUE

Comunidades Indígenas, Afro, sindicatos, trabajadores, organizaciones campesinas y estudiantiles, movimientos sociales defensoras de los territorios, mujeres, comunidad Lgbtiq y partidos políticos progresistas convocaron al Paro Nacional el 21 de noviembre contra el “paquetazo” del gobierno nacional que incluye nuevas reformas neoliberales a nivel tributario, que rebaja los impuestos a las transnacionales y los incrementa a la clase media; laboral, que destruye la estabilidad e impone salarios por debajo del mínimo para los jóvenes y contratación por horas; pensional, que elimina el derecho a la pensión y privatiza a Colpensiones; privatización de Ecopetrol ISA CENIT, Electrificadoras regionales; contra el modelo minero energético que despoja a comunidades y destruye la naturaleza; contra la violencia y los asesinatos de comunidades indígenas y  líderes sociales y el asesinato de ocho niños, en el bombardeo a campamento de un grupo ilegal en el Caquetá.

Las organizaciones demandan un salario mínimo para una vida digna, cumplimiento de los acuerdos con los trabajadores estatales, indígenas, campesinos, Fecode, estudiantes, el derecho a la protesta social y una transición energética justa, soberana y democrática, entre otros.

Paradójicamente, el paquetazo de Duque exigido por la OCDE y FMI se presenta en momentos en que se registra el mayor estallido social en Chile, país donde se impuso a través de la dictadura de Pinochet el modelo neoliberal, denominado el "milagro económico" por Milton Friedman y que hoy experimenta el rotundo fracaso en América Latina, que registra la mayor concentración de riqueza y desigualdad del mundo que según datos de la Cepal en 2018, la pobreza ascendió a 29,6 por ciento de la población, lo que equivale a 182 millones de personas, mientras que la pobreza extrema ascendió a 10,2 por ciento, es decir, 63 millones de personas.

La coalición Frente Amplio de Chile, como una posible salida a la crisis demanda “una nueva constitución, que solo es posible construirla de manera democrática y participativa a través de una Asamblea Constituyente" que remplace la de Pinochet.

Los rebeldes presionan por la renuncia del presidente Sebastían Piñera y reclaman una sociedad más justa, donde se reparen las grandes deudas sociales del país causadas por la privatización y mercantilización de la educación, salud, sistema de pensiones, vivienda, el agua y la corrupción gubernamental, entre otras, heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La reacción inicial de Piñera fue "estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible". Pero ante el fortalecimiento de la resistencia, abandonó la prepotencia y pidió perdón “por la falta de visión” y anunció una agenda social  de reformas que no responden al llamado a la convocatoria de la Constituyente.  

En Colombia, cuando se aproxima la realización del paro del 21 de noviembre, la reacción del gobierno ha sido acoger el pronunciamiento del expresidente Uribe que imita la actitud de Piñera cuando se iniciaron las protestas al considerar que la manifestación “hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina”

De antemano se desconocen las legítimas reivindicaciones del Paro al acusar a todas las organizaciones convocantes de hacer parte de una conspiración internacional como pretexto para justificar la represión violenta, las judicializaciones y encarcelamientos a nombre de impedir la “desestabilización de la democracia”.

Al igual que en Chile, los inconformes en Colombia no se deben dejar intimidar y asumir el legítimo derecho a la protesta social contra el fracasado neoliberalismo y avanzar en la construcción de una nueva sociedad donde impere la justicia socioambiental.

 

 

 

 

 

 

 

OPOSICIÓN PROGRAMÁTICA

Concluida las elecciones regionales donde el “impúdico sancocho electoral de partidos y movimientos entremezclados”, como denominó Humberto de la Calle a todas las coaliciones sin distingo de credos e ideologías, se convirtió en la estrategia de los líderes tradicionales de los partidos  Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Unidad Nacional para mantener el control de todos los poderes a nivel regional, alcaldías, concejos, gobernación, asamblea y derrotar las aspiraciones de quienes se les adhirieron como  la UP, Colombia Humana, Mais, Verdes y ASI.

Dos hechos significativos merecen especial consideración: Los resultados del voto en blanco que han sido minimizados por los principales medios de comunicación y las ejemplares campañas electorales realizadas por la profe Leyla Rincón y Francisco “Atarrayo” quienes lograron el mayor número de votos en las listas “alternativas” como auténticos voceros en Defensa del Territorio y la Vida.

