Avanzar en la construcción de paz con justicia socioambiental

El anuncio de Iván Márquez de retomar las armas confirmó la hipótesis de la Fundación Paz y Reconciliación, según la cual “el país podría estar ad portas del nacimiento de una nueva guerrilla”. Además, se reafirma lo que se ha registrado después de todo proceso de negociación: la existencia de disidencias que continúan alzadas en armas alegando el incumplimiento de lo pactado como se argumenta en el Manifiesto de Márquez.

Las alarmas están encendidas. Para algunos líderes negociadores del Acuerdo de Paz como Humberto de la Calle “no debemos sucumbir a la ligereza mediática y política de dar todo por perdido”, al considerar que el 90% de los desmovilizados permanecen en la legalidad cumpliendo con los acuerdos, no obstante la polarización, entre quienes presionan por "sacarlos de la Constitución y acabar con la JEP" y quienes  lo defienden como un gran logro para avanzar en la convivencia nacional.  

También se escuchan voces de organizaciones sociales advirtiendo que si el gobierno no actúa de inmediato y demuestra voluntad política para implementar lo acordado se puede llegar a un punto de no retorno porque como lo demuestran estudios  en los cinco primeros años después de la firma de los acuerdos,  “el 43 por ciento de las guerrillas o grupos armados vuelven a las armas”.

El Consejo de Seguridad de la ONU, en julio de 2019 ratificó el apoyo absoluto al proceso de paz y alentó al gobierno y a las FARC para acelerar la implementación de los proyectos productivos, entre otros. Precisamente, desde el 2014 el Programa  de  Naciones  Unidas para  el  desarrollo- PNUD-, consideraba que “para la construcción de una paz territorial, estable y duradera”, se requería que en  las  regiones   que  hasta  ahora  han  sido  controlados  por la guerrilla y   que  cuentan  con reservas  ambientales  importantes  es  necesario   ejecutar  ambiciosos  proyectos   de  “economía verde”  en  asocio  con  el  capital  financiero  transnacional.

No basta con el desarme de la gran mayoría de los insurgentes de las FARC y la bancarización de la paz (incluídos los exgerrilleros) a favor del sistema financiero, si no se garantiza la seguridad de las zonas despejadas por la guerrilla que sigue siendo la principal preocupación de las empresas transnacionales que continuarán respaldando los acuerdos y cofinanciando la presencia militar para asegurar la rentabilidad de sus inversiones.   

La preocupación de las poblaciones donde operaban las FARC es mayor debido al incremento de la presencia de mafias de narcotraficantes, grupos paramilitares, empresas mineras trasnacionales que despojan comunidades, destruyen los ecosistemas y asesinan a líderes sociales para controlar el territorio y apropiarse de sus riquezas. Según los informes de la Fundación Paz y reconciliación antes de que las FARC entregaran las armas, operaban en casi 300 municipios de los cuales hoy 123 tienen copamiento criminal”.

La única alternativa para garantizar una paz con justicia socioambiental es la movilización permanente de organizaciones sociales y ciudadanas en torno a Agendas Comunes por la defensa de los territorios, la Seguridad Alimentaria y el Bienestar de las poblaciones, contra la invasión de las transnacionales con sus proyectos minero energético y los agronegocios, y la presencia de las mafias del narcotráfico y demás bandas criminales que vienen destruyendo nuestra biodiversidad natural y genética.

El Estado debe garantizar a las víctimas y a los excombatientes el cumplimiento de lo pactado, desactivar los grupos criminales del narcotráfico y el paramilitarismo y acabar con el asesinato de los líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos.