ACUERDO DE PAZ SERA EVALUADO POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Carlos Ruiz Massieu, jefe de verificación de la ONU de los Acuerdos de Paz, informó que el próximo viernes se reunirá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Bogotá, con el objetivo de ratificar el respaldo absoluto al proceso de paz en Colombia y  evaluar de manera presencial la evolución e implementación de dichos acuerdos.

El comisionado afirma que el proceso de paz es “un ejemplo para el mundo” pero que le preocupa “el asesinato de exguerrilleros y de líderes sociales” y “la polarización que existe en el país”. Considera que el gobierno está cumpliendo  en materia de reincorporación, y está intentando enfrentar los problemas de seguridad, al igual que las FARC mantienen su compromiso con lo acordado, que la JEP está funcionando bien y que no sólo hay que apoyarla sino  respetar sus decisiones.

La reunión se celebra en momentos en que se realizan balances sobre la implementación de los acuerdos y se intensifica la polarización frente a la decisión de Santrich de  abandonar el espacio territorial en que se encontraba y su posible inasistencia a la cita este martes en la Corte Suprema de Justicia.

Entre los balances cabe destacar la visión de Humberto de la Calle, exjefe del Equipo negociador de Acuerdo para quien “no existe ambiente para la reforma rural, la reforma política aún está en veremos, la sustitución de cultivos se encuentra asediada por la idea de fumigar con Glifosato, la JEP ha estado sometida al desprestigio para desguazarla y el asesinato de líderes está en ascenso”, ante la actitud despectiva del ministro de Defensa. Advierte que “no podemos caer en el error de poner a orbitar todo el proceso de paz en torno a la figura de Santrich”.

Hay que “Desantrichizar la Paz” comenta Rodrigo Uprimy, que sin desconocer el duro golpe que representa para la misma el abandono del esquema de seguridad por Santrich, no se debe aprovechar este grave incidente para “torpedear el acuerdo de paz y llamar a incumplirlo” o para legitimar un referendo que pretende modificar unilateralmente lo acordado, suprimiendo la JEP o para revocar todas las cortes.

Hay que resaltar algunos hechos positivos del Acuerdo. Según Patricia Linares, presidenta de la JEP, se sometieron 11.700 personas ante esta jurisdicción Especial, de las cuales 9.691 son comparecientes que provienen de las FARC y 1.958 de la Fuerza Pública y de estas 1.529 ya recibieron algún tipo de beneficio jurídico. Otras estadísticas registran la reducción de muertes de miembros de la fuerza pública, guerrilleros y civiles, que de 557 en el 2010 se pasó a cero en el 2017.

Sin embargo, preocupa la nueva escalada violenta en Colombia. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos afirma que “Las víctimas letales de enero de 2018 son casi tres veces las de enero de 2017 (pasó de 7 a 24 casos) y triplican el promedio mensual de víctimas mortales desde enero de 2014  hasta diciembre de 2017)”. Entre el 1 de enero del 2016 y el 20 de mayo del 2019,  837 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia según Indepaz.

Durante este año se viene incrementando el asesinato de líderes sociales. 76 casos, incluido el horroroso de Maria Pilar Hurtado, que han sensibilizado a convocar movilizaciones, el 26 de julio,  para exigir el cese de estos crímenes de lesa Humanidad. Pero también, por la seguridad de los territorios como en la Amazonía, donde hacía presencia la guerrilla y ahora se concentra la gran mayoría de la deforestación, promovida en algunos casos por gobiernos locales con el fin de aumentar el tamaño de las propiedades para proyectos extractivistas, agronegocios, ganadería entre otros. La paz con la naturaleza es un imperativo de la justicia socioambiental que debería hacer parte de la Agenda del Consejo de Seguridad de la ONU.

 

JUSTICIA: COJEA PERO NO LLEGA

 

Plantón frente al Palacio de Justicia de Neiva

El Estado Neoliberal Corporativo impone una legislación para el despojo y el ecocidio como garantía de acumulación de riquezas por parte de las empresas transnacionales, contra los derechos Económicos, Sociales, Políticos y Culturales de las víctimas del desarrollo. Las Cortes y los Tribunales actúan condicionados por los intereses de dichas corporaciones.