El Voto el Blanco que fue promovido por el Movimiento Social Defensores del Territorio, utilizando como único recurso las redes sociales logró ubicarse en el tercer lugar para la Gobernación del Huila  con 43.901 votos (8,71%) por encima del candidato del Centro Democrático (8.3%).  Para la Asamblea sumó 63.997 (13.52%) porcentaje sólo superado por el Partido Conservador (18.53%) Partido Liberal (15.73%) y Cambio Radical (13.71%) y por encima de todos los demás partidos y movimientos como el Centro Democrático (9.28%), Unidad Nacional (6.30), Coalición Juntos, (5.69%). Para la Alcaldía de Neiva se registraron 13.788 votos (8.69%) superando el porcentaje de la candidatura de la coalición alternativa (7.38%). 

El voto en blanco ha sido una expresión de resistencia por la defensa del territorio y la Vida promovido por Asoquimbo contra el modelo neoliberal extractivista minero energético (represas, fracking, minería a gran escala) y el régimen político autoritario, mafioso, clientelista y corrupto al servicio del capital corporativo transnacional.

El Movimiento Social Defensores del Territorio, -DT- se apropió de la tradición del voto en blanco y lo promovió en las elecciones para la gobernación del Huila como expresión de rechazo a las diversas coaliciones que coincidían en lo fundamental, razón por la cual ha manifestado que se mantiene como la única fuerza de oposición radical al Gobierno de coalición de Luis E. Dussán y sectores “alternativos” y del cual harán parte el Partido Conservador, cuyo candidato a la Gobernación, Carlos Chávarro, hace parte de la Asamblea del Huila y se declaró independiente, además de Cambio Radical y el Centro Democrático.

La oposición del movimiento Defensores del Territorio es programática y, en tal sentido,  convoca a la articulación de todos los procesos de resistencia social contra el modelo neoliberal extractivista minero energético, la imposición estatal de la diversificación de la oferta energética con renovables como el gran negocio del mercado transnacional, que implica despojo de comunidades y contra "la agricultura por contrato" que destruye la producción campesina al utilizar tecnologías inapropiadas e incompatibles con los cultivos (transgénicos), manipulación de cuotas, corrupción, dominio de los monopolios, endeudamiento y dependencia excesiva de los anticipos y riesgos de fallas en el mercado, debido a la entrega del agro al monopolio exportador de las transnacionales que son políticas incorporadas al Plan de Desarrollo de Duque y que harán parte de la Agenda de Productividad y competitividad del Gobierno de Luis E. Dussán.

Es imperativa la unidad de trabajadores, campesinos, pescadores, mineros, indígenas, maestros, estudiantes, profesionales de la salud, entre otros, siguiendo el ejemplo de la rebelión de las masas, como en Chile, por la Defensa del Territorio y la Vida y, especialmente, por un nuevo modelo y transición energética como proceso de sustitución de la energía fósil y las hidroeléctricas por alternativas renovables (solar, eólica), soberana, autónoma y democrática que parte de considerar la energía como un bien común y no como “una gran oportunidad de negocios de las empresas transnacionales”, como la concibe el gobierno. Desde esta perspectiva, se propone un sistema socialmente justo, descentralizado, controlado por las comunidades o mediante empresas sociales sin ánimo de lucro, en el que prime el acceso universal a la energía como derecho humano fundamental y no destruya la naturaleza. Además, la creación de un Sistema Agropecuario y Pesquero que repueble el campo, reconozca las economías de campesinos, indígenas, afrodescendientes, que estimule la recuperación de tierras, iniciando por los desplazados del Quimbo, contra "la agricultura por contrato" y por la Defensa de la Soberanía y Seguridad Alimentaria garantizada con proyectos agroecológicos que den viabilidad a la producción cafetera, arrocera, panelera, entre otras, lo cual implica la derogatoria o renegociación de los Tratados de Libre Comercio.

Defensores del Territorio propone a la ciudadanía en general, al nuevo gobierno Departamental y a la Diputación del Huila las siguientes decisiones inmediatas:

1. Ordenanza y/o decreto de la gobernación, declarando al Departamento del Huila con sus Bienes Naturales Comunes (Macizo Colombiano, Ríos, y demás fuentes hídricas, Páramos, Bosques, Serranías, entre otros) como SUJETOS DE DERECHO que deben ser protegidos por las comunidades indígenas, campesinas, afros lo que implica no represas, fracking, minería a gran escala.

2. Ordenanza o Decreto de la Gobernación declarando a los campesinos como sujetos de derechos en cumplimiento de convenios internacionales.

