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Miller Armín Dussán Calderón

ELECCIONES EN UN ESTADO CORPORATIVO

ELECCIONES EN UN ESTADO CORPORATIVO

El Estado Corporativo destruye los movimientos sociales, liquida las organizaciones de la clase obrera e impone mediante la coerción las corporaciones capitalistas (transnacionles) y el predominio de ONGs como mediadoras entre el Estado y el Mercado.

El parlamento se convierte en una “representación de corporaciones” que oculta la naturaleza dictatorial del Estado capitalista monopólico con la apariencia de “colaboración de clases” y armonía de los intereses en el contexto de las corporaciones.

Con el imperio del neoliberalismo desaparece el sentido de lo público y las elecciones se convierten en una disputa por el control del mercado de los votos entre corporaciones donde se imponen las que controlan el mercado del capital. Desaparece el ciudadano como Sujeto de Derechos y se transforma en instrumento del mercado con el predominio de una relación asimétrica donde el voto tiene un valor diferencial según el lugar que ocupa el elector en la estructura económica y el poder de control de organizaciones sociales, religiosas, entre otras.

En Colombia, caracterizada por el Banco Mundial como el segundo país más desigual de América Latina, la pobreza es un estímulo que condiciona a una numerosa población de sufragantes para quienes la venta del voto es una transacción normal que hace parte del mercado electoral y cuyo valor se traduce en una necesidad mínima y efímera.

Las elecciones “legitiman” los intereses corporativos que se presentan como de “utilidad pública” a nombre del desarrollo y del progreso. Es el caso de los anuncios de los candidatos presidenciales Iván Duque y Germán Vargas, con el aval de los partidos liberal, conservador, Unidad Nacional, entre otros, que han intensificado su campaña reafirmando que de llegar a la presidencia aprobarán en el Congreso una Ley Estatutaria que liquide las Consultas Populares para "acelerar las locomotoras del desarrollo" (represas, fracking, minería a gran escala) que se adjudican como Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos contrario a las evidencias y estudios que demuestran que favorecen la acumulación de capital de corporaciones que gozan de garantías como exenciones tributarias y seguridad jurídica a costa del despojo de nuestras comunidades de sus territorios y la destrucción de nuestros Bienes Comunes Naturales y Culturales.

La lógica mercantil también ha sido interiorizada por organizaciones políticas autodenominadas de Izquierda o centro Izquierda que actúan también como corporaciones que se declaran “no clasistas”, "ni de izquierda ni de derecha", sino de centro, defensoras de la iniciativa privada, el extractivismo minero energético distribucionista (minería y energía si pero no así) y la mercantilización de la naturaleza a través de los Pagos por Servicios Ambientales, PSA.

Diferentes movimientos sociales y ambientales participaron del proceso electoral avalados por partitos políticos con el discurso del “ambientalismo”, en defensa de los ecosistemas. En la mayoría de los casos no se presentaron propuestas alternativas al modelo neoliberal extractivista sino que se circunscribían en la lógica del mercado verde como los PSA. Tampoco se explicitó cual era el sentido de la participación electoral, distinto al logro de una curul.

El Movimiento Social Defensores del Territorio del Huila expresó que la esencia de la política es la Defensa del Territorio, el Agua y  la Vida y, en consecuencia, la participación electoral sólo tiene sentido si contribuya al fortalecimiento del Movimiento y los procesos de resistencia orientados hacia la Construcción del Poder Territorial Autónomo y Soberano para el Buen Vivir.

En tal sentido, desarrolló una Pedagogía Política de diálogo directo con las comunidades en torno a 4 proyectos de Ley cuya esencia es la oposición radical al extractivismo, financierista por un nuevo modelo minero energético gestionado por las comunidades según sus necesidades, el reconocimiento del agua como derecho fundamental y la construcción de un Sistema Agropecuario y Pesquero que reconozca el legado agroecológico de indígenas, campesinos y afrodescendientes y un modelo educativo universitario gratuito y obligatorio que formule  problemas de investigación para el fortalecimiento de las luchas territoriales.

