Crónica: Encuentro Nacional sobre extractivismo, autonomía territorial y participación popular

“Si no tomamos conciencia hoy, no tomaremos agua mañana”

Esta frase resume la serie de problemas que causa  la megaminería, en sus diferentes expresiones del extractivismo-Locomotora minera.

Héctor Alfonso Torres Rojas, Sociólogo

Durante el viernes 15 y el sábado 16 de septiembre, se llevó a cabo el encuentro, para reflexionar, debatir y estrechar vínculos contra el extractivismo, defender la autonomía territorial (el uso del suelo y el subsuelo) y hacer respetar la autonomía popular, para decidir sobre el tipo de desarrollo local y/o municipal que deseen las poblaciones, convocado por Asoquimbo, en la sede de la Universidad Surcolombiana.

El encuentro tuvo tres objetivos:

1. Reunir delegad@s de los municipios donde se han ganado consultas populares. Por primera vez se llevó a cabo este acontecimiento.
2. Reflexionar sobre temas de fondo relacionados con la crisis que han creado el neoliberalismo, y una de sus expresiones, el extractivismo megaminero.
3. Lanzamiento del libro del Profesor Miller Armín Dussán Calderón: “El QUIMBO. Extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia”. 279 págs.

Las consultas populares y otras formas de resistencia

Esta crónica da cuenta de los testimonios relacionados con las consultas populares, de manera muy-muy sintética. Es positivo tener algo de memoria histórica, para animar otras acciones de resistencia.

También es preciso anotar la importancia de los ACUERDOS emitidos por 15 concejos municipales.

Además de enriquecer a la asistencia (unas 150 personas), el relato de las diferentes experiencias fue muy humano y emotivo, porque se trató de relatar fuertes vivencias personales y grupales, con altos y bajos, dificultades y logros, alegrías y solidaridades, judicialización y cárcel, persecución y asesinatos,… El Gobierno ha enviado el ESMAD contra las poblaciones: En El Quimbo, 1.200 efectivos contra 400 campesinos (existe un video), en Piedras contra un puñado de mujeres, en San Martín, Cesar…

Por primera vez se reunían protagonistas  de los municipios a saber: Piedras, Tauramena, Cabrera, Arbeláez, Cumaral, Cajamarca y Pijao. Es necesario añadir la de Jesús María, Santander Sur, posterior al evento en Neiva. A la fecha, 8 consultas.

El desarrollo del evento llevó a compartir y/o mencionar también otras formas de resistencia:

*** Los Acuerdos aprobados y emitidos por 15 concejos municipales, prohibiendo la megaminería extractivista: Acevedo, Pitalito, El Agrado, San Agustín, Timaná, Tarqui, Oporapa, Elías, Altamira, San José de Isnos  y Saladoblanco en Huila. Ibagué, en Tolima. Doncello en Caquetá. Jericó y Támesis, en Antioquia. Ya en cuatro departamentos.

Estos eventos se han dado en los dos últimos años: 2016-2017

Concejo Acevedo. El pasado lunes 29 de mayo de 2017, el Honorable Concejo del municipio de Acevedo, aprobó el proyecto de acuerdo N. 011, " POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN ACCIONES PARA PROTEGER EL AMBIENTE, EL PAISAJE, Y LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO, ANTE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS, DE HIDROCARBUROS Y MINEROS A GRAN ESCALA".

Las razones o justificaciones que argumenta el Concejo de Acevedo, son más o menos las mismas que han invocado otros concejos municipales.

*** Asambleas, manifestaciones, marchas, carnavales por la vida, plantones, cierre de vías…

Las marchas por Santurbán en Bucaramanga,  las marcha-Carnaval por la Vida, en  Ibagué (durante diez años), en El Líbano (Tolima) y en Pitalito (Huila), han movilizado enormes masas de ciudadan@s.

*** Una serie de eventos en varios municipios de Huila, contra los proyectos de construcción de varias represas hidroeléctricas.

“La vida no se represa. No más represas en el Huila”.  “En mi tierra para bien, pasa un río sin igual, que da vida al labrador, a su maizal, al platanal”.

*** Paros mineros como los de Segovia y Remedios (Antioquia), durante un largo mes.

*** Derechos de petición y tutelas. Por una tutela ante la Corte Constitucional se abrió la puerta a la consulta popular de Pijao, negada en otras instancias judiciales. Las sentencias tiene alcance nacional, es decir, se pueden invocar y argumentar en otros muncipios.

*** Todas esas formas de lucha han despertado el interés nacional e internacional, a tal punto que la Corte Constitucional ha emitido una serie de sentencias favorables a la participación ciudadana y al cuidado de la Casa Común, tales como C-339/02; T-154/13; C-123/14; T-766/15; C-035/16; C-389/16;T-445/16; T-704/16; T-622/16, sobre el Río Atrato como sujeto de derechos, que fortalece la defensa de tantos ríos contaminados…

Una frase de una de las sentencias ha sido definitiva: “Regular el uso del suelo y garantizar la protección del Medio Ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa, terminan prohibiendo la explotación minera (Art. 2 de la Sentencia 445/16).

