MINISTERIO DE MINAS DEMANDA ACUERDOS MUNICIPALES QUE PROHIBIERON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS PARA PROTEGER EL PATRIMINIO ECOLOGICO.

El viceministro de Minas, Carlos Cante, en entrevista concedida al Periódico La Nación Huila anunció que “por lo menos seis de los acuerdos municipales que se han expedido en el departamento del Huila, ya hemos procedido a demandarlos como corresponde, por extralimitación de funciones de los concejales; el de Neiva, apenas debe estar en proceso de sanción, pero una vez esté, nuestra obligación es sancionarlo”.

 Mediante los Acuerdos Municipales se decidió que para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural se prohiben las represas, fracking y la minería, en particular, la de metálicos y la de mediana y gran escala de los otros minerales debido a que técnicamente está demostrado que es altamente destructiva del entorno ambiental y social y por ende es necesario adoptar medidas en defensa de dicho patrimonio, como lo señaló expresamente la Corte en la Sentencia T-445/16,  al precisar en el artículo 2 que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

El Ministerio de Minas desconoce la competencia de los municipios en defensa del patrimonio ecológico y cultural, previsto en el numeral 9 del art. 313 de la Constitución Política y consagrado en el art. 65 de la Ley 99 de 1993, numeral 2.

En la sustentación de los Acuerdos se advierte que “ninguna disposición legal señala que para dar aplicación al num. 9 del artículo 313 de la C.P. se requiera reglamentar los usos del suelo (esa es otra facultad), ni concertar con autoridades ambientales, ni contar con estudios técnicos particulares, entre otras cosas, por cuanto ya existen innumerables estudios que han demostrado que las actividades mineras afectan de manera grave e irreversible la estructura ecológica principal, en sus componentes de suelo, agua, biodiversidad, paisaje, e inciden negativamente en el cambio climático y en la generación de riesgos, tanto a las vidas humanas, como a la infraestructura vial y de servicios públicos de los municipios, tal y como ha quedado evidenciado en los cuatro libros de la Serie Minería en Colombia, publicados entre 2013 y 2014 por la Contraloría General de la República, en las investigaciones adelantadas por PAX Colombia, “El Lado oscuro del Carbón”, el Centro de Memoria Histórica “La maldita Tierra”, en las Sentencias C-339/02, T-154/13, T-135/13, C-123/14, T-766/15, C-035/16, C-389/16, T-445/16, T-704/16 de la Corte Constitucional, entre otras.

La Corte Constitucional despejó cualquier duda que pudiera existir sobre la posibilidad constitucional y legal de los municipios de prohibir la minería en sus territorios, conforme a su autonomía y a las graves afectaciones que esta actividad ocasiona.

Adicionalmente, está el principio de rigor subsidiario (art. 63 Ley 99/93) al que en ningún momento hace referencia el Ministerio de Minas en las demandas y que hace parte de la sustentación de motivos de los Acuerdos Municipales.  Las sentencias sobre el principio de rigor subsidiario son contundentes frente a las medidas restrictivas y prohibitivas que pueden adoptar los municipios en defensa de su patrimonio ecológico. Así mismo, se desconoce el principio de precaución.

Es vergonzoso que el Ministerio acuda a los principios de coordinación y concurrencia para justificar que aplican  para que los municipios no prohíban la minería, bajo el supuesto de que deben respetar que "la regulación del tema minero y del subsuelo es de la nación", pero la nación si puede invadir el país de títulos mineros sin consultar a las comunidades, sin cumplir con las Sentencias C-123/14 y C-389/16.

Como lo señala el abogado ambientalista Rodrigo Negrette “confunden el alcance del supuesto ordenamiento minero sobre el ordenamiento territorial, al considerar que las normas mineras tienen una jerarquía mayor a todas las demás disposiciones, incluso la Constitución Política, olvidando lo que señaló el Consejo de Estado al suspender el Decreto 934 de 2013. ..Para el Ministerio todo gira alrededor de la minería, no del ambiente, los derechos de las comunidades, del ordenamiento ambiental y territorial, del riesgo, etc. en este caso, también se incurre en falsa motivación y desviación de poder. En la definición de subsuelo que incluyen, es solo para otorgar concesiones mineras, como si no hubiese aguas subterráneas y una relación directa con el suelo, son unidades funcionales, interrelacionadas. Fraccionar conceptos de suelo y subsuelo, es parte de las argucias del gobierno y de las transnacionales mineras. ¡Haga minería sin "tocar" el suelo!”

