CORRUPCION Y EXTRACTIVISMO EN COLOMBIA

Campesinos Defensores del Territorio de la zona destruida del Quimbo por EMGESA

A propósito de las elecciones 2018

Investigaciones en América Latina demuestran que la corrupción y el extractivismo minero energético, petrolero, agrícola están asociados de manera sistemática. Se trata de la apropiación, en grandes volúmenes, de los Bienes Naturales y Culturales Comunes para exportarlos como materias primas (commodities)

Existen distintos tipos de corrupción que involucran a políticos, parlamentarios, empresarios, funcionarios estatales, miembros del poder judicial, militares, consultores, periodistas, incluso organizaciones de la sociedad civil. Se trata de sobornos o dádivas donde se recibe una contrapartida que puede ser en dinero o para obtener un cargo público o en una empresa.

Es común, el cohecho donde un funcionario modifica la legislación para la adjudicación de proyectos minero energéticos, petroleros o contratos de infraestructura, otorgando mayores ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar tanto sus impactos ambientales y sociales y la criminalización de las comunidades locales.

En Colombia, existe un Estado corporativo al servicio de las transnacionales donde los partidos políticos, tales como, Unidad Nacional de Santos, Centro Democrático de Uribe, Cambio Radical de Vargas, Conservador y Liberal y otros sectores, se identifican con el modelo neoliberal extractivista  que se impone a nombre de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES- (explotación petrolera no convencional -fracking-, represas, minería metálica, infraestructura); proyectos que se adjudican a través de coimas (Odebrecht), cargo por confiabilidad (Emgesa, Endesa Enel), zonas francas, flexibilización laboral, judicializaciones, asesinatos de Defensores de Derechos Humanos y, además, defienden el capitalismo verde de neoliberalización de la naturaleza y se oponen a la participación comunitaria que se viene expresando a través de Consultas Populares y Acuerdos Municipales para proteger el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación.

La denominada “ruta de los sobornos” de Odebrecht, ha sido ampliamente denunciada en Colombia, incluso la Fiscalía afirma que “además de US$ 11,5 millones conocidos, hubo $ 60.000 millones en coimas entre 2010 y 2015”.

Existen otros hechos, como el de la minera, que según La Silla Vacía “es una de las menos conocidas y más relevantes”, al referirse a las “herencias del gobierno de Álvaro Uribe”: “en los ocho años que gobernó el ex presidente, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas”.

Para el investigador Guillermo Rudas, una de las razones para el aumento de la explotación Minera obedece a “las generosas exenciones tributarias que otorgó Uribe a las multinacionales para que explotaran estos recursos. Según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías en el último año. Dinero que se quedó en las cajas de las empresas mineras”.

Poco se ha denunciado el detrimento patrimonial por el mal manejo del “cargo por confiabilidad”. Según la Revista Portafolio, dicho cargo que fue asumido  por los usuarios del servicio de energía, con destino a empresas como Emgesa y Electricaribe,  “están teniendo otro destino para el que fue creada esta figura, y esa situación habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 53 mil millones de pesos”, según la Contraloría General. El ’Cargo por Confiabilidad’ “comenzó a operar el primero de diciembre del 2006 y en casi 10 años de aplicación llegan a más de $ 18,5 billones los recursos entregados a los generadores privados y públicos, relacionados con las Obligaciones de Energía en Firme (OEF).

La hidroeléctrica El Quimbo fue la primera obra que se vendió en el país bajo el esquema de “subasta por cargo de confiabilidad”, lo cual significa que a Emgesa se le garantiza “un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión”, es decir, el Estado colombiano se comprometió a pagar a la empresa por mantener la oferta de energía durante veinte años un valor que será asumido en la tarifa de electricidad de todos los colombianos.