*** Diplomados sobre el Medio Ambiente en Ibagué  y Cajamarca y en varios muncipios de Huila.

Esos procesos de resistencia han manifestado total oposición al modelo neoliberal extractivista minero-energético, impuesto por los gobiernos Uribe y Santos (La locomotora minera). Modelo que además de  convertir el Estado en un Estado corporativista, al servicio de las grandes corporaciones internacionales o multinacionales, ha causado destrucción del Medio Ambiente, ha dejado sin agua a la población en varias regiones, particularmente a los departamentos de la Guajira y Cesar (carbón), la crisis del agua en Huila, Casanare y Putumayo…

No es nada fácil presentar, así sea de manera muy resumida, los relatos de los protagonistas de las consultas populares. De lo contrario la crónica llevaría  una buena cantidad de páginas. Daré algunos muy breves datos, en el orden que tomaron la palabra.

Daniela Restrepo llevó la vocería de Cabrera (Cundinamarca), que se levantó el 26 de febrero de este año, contra EMGESA y el proyecto de construir varias hidroeléctricas, en predios de varios municipios, en el Páramo de Sumapaz, el páramo más extenso del Planeta. 5 líderes fueron amenazados. El triunfo los ratificó en sus proyectos agroecológicos.

Donaldo Larrota, de Arbeláez (Sumapaz-Cundinamarca), narró la capacidad de los jóvenes de la Fundación “Guacama”, para defender su municipio de la explotación de hidrocarburos, Con otras organizaciones, impulsaron y  ganaron la consulta,  el 9 de julio (1917), enarbolando la siguiente consigna: “¿Petróleo en Arbeláez? No, gracias”.

De Cumaral (Meta), que votó el 4 de junio (2017), con las consignas “Agua o petróleo”, “Si no tomamos conciencia hoy, no tomaremos agua mañana”, en defensa del Río Guacavía, su río símbolo y de las  aguas que brotan abundantes del piedemonte  llanero, llegó José Abraham Rivera Pérez.

Aunque están preparando la consulta popular, desde Yopal (Casanare) vino Olga Mireya Cruz. Llevan luchando varios años por la vida, la defensa del territorio y el agua, que  llega a Casanare de las montañas de Boyacá. “¿Cuánto vale el agua? No tiene precio”.

Paz de Ariporo ha tenido sequías durante cuatro años. Es preciso recordar la muerte de cientos de chigüiros y otros animales, hace tres años. No se puede olvidar la pérdida de cosechas de arroz, plátano…, en varios municipios.

El agua superficial se ha secado por el mal uso de las petroleras.

Por la nefasta alianza entre militares y paramilitares, varias personas han perdido la vida.  Existe un video: “Casanare: petróleo y terror”. Algunos paramilitares portaban carné militar. Las empresas contrataban mercenarios de la persecución y de la muerte. Dos personas del equipo están judicializadas y otra lleva escolta.

No pudo llegar la delegación de Tauramena, Casanare, donde tuvo lugar la segunda consulta popular, en 2013, contra la sísmica petrolera, que destruyó colinas, en el piedemonte llanero y puso en peligro nacimientos de agua para el acueducto.

De Pijao (Quindío), John Jairo Barragán comentó que desde 2009 tuvieron conocimiento, por el entonces Gobernador,  que Quindío estaba prácticamente entregado a la minería, y les surgió la idea de hacer algo. No podían permitir desbaratar el paisaje cultural de Pijao. Mónica Liliana Flórez Arcila, entonces concejal, se pudo a la cabeza. El camino fue lento. En 2012 organizaron una marcha. En 2013 convocaron un Cabildo Abierto. En 2014 formularon la primera pregunta, que fue negada por el Tribunal Administrativo de Quindío. Dos veces el Concejo de Estado negó las tutelas interpuestas contra el Tribunal Administrativo. Afortunadamente la tutela pasó en la Corte Constitucional, con la Sentencia 445. Esta Sentencia fue un regalo de Pijao para el país. En ese contexto llegaron los políticos y politiqueros que no habían movido un dedo. El Gobernador actual sí dio su apoyo. El Tribunal Administrativo aprobó la pregunta, y llegó el día del triunfo.

Por Piedras, Tolima, habló Julián Viñas. ANGLOGOLD Ashanti (AGA) quería convertir a Piedras, municipio arrocero y ganadero, en un enorme molino, que día y noche trituraría y molería la roca, para luego lavarla con abundante agua, mezclada con minerales como cianuro, mercurio y otros. Veredas del municipio serían convertidas en un cementerio de montañas de roca molida y envenenadas con cianuro, mercurio y otros metales. Con las lluvias, esos venenos mortíferos circularían por la región, por más de cien años, según el hidrólogo Robert Morán (recientemente fallecido), quien visitó la región durante varios años.

