Avanzar en la construcción de paz con justicia socioambiental

El anuncio de Iván Márquez de retomar las armas confirmó la hipótesis de la Fundación Paz y Reconciliación, según la cual “el país podría estar ad portas del nacimiento de una nueva guerrilla”. Además, se reafirma lo que se ha registrado después de todo proceso de negociación: la existencia de disidencias que continúan alzadas en armas alegando el incumplimiento de lo pactado como se argumenta en el Manifiesto de Márquez.

Las alarmas están encendidas. Para algunos líderes negociadores del Acuerdo de Paz como Humberto de la Calle “no debemos sucumbir a la ligereza mediática y política de dar todo por perdido”, al considerar que el 90% de los desmovilizados permanecen en la legalidad cumpliendo con los acuerdos, no obstante la polarización, entre quienes presionan por "sacarlos de la Constitución y acabar con la JEP" y quienes  lo defienden como un gran logro para avanzar en la convivencia nacional.  

También se escuchan voces de organizaciones sociales advirtiendo que si el gobierno no actúa de inmediato y demuestra voluntad política para implementar lo acordado se puede llegar a un punto de no retorno porque como lo demuestran estudios  en los cinco primeros años después de la firma de los acuerdos,  “el 43 por ciento de las guerrillas o grupos armados vuelven a las armas”.

El Consejo de Seguridad de la ONU, en julio de 2019 ratificó el apoyo absoluto al proceso de paz y alentó al gobierno y a las FARC para acelerar la implementación de los proyectos productivos, entre otros. Precisamente, desde el 2014 el Programa  de  Naciones  Unidas para  el  desarrollo- PNUD-, consideraba que “para la construcción de una paz territorial, estable y duradera”, se requería que en  las  regiones   que  hasta  ahora  han  sido  controlados  por la guerrilla y   que  cuentan  con reservas  ambientales  importantes  es  necesario   ejecutar  ambiciosos  proyectos   de  “economía verde”  en  asocio  con  el  capital  financiero  transnacional.

No basta con el desarme de la gran mayoría de los insurgentes de las FARC y la bancarización de la paz (incluídos los exgerrilleros) a favor del sistema financiero, si no se garantiza la seguridad de las zonas despejadas por la guerrilla que sigue siendo la principal preocupación de las empresas transnacionales que continuarán respaldando los acuerdos y cofinanciando la presencia militar para asegurar la rentabilidad de sus inversiones.   

La preocupación de las poblaciones donde operaban las FARC es mayor debido al incremento de la presencia de mafias de narcotraficantes, grupos paramilitares, empresas mineras trasnacionales que despojan comunidades, destruyen los ecosistemas y asesinan a líderes sociales para controlar el territorio y apropiarse de sus riquezas. Según los informes de la Fundación Paz y reconciliación antes de que las FARC entregaran las armas, operaban en casi 300 municipios de los cuales hoy 123 tienen copamiento criminal”.

La única alternativa para garantizar una paz con justicia socioambiental es la movilización permanente de organizaciones sociales y ciudadanas en torno a Agendas Comunes por la defensa de los territorios, la Seguridad Alimentaria y el Bienestar de las poblaciones, contra la invasión de las transnacionales con sus proyectos minero energético y los agronegocios, y la presencia de las mafias del narcotráfico y demás bandas criminales que vienen destruyendo nuestra biodiversidad natural y genética.

El Estado debe garantizar a las víctimas y a los excombatientes el cumplimiento de lo pactado, desactivar los grupos criminales del narcotráfico y el paramilitarismo y acabar con el asesinato de los líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos.

EL FUTURO DEL FRACKING

En momentos en que arde la Amazonía y se intensifican las protestas a nivel internacional contra el Gobierno de Jair Bolsonaro de Brasil, quien ha estimulado los incendios provocados por empresas madereras, ganaderas y agrícolas, en Colombia el editorial del tiempo del 25 de agosto, presiona al Consejo de Estado para que levante la medida cautelar que suspendió el marco normativo de los yacimientos no convencionales como el fracking.

El Concejo de Estado, está aún pendiente del estudio que solicitó a la Universidad Nacional sobre la viabilidad o no del fracking, teniendo como referentes los impactos a la salud humana, la biodiversidad, los caudales del agua y los riesgos socioambientales. El plazo se vence a finales del mes de septiembre y con posterioridad el alto tribunal decidirá sobre el futuro de esta tecnología.