No obstante los avances significativos logrados en el proceso electoral, en especial, la visibilización y consolidación de las propuestas alternativas se requiere avanzar en la investigación sobre el tránsito del Movimiento Social al escenario electoral corporativo mediado por el mercado de los votos.

La tarea central es continuar la reorganización del Movimiento Social a nivel regional y nacional, nutrido de las experiencias locales como las Consultas Populares y espacios como la Mesa Social Minero Energético Ambiental.

 

 

14 DE MARZO: FORTALECER LA RESISTENCIA CONTRA EL EXTRACTIVISMO, EL DESPOJO Y EL ECOCIDIO

14 DE MARZO: FORTALECER LA RESISTENCIA CONTRA EL EXTRACTIVISMO, EL DESPOJO Y EL ECOCIDIO

Jenniffer Chávarro Quino Nueva presidenta de Asoquimbo

Hace 21 años, durante el Primer Encuentro Internacional de Damnificados por las Represas, realizado en Curitiba (Brasil) en 1997, surgió la iniciativa de conmemorar el Día Internacional de Acción contra las represas y por los ríos, el agua y la vida.

Desde entonces el Movimiento contra Represas ha avanzado en su articulación con otros procesos socioambientales, al comprender que se trata de confrontar el modelo neoliberal extractivista, financierista que despoja a las comunidades de sus territorios y destruye nuestros Bienes Comunes Naturales y Culturales con la imposición de Proyectos Minero Energéticos (represas, fracking, minería a gran escala) a nombre del interés nacional con el único propósito de acumular capital a favor de las corporaciones transnacionales.

En el Huila se avanzó desde la creación de la Asociación de Afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo- hasta la configuración del Movimiento Social por la Defensa del Territorio el Agua y la Vida con una Agenda Común por nuevas alternativas energéticas, como la solar, gestionadas por las comunidades según sus necesidades; la defensa del agua como derecho fundamental para consumo humano y Seguridad Alimentaria; creación de un sistema agropecuario y pesquero, territorial que incremente el empleo, repueble el campo y reconozca el legado agroecológico de la producción indígena, campesina y afro que deben ser declaradas de utilidad pública y garantizar la educación pública gratuita y obligatoria  hasta el nivel universitario que contribuya desde el conocimiento al mejoramiento de la calidad de la vida humana para el Buen Vivir.

Uno de los logros más significativos de la resistencia por la Defensa de nuestro Territorio ha sido la aprobación de 11 Acuerdos Municipales que prohibieron represas, fracking y minería a gran escala y la aprobación de 2 Consultas Populares -Iquira y Oporapa- para proteger el Patrimonio Ecológico de los Municipios con fundamento en la Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional y que han sido demandados por el Gobierno Nacional por supuesta “extralimitación de funciones de los concejales”, advirtiendo que no se puede afectar la inversión extranjera, ni la seguridad jurídica de las empresas transnacionales. Desde ya se anuncia una Ley Estatutaria para que las comunidades no decidan soberana y autonomamnete el control de sus territorios para sus Proyectos de Vida

Con motivo del Día Internacional contra represas se ha decidido la convocatoria de un Encuentro Regional con el propósito de profundizar en la Agenda Común y el empoderamiento de las Comunidades desde lo local para lo cual se requiere consensuar estrategias de organización, movilización, formación político- comunicativa y jurídica para enfrentar la arremetida del Estado y el capital transnacional.

Un hecho significativo es el reconocimiento del trabajo de los jóvenes por la Defensa del Territorio, razón por la cual se decidió que la coordinación de Asoquimbo sea asumido por Jennifer Chávarro Quino, una mujer que hace parte de la memoria histórica desde su creación y que desde ya se ha responsabilizado, con el acompañamiento de equipos académicos y jurídicos, de acciones tan importantes como la exigencia de nulidad de la Licencia del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y el pago por los daños causados a las comunidades y al ambiente, a raíz de la próxima audiencia convocada por el Consejo de Estado. Además, la solicitud a la Corte Constitucional para que declare desacato de la Sentencia T-135/13 que ordenó un nuevo censo de afectados, al gobierno nacional para que cumpla con la entrega de tierras a los desplazados del Quimbo y al Departamental para que de inmediato se garanticen los recursos para los proyectos de producción agrícola y pesquera con destino a víctimas del Quimbo.