Las mujeres fueron protagonistas en Piedras. Durante más de cuatro meses se turnaron, día y noche, 24 horas, en la carretera, a la altura de un puente, para NO dejar pasar la maquinaria de AGA. Hasta que intervino violentamente el ESMAD para desalojarlas, en alianza entre el Estado y AGA.

Cajamarca estaba destinada a ver sus verdes montañas totalmente arrasadas porque la extracción de oro se habría hecho a cielo abierto. Y con las montañas destruidas, muchos nacimientos de agua hubieran desaparecido, dejando con escasez a varios municipios, incluida Ibagué, la capital. José Jiménez recordó que el extractivismo llegó con la masacre española, católica, apostólica y romana. El Comité Ambiental por la Vida nació en 2010. “Se dejaron egos y apegos para trabajar unidos”. En 2011 se iniciaron las marchas carnaval en Ibagué. Van 8. En 2015 y 2016 participaron más de 60.000 personas. “Las consultas no se decretan. Se construyen y se luchan”. Un Alcalde y el Concejo municipal, unidos a favor de AGA, no apoyaron la consulta popular. El siguiente tampoco manifestó interés. En quince días se recogieron más de cuatro mil firmas, que se presentaron al nuevo concejo municipal. Se recibió total apoyo. Diez votos a favor y uno en contra. La pregunta pasó al Tribunal Administrativo, que la aprobó.

Jorge Ruíz relató la lucha a favor del Río Fucha, en barrios populares del sur Bogotá, D.C. Esa propuesta incluye el concepto de los “eco-barrios”, de las huertas urbanas,  de la seguridad alimentaria y el intercambio (no mercado) de productos y semillas.

Silvio, de Isnos (Huila), miembro del Coordinador Nacional Agrario, comentó la propuesta para lograr “El buen vivir”, blindar los territorios y así evitar la entrada de las multinacionales con sus semillas intervenidas y controladas, que quieren arrasar con las semillas nativas y tradicionales, amén de imponer sus precios a los alimentos.

También de San José de Isnos, Luis Alberto Burbano relató su larga experiencia como promotor del acueducto municipal. Ciudadanos y párroco tuvieron que luchar contra politiqueros molestos porque se les quitaba, sin nunca cumplir, la bandera para recoger votos. Luis Arturo Velasco Silva, de San Agustín (Huila) levantó la bandera de la defensa de los acueductos comunitarios, que el Estado quiere privatizar para entregarlos a Aguas de Barcelona.

Adinael Contreras, como representante de CORDETEC, organización de San Martín, departamento de Cesar, afirmó que su municipio es el epicentro del fracking, en el corregimiento “Cuatro Bocas”. Un grupo de mujeres inició la lucha. Hombres y mujeres han sido maltratados, golpeados y hasta secuestrados por la Policía-ESMAD. El gobierno local los ha calificado de “terroristas y vándalos”. Hace 9 meses fue asesinado el líder, hijo de la señora Berta, presente en Neiva. Están en proceso para convocar la Consulta Popular.

Aportes internacionales. Se contó con los aportes de una persona de Bolivia que insistió sobre la defensa de los BIENES COMUNES: ** Inmateriales (relaciones comunitarias, cohesión social, importancia de la comunidad y de la solidaridad, que el capitalismo-neoliberal busca destruir… ** Materiales: EL cuidado de la Casa Común, el  Medio Ambiente, las montañas, las aves, agua, tierra, territorio, alimentos… Los operadores del capitalismo ya no son Colón, Pizarro, Almagro sino Drummond, Billington, MONSANTO, ANGLOGOLD ASHANTI, las corporaciones multinacionales o transnacionales, los bancos e instituciones financieras…

Narró la tragedia boliviana del secamiento del lago Popó, de una extensión de 2.500 km2., cuna de varios pueblos indígenas. 300 explotaciones mineras botaban sus residuos al lago… que fue perdiendo su profundidad hasta que se secó…

Una irlandesa habló sobre la prohibición del fracking en su país.

Ponencias y temas

Durante la segunda parte del evento hubo una serie de exposiciones, muy ricas en información y análisis. Imposible hacer un resumen. Sencillamente algunas frases sobre temas y cuestiones. Trataré de obtener algunos textos con los organizadores para enviarlos por medio de la revista virtual  “VIDA Y BIODIVERSDIDAD”.

