EL QUIMBO, ¿CONTINUA EN CUIDADOS INTENSIVOS?

 

EMGESA, con fundamento en el Contrato de Estabilidad Jurídica y la cláusula de confidencialidad que obliga a la NACIÓN  a abstenerse de revelar la información de carácter confidencial o privilegiada que haya sido suministrada por el INVERSIONISTA” ha ocultado intencionalmente que el Quimbo, después de terminada la presa, “está en reparación continua por sus múltiples filtraciones, asentamientos diferenciales de la presa y falta de protección del espaldón aguas debajo de la presa, ahora en construcción”.

Existen hechos que difícilmente se pueden continuar ocultando como “el gran deslizamiento del dique auxiliar que de haber sucedido con el embalse lleno, hubiera generado una gran tragedia nacional, afectando a Neiva y muchos pueblos abajo”. Además, que “en el dique auxiliar falló la fundación y para reparar el daño, fue necesario ampliar la excavación en 8 veces lo previsto y duplicar el volumen del lleno”.

Precisamente, la Universidad Nacional, sede Manizales, avanzó en la búsqueda de soluciones a las inquietudes que quedaron planteadas en el primer modelo hidráulico para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo como el tema de socavamiento de la pata de la presa y otros aspectos técnicos importantes, como se puede observar en el siguiente link:

https://youtu.be/Yy_XYqq4Ad0

Algunos críticos han expresado que “en todo proyecto como el del Quimbo se generan riesgos atribuidos a la naturaleza y otros debido a la práctica que está haciendo carrera y que es muy peligroso y preocupante, que consiste en desestimar factores de seguridad en algunas estructuras de estas obras por no considerarlas permanentes, cuando finalmente están poniendo en riesgo toda la inversión y la población, esto con el propósito de minimizar costos, generalmente para acelerar la puesta en marcha del proyecto, que trae como resultado la impresión y además la confirmación del desprecio de la vida y los bienes de los pobladores que viven aguas abajo de estas hidroeléctricas, como es el caso presente de Hidroituango y que es una posibilidad para El Quimbo”.

Agregan que, “el caso de Hidroituango ha sido ampliamente difundido, a raíz que se salió de los márgenes de manejo de la información confidencial, sin embargo, no se dice nada de la causa del desastre, simplificando lo ocurrido a una acción de la naturaleza no previsto en los diseños. Sin embargo, este hecho es uno más de los últimos casos ocurridos en el país y ampliamente conocido donde, ante los grandes volúmenes de agua y presiones que requería el reforzamiento y revestimiento en concreto estructural de los túneles de desviación,  se desestimó el riesgo y se confió en una roca sana y continua, seguramente para disminuir los tiempos de ejecución, sin sopesar el riesgo de poner al borde la pérdida total de la inversión, pero además, una población de más de 100 mil habitantes y todo su medio de subsistir”.

El Movimiento Social Defensores del Territorio exige a la ANLA y a los órganos de control garantizar el derecho de toda la ciudadanía a estar bien informada y más aún cuando no se conoce el Plan de Contingencia de Emgesa y el Director de la CAM, Carlos Cuellar, confirmó que dicho Plan no ha sido aprobado por las Autoridades de Gestión de Riesgos del Huila por "no cumplir con todos los requerimientos establecidas en la Ley", puntualizando que “lo más grave es que después de tres años del llenado del Quimbo, Emgesa no ha entregado de manera formal los estudios del plan de contingencia, que debe tener la multinacional para enfrentar cualquier situación que pueda ocurrir en el interior del proyecto hidroeléctrico”.  

 

VOTAR EN BLANCO O AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER TERRITORIAL

 

Según el parágrafo primero del Artículo 258 de la Constitución Política de Colombia “deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.

Si en la primera vuelta presidencial del pasado 27 de mayo hubiese ganado el Voto en Blanco, por mayoría absoluta, todas las fórmulas  de aspirantes hubiesen quedadas excluidas para nuevas elecciones. Pero como no ocurrió, el voto en blanco perdió ese poder y para las elecciones del 17 de junio quedaría reducido a un papel simbólico.  Por esa razón, así se afirme que ninguna de las opciones representa los intereses de sectores como el de Sergio Fajardo o de Humberto de la Calle, el presidente de la República será Gustavo Petro o Iván Duque que representan dos bloques de poder con grandes diferencias programáticas.

