De izquierda a derecha Miller Dussán y Raul Zibechi
Ponencia VI CONGRESO REDIPAZ. Paz, Participación y Desarrollo: Sujetos que participan, inciden y trasnforman. Medellín 3 y 4 de octubre de 2019
Miller Armín Dussán Calderón
Profesor Investigador Universidad Surcolombiana
En un encuentro con líderes veredales de Antioquia cuyo nombre prefiero ocultarlo, uno de ellos preguntó públicamente: ahora que se desmovilizó las Farc ¿quién va a garantizar la seguridad de este territorio? Esa misma pregunta la escuché en Washington a un asesor de Obama en una reunión de defensores de Derechos Humanos. ¡Qué coincidencia! Sin embargo, la misma pregunta respondía a visiones diferentes sobre la Paz.
En el primer caso, la preocupación de las comunidades obedecía a la imposición de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos PINES (represas, fracking, minería) a favor de la acumulación de capital por despojo, incorporados en los Planes de desarrollo de los Gobiernos de Uribe, Santos y en el “Pacto por Colombia” de Duque contra el derecho a defender, decidir y vivir dignamente en los territorios.
Esta preocupación es mayor en todas las poblaciones donde operaban las FARC debido al incremento de la presencia de mafias de narcotraficantes, grupos paramilitares, empresas mineras trasnacionales que despojan comunidades, destruyen los ecosistemas y asesinan a líderes sociales para controlar el territorio y apropiarse de sus riquezas. Según los informes de la Fundación Paz y reconciliación antes de que las FARC entregaran las armas, operaban en casi 300 municipios de los cuales hoy 123 tienen copamiento criminal”.
La preocupación del asesor de Obama era quién va a garantizar la seguridad de los PINES, no sólo la jurídica cuyos litigios se resuelven en Tribunales de arbitramento internacional controlados por las multinacionales y sus organismos financieros, sino para la inversión en proyectos extractivos sin la presencia de grupos irregulares y el control efectivo de las protestas sociales. Se entendió, entonces, el sentido de aportar 400 millones de dólares para el “Plan Paz Colombia” para la “protección” estatal de los territorios que incluía la creación de Batallones minero energéticos para consolidar la Paz Corporativa, requerida por los sectores empresariales para sus proyectos de economía extractivista y de agroindustria, como lo manifestaron sus representantes al presidente encargado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, “La mejor noticia para el sector petrolero es la firma de los acuerdos de paz”.
No bastaba con el desarme de la gran mayoría de los insurgentes de las FARC y la bancarización de la paz (incluídos los exgerrilleros) a favor del sistema financiero, si no se garantiza la participación de la sociedad en su conjunto como condición para alcanzar la paz con justicia social y ambiental que nunca ha sido uno de los objetivos del gobierno. Por el contrario, se avanza en procesos de privatización de lo público, la negación de la participación de las comunidades, la regulación de la protesta social, el incremento de los asesinatos de líderes defensores de los territorios y la expedición de decretos para el despojo, facilitando la invasión y la impunidad trasnacional y el modelo corporativo.
Las contradicciones y falacias del gobierno de Santos con relación a la crisis ambiental y la crisis climática surgieron desde las negociaciones con las FARC como expresiones innegables de un modelo de desarrollo construido e impuesto a espalda del equilibrio ambiental y sin la participación y decisión soberana popular hacia el ordenamiento territorial.
En Colombia las mismas Naciones Unidas ya habían propuesto en materia ambiental implementar el capitalismo verde que se encuentra en el documento para el post-acuerdo titulado “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial, estable y duradera”, presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Septiembre de 2014, incorporado en sus líneas generales en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantea que en las regiones que hasta ahora han sido controlados por la guerrilla y que cuentan con reservas ambientales importantes es necesario ejecutar ambiciosos proyectos de “economía verde” en asocio con el capital financiero transnacional .
La ONU reconoce la problemática asociada a la salida de las FARC de los territorios en los que se mantienen condiciones ambientales propicias debido a su presencia militar, destacando la posible destrucción de esos lugares con la llegada de corporativismo y el modelo extractivo priorizado por el Gobierno de Santos.
En este contexto, la ONU desarrolla hipótesis y propuestas enmarcadas en la economía verde que representa una doble contradicción debido a que pretender superar la posible destrucción territorial aplicando esquemas de economía verde, que sería regresar a un modelo que desde la década de los 90 reforzó la injusticia social y ambiental en Colombia bajo la falacia del desarrollo sostenible que según Joan Martinez, "el crecimiento verde y el desarrollo sostenible son una contradicción. No puede haber un crecimiento económico que sea verde. Es falsamente verde. La economía actual se basa en más petróleo, más carbón, más palma, más cobre. Hablar de desarrollo sostenible es engañar a la gente". Además, se refiere a los Pagos por Servicios Ambientales, aprobados en Colombia mediante el mecanismo de fast track utilizado para la implementación de los acuerdos de paz como “un reduccionismo monetario que puede resultar en una política contraproducente. Es como si tuviéramos que pagarle a la gente del páramo para que se porte bien. Los estamos acostumbrando a que les tenemos que pagar. Se está mercantilizando una relación, y cuando eso sucede se pierde la lógica de la obligación moral".
La apuesta de las élites transnacionales por los “mercados verdes”, como lo señala el investigador Daniel Libreros, apunta adicionalmente a fortalecer el sometimiento financiero de los países del sur. Los cuarenta y ocho países menos desarrollados del mundo, casi todos ubicados en África, a partir del 2020, cuando entren en vigencia los acuerdos del COP 21 será de aproximadamente US noventa y tres mil millones anuales. Lejos de reconocer la “responsabilidad desigual” en la contaminación ambiental, la “deuda ecológica” del Norte sobre el Sur y de aprobar compensaciones justas por cambio climático irreparable en varias zonas del planeta, los grupos financieros transnacionales y los Estados que los representan pretenden profundizar el coloniaje en los países periféricos para ampliar su circuito de negocios mediante el endeudamiento. La COP 21 de Naciones Unidas ha facilitado esta pretensión corporativa al ratificar que la salida a la actual crisis climática obliga a una transición programada hacia el “capitalismo verde”, es decir, mercantilizando la naturaleza como negocio rentable lo cual haría imposible limitar el calentamiento global a 2 °C para los próximos años. Este criterio, que ya lo había oficializado la Comunidad Europea desde 1997, adolece de una base científica cierta, por ello, abrió debates en las comunidades académicas y propició el rechazo de los países periféricos.
El capitalismo verde se sustenta en la producción de agrocombustibles que exige la utilizació de grandes cantidades de tierra y agua bajo la forma de monocultivos desplazando comunidades campesinas y étnicas y disminuyendo las posibilidades de la producción alimentaria. Adicionalmente, estos agrocombustibles son cultivados de manera intensiva con agrofertilizantes derivados del petróleo y responsables en gran medida de la contaminación del planeta. Un segmento adicional del “capitalismo verde” es el de las titularizaciones por pagos indemnizatorios a la contaminación atmosférica que han abierto un segmento rentable en los mercados de capitales globalizados. Se trata del empleo de tecnologías genéticas que atentan contra el ciclo natural de la vida vegetal. Conseguir más bienes en menos tiempo transgrediendo el ciclo de elaboración de bienes por la naturaleza se convierte en un requisito ineludible en la agricultura contemporánea para adecuarse a las exigencias de la intensificación productiva en las industrias tecnológicamente desarrolladas y al ritmo frenético de la circulación de mercancías en el comercio mundial.
La economía verde que se pretende implementar como solución ambiental en el posacuerdo con la insurgencia colombiana, como lo señala el investigador Dario Urrea parte de considerar que “la problemática y la crisis ambiental es producto de la mala asignación de capital a los proyectos de desarrollo y salva de responsabilidad al sistema capitalista. Es decir, no va al corazón del problema, lo deja intacto. Presenta la gobernanza corporativa como una de las soluciones a la crisis global, pues reconoce en los Estados entidades débiles para la administración ambiental y territorial, y en las corporaciones a salvadores que poseen la tecnología y el capital necesarios para enfrentar las problemáticas. Niega cualquier perspectiva de derecho frente a los bienes comunes; prioriza las formas de privatización mediante asociaciones público-privadas como única alternativa de manejo de los bienes comunes y presenta las falsas soluciones (como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques -REDD- y los Pagos por Servicios Ambientales -PSA-) como alternativas a la crisis planetaria”.
La ONU, frente a un escenario de posacuerdo sugiere reconocer la biodiversidad en términos de capital natural (CN), concepto que equivale a la mercantilización de la naturaleza. El “aprovechamiento de la biodiversidad”, con un desarrollo industrial rural asociado a los capitales y controles trasnacionales; el Pago por Servicios Ambientales que implicaría el despojo por vía administrativa luego de cinco años de pago; hacer minería sostenible para reducir los impactos ambientales, una contradicción en los términos debido a que dicha actividad extractiva es imprevisible en sus consecuencias e irreparable en sus impactos. Institucionalidad Ambiental y gobernanza en términos económicos a partir del producto de los PSA y REDD que estarían al servicio del capital corporativo y de los terratenientes, profundizando la flexibilización de controles ambientales y el modelo depredador.
Estos aspectos, que están en la base del crecimiento verde fueron incorporados como alternativa en un contexto de posacuerdo, que el gobierno de Santos implementó como eje trasversal del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015. Una nueva contradicción en el discurso y la aplicación del modelo de Santos: la promulgación de un desarrollo sostenible mientras se avanza con un desarrollo extractivista.