En el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, el Consejo de Estado, por solicitud de la ANLA, aplazó para el 26 de julio de 2019 la Audiencia Inicial de la Demanda de Nulidad de la Licencia Ambiental de dicho proyecto, interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”.

El recurso de nulidad fue radicado en noviembre de 2014, contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Después de 5 años el Consejo de Estado, mediante auto de mayo de 2019, de manera tardía, negó la solicitud de medida cautelar preventiva de suspensión de las obras de la hidroeléctrica “El Quimbo”, incurriendo en el perjuicio de mora que incrementaría los daños ocasionados por Emgesa y el Estado y denunciados por Asoquimbo e instituciones como la Contraloría General de la República, que solicitó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial por irregularidades en el trámite de la licencia, así como  el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma.

El Tribunal Administrativo del Huila, cinco años después, negó la solicitud de desacato de la Sentencia T-135/13, que ordenó la realización de un nuevo censo de afectados del PH El Quimbo y la restitución de los derechos constitucionales, cuando era evidente que no se garantizó el derecho a la participación ni existió control del proceso por parte de la Procuraduría.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva en Sentencias proferidas en primera instancia, declaró la nulidad de varios Acuerdos municipales que prohibieron las actividades minero energéticas que afectan el Patrimonio Ecológico y la vocación agropecuaria de las localidades. Recientemente el Tribunal Administrativo del Huila admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de nulidad del Acuerdo del Concejo Municipal de Timaná que sin lugar a dudas ratificará la decisión del juez a favor del Ministerio de Minas y de las empresas petroleras.

La inoperancia de la justicia ha sido catastrófica. Cerca de 30.000 víctimas de desaplazamiento y pérdida de la actividad productiva. Ni un milímetro de restitución de 5200 hectáresas, de las cuales 2700 debieron haber sido comprarlas por el Estado y adecuadas por Emgesa con distritos de riego por gravedad, de las cuales el INCODER derrochó cerca de 3 mil millones de pesos en la compra de 373 hectáreas y sólo sirven 26 para la actividad productiva. La cuenca alta del río Magdalena, continua contaminada afectando la salud de pescadores artesanales y sobre todo la soberanía alimentaria de miles de campesinos sin tierras disponibles para cultivar. Negación del derecho de las comunidades y de los entes territoriales que decidieron prohibir las actividades minero energéticas en defensa de la vida. La ANLA, según la Defensoría del Pueblo, modificó 117 veces la Licencia Ambiental a favor de Emgesa Enel, logrando disminuir significativamente el valor de las compensaciones sociales y ambientales. Ante las presiones judiciales la ANLA reconoció que  Emgesa, de 110 obligaciones establecidos en la Licencia sólo ha cumplido parcialmente con el 10%.

La violación sistemática de los derechos humanos por el Estado corporativo y las empresas transnacionales ha sido tan evidente que El Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU sobre Corporaciones Transnacionales y otras Empresas (IGWG), ante las presiones  de los movimientos sociales y defensores de derechos humanos que reclaman la soberanía de los pueblos y el desmantelamiento del poder corporativo y su impunidad, discute actualmente un borrador cero de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Sin embargo, la disputa jurídica se intensifica a raíz de que las empresas se niegan a aceptar el carácter vinculante del tratado y trasladan a los Estados y a los ciudadanos, su responsabilidad por violaciones a los derechos humanos.

Mientras la justicia cojea y nunca llega, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en Medellín, no consideró como una de las prioridades, el tema de los asesinatos de líderes sociales en Colombia, por exigir el cese del despojo como estrategia de acumulación de tierras para proyectos extractivistas minero energéticos y agronegocios.  

 

CONSEJO DE ESTADO SOLICITA ESTUDIOS SOBRE EL FRACKING A LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Foto marcha contra el fracking Pitalito Huila

El 7 de Junio se realizó en el Consejo de Estado la audiencia inicial sobre el proceso que suspendió el marco normativo de los yacimientos no convencionales establecido en el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 del Ministerio de Minas.