La vocería la llevaron:

Danilo Urrea, filósofo, trabajó con Censat-Agua Viva. Conferencia sobre neoliberalismo, gobiernos autoritarios, economía verde para reconfigurar la economía capitalista, crisis climática, crisis del agua, crisis de la alimentación, destrucción de la naturaleza, financiarización de la naturaleza, conversión del patrimonio forestal en activo financiero, que se puede negociar en el mercado internacional, mercados verdes, pagos por servicios ambientales… Colombia impulsa el modelo REDD: Reducción de emisiones por deforestación y degradación de la naturaleza, ¡Programa de la ONU! Participan: Finlandia, Noruega, Alemania, Francia, Holanda 

Rodrigo Negrete, reconocido investigador y analista. Las amenazas que se ciernen sobre los territorios: falta de seguridad jurídica para el campesino, deforestación, conflictos sociales, invasión de las multinacionales en tierras indígenas y de los afrocolombianos.  Contratos mineros y petroleros que desconocen los derechos de los entes territoriales, el fracking,…

“Es inconstitucional que un particular o una multinacional pueda entrar y destruir el territorio indígena o afrocolombiano”; “Se está confundiendo el interés nacional con el interés particular de las multinacionales”; “el cuento de que el subsuelo pertenece al Estado”; “El Gobierno NO puede pasar por encima de los municipios”; “No hay minería sostenible”…

Carlos Salgado, Director de Planeta Paz. Estado del arte en la discusión sobre el desarrollo rural. La cuestión rural y la paz. Las campesinas y los campesinos NO existen en la Constitución…Cambios en el entendimiento del desarrollo rural. El desarrollo con enfoque territorial y cómo orientar las luchas correspondientes… Tendencias internacionales que derivan en el enfoque territorial del desarrollo rural…  Los territorios se deben ajustar no a lo que los campesinos quieran producir sino a los productos que necesita el mundo, el mercado…Visiones alternativas ligadas al desarrollo sustentable. Políticas transversales que inciden en el desarrollo rural.

Los cambios institucionales van mostrando tendencias: Caja Agraria, DRI, IDEMA, INCORA, Banco Agrario, INCODER…

“Los campesinos desaparecieron de los planes de desarrollo desde 1990, para pasar a hablar del desarrollo rural. Hay mujeres rurales pero no campesinas. Hay pequeños o pequeñas productoras, pero no campesinos o campesinas. Desaparece el campesino con su mundo cultural…

Tatiana Roa, Directora de CENSAT-AGUA VIVA: Metabolismo social y fronteras extractivas. Conjunto socio-económico y violencia en Colombia. Caminando hacia la sustentabilidad: Propuesta del Movimiento Ríos Vivos. Metabolismo: la manera como una sociedad se organiza y define el uso de la naturaleza y la materia. “Zonas de sacrificio”. Las multinacionales destruyen las montañas y construyen montañas… de escombros… Repensar la transición energética. ¿Por qué ECOPETROL NO se reconvierte para pensar sobre nuevas energías? ¿Para qué facultades de ingeniería de petróleo?

César Carrillo, líder reconocido de la USO (Unión Sindical Obrera o Sindicato de Trabajadores del Petróleo),  habló sobre la Mesa Social Minero-Energética y Ambiental por la Paz, fruto de la Asamblea por la Paz, en la que participaron 1.500 delegados de todo el país. “Se necesitan nuevas energías alternativas… El convenio de paz no es solamente el silencio de las ramas sino construir otro modelo de convivencia y alternativo”.

Daniel Libreros, profesor de la Universidad Nacional, intervino en dos ocasiones para facilitar la síntesis entre el contexto internacional y el contexto nacional. Los responsables de América Latina tienen claro la crisis del modelo “de desarrollo”, del modelo extractivista, pero no tienen alternativas. El neoliberalismo impone a países de América Latina, desarrollar mucho más la agroindustria (Bolivia y Brasil). Banco Mundial impone políticas a Colombia porque todavía tiene frontera agrícola, petróleo y metales. Santos busca profundizar el modelo neoliberal aprovechando los acuerdos con las FARC. Descampenización del agro para convertir al campesino en pequeño empresario. Seguimos siendo esclavos del consumismo.

Algunas pistas de acción: Fortalecer la red de consultas populares. Apoyo a las futuras consultas populares. Trabajar en la transformación cultural de la ciudadanía. Oposición radical al Estado que busca modificar los mecanismos de participación ciudadana. ¡¡¡Y por fast track!!! Alianza fuerte contra el fracking. Organización de redes horizontales contra las organizaciones centralizadas. Vigilancia porque El Estado central puede ofrecer coimas y “mermelada” a los alcaldes para que se opongan a las consultas populares.  Una forma de descentralizar la corrupción.

El viernes en la noche, en acto especial, se llevó a cabo la presentación del libro ya mencionado: “El Quimbo. Extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia”. Llevaron la palabra Carlos Salgado, Daniel Libreros y el autor, el profesor Miller Dussán, quien a lo largo del encuentro siempre ofreció sus puntos de vista sobre diferentes temas, que también se encuentran en las 279 páginas de la obra, que fue obsequiada a toda la audiencia.

A la presentación asistió la Señora Madre del autor, persona de 91 años, con mucha vitalidad. Familiares, amigos y las-los participantes del encuentro, brindaron por “El buen vivir” y los bienes comunes de este país.

Héctor Alfonso Torres Rojas, Sociólogo.