El de la Colombia Humana, que propone “el desarrollo del capitalismo”, basado en concepciones del reconocido economista francés, Thomas Piketty, autor de ‘El capital en el siglo XXI’, y específicamente, en su tesis fundamental “si reducen el impuesto al gran capital aumenta la desigualdad social, es decir, disminuye la clase media”. Para este destacado economista, el Programa de Petro “lleva consigo la búsqueda de Justicia Social y Fiscal, de democracia y de reconciliación que permitirá al país entrar por fin en un nuevo ciclo… en un momento en que el planeta aparece atrapado en la explotación desmedida de sus recursos naturales, corrupción, la xenofobia y el fatalismo frente a las injusticias”.

El bloque de Poder del Centro democrático plantea “la reducción del impuesto al gran capital” con mayores exenciones tributarias, zonas francas, cargos por confiabilidad, flexibilización laboral, es decir, incrementar el nivel de concentración de recursos “en el 1% más rico de la población”. La esencia de su política es la profundización del modelo extractivista, asociado al negocio de los “mercados verdes”. Es decir, "acelerar las locomotoras del desarrollo"  con la adjudicación de los denominados Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES- (represas, fracking, minería a gran escala) que favorecen la mayor acumulación de capital de las transnacionales a costa del despojo de nuestras comunidades de sus territorios y la destrucción de nuestros Bienes Comunes Naturales y Culturales. Por esa razón proponen liquidar definitivamente las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales que prohibieron las actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de los Municipios, al considerarlas como “obstáculos para la inversión y el desarrollo” y, por supuesto, para la corrupción o coimas por la adjudicación de contratos.

En las próximas elecciones se decidirá a favor del “desarrollo del capitalismo” asociado a las tesis de Thomas Piketty que recoje el programa de la Colombia Humana y que incluye unos mínimos democráticos como educación gratuita y de calidad, salud preventiva para el Buen Vivir, trabajo digno, ambiente sano. O la profundización del modelo extractivista,"acelerando las locomotoras del desarrollo", para la mayor concentración de la riqueza, el incremento de la desigualdad, el estímulo al narcoparamilitarismo, la corrupción y la impunidad.

El movimiento Social  Defensores del Territorio que propende por una alternativa ecosocial radical contra el capitalismo, el productivismo y el consumismo, considera que optar en estas elecciones por “un acuerdo sobre los mínimos democráticos” que propone la Colombia Humana con sectores del Polo, los Verdes y de organizaciones indígenas, campesinos, afros, maestros, estudiantes, entre otros, de alcanzar la presidencia, se lograrían las mejores condiciones para fortalecer las organizaciones sociales y los procesos de resistencia para avanzar en la construcción del Poder Territorial Autónomo en torno a un modelo alternativo al neoliberalismo y el extractivismo, a partir de  la transición energética, democrática, pública y comunitaria sustentada en el reconocimiento  del agua y la energía  como Bienes Comunes y no como mercancías o negocios al servicio de la acumulación de capital;  la creación de un Sistema Agropecuario, pesquero, territorial y sustentable que privilegie la agroecología a cambio de la agroindustria, haga más productiva la tierra, aumente la producción total, incremente el empleo, repueble el campo, para lo cual está demostrado son más eficientes las economías campesinas, indígenas y afros, razones por las cuales deben ser declarados de utilidad pública; por los derechos a la participación social y política (defensa de las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales) a la educación y salud públicas de calidad y gratuita y la dignificación del trabajo.  

Optar por el voto en blanco es un derecho constitucional.  Pero en el contexto actual cuando su efecto es simbólico, lo más seguro es que contribuya al fortaleciendo de la alianza de las élites económicas y políticas oligárquicas, en torno a la candidatura de Iván Duque, razón por la cual, no obstante las diferencias programáticas con los sectores progresistas aglutinados en torno a la candidatura de Gustavo Petro, es la opción para avanzar en la construcción del Poder Territorial frente a la crisis del capitalismo y la civilización de occidente.

LA REBELIÓN DE LAS FOSAS COMUNES

Con la fuerza incontenible del encañonado y represado río Cauca se levantan las voces de los espíritus indomables, víctimas de la violencia política y del desarrollo, convocando al levantamiento común de todos los Defensores del Territorio, de la Pacha Mama, por Ríos Vivos y Pueblos Libres.