El Ministerio de Minas desconoce  el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Sala Quinta de Decisión, del 27 de septiembre de 2017, mediante el cual se declaró válido el Acuerdo No. 016 del 10 de junio de 2017 "por medio del cual se dictan unas medidas para la protección de los recursos naturales y defensa del Patrimonio Ecológico del Municipio de San Agustín Huila” prohibiendo la construcción de centrales hidroeléctricas y/o represas, la realización de actividades de extracción minera a gran escala, la exploración y/o explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. El Acuerdo 016 había sido censurado por el Gobernador del Huila con el aval del Ministerio de Minas “alegando la incompetencia del Cabildo bajo la consideración que esa corporación excedió sus facultades ya que es potestad del Estado la autorización y desarrollo de la actividad minero energética el uso de los recursos no renovables y la prestación de un servicio público a través de los proyectos hidroeléctricos”. El Tribunal justificó su decisión en cumplimiento de la Sentencia T-445/16.

Cuando el viceministro Cante sostiene que, “Las consultas populares no son la vía para proteger el medio ambiente”, está atentando contra las decisiones de la Corte que está obligado a cumplir. Más grave aún, cuando ha interpuesto demandas contra los Acuerdos Municipales acusando a las comunidades de estar utilizando “los mecanismos en la mayoría de casos, en un ambiente de demagogia electoral, de demagogia ambientalista, lo que estamos viendo en algunos territorios es que en el afán de construir imaginarios colectivos que lleven a apoyar causas electorales".

¿Qué intereses esconde el viceministro cuando sus declaraciones contra la Constitución y, específicamente, contra los Acuerdos Municipales, son aplaudidas por las empresas transnacionales mineras que reclaman más "seguridad jurídica" para sus inversiones que implica coimas, sobornos, (Odebrecht) judicializaciones, flexibilización laboral, entre otras?

Frente a esta arremetida del Gobierno que viene liquidando las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales convocamos a un levantamiento popular por la defensa de la soberanía y autonomía de los territorios para decidir sobre el uso del suelo y el subsuelo de acuerdo con sus necesidades sin afectar el Patrimonio Ecológico y Cultural.

Movimiento Social DEFENSORES DEL TERRITORIO

 

 

TRIBUNAL ORDENA INSCRIPCIÓN DE LISTA DE DEFENSORES DEL TERRITORIO

El 19 de diciembre, en mi calidad de accionante, fui informado mediante correo electrónico del Auto admisorio del Tribunal Administrativo del Huila proferido el 18 de diciembre  en el que se decreta la medida provisional de ordenar a la Registraduría del Estado Civil delegada Huila la inscripción del Comité Promotor Grupo Significativo de Ciudadanos “DEFENSORES DEL TERRITORIO” con el fin de participar en las elecciones a la Cámara de Representantes a realizarse el 11 de marzo de 2018, con la opción de voto NO preferente del Departamento del Huila, presentando como aspirantes a los ciudadanos Miller Dussán, Jenniffer Chávarro, Saul Vargas y Neida Jimena Chávarro. 

Dentro de las consideraciones para la admisión expresa que “esta agencia judicial conocerá a prevención la presente acción de tutela… bajo el entendido que en este caso el accionante y su coadyuvante no deben correr con la carga de la desidia del operador jurídico que en el presente caso se apartó de las reglas de reparto a las que se hizo alusión y al precedente constitucional, que ya ha sido bastante claro y reiterativo al respecto”.

Con relación a la inscripción provisional sin el requisito de la constitución de póliza de seguros el despacho advierte que “nos encontramos ante la inminencia de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues la fecha límite de inscripción de la candidatura para las Elecciones del Congreso de la Republica -2018, se estableció hasta el 11 de diciembre de 2017, y teniendo en cuenta además que la presente acción se radicó el 7 de diciembre pasado, se accederá a la solicitud conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en la Sentencia T-117 de 2016”, destacando que “En este sentido, las aseguradoras no pueden exigir como requisito para la expedición de pólizas de seriedad de candidatura una contragarantía, en ejercicio de su “autonomía de voluntad”, pues impone una barrera de acceso al ejercicio del derecho fundamental de participación política, obstáculo que carece de justificación constitucional o legal y, además, desnaturaliza el contrato de seguros” que fue precisamente el argumento constitucional que invoqué para que se garantizara el derecho a la participación de grupos significativos de ciudadanos como Defensores del Territorio.

El 20 de diciembre solicité a la Registraduria me informe sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento al mencionado Auto. El mismo día, la Doctora Yanira Córdoba Rivera, profesional universitario, respondió mediante correo electrónico: “me permito comunicarle que hasta la fecha el Juzgado no ha puesto en conocimiento a la Delegación Departamental del Huila sobre el resultado de la Acción de Tutela interpuesta por usted, por lo tanto no es factible darle una respuesta hasta tanto no tengamos conocimiento oficial del respectivo fallo, donde se nos notifique el resuelve que definió el juez en su tutela. Estaremos atentos a acatar las órdenes que imparta el juzgado”.

