PACTOS CLIENTELISTAS ELECTORALES O AGENDAS COMUNES TERRITORIALES

 

Foto: Partido verde ratifica respaldo a Luis E Dussán

Un programa de gobierno se define como “uno de los instrumentos fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y la promoción del desarrollo”. El programa electoral de un partido político o candidato, según  la ley 130 de 1994 se concibe como la expresión de “su ideología, los valores que defiende, sus propuestas y sus planes de acción política o de gobierno, en el caso de llegar a él”.

Se supone que los electores antes de acudir a las urnas han valorado las distintas propuestas programáticas de los partidos o candidatos que aspiran a gobernar para decidir autónomamente sobre cuál de las propuestas contribuye a “fortalecer la democracia y a promover el desarrollo”.

Sin embrago, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en su primer informe sobre la violencia electoral de este año ha concluido que dicha violencia no está necesariamente ligada “a las dinámicas locales del conflicto armado y la criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas”. Se denuncia, además, que durante las elecciones regionales, “se suelen ver las peores y más sofisticadas alianzas entre la criminalidad y la clase política que busca perpetuarse en el poder”.

Las dinámicas políticas clientelistas, corresponden a los pactos electorales, por lo general secretos, cuyo propósito fundamental es la apropiación privada de los recursos públicos, con destino a favorecer los intereses personales, familiares, del grupo político, de los contratistas que financian las campañas como empresas transnacionales y nacionales, como el conglomerado Odebrecht y el Grupo AVAL y mafias criminales, para “perpetuarse en el poder” y mantener el control territorial para sus proyectos extractivos minero energéticos, agronegocios, infraestructura vial, telecomunicaciones, que implica despojo, desplazamiento, destrucción de ecosistemas y patrimonios económicos y culturales de quienes habitan los territorios.

La esencia de los pactos electorales es el clientelismo que hace parte de la cultura mafiosa que se expresa en un régimen político autoritario, excluyente, discriminatorio, donde dominan las élites oligárquicas lumpezcas incrustadas en una institucionalidad donde predomina la corrupción, el todo vale, el atajo, la violación de las normas, contra la ética del Bien Común.

La cultura mafiosa se impuso y hace parte de la identidad nacional. Estableció parámetros de comportamiento deshumanizantes, como el individualismo, la competencia, el afán por el dinero fácil, el asesinato como medio de supervivencia que le rinde pleitesía a quien ordena disparar y  que muchas personas en su alienación, ven como virtudes. En el ejercicio de la politiquería valen más los corruptos. Son dignos de admiración y respeto. Y más aún cuando en las campañas electorales ofrecen dádivas, puestos, contratos, viviendas, becas y financian campañas de desprestigio contra sus adversarios críticos.  Lo que importa es el dinero, el valor del voto que depende de la oferta y la demanda en el mercado electoral.

En las campañas para las elecciones de octubre, los pactos clientelistas entre candidatos del establecimiento y algunos “alternativos” ocultan sus ideologías, sus valores a nombre del pragmatismo, del utilitarismo donde finalmente se fortalecen quienes han dominado el poder territorial. Con mayor legitimidad continuarán imponiendo sus “agendas de productividad y competitividad, que actualizarán según lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Duque, un acuerdo empresarial que desconoce la participación ciudadana y cuya esencia es la imposición de una economía de mercado sin límites, dando vía libre a los proyectos extractivos minero energéticos y los agronegocios, como el fracking, que incrementará los conflictos socioambientales, mientras los empresarios aumentarán sus capitales a través de las EPS, los Fondos privados de pensiones, la reducción de los impuestos, mayor flexibilización laboral y apertura de la economía que conducirá a la quiebra de los caficultores, arroceros, paneleros, entre otros, contrarreforma agraria, explotación intensiva de los bienes naturales comunes (ríos, bosques, serranías, macizo) que serán militarizados.

Es imperativo construir Agendas Comunes Ecosociales Territoriales, desde la resistencia, como alternativas a los pactos clientelistas electoreros, por la Defensa de los Territorios y la Vida que incluyan, entre otros, el cambio del modelo neoliberal minero energético mediante un proceso de transición energética desde la gestión pública y comunitaria conducente a garantizar el abastecimiento energético sustituyendo la producción fósil (petróleo, gas, carbón) y de represas por energías renovables (solar, eólica, entre otras), para atender las necesidades reales del pueblo colombiano. Además, por la Defensa de la Soberanía y Seguridad Alimentaria garantizada con proyectos agroecológicos que den viabilidad a la producción cafetera, arrocera, panelera, entre otras, lo cual implica la derogatoria o renegociación de los Tratados de Libre Comercio. La exigencia de Trabajo Digno, Educación y Salud Públicas, gratuitas y de calidad y la protección de los líderes sociales, que son asesinados por defender la Vida.