Sin embargo, la Corte Constitucional en su Sentencia SU 095 de 1918 ordenó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos establecer mecanismos de regulación con las entidades territoriales para la definición y determinación de áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos como el fracking, mientras el Congreso define uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación territorio.

Paradójicamente, cuando el Huila está que arde, por incendios forestales, el Ingeniero Paulino Galindo, exgerente de la represa de Betania, accionista de Emgesa y funcionario de CorMagdalena  expresó al Diario del Huila del 24/25 de agosto (Botalón) que ante la capacidad de generación de energía “el Huila no debe renunciar a los 8 proyectos hidroeléctricos del Plan de Aprovechamiento (privatización) del río Magdalena” y dinamizar su navegabilidad para la movilización de millones de toneladas de hidrocarburos que serían extraídos mediante el fracking  del VSM 16 que atenta contra la fauna y flora de 13 municipios del Departamento.

Según Paulino, investigado  por posibles actos de corrupción, como miembro del Comité Evaluador del proceso de selección y adjudicación del contrato APP a Navelena, de la que era accionista Odebrecht, existen 56 empresas registradas que “constituyen la oferta de flota fluvial para hacer realidad el aporte de carga por el río Magdalena”.

En el Huila, ante los daños irreparables y la amenaza potencial del PH El Quimbo, contra las poblaciones y la naturaleza, la principal oferta electoral de los  candidatos bipardidistas liberal conservador y el Centro Democrático a la gobernación del Huila, es no más represas, ni fracking, sin ningún pronunciamiento frente a decisiones de la Corte, ni del Plan de Desarrollo del Gobierno de Duque que a través de CorMagdalena ha decidido los proyectos hidroeléctricos y navegabilidad del río Magdalena y la militarización de la gestión ambiental, al concebir la naturaleza como un activo estratégico financiero.

Frente a esta realidad de fortalecimiento del modelo extractivista, el Movimiento Social Defensores del Territorio ha convocado a la organización y movilización de todos los huilenses por la Defensa del Territorio y la Vida y exige que mediante Ordenanza, o decreto de la gobernación, se declare al Huila  con sus Bienes Naturales Comunes (Macizo Colombiano,  el río Magdalena y demás fuentes hídricas, Páramos,  Bosques, Serranías, entre otros) como SUJETOS DE DERECHO que deben ser protegidos por las comunidades indígenas, campesinas, afros lo que implica no represas, fracking, minería a gran escala.

 

 

 

 

 

 

 

VOCACION DE PODER

Es común escuchar en épocas electorales, especialmente, a líderes políticos “alternativos”, manifestar “tengo/tenemos vocación de poder”. La pregunta que surge es ¿para qué quieren el poder político y cómo pretenden lograrlo?

El poder político es para transformar la sociedad para el Bien Común o mantener las relaciones de dominio para incrementar los privilegios. Para lograrlo se utilizan diferentes opciones que van desde procesos de participación ciudadana hasta la utilización de métodos violentos.

En este caso nos referimos al poder territorial/local en el contexto de las elecciones del 27 de octubre de 2019 donde se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que estarían obligados a tomar decisiones para todos los ciudadanos, incluso disponer del uso legítimo de la fuerza cuando se trata de garantizar el derecho a la vida.  

Precisamente, el economista y sociólogo Alemán, Max Weber, en la sección final de su ensayo “la política como vocación”, parte de considerar que un político debe balancear una "ética de convicción moral", con una "ética de responsabilidad". La primera se refiere a las “creencias internas inquebrantables que un político debe sostener”. La ética de responsabilidad trata de “la necesidad diaria de usar los medios de la violencia de estado de tal manera que preserve la paz para un bien mayor”.

La visión de Weber hace referencia al ejercicio del poder en un régimen político democrático. En este caso, la vocación de poder es inherente a la vocación por el derecho, es decir, a un Estado garantista de los derechos fundamentales a la vida,  la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad humana.

