PROTESTA SOCIAL Y PODER TERRITORIAL

 

Los Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, Uruguay y Venezuela están obligados a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna”, destacando el derecho a la protesta social.

Las protestas sociales han crecido de manera considerable en América Latina durante el año de 2019, ante el fracaso del neoliberalismo que registra la mayor concentración de riqueza y desigualdad del mundo. En Guatemala, Haiti y Perú el detonante de la crisis obedeció a la corrupción que involucra a sus presidentes, familiares y altos funcionarios gubernamentales; en Honduras, por lo decretos de privatización de la salud y la educación; en Argentina, debido a la crisis económica que golpea a todos los sectores sociales; en Ecuador, por el sometimiento de Lenin Moreno al Fondo Monetario Internacional, al eliminar los subsidios a los combustibles; en Chile, por al aumento al pasaje del metro y el deterioro en su calidad de vida, que condujo a un acuerdo para convocar a una  consulta sobre Asamblea Constituyente; en Colombia, se ha ratificado un Paro Nacional el 21 de noviembre contra el paquetazo de reformas neoliberales exigidas por la OCDE y el FMI, a nivel tributario, salarial, pensional del Gobierno de Duque; por la vida, la paz y la democracia.

La reacción común de todos los gobiernos neoliberales ha sido el desconocimiento de la protesta social. Piñera, en Chile, expresó que "estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite”, pero ante el fortalecimiento de la resistencia, abandonó la prepotencia y  pidió perdón “por la falta de visión”.

El gobierno de Duque se ha caracterizado por la estigmatización de la protesta y la generación de pánico acogiendo el pronunciamiento del expresidente Uribe al considerar el paro como  “parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina”. Sin embargo, ante el respaldo a la convocatoria de sectores como la Iglesia Católica y artistas, Duque se vio obligado a expresar que “la protesta pacífica es un derecho que este gobierno protege”, pero que al vandalismo hay que aplicarle “todo el peso de la ley”; sin condenar la creación del autodenominado grupo “resistencia civil antidisturbios” que anunció su infiltración en el paro.

Cabe destacar que la Fiscalía General de la Nación con relación a la protesta social, mediante directiva emitida el 8 de Marzo de 2016 aclaró que la conducta solo será delictiva si se realiza a través de medios ilícitos: daños a bien ajeno, incendio, disparo, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosos, violencia contra servidor público, interpretando el sentido de la Sentencia C-742/12 de la Corte Constitucional que establece que “no se puede penalizar cualquier bloqueo de vía sino aquel que se realice por comportamientos ilícitos, que son aquellos en los que se recurre a la violencia”.

Ante la tensión generada por el gobierno y grupos irregulares al servicio de los intereses empresariales, agroindustriales, hacendados, medios de comunicación, hay que salir masivamente a la calle, sin miedo, a ejercer el legítimo derecho a la protesta y a fortalecer las resistencias populares contra el neoliberalismo, en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, entre otros, por la Defensa de los Territorios y la Vida arraigadas en los Movimientos sin Tierra en Brasil, Argentina, Bolivia; Comunidades Mapuches en Chile, Mayas de Guatemala, Rondas Campesinas de Perú, las Guardias Indígenas y Cimarronas en el Cauca Colombia, Movimientos Sociales por la Defensa de los Territorios y la Vida, en Colombia, contra el extractivismo (represas, fracking, minería a gran escala), el Movimiento Feminista contra la opresión de clase y el patriarcado.

 Se hace camino al marchar.