Los victimarios, responsables de la tragedia humana y la depredación de la naturaleza, con sus rostros teñidos de sangre, se aferran como siempre al poder amenazando con continuar la violencia e imponiendo los proyectos extractivos de la muerte, fracking, represas, minería a gran escala, arrasando contra las voces de las comunidades que desde la resistencia organizada advierten que llegó la hora de decir !Basta Ya! a la apropiación de nuestros Bienes Naturales y Culturales Comunes, el ecocidio, el despojo y la muerte y a los victimarios Uribe Velez, su marioneta Iván Duque, Santos, Vargas Lleras, sus sectas políticas y sus pastores religiosos que los protegen y sus empresas criminales, a través de las cuales desangran a los trabajadores, campesinos, indígenas, afros y destruyen la Pacha Mama por la ambición del dinero.

Mientras tanto los ríos y los pueblos se armonizan al ritmo de las músicas andinas anunciando que es posible la libertad y el Buen Vivir.

 

LA LUCHA CONTRA REPRESAS Y LA RETÓRICA ELECTORAL

En Grecia, en los inicios de la democracia occidental,  según se afirma, Platón desconfiaba de la retórica debido a que ésta “es el arte de la persuasión a través de lo verosímil, no la verdad, sino convencer a través de lo aparente”.

Hay que desconfiar de la retórica electoral donde a través de la apariencia se oculta la verdad logrando manipular la voluntad del elector.

En su reciente visita al Huila, el candidato Iván Duque expresó que “durante mi gobierno no se hará una represa más en el Departamento del Huila…y no permitiré la utilización del fracking para extraer petróleo”.

Las represas de El Quimbo como las de Ituango y Sogamoso fueron concesionadas durante el Gobierno de Uribe. Hoy se experimenta la bancarrota de las mismas producto de los daños irreparables causados por el despojo de comunidades, la destrucción del Patrimonio Ecológico y Cultural y los desastres causados por la contaminación del Río Magdalena y la creciente del río Cauca ocurrida por el destaponamiento del túnel, que obstruido por un derrumbe, dejó más de 600 damnificados en el corregimiento del bajo Cauca antioqueño debido a la falta de rigor técnico en la forma como se construyó la represa de Ituango, cuando estudios advirtieron desde los años ochenta de la existencia de dos fallas geológicas, lugar donde se construyó la casa de máquinas, similar al caso del Quimbo donde se registran las fallas activas de Algeciras y Tesalia que amenazan con una catástrofe de gran magnitud como lo advirtió la Contraloría General de la República.  

Actualmente la Fiscalía investiga penalmente a ECOPETROL por las fallas que habrían provocado el derrame de crudo del pozo Lizama 158, que ha generado un desastre ambiental en el Magdalena Medio santandereano y que fortaleció los argumentos contra el fracking.

Con anterioridad al desastre de Lizama, Duque, en un foro organizado por la ANDI donde participó Vargas Lleras coincidieron en afirmar (El Tiempo, marzo 2) que “es necesario incentivar y aumentar la operación minero-energética, un sector clave para el desarrollo económico del país” y, en consecuencia, “no descartaron el uso en Colombia de la cuestionada fractura hidráulica o fracking, que ha sido prohibida en algunos países europeos y estados de Estados Unidos”.

Cabe agregar la denuncia de la Sillavacia: “En los ocho años que gobernó el ex presidente Uribe la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas”. Una de las razones del incremento de la explotación minera obedece “a las generosas exenciones tributarias que otorgó Uribe a las multinacionales para que explotaran estos recursos. Según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías en el último año. Dinero que se quedó en las cajas de las empresas mineras".

Ante la evidencia de los desastres registrados, “la retórica electoral” busca manipular al electorado con el supuesto de “no a las represas y al fracking en el Huila”, cuando la esencia de su política es la profundización del modelo extractivista, asociado al negocio de los “mercados verdes”. Es decir, "acelerar las locomotoras del desarrollo"  con la adjudicación de los denominados Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES- (represas, fracking, minería a gran escala) que favorecen la mayor acumulación de capital de las transnacionales con todas las garantías como exenciones tributarias y seguridad jurídica, flexibilización laboral, cargos por confiabilidad a costa del despojo de nuestras comunidades de sus territorios y la destrucción de nuestros Bienes Comunes Naturales y Culturales.

Por esa razón, vienen liquidando las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales que prohibieron las actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de los Municipios al considerarlas como “obstáculos para la inversión y el desarrollo” y, por supuesto, para la corrupción o coimas por la adjudicación de contratos.  