En consecuencia, DEFENSORES DEL TERRITORIO, espera que en el menor tiempo posible la Registraduria cumpla con la orden del Tribunal.

La decisión del Tribunal es un logro significativo de Defensores del Territorio para todos los Movimientos Sociales y Grupos Significativos de Ciudadanos a quienes se les negó la inscripción de candidatos al Congreso por no cancelar desproporcionadas sumas de dinero como contragarantías para el otorgamiento de la póliza de seriedad, en contra del derecho a la participación política.

Miller Armín Dussán Calderón

Coordinador Defensores del Territorio 

JUSTICIA OBSTACULIZA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DECLARACION

El Movimiento Social DEFENSORES DEL TERRITORIO ante la inoperancia de la Justicia declara:

1.- El 11 de diciembre de 2017, mediante Acta de Recibo de Formularios, hizo entrega a la Registraduría Delegada para el Huila de 29 carpetas que contienen 51.653 firmas de apoyos ciudadanos como requisito previo para la inscripción de lista para la Cámara de Representantes.

El delegado firmó constancia del cumplimiento de todos los requisitos para la inscripción de la lista, exceptuando la “póliza de seriedad”, debido a que el movimiento interpuso Acción de Tutela ante el Tribulal Administrativo del Huila solicitando se tutele el Derecho a la participación de Grupos significativos de ciudadanos sin el cobro de dicha póliza con fundamento en la Sentencia T- 117 del 2016 de la Corte Constitucional al decidir que las aseguradoras no deben exigir para la expedición de pólizas de seriedad "la constitución de contragarantias de cualquier naturaleza por el riesgo asegurable”, razón por la cual se solicitó a  título  de  medida  cautelar  y  conforme  a  lo establecido  en  el  Decreto   2591  de  1991 se Tutele el derecho fundamental a la participación y, en consecuencia,   se  ordene  a la Registraduria del Estado Civil inscribir provisionalmente a los aspirantes a la Cámara de Representantes de DEFENSORES DEL TERRITORIO, sin el requisito de la póliza, mientras se resuelve de fondo la Acción de Tutela.

2.- El Tribunal Administrativo informó que se habían suspendido algunas de las actividades judiciales, hasta el 13 de febrero por daños infraestructurales en el Palacio de Justicia, afectando el trámite de la Acción de Tutela lo que motivó solicitud de intervención de la Procuraduría Regional y queja ante el Consejo Superior de la Judicatura por la interrupción de dichas actividades.

3.- El 13 de diciembre de 2017, la Magistrada Lida Yannette Manrique dispuso “no avocar el conocimiento de la Acción de Tutela por falta de competencia funcional, en los términos del numeral 1 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 del 2017 y remitió la demanda con todos sus anexos a la Oficina Judicial “para que sea repartida ante los jueces de Circuito de Neiva para que conozcan de la misma por ser de su competencia”.

4.- El 15 de diciembre de 2017, el Juez Quinto Civil de Circuito mediante Auto, remite Tutela al Tribunal Administrativo del Huila por ser de su competencia, “quien conociera por primera vez”, en concordancia con el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, razón por la cual DEFENSORES DEL TERRITORIO espera un pronunciamiento de fondo de la Procuraduría Regional por grave vulneración del debido proceso y del Derecho a la Participación al impedir el libre ejercicio constitucional de elegir y ser elegido del Grupo Significativo de Ciudadanos que avalaron con su firma la inscripción de los candidatos a la Cámara de Representantes.

5.- DEFENSORES DEL TERRITORIO, mediante Memorial que será entregado el lunes al Tribunal Administrativo, a la Procuraduría, a la Registraduria y al Consejo Nacional Electoral, denuncia el hecho de que aún no se conozca de quién es la competencia para decidir una Acción de Tutela que contiene una medida cautelar que debió haberse resuelto a más tardar el 11 de diciembre, fecha límite de entrega de firmas y de inscripción de candidatos para el Congreso de la República. De igual manera, se denuncia que ante la indefinición de la justicia se obstaculizó el Derecho Fundamental a la participación ciudadana, razón por la cual DEFENSORES DEL TERRITORIO se ve obligado a acudir a otro mecanismo, hasta donde sea viable, como un intento de impedir la frustración e indignación de miles de ciudadanos a quienes se les ha negado el derecho a expresar con su voto el respaldo a nuestro Movimiento Social como expresión de resistencia contra represas, fracking, mineria metálica y por la Defensa del Agua y la Vida. 

No seremos inferiores a este reto porque debemos continuar durante el espacio electoral denunciando al Estado y los Partidos que están comprometidos con los proyectos extractivos minero energéticos y han decidido liquidar las Consultas Populares y Acuerdos Municipales que vienen prohibiendo dichos proyectos para proteger el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación.