Con un Acto Cultural que se realizará hoy 14 de marzo en las Agoras de la Universidad Surcolombiana ratificamos nuestro compromiso por la Defensa del Territorio, el Agua y la Vida y el inicio de una nueva etapa donde los jóvenes, con el legado histórico de campesinos, indígenas, afrodescendientes, asumirán con su capacidad creativa y crítica el papel que les corresponde en la lucha por una sociedad con equidad social y Justicia Ambiental.

 

11 DE MARZO: A DEFENDER EL TERRITORIO, EL AGUA Y LA VIDA.

11 DE MARZO: A DEFENDER EL TERRITORIO, EL AGUA Y LA VIDA.

 

Uno de los logros más significativos de la resistencia por la Defensa de nuestro Territorio ha sido la aprobación de 11 Acuerdos Municipales que prohibieron represas, fracking y minería a gran escala para proteger el Patrimonio Ecológico de los Municipios de Pitalito, San Agustín, Oporapa, Timaná, Altamira, Agrado, Elias, Acevedo, Isnos, Tarqui y Neiva, con fundamento en la Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional  que ratificó que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

La Corte Constitucional despejó cualquier duda que pudiera existir sobre la posibilidad constitucional y legal de los municipios de prohibir la minería en sus territorios, conforme a su autonomía y a los graves daños que las actividades minero energéticas ocasionan. Sin embargo, el viceministro de Minas, Carlos Cante, procedió a demandar los Acuerdos por supuesta “extralimitación de funciones de los concejales”, advirtiendo que no se puede afectar la inversión extranjera, ni la seguridad jurídica de las empresas transnacionales.

Como si se tratara de una orden ejecutiva, el Juez TITO ALEJANDRO RUBIANO HERRETA del Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, resolvió suspender los efectos de los Acuerdos 03 de marzo de 2017 y  036 del 5 de diciembre de 2016 por medio del cual los Concejos Municipales de Timaná y Pitalito prohibieron las actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico.

La decisión implica que las empresas transnacionales que ya han solicitado Licencias Ambientales y las que han expresado su interés de “invertir” en el Huila invadan nuestros municipios con más represas, fracking y minería, despojando a nuestras comunidades y destruyendo nuestros Bienes Naturales y Culturales Comunes, como ocurrió con El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

De esta manera se impone el Plan de Desarrollo de Santos donde quedaron incorporados los denominados Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES- que fueron aprobados por todos los partidos políticos con representación en el Congreso: Centro Democrático, Unidad Nacional, Liberal, Conservador, Mira, sectores de los Verdes y que serán refrendados por los candidatos de dichos partidos de ser elegidos el próximo 11 de marzo. 

Desde ya, el candidato a la presidencia Germán Vargas, durante el lanzamiento del Plan de Minas y Energía, anunció que “Pondremos fin al abuso de la participación ciudadana mediante una reforma constitucional que delimite sus alcances…También, en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica, propondremos mediante una ley estatutaria, que la consulta previa sea excepcional y no una regla general”, orientación que comparten todos los partidos del establecimiento.

El 11 de marzo, día de elecciones parlamentarias, sólo queda una alternativa: Defender nuestro Territorio, el Agua y la Vida VOTANDO MASIVAMENTE POR UP101, con el compromiso de fortalecer la organización y resistencia por nuevas alternativas energéticas, como la solar, según las necesidades de las comunidades; la defensa del Agua como derecho fundamental para consumo humano y Seguridad Alimentaria; creación de un sistema agropecuario y pesquero, territorial que incremente el empleo, repueble el campo y reconozca el legado agroecológico de la producción indígena, campesina y afro que deben ser declaradas de utilidad pública y garantizar la educación pública de calidad y gratuita  hasta el nivel universitario.