Estudios demuestran que en Colombia se ha venido enraizando la violencia electoral. Para la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) dicha violencia no sólo está ligada a las “dinámicas locales del conflicto armado y la criminalidad”, sino también a las “dinámicas políticas clientelares y corruptas y a sofisticadas alianzas entre la criminalidad y la clase política que busca perpetuarse en el poder”.

La esencia de éstas dinámicas políticas es el control del poder territorial que se sustenta en la cultura mafiosa expresada en un régimen político autoritario, excluyente, discriminatorio, donde dominan las élites oligárquicas degeneradas, incrustadas en una institucionalidad donde predomina la corrupción, el todo vale, el atajo, la violación de las normas, el asesinato de líderes sociales, contra la ética del Bien Común.

En las campañas para las elecciones de octubre, se han establecido “pactos” entre candidatos del establecimiento y algunos sectores “alternativos”, donde estos renuncian a “la ética de convicción moral”, es decir, sus creencias, valores y principios inquebrantables que caracterizan la vocación de poder trasformar la sociedad, legitimando a quienes han dominado históricamente el poder territorial.

Los mismos que apelan a tener “vocación de poder”, no entienden en realidad de qué se trata, cuando renuncian a actuar autónomamente y creen que los candidatos del establecimiento, de lograr el cargo, les aseguran ser representados en sus creencias y valores.  Es más factible que su “vocación de poder” la conciban como ambición personal o de grupo, al aspirar tener acceso a algún cargo o a participar de la apropiación de los bienes públicos, en contra de la ética de la solidaridad y de servicio, especialmente, para los excluidos y dominados por el poder del capital.

La vocación de poder transformar la sociedad no se limita a la participación electoral, incluso acudiendo a mecanismos como el VOTO EN BLANCO, reconocido en la Constitución Colombiana como "una herramienta legítima y valiosa de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad por parte de los sufragantes".

En éste caso, el voto en blanco es una forma de expresión de la resistencia social y de “la ética de convicción moral” de un poder alternativo soberano y autónomo que se construye desde las luchas territoriales donde emerge un nuevo sujeto político popular ecosocial (indígenas, campesinos, afrodescendientes, trabajadores en general) que se articula en torno a Agendas Comunes Ecosociales por la Defensa de los Territorios y la Vida que incluyen, entre otros, el cambio del modelo neoliberal minero energético sustituyendo la producción fósil (petróleo, gas, carbón) y de represas por energías renovables (solar, eólica, entre otras), con experiencias propias gestionadas por las comunidades para su consumo y el desarrollo de proyectos agroecológicos.

Una de esas formas de resistencia es la realización de Consultas Populares Autónomas mediante las cuales se decide prohibir actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico, Cultural y la vocación agrícola de las poblaciones contra la dictadura constitucional  que niega la participación ciudadana para decidir en sus territorios y desconoce e irrespeta la multiculturalidad y el carácter pluriétnico del Estado Colombiano.  

 

 

PACTOS CLIENTELISTAS ELECTORALES O AGENDAS COMUNES TERRITORIALES

 

Foto: Partido verde ratifica respaldo a Luis E Dussán

Un programa de gobierno se define como “uno de los instrumentos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y la promoción del desarrollo”. El programa electoral de un partido político o candidato, según  la ley 130 de 1994 se concibe como la expresión de “su ideología, los valores que defiende, sus propuestas y sus planes de acción política o de gobierno, en el caso de llegar a él”.

Se supone que los electores antes de acudir a las urnas han valorado las distintas propuestas programáticas de los partidos o candidatos que aspiran a gobernar para decidir autónomamente sobre cuál de las propuestas contribuye a “fortalecer la democracia y a promover el desarrollo”.

Sin embrago, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en su primer informe sobre la violencia electoral de este año ha concluido que dicha violencia no está necesariamente ligada “a las dinámicas locales del conflicto armado y la criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas”. Se denuncia, además, que durante las elecciones regionales, “se suelen ver las peores y más sofisticadas alianzas entre la criminalidad y la clase política que busca perpetuarse en el poder”.

Las dinámicas políticas clientelistas, corresponden a los pactos electorales, por lo general secretos, cuyo propósito fundamental es la apropiación privada de los recursos públicos, con destino a favorecer los intereses personales, familiares, del grupo político, de los contratistas que financian las campañas como empresas transnacionales y nacionales, como el conglomerado Odebrecht y el Grupo AVAL y mafias criminales, para “perpetuarse en el poder” y mantener el control territorial para sus proyectos extractivos minero energéticos, agronegocios, infraestructura vial, telecomunicaciones, que implica despojo, desplazamiento, destrucción de ecosistemas y patrimonios económicos y culturales de quienes habitan los territorios.

