CONVOCATORIA POR LA DEFENSA DE ECOPETROL, SUS TRABAJADORES Y EL DERECHO A TIERRAS DE VÍCTIMAS DE ENEL EMGESA.

La Unión Sindical Obrera USO Huila y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, decidieron convocar a todos los movimientos sociales y a la ciudadanía en general a un Plantón el viernes 13 de Marzo de 2020 a las 10 de la mañana, en la Plazoleta de la Gobernación del Huila con motivo de la Jornada Internacional contra represas y por la defensa de los territorios y la vida.

La USO y Asoquimbo Rios Vivos hacen parte de la Mesa Social Minero Energética y Ambiental integrada por cerca de 100 organizaciones, comprometidas con un modelo minero energético alternativo que garantice los derechos de los trabajadores, el Buen Vivir de las comunidades, el equilibrio ecosistémico y la Soberanía Energética que implica la defensa de Ecopetrol como una empresa de energías renovables como la solar, eólica, entre otras, que sean gestionadas por las poblaciones según sus necesidades y contribuyan a la Seguridad y Autonomía Alimentarias, dando prioridad a la agroecología y el derecho a tierras a todas las víctimas despojadas de sus territorios para los proyectos extractivos minero energéticos y agronegocios a favor de las transnacionales.

Contrario con el compromiso de la Mesa Social, el Gobierno Nacional y la Alta Administración de Ecopetrol pretenden entregar, sin contra prestación alguna,  22 campos petroleros del Huila a la multifilial Hocol, que producen  18.300 barriles diarios, con unas reservas probadas no desarrolladas de 2.500 millones de barriles de petróleo y que  durante el año 2019 arrojaron utilidades libres de impuestos, parafiscales, regalías y otros gastos equivalentes a 700 mil millones de pesos que aportan a la inversión social no solo en los campos petroleros de la empresa Estatal, sino en otras localidades del departamento. 

La USO ha advertido que si no defendemos a Ecopetrol e ingresa HOCOL al Huila, serían desplazados 250 trabajadores directos con sus familias y se reduciría en un 70% la nómina de 900 trabajadores tercerizados; se liquidaría la convención USO- Ecopetrol,  desaparecería el escalafón, el pago de primas extralegales semestrales, de vacaciones, alimentación, seguro contra todo riesgo; se reducirían los salarios sin garantías a la seguridad social y se eliminaría el derecho a la  estabilidad laboral. Además, pierden las comunidades porque desaparece la inversión social y se impone la subcontratación de operaciones.

Esta política de privatización de las empresas del Estado hace parte de los Planes Nacionales de Desarrollo que como en el caso del gobierno de Duque, favorece a las empresas transnacionales, que se les premia con mayores exenciones tributarias, para que despojen a las comunidades, destruyan los ecosistemas y el patrimonio económico y cultural de las regiones, cuyo ejemplo más reciente lo viven los desplazados del Quimbo a quienes se les vulneraron todos los derechos y, especialmente, el derecho a tierras y a vivir dignamente en sus territorios.

La USO y Asoquimbo convocan igualmente a rechazar el Decreto 329 del 28 de febrero de 2020 mediante el cual el gobierno nacional fijó los lineamientos  para adelantar los Proyectos Piloto de Investigación sobre yacimientos no convencionales con la utilización de las técnicas de fracturamiento hidráulico, en momentos en que activistas defensores del ambiente, de diferentes países, acuerdan con Satya Tripathi, Subsecretaria General de la ONU y Jefe de la Oficina de Nueva York en ONU Medio Ambiente., promover la prohibición mundial del fracking, debido  a que La producción, el comercio y el uso continuos de hidrocarburos fracturados ’torpedean nuestros esfuerzos globales para enfrentar el cambio climático y violan los derechos humanos básicos’.

https://www.facebook.com/millerdussan/videos/10157147628343321/?t=8

PROPUESTA PAPELETA CONVOCATORIA ASAMBLEA CONSTITUYENTE POR LA AUTONOMÍA Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA USCO

En las elecciones previstas para la elección de rector de la USCO, el 2 de abril de 2020, se incluirá la siguiente papeleta de convocatoria de una Asamblea Constituyente en la Universidad Surcolombiana.

1.- Fundamentos Constitucionales y Legales.

Artículos 69 de la Constitución Política de Colombia que garantiza la autonomía Universitaria y el artículo 68, “la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación”.

Sentencias de la Corte Constitucional  C-220/97 “La autonomía que el constituyente le reconoció a las universidades, tiene como objetivo principal protegerlas de la interferencia del poder político central y Sentencia C-829 de 2002, será indispensable establecer mecanismos internos que permitan a la Comunidad Educativa expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en los claustros.

Artículos del Estatuto General de la USCO (Acuerdo 075 de 1994.)  Artículo 1, La Universidad Surcolombiana es una comunidad educativa de nivel superior autónoma, deliberante, abierta, participativa, organizada institucionalmente e integrada por sus estudiantes, profesores, directivos, egresados, trabajadores y empleados. Artículo 78. En virtud de los principios constitucionales de la participación y la autonomía universitaria, se incorporan al presente estatuto todos los mecanismos de participación consagrados en la Constitución Política de Colombia. Artículo 80. Se consagra en el presente estatuto el principio constitucional de participación de la comunidad universitaria, el cual deberá invocarse cuando se trate de expedir, modificar y reglamentar normas estatutarias y orgánicas estableciendo para tal efecto los respectivos mecanismos.

Ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.” 

2. Objeto de la Asamblea. Reglamentar los mecanismos de participación ciudadana incorporados en el artículo 78 del Estatuto General conforme a la Ley 134 de 1994 y demás normas complementarias y, particularmente, tiene como potestad constituir una Asamblea Universitaria con las funciones de aprobar el Proyecto Educativo Institucional, los Planes de Desarrollo y reformar el Estatuto General, los Estatutos Docentes, Administrativos  y el Manual de Convivencia, entre otros, y crear un nuevo mecanismo de elección de las directivas (rector, vicerrectores y decanos) que recae exclusivamente en la Comunidad Universitaria (Docentes, estudiantes y egresados) mediante voto universal previo el establecimiento de rigurosos requisitos académicos para superar la crisis administrativa expresada en la nulidad, por parte del Consejo de Estado, de Acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la USCO sobre de designación de 8 rectores, debido a actuaciones ilegales y contra la ética ciudadana.

3.- Composición de la Asamblea Constituyente. Estará integrada por 100 estudiantes, 50 profesores y 20 egresados elegidos por voto universal, los miembros del Consejo Superior Universitario y del Consejo Académico, las Juntas directivas del Consejo Superior Estudiantil y de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU y 1 representante por cada organización de trabajadores de la USCO, 2 representantes del Cabildo Indígena de la Universidad Surcolombiana CIUSCO y 2 representantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Surcolombiana -SIMPROUSCO-

4.- Funcionamiento y periodicidad de la Asamblea Constituyente. Los miembros integrantes de la Asamblea decidirán autónomamente el reglamento interno de funcionamiento  y la periodicidad de la misma.

5.- Disposición especial sobre pago de inscripción y matrículas de estudiantes de la USCO.

Con fundamento en el derecho a la educación pública de calidad, a partir del Semestre B de 2020 ningún aspirante pagará inscripción para ingresar a la USCO ni el valor de matrículas de los estudiantes cuya liquidación sea equivalente hasta dos salarios mínimos vigentes y víctimas del conflicto armado y del desarrollo, estudiantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y se les garantizará alimentación sin costo alguno y subsidios para el transporte.

A partir del 2021, ningún estudiante de la Usco pagará matriculas ni derechos académicos.

Propuesta

Miller Armín Dussán Calderón

Profesor Usco Neiva, 14 de febrero

http://millerdussan.blogia.com

La anterior propuesta de Papeleta convocatoria de Asamblea Constituyente en la Universidad Surcolombiana, es producto de reflexiones personales sobre los debates y aportes significativos sobre autonomía y democracia, incorporados en el Estatuto General Acuerdo 075 de 1994, cuando ejercía como miembro del Consejo Superior Universitario; los procesos de designación de rector en la USCO y su judicialización e incorpora lo fundamental de las propuestas de democratización de universidades como la de Nariño y la Distrital, de la Mesa Amplia de Profesores Universitarios, pronunciamientos de ASPU y del Consejo Superior Estudiantil, entre otros.

Es imperativo lograr de inmediato un consenso al interior de las organizaciones de la Comunidad Universitaria para inscribir la Papeleta ante el Comité Electoral de la USCO y la Registraduria Nacional, solicitando se contabilice en las elecciones previstas para el 2 de abril de 2020

La papeleta está a disposición de estudiantes, profesores y egresados que decidan respaldarla con su voto el 2 de abril.

Sin embargo, para ser coherentes y expresar nuestra indignación e inconformidad con el mecanismo clientelista y autoritario de selección de la terna de aspirantes a rector se propone el VOTO EN BLANCO que de lograr la mitad más uno de los votos válidos y ponderados se invalidaría la elección de rector, como un precedente histórico para todas las Universidades Públicas dispuestas a hacer respetar la autonomía.

Votar por el voto en blanco no está dirigido  en contra de los ternados sino contra el poder autoritario, clientelista y corrupto del Consejo Superior que de manera discrecional impuso una terna por acuerdo politiquero burlándose del esfuerzo intelectual y la experiencia de quienes sustentaron sus programas convencidos de que serían evaluados con criterios ético profesionales.

Los miembros de la Comunidad Universitaria por principios éticos y su condición de intelectuales autónomos deben rechazar por dignidad someterse a la decisión del Consejo Superior de imponer una terna excluyente y antidemocrática.

Aquí no se trata de simpatías electorales o beneficios particulares sino de ser coherentes con nuestra condición de intelectuales autónomos y nuestra misión institucional, donde se rescata el pensamiento crítico.