#SomosDefensoresDelTerritorioUP101

PROYECTOS DE LEY Y HOJA DE VIDA DE MILLER DUSSÁN

PROYECTOS DE LEY Y HOJA DE VIDA DE MILLER DUSSÁN

El Movimiento Defensores del Territorio, producto de las luchas de resistencia contra el modelo extractivista, decidió participar del proceso electoral 2018 y propuso al Profesor Miller Armin Dussán Calderón, como candidato a la Cámara de representantes por el Huila, con el compromiso de movilizar a las organizaciones sociales  en torno a 4 proyectos que serán radicados en el Congreso Nacional:

PRIMERO: Crear un  FONDO ENERGÉTICO ESPECIAL por parte del Estado con destino a la investigación científica para la transición hacia alternativas energéticas como la solar que sustituyan las represas, el fracking y la minería metálica a gran escala.

SEGUNDO: Declarar el agua como un Bien Natural Común y Público que le da el carácter de derecho fundamental para el consumo humano y la Soberanía y Autonomía Alimentaria.

TERCERO: Crear un Sistema Agropecuariao, pesquero, territorial y sustentable que haga más productiva la tierra, aumente la producción total, incremente el empleo, repueble el campo, para lo cual está demostrado son más eficientes las economías campesinas, indígenas y afros, razones por las cuales deben ser declarados de utilidad pública.

CUARTO: Apoyar las iniciativas populares en torno al trabajo digno, educación, salud, vivienda, ambiente sano y paz con justicia socioambiental, para que conforme al espíritu de la constitución se garanticen como derechos fundamentales a través de leyes orgánicas. En tal sentido, se propone que la educación pública de calidad, gratuita y financiada por el Estado, debe incluir la formación universitaria.

Defensores del Territorio, presenta una biografía del profesor Miller Dussán, construida por varios autores titulada “Quien no lucha no comprenderá jamás el sentido de la vida” y su hoja de vida que resumimos a continuación:

RESUMEN HOJA DE VIDA

  • Profesor Titular Universidad Surcolombiana.
  • Doctor en Educación y Sociedad Universitad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España. Calificación de sobresaliente “cum laude”. 
  • Diploma de Postgrado Cultura de Paz Universidad Autónoma de Barcelona. 
  • Magister  en Desarrollo Educativo y Social Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 
  • Especialista en Instituciones Jurídico Políticas Universidad Nacional. 
  • Licenciado en Lingüística y Literatura, Universidad Surcolombiana. 
  • Bachiller del Colegio Nacional Santa Librada. 
  • Coordinador fundador de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El        Quimbo -Asoquimbo-. 
  • Miembro de la Mesa Social Minero Energética Ambiental. 
  • Miembro del Movimiento Stop Enel de Italia.
  • Investigador del Grupo Alianza: Universidad de los Andes, Universidad Autónoma de Manizales, Red Prodepaz, Asociación de Fundaciones Petroleras (AFP), Universidad de Harvard-Colciencias. Proyecto de investigación “Empoderamiento de las comunidades desde los programas de desarrollo y paz y las fundaciones petroleras”
  • Coordinador Proyecto de Acompañamiento a Comunidades afectadas por la Política Minero Energética USCO- ASOQUIMBO
  • Coordinador del Movimiento Social Defensores del Territorio.

Publicaciones recientes.

  • Formación Pedagógica en y desde el Contexto y el Conflicto. Universidad Surcolombiana, 2005.
  • El Quimbo: ¿Crecimiento o Desarrollo Ecosocial?. Universidad Surcolombiana, 2010.
  • Energía para qué y a qué costo. Roma 2013
  • Empoderamiento desde la Educación Popular. Universidad Surcolombiana, 2014
  • El Quimbo: Extractivismo, Despojo, Ecocidio y Resistencia. Proyecto experiencias de referencia para la construcción del sentido de la paz territorial. Planeta Paz-FOS. Bogotá 2017.
  • Ensayos, Artículos, Comentarios, entrevistas: http://millerdussan.blogia.com; www.quimbo.com.co; http://defensaterritorios.wordpress.com/

