VOTO EN BLANCO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA VIDA
El Movimiento Social Defensores del Territorio ha sido excluido de poder participar en los procesos electorales de manera autónoma debido a que no basta con cumplir con el requisito de firmas sino que se exige el pago excesivo de una “póliza de seriedad”, a favor del sistema financiero, contrala Sentencia T-117 del 2016 de la Corte Constitucional que ratifica que las aseguradoras no deben exigir para la expedición de pólizas de seriedad “la constitución de contragarantías de cualquier naturaleza por el riesgo asegurable…”, precisamente en el respeto al derecho constitucional de la participación ciudadana.
De igual manera no fue posible que una organización “alternativa” nos otorgara el aval a la gobernación del Huila por los compromisos adquiridos con uno de los candidatos del establecimiento, razón por la cual sólo nos quedó acudir al VOTO EN BLANCO como "una herramienta legítima y valiosa de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad por parte de los sufragantes" y como expresión de resistencia por el cambio del modelo neoliberal minero energético mediante un proceso de transición energética desde la gestión pública y comunitaria conducente a garantizar el abastecimiento energético sustituyendo la producción fósil (petróleo, gas, carbón) y de represas por energías renovables (solar, eólica, entre otras), para atender las necesidades reales del pueblo colombiano. Además, por la Defensa de la Soberanía y Seguridad Alimentaria garantizada con proyectos agroecológicos que den viabilidad a la producción cafetera, arrocera, panelera, entre otras, lo cual implica la derogatoria o renegociación de los Tratados de Libre Comercio.
Proponemos a la ciudadanía en general las siguientes bases programáticas mínimas:
1. Ordenanza, expedida por la Asamblea, o decreto de la gobernación, declarando al Departamento del Huila con sus Bienes Naturales Comunes (Macizo Colombiano, Ríos, como el Magdalena y demás fuentes hídricas, Páramos, Bosques, Serranías, entre otros) como SUJETOS DE DERECHO que deben ser protegidos por las comunidades indígenas, campesinas, afros lo que implica no represas, fracking, minería a gran escala.
2. Ordenanza o Decreto de la Gobernación declarando a los campesinos como sujetos de derechos en cumplimiento de convenios internacionales.
3. Ordenanza por medio de la cual se destinan nuevos recursos financieros para ampliar la cobertura de la Universidad Surcolombiana en todas sus sedes y se ofrezcan nuevos programas en energías renovables, innovaciones pedagógicas, economías solidarias, entre otros.
4. Solicitar al Consejo Superior de la USCO, que con fundamento en el Derecho a la Educación Pública, Gratuita y de Calidad, se expida un Acuerdo por medio del cual se declara la prohibición del cobro de matrículas y derechos académicos y se garantice la nutrición de calidad a los estudiantes que por sus precarias condiciones sociales lo requieran.
5. Promover convenios con las empresas cooperativas solidarias para la compra y comercialización de los productos alimentarios básicos de la canasta familiar producidos por nuestros campesinos y otras comunidades del campo. Los convenios deben incluir los Programas de Alimentación Escolar -PAE- que deben garantizar la participación de las comunidades campesinas y las comunidades educativas de las instituciones, una alimentación nutritiva para todos los estudiantes del sector público.
6. Promover la generación de empleo a través del sistema cooperativo solidario en proyectos productivos y de comercialización que incluyan la preservación integral de nuestros ecosistemas.
7. Exigir el desmonte del Sistema Privado de Salud y fortalecer un Sistema Integrado de Salud Pública, donde prime la prevención, con centros hospitalarios de calidad, salud comunitaria e investigación en las universidades públicas con programas de sanología y vinculación de docentes y estudiantes a la prevención a nivel domiciliario campo ciudad.
8. Ciudades y municipios ecosostenibles que incluyan en lo social todos los factores relacionados con la calidad de vida de la población, (seguridad alimentaria, acceso a la educación y la sanidad, vivienda); en lo ambiental, el control de la polución, el uso de energías renovables, la disponibilidad de zonas verdes, el éxito de las políticas de reciclaje y una economía solidaria como alternativa a la economía de mercado cuyos índices serían la calidad de la producción y la renta per cápita, la tasa de empleo o la calidad de las infraestructuras de transporte donde se privilegie el desplazamiento a pie o en bicicleta y un acceso fácil a los servicios y los modos de transporte colectivo.
9. A nivel municipal promover la realización de Consultas Populares Autónomas, como un mecanismo de participación directa, contra las actividades extractivas represas, fracking, minería a gran escala y la “militarización de la gestión ambiental y territorial”, para proteger el Patrimonio Ecológico, Cultural y la vocación agrícola de los municipios, contra la decisión de la Corte Constitucional, Sentencias SU 095/18 y 342/19 que atenta contra la participación ciudadana y, específicamente, las competencias de los entes territoriales para decidir sobre el uso del suelo y prohibir la megaminería que destruye la biodiversidad natural.
10. Promover la Unidad de todos los Movimientos Sociales y la resistencia pacífica argumentada de manera permanente, para impedir se continúe con el asesinato de los Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos y del Medio Ambiente que luchan, entre otros, contra la invasión de nuestros territorios por parte de las empresas transnacionales con proyectos minero energéticos y agronegocios que como en el caso del Quimbo son los responsables del despojo, el ecocidio y la destrucción de la infraestructura vial que hoy dejan pérdidas incuantificables para todas las poblaciones. Implica el DESMANTELAMIENTO DE LA REPRESA EL QUIMBO ante la amenaza potencial contra la vida de poblaciones del Huila y del país, ubicadas río abajo del Magdalena, que como lo denunció el geómetra Alexander Arpino, del consorcio Impregilo quien trabajo en las obras del Quimbo "nunca se podría dormir tranquilo", debido a las fallas técnicas en la construcción de la represa.
11.- Convocar a movilizaciones sociales para que el Consejo de Estado, después de reconocer el litigio interpuesto por Tierra Digna y Asoquimbo, declare la nulidad de la licencia Ambiental del Proyecto El Quimbo y se agilicen los procesos adelantados por la fiscalía general de la nación para imputar cargos por delitos ambientales asociados a represas en Colombia.
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Armando Palau Aldana -