 Movimiento Social Defensores del Territorio 

PRESENTACIÓN LIBRO EL QUIMBO. EXTRACTIVISMO, DESPOJO, ECOCIDIO Y RESISTENCIA

El 23 de noviembre de 2017 se realizó en Bogotá la presentación del libro: El Quimbo: Extractivismo, Despojo, Ecocidio y Resistencia del Profesor Miller A. Dussán Calderón, en el marco del Intercambio Temático Nacional Retos de las Organizaciones Sociales Populares a propósito de un año de implementación del acuerdo Gobierno FARC, evento convocado por Planeta Paz, con presencia de delegaciones de diferentes regiones del país.

Los comentarios al libro estuvieron a cargo de los Doctores Juan Guillermo Gaviria, Filósofo, Ambientalista, Consultor y Gregorio Mesa Cuadros, Director GIDCA, Profesor Titular de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional y de CDPAZ  -PLANETA PAZ- .

Durante su intervención el Doctor Gaviria hizo lectura comentada de un texto donde se destacan algunas de sus valoraciones:

“El libro es una contribución a la ecología política desde Latinoamérica hacia un pensamiento crítico y una forma de rearticular la ciencia y sus supuestos entre ellos la ética y el principio de precaución. Cuestiona los intercambios desiguales de materia, energía e información, la transferencia de los costos ambientales del desarrollo hacia los más pobres, critica los mecanismos antidemocráticos de control y decisión sobre la instalación de emprendimientos extractivos, plantea preguntas y respuestas hacia el proceso de paz en el pos-conflicto colombiano y los procesos extractivos como generadores de violencia.

Un libro que documenta un proceso donde aparecen ríos, ecosistemas, animales, peces y pescadores, habitantes de pueblos y ciudades, obispos, curas y creyentes, abogados, políticos, ecologistas, estudiantes de colegios y universidades y sus profesores, parlamentarios, magistrados, ministros, presidentes, estudios, peritos, políticas, acueductos, leyes, simposios encuentros, congresos, foros, artículos de prensa, conjuntos de rock trata un continuo espacial, temporal y socioambiental que está traspasado y forzado a la interdisciplinaridad. Pero eso no hace obsoleta o lesiona la disciplina sino que le proporciona marcos más adecuados que el forzado e improcedente de copiar y pegar citas de autores importantes.

En el terreno del arte el texto da para muchas iniciativas como la de escribir obras teatrales al estilo griego o de Fuenteovejuna tal "la  trágica lucha de colectivo y corporativo". El libro aporta a la crítica sobre la incorrección epistemológica o señala la perversión práctica de conceptos como el desarrollo verde, limpio o sostenible. A través del concepto y el ejercicio de la resistencia plantea la crítica o asunción del concepto de resiliencia aplicada a sistemas naturales y humanos. Ya se empieza a pervertir el concepto de resiliencia cuando algunos documentos institucionales parecen sugerir que debemos estar tranquilos pues hagamos lo que hagamos ya nos adaptaremos. El texto asume que los individuos sólo pueden ejercer su lenguaje y pensamiento en colectivos humanos que le proporcionan una idea de su mundo. Y queda claro en este libro que el pensamiento y el saber sobre el mundo no es una parcela exclusiva de la ciencia sino un ejercicio de toda la gente. Este libro detalla el diálogo constructivo de saberes entre la academia y los movimientos sociales. Este libro aporta  a que los colombianos veamos el mundo de una manera distinta y muestra que podemos pensar de una manera informada y responsable sobre el  pasado, presente y futuro de nuestro país y de cada una de sus quebradas, veredas y barrios.

Las enseñanzas de este libro deben difundirse todo lo que se pueda a nivel local, nacional e internacional. Esas enseñanzas son muy importantes para cada vereda y pueblo de la región, para cada municipio del país, para las universidades y las escuelas veredales.

Este libro sobre El Quimbo tiene el mérito de que hace la tarea completa pues sabe que plantearse el futuro de los socioecosistemas en el Huila obliga a mirar la economía, la política, la ecología, la soberanía y las instituciones políticas en el conjunto del planeta. Se trata de una imagen del mundo donde buen vivir,  soberanía, sensibilidad, equidad, principio de responsabilidad constituyen una fuente de valoración natural y humana incompatible con la hegemonía de la racionalidad instrumental que guía la rentabilización del capital. Esto implica que cada humano, cada comunidad, cada país se liga con la suerte de cada especie de fauna y flora, cada quebrada, cada río, cada forma de buen vivir, cada canto de un pájaro, cada sonrisa de un niño, cada acto de dignidad, cada plegaria, cada pensamiento de esperanza, cada lucha de resistencia. Porque se trata allí de que en cada ecosistema y cada microsociedad se juega la suerte  no solo del conjunto de los bienes naturales y culturales sino la suerte del planeta mismo y la de esta civilización llevada a la crisis por el modelo corporativo”.