Bogotá, Jueves 26 de Septiembre de 2017

 

 

 

LIBRO EL QUIMBO: EXTRACTIVISMO, DESPOJO, ECOCIDIO Y RESISTENCIA

El libro se refiere a un conjunto de investigaciones que prueban  que las represas no son Mecanismos de Desarrollo Limpio -MDL- y causan graves daños socio ambiéntales, por la emisión de gases de efecto invernadero; demuestra cómo la política minero energética es producto de un cambio en el patrón de acumulación reforzando las tendencias de reprimarización de la economía basadas en la extracción intensiva de los bienes naturales, especialmente energéticos y mineros, ligada a la especulación financiera transnacional y el proceso de financiarización del capital. Se ocupa del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, sus orígenes, características, las garantías para la inversión de capital a través de la confianza inversionista, la seguridad democrática y la cohesión social y la imposición de una legislación para el despojo de “las víctimas del desarrollo” obligadas a abandonar sus territorios y registra  distintas modalidades que utilizan las empresas y el Estado para apropiarse del territorio; denuncia la vulneración de todas las normas constitucionales y legales sobre protección ambiental y la destrucción de los ecosistemas con daños irreparables causados por deforestación no compensable de los bosques y coberturas vegetales en la zona y la reflexión sobre la naturaleza como sujeto de derechos. Cierra con un capítulo sobre las resistencias como fuente de poder alternativo y espacio de construcción de una eco-sociedad humana como respuesta a la crisis civilizatoria y expresión política en oposición radical a toda forma de capitalismo verde, incluyendo las fórmulas del desarrollo sostenible neoliberal fomentadas por la Unión Europea, el Banco Mundial y el Sistema de Naciones Unidas. Las resistencias se expresan en la movilización contra la imposición de los megaproyectos en los territorios y a los espacios comunitarios donde permanece la vida, como la autogestión comunitaria de modelos de aprovechamiento de los bienes comunes, procesos agroecológicos y de recuperación de semillas, la producción de energías alternativas, la recuperación del trueque y de mercados locales,  la agricultura urbana, los diálogos entre el campo y la ciudad, la recuperación de la ancestralidad, las reservas campesinas agroecológicas y productivas, los procesos educativos desde el saber popular y ambiental y la construcción colectiva de conocimiento.

ASAMBLEA DE ASOQUIMBO EXIGE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

 

El 6 de agosto en el Teatro Diocesano de Garzón Huila se realizó la Asamblea de delegados de Asoquimbo que acordó por unanimidad:

1.- Reiterar ante la Corte Constitucional la solicitud de declarar el desacato de la Sentencia T-135/13 y asumir la competencia de ordenar al órgano correspondiente del Estado la realización del nuevo Censo de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo  y solicitar se investigue por el supuesto Fraude a resolución Judicial por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Civil Familia-,  la Procuraduría Regional y la ANLA con fundamento en la Sentencia T- 329 /1994 sobre la conducta  prevista en el artículo 53 del decreto 2591 de 1991 que establece sanciones de tipo penal:  

El artículo 53 eiusdem señala que quien incumple el fallo de tutela incurrirá en fraude a resolución judicial y que también incurrirá en la responsabilidad penal a que hubiere lugar quien repita la acción o la omisión que motivó la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual haya sido parte.

4. Las sanciones y consecuencias en mención recaen directamente sobre quien incumple el fallo de tutela, es decir, que al respecto no se pueden invocar causales justificativas referentes a hechos o circunstancias anteriores a la acción de tutela misma.

2.- Exigir a la Agencia Nacional de Tierras el cumplimiento del Decreto 1277/13 del Ministerio de Agricultura que estableció un programa especial de dotación de tierras que incluye en primer lugar a Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico "El Quimbo" en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma agraria”, con fundamento en el artículo 64 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 160 de 1994  por la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Además, adjudicar, bajo supervisión de la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y veeduría de Asoquimbo las 2700 hectáreas a poblaciones afectadas por Emgesa que debieron haber sido restituidas antes de la terminación de obras según la Licencia Ambiental (resolución 0899 de 2009) y cumplir los compromisos adquiridos con Asoquimbo en la reunión del 26 de mayo de 2017 en Bogotá.

3.- Ratificar el Derecho de Petición dirigido por Asoquimbo, el 5 de agosto de 2017, a los alcaldes de los municipios del Agrado, Garzón y Gigante de declarar la ilegalidad de los reasentamientos Nueva Veracruz, Santiago y Palacio y la Galda porque Emgesa en calidad de dueña y constructora de los mismos omitió el trámite de la obtención previa de la licencia ambiental, licencia que demanda el cambio del uso del suelo,  tal como está establecido en la ley y en el ordenamiento territorial de los municipios mencionado.