Este esfuerzo colectivo y autónomo demanda una intensa campaña de socialización argumentada de las propuestas de papeleta y voto en blanco acompañada de movilizaciones sociales permanentes en todo el Huila y, específicamente, en las sedes de la Universidad Surcolombiana, Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata Huila por la Defensa de lo Público, la Autonomía y la Democratización de nuestra Universidad Surcolombiana.

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VOTO EN BLANCO POR LA DEFENSA DE LO PÚBLICO,LA AUTONOMÍA Y DEMOCRACIA EN LA USCO

Asamblea estudiantes USCO

El Voto en blanco es un derecho ciudadano reconocido en la Constitución Política de Colombia como "una herramienta legítima y valiosa de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad por parte de los sufragantes"  que de  lograr la mayoría de votos en blanco del total de votos válidos invalida las elecciones generándose condiciones favorables para construir nuevas alternativas de democratización de las instituciones.

El Voto en Blanco es la mejor alternativa por la defensa de lo Público, la Autonomía y Democratización de la Universidad y como expresión de inconformidad contra el mecanismo de elección de rector de la USCO por parte de miembros del Consejo Superior quienes imponen de manera discrecional y clientelista  una terna de candidatos que se someterán a Consulta Estamentaria, de tal manera que cualquiera que sea elegido cumplirá o será presionado para garantizar el control político  y económico de la USCO por parte de quienes lo ternaron para apropiarse de un porcentaje elevado de sus recursos destinados a la contratación y puestos, además, de subordinarse a las políticas del Ministerio de Educación Nacional y de los sectores que controlan el poder en el Huila.

Las reiteradas crisis administrativas de la USCO, desde 1993 hasta la fecha,  obedece al ejercicio del poder autoritario y clientelista del Consejo Superior  que se ha negado a reformar los Estatutos conforme a la Autonomía Universitaria establecida en el Artículo 69 de la Constitución Política y, específicamente, a garantizar la elección de los cuerpos directivos directamente por la Comunidad Universitaria.

El Consejo de Estado ha destituido a 7 rectores en 15 años, debido a las actuaciones ilegales y contra la ética ciudadana de miembros del Consejo Superior, expresadas en la modificación de los mecanismos de designación de rector desconociendo la autonomía de la comunidad universitaria; discrecionalidad absoluta al negarse a establecer los criterios de valoración de las hojas de vida; fraude en la calificación de los méritos de los aspirantes; exclusión por razones políticas e intercambio de favores “yo te elijo tu me eliges”.

La más reciente se produjo con la destitución de la Señora Nidia Guzmán al decretar la nulidad de la Resolución 020 del 4 de octubre de 2018 con fundamento en el artículo 126 de la Constitución Política que establece que “ningún funcionario podrá nombrar ni postular como servidores públicos a quienes hubieren intervenido en su postulación o designación”. Lo más indignante es que la Señora Guzmán fue impuesta de nuevo en la terna de candidatos a rector el pasado 6 de febrero de 2020 como una afrenta contra la autonomía universitaria.

Como docente universitario, reitero que la designación de rector debe ser un proceso transparente, fundamentado en la Autonomía Universitaria, derivada de la Constitución Política y en las Sentencias de la Corte Constitucional y que se supone son de obligatorio cumplimiento por parte de los miembros del Consejo Superior:   

• La autonomía que el constituyente le reconoció a las universidades, tiene como objetivo principal protegerlas de la interferencia del poder político central (Sentencia C-220/97)
• Si bien es cierto que la participación de los representantes del Estado en el Consejo Superior Universitario no vulnera, en principio, la autonomía universitaria, también lo es que dicha participación no puede constituirse en un mecanismo a través del cual el Estado ejerza el control absoluto sobre los entes universitarios, de ahí que la representación no pueda ser mayoritaria. La participación de los funcionarios del Estado en los órganos de dirección de las universidades no tiene por objeto imponer la política de sus gobiernos en el desarrollo de la educación, sino coordinar las políticas nacionales o territoriales con las que fije el órgano de dirección universitario, a fin de que ésta se integre al sistema general (Sentencia C-589/97).
• De igual modo se precisa por la Corte que la autonomía universitaria ha de entenderse en armonía con lo preceptuado por el Artículo 68 de la Constitución en cuanto en él se establece que la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Es decir, que la autorregulación que a las universidades garantiza el artículo 69 de la Carta no podrá, en ningún caso prescindir de quienes integran la comunidad educativa (docentes, estudiantes, personal administrativo), y, en cambio, será indispensable establecer mecanismos internos que les permitan expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en los claustros(Sentencia C-829 de 2002)

Estos conceptos se derivan de los preceptos constitucionales de la soberanía popular y de la democracia participativa, columnas básicas del nuevo orden jurídico. De ahí, que desde los debates de la Ley 30 de 1992 y desde la adopción de Estatuto General, tales convicciones jurídicas hayan estado presentes y finalmente se hayan consignado en el Estatuto como expresión del consenso de la comunidad:

• La Universidad Surcolombiana es una comunidad educativa de nivel superior autónoma, deliberante, abierta, participativa, organizada institucionalmente e integrada por sus estudiantes, profesores, directivos, egresados, trabajadores y empleados (Artículo 1, Estatuto General Usco). 
• En virtud de los principios constitucionales de la participación y la autonomía universitaria, se incorporan al presente estatuto todos los mecanismos de participación consagrados en la Constitución Política de Colombia. El Consejo Superior Universitario reglamentará estos mecanismos en concordancia con la Constitución y las normas que sobre los mismos hayan sido aprobadas por el Congreso de la República (Artículo 78, Estatuto General). 
• Se consagra en el presente estatuto el principio constitucional de participación de la comunidad universitaria, el cual deberá invocarse cuando se trate de expedir, modificar y reglamentar normas estatutarias y orgánicas estableciendo para tal efecto los respectivos mecanismos (Artículo 80 Estatuto General).