La esencia de los pactos electorales es el clientelismo que hace parte de la cultura mafiosa que se expresa en un régimen político autoritario, excluyente, discriminatorio, donde dominan las élites oligárquicas lumpezcas incrustadas en una institucionalidad donde predomina la corrupción, el todo vale, el atajo, la violación de las normas, contra la ética del Bien Común.

La cultura mafiosa se impuso y hace parte de la identidad nacional. Estableció parámetros de comportamiento deshumanizantes, como el individualismo, la competencia, el afán por el dinero fácil, el asesinato como medio de supervivencia que le rinde pleitesía a quien ordena disparar y  que muchas personas en su alienación, ven como virtudes. En el ejercicio de la politiquería valen más los corruptos. Son dignos de admiración y respeto. Y más aún cuando en las campañas electorales ofrecen dádivas, puestos, contratos, viviendas, becas y financian campañas de desprestigio contra sus adversarios críticos.  Lo que importa es el dinero, el valor del voto que depende de la oferta y la demanda en el mercado electoral.

En las campañas para las elecciones de octubre, los pactos clientelistas entre candidatos del establecimiento y algunos “alternativos” ocultan sus ideologías, sus valores a nombre del pragmatismo, del utilitarismo donde finalmente se fortalecen quienes han dominado el poder territorial. Con mayor legitimidad continuarán imponiendo sus “agendas de productividad y competitividad, que actualizarán según lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Duque, un acuerdo empresarial que desconoce la participación ciudadana y cuya esencia es la imposición de una economía de mercado sin límites, dando vía libre a los proyectos extractivos minero energéticos y los agronegocios, como el fracking, que incrementará los conflictos socioambientales, mientras los empresarios aumentarán sus capitales a través de las EPS, los Fondos privados de pensiones, la reducción de los impuestos, mayor flexibilización laboral y apertura de la economía que conducirá a la quiebra de los caficultores, arroceros, paneleros, entre otros, contrarreforma agraria, explotación intensiva de los bienes naturales comunes (ríos, bosques, serranías, macizo) que serán militarizados.

Es imperativo construir Agendas Comunes Ecosociales Territoriales, desde la resistencia, como alternativas a los pactos clientelistas electoreros, por la Defensa de los Territorios y la Vida que incluyan, entre otros, el cambio del modelo neoliberal minero energético mediante un proceso de transición energética desde la gestión pública y comunitaria conducente a garantizar el abastecimiento energético sustituyendo la producción fósil (petróleo, gas, carbón) y de represas por energías renovables (solar, eólica, entre otras), para atender las necesidades reales del pueblo colombiano. Además, por la Defensa de la Soberanía y Seguridad Alimentaria garantizada con proyectos agroecológicos que den viabilidad a la producción cafetera, arrocera, panelera, entre otras, lo cual implica la derogatoria o renegociación de los Tratados de Libre Comercio. La exigencia de Trabajo Digno, Educación y Salud Públicas, gratuitas y de calidad y la protección de los líderes sociales, que son asesinados por defender la Vida.

 

VOTO EN BLANCO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA VIDA

 

El Movimiento Social Defensores del Territorio ha sido excluido de poder participar en los procesos electorales de manera autónoma debido a que no basta con cumplir con el requisito de firmas  sino que se exige el pago excesivo de una “póliza de seriedad”,  a favor del sistema financiero, contrala Sentencia  T-117   del  2016 de la Corte Constitucional que ratifica  que  las  aseguradoras    no    deben  exigir  para  la  expedición  de  pólizas  de  seriedad   “la  constitución  de  contragarantías   de  cualquier  naturaleza por  el  riesgo  asegurable…”,  precisamente  en  el  respeto  al  derecho  constitucional  de  la  participación  ciudadana.  

