EL PARO CONTRA EL PAQUETAZO DEL GOBIERNO DE DUQUE

Comunidades Indígenas, Afro, sindicatos, trabajadores, organizaciones campesinas y estudiantiles, movimientos sociales defensoras de los territorios, mujeres, comunidad Lgbtiq y partidos políticos progresistas convocaron al Paro Nacional el 21 de noviembre contra el “paquetazo” del gobierno nacional que incluye nuevas reformas neoliberales a nivel tributario, que rebaja los impuestos a las transnacionales y los incrementa a la clase media; laboral, que destruye la estabilidad e impone salarios por debajo del mínimo para los jóvenes y contratación por horas; pensional, que elimina el derecho a la pensión y privatiza a Colpensiones; privatización de Ecopetrol ISA CENIT, Electrificadoras regionales; contra el modelo minero energético que despoja a comunidades y destruye la naturaleza; contra la violencia y los asesinatos de comunidades indígenas y  líderes sociales y el asesinato de ocho niños, en el bombardeo a campamento de un grupo ilegal en el Caquetá.

Las organizaciones demandan un salario mínimo para una vida digna, cumplimiento de los acuerdos con los trabajadores estatales, indígenas, campesinos, Fecode, estudiantes, el derecho a la protesta social y una transición energética justa, soberana y democrática, entre otros.

Paradójicamente, el paquetazo de Duque exigido por la OCDE y FMI se presenta en momentos en que se registra el mayor estallido social en Chile, país donde se impuso a través de la dictadura de Pinochet el modelo neoliberal, denominado el "milagro económico" por Milton Friedman y que hoy experimenta el rotundo fracaso en América Latina, que registra la mayor concentración de riqueza y desigualdad del mundo que según datos de la Cepal en 2018, la pobreza ascendió a 29,6 por ciento de la población, lo que equivale a 182 millones de personas, mientras que la pobreza extrema ascendió a 10,2 por ciento, es decir, 63 millones de personas.

La coalición Frente Amplio de Chile, como una posible salida a la crisis demanda “una nueva constitución, que solo es posible construirla de manera democrática y participativa a través de una Asamblea Constituyente" que remplace la de Pinochet.

Los rebeldes presionan por la renuncia del presidente Sebastían Piñera y reclaman una sociedad más justa, donde se reparen las grandes deudas sociales del país causadas por la privatización y mercantilización de la educación, salud, sistema de pensiones, vivienda, el agua y la corrupción gubernamental, entre otras, heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La reacción inicial de Piñera fue "estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible". Pero ante el fortalecimiento de la resistencia, abandonó la prepotencia y pidió perdón “por la falta de visión” y anunció una agenda social  de reformas que no responden al llamado a la convocatoria de la Constituyente.  

En Colombia, cuando se aproxima la realización del paro del 21 de noviembre, la reacción del gobierno ha sido acoger el pronunciamiento del expresidente Uribe que imita la actitud de Piñera cuando se iniciaron las protestas al considerar que la manifestación “hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina”

De antemano se desconocen las legítimas reivindicaciones del Paro al acusar a todas las organizaciones convocantes de hacer parte de una conspiración internacional como pretexto para justificar la represión violenta, las judicializaciones y encarcelamientos a nombre de impedir la “desestabilización de la democracia”.

Al igual que en Chile, los inconformes en Colombia no se deben dejar intimidar y asumir el legítimo derecho a la protesta social contra el fracasado neoliberalismo y avanzar en la construcción de una nueva sociedad donde impere la justicia socioambiental.