4.- Solicitar al Gobierno Departamental la convocatoria inmediata de la Mesa Temática Ambiental para que se pronuncie sobre la nueva burla de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA al negar las solicitudes formuladas por la Audiencia Pública Ambiental, realizada los días 11 y 12 de noviembre de 2016, y, específicamente, la suspensión de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

5.- Ratificar y participar en el Encuentro Nacional “Extractivismo y Autonomía Territorial” convocado para el 15 y 16 de septiembre de 2017 en el Salón Auditorio Olga Tonny Vidales de la Universidad Surcolombiana de Neiva Huila.

6.- Convocar a todos los huilenses y procesos de resistencia por la defensa de los territorios a movilizaciones el 6 de octubre de 2017 contra la decisión del Gobierno Nacional de liquidar las Consultas Populares y Acuerdos Municipales que han prohibido los megaproyectos de minería, petróleo y energía en sus territorios para proteger el Patrimonio Ecológico

https://drive.google.com/drive/folders/0B4eDXt54Nu_fVHhtMFZkWDc2ODQ

https://drive.google.com/drive/folders/0B4eDXt54Nu_fVHhtMFZkWDc2ODQ

http://millerdussan.blogia.com/2017/052801-victimas-del-quimbo-reclaman-su-derecho-a-tierras-a-la-ant.php

https://drive.google.com/drive/folders/0B4eDXt54Nu_fY1czeHc0d3JWeHM

 http://millerdussan.blogia.com/2017/071801-encuentro-nacional-extractivismo-y-autonomia-territorial.php

http://millerdussan.blogia.com/2017/072501-ley-contra-consultas-populares-mineria-si-pero-con-coimas.php

LEY CONTRA CONSULTAS POPULARES: MINERIA SI PERO CON COIMAS

Portafolio informo que  el Gobierno Nacional buscaría evitar que las consultas populares sigan frenando la operación de proyectos productivos de minería y petróleo a través de una reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT).

La esencia de las Consultas Populares y de los Acuerdos Municipales ha sido la prohibición de la minería a gran escala, la exploración y/o explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales y las hidroeléctricas en sus territorios en defensa del Patrimonio Ecológico, la Seguridad Alimentaria y los Proyectos de Vida de campesinos, indígenas, afros, entre otros.

Con la reforma a la LOOT se pretende liquidar estos espacios de participación ciudadana y las competencias de los entes territoriales reconocidas por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, entre otras, la Sentencia T-445/13 que en su artículo 2 expresa que dichos competencias son “para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera.

La propuesta para liquidar la participación ciudadana es “minería si pero bien hecha”, institucionalizando las coimas definidas como  “beneficio económico adicional”, o dádivas que se entregan a entes territoriales para que aprueben los proyectos minero-energéticos previamente decididos como de “interés nacional y estratégico”, al servicio de las corporaciones transnacionales privadas que “pagarán a los municipios un canon de arrendamiento para que puedan hacer uso del suelo con el fin de acceder a la producción del subsuelo”, es decir, para despojar a las comunidades y destruir el Patrimonio Ecológico.

La institucionalización de los sobornos para continuar con la entrega de los territorios a las trasnacionales garantizando “la confianza inversionista”, para hacer negocios sucios, es otra forma de profundizar la corrupción desde lo local, donde las empresas ya no serán objeto de investigación como en el caso de Odebrecht y alcaldes, concejales y jueces se sentirán estimulados para ordenar desalojos con entrega anticipada de predios en cumplimiento de amparos policivos solicitados por la empresas y cobrar “la coima de arrendamiento”.

Asoquimbo ratifica la convocatoria al Encuentro “Extractivismo y Autonomía Territorial” para el 15 y 16 de septiembre en Neiva, donde todos los procesos de resistencia, consultas populares deberán definir una Agenda Común para la Defensa de sus territorios y acciones contra la Ley de institucionalización de la corrupción para la imposición de los proyectos minero energéticos contra la voluntad popular.  

 

EMGESA Y EL “VOLTEO DE TIERRAS” EN EL QUIMBO

La Revista Semana tituló El escándalo de los POT ‘mágicos’[1] al referirse a los cambios de los Planes o Esquemas de ordenamiento territorial para modificar el uso del suelo agregando al perímetro urbano terrenos  rurales que eran agrícolas.  

En el caso de los predios rurales para reasentamientos urbanos de poblaciones afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, el “volteo de tierras” por Emgesa se hizo sin la modificación de los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial.

Según la Tabla de “seguimiento obligaciones Licencia Ambiental PHEQ - a julio de 2016”^[2], sobre la Obligación establecida en la Resolución 0899 de 2009 de Apoyar la revisión y/o ajustes a los respectivos Esquemas de Ordenamiento Territorial y Plan Básico de Ordenamiento Territorial de los municipios del AID, la CAM informa:

- “Estado Actual: La CAM ha concertado los asuntos ambientales de los instrumentos de ordenamiento territorial (EOT-PBOT) de los municipios de Gigante-Altamira-Tesalia y Paicol; está en revisión y evaluación el contenido ambiental del PBOT de Garzón-presentado a la CAM el 24 de junio-2015; en el caso de El Agrado se hizo revisión y fue devuelto para ajustes el 19 de agosto de 2014; por lo tanto la reubicación de las familias de los asentamientos de Montea-Gigante; Santiago-Palacio-Garzón; y la Galda-Agrado son ilegales; no están cumpliendo con el Decreto 3930 de 2010-Permiso de vertimiento-PTAR ya que no poseen certificación de uso del suelo favorable para asentamientos humanos en suelo rural”.