Seminarios, foros, congresos, giras recientes  

  • Encuentro Internacional “Protección del Agua”. Tibilisi Georgia. 2017
  • Gira sobre Derechos Humanos en EUA, Septiembre 17/30 de 2013. Red Colombiana de Derechos Humanos: Human Rights Commitee Washington D.C. Movimiento por la Paz en Colombia en Nueva York, Colombia Vive en Boston. Conferencias sobre el Tema de Derechos Humanos en las Universidades Massachusetts Institute of Technology -MIT-, Salem State University. Reuniones en Comisión Interamerivcana de Derechos Humanos -CIDH-, Departamento de Estado, Miembros del Congreso de EUA, Friends of the Earth, Latin America Working Group, The Democracy Center.
  • Asamblea Red Stop Enel, Roma, abril 28/29 de 2013
  • Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Enel y sus aliados. Roma, 29 abril de 2012
  • Foro Social Mundial 2011 Dakar, Senegal Africa
  • Curso “Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporáneo” Universidad Federal Rio de Janeiro, Brasil. Enero de 2011
  • Tercer Encuentro Internacional de Afectados por Represas, Temacapulín, México, Octubre 1/7 de 2010.
  • Foro Social de las Américas, Asunción Paraguay, Agosto de 2010.
  • Foro Social Europeo. Paris, Francia. 2003.
  • Foro Social Europeo. Florencia, Italia. 2002.

 

 

 

CORRUPCION Y EXTRACTIVISMO EN COLOMBIA

CORRUPCION Y EXTRACTIVISMO EN COLOMBIA

Campesinos Defensores del Territorio de la zona destruida del Quimbo por EMGESA

A propósito de las elecciones 2018

Investigaciones en América Latina demuestran que la corrupción y el extractivismo minero energético, petrolero, agrícola están asociados de manera sistemática. Se trata de la apropiación, en grandes volúmenes, de los Bienes Naturales y Culturales Comunes para exportarlos como materias primas (commodities)

Existen distintos tipos de corrupción que involucran a políticos, parlamentarios, empresarios, funcionarios estatales, miembros del poder judicial, militares, consultores, periodistas, incluso organizaciones de la sociedad civil. Se trata de sobornos o dádivas donde se recibe una contrapartida que puede ser en dinero o para obtener un cargo público o en una empresa.

Es común, el cohecho donde un funcionario modifica la legislación para la adjudicación de proyectos minero energéticos, petroleros o contratos de infraestructura, otorgando mayores ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar tanto sus impactos ambientales y sociales y la criminalización de las comunidades locales.

En Colombia, existe un Estado corporativo al servicio de las transnacionales donde los partidos políticos, tales como, Unidad Nacional de Santos, Centro Democrático de Uribe, Cambio Radical de Vargas, Conservador y Liberal y otros sectores, se identifican con el modelo neoliberal extractivista  que se impone a nombre de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES- (explotación petrolera no convencional -fracking-, represas, minería metálica, infraestructura); proyectos que se adjudican a través de coimas (Odebrecht), cargo por confiabilidad (Emgesa, Endesa Enel), zonas francas, flexibilización laboral, judicializaciones, asesinatos de Defensores de Derechos Humanos y, además, defienden el capitalismo verde de neoliberalización de la naturaleza y se oponen a la participación comunitaria que se viene expresando a través de Consultas Populares y Acuerdos Municipales para proteger el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación.

La denominada “ruta de los sobornos” de Odebrecht, ha sido ampliamente denunciada en Colombia, incluso la Fiscalía afirma que “además de US$ 11,5 millones conocidos, hubo $ 60.000 millones en coimas entre 2010 y 2015”.

Existen otros hechos, como el de la minera, que según La Silla Vacía “es una de las menos conocidas y más relevantes”, al referirse a las “herencias del gobierno de Álvaro Uribe”: “en los ocho años que gobernó el ex presidente, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas”.

Para el investigador Guillermo Rudas, una de las razones para el aumento de la explotación Minera obedece a “las generosas exenciones tributarias que otorgó Uribe a las multinacionales para que explotaran estos recursos. Según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías en el último año. Dinero que se quedó en las cajas de las empresas mineras”.