Ha sido precisamente en el Huila donde la retórica contra represas y fracking se ha expresado con mayor énfasis por parte de diferentes aspirantes a la presidencia de la República, entre otras razones, por la resistencia orientada por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo- que durante 10 años logró demostrar la naturaleza depredadora y devastadora del modelo extractivista minero energético para favorecer la acumulación de capital y la necesidad de una transición energética  que reconozca la energía como Bien Común y no como negocio al servicio de las transnacionales.

La retórica electoral contra represas también fue utilizada en el Huila en las recientes elecciones para el Congreso por los aspirantes de los partidos Cambio Radical, Conservador, Liberal, Unidad Nacional y Centro Democrático que fueron los principales responsables y beneficiarios de la adjudicación del Proyecto El Quimbo, cuando sus aspirantes a la presidencia, a quienes se subordinan con especial agrado, anunciaban la decisión de “acelerar las locomotoras del desarrollo”. La retórica, acompañada de compra de votos, les funcionó porque lograron las curules en el parlamento. Las consecuencias de sus decisiones a favor del extractivismo las enfrentaremos con valor desde las resistencias orientadas por El Movimiento Social Defensores del Territorio.

 

 

 

LA BANCARROTA DE LAS REPRESAS: HIDROITUANGO, HIDROSOGAMOSO, QUIMBO DESATRES ANUNCIADOS.

Hay más de 45 familias que han tenido que salir de sus hogares para establecerse en cambuches en las vías hacia Ituango. Foto: Cortesía Estela Posada

El Movimiento Colombiano por la Defensa de Afectados por Represas !Ríos Vivos! reiteradamente había anunciado que la construcción de represas traería como consecuencia el despojo de comunidades (campesinos, pescadores artesanales, barequeros, etc), la destrucción de todas las cadenas productivas y de los ecosistemas (ríos, bosques riparios, epifitas, entre otros) del Patrimonio Cultutal (cementerios indígenas, capillas).

La Contraloría General de la República en desarrollo de la auditoría a las represas de Ituango, Sogamoso y El Quimbo, entre sus 14 hallazgos denunció que las licencias ambientales “presentan insuficiencias técnicas que permitan la caracterización ambiental en el componente físico y logre un mejor acercamiento a los aspectos de amenazas por procesos volcánicos, morfodinámicos y sísmicos que son garantes de la prevención de desastres” como la caracterización de las fallas geotécnicas,  que al no ser atendidas por la ANLA, Emgesa, EPM, para la ejecución de los megaproyectos, explican  los daños causados a las comunidades y los ecosistemas por el represamiento del río Cauca, debido a la obstrucción del túnel de desviación de Hidroituango; la destrucción de la vida acuática del rio Magdalena por la falta de oxígeno y sus bajas temperaturas en el fondo del embalse El Quimbo; las filtraciones de la represa denunciadas por Asoquimbo y el desplazamiento y la destrucción de la pesca en Hidrosogamopso, entre otras, que constituyen una catástrofe de gran magnitud.

En el “Informe sobre Represas y desarrollo” la Comisión Mundial de Represas registró que  el 60% de las cuencas de los grandes ríos del mundo estaban mediana o altamente modificadas por una o más grandes represas o trasvases lo cual significaba impactos irreversibles sobre los ecosistemas como la contaminación de las fuentes de agua dulce y la afectación de grandes zonas de biodiversidad: “las grandes represas han alterado significativamente muchas de las cuencas fluviales del mundo, con impactos destructivos, duraderos y, por lo general, involuntarios, en los medios de vida y las manifestaciones socioculturales de decenas de millones de personas que viven en estas regiones”.  Entre los principales impactos ambientales de las grandes represas encontramos que “las grandes represas en general producen una serie de impactos violentos… [que] son más negativos que positivos y, en muchos casos, han conducido a la pérdida irreversible de especies y ecosistemas”.

Estudios sobre las represas demuestran que no son Mecanismos de Desarrollo Limpio por cuanto generan grandes cantidades de Gases Efectos Invernadero como óxido nitroso (N20) y metano (CH4) que son 300 y 25 veces más lesivos que el CO2 en términos de calentamiento global y causan graves daños socioambientales, como la destrucción de ecosistemas y biomas importantes que garantizan los ciclos de vida, el desplazamiento forzado de comunidades como las indígenas, campesinas, pescadores y mineros artesanales y afrodescendientes, la pérdida de fuentes de alimentación y la seguridad alimentaria, la violación de los Derechos Humanos de la población (judicializaciones, asesinatos selectivos de líderes) y el derecho a un ambiente sano y la negación de la participación pública y el acceso a la información.