El Doctor Gregorio Mesa hizo lectura de un texto sobre el libro del profesor Dussán, donde se destacan los siguientes comentarios:

“Este libro, entonces refleja de manera contundente la necesidad de la defensa del ambiente en su integralidad, es decir, reconociendo su complejidad, diversidad e interdependencias entre sus dos grandes dimensiones, por un lado, defensa de los ecosistemas y territorios donde se desarrollan proyectos y megaproyectos y, por otro, defensa de los pobladores, las comunidades y sociedades que los habitan; por tanto, son movimientos ambientalistas en estricto sentido, porque defienden la vida, la naturaleza y el ambiente en general, y no solo una de sus partes o componentes como hacen ciertos ecologismos o ciertos enfoques antropocentristas que defienden solo lo humano, como si los ecosistemas no fueran fundamentales para la existencia humana. Por ello, un enfoque ambientalista en estricto sentido, puede ser la ruta y el horizonte de sentido correcto que ayude a superar incluso el dolor y el sacrificio de liderazgos, comunidades, movimientos y redes a quienes les ha costado, además de las amenazas, desplazamientos, despojos y miseria, muchos muertos; pero también, han puesto un freno, así sea temporal, a los embates del capital, a quien puede salirle un poco más caro, hacer lo que viene haciendo sin control.

El libro destaca de manera concreta el contexto global, internacional y nacional de la conflictividad ambiental contemporánea, asociada a los daños e impactos que causan las represas en el contexto actual del modelo energético asociado a la política minero energética global, latinoamericana y colombiana, que tiene en el neo-extractivismo, según el autor, un cambio en el patrón de acumulación para profundizar las garantías a la inversión del capital privado, especialmente transnacional, a partir del despojo, el desplazamiento y la generación de deudas y pasivos ambientales difíciles de compensar, mitigar y restaurar en el corto, mediano y largo plazo.

Es pertinente señalar en uno de sus capítulos cómo la vulneración a múltiples derechos constitucionales y legales desde diversas instituciones estatales, en particular, las autoridades energética y ambiental, así como de la empresa Emgesa, a pesar de haber sido denunciada en ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales, incluyendo las instancias judiciales, no frenaron el empeño del poder nacional y transnacional por romper el mínimo de reglas jurídicas que todo proyecto, obra o actividad debe tener en cuenta a la hora de pretender usar cualquier elemento de la naturaleza en Colombia, especialmente en los tiempos de postacuerdos de paz, donde como lo hemos indicado en algunos de nuestros textos, los ecosistemas y las poblaciones que los habitan, no tienen asegurada su protección, incluso cuando los conflictos armados internos y externos se cierran formalmente, pues el capital sigue buscando territorios y ecosistemas para desplazar a sus pobladores y apropiarse de lo que no le pertenece.

Los debates que Miller plantea a lo largo del libro, también pueden ayudar a orientar las luchas, movilizaciones con argumentos razonados para la defensa ambiental que requieren los nuevos tiempos, tal como otros pueblos, comunidades y sociedades han venido ejerciendo, en defensa de las aguas, los bosques, manglares y zonas coralinas, los animales silvestres, como en el caso del río Atrato, el Sinú, el Ranchería y el Río Bogotá y sus humedales, junto a los Cerros Orientales; los páramos de Santurbán, Pisba, Sumapaz, Macizo Colombiano, Almorzadero y del Cocuy; Cerromatoso, Cerrejón, La Colosa, Urrá, Hidrosogamoso, Hidroituango, Puerto Brisa, Bahía Málaga, los manglares en el Pacífico y la costa cordobesa, entre otros casos de los últimos años.

Este libro, así como otros que se vienen construyendo desde nuevos enfoques del saber popular y académico, desde nuevos conceptos, filosofías e historias, ayudan a encontrar parte del sentido necesario a un presente global expoliador e injusto, que además tiene en paradigmas y teorías de la apropiación generalizada de la naturaleza, las causas centrales de la crisis ambiental y civilizatoria que nos envuelve a todos. Por ello, el llamado de este libro a abrirse a otras formas de pensamiento es urgente, ya que es poco probable que la conflictividad ambiental creada por el paradigma de la modernidad y el capitaloceno nos ayuden a resolverla, tal como nos ha recordado Arturo Escobar, pues no podremos resolver los problemas con los enfoques y teorías que han generado esos problemas”.

 

Escenario electoral: disputa por el control territorial.