Con esto se demuestra, que en los aspectos esenciales de autonomía, y participación el Estatuto General de la Usco ha estado en armonía con la Constitución, desde antes de los pronunciamientos de la Corte. Luego, no es desconociendo lo que es perfectamente constitucional y legal, sino desarrollando los aspectos necesarios para la realización material de tales principios, como se puede llegar a una solución de fondo de las repetidas crisis de la Institución.

Lo más importante, es respetar sin ninguna ambigüedad, que el ejercicio de la autonomía corresponde a todos los miembros de la comunidad educativa, y no puede ser usurpada por los órganos de dirección de la Institución. De otra forma, y como se infiere de las diferentes sentencias, la autonomía de la universidad reside en la comunidad universitaria, que a su vez es el poder soberano y máxima dirección de la Institución. Los consejos, incluido el Superior, son instrumentos para la ejecución de las decisiones tomadas por la comunidad.

En virtud de lo anterior y para superar la crisis administrativa profundizada con la última terna, la Comunidad Universitaria tiene una opción democrática: VOTAR EN BLANCO, manteniendo la movilización social permanente por la autonomía y democratización de la USCO y como expresión de inconformidad, de disentimiento contra la usurpación del poder comunitario por parte del Consejo Superior.

El Voto en blanco estará acompañado de una papeleta que contiene las siguientes propuestas para la discusión y aprobación por parte de la Comunidad Universitaria.

1.- Dada la naturaleza propia de una institución de educación superior, reconocida como ente autonómico, no debe tratarse sólo de la designación de un rector, sino más bien de la elección directa por parte de la comunidad (estudiantes, profesores y egresados) de un equipo de gobierno (rector, vicerectores) y de decanos.

Equipo de Gobierno: Elección directa mediante voto universal por la Comunidad Universitaria (estudiantes, profesores y egresados) de un Equipo de Gobierno (rector, vicerectores) que cumplan, entre otros, con los siguientes requisitos básicos:

a)         Título de Doctorado y/o Maestría con experiencia en investigación, Docencia, Proyección Social y Administración a nivel universitario y/o profesional.

b)         De no poseer los anteriores títulos podrán aspirar miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes que por su autoformación, saberes propios y experiencias culturales autonómicas sean reconocidas por las comunidades y por sus aportes al pensamiento crítico desde perspectivas no ecocéntricas.

El equipo de gobierno que obtenga la mayoría de los votos será designado como rector por el Consejo Superior.

Decanos. Elección directa por la Comunidad Académica de cada Facultad del decano que cumpla con los mismos requisitos establecidos para el Equipo de Gobierno.

Jefes de Programa y departamentos. Serán elegidos mediante voto universal por los miembros de la Comunidad Académica del respectivo Programa que cumplan con los mismos requisitos para el cargo de Decano. En el caso de jefe de Departamento su elección corresponde a los docentes vinculados al mismo.

Los Decanos, Jefes de Programa y de Departamento una vez elegidos serán nombrados por el rector de la institución.

El cumplimiento de los requisitos para cargos directivos será verificado por el Comité de Selección y Evaluación.

Por tratarse de un servicio público a favor de los intereses generales y por transparencia, los directivos designados para los cargos de rector, vicerectores y decanos continuarán devengando el mismo sueldo que poseen como docentes de la USCO en reconocimiento a sus méritos académicos.

2. Reglamentación de los mecanismos de participación ciudadana incorporados en el Estatuto General de la USCO, por parte de una Constituyente, que tiene la potestad de crear una Asamblea Universitaria con las funciones de aprobar el Proyecto Educativo Institucional, los Planes de Desarrollo, el Estatuto general, los Estatutos Docentes, Administrativos  y el Manual de Convivencia, entre otros.

La Asamblea estará integrada por delegados de los estudiantes, profesores, egresados y sus respectivas organizaciones; de los Consejos Superior, Académico, de las Facultades, Departamentos y Programas Académicos.

Las decisiones de la Asamblea son vinculantes y serán ratificadas por el Consejo Superior sin modificaciones.

3. Con fundamento en el derecho a la educación pública de calidad, prohibir el incremento de matrículas y derechos académicos de los estudiantes de la USCO para el primer semestre de 2020.

A partir del segundo semestre de 2020 los estudiantes de estratos 0, 1 y 2, y víctimas del conflicto armado, desplazados y víctimas del desarrollo (proyectos minero energéticos y agronegocios), estudiantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, no pagarán matriculas, ni derechos académicos y se les garantizará alimentación sin costo alguno, subsidios para el transporte y residencia si lo requieren.