Ante la bancarrota de las represas Friends of the Earth, dirigida por Brent Blackwelder quien trabajó en el Proyecto de ríos protegidos “National Wild and Scenic Rivers System,” destaca que se  ha logrado desactivar 1200 represas y está contemplando la posibilidad de crear un sistema internacional basado en este modelo el cual podría incluir al Rio Magdalena, dada su riqueza natural y biodiversidad. Advierte que “muchas macro represas se están construyendo en todo el mundo con graves consecuencias a largo plazo para la supervivencia de millones de personas.

En Colombia, la Corte Constitucional en su Sentencia T-135/13 que ordenó la realización de un nuevo censo de afectados por El Quimbo expresó que: “es pertinente indicar que, ante el enorme impacto de las represas sobre las personas debería llevar, en algún momento no muy lejano, a quienes toman las decisiones de políticas públicas en esta materia a plantear otras opciones que destaca la Comisión para Represas que incluyen la biomasa, la energía eólica, solar, geotérmica, energía del océano y la cogeneración”.

Estas investigaciones permiten concluir que la única alternativa ante la bancarrota de las represas es el cambio del modelo minero energético por otras formas de generación como la solar, eólica, biomasa que sean gestionadas autonomamente por las comunidades según sus necesidades. En tal sentido, se ha propuesto la transición energética democrática  desde lo público y lo comunitario contra la propuesta desde la lógica del mercado asociada a los "negocios verdes" que vienen imponiendo las empresas transnacionales y el Estado Corporativo.

 

 

IN MEMORIAM

Ahora que el Consejo de Estado ratificó que los municipios, en el marco de sus competencias, están facultados constitucional y legalmente para regular el ordenamiento territorial y el uso del suelo y no están obligados a “concertar o incluir en el proceso de consulta popular a las entidades del orden nacional”, el Movimiento Social Defensores del Territorio rinde especial homenaje IN MEMORIAM del abogado Guillermo Raúl Asprilla Coronado[1] quien durante el foro  El Quimbo: participación ciudadana y movilización social que se cumplió el 25 de septiembre de 2008 se preguntó ¿qué podemos hacer desde el ámbito jurídico cuando las decisiones políticas han sido tomadas y el contrato adjudicado a Emgesa cuando la experiencia colombiana nos dice que en el caso de estos megaproyectos, el Minambiente siempre termina concediendo la licencia? Respondió:

 “en consecuencia, se requiere no sólo apelar al uso de los mecanismos de participación ciudadana, sino, de suscitar la mayor movilización social y política posible de lograr debido a que las posibilidades jurídicas de enfrentar una demanda y ganarla son muy limitadas.

En la Ley 134 de 1994 o ley de participación política y ciudadana, está regulado el procedimiento para los cabildos abiertos, las consultas, los referendos, plebiscitos, entre otros. El artículo 105 de la Constitución Política, establece la facultad de los alcaldes de convocar consultas populares. Y el artículo 2 de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales del estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica administrativa y cultural de la Nación”.

El artículo 311 constitucional estipula que corresponde al municipio “ordenar el desarrollo de su territorio” y los numerales 7 y 9 del artículo 313 establecen que corresponde a los concejos municipales “reglamentar los usos del suelo” y “dictar  las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

Pero en particular los cabildos y la consulta, son mecanismos que deben ser ejecutados para asegurar que las comunidades afectadas ejerzan su legítimo derecho a decidir”.

Con fundamento en los anterioriores postulados jurídicos, el doctor Asprilla asesoró a Asoquimbo en la elaboración de la Justificación de la Consulta Popular en el Municipio del Agrado (20/10/2008) que concluyó con la propuesta de un Acuerdo Municipal (23/11/2008) que el Alcalde del Municipio presentó a consideración del Concejo Municipal pero que fue negada por interferencia de Emgesa, después de que todos los Concejales habían expresado su respaldo.

Se trata del primer antecedente de convocatoria a una Consulta Popular contra un proyecto extractivo minero energético en Colombia para que la ciudadanía se pronunciara sobre la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en la zona rural agrícola del territorio del municipio de “El Agrado”, donde quedó como lección que es más pertinente hacerlo por iniciativa popular como en la actualidad lo impulsaron los pobladores de Iquira Huila para no repetir la nefasta experiencia vivida con los Concejales del Municipio del Agrado Huila.