 

El Maestro Orlando Fals Borda en alguna oportunidad expresó que en sectores que se reclaman de izquierda -hoy también progresistas, compromiso ciudadano y verdes- en torno a la participación electoral mostraban su esencia. Unos, los minoritarios defendían Programas en beneficio de los excluidos y, los mayoritarios, denominados PP (plata y puestos) solo se preocupaban por las maquinarias, por sumar, sin importar con quién. Lo importante era “ganar una curul”.

El Movimiento Defensores del Territorio ha reiterado que la esencia de la política es la organización de las resistencias sociales en Defensa del Territorio, el Agua y la Vida, razón por la cual el escenario electoral es una de sus expresiones por la disputa territorial entre dos proyectos:

El de los Movimientos Sociales que luchan por un nuevo modelo minero energético y alimentario Soberano y Autónomo, gestionado por las comunidades según sus necesidades que implica la transición energética o sustitución de la cultura fósil (petroleo, Carbón, Gas), represas y minería metálica, como una contribución real a una paz con justicia socioambiental donde se garanticen los derechos al trabajo digno, educación y salud públicas de calidad y la protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Nación.

El de las corporaciones transnacionales, el Estado corporativo y los partidos políticos, Unidad Nacional de Santos, Centro Democrático de Uribe, Cambio Radical de Vargas, Partidos Conservador y Liberal y otros sectores que se identifican plenamente con el modelo neoliberal extractivista por despojo, a través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES- (explotación petrolera no convencional -fracking-, represas, minería metálica); proyectos que se adjudican a través de coimas (Odebrecht), sobornos, cargo por confiabilidad, zonas francas, flexibilización laboral, judicializaciones, asesinatos de Defensores del Patrimonio Natural y defienden el capitalismo verde de neoliberalización de la naturaleza y se oponen a la participación comunitaria que se viene expresando a través de Consultas Populares y Acuerdos Municipales.

Optamos por fortalecer en la actual coyuntura electoral, nuestro Movimiento Social que viene siendo construido durante los últimos 10 años, como en el pasado lo hicimos a través del voto en blanco, donde se logró una significativa respuesta en Defensa del Territorio y la Vida (cerca de 80.000 votos contra 117.000 de la coalición de todos los partidos en elecciones atípicas para la Gobernación del Huila).

No descartamos acuerdos con quienes se identificaran con nuestra Agenda Común. Sin embargo, no ha sido posible, precisamente por las razones que aducía Fals Borda, con relación al predominio de los PP para quienes una coalición solo es posible si se suman “supuestos votos” donde cada uno se reclama mayoritario o en su defecto se proponen listas abiertas para competir por una curul sin importar la Agenda, ni la filiación o interés político de quienes aspiran a integrar las listas.

Más preocupante aún cuando cada sector se reclama con el derecho de encabezar la lista que en días pasados produjo un remezón en la cúpula de la Alianza entre Verdes, Polo y Compromiso Ciudadano donde no hubo acuerdo, si la cabeza de lista al Senado sería Navarro, Cepeda o el que postule Fajardo.

Para Defensores del Territorio, el proceso de apoyo por firmas, está orientado a fortalecer el Movimiento y las acciones de resistencia en la perspectiva de construir Poder Territorial Autónomo y Soberano para el Buen Vivir.

 

AGENDA DEL MOVIMIENTO SOCIAL DEFENSORES DEL TERRITORIO

Como es de público conocimiento, la Registraduría Nacional autorizó al Comité Promotor Defensores del Territorio la recolección de firmas para la inscripción de lista para la Cámara de Representantes encabezada por el Profesor Miller Dussán con el acompañamiento del Líder Cafetero Saul Vargas y las liderezas de Asoquimbo Jenniffer Chávarro y Ximena Chávarro. La decisión de participar en el proceso de elecciones fue producto de una Asamblea de 250 líderes que desde hace 10 años vienen enfrentando a las trasnacionales Endesa Emgesa Enel y en general al modelo extractivista.

Desde un principio expresamos que la participación solo tiene sentido si contribuye a fortalecer los procesos de resistencia contra el extractivismo y por la Defensa del Territorio el Agua y la Vida.

Diferentes sectores agrupados en un Frente Amplio por la Paz, la ASI y algunos integrantes del partido Verde han expresado su interés por una coalición en torno a unos aspirantes que competirían por una curul para la Cámara en una lista abierta. Sin embargo, no se conoce en torno a qué Agenda Mínima responden y cuáles serían los criterios de selección de los posibles candidatos.