El Consejo de Estado solicitó a la Universidad Nacional, la creación de un grupo interdisciplinario de expertos en un término de 15 días y un plazo de tres meses después para que presenten los resultados del análisis sobre la viabilidad o no del fracking, teniendo como referentes los impactos a los usos del suelo, a la salud humana, a la biodiversidad y a los caudales del agua, al igual que los riesgos socioambientales y las dudas sobre qué tipos de líquidos y aditivos se usan, su grado de toxicidad, así como si el país está preparado normativa e institucionalmente para monitorear y mitigar los riesgos que implica esta técnica.

Además, este organismo solicita se incluya en el informe si las normas que se están demandando en el proceso, contemplan todos los riesgos y contribuyen a minimizar sus impactos.

El despacho aclaró que corresponde a la Sala Plena de la Comisión Tercera del Consejo de Estado determinar si aprueba o no los proyectos pilotos que Ecopetrol pidió ejecutar en su recurso de súplica.

El Movimiento Social Defensores del Territorio del Huila que participó en la Jornada Nacional por el derecho a la Vida y contra el fracking y la minería contaminante, el 7 de junio, destacó la decisión del Concejo de Estado de solicitar a la Universidad Nacional el estudio sobre el fracking como un reconocimiento por su capacidad investigativa y por la responsabilidad inherente a su función de producir y socializar el conocimiento para contribuir a la solución de las problemáticas como las socioambientales causadas por el modelo extractivista, responsable de la crisis climática y los contaminantes atmosféricos,  cuya solución está en la eliminación de los combustibles fósiles, según la ONU.

La Universidad Nacional tiene el reto de examinar rigurosamente los estudios de grandes expertos nacionales e internacionales de centros académicos y de movimientos sociales que han experimentado en distintos países los graves daños causados por la implementación del fracking y resolver preguntas adicionales sobre si esta tecnología es beneficiosa para los intereses del país y en caso afirmativo cuáles serían esos beneficios a corto, mediano y largo plazo, cómo calcular  los beneficios económicos y los impactos de la demanda generada por la aplicación del fracking sobre la economía local, los servicios públicos, las formas de vida social y aprovechamiento de los recursos naturales en zonas específicas, debido a que el principal argumento de los defensores del fracking se centra en lo económico y se acude a experiencias como las de EUA.

Precisamente, el Informativo OIL Channel, con fecha 7 de junio publica “Desconcierto en el mundo del fracking tras bancarrota de Weatherford” que fue excluida de la lista de empresas en cotización y ante la dura alerta del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero sobre la crisis financiera del fracking en Estados Unidos, en su último informe “Actualización del mercado energético: Más banderas rojas en el fracking” donde se detallan los flujos de efectivo negativos y enfoca sobre todo en los resultados decepcionantes del 2018. “El estrés permanente del sector lleva a que los inversores pierdan las expectativas, las promesas incumplidas del sector, a pesar de las mejores condiciones tras el aumento del precio del barril no han modificado esta tendencia”.

Este informe debe ser uno de los referentes para desmentir los beneficios para las empresas y el país del fracking.

Miller Dussán C

Profesor de la USCO

 

 

 

 

 

7 DE JUNIO: JORNADA NACIONAL CONTRA EL FRACKING

 

El fracking es una tecnología utilizada para extraer el gas o el petróleo que se encuentran, a profundidades  entre 1.000 y 5.000 metros. Para su extracción se requiere perforar un pozo por donde se inyecta una mezcla de agua, entre 9 y 29 millones de litros por cada uno, con miles de metros cúbicos de arena y 750 tipos de productos químicos de gran toxicidad como metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.  