Guillermo Asprilla insistió hasta última hora, como Secretario de Gobierno de Bogotá, para que la administración distrital como lo expresó el Espectador “reconsiderara los tiempos de intervención para la construcción de la represa en El Quimbo e intentar acuerdos con los contradictores de dicho proyecto. Además, se buscaran espacios para escuchar a la comunidad y así atender a sus demandas”, hecho que nunca ocurrió.

El legado de Asprilla también lo ha valorado el Movimiento Ecosocialista Colombiano, como un aporte a las luchas de resistencia contra el extractivismo, financierista por despojo  que parte de otra concepción de la sociedad y la naturaleza caracterizada por la búsqueda de una organización social de la producción, reproducción y circulación de personas, bienes y servicios que responda a las regularidades espacio-temporales de la naturaleza sin destruir las condiciones que hacen posible la vida y la existencia humana.

 

 

 

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[1] En 1991 fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente, experto jurista y gestor de múltiples proyectos que sirvieron de fundamento al desarrollo normativo de la nueva Carta Política. Profesor de Ideas Políticas y Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y en el Instituto de Postgrados de la Universidad Libre. Guillermo Asprilla actuó como apoderado en el caso de los afectados por la catástrofe provocada por el derrumbe del Relleno Sanitario Doña Juana logrando que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara el pago de una indemnización a cada uno de los residentes y trabajadores de 170 barrios del sur de Bogotá. Asesoró a Asoquimbo en la elaboración de documentos para la Consulta Popular del municipio del Agrado contra el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

 

LA ESENCIA DE LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Foto Semana

1.- Los aspirantes a la presidencia de la República de Colombia por las alianzas Centro Democrático-Partido Conservador (Iván Duque) y Cambio Radical-Unidad Nacional (Germán Vargas) coinciden en la profundización del modelo extractivista, financierista asociado a los “mercados verdes”.

A través de las elecciones buscan “legitimar” los intereses corporativos para "acelerar las locomotoras del desarrollo" (represas, fracking, minería a gran escala) con la adjudicación de los denominados Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES- que favorecen la mayor acumulación de capital de las transnacionales con todas las garantías como exenciones tributarias y seguridad jurídica, flexibilización laboral, cargos por confiabilidad a costa del despojo de nuestras comunidades de sus territorios y la destrucción de nuestros Bienes Comunes Naturales y Culturales.

Consideran que las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales que prohibieron las actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de los Municipios son un obstáculo para la inversión y “el desarrollo” y, en consecuencia, se han comprometido a aprobar en el Congreso una Ley Estatutaria que las suprima, dejando en manos del Gobierno Nacional y el CONPES la decisión de formular y ejecutar los PINES para lo cual se modifican las normas a través de cohecho para expedir las respectivas licencias a cambio de coimas.

Asociado a la incrementación de los PINES defienden el Decreto 870 de 2017 «Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación» porque se trata de un instrumento jurídico de mercantilización y financiarización de la naturaleza a través del acceso al “mercado carbono” como uno de los compromisos del Gobierno por la  contaminación atmosférica  que ha abierto un segmento rentable  en los  mercados de capitales globalizados, los “negocios verdes” que hacen parte de programas estatales como los proyectos REDD (“Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación”), y su versión criolla: los proyectos Socio Bosque y Socio Páramo.

2.- La alianza Verdes-Polo (Sergio Fajardo) no plantea el cambio del modelo minero energético sino ajustes al mismo con su propuesta “minería y energía si, pero no así”, es decir, bien regulada con un uso responsable para evitar los daños sobre las poblaciones, el ambiente y el clima. Su propuesta está centrada en la “lucha contra la corrupción” expresada en su consigna “quien paga para llegar, llega a robar con puestos y contratos” y reducida a “no pagar un peso por un voto y no dar un puesto ni un contrato a un congresista”. En tal sentido, se oculta que la corrupción y el extractivismo minero energético, petrolero, agrícola están asociados de manera sistemática como lo demuestran investigaciones en América Latina. Se trata de la apropiación, en grandes volúmenes, de los Bienes Naturales y Culturales Comunes para exportarlos como materias primas (commodities). No se conoce la posición del candidato frente a los Pagos por Servicios Ambientales que es uno de los ejes del capitalismo verde.

