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Miller Armín Dussán Calderón

JUSTICIA OBSTACULIZA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DECLARACION

El Movimiento Social DEFENSORES DEL TERRITORIO ante la inoperancia de la Justicia declara:

1.- El 11 de diciembre de 2017, mediante Acta de Recibo de Formularios, hizo entrega a la Registraduría Delegada para el Huila de 29 carpetas que contienen 51.653 firmas de apoyos ciudadanos como requisito previo para la inscripción de lista para la Cámara de Representantes.

El delegado firmó constancia del cumplimiento de todos los requisitos para la inscripción de la lista, exceptuando la “póliza de seriedad”, debido a que el movimiento interpuso Acción de Tutela ante el Tribulal Administrativo del Huila solicitando se tutele el Derecho a la participación de Grupos significativos de ciudadanos sin el cobro de dicha póliza con fundamento en la Sentencia T- 117 del 2016 de la Corte Constitucional al decidir que las aseguradoras no deben exigir para la expedición de pólizas de seriedad "la constitución de contragarantias de cualquier naturaleza por el riesgo asegurable”, razón por la cual se solicitó a  título  de  medida  cautelar  y  conforme  a  lo establecido  en  el  Decreto   2591  de  1991 se Tutele el derecho fundamental a la participación y, en consecuencia,   se  ordene  a la Registraduria del Estado Civil inscribir provisionalmente a los aspirantes a la Cámara de Representantes de DEFENSORES DEL TERRITORIO, sin el requisito de la póliza, mientras se resuelve de fondo la Acción de Tutela.

2.- El Tribunal Administrativo informó que se habían suspendido algunas de las actividades judiciales, hasta el 13 de febrero por daños infraestructurales en el Palacio de Justicia, afectando el trámite de la Acción de Tutela lo que motivó solicitud de intervención de la Procuraduría Regional y queja ante el Consejo Superior de la Judicatura por la interrupción de dichas actividades.

3.- El 13 de diciembre de 2017, la Magistrada Lida Yannette Manrique dispuso “no avocar el conocimiento de la Acción de Tutela por falta de competencia funcional, en los términos del numeral 1 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 del 2017 y remitió la demanda con todos sus anexos a la Oficina Judicial “para que sea repartida ante los jueces de Circuito de Neiva para que conozcan de la misma por ser de su competencia”.

4.- El 15 de diciembre de 2017, el Juez Quinto Civil de Circuito mediante Auto, remite Tutela al Tribunal Administrativo del Huila por ser de su competencia, “quien conociera por primera vez”, en concordancia con el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, razón por la cual DEFENSORES DEL TERRITORIO espera un pronunciamiento de fondo de la Procuraduría Regional por grave vulneración del debido proceso y del Derecho a la Participación al impedir el libre ejercicio constitucional de elegir y ser elegido del Grupo Significativo de Ciudadanos que avalaron con su firma la inscripción de los candidatos a la Cámara de Representantes.

5.- DEFENSORES DEL TERRITORIO, mediante Memorial que será entregado el lunes al Tribunal Administrativo, a la Procuraduría, a la Registraduria y al Consejo Nacional Electoral, denuncia el hecho de que aún no se conozca de quién es la competencia para decidir una Acción de Tutela que contiene una medida cautelar que debió haberse resuelto a más tardar el 11 de diciembre, fecha límite de entrega de firmas y de inscripción de candidatos para el Congreso de la República. De igual manera, se denuncia que ante la indefinición de la justicia se obstaculizó el Derecho Fundamental a la participación ciudadana, razón por la cual DEFENSORES DEL TERRITORIO se ve obligado a acudir a otro mecanismo, hasta donde sea viable, como un intento de impedir la frustración e indignación de miles de ciudadanos a quienes se les ha negado el derecho a expresar con su voto el respaldo a nuestro Movimiento Social como expresión de resistencia contra represas, fracking, mineria metálica y por la Defensa del Agua y la Vida. 

No seremos inferiores a este reto porque debemos continuar durante el espacio electoral denunciando al Estado y los Partidos que están comprometidos con los proyectos extractivos minero energéticos y han decidido liquidar las Consultas Populares y Acuerdos Municipales que vienen prohibiendo dichos proyectos para proteger el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación.

 Movimiento Social Defensores del Territorio 

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