A partir del 2021, ningún estudiante de la Usco pagará matriculas ni derechos académicos.

La Comunidad Universitaria no está dispuesta a permitir una vergüenza y desacreditación más que atentan contra el sentido de lo público y la esencia de la universidad de producir, apropiar y socializar conocimiento científico, técnico, humanístico y saberes ancestrales para contribuir en la solución de los conflictos económicos, sociales, políticos y ambientales que vienen degradando la condición humana y han puesto en riesgo la vida misma por el afán de acumulación de capital al infinito.

Neiva, 8 de febrero de 2020

Miller Armín Dussán Calderón

Profesor Usco

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http://millerdussan.blogia.com/2014/050501-autonomia-universitaria-y-proceso-de-designacion-de-rector-en-la-universidad-sur.php

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PROGRAMA REGRESIVO DEL GOBIERNO DEL HUILA Y PERSPECTIVAS DE ASOQUIMBO FRENTE A LA POLÍTICA MINERO ENERGÉTICA.

En el Programa de Gobierno “Huila Crece”, 2020-2023, inscrito en la registraduria por el gobernador Luis E. Dussán, consigna como compromisos impulsar las “Energías alternativas limpias  y minería sostenible” a través de Alianzas Público Privadas -APP- y “liderar con toda firmeza la oposición al desarrollo de proyectos hidroeléctricos a partir de represas y a la explotación de hidrocarburos con la técnica del fracking”.

Las Alianzas Público Privadas se inscriben en el contexto del neoliberalismo y son exigencias del Banco Mundial y la OCDE, para reducir el déficit fiscal y que según la Internacional de Servicios Públicos, dichas alianzas  “están acostumbradas a ocultar el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios…empresas que deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir…hecho incompatible con la protección del medio ambiente y el acceso universal a servicios públicos de calidad”.

Liderar la oposición del gobierno departamental a represas y fracking es demagógico, primero, porque desconoce el proceso de resistencia contra el modelo extractivista orientado desde hace 10 años por el movimiento social y, segundo, porque los partidos políticos tradicionales que hacen parte del equipo de gobierno aprobaron en el congreso el Plan de Desarrollo de Duque, dando vía libre a los proyectos extractivos minero energéticos y los agronegocios, como el fracking y la minería a gran escala.

El Plan también es regresivo frente a los avances registrados en el Huila, logrados a través de las movilizaciones sociales, lideradas por Asoquimbo, que fueron decisivas en la aprobación del Decreto 0489 del año 2016 que creó una Mesa de Interlocución entre la institucionalidad y los movimientos sociales para la protección del medio ambiente, agua y territorio, siguiendo una política minero energética soberana y autónoma que responda a las necesidades de las comunidades y la región; decreto que estimuló la aprobación de 11 Acuerdos Municipales mediante los cuales se prohibieron represas, fracking, minería a gran escala para la protección de los ecosistemas y la vocación agroalimentaria de los municipios.

El 15 de enero del 2020, Asoquimbo radico una carta pública al gobernador del Huila, mediante la cual solicita una reunión de trabajo inmediata con el propósito de construir una ruta clara y precisa de acciones sociales y de exigibilidad jurídica para el restablecimiento de los derechos de las comunidades, el departamento y los municipios afectados por la represa del Quimbo, tras 10 años de incumplimientos de lo establecido en la Licencia Ambiental.

A cambio de responder a la solicitud de la organización, violando el decreto 489/16, ha convocado para el 27 de enero a una Comisión de Seguimiento Institucional, donde desconoce la participación de las organizaciones sociales, continuando con la política de sus antecesores de crear mesas de gobernanza o de seguimiento que han terminado ampliando plazos y renegociando las obligaciones a favor de Emgesa contra lo establecido en la Licencia Ambiental, como la propuesta reciente de modificar la obligación de la restitución de la actividad productiva y de negar el derecho a tierras de las víctimas del Quimbo.

En perspectiva, Asoquimbo continuará fortaleciendo la articulación de movimientos sociales en propuestas de una transición hacia energías renovables gestionadas desde lo público y lo comunitario como bienes comunes; en el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos dirigido por la ONU y en procesos jurídicos ante la Consejo de Estado donde se avanza en la nulidad de la Licencia Ambiental del PHEQ; la imputación de cargos por el delito de daños ambientales que cursa en la Fiscalía 3 de Bogotá; la demanda ante el Consejo de Estado de Acción de Cumplimiento del Decreto 1277/13 sobre el derecho a Tierras e impulsará las acciones del Paro Nacional contra el Paquetazo de Duque, el asesinato de líderes sociales, por una paz con justicia socioambiental.

