GOBIERNO RESPONSABLE DEL ASESINATO DE LÍDERES SOCIALES

Foto La Nación. Lider Comunitaria asesinada: Mireya Hernández Guevara

Con el asesinato de Gentil Hernández Jiménez y Óscar Quintero Valencia, en jurisdicción de Puerto Guzmán, Putumayo y casi simultáneamente el de Mireya Hernández, líder comunal de Algeciras, Huila, el 8 de enero de 2020, se ratifica la ineficacia del  “Plan de Acción Oportuna (PAO)” de prevención de asesinatos  de líderes sociales defensores de derechos humanos y periodistas  y  la falacia de una reducción fuerte de los crímenes durante el Gobierno de Duque producto de la ejecución de dicho plan, como lo cuestiona el Director de la Organización Dejusticia,  Rodrigo Uprimny.

La ineficacia del PAO obedece a que el asesinato de líderes sociales es sistemático como lo reconoció el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo y no simples hechos aislados como los califica el Gobierno de Duque  y que los medios de comunicación le hacen eco, justificando los crímenes con noticias falsas (fake news) donde finalmente la víctima es responsable por actuaciones diferentes a su compromiso con la defensa de los territorios y la vida.

Por esa razón, las preocupaciones de la CIDH y la ONU que sostienen que Colombia sigue siendo el país que registra más asesinatos de líderes sociales en la región y reiteran sus llamados al Gobierno de Duque para que pare los asesinatos, han sido ineficaces y han tenido un efecto contrario: su incremento generalizado, razón por la cual el primer responsable de estos crímenes es el Estado que tiene la obligación constitucional de proteger a todos los ciudadanos.

Además, lo  que está ocurriendo con estos crímenes, confirma  los resultados de investigaciones en América Latina que demuestran que el extractivismo minero energético, agronegocios, corrupción, paramilitarismo y mafias del narcotráfico están asociados de manera sistemática con el asesinato de líderes sociales que defienden la tierra y el territorio, por denunciar la presencia de grupos armados y/u oponerse a economías ilícitas.

Es un hecho que no existe ninguna garantía de protección por parte del Estado corporativo, donde el régimen político autoritario, paramilitar, mafioso, clientelista está al servicio de las empresas transnacionales y se sustenta en el modelo neoliberal extractivista  que  impone a nombre del interés general los Proyectos de explotación petrolera no convencional -fracking-, represas, minería metálica, infraestructura), agronegocios y despoja a las comunidades de sus territorios apropiándose de grandes volúmenes, de los Bienes Naturales y Culturales Comunes para la mayor acumulación y concentración de la riqueza.

La única solución para la defensa de los territorios y la vida es organizar a las comunidades en todos los espacios, veredales, vecinales, comunales, barriales, académicos, entre otros, creando guardias de control y protección contra la violencia institucional, paramilitar y de las mafias del narcotráfico, generalizando la resistencia y movilización permanente de manera articulada con todos los movimientos sociales para lo cual se requiere de inmediato una convocatoria amplia a nivel regional, con antelación al Encuentro Nacional de organizaciones y movimientos sociales prevista para el 30 y 31 de enero de 2020 con el fin de evaluar la situación del país y definir las acciones que se tomarán frente a las inconformidades.

Loa a los líderes sociales Defensores del Territorio y la Vida.