El Plan de Desarrollo de Duque avanza en la militarización de la naturaleza. Se trata de un acuerdo empresarial que desconoce la participación ciudadana e impone una economía de mercado sin límites, es decir, vía libre a los proyectos extractivos minero energéticos y agronegocios, que serán amparados con la “militarización de la gestión ambiental y territorial”, como respuesta a la organización y movilización social de las comunidades que a través de mecanismos de participación como las Consultas Populares y Acuerdos Municipales vienen prohibiendo represas, fracking, minería a gran escala para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de los municipios.
La naturaleza es presentada como un “activo estratégico del país” que será protegida por militares y policías, complementada con “ingenieros militares” y “empresas del sector”, negando su carácter de Bien Natural Común que debe ser reconocida como sujeto de derechos y cuya protección ecológica corresponde a las comunidades organizadas, como componente de una política pública ambiental.
El Plan no se refiere a la protección ecológica, sino a reemplazar los denominados “extractivismos ilegales” por los legales otorgados por el Estado a las corporaciones privadas nacionales y transnacionales. Es decir, se trata de la apropiación de los excedentes económicos que genera la naturaleza.
Lo novedoso del Plan es la incorporación, como parte de la “seguridad”, de la dimensión ambiental, enfocada en el agua, la biodiversidad y el resto del ambiente, considerándolos un “activo estratégico”, término proveniente del mundo empresarial. O sea, que se trata de reprimir a las organizaciones ambientales y de derechos humanos que se oponen al control corporativo de los territorios por las empresas transnacionales y que luchan por la Autonomía y el Poder territorial.
Las consecuencias son graves. Por un lado, incluir las cuestiones ambientales en el ámbito de la seguridad, en un país asediado por la violencia, significa militarizarla. Por otro lado, reducir el ambiente a un activo o simple mercancía, equivale a incrementar dramáticamente la destrucción de la Naturaleza.
Esta nueva “seguridad ambiental” aparece en la sección titulada “Seguridad, autoridad y orden para la libertad: Defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana”. Allí se enumeran diversos objetivos, entre otros, el control territorial y las medidas en seguridad y defensa nacional de esos “activos” que estarán a manos de una fuerza de “Protección Integral Ambiental” conformada por fuerzas militares y policías, coordinando con la fiscalía y autoridades ambientales, para consolidar la militarización de la gestión ambiental.
La militarización ambiental está protegida por la “dictadura constitucional” de la Corte que mediante Sentencia SU 095 de octubre de 2018 determinó que las consultas populares no son el mecanismo idóneo para prohibir las actividades extractivas y la declaratoria de inexequibilidad del artículo 33 de la ley 136 de 1994 que disponía que los proyectos que generasen cambios significativos en el uso del suelo como la minería, explotación petrolera (fracking), represas, debían ser objeto de una consulta popular.
Con la Sentencia de la Corte Constitucional 342 de 2019 se consolida la dictadura constitucional al negar cualquier mecanismo de participación ciudadana Consultas Populares, Acuerdos Municipales, POT y EOT, para decidir sobre la prohibición de las actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico, cultural y la vocación agrícola de los municipios.
Con estas decisiones la Corte desconoce derechos fundamentales de las comunidades como la de decidir sus proyectos de vida y la autonomía territorial, como garantía para la imposición de las actividades extractivas como el fracking, ahora que el Consejo de Estado dio vía libre a pilotos integrales de exploración mediante esta técnica” para incrementar el volumen de explotación petrolera, contra toda evidencia de destrucción ecológica y afectación a la salud humana.
Con la militarización del ambiente y la dictadura constitucional se aumentarán los “batallones energéticos” y la “red de informantes” para proteger los proyectos extractivos de las transnacionales. Estas decisiones, parecen responder a la estrategia diseñada por el almirante Arthur Cebrowski, zar de la transformación de la Defensa de EUA quien participó en la elaboración de una doctrina de la guerra en red (Network-centric warfare)”, según la cual “Estados Unidos debe tomar el control de los recursos naturales de la mitad del mundo, no para utilizarlos para sí mismo sino para estar en posición de decidir quién podrá utilizarlos. Para lograr ese objetivo, tendrá que destruir en esas regiones cualquier poder político que no sea el de Estados Unidos y acabar con las estructuras mismas de los Estados en los países existentes en esas regiones”.
Resistir a estas políticas debe ser una de las prioridades de todas las organizaciones que propenden por una salida alternativa a la crisis ambiental que ha producido el propio capitalismo que es el responsable del calentamiento planetario antropogénico producto de la lógica absurda e irracional de expansión y de acumulación al infinito, a su productivismo obsesionado por la búsqueda de la ganancia que es totalmente contradictoria con una racionalidad ecológica, que toma en cuenta la temporalidad larga de los ciclos naturales .