Poco se ha denunciado el detrimento patrimonial por el mal manejo del “cargo por confiabilidad”. Según la Revista Portafolio, dicho cargo que fue asumido  por los usuarios del servicio de energía, con destino a empresas como Emgesa y Electricaribe,  “están teniendo otro destino para el que fue creada esta figura, y esa situación habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 53 mil millones de pesos”, según la Contraloría General. El ’Cargo por Confiabilidad’ “comenzó a operar el primero de diciembre del 2006 y en casi 10 años de aplicación llegan a más de $ 18,5 billones los recursos entregados a los generadores privados y públicos, relacionados con las Obligaciones de Energía en Firme (OEF).

La hidroeléctrica El Quimbo fue la primera obra que se vendió en el país bajo el esquema de “subasta por cargo de confiabilidad”, lo cual significa que a Emgesa se le garantiza “un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión”, es decir, el Estado colombiano se comprometió a pagar a la empresa por mantener la oferta de energía durante veinte años un valor que será asumido en la tarifa de electricidad de todos los colombianos.

Adicional al cargo por confiabilidad y acceso al Mercado Carbono, El Quimbo factura en promedio (Ene/Oct 2016): $ 354.000 Millones /10 Meses, $ 35.500 Millones / Mes. $  1.181 Millones / Día. $  50 Millones / Hora. (Fuente Sistema de Información Eléctrico Colombiano SIEL (UPME). Mientras que en las tierras y las aguas que fueron delimitadas por la empresa como Área de Influencia Directa  (AID) se perdió un volumen promedio anual de 30.381 toneladas de alimentos agrícolas (cacao, sorgo, maíz, arroz, etc.) y 2.710 toneladas de producción pecuaria, que generaban utilidades anuales que rondaban los COP $ 50.000.000.000, (US 27 millones), sin contar los daños irreparables causados a los ecosistemas y a las 33 mil víctimas por la destrucción de las cadenas productivas.

A propósito de las elecciones 2018 no se escucha a ninguno de los aspirantes al parlamento, con excepción del Defensores del Territorio, denuncias sobre la relación entre la corrupción y el extractivismo. Por lo general se refieren al tema haciendo mención a “la mermelada” a la contratación de algunas obras y servicios, como si se tratara de hechos aislados, de algunas “manzanas podridas” ocultando el carácter sistemático, donde la corrupción es inherente a la naturaleza del régimen político, excluyente, autoritario, clientelista, mafioso que responde al modelo neoliberal extractivista por despojo.

Es evidente que el ocultamiento del carácter de la corrupción es intencional debido a que los partidos políticos, con escasas excepciones, están de acuerdo con los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos que fueron aprobados en el Congreso como lo hicieron con el IVA, fuentes de coimas, sobornos, cohecho, razón por la cual, en el Huila, han mantenido silencio cómplice con relación a la afrenta del viceministro de Minas, Carlos Cante, quien demandó los Acuerdos municipales que prohibieron las represas, fracking y la minería, debido a que técnicamente está demostrado que son altamente destructivas del entorno ambiental y social y por ende se trata de proteger el patrimonio ecológico como lo señaló expresamente la Corte en la Sentencia T-445/16.   

Ante la incertidumbre generada por las denuncias de corrupción, se comenta en cubículos electorales que en las elecciones 2018 “el valor del voto se incrementará”, razón por la cual calculan, sin escrúpulos, que quienes aspiran a obtener una curul para la Cámara, el día de elecciones deben contar mínimo con 800 millones de pesos.

Esta percepción parte de considerar que la corrupción, la compra de votos están enraizadas en la cultura política del país. En consecuencia, su estrategia es conseguir dinero, amarrando a los contratistas para que intimiden a sus subalternos con la pérdida del empleo temporal, si no logran conseguir un mínimo exigido de votos comprometiendo a familiares y amigos. Se suman además, mayores exigencias a supuestos "líderes comunitarios" para que cautiven el máximo de votos ofreciendo migajas económicas, puestos, pagos de recibos por servicios públicos, viviendas gratis, incremento de las familias en acción. Todo se complementa con un agresivo  y costoso sistema mediático de manipulación de información donde se venda la imagen del candidato con “un mensaje que logre recordación e impacto” pero que no implique ningún compromiso con el electorado, tales como: “para progresar”, “mi esperanza”, “llegó la hora”, “se mueve”, “siempre resultados”, entre otros.