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ASOQUIMBO CONVOCA PUBLICAMENTE AL GOBIERNO DEL HUILA A MESA DE TRABAJO

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -ASOQUIMBO- defensora de los intereses y derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, vulnerados por Enel Emgesa y el Estado a las víctimas del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -PHEQ-, reconocida por amplios sectores sociales por los procesos de resistencia en Defensa de los Territorios y la Vida, dirigió una Carta Pública al gobernador del Huila, Luis E. Dussán, mediante la cual solicita una reunión de trabajo inmediata con el propósito de construir una ruta clara y precisa de acciones sociales y de exigibilidad jurídica para el restablecimiento de los derechos de las comunidades, el departamento y los municipios afectados por la represa del Quimbo, tras 10 años de incumplimientos de lo establecido en la Licencia Ambiental.

El documento reitera que la solución del conflicto generado por el PHEQ requiere que el gobierno departamental asuma una posición decidida en defensa del territorio y las comunidades para que el Gobierno Nacional cumpla con sus funciones constitucionales de garantizar los derechos de las víctimas y la justicia opere con celeridad para la reparación inmediata de los daños socioambientales causados a las comunidades.  En tal sentido, Asoquimbo propone los siguientes criterios que deben orientar las acciones que con urgencia reclaman las víctimas del PHEQ y diferentes actores sociales del Huila:

*La lectura histórica e integral de las irregularidades presentadas en el marco del proceso de licenciamiento ambiental y la ejecución del PHEQ.  

*El reconocimiento de los incumplimientos por parte de ENEL EMGESA a las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental en connivencia con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, negando los derechos de las víctimas.

*La exigencia de revocatoria y suspensión de la Licencia Ambiental.

*La discusión pública con el Gobierno Nacional y no con ENEL EMGESA de la problemática generada por el PHEQ, garantizando la efectiva participación de las comunidades campesinas afectadas por este proyecto.

*La definición de acciones exigibles para la restitución de la actividad productiva de la región y el restablecimiento de los derechos de las comunidades campesinas afectadas.

Los anteriores criterios parten de la documentación que durante 10 años Asoquimbo ha sistematizado de manera sostenida sobre los daños causados a la región por el PHEQ y las exigencias de acciones contundentes para el restablecimiento de los derechos del Departamento y las comunidades. Como resultado de esta labor se han obtenido pronunciamientos de entidades como la Contraloría General y Departamental, Defensoría del Pueblo Nacional y Regional, Procuraduría General y Regional, Fiscalía General de la Nación, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Juristas, entre otras, cuyas investigaciones, conceptos e informes  describen con precisión los graves incumplimientos de la Licencia Ambiental y daños causados por la construcción del PHEQ pero que no se han materializado en acciones efectivas para garantizar las obligaciones establecidas en las respectivas normas.

Es de público conocimiento que las mesas de concertación adelantadas por anteriores gobiernos, bajo el supuesto de garantizar se cumpla con todas las obligaciones, han fracasado y se han convertido en un espacio para prolongar la situación de violación de derechos, “legitimar” la ampliación de plazos para EMGESA y tramitar modificaciones que finalmente representan una pérdida para la región y un ahorro más para la compañía, como públicamente lo había expresado el actual Gobernador: “la generación de energía es un excelente negocio, lo es para la multinacional”.

La organización espera que en esta oportunidad las consignas de campaña electoral de hacer cumplir efectivamente las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y de no más represas ni fracking, no se constituyan en una frustración más para las comunidades que han estado comprometidas desde la resistencia en la Defensa de los intereses de todos los huilenses y que continuarán participando de las movilizaciones sociales, como las previstas a partir del 21 de enero por la Defensa de la Vida, contra el asesinato de líderes sociales, las chuzadas que involucran a unidades de contrainteligencia del Ejército y el paquetazo neoliberal del Gobierno.

 

 

 

GOBIERNO RESPONSABLE DEL ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES

Foto La Nación. Lider Comunitaria asesinada: Mireya Hernández Guevara

Con el asesinato de Gentil Hernández Jiménez y Óscar Quintero Valencia, en jurisdicción de Puerto Guzmán, Putumayo y casi simultáneamente el de Mireya Hernández, líder comunal de Algeciras, Huila, el 8 de enero de 2020, se ratifica la ineficacia del  “Plan de Acción Oportuna (PAO)” de prevención de asesinatos  de líderes sociales defensores de derechos humanos y periodistas  y  la falacia de una reducción fuerte de los crímenes durante el Gobierno de Duque producto de la ejecución de dicho plan, como lo cuestiona el Director de la Organización Dejusticia,  Rodrigo Uprimny.

La ineficacia del PAO obedece a que el asesinato de líderes sociales es sistemático como lo reconoció el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo y no simples hechos aislados como los califica el Gobierno de Duque  y que los medios de comunicación le hacen eco, justificando los crímenes con noticias falsas (fake news) donde finalmente la víctima es responsable por actuaciones diferentes a su compromiso con la defensa de los territorios y la vida.

Por esa razón, las preocupaciones de la CIDH y la ONU que sostienen que Colombia sigue siendo el país que registra más asesinatos de líderes sociales en la región y reiteran sus llamados al Gobierno de Duque para que pare los asesinatos, han sido ineficaces y han tenido un efecto contrario: su incremento generalizado, razón por la cual el primer responsable de estos crímenes es el Estado que tiene la obligación constitucional de proteger a todos los ciudadanos.