A raíz de lo anterior Asoquimbo solicitó se informe el Estado Actual de la reubicación de las familias de los asentamientos de Montea-Gigante; Santiago-Palacio-Garzón; y la Galda-Agrado y cuál ha sido la actuación de la CAM frente  al incumplimiento del Decreto 3930 de 2010-“Permiso de vertimiento-PTAR”

La CAM mediante Radicado del 12 de julio de 2017 respondió que “sobre su actuación frente a la ilegalidad de reubicación de las familias de asentamiento en el Proyecto Hidroeléctrico, específicamente a los asentamientos de Montea-Gigante, Santiago y Palacio-Garzón y La Galda-Agrado por no contar concepto de uso del suelo favorable para asentamientos humanos en suelo rural y ante el incumplimiento del trámite de permiso de vertimientos conforme a lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015; me permito informar que la Dirección Territorial Centro de la CAM, inició los respectivos procesos sancionatorios ambientales por incumplimiento de la normatividad ambiental culminándose cada uno de los procesos imponiéndose una sanción a EMGESA S.A E.S.P por incumplimiento a las disposiciones establecidas en los Artículos -2.2.3.3.4.3,-2.2.3.3.4.10 y -2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015 "Decreto Único reglamentario sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"; derivado de la omisión en el trámite y obtención del permiso de vertimientos para los residuos líquidos generados en los reasentamientos citados” 

Asoquimbo solicita públicamente a la Procuraduría General de la Nación, La Fiscalía General, la Contraloría General de la República, los Alcaldes y Concejos Municipales de los Municipios de Garzón, El Agrado y Gigante y, demás autoridades competentes, se informe cuál ha sido su actuación frente a la ilegalidad de reubicación de las familias de asentamiento en el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.  

Asoquimbo sugiere a las poblaciones reasentadas ilegalmente para que no firmen ningún compromiso con Emgesa sobre legalización de la propiedad de los predios hasta tanto las autoridades competentes decidan sobre la legalidad de los reasentamientos.

 

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[1] http://www.semana.com/nacion/articulo/corrupcion-en-los-planes-de-ordenamiento-territorial/533383

[2] CAM Tabla de seguimiento obligaciones Licencia Ambiental PHEQ - a julio de 2016.

 

ENCUENTRO NACIONAL EXTRACTIVISMO Y AUTONOMIA TERRITORIAL

 

Neiva Huila, 15 y 16 de septiembre de 2017

 Justificación

Los procesos de resistencia contra el modelo neoliberal extractivista minero energético expresados en Movilizaciones Sociales, Consultas Populares y Acuerdos Municipales por la Defensa de los Territorios y el Patrimonio Ecológico han develado una vez más el carácter corporativo del Estado Colombiano, al servicio de las transnacionales, que pretende liquidar la participación de las comunidades y las competencias de los entes territoriales “para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera. (art. 2 Sentencia 445/16 de la Corte Constitucional).

A raíz de las Consultas Populares de los municipios de Piedras y Cajamarca (Tolima), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Quindio) y los Acuerdos Municipales de Pitalito, San Agustín, Timaná, Oporapa, Elias, Altamira, El Agrado y Saladoblanco en el Huila, Jericó y Támesis en Antioquia y Doncello en El Caquetá prohibiendo la minería a gran escala, la exploración y/o explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales y las hidroeléctricas en sus territorios en defensa del Patrimonio Ecológico, el Gobierno Nacional ha anunciado la presentación de una Ley al Congreso que garantice la seguridad jurídica y la confianza inversionista con mayores exenciones tributarias para la inversión y acumulación de capital mediante la imposición de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (represas, fracking, minería, agronegocios, infraestructura) despojando a comunidades de sus territorios y destruyendo los ecosistemas y el Patrimonio Cultural de la Nación a nombre de la utilidad pública.

