VOCACION DE PODER

Es común escuchar en épocas electorales, especialmente, a líderes políticos “alternativos”, manifestar “tengo/tenemos vocación de poder”. La pregunta que surge es ¿para qué quieren el poder político y cómo pretenden lograrlo?

El poder político es para transformar la sociedad para el Bien Común o mantener las relaciones de dominio para incrementar los privilegios. Para lograrlo se utilizan diferentes opciones que van desde procesos de participación ciudadana hasta la utilización de métodos violentos.

En este caso nos referimos al poder territorial/local en el contexto de las elecciones del 27 de octubre de 2019 donde se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que estarían obligados a tomar decisiones para todos los ciudadanos, incluso disponer del uso legítimo de la fuerza cuando se trata de garantizar el derecho a la vida.  

Precisamente, el economista y sociólogo Alemán, Max Weber, en la sección final de su ensayo “la política como vocación”, parte de considerar que un político debe balancear una "ética de convicción moral", con una "ética de responsabilidad". La primera se refiere a las “creencias internas inquebrantables que un político debe sostener”. La ética de responsabilidad trata de “la necesidad diaria de usar los medios de la violencia de estado de tal manera que preserve la paz para un bien mayor”.

La visión de Weber hace referencia al ejercicio del poder en un régimen político democrático. En este caso, la vocación de poder es inherente a la vocación por el derecho, es decir, a un Estado garantista de los derechos fundamentales a la vida,  la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad humana.

Estudios demuestran que en Colombia se ha venido enraizando la violencia electoral. Para la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) dicha violencia no sólo está ligada a las “dinámicas locales del conflicto armado y la criminalidad”, sino también a las “dinámicas políticas clientelares y corruptas y a sofisticadas alianzas entre la criminalidad y la clase política que busca perpetuarse en el poder”.

La esencia de éstas dinámicas políticas es el control del poder territorial que se sustenta en la cultura mafiosa expresada en un régimen político autoritario, excluyente, discriminatorio, donde dominan las élites oligárquicas degeneradas, incrustadas en una institucionalidad donde predomina la corrupción, el todo vale, el atajo, la violación de las normas, el asesinato de líderes sociales, contra la ética del Bien Común.

En las campañas para las elecciones de octubre, se han establecido “pactos” entre candidatos del establecimiento y algunos sectores “alternativos”, donde estos renuncian a “la ética de convicción moral”, es decir, sus creencias, valores y principios inquebrantables que caracterizan la vocación de poder trasformar la sociedad, legitimando a quienes han dominado históricamente el poder territorial.

Los mismos que apelan a tener “vocación de poder”, no entienden en realidad de qué se trata, cuando renuncian a actuar autónomamente y creen que los candidatos del establecimiento, de lograr el cargo, les aseguran ser representados en sus creencias y valores.  Es más factible que su “vocación de poder” la conciban como ambición personal o de grupo, al aspirar tener acceso a algún cargo o a participar de la apropiación de los bienes públicos, en contra de la ética de la solidaridad y de servicio, especialmente, para los excluidos y dominados por el poder del capital.

La vocación de poder transformar la sociedad no se limita a la participación electoral, incluso acudiendo a mecanismos como el VOTO EN BLANCO, reconocido en la Constitución Colombiana como "una herramienta legítima y valiosa de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad por parte de los sufragantes".

En éste caso, el voto en blanco es una forma de expresión de la resistencia social y de “la ética de convicción moral” de un poder alternativo soberano y autónomo que se construye desde las luchas territoriales donde emerge un nuevo sujeto político popular ecosocial (indígenas, campesinos, afrodescendientes, trabajadores en general) que se articula en torno a Agendas Comunes Ecosociales por la Defensa de los Territorios y la Vida que incluyen, entre otros, el cambio del modelo neoliberal minero energético sustituyendo la producción fósil (petróleo, gas, carbón) y de represas por energías renovables (solar, eólica, entre otras), con experiencias propias gestionadas por las comunidades para su consumo y el desarrollo de proyectos agroecológicos.

Una de esas formas de resistencia es la realización de Consultas Populares Autónomas mediante las cuales se decide prohibir actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico, Cultural y la vocación agrícola de las poblaciones contra la dictadura constitucional  que niega la participación ciudadana para decidir en sus territorios y desconoce e irrespeta la multiculturalidad y el carácter pluriétnico del Estado Colombiano.