El Movimiento Social Defensores del Territorio, ha sido claro en manifestar que no tiene sentido agruparse alrededor de unos nombres que compiten entre si por una “representación” sin identidad programática. Además, considera que la denominada Reforma Política aprobada en la Cámara de Representantes al mantener las listas abiertas para el Congreso en las próximas elecciones favorece el clientelismo, las microempresas electorales y la corrupción. Más deplorable cuando se aceptan las coaliciones entre los partidos políticos en general a cambio de negarle la personería juridica y, en consecuencia, participación a los Movimientos Sociales con 7000 afiliados con derecho a la financiación estatal de la campaña electoral como quedó establecido en los Acuerdos de La Habana.

Es decir, se le otorgó a los partidos la potestad de "representar" a los ciudadanos cuando las encuestas de opinión registran el más alto grado de deslegitinación porque en su mayoria son los voceros de las corporaciones transnacionales, de narcotraficantes, terratenientes, hacendados, gremios ecocómicos, dedicados a realizar negocios sucios apropiándose de los Bienes Comunes, como los recursos para la educación, la salud, las regalías, entre otros, y de los impuestos con destino a coimas y sobornos para la adjudicación de contratos (Odebrecht) y/o Proyectos minero energéticos a nombre del interés general.

DEFENSORES DEL TERRITORIO destaca el reconocimiento de nuestro compromiso real con la Defensa del Territorio y la Vida, que expresan las personas en el momento de acompañarnos con su firma para postularnos a la Cámara como un gesto de confianza y al mismo tiempo de búsqueda de alternativas para el Buen Vivir.

El respaldo está sustentado en una Agenda Común que se ha venido construyendo y desarrollando desde los movimientos de resistencia por la Defensa del Territorio, el Agua y la Vida y que está a consideración de quienes realmente creen que es posible el logro de transformaciones sustanciales para el Buen Vivir:

1.- Construcción del Poder Territorial, Autónomo y Soberano impulsando las Consultas Populares y Acuerdos Municipales contra el extractivismo, despojo, ecocidio, corrupción, judicialización y asesinatos de líderes socioambientales y por la Defensa de nuestro Patrimonio Ecológico y Cultural.

2.- El cambio del modelo neoliberal, extractivista por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades, sustentado en otras alternativas como la energía solar, eólica, que no afecten los derechos fundamentales individuales y colectivos y, especialmente, el ambiente sano. Implica la transición energética desde lo público y ejercer colectivamente las funciones y competencias de los entes territoriales para decidir sobre el uso del suelo como lo establece la Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional.

3.- Creación de un FONDO ENERGÉTICO ESPECIAL por parte del Estado con destino a la investigación científico-técnica en nuevas alternativas que sustituyan la energía fósil y las hidroeléctricas generadoras de Gases de Efecto Invernadero que explican en lo fundamental la crisis climática global.

4.- Reconocimiento del agua como derecho fundamental, al ser un Bien Natural Común y Público para el consumo humano de calidad y para garantizar la Soberanía y Autonomía Alimentaria con el impulso de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, la protección de la pesca y minería artesanales, la agroecología, la permacultura, la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y estímulo a los pequeños productores de café, arroz, cacao, entre otros, contra los Tratados de Libre Comercio.

5.- La aprobación de todos los Estatutos Orgánicos para la garantía efectiva de los Derechos al Trabajo Digno, a la Educación y Salud Públicas, a la Vivienda y a un Ambiente Sano.

6.- Defensa de las organizaciones de las mujeres por la equidad de género, los LGTBI y protectoras de los animales.

8.- Participar en la construcción de la Paz con Justicia Socioambiental para el Buen Vivir contra la paz corporativa extractivista neoliberal que se viene imponiendo a través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos y de las ZIDRES.

AVANCE TRASCENDENTAL DE LAS RESISTENCIAS TERRITORIALES CONTRA EL EXTRACTIVISMO

El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Sala Quinta de Decisión, mediante fallo del 27 de septiembre de 2017 Declaró infundada la observación presentada por el Gobernador del Huila y, en consecuencia, “declárase válido el Acuerdo No. 016 del 10 de junio de 2017 por medio del cual se dictan unas medidas para la protección de los recursos naturales y defensa del Patrimonio Ecológico del Municipio de San Agustín Huila” prohibiendo la construcción de centrales hidroeléctricas y/o represas, la realización de actividades de extracción minera a gran escala, la exploración y/o explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales.

El gobernador del Huila censuró el Acuerdo No. 016 sustentando que es de competencia del Gobierno Nacional conceder títulos de explotación y restricciones a la actividad minera conforme a lo dispuesto en el artículo 123 del Código de Minas que establece que esta actividad es de utilidad pública.