Se trata de la degradación del ciudadano a quien se le concibe como un simple objeto de mercadeo y no como un SER HUMANO, sujeto de derechos, digno y autónomo, capaz de decidir sus proyectos de vida y quienes pueden representarlo para garantizar sus derechos. Quien compra el voto, manipula y promueve el miedo, es un politiquero indigno que sabe de antemano que quien recibe por el mismo no tiene derecho a reclamarle posteriormente por sus actuaciones clientelistas de apropiación de los bienes públicos.

Defensores del Territorio está convencido de que en las próximas elecciones un grupo significativo de ciudadanos que hacen parte de las resistencias sociales por la Defensa del Agua y la Vida y los jóvenes que se vienen movilizando por la protección del ambiente, de los animales y la Defensa de La Educación Pública de Calidad y gratuita en las universidades, van a decidir por los movimientos sociales que han demostrado coherencia entre lo que piensan y lo que hacen a favor de las comunidades, de sus proyectos de vida contra la invasión de las transnacionales apoyadas por los politiqueros que hoy pretenden volver al Congreso por los contratos y coimas multimillonarios.

PROYECTOS PARA DEBATIR Y RADICAR EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTOS PARA DEBATIR Y RADICAR EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

Foto: Pescadores Artesanales de Hobo respaldan candidatura del profesor Miller Dussán

El Movimiento Social DEFENSORES DEL TERRITORIO que obtuvo cerca de 52.000 firmas de respaldo a nuestra Agenda Común, SE COMPROMETE a continuar impulsando las Consultas Populares (iniciaremos con Iquira y Oporapa Huila) y los Acuerdos Municipales contra el extractivismo (represas, fracking, minería metálica, agronegocios) por la protección de nuestro Patrimonio Ecológico y Cultural y a someter a consideración de los ciudadanos los siguientes proyectos producto de 10 años de resistencia y de investigación (Leer libro) que serán radicados en el Congreso de la República:

PRIMERO: Crear un  FONDO ENERGÉTICO ESPECIAL por parte del Estado con destino a la investigación científica para la transición hacia alternativas energéticas que sustituyan las represas, el fracking y la minería metálica a gran escala.

SEGUNDO: Declarar el agua como un Bien Natural Común y Público que le da el carácter de derecho fundamental para el consumo humano y la Soberanía y Autonomía Alimentaria.

TERCERO: Crear un Sistema Agropecuariao, pesquero, territorial y sustentable que haga más productiva la tierra, aumente la producción total, incremente el empleo, repueble el campo, para lo cual está demostrado son más eficientes las economías campesinas, indígenas y afros, razones por las cuales deben ser declarados de utilidad pública.

CUARTO: Apoyar las iniciativas populares en torno al trabajo digno, educación, salud, vivienda, ambiente sano y paz con justicia socioambiental, para que conforme al espíritu de la constitución se garanticen como derechos fundamentales a través de leyes orgánicas. En tal sentido, se propone que la educación pública de calidad, gratuita y financiada por el Estado, debe incluir la formación universitaria.

Convocamos a respaldar estos proyectos con su voto el 11 de marzo de 2018 por el profesor Miller Dussán Calderón, del Movimiento Social  DEFENSORES DEL TERRITORIO marcando en el tarjetón UP 101.

#SomosDefensoresdelTerritorio #UP101

ORDEN TARDIA DE INSCRIPCIÓN DE DEFENSORES DEL TERRITORIO VULNERÓ DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

ORDEN TARDIA DE INSCRIPCIÓN DE DEFENSORES DEL TERRITORIO VULNERÓ DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

 

La Registraduria Delegada para el Huila, por decisión de la Registraduria Nacional, citó al Comité Inscriptor Defensores del Territorio y al señor Dussán Caledrón el 9 de enero de 2017 para adelantar las diligencias  en cumplimiento de la Acción de Tutela proferida el 18 de diciembre  en el que se decreta la medida provisional de ordenar la inscripción de dicho Comité con el fin de participar en las elecciones a la Cámara de Representantes a realizarse el 11 de marzo de 2018, con la opción de voto NO preferente.