Además, lo  que está ocurriendo con estos crímenes, confirma  los resultados de investigaciones en América Latina que demuestran que el extractivismo minero energético, agronegocios, corrupción, paramilitarismo y mafias del narcotráfico están asociados de manera sistemática con el asesinato de líderes sociales que defienden la tierra y el territorio, por denunciar la presencia de grupos armados y/u oponerse a economías ilícitas.

Es un hecho que no existe ninguna garantía de protección por parte del Estado corporativo, donde el régimen político autoritario, paramilitar, mafioso, clientelista está al servicio de las empresas transnacionales y se sustenta en el modelo neoliberal extractivista  que  impone a nombre del interés general los Proyectos de explotación petrolera no convencional -fracking-, represas, minería metálica, infraestructura), agronegocios y despoja a las comunidades de sus territorios apropiándose de grandes volúmenes, de los Bienes Naturales y Culturales Comunes para la mayor acumulación y concentración de la riqueza.

La única solución para la defensa de los territorios y la vida es organizar a las comunidades en todos los espacios, veredales, vecinales, comunales, barriales, académicos, entre otros, creando guardias de control y protección contra la violencia institucional, paramilitar y de las mafias del narcotráfico, generalizando la resistencia y movilización permanente de manera articulada con todos los movimientos sociales para lo cual se requiere de inmediato una convocatoria amplia a nivel regional, con antelación al Encuentro Nacional de organizaciones y movimientos sociales prevista para el 30 y 31 de enero de 2020 con el fin de evaluar la situación del país y definir las acciones que se tomarán frente a las inconformidades.

Loa a los líderes sociales Defensores del Territorio y la Vida.

 

EL NUEVO GOBERNADOR DEL HUILA “DEL DICHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO”

Luis E. Dussán, Gobernador del Huila

El primero de enero de 2020 se posesiona el Gobernador del Huila Luis E. Dussán y dará a conocer su gabinete. Previamente, concedió una entrevista al Periódico La Nación, el 31 de diciembre de 2019 titulada “Será una Gobernación abierta y de trabajo para los huilenses”, de cuya lectura se comprende  el verdadero sentido del eje de campaña, "Huila Crece".En primer lugar, el énfasis está en fortalecer la fracasada Agenda de Productividad y competitividad para el "crecimiento económico" centrado en el emprendedurismo empresarial que somete todo a la lógica del mercado globalizado y que se ajusta a la "Ley de Crecimiento" del Gobierno de Duque que le concede más estímulos a las grandes empresas, con  mayores exenciones tributarias para la inversión en megaproyectos extractivistas, turísticos artísticos y culturales, como la economía naranja, que según Boaventura de Sousa es un “intento hegemónico por despolitizar la producción artística y montar un espectáculo de masas”.  

Uno de los ejes de la agenda de gobierno es el sector agropecuario que demanda “un ordenamiento productivo territorial y en los mercados, avanzando en transformación de productos, en esquemas de comercialización adecuados”. Hace parte de la política agraria definida por el gobierno de Duque que se reduce a la "agricultura por contrato", que desconoce al campesinado y lo lleva a la ruina por hacer depender el agro del mercado controlado por las transnacionales que destruyen la producción campesina al utilizar tecnologías inapropiadas e incompatibles con los cultivos (transgénicos), manipulación de cuotas, corrupción, dominio de los monopolios, endeudamiento y dependencia excesiva de los anticipos y riesgos propios del mercado, debido a la entrega del agro al monopolio exportador de las transnacionales.

Informa que ya empezó la articulación con el gobierno Nacional, resaltando las obras de infraestructura como la Ruta 45 y proyectos como la vía Isnos-Paletará-Popayán que son fundamentales para acelerar la exportación de nuestros bienes comunes hacia el mercado internacional mejorando la competitividad. La vías terciarias son mencionadas como parte del sistema integral para la comercialización de los productos del campo con destino al mercado.

No menciona uno de los aspectos que más reiteró durante la campaña “No más represas ni fracking” para no ir en contravía del Plan de Desarrollo de Duque que incorporó las actividades extractivas (fracking, minería a gran escala) ni del Proyecto de Ley sobre la implementación de las pruebas piloto para el fracking, que será aprobado por el congreso donde cuenta con las mayorías, incluidos sectores como Cambio Radical, Liberales, Conservadores, Unidad Nacional, entre otros, que apoyaron su candidatura y están legislando a favor del paquetazo neoliberal contra las demandas de las movilizaciones sociales iniciadas el 21 de noviembre.