En Colombia, el Congreso de la República dio vía libre al uso del fracking, a favor de las transnacionales petroleras con el aval  del  presidente Duque, quien  en campaña electoral prometió que “no se hará fracking, porque destruye acuíferos subterráneos, biodiversidad o ecosistemas sensibles del país”, los mismos argumentos de  científicos opositores en los Estados Unidos como  “Anthony Ingraffea, director del grupo de Investigaciones Medios Fracturados de la Universidad de Cornell, quien demostró que “el 5 por ciento de los pozos cementados en Estados Unidos falla el primer año causando graves daños por la contaminación en los acuíferos” debido  a fugas de metano que afectan la salud humana, razón por la cual el Estado de Nueva York prohibió el fracking, con el objetivo de proteger la salud de la población, el agua y el ambiente.

El próximo viernes 7 de junio se realizará en el Consejo de Estado la Audiencia inicial del proceso ante la exigencia de nulidad del decreto 3004 y la Resolución 90341 del Ministerio de Minas, por medio de las cuales se le daba viabilidad a la práctica del fracking, normatividad que se encuentra suspendida, por este organismo, al considerar que “la autorización en Colombia para la aplicación del fracking puede acarrear una afectación grave al medio ambiente y a la salud humana,” y que se debía “aplicar el principio de precaución, toda vez que aun cuando no existe certeza científica absoluta, sí hay pruebas mínimas de daños potenciales derivados de la aparente deficiencia de las medidas adoptadas en los actos administrativos demandados al autorizar una técnica cuestionada”, por lo que desarrollar cualquier piloto o actividad relacionada con Yacimientos No Convencionales no es legal en Colombia en este momento.

Con motivo de esta Audiencia, la Alianza Colombia Libre de Fracking y el Movimiento Nacional Ambiental, han convocado a la Marcha Carnaval contra el fracking y la minería contaminante, que se realizará el 7 de junio en diferentes municipios del país y ciudades del exterior, para exigirle al Presidente Iván Duque cumpla su promesa de campaña y no autorice estos proyectos en los territorios.

En el Huila, desde hace 10 años, la organización Asoquimbo se opuso al modelo extractivista minero energético (represas, fracking, minería a gran escala) logrando que 11 Concejos Municipales, mediante Acuerdos, prohibieran estas actividades para proteger el Patrimonio Ecológico y la vocación agropecuaria de sus localidades.

Para el 7 de Junio han sido convocadas 3 movilizaciones que iniciarán a partir de las 8 de la mañana: en Pitalito, en la Plazoleta el Coliseo, en la Plata, Villa Olimpica y en Neiva, en la Plazoleta del Centro de Convenciones, marchas que requieren de la participación masiva para impedir la invasión de empresas transnacionales con proyectos como el fracking que fueron autorizados en la Ronda 2014 con el Bloque VSM 16 y que incluye a 13 municipios del centro, sur y occidente del Huila.

AGUAS PARA LA VIDA…NO PARA LA MUERTE.

 

LA COMUNA DE PARIS. ENSEÑANZAS VIGENTES.

Barricade Voltaire Lenoir Commune Paris 1871Foto: Bruno Braquehais [Public domain], vía Wikimedia Commons

El 28 de mayo se conmemora el aniversario de la Comuna de París, movimiento insurreccional que gobernó la ciudad entre marzo y mayo de 1871, instaurando un proyecto político socialista autogestionario.

La sublevación del proletariado contra el régimen napoleónico, responsable de la ruina económica y la humillación nacional de Francia,  se propuso liberar al país de la invasión prusiana y liberar a los obreros de la explotación capitalista. Este fue el ideal de la Comuna de París.

La Comuna, durante  su corto periodo, promulgó una serie de decretos como la supresión del ejército y su sustitución por una Guardia Nacional de obreros y gentes comunes, la revocatoria del parlamento y su reemplazo por nuevos órganos de trabajo, ejecutivos y legislativos a la vez, basados en el sufragio universal y la revocatoria de su mandato; supresión de la burocracia y creación de un cuerpo de funcionarios cuya labor  será remunerada igual al salario de un obrero; la autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, el Estado Laico, la abolición de los intereses de las deudas, entre otros.