3. Ordenanza por medio de la cual se destinan nuevos recursos financieros para ampliar la cobertura de la Universidad Surcolombiana en todas sus sedes y se ofrezcan nuevos programas en energías renovables, innovaciones pedagógicas, economías solidarias, entre otros.

4. Solicitar al Consejo Superior de la USCO, que con fundamento en el Derecho a la Educación Pública, Gratuita y de Calidad, se expida un Acuerdo por medio del cual se declara la prohibición del cobro de matrículas y derechos académicos y se garantice la nutrición de calidad a los estudiantes que por sus precarias condiciones sociales lo requieran.

5.- Exigir a la Agencia Nacional de Tierras y la ANLA se cumpla con la entrega de 2700 hectáreas, adecuadas con distrito de riego por gravedad por Emgesa para las poblaciones establecidas en la Licencia Ambiental del PH El Quimbo y el cumplimiento del Decreto 1277 /13 del Ministerio de Agricultura de compra de tierras adicionales para las poblaciones afectadas por El Quimbo que sean sujetos de Reforma Agraria.

 

 

Transición o diversificación de la Matriz Energética

La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, a través del Comunicado de prensa 05 de 2019 informó acerca de la primera subasta de fuentes no convencionales de energías renovables que realizó el Gobierno Nacional el 22 de octubre.

El gobierno, espera producir 2.200  megavatios de capacidad instalada para el año 2022 para avanzar en  la diversificación de la matriz energética para lo cual se adjudicaron ocho proyectos con una capacidad instalada  1.298 megavatios, 5 de ellos eólicos y 3 solares, a 7 empresas generadoras y 22 comercializadoras.

La política del gobierno es la diversificación de la oferta energética con renovables desde el mercado en condiciones favorables para las empresas, mediante el esquema de “subasta por cargo de confiabilidad” que consiste que a las Emgesas se les garantiza “un  ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión”, es decir, el Estado colombiano se compromete a pagar a las empresas por mantener la oferta de energía durante veinte años un valor que será asumido en la tarifa de electricidad de todos los colombianos.

A través del Plan de Desarrollo del Gobierno de Duque no sólo se dio vía libre al franking, ratificada por el Consejo de Estado al autorizar las Pruebas Piloto, en contravía de convenios internacionales, firmados por el estado Colombiano, en los que se han acordado varias disposiciones para enfrentar el cambio climático, sino que ante la crisis de HidroItuango optó por aceptar las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) al considerar que Colombia posee un potencial para el desarrollo de energías como la solar y eólica que representan “una gran oportunidad de negocios para inversionistas, especialmente, de Estados Unidos, España, Noruega y Chile”.

La política estatal es la diversificación de la matriz energética y no la sustitución de la producción fósil (petróleo, carbón, gas) por energías renovables (solar, eólica) con el propósito de ampliar la oferta como una gran oportunidad de negocios para inversionistas, lo que implica mantener el patrón extractivo en oposición al cambio del modelo minero energético, responsable de la crisis climática y en contravía de los objetivos del desarrollo sostenible, entre ellos, “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.

Desde los movimientos sociales se vienen construyendo alternativas para la defensa y el cuidado de la vida, el agua y el territorio que giran en torno a tres pilares: la transición energética, la soberanía alimentaria y la justicia hídrica.

La transición energética como proceso de sustitución de la energía fósil y las hidroeléctricas por alternativas renovables, debe ser soberana, autónoma y democrática. Parte de considerar la energía como un bien común y no como “una gran oportunidad de negocios de las empresas transnacionales”, como la concibe el gobierno. Desde esta perspectiva, se propone un sistema socialmente justo, descentralizado, controlado por las comunidades o mediante empresas sociales sin ánimo de lucro, en el que prime el acceso universal a la energía como derecho humano fundamental y no destruya la naturaleza. Incluye la creación de un FONDO ENERGÉTICO ESPECIAL por parte del Estado con destino a la investigación científico-técnica, de universidades públicas y el Instituto Colombiano de la Energía, en nuevas alternativas energéticas.

Tanto la generación como la comercialización de la energía deben ser gestionadas desde lo público y lo comunitario y no desde las empresas transnacionales, razón por la cual se requiere de la movilización social contra la privatización de Ecopetrol y empresas de energía  como la del Huila anunciada recientemente por el presidente Duque y por una transición energética soberana y autónoma.