No se refiere ahora a cómo hacerle cumplir a  Enel Emgesa las 131 obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, entre ellas, la restitución de la actividad productiva que deja pérdidas anuales para el Departamento de 50 mil millones de pesos. Tampoco menciona demandar a los responsables del derroche de 3.200 millones de pesos que ocasionaron detrimento patrimonial denunciados por la Contraloría General de la República CGR, en su “Informe Auditoría Financiera Agencia Nacional de Tierras ANT- (Vigencia 2018), publicado en junio de 2019, que en su hallazgo No. 25 expresa: “Adquisición de predios sin disponibilidad de recurso hídrico”, por parte del INCODER (hoy ANT) que compró 430. 88 hectáreas distribuidas en 4 predios, tres en el Agrado (El Dindal, La Mesa del Pedernal y Villa nueva) y uno en Paicol Huila (La Pradera) por un valor total de $ 3.263.515.154 no aptos para cultivo, toda vez que no se pueden adecuar para el riego”, razón por la cual no han sido adjudicadas a campesinos víctimas de Enel Emgesa. En este caso, las personas más indicadas para contribuir en la demanda serían Alfonso España y Julio Cesar Triana oriundos del municipio del Agrado.

Tampoco se ha pronunciado con relación a la modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, cuyo texto ya fue elaborado por la Agencia Nacional de Tierras, y la ANLA con el apoyo de todos los alcaldes salientes a favor de Emgesa debido a que incrementa el detrimento patrimonial al no garantizar la restitución de la actividad productiva y niega el derecho a tierras a campesinos victimas de Emgesa, unos estafados con “capital semilla” y el resto al violar el decreto 1277 de 2013 que estableció un programa especial de dotación de tierras para personas vulnerables del Quimbo sujetos de Reforma Agraria.

El Movimiento Social Defensores del Territorio continuará la resistencia contra las políticas neoliberales del Gobierno y en Defensa de la Vida y los Territorios.

CACEROLAZO Personaje del año

Vida digna para nuestras nietas y futuras generaciones

Las movilizaciones sociales del 21 de noviembre de 2019, contra el paquetazo neoliberal del Gobierno de Duque, mutaron hacia otra forma de protesta imparable que se extendió por todo el país como expresión de rebeldía de múltiples voces: el cacerolazo.

Los ecos siguen resonando, venciendo el miedo, la represión violenta y la muerte. Con tambores, conciertos musicales y las más creativas expresiones del arte, se denuncia el terror de Estado, mientras se desentierran los cadáveres de las fosas comunes de inocentes, jóvenes pobres, algunos discapacitados, víctimas civiles de ejecuciones extrajudiaciales, que fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate por el ejército para obtener, permisos, premios y condecoraciones a nombre de la “Seguridad Democrática” para garantizar la “confianza inversionista y seguridad jurídica” de las empresas transnacionales, que gozan de mayores exenciones tributarias arrebatadas a las clases medias y los pobres a nombre del crecimiento y el progreso.

Esta forma de protesta, surgida en Francia durante el siglo XIX, contra la monarquía del régimen de Luis Felipe, se propagó en América Latina logrando despojar del poder a las dictaduras militares de Pinochet en Chile y Videla en Argentina, para mencionar unos casos.

Actualmente, las ondas sonoras se reflejan incontenibles y nuevas voces se levantan contra el neoliberalismo y el capitalismo en nuestra América Mestiza, contra la necropolítica, instrumento de dominación que impone la guerra y la muerte a los pobres; que ha mercantilizado la vida, la naturaleza, el agua, los derechos al trabajo, la educación, la salud  y, especialmente, la negación a la niñez y la juventud de construir sus Proyectos de Vida.

Los cacerolazos han develado la naturaleza del capitalismo que en su afán por acumular riquezas, cada vez más en pocas manos, ha incrementado la pobreza y puesto en riesgo la vida en el Planeta.   También han evidenciado como organismos como el FMI, BM, BID, la OCDE, imponen desmejoras laborales y pensionales, fracking, incremento del ESMAD; recetas que han fracasado en todo el mundo y explican, los paros, movilizaciones y cacerolazos en América Latina.

Durante los cacerolazos el papel protagónico lo han asumido los niños y los jóvenes quienes demandan de los movimientos sociales y colectivos de ciudadanos, mujeres, ambientalistas, víctimas, artistas, la imperiosa necesidad de unirse a nivel territorial, vecinal, barrial, desde abajo, inventando formas de organización autónoma, con el reto de construir agendas comunes, desde las resistencias, convocando a superar los viejos liderazgos de partidos y organizaciones sindicales, el predominio de prácticas mesiánicas, vanguardistas, dogmáticas, verticalistas, clientelistas y los discursos confusos sobre capitalismo humano, enverdecido, que no interpretan el sentido profundo de la diversidad cultural, la imaginación y la creación presentes en las diferentes formas de resistencia y de acción de los nuevos colectivos que se saludan y abrazan desde las vecindades, los lugares de trabajo y de formación académica.

Los cacerolazos nos convocan a construir un nuevo proyecto ecosocial para superar la crisis civilizatoria  del capitalismo,  fundamentada en la sed de acumulación, en el productivismo y consumismo  infinitos, sin tener en cuenta los límites físicos de nuestro planeta.  

El ritmo de los cacerolazos, continuarán perturbando la “seguridad del poder del capital” y armonizando todas las formas de vida para que a nuestras nietas y futuras generaciones se les garantice el derecho a vivir dignamente.

Deseo que la Navidad y año nuevo en familia, nutran nuestras conciencias del espíritu solidario y afectuoso.