La cita al Comité Promotor se realizó después del oficio que el Profesor Miller Dussán envió la Registraduria Delegada para el Huila, fechado el 3 de enero de 2018, mediante el cual se solicitó  se informe  si al despacho el Tribunal Administrativo del Huila le notificó el auto admisorio en el que se decreta la medida provisional de inscripción del Comité Promotor Defensores del Territorio y las razones jurídicas para no enviar a revisión los folios con las firmas que se entregaron el 11 de diciembre de 2017 (fecha límite), si se trataba de un proceso independiente al de la inscripción, razón por la cual se expidió la respectiva acta de recibo de formulario de recolección de apoyos ciudadanos que respaldan la inscripción de candidaturas por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales o promotores.

El 9 de enero se celebró una reunión con Patricia del Rosario Cárdenas, delegada del Registrador Nacional para el Huila, donde se levantó un “Acta de Cumplimiento de Medida Provisional” donde El Comité Promotor, ratificó los argumentos por los cuales se vulneró el derecho fundamental a la participación política del movimiento DEFENSORES DEL TERRITORIO y los hechos sobrevinientes que imposibilitaron la inscripción provisional, al generar  serias incertidumbres jurídicas, debido a que la inscripción de candidatos se realizó el 11 de diciembre de 2017, el plazo máximo de modificación de listas se cumplió el 18 de diciembre, el sorteo de la ubicación de los logos de los partidos en el tarjetón fue el 21 de diciembre lo que obligaron al profesor Dussán, cabeza de lista de DEFENSORES DEL TERITORIO, a inscribirse en la lista de la UP como medida urgente para evitar la exclusión y la negación del derecho a elegir y ser elegido. Además, a la fecha la Registraduria no ha procedido a la revisión de las firmas y el Tribunal no se ha pronunciado de fondo de la acción de tutela. En consecuencia, se solicitó se informara a la Magistrada del Tribunal Administrativo de todos estos hechos sobrevinientes para que sean considerados en la próxima decisión judicial al respecto, y se solicite al Consejo Nacional Electoral un pronunciamiento sobre la grave vulneración del Derecho a la Participación Política.

 

 

DEFENSORES DEL TERRITORIO: UNA DECADA DE RESISTENCIAS

DEFENSORES DEL TERRITORIO: UNA DECADA DE RESISTENCIAS

El Movimiento Social DEFENSORES DEL TERRITORIO es producto de los procesos de Resistencia y de Investigación durante una década contra el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de Emgesa-Endesa-Enel y que se ha fortalecido a nivel territorial logrando detener los proyectos minero energéticos (represas., pequeñas centrales hidroeléctricas, fracking, minería metálica) en el Departamento del Huila, no solo a través de las acciones de movilización social sino concretando Acuerdos Municipales que han prohibido la megaminería en 10 municipios para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de la Nación y ahora con el impulso a Consultas Populares que han sido avaladas jurídicamente para los Municipios de Iquira y Oporapa.

En el libro Extractivismo: despojo, ecocidio y resistencia se sistematiza todo el proceso que podrán observar en el presente registro fotográfico destacando los momentos más significativos que dan cuenta de las formas organizativas, comunicativas, educativas y jurídicas, tejidas desde lo local hasta lo global, que fueron orientando las acciones de movilización social contra todo el poder corporativo enraizado en  las instituciones del Estado. Estos momentos se refieren a las tensiones ante la imposición del Proyecto, las contradicciones al interior de instituciones estatales, la incidencia política y jurídica, la expansión organizativa y movilización social contra el Plan de Privatización del Río Magdalena y los procesos de autonomía y poder territorial que incluye la decisión de participar en las elecciones parlamentarias del 2018 como una forma de expresión de la política para el fortalecimiento de la organización y la movilización social por la Defensa del Territorio, el Agua y la Vida.