Estas disposiciones propias de una democracia radical, de mayor equidad y justicia, implicaba la sustitución de la unidad de la nación basada en el centralismo burocrático y militar, como el de Colombia, por la unidad de comunas libremente integradas como asociación de productores. Sin embargo, se convirtieron en una afrenta contra los intereses del capital, razón por la cual, los insurrectos fueron víctimas de la más feroz violencia que condujo al fin de la experiencia comunera, en mayo de 1871.

Para su principal analista, Karl Marx, la Comuna de París fue el  primer ejemplo concreto de una dictadura en la que el Estado es tomado por el proletariado, por la clase obrera y que ha sido objeto de múltiples análisis, entre otros, al considerarla como una experiencia que demostró que   “la clase obrera no puede limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado en bloque, poniéndola en marcha para sus propios fines””.

Esta lección sigue vigente y cuestiona el actuar de sectores que se autoproclaman socialistas o progresistas que están convencidos de que a través de las elecciones para los cargos de representación popular y de gobierno lograrán acceder al Poder como alternativa para la democratización de la sociedad y el bienestar de los sectores excluidos. Experiencias como el derrocamiento de Allende en Chile, el presidio de Lula en Brasil, la destitución ilegal de Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá, los informes del New York Times sobre orientaciones de la cúpula militar que reeditan los crímenes extrajudiciales mal llamados falsos positivos, los asesinatos selectivos de líderes sociales, las objeciones para hacer trizas los Acuerdos de Paz, las declaraciones guerreristas contra decisiones de las Altas Cortes, el anuncio de la privatización de empresas como Ecopetrol, la reducción de impuestos a las transnacionales que ahora tienen vía libre para el fracking y la minería a gran escala; la censura contra la libertad de prensa, el clientelismo y la corrupción electoral, entre otros, son demostraciones que confirman que quienes tienen el control del poder jamás lo cederán, incluso, si los oprimidos acuden a las mismas normas que crearon para protegerlo. No se trata de renunciar a los espacios de elección popular, sino de hacer consciencia a través de ellos que aún es posible transformaciones fundamentales desde la movilización y la resistencia manteniendo el legado histórico de la Comuna de París.

https://www.huilenses.com/opinion/columnistas/la-comuna-de-paris-ensenanzas-vigentes

HUELGA MUNDIAL JUVENIL ANTE CRISIS CLIMÁTICA.

"Hoy los niños y adolescentes estamos luchando por nosotros mismos, pero tantos de nuestros padres están ocupados discutiendo si tenemos buenas notas, una nueva dieta o la final de Juego de Tronos, mientras el planeta se quema", fue la expresión destacada en carta firmada por  la adolescente sueca de 16 años  Greta Thunberg, iniciadora de un movimiento juvenil global exigiendo a los gobiernos acciones concretas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

Este viernes 24 de mayo se cumplió la Segunda Huelga Mundial de Jóvenes, respaldada por el Vaticano en cumplimiento de la Encíclica “Laudato Si” sobre la defensa de la “Casa Común” y convocada en Colombia por  el Movimiento  Fridays For Future en cuyo manifiesto expresó que  “En los próximos 10 años no habrá vuelta atrás y el cambio climático será irreversible. No existirán los glaciares, aumentará el nivel del mar y desaparecerán miles de especies de fauna y ­flora. Aumentarán las sequías, se elevará la contaminación atmosférica y desaparecerán millones de hectáreas de selvas y ecosistemas de todo el globo”. Neiva fue escenario de una histórica marcha que registró más de 10.000 estudiantes impulsada por sus personeros, con el apoyo de docentes y el compromiso de Aldemar Macías, ejemplar asesor pedagógico de la Secretaría de Educación de Neiva.

Sin embargo, los medios de comunicación no se ocuparon de informar sobre la trascendencia de la movilización mundial en defensa de la biodiversidad. Una de las explicaciones no las ofrece el lingüista norteamericano Noam Chomsky para quien medios tan importantes como el Financial Times o el New York Times, informan sobre las consecuencias ambientales que puede causar, por ejemplo el fracking al dañar los recursos hídricos, pero ocultan la gravedad de la crisis climática para destacar que Estados Unidos se está moviendo  hacia lo que llaman independencia energética.