3.- En el programa de la Colombia Humana se propone la  "Implementación de cambios profundos en el modelo económico, a fin de enfrentar la crisis ambiental”. Se considera urgente “superar el extractivismo que, acompañado de la tercerización de los sectores financiero, de transporte y de servicios, ha llevado al deterioro del aparato productivo, industrial y agropecuario nacional, provocando devastación ambiental, pobreza e inequidad". La propuesta es transitar hacia otro modelo con fundamento en dos principios: primero “no habrá fracking en mi gobierno” y, segundo, “no sostener las exenciones tributarias que en Colombia pueden superar los 50 billones de pesos”. La transición requiere de tres pilares: “energías limpias, redes y uso económico de las mismas y saber intensivo generalizado en toda la sociedad”.

Al referirnos a la transición energética se debe diferenciar si se hace a través del mercado asociado a “los negocios verdes” o se parte de considerar la energía como un bien común. Desde esta perspectiva, se requiere “un sistema socialmente justo, descentralizado, controlado por las comunidades o mediante empresas sociales sin ánimo de lucro, en el que prime el acceso universal a la energía como derecho humano fundamental” y que garantice “puestos de trabajo seguros, sindicalizados y bien remunerados.” (TNI, 2016: 21). También se requiere “el impulso de políticas públicas que promocionen la difusión de energías alternativas y el apoyo a la investigación para su desarrollo y mejoramiento; programas o campañas enfocadas a evitar el despilfarro energético y dar prioridad a las demandas locales en el diseño de proyectos, para evitar costos de sobredimensionamiento y pérdidas de transporte”.

En síntesis, la propuesta de transición está orientada a la creación de un sistema energético democrático, centrado en la gente y el planeta, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos,  los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza. De allí que es un asunto que va más allá del cambio tecnológico, debido a que éste puede colocarse en función de una u otra perspectiva.

Se debe considerar también lo territorial cuya relevancia obedece a las luchas de resistencia contra el extractivismo y la defensa del Patrimonio Ecológico por parte de  los movimientos indígenas, afrocolombianos, campesinos, de mujeres y ambientalistas.  Las energías renovables deben adaptarse a las condiciones de cada lugar y responder a las necesidades de las comunidades locales.  En unos sitios se puede utilizar la energía solar, en otros, las biomasas de residuos vegetales o estiércoles, o la eólica o combinarlas donde sea posible. Las energías renovables son alternativas positivas que permiten resolver distintos requerimientos del bienestar, trabajo y producción de bienes y servicios, en armonía con los territorios y con la naturaleza. Lo más importante es avanzar hacia la soberanía y autonomía energética y alimentaria con soluciones energéticas propias  que refuerzan las transformaciones económicas y sociales para construir otros modos de vida y de convivencia entre las personas y las demás especies, distintas a las que provienen del extractivismo como los combustibles fósiles y las represas que despojan a las comunidades y destruyen los ecosistemas.

Frente a las propuestas de la Colombia Humana, el Movimiento Social Defensores del Territorio plantea la necesidad de incorporar lo esencial de las Agendas Territoriales que plantean la oposición radical al modelo minero energético neoliberal extractivista que es la esencia de los programas de gobierno de los candidatos del Centro Democrático y de Cambio Radical y que deben ser objeto de rechazo por parte de la ciudadanía convencida de la Defensa de nuestros Territorios, el Agua y la Vida.

 

 

 

 

 

COLOMBIA HUMANA DEBE INCORPORAR EN SU PROGRAMA LO ESENCIAL DE LAS AGENDAS TERRITORIALES

El Movimiento Social Defensores del Territorio propuso públicamente la importancia de incorporar en el Programa de Gobierno de la Colombia Humana lo esencial de las Agendas de las organizaciones y movimientos sociales que han sido producto de reflexiones colectivas durante varios años y sistematizadas como un aporte a la Agenda Común para la Paz desde los territorios.