Por su parte el Ministerio de Minas intervino “alegando igualmente la incompetencia del Cabildo bajo la consideración que esa corporación excedió sus facultades ya que es potestad del Estado la autorización y desarrollo de la actividad minero energética el uso de los recursos no renovables y la prestación de un servicio público a través de los proyectos hidroeléctricos”

El Tribunal expresó que “resulta contradictorio que en el mes de marzo del 2016 el Gobernador del Huila decrete la creación de una mesa temática para la verificación, promoción, conservación y discusión de la protección del medio ambiente, agua y territorio y le otorgue como funciones ‘invocar el principio de precaución para frenar más proyectos hidroeléctricos en el Huila’ y socialice con los alcaldes de los municipios de su jurisdicción las sentencias que ratifican las competencias de estos para definir autónoma y participativamente el uso del suelo y en esta instancia pregone la incompetencia del Concejo Municipal para efecto de regular el uso del suelo de su jurisdicción”.

La creación de la Mesa Temática fue producto del proceso de resistencia de Asoquimbo y del Movimiento Regional por la Defensa del Territorio y la Vida que decidieron acompañar a los Concejos Municipales, como el de San Agustín, en la elaboración y aprobación de Acuerdos Municipales prohibiendo las actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico.

Es censurable que el Gobierno departamental ante las presiones del Gobierno Nacional para garantizar “la confianza inversionista” a favor de las empresas transnacionales actúe en contra de las decisiones concertadas con las organizaciones sociales como el Decreto 489 de 2016 que estableció como función central de la Mesa “la construcción de una política minero energética soberana y autónoma que responda a las necesidades de las comunidades y la región sustentada en los nuevos desarrollos científico técnicos que garanticen la protección del ambiente sano”.

Es indudable que la decisión del Tribunal no sólo es producto de la capacidad argumentativa de las organizaciones sociales sino que representa un avance significativo para todas las resistencias territoriales que han optado por los Acuerdos Municipales y las Consultas Populares para proteger el Patrimonio Ecológico contra el extractivismo que despoja a las comunidades y destruye nuestros ecosistemas.

¿Cómplices anticorruptos?

Hasta ahora el Contralor Edgardo Maya Villazón aparece revelando que el “desangre de la corrupción” puede llegar a 50 billones por año, como si se tratara de un gran descubrimiento y la entidad que dirige como la auténtica protectora del Patrimonio Nacional.

Cabe recordar que el escándalo del pago de sobornos por 11.2 millones de dólares de la multinacional Odebrecht lo reveló el Departamento de Justicia de los EUA para la adjudicación del contrato de Ruta del Sol II y otros negocios que según el fiscal corporativo Nestor Humberto Martínez “descubrió” tardíamente que “la cifra de sobornos pagados por la compañía brasilera en Colombia no fue de 21 mil millones de pesos como se dijo inicialmente, sino de 84 mil millones de pesos”. 

Tanto el Contralor como el Fiscal han sido cómplices al mantener silencio frente a las pérdidas causadas por las concesiones de Proyectos Minero Energéticos a empresas transnacionales a nombre de la “confianza inversionista” y “la seguridad jurídica”.

La SillaVacía informó que  en los ocho años que gobernó el ex presidente Avaro Uribe “la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones”. De los 8.000 proyectos mineros concesionados durante ese periodo, el economista  Guillermo Rudas, denunció que  “según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías en el último año. Dinero que se quedó en las cajas de las empresas mineras”.

Desde el 2013 se denunció “la feria billonaria del Cargo por Confiabilidad”, seguro que pagaron los usuarios, adicionales al costo de la energía, por el valor de  15 billones de pesos que se apropiaron las empresas hidroeléctricas. Para el 2016 la cifra se calculó en 24 billones al mismo tiempo que se reveló tardiamente que  la Refinería de Cartagena (Reficar) le costó al Estado un poco más de US ocho mil millones cuando el presupuesto inicial era US cuatro mil millones.

La Contralora Sandra Morelli, por presión de Asoquimbo, informó de apertura de proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría Delegada para investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva mediante oficio 2012IE52195 del 27 de agosto de 2012 ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos por la pérdida de la productividad marginal de la tierra como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo. La Fiscalia 35 de Bogotá, Noticia Criminal No. 410016000584201200105, aún no se ha pronunciado sobre quienes son los responsables del delito de “Daños en recursos Naturales” causados por el PHEQ. Tampoco la Contraloría ha respondido al Derecho de Petición de Asoquimbo donde se le solicita actualizar la cuantificación de los daños proyectados a 50 años.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones por las cuales los mencionados entes de control y de fiscalización no se han pronunciado frente a la inocultable corrupción por la adjudicación de contratos de concesión minero energética a transnacionales.

No es ético denunciar la corrupción cuando se es cómplice con la misma y más grave aún cuando compromete a funcionarios que deben proteger el patrimonio y sancionar a los corruptos.