De igual manera no fue posible  que una organización “alternativa” nos otorgara el aval a la gobernación del Huila por los compromisos adquiridos con uno de los candidatos del establecimiento, razón por la cual sólo nos quedó acudir al VOTO EN BLANCO como  "una herramienta legítima y valiosa de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad por parte de los sufragantes" y como expresión de resistencia por el cambio del modelo neoliberal minero energético mediante un proceso de transición energética desde la gestión pública y comunitaria conducente a garantizar el abastecimiento energético sustituyendo la producción fósil (petróleo, gas, carbón) y de represas por energías renovables (solar, eólica, entre otras), para atender las necesidades reales del pueblo colombiano. Además, por la Defensa de la Soberanía y Seguridad Alimentaria garantizada con proyectos agroecológicos que den viabilidad a la producción cafetera, arrocera, panelera, entre otras, lo cual implica la derogatoria o renegociación de los Tratados de Libre Comercio.

Proponemos a la ciudadanía en general las siguientes bases programáticas mínimas:

1. Ordenanza, expedida por la Asamblea, o decreto de la gobernación, declarando al Departamento del Huila  con sus Bienes Naturales Comunes (Macizo Colombiano,  Ríos, como el Magdalena y demás fuentes hídricas, Páramos,  Bosques, Serranías, entre otros) como SUJETOS DE DERECHO que deben ser protegidos por las comunidades indígenas, campesinas, afros lo que implica no represas, fracking, minería a gran escala.

2. Ordenanza o Decreto de la Gobernación declarando a los campesinos como sujetos de derechos en cumplimiento de convenios internacionales.

3. Ordenanza por medio de la cual se destinan nuevos recursos financieros para ampliar la cobertura de la Universidad Surcolombiana en todas sus sedes y se ofrezcan nuevos programas en energías renovables, innovaciones pedagógicas, economías solidarias, entre otros.

4. Solicitar al Consejo Superior de la USCO, que con fundamento en el Derecho a la Educación Pública, Gratuita y de Calidad,  se expida un Acuerdo por medio del cual se declara la prohibición  del cobro de matrículas y derechos académicos y se  garantice  la nutrición de calidad a los estudiantes que por sus precarias condiciones sociales lo requieran.

5. Promover convenios con las empresas cooperativas solidarias para la compra y comercialización de los productos alimentarios básicos de la canasta familiar producidos por nuestros campesinos y otras comunidades del campo. Los convenios deben incluir los  Programas de Alimentación Escolar -PAE- que deben garantizar la participación de las comunidades campesinas y las comunidades educativas de las instituciones, una alimentación nutritiva para todos los estudiantes del sector público.

6. Promover la generación de empleo a través del sistema cooperativo solidario en proyectos productivos y de comercialización que incluyan la preservación integral de nuestros ecosistemas.

7. Exigir el desmonte del Sistema Privado de Salud y fortalecer un Sistema Integrado de Salud Pública, donde prime la prevención, con centros hospitalarios de calidad, salud comunitaria e investigación en las universidades públicas con programas de sanología y vinculación de docentes y estudiantes a la prevención a nivel domiciliario campo ciudad.

8. Ciudades y municipios ecosostenibles que incluyan en lo social todos los factores relacionados con la calidad de vida de la población, (seguridad alimentaria, acceso a la educación y la sanidad, vivienda); en lo ambiental, el control de la polución, el uso de energías renovables, la disponibilidad de zonas verdes, el éxito de las políticas de reciclaje y una economía solidaria como alternativa a la economía de mercado cuyos índices serían la calidad de la producción y la renta per cápita, la tasa de empleo o la calidad de las infraestructuras de transporte donde se privilegie el desplazamiento a pie o en bicicleta y un acceso fácil  a los servicios y los modos de transporte colectivo.

9. A nivel municipal promover la realización de Consultas Populares Autónomas, como un mecanismo de participación directa, contra las actividades extractivas represas, fracking, minería a gran escala y la “militarización de la gestión ambiental y territorial”, para proteger el Patrimonio Ecológico, Cultural y la vocación agrícola de los municipios, contra la decisión de la Corte Constitucional, Sentencias SU 095/18 y 342/19 que atenta contra la participación ciudadana y, específicamente, las competencias de los entes territoriales para decidir sobre el uso del suelo y prohibir la megaminería que destruye la biodiversidad natural.