Aquí en Colombia, los medios corporativos ignoran el tema y más aún cuando las empresas transnacionales mineras, impusieron en el Plan de Desarrollo de Duque que se diera vía libre al fracking y se concibiera la naturaleza como un “activo estratégico del país”, protegida por militares y policías, complementada con “ingenieros militares”, batallones energéticos, red de informantes y empresas del sector minero energético, desconociendo que la protección ecológica  corresponde a las comunidades organizadas.

La movilización ejemplar de los estudiantes en Neiva por el cambio del modelo extractivista ocurrió al mismo tiempo en que el Consejo de Estado durante un panel en la Asamblea Departamental sobre Consultas Populares reiteró que la Corte Constitucional actuó muy bien al expedir la Sentencia SU 095 de octubre de 2018 que determinó que los entes territoriales no son autónomos para prohibir las actividades minero energéticas con el fin de proteger los ecosistemas.

Lo paradójico es que el mismo Concejo de Estado en sentencia de tutela, había reafirmado dicha competencia y la validez de las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana y precisar que si no se logra una concertación entre los distintos niveles decisorios prima la competencia de las autoridades municipales porque, en virtud del principio de subsidiariedad, son la autoridad más cercana a los ciudadanos.

Con estas decisiones judiciales se dio primacía al negocio empresarial por encima de la protección ambiental, razón por la cual hay que continuar acompañando las huelgas de los niños y adolescentes con el compromiso de  garantizarles el derecho a vivir dignamente en nuestra “Casa Común”.

 

 

UNA DECADA DE RESISTENCIA

El 15 de mayo de 2019 se cumplió una década de expedición de la Licencia Ambiental del Ph El Quimbo; proyecto que viene acumulando inmensas fortunas producto del despojo, el ecocidio, el no cumplimiento de las obligaciones por la empresa y las garantías estatales para la inversión privada, pero que al mismo tiempo enfrenta múltiples acciones de resistencia por la Defensa del Territorio y la biodiversidad natural.

Para la empresa Emgesa Enel los resultados son alentadores: Las ganancias tuvieron un repunte de 15,9% al mes de septiembre de 2018, lo que significó una utilidad neta de $791.290 millones. Por generación de energía, según el Sistema de Información Eléctrico Colombiano SIEL (UPME), El Quimbo facturó en promedio, entre enero y octubre de 2016, 354.000 millones, equivalentes a $ 1.181 millones de pesos/día, $ 50 millones cada hora. Por tasa de ganancia por cargo por confiabilidad, cero riesgo durante 20 años, genere o no energía, que pagamos todos los usuarios en las facturas mensuales, viene recaudando desde el 2014, US 5.6 millones de dólares, 2015, US 11.9, 2016 US 18.9 y a partir de 2017 hasta el 2034, US 23 millones de dólares por año. A lo anterior se suman los dividendos por la apropiación del territorio que en el caso de la no restitución de la actividad productiva equivale a un detrimento Patrimonial cercano a los cincuenta mil millones de pesos por la pérdida de 36.000 toneladas de alimentos al año. Adicionalmente, recibe beneficios por la Tasa Interna de Retorno, por haber sido reconocido como Mecanismo de Desarrollo Limbio, no obstante, las objeciones presentadas por la Directora del Programa Climático de International Rivers, entre otras, el desconocimiento de las recomendaciones de la Comisión Mundial para Represas.

Estas enormes cifras de utilidad obedecen a las garantías que ofrece el Estado al inversionista extranjero que además de la seguridad jurídica, contó con la protección de la ANLA que según la Defensoría del Pueblo, modificó 117 veces la Licencia Ambiental a favor de Emgesa Enel, logrando disminuir significativamente el valor de las compensaciones sociales y ambientales.

