Transición o diversificación de la Matriz Energética

La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, a través del Comunicado de prensa 05 de 2019 informó acerca de la primera subasta de fuentes no convencionales de energías renovables que realizó el Gobierno Nacional el 22 de octubre.

El gobierno, espera producir 2.200  megavatios de capacidad instalada para el año 2022 para avanzar en  la diversificación de la matriz energética para lo cual se adjudicaron ocho proyectos con una capacidad instalada  1.298 megavatios, 5 de ellos eólicos y 3 solares, a 7 empresas generadoras y 22 comercializadoras.

La política del gobierno es la diversificación de la oferta energética con renovables desde el mercado en condiciones favorables para las empresas, mediante el esquema de “subasta por cargo de confiabilidad” que consiste que a las Emgesas se les garantiza “un  ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión”, es decir, el Estado colombiano se compromete a pagar a las empresas por mantener la oferta de energía durante veinte años un valor que será asumido en la tarifa de electricidad de todos los colombianos.

A través del Plan de Desarrollo del Gobierno de Duque no sólo se dio vía libre al franking, ratificada por el Consejo de Estado al autorizar las Pruebas Piloto, en contravía de convenios internacionales, firmados por el estado Colombiano, en los que se han acordado varias disposiciones para enfrentar el cambio climático, sino que ante la crisis de HidroItuango optó por aceptar las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) al considerar que Colombia posee un potencial para el desarrollo de energías como la solar y eólica que representan “una gran oportunidad de negocios para inversionistas, especialmente, de Estados Unidos, España, Noruega y Chile”.

La política estatal es la diversificación de la matriz energética y no la sustitución de la producción fósil (petróleo, carbón, gas) por energías renovables (solar, eólica) con el propósito de ampliar la oferta como una gran oportunidad de negocios para inversionistas, lo que implica mantener el patrón extractivo en oposición al cambio del modelo minero energético, responsable de la crisis climática y en contravía de los objetivos del desarrollo sostenible, entre ellos, “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.

Desde los movimientos sociales se vienen construyendo alternativas para la defensa y el cuidado de la vida, el agua y el territorio que giran en torno a tres pilares: la transición energética, la soberanía alimentaria y la justicia hídrica.

La transición energética como proceso de sustitución de la energía fósil y las hidroeléctricas por alternativas renovables, debe ser soberana, autónoma y democrática. Parte de considerar la energía como un bien común y no como “una gran oportunidad de negocios de las empresas transnacionales”, como la concibe el gobierno. Desde esta perspectiva, se propone un sistema socialmente justo, descentralizado, controlado por las comunidades o mediante empresas sociales sin ánimo de lucro, en el que prime el acceso universal a la energía como derecho humano fundamental y no destruya la naturaleza. Incluye la creación de un FONDO ENERGÉTICO ESPECIAL por parte del Estado con destino a la investigación científico-técnica, de universidades públicas y el Instituto Colombiano de la Energía, en nuevas alternativas energéticas.

Tanto la generación como la comercialización de la energía deben ser gestionadas desde lo público y lo comunitario y no desde las empresas transnacionales, razón por la cual se requiere de la movilización social contra la privatización de Ecopetrol y empresas de energía  como la del Huila anunciada recientemente por el presidente Duque y por una transición energética soberana y autónoma.