10. Promover la Unidad de todos los Movimientos Sociales y la resistencia pacífica argumentada de manera permanente, para impedir se continúe con el asesinato de los Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos y del Medio Ambiente que luchan, entre otros,  contra la invasión de nuestros territorios por parte de las empresas transnacionales con proyectos minero energéticos y agronegocios que como en el caso del Quimbo son los responsables del despojo, el ecocidio y la destrucción de la infraestructura vial que hoy dejan pérdidas incuantificables para todas las poblaciones. Implica el DESMANTELAMIENTO DE LA REPRESA EL QUIMBO ante la amenaza potencial contra la vida de poblaciones del Huila y del país, ubicadas río abajo del Magdalena, que como lo denunció el geómetra Alexander Arpino, del consorcio Impregilo quien trabajo en las obras del Quimbo "nunca se podría dormir tranquilo", debido a las fallas técnicas en la construcción de la represa.

11.- Convocar a movilizaciones sociales para que el Consejo de Estado, después de reconocer el litigio interpuesto por Tierra Digna y Asoquimbo, declare la nulidad de la licencia Ambiental del Proyecto El Quimbo y se agilicen los procesos adelantados por la fiscalía general de la nación para imputar cargos por delitos ambientales asociados a represas en Colombia.

 

Avance significativo hacia la nulidad de la Licencia Ambiental del PH EL Quimbo.

 

Demandantes, representantes Tierra Digna, Asoquimbo y Clínica Jurídica USCO

El 9 de agosto se realizó la Audiencia Inicial de nulidad de la Licencia Ambiental del PH El Quimbo donde comparecieron la parte demandante Tierra Digna con la coadyuvancia de Asoquimbo y profesionales del derecho de la Clínica Jurídica de la Universidad Surcolombiana y los asesores jurídicos del Ministerio de Ambiente, la ANLA y Emgesa, sujetos vinculados al proceso como demandados.

La Audiencia logró las expectativas de Tierra Digna y Asoquimbo al fijar el Consejo de Estado el litigio que reconoció la validez jurídica de los 3 cargos en que se sustenta la demanda: falsa motivación del proyecto que había sido declarado inviable en 1995, sustracción irregular del área de reserva protectora de la amazonía e incumplimiento de estudios de vulnerabilidad sobre impacto social y de sismicidad, debido a que las instituciones que avalaron el proyecto otorgaron la licencia ambiental sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales y la carencia e insuficiencia de estudios previos que permitieran prever las afectaciones y daños causados a las comunidades, a los ecosistemas y al patrimonio cultural.

El Consejo de Estado fijó como fecha el 11 de diciembre de 2019 para la realización de las pruebas testimoniales y la entrega de los informes de seguimiento y control de organismos como la Defensoría del Pueblo, Contraloría, CAM, Procuraduría, solicitados por Tierra Digna y Asoquimbo.

Se trata de la primera demanda de nulidad admitida, contra un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico, razón por la cual constituye un precedente jurídico para la exigencia de nulidad de otros proyectos minero energéticos en defensa de la Vida y los Territorios.

Este avance no hubiera sido posible sin una resistencia histórica de 10 años de comunidades victimas del extractivismo, como las orientadas por Asoquimbo, Ríos Vivos y los movimientos Sociales Defensores de los Territorios y la Vida.

Destacamos el Plantón organizado por Asoquimbo en Garzón Huila y la presencia de la coordinación nacional del Movimiento Colombiano Ríos Vivos en la Audiencia en el Consejo de Estado.

La Audiencia se cumplió en momentos en que se conocen las graves denuncias sobre fallas técnicas formuladas en entrevista al Diario del Huila por el geómatra Italiano Alexander Arpino del Consorcio Impregilo, quien trabajó en las obras del Quimbo, que confirman las reiteradas denuncias de Asoquimbo sobre los desastres causados por la destrucción de infraestructura vial, derrumbes, filtraciones, avalanchas que fueron ratificados por estudios técnicos de la Contraloría (4 informes), International Rivers, Comisión Internacional de Juristas, informe del Grupo TERRAE que dirige el geólogo Julio Fierro de la Universidad Nacional, pronunciamientos del Movimiento Colombiano Ríos Vivos en eventos internacionales, entre otros, que hacen parte de los argumentos de la Demanda de Nulidad de la Licencia Ambiental del PH El Quimbo.