 

 

 

Embrujo Electoral

Foto periódico La Nación Huila

En el libro “El Quimbo: extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia” se hace referencia al Embrujo Corporativo o estrategia comunicativa perversa que utilizan las empresas transnacionales que se apropian de los territorios para realizar negocios a través de múltiples megaproyectos minero, energéticos. La forma de intervención se realiza a través de la manipulación de la conciencia, del encantamiento para atraer y engañar a las comunidades a nombre  de una supuesta visión del desarrollo y del progreso, donde todos van a ser favorecidos, van a mejorar la calidad de vida si se opta por aceptar el desplazamiento del territorio a cambio de ofertas miserables.

A través de la manipulación de la información se presentan las compensaciones y la mitigación de todos los daños como si se tratara de dádivas y no de obligaciones de las empresas, como Enel Emgesa. En este caso, se privilegian formas comunicativas visuales sobre las “bondades del proyecto y las oportunidades para mejorar las condiciones de vida”, generando falsas expectativas mediante las cuales logran dividir a las comunidades entre quienes persisten en la permanencia en el territorio y quienes “embrujados” están dispuestos a abandonarlo.

Esta estrategia fue divulgada por todos los sectores que apoyaron el proyecto, entre ellos, representantes de los partidos Centro Democrático, Conservador y Liberal, que hoy aspiran a la gobernación del Huila y que ante los inocultables daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por la construcción del Quimbo, se transaron en una disputa por ocultar, contra toda evidencia, su responsabilidad en el apoyo al proyecto y crearon un nuevo embrujo, el electoral, como estrategia de encantamiento para atraer votos al vociferar, que de ser elegidos no permitirán ni fracking, ni represas en el Huila.

Este embrujamiento se convirtió en el centro de la campaña electoral a la gobernación del Huila, cuando los aspirantes, nunca se pronunciaron frente a los desalojos violentos y el ecocidio, ni defendieron las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales que prohibieron represas, fracking, minería a gran escala, ni han rechazado la decisión del Consejo de Estado que al autorizar las Pruebas Piloto dieron vía libre al fracking.

Además,  ocultan que en su afán por hacer parte del negocio del Quimbo capitularon ante las supuestas “exigencias de honor” al no quedar incluidas en la Licencia Ambiental  la participación accionaria del Departamento como socio del proyecto, reducción de la tarifa de energía para toda la población del Huila, reversión de la concesión a la nación, modificación de la naturaleza del proyecto de unipropósito a multipropósito, compensación del PIB con la restitución de 10.000 hectáreas por pérdida de productividad y concesión de aguas para distritos de riego. Tampoco se refieren a cómo le van a exigir a su socio mayor Enel Emgesa que cumpla con 127 obligaciones pendientes, entre ellas,  la restitución de la actividad productiva que deja pérdidas al Departamento de 50 mil millones de pesos anuales.

El embrujamiento se trasladó a un sector “progresista” a la Asamblea del Huila que prometió a  víctimas del Quimbo, pescadores del Hobo, que de lograr la curul de diputado, les garantizaría un debate en la corporación para “evaluar los daños causados”, cuando existen más de 40 investigaciones sobre el Quimbo, incluso cursa una demanda en la Fiscalía 3 de Bogotá por delitos ambientales.

Del embrujamiento, ahora que se acercan las elecciones del 27 de octubre, se pasó a una campaña de acusaciones y estigmatizaciones mutuas, entre quienes encabezan las encuestas para la gobernación y sus ofertas electorales de no más represas ni fracking desaparecieron.

Se trata de una vieja estrategia para generar miedo y consolidar pasiones que hace parte de la naturaleza del Régimen Político Colombiano: mafioso, autoritario, violento, excluyente, discriminatorio, individualista, clientelista, corrupto.

Esa estrategia se expresa en publicidad engañosa, noticias falsas, encuestas amañadas para intensificar la competencia por los votos que obliga a mayores compromisos con quienes financian las campañas (contratistas, mafias, etc) cuyo resultado final es que “quien tenga más plata tiene mayor posibilidad de acceder al cargo”.

Terminado el proceso, viene  la repartija de la torta entre los contendientes, los festines y el abrazo final por haber logrado seguir controlando el poder mientras los pobres, los excluidos intentan despertar tardíamente del embrujamiento mientras continúan sometidos al desmejoramiento de sus precarias condiciones de vida.

Es posible que algunos de los embrujados comiencen a entender que su poder real está en la organización, la protesta y la resistencia sociales como alternativas para defender los territorios y la Vida en condiciones dignas.