Adicional al cargo por confiabilidad y acceso al Mercado Carbono, El Quimbo factura en promedio (Ene/Oct 2016): $ 354.000 Millones /10 Meses, $ 35.500 Millones / Mes. $  1.181 Millones / Día. $  50 Millones / Hora. (Fuente Sistema de Información Eléctrico Colombiano SIEL (UPME). Mientras que en las tierras y las aguas que fueron delimitadas por la empresa como Área de Influencia Directa  (AID) se perdió un volumen promedio anual de 30.381 toneladas de alimentos agrícolas (cacao, sorgo, maíz, arroz, etc.) y 2.710 toneladas de producción pecuaria, que generaban utilidades anuales que rondaban los COP $ 50.000.000.000, (US 27 millones), sin contar los daños irreparables causados a los ecosistemas y a las 33 mil víctimas por la destrucción de las cadenas productivas.

A propósito de las elecciones 2018 no se escucha a ninguno de los aspirantes al parlamento, con excepción del Defensores del Territorio, denuncias sobre la relación entre la corrupción y el extractivismo. Por lo general se refieren al tema haciendo mención a “la mermelada” a la contratación de algunas obras y servicios, como si se tratara de hechos aislados, de algunas “manzanas podridas” ocultando el carácter sistemático, donde la corrupción es inherente a la naturaleza del régimen político, excluyente, autoritario, clientelista, mafioso que responde al modelo neoliberal extractivista por despojo.

Es evidente que el ocultamiento del carácter de la corrupción es intencional debido a que los partidos políticos, con escasas excepciones, están de acuerdo con los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos que fueron aprobados en el Congreso como lo hicieron con el IVA, fuentes de coimas, sobornos, cohecho, razón por la cual, en el Huila, han mantenido silencio cómplice con relación a la afrenta del viceministro de Minas, Carlos Cante, quien demandó los Acuerdos municipales que prohibieron las represas, fracking y la minería, debido a que técnicamente está demostrado que son altamente destructivas del entorno ambiental y social y por ende se trata de proteger el patrimonio ecológico como lo señaló expresamente la Corte en la Sentencia T-445/16.   

Ante la incertidumbre generada por las denuncias de corrupción, se comenta en cubículos electorales que en las elecciones 2018 “el valor del voto se incrementará”, razón por la cual calculan, sin escrúpulos, que quienes aspiran a obtener una curul para la Cámara, el día de elecciones deben contar mínimo con 800 millones de pesos.

Esta percepción parte de considerar que la corrupción, la compra de votos están enraizadas en la cultura política del país. En consecuencia, su estrategia es conseguir dinero, amarrando a los contratistas para que intimiden a sus subalternos con la pérdida del empleo temporal, si no logran conseguir un mínimo exigido de votos comprometiendo a familiares y amigos. Se suman además, mayores exigencias a supuestos "líderes comunitarios" para que cautiven el máximo de votos ofreciendo migajas económicas, puestos, pagos de recibos por servicios públicos, viviendas gratis, incremento de las familias en acción. Todo se complementa con un agresivo  y costoso sistema mediático de manipulación de información donde se venda la imagen del candidato con “un mensaje que logre recordación e impacto” pero que no implique ningún compromiso con el electorado, tales como: “para progresar”, “mi esperanza”, “llegó la hora”, “se mueve”, “siempre resultados”, entre otros.

Se trata de la degradación del ciudadano a quien se le concibe como un simple objeto de mercadeo y no como un SER HUMANO, sujeto de derechos, digno y autónomo, capaz de decidir sus proyectos de vida y quienes pueden representarlo para garantizar sus derechos. Quien compra el voto, manipula y promueve el miedo, es un politiquero indigno que sabe de antemano que quien recibe por el mismo no tiene derecho a reclamarle posteriormente por sus actuaciones clientelistas de apropiación de los bienes públicos.

Defensores del Territorio está convencido de que en las próximas elecciones un grupo significativo de ciudadanos que hacen parte de las resistencias sociales por la Defensa del Agua y la Vida y los jóvenes que se vienen movilizando por la protección del ambiente, de los animales y la Defensa de La Educación Pública de Calidad y gratuita en las universidades, van a decidir por los movimientos sociales que han demostrado coherencia entre lo que piensan y lo que hacen a favor de las comunidades, de sus proyectos de vida contra la invasión de las transnacionales apoyadas por los politiqueros que hoy pretenden volver al Congreso por los contratos y coimas multimillonarios.