Asoquimbo reitera que la única alternativa es DESMANTELAR LA REPRESA EL QUIMBO para evitar continúe la catástrofe iniciada y que podría convertirse en una hecatombe de gran magnitud.

El desmantelamiento es urgente porque como lo advierte Arpino recuperar la estabilidad de la obra no es posible en los próximos 10 años y "nunca se podría dormir tranquilo".

Las organizaciones demandantes continuarán dedicadas a preparar las nuevas estrategias jurídicas y de movilización social orientadas a la declaratoria de nulidad y la reparación integral de las víctimas y el departamento del Huila por todos los daños causados por Emgesa Enel y el Estado.

 

 

 

 

 

LAS VÍCTIMAS DEL DESARROLLO

Foto: Juan Carlos Albarracín Gallego

El 26 de julio se realizaron diversas acciones de protesta en Colombia y el exterior en contra de los asesinatos sistemáticos de líderes sociales que en los últimos tres años, según cifras de la defensoría del pueblo suman 462 y más de 700 para  el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo, de los cuales más del 80% se mantienen en la impunidad.

Durante sesiones de la Justicia Especial para la Paz, el coronel Gabriel de Jesús Rincón, reveló que las ejecuciones extrajudiciales mal llamados “falsos positivos”, que según informes del diario británico The Guardian, supera las 10.000 víctimas civiles, durante 8 años, fueron ordenadas por los altos mandos, entre ellos, el General Mario Montoya quien “pedía litros de sangre y muertos a como diera lugar”.

El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, reporta un saldo entre los 6 y los 8 millones de víctimas del conflicto armado, y una cifra similar de hectáreas de tierra despojada. Sin embargo, en el país se ha hecho cada vez más visible la existencia de sectores sociales obligados a abandonar sus territorios como consecuencia de la imposición de proyectos extractivos minero energéticos, fenómeno también denominado “desplazamiento por desarrollo” o acumulación por despojo. 

Este fenómeno denunciado ante la CIDH como “victimas del desarrollo”, adquiere una nueva dimensión con el asesinato de líderes sociales que ya no sólo son ejecutados por reclamar tierras y exigir el cumplimiento de los Acuerdos de la Habana, sino por oponerse a los proyectos minero energéticos a través de movilizaciones, consultas populares, acuerdos municipales para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de cada una de las localidades y defender el derecho a permanecer y decidir autónomamente en el territorio, amenazado por la invasión de empresas transnacionales.

En el Huila basta con mencionar el despojo y el ecocidio en la zona del Quimbo, que ha dejado cerca de 30.000 víctimas del desarrollo que se vienen incrementando ahora con la destrucción de vías, como la de Bengala, debido a la falta de rigor de los estudios sobre fallas geotécnicas por parte de Emgesa Enel, para ocultar la inviabilidad de la represa.

Además de la JEP, se requiere también de una Comisión de la Verdad sobre los responsables de las catástrofes ocasionadas por los proyectos extractivos como las represas de Ituango y El Quimbo.

Y a esa Comisión deberán acudir personas como Alvaro Uribe el que por encima de la ley y las comunidades expresó “El Quimbo va porque va” y responsables políticos como Carlos Ramiro Chávarro por su desprecio por las víctimas cuando expresó en el Congreso que “no íbamos a ser los congresistas del Huila los que les íbamos a decir a una inversión de más de 800 millones de dólares que se fueran para otra región cuando…las afectaciones sociales eran tan ínfimas que solo representaban el 0.0034% de la población”. También Manuel Macías, quien siendo Secretario de Agricultura negoció y soñó con la ampliación de su empresa piscícola de Betania con nuevos jaulones en la nueva represa; y Luis E, Dussán, quien hábilmente para persuadir a los opositores expresó “El Quimbo si, pero no así”, renunciando a la exigencia de derogatoria de la Ley de despojo, logrando renegociar el proyecto para que la torta quedará mejor repartida.

Ahora, se inscribieron como candidatos a la gobernación, camuflados con no más represas, ni fracking, incluso, fingen como “victimas”, con la complicidad de organizaciones que se autoproclaman alternativas.