Asoquimbo, única organización que se opuso a la construcción del Proyecto, logró el reconocimiento de sus argumentos en 4 informes de la Contraloría General de la República, un Informe de la Comisión Internacional de Jurístas que concluyó que “el Estado es internacionalmente responsable y debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición” y una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado por las afectaciones causadas y no reparadas al ambiente y a las víctimas, razón por la cual la Audiencia Pública, realizada en el 2016, solicitó a la ANLA la suspensión de la Licencia.

Hoy, después de la inoperancia de la justicia y ante las presiones de la organización, se reabrió el proceso por el supuesto delito de Daños ambientales, que cursa en la  Fiscalía 3 de Bogotá. La Corte Constitucional solicitó a la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva para que proceda frente a la exigencia de declaratoria de desacato a la Sentencia T 135/13 sobre nuevo censo de afectados del Quimbo. La Contraloría indaga por las afectaciones al Patrimonio Económico del Huila y  la Comisión de Seguimiento al Quimbo reconoció que si hay tierras para la restitución de la actividad productiva contra la versión de Emgesa.  

Las víctimas están indignadas por la no actuación de la justicia a su favor. Sin embargo, 10 años después destacan que producto de la resistencia, fuente de conocimiento y poder,  se han levantado las comunidades y han decidido prohibir las actividades minero-energéticas (represas, fracking, minería a gran estala) para proteger el Patrimonio Ecológico y su derecho a decidir y a vivir dignamente en sus territorios.

 

 

MESA TECNICA CONFIRMA QUE SI HAY TIERRAS PARA VÍCTIMAS DEL QUIMBO

 

El 25 de abril se reunió en la sede de la CAM Neiva, la Mesa Técnica de la Comisión Nacional de Seguimiento a la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo integrada por expertos de la ANT, la Gobernación del Huila, la CAM y Asoquimbo, quienes después de analizar la información proporcionada sobre tierras, se determinó que si existen áreas viables para riego por gravedad en los municipios de Agrado, Garzón, Gigante y Altamira  para efecto de dar cumplimiento con la compra y adecuación de 2700 hectáreas para la restitución de la actividad productiva de poblaciones desplazadas de la zona de inundación del Quimbo, como quedó establecido en la Licencia Ambiental.

La Mesa convocó a una nueva sesión a realizarse probablemente el 9 de mayo para complementar la información, emitir concepto y definir los procedimientos para la compra y adecuación de los predios con destino a la población beneficiaria.

La reunión fue producto de la insistencia de Asoquimbo que se opuso a la propuesta de Emgesa Enel, promovida por los delegados del gobierno nacional, el procurador agrario y ambiental del Huila y los alcaldes de la zona de afectación, de modificar la Licencia Ambiental que estableció como requisito esencial para su otorgamiento, RESTITUIR UN TOTAL DE 5.200 HECTAREAS de las cuales 2700 deben ser compradas por parte del Ministerio de Agricultura y su adecuación con distrito de riego por gravedad por parte de EMGESA; empresa que contrató un supuesto estudio donde afirma que “de las áreas identificadas, ninguna cumple con especificaciones técnicas, que garanticen la estabilidad y vida útil de un proyecto de adecuación de tierras” pero que en realidad se trataba de no cumplir con su compromiso establecido en la Licencia, bajo el pretexto de los “elevados costos de los distritos de riego” desconociendo que su obligación es adecuar los predios independientemente del valor de la inversión económica.  

Los expertos de la Mesa Técnica, al determinar que si existen áreas para su adecuación con riego por gravedad y desmentir los estudios de Emgesa, otorgaron la razón a Asoquimbo de oponerse a la modificación de la Licencia que sólo favorecía los intereses de ENEL Emgesa contra el derecho a tierras de las víctimas del Quimbo y el Patrimonio Económico de los Municipios y el Huila.

Corresponde ahora por parte de la ANT proceder de inmediato a la compra de predios y a instituciones como la ANLA, la Procuraduría General, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo exigir a la empresa el cumplimiento de su obligación y de no ser así, los beneficiarios tienen la potestad de movilizarse por la recuperación legítima de las tierras, en defensa de la vida y por la supervivencia al ser desplazados por ENEL y el Estado.

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