Hablar de paz implica un cambio del modelo neoliberal minero energético contra la imposición del capitalismo verde, de la mercantilización de la naturaleza, que es el propósito fundamental de los ODS. En nuestro país se registra con preocupación el avance de este modelo acelerado con las “locomotoras minero energéticas” por parte del Gobierno Colombiano con el aval de Corporaciones transnacionales, Naciones Unidas, entre otros, a nombre de la paz corporativa, extractivista (PINES, ZIDRES) y el “desarrollo sostenible” contra la Paz con Justicia Socioambiental negando el cumplimiento de los Acuerdos pactados con la insurgencia para solucionar el problema de violencia y agudizando los conflictos socioambientales con el despojo de la comunidades, el ecocidio y la imposición de la dictadura constitucional minero energética, por parte de las Altas Cortes a favor de las transnacionales, negando el derecho de los ciudadanos a decidir soberana y autónomamente en sus territorios sus proyectos de vida, como lo vienen haciendo a través de Consultas Populares y Acuerdos Municipales con fundamento en las competencias de los entes territoriales para ordenar el uso del suelo y prohibir todas las actividades minero energéticas que atenten contra el Patrimonio Ecológico y Cultural de sus municipios.
La paz con justicia socioambiental se construye desde los territorios, desde las resistencias argumentadas, desde la Investigación Acción Participativa enfrentando al poder corporativo, impidiendo el despojo y los desplazamientos forzados en nombre del “desarrollo sostenible” y proponiendo alternativas como construir un movimiento nacional de resistencia, por un modelo energético soberano, autónomo y descentralizado basado en plantas de energía renovable, (solar, eólica), que sea autogestionado por las comunidades, que responda a sus necesidades y que no perjudique la salud de las personas y el medio ambiente” y una Transición Energética democrática, pública y comunitaria centrada en la gente y el planeta, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza que sustituya de manera progresiva la cultura fósil, las represas y la agroindustria hacia la soberanía y autonomía energética y alimentaria con soluciones energéticas propias.
Esta alternativa implica un cambio radical del enfoque antropocéntrico y biocéntrico que sustentan el desarrollo sostenible” por un nuevo enfoque ecocéntrico que parte de una premisa básica según la cual “la tierra no pertenece al hombre y, por el contrario, asume que el hombre es quien pertenece a la tierra, como cualquier otra especie”. De acuerdo con esta interpretación, la especie humana es sólo un evento más dentro de una larga cadena evolutiva que ha perdurado por miles de millones de años y por tanto de ninguna manera es la dueña de las demás especies, de la biodiversidad ni de los recursos naturales como tampoco del destino del planeta. En consecuencia, esta teoría concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos que debe ser reconocido por los Estados y ejercidos bajo la tutela de sus representantes legales, verbigracia, por las comunidades que la habitan o que tienen una especial relación con ella”.
Conforme al paradigma ecocéntrico que quedó incorporado en las “Constituciones Ecológicas de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), implica avanzar en la construcción de una ecosociedad donde se establezca una vinculación intrínseca entre naturaleza y cultura , y la diversidad de la especie humana como parte de la naturaleza y manifestación de múltiples formas de vida. Desde esta perspectiva, la conservación de la biodiversidad conlleva necesariamente a la preservación y protección de los modos de vida y culturas que interactúan con ella.
Este debate es fundamental debido a que en la disputa por el control del conocimiento en las universidades públicas se manifiestan dos tendencias: la de los profesores corporativos y los que se consideran críticos. Los primeros, de ideologías corporativas (que curiosamente se definen como des-ideologizados) que asumen como legítimo dedicar sus esfuerzos académicos a prestar servicios a las empresas, a justificar sus proyectos y proponer programas académicos que incorporen tecnologías como el fracking, vale la pena preguntarse en estos escenarios cada vez más usuales de la asimetría de poder en la que se encuentran las comunidades y pueblos afectados respecto de las empresas y el Gobierno, la cual se profundiza en los aspectos referentes a los saberes, estudios y realidades académicas y no académicas de los proyectos y decisiones y, los docentes críticos que se dedican al acompañamiento experto a las comunidades y a las autoridades territoriales para que sus decisiones cuenten con argumentos construidos colectivamente a través de las resistencias y el diálogo de saberes y experiencias y a proponer nuevos programas como ingeniería de energías, agroecología, sanología, economía solidaria, innovaciones pedagógicas para el cambio del modelo en la perspectiva ecosocial.
Desde ya debemos articular todos los movimientos de resistencia para defender la Paz con Justicia Socioambiental y avanzar en la construcción del PODER TERRITORIAL SOBERANO Y AUTÓNOMO.