Está en manos de los ciudadanos castigarlos, negándoles el Voto en las elecciones de octubre y exigiéndoles por lo menos que den excusas a las “víctimas del Quimbo” como un gesto humanitario previo a que algún día respondan en una Comisión de la Verdad sobre sus responsabilidades al apoyar el proyecto, siguiendo el ejemplo del coronel Rincón quien se comprometió con  justicia, verdad, reparación y no repetición.

El triunfo de Egan Bernal en París, un humilde campesino, que cumplió con uno de sus sueños, representa un hito histórico, paradigma para comprender el sentido profundo de la vida contra la horrenda página de asesinatos de líderes sociales por la ambición del poder.

 

DETRIMENTO PATRIMONIAL POR COMPRA DE PREDIOS IMPRODUCTIVOS PARA VÍCTIMAS DEL QUIMBO

La Contraloría General de la República CGR, en su “Informe Auditoría Financiera Agencia Nacional de Tierras ANT- (Vigencia 2018), publicado en junio de 2019, en su hallazgo No. 25 “Adquisición de predios sin disponibilidad de recurso hídrico”, identificó que el INCODER (hoy ANT) compró 430. 88 hectáreas distribuidas en 4 predios, tres en el Agrado y uno en Paicol Huila por un valor total de $ 3.263.515.154 no aptos para cultivo, toda vez que no se pueden adecuar para el riego.

Según el “Documento de cooperación celebrado entre la gobernación del Departamento del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, Ministerio de Minas, de Agricultura y Emgesa” que fue incorporado a la Licencia Ambiental del PH el Quimbo, se establece la obligación del INCODER/ANTde adquirir 2.700 hectáreas para que sean adecuadas por Emgesa y entregadas a la comunidad afectada por el proyecto.

La ANT reconoció que los predios adquiridos no contaron con la presentación  previa a Emgesa del estudio de viabilidad para la construcción de la infraestructura de riego por gravedad, razón por la cual la CGR estableció que “el INCODER inobservó el principio de planeación, economía y eficacia e incurrió en detrimento patrimonial que deberá investigarse disciplinariamente”. Adicionalmente, señaló que la Agencia Nacional de Tierras no ha tomado acciones al respecto para subsanar la irregularidad y resolver de fondo las necesidades de la comunidad.

A cambio de subsanar la irregularidad y garantizar el cumplimiento de la obligación de restituir la actividad productiva según el Documento de Cooperación, la solución que proponen el Gobierno Nacional, representantes de los alcaldes de la zona de afectación y el Procurador Agrario Ambiental del Huila, integrantes de la Mesa de Seguimiento al Quimbo, es modificar la Licencia Ambiental para que la Agencia Nacional de Tierras -ANT- logre la entrega de las 430 hectáreas, compradas irregularmente, a unos pocos beneficiarios con la posibilidad de adecuarlas con otros sistemas de riego a más bajo costo.

Adicionalmente, pretende favorecer a Emgesa para que no cumpla con la adecuación de las 2700 hectáreas, debido a que  de manera engañosa y fraudulenta, en complicidad con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales,  presionó a 422 personas de un total de 426 beneficiarias para que firmaran un acta mediante el cual “renuncian en forma total y definitiva a cualquier compensación e indemnización por cualquier otra forma de perjuicio, así como a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pretenda compensaciones o indemnizaciones adicionales” a cambio de renunciar al derecho a tierras productivas para lo cual la compañía les entregó un irrisorio capital semilla entre 25 y 28 millones de pesos. La modificación va en contravía del objetivo general de la licencia ambiental del PHEQ, de restituir la actividad productiva.  

Después de 8 años de incumplimiento, la CGR expresa que “se puede evidenciar que la ANT no cuenta con la planeación presupuestal necesaria para la compra de las 2700 hectáreas”. Y al no contar con un presupuesto apropiado difícilmente se puede cumplir con el Documento de cooperación, generando falsas expectativas en la comunidad que posteriormente no son satisfechas.

Ante la gravedad de los hechos Asoquimbo envió un derecho de petición a la Comisión Nacional de Seguimiento al Quimbo exigiendo el cumplimiento estricto de la Licencia y más aún cuando se ha identificado un Área potencial de 17.718,95 has., ubicadas dentro de los seis municipios de influencia del proyecto. Además, que se investigue a los responsables del detrimento patrimonial.