Nuestro Movimiento, producto de las acciones de resistencia e investigación contra el extractivismo minero energético, iniciadas hace 10 años con la creación de la Asociación de afectados por el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo- ha logrado detener la imposición de 7 represas más para el Huila adicionales a la de Betania y El Quimbo de las 17 diseñadas desde el Macizo Colombiano hasta la Honda, 14 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, 11 áreas para explotación petrolera con la tecnología fracking y 25 municipios dispuestos para concesiones mineras a gran escala. Estos logros se han expresado en 11 Acuerdos Municipales que prohibieron las actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de los Municipios, con fundamento en la Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional  que ratificó que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

Recientemente Defensores del Territorio participó de las elecciones parlamentarias logrando fortalecer la articulación con otros movimientos y la mayor visibilización de la Agenda Común sintetizada en la transición hacia alternativas energéticas y alimentarias soberanas y autónomas, gestionadas por las comunidades según sus necesidades que sustituyan los combustibles fósiles y las represas; que reconozca el agua como derecho fundamental y la creación de un Sistema agropecuario y pesquero, territorial y sustentable que rescate el legado agroecológico de las economías indígena, campesina y afrodescendientes como de utilidad pública y el apoyo a las iniciativas populares en torno al trabajo digno, educación, salud, vivienda, ambiente sano y paz con justicia socioambiental, para que conforme al espíritu de la constitución se garanticen como derechos fundamentales a través de leyes orgánicas.

El Movimiento ha realizado seguimiento a las propuestas de gobierno de la Colombia Humana y con motivo de la presencia de Gustavo Petro al Huila el próximo 6 de abril, considera necesario un compromiso explícito en torno a nuestra Agenda Común y, específicamente, frente a los siguientes aspectos:

1.- La creación de un  Fondo Energético Especial por parte del Estado con destino a la investigación científica para la transición hacia alternativas energéticas que sustituyan las represas, el fracking y la minería metálica a gran escala. Para ello, se requiere la recuperación de la totalidad de la propiedad de ECOPETROL por parte del Estado, la descentralización y transformación de la misma como empresa energética y del Instituto Colombiano del Petróleo, como Instituto Colombiano de la Energía.

2.- La nulidad inmediata del Plan de Aprovechamiento del río Magdalena, la prohibición de las represas diseñadas en el mismo, las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, el fracking y la minería a gran escala.

3.- La creación de un Sistema Agropecuario, pesquero, territorial y sustentable que privilegie la agroecología a cambio de la agroindustria, haga más productiva la tierra, aumente la producción total, incremente el empleo, repueble el campo, para lo cual está demostrado son más eficientes las economías campesinas, indígenas y afros, razones por las cuales deben ser declarados de utilidad pública.

4.- Derogar el Decreto 870 de 2017 «Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación» porque se trata de un instrumento jurídico de mercantilización y financiarización de la naturaleza a través del acceso al “mercado carbono” como uno de los compromisos del Gobierno por la  contaminación atmosférica  que ha abierto un segmento rentable  en los  mercados de capitales globalizados, los “negocios verdes” que hacen parte de programas estatales como los proyectos REDD (“Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación”), y su versión criolla: los proyectos Socio Bosque y Socio Páramo.

5.- Suspender la licencia ambiental al PHEQ, como una exigencia de los huilenses expresada unánimemente en Audiencia Pública Ambiental bajo la facultad que le otorga la aplicación del  principio de precaución, como condición necesaria hasta que se cumpla integralmente con las obligaciones establecidas en la licencia ambiental; del nuevo censo de afectados ordenado por la Corte Constitucional, Sentencia T- 135/13 y la indemnización por los daños causados al Departamento del Huila y sus municipios.

6.- Apoyar el llamado a la Movilización social, por la defensa de las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales para el 12 de abril, en virtud a que la Corte Constitucional  a través del Auto 138 de 2018, convocó a Audiencia Pública en el proceso de revisión que adelanta esta Corporación del expediente T-6298958, relacionado con la acción de tutela interpuesta por Mansarovar Energy Colombia Ltda contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta respecto a la sentencia que avaló la Consulta Popular sobre el desarrollo de actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos en el Municipio de Cumaral, Meta.

A través de las movilizaciones se exige la no modificación de la Sentencia T-445/16 que viene siendo presionada por el gobierno y las corporaciones transnacionales con el aval de los candidatos Germán Vargas e Iván Duque para que se desconozca la participación ciudadana como garantía para "acelerar las locomotoras del desarrollo" a costa del despojo y la destrucción de nuestros Bienes Comunes Naturales y Culturales.

El Movimiento Social Defensores del Territorio confía en el compromiso por parte del candidato presidencial Gustavo Petro de atender nuestras demandas como una clara demostración de la oposición al modelo minero energético neoliberal extractivista que es la esencia de los programas de gobierno de los candidatos del Centro Democrático y de Cambio Radical y que deben ser objeto de rechazo por parte de la ciudadanía convencida de la Defensa de nuestros Territorios, el Agua y la Vida.