El gobierno ha iniciado una ofensiva mediática contra las decisiones de las comunidades no solo desconociendo la Constitución Política y la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional sino los estudios que han demostrado que las actividades minero energéticas afectan de manera grave e irreversible la estructura ecológica principal, en sus componentes de suelo, agua, biodiversidad, paisaje, e inciden negativamente en el cambio climático y en la generación de riesgos, tanto a las vidas humanas, como a la infraestructura vial y de servicios públicos de los municipios, tal y como ha quedado demostrado en los cuatro libros de la Serie Minería en Colombia, publicados entre 2013 y 2014 por la Contraloría General de la República, en las investigaciones adelantadas por PAX Colombia, “El Lado oscuro del Carbón”, el Centro de Memoria Histórica “La maldita Tierra”, el Informe Represas y Desarrollo de   la Comisión Mundial de Represas, que plantea que “las grandes represas desplazan más que las guerras, han alterado significativamente muchas de las cuencas fluviales del mundo, con impactos destructivos, duraderos en los medios de vida y las manifestaciones socioculturales de decenas de millones de personas que viven en estas regiones y, en muchos casos, han conducido a la pérdida irreversible de especies y ecosistemas” y las Sentencias C-339/02, T-154/13, T-135/13, C-123/14, T-766/15, C-035/16, C-389/16, T-445/16, T-704/16 y T- 622/16 de la Corte Constitucional, entre otras.

De igual manera, el Gobierno a nombre de los Acuerdos de la Habana viene expidiendo Decretos, entre otros,  sobre Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET) y Pagos por Servicios Ambientales -PSA- que es un instrumento perverso del capitalismo para la explotación, colonizando el clima mediante la mercantilización de la naturaleza como son los ciclos del agua y del carbono, al servicio de las transnacionales y del capital financiero internacional. Los Bienes Naturales Comunes Comunitarios como el agua y la biodiversidad natural y genética no son objetos de mercado. El Ambiente sano es un derecho no un servicio. 

El Encuentro es un espacio de intercambio de experiencias de resistencia, consultas populares, acuerdos municipales contra las actividades extractivas y de búsqueda de consensos de articulación y estrategias de movilización social para la defensa del poder Territorial Autónomo y Soberano y el Patrimonio Ecológico para impedir que las corporaciones transnacionales y el Estado continuen invadiendo nuestros territorios para hacer negocios sucios como los de Odebrecht que son apoyados desde entes como la Fiscalía demostrando que extractivismo, despojo, ecocidio, corrupción, judicialización de Defensores de Derechos Humanos y del Ambiente y asesinatos de líderes sociales están asociados.

El Encuentro se propone avanzar en la construcción de una Agenda Común y definir estrategias de movilización por la Defensa del Poder Territorial Popular que confronte el modelo extractivista, depredador de la vida y la naturaleza y resista por la sustitución progresiva de la cultura fósil y otro modelo de producción, distribución y gestión de la energía y de definición de prioridades, soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades, sustentado en otras alternativas como la energía solar, eólica, que no afecten los derechos fundamentales individuales y colectivos y, especialmente, el ambiente sano. Implica la moratoria de la política minero energética, la suspensión de cualquier explotación en áreas protectoras de la Amazonía, Páramos, Macizos y de gran biodiversidad natural y priorizar la conservación de las selvas como única garantía de la diversidad cultural y ambiental, la protección de las altas montañas, donde surgen las aguas para la pervivencia de los pueblos, la garantía de la Seguridad Alimentaria basada en las economías campesinas, indígena, afrodescendientes como la agroecología y la autonomía de las comunidades para decidir en sus territorios. En tal sentido, se han logrado avances significativos en la jurisprudencia con las Sentencias de la Corte Constitucional T-135/13, T-445/16 y T-622/16 que hacen parte de la lucha por una legislación socio ambiental alternativa a la mercantilización de los bienes comunes, surgida desde la organización y la resistencia social de las comunidades y fundamentada en un nuevo sistema ecosocial de liberación humana y de la naturaleza como sujeto de derechos.

Lugar: Neiva, Salón Auditorio “Olga Tony Vidales” Universidad Surcolombiana. Avenida Pastrana, Carrera 1ª.

Viernes 15 de septiembre 

Jornada de la mañana:

8:00-8:30:      Presentación del Encuentro. Asoquimbo

8:30-10:00:  Panel: Alternativas a la Catástrofe Ecológica Capitalista.

10:30-12:00 Conferencia. Mercados Verdes, Pagos por Servicios Ambientales y POMCH.  Danilo Urrea  

Jornada de la Tarde

2:00-4:30 Conversatorio: Consultas Populares contra actividades extractivas y Protección del Patrimonio Ecológico. Colectivos de Piedras, Cajamarca, Cabrera, Arbeláez, Cumaral, Pijao (Quindio), Cabildos Indígenas El ROSAL y Acuerdos Municipales,  municipios del Huila, Antioquia, Caquetá, y espacios de interlocución con instituciones (Mesas Ambiente, Agua, Territorios).

5:00-6:30 Conferencia. Autonomía Territorial-Ordenamiento del Territorio y Mecanismos de Participación- (Consultas, Acuerdos) Rodrigo Negrette

 

7:30-9:00 Acto Público: Presentación Libro: El Quimbo: Extractivismo,Despojo, Ecocidio y Resistencia. Autor Miller Dussán C.

Sábado 16 de septiembre

Jornada de la Mañana:

8:00-9:30 Conferencia: Estado del Arte de la Discusión sobre el Desarrollo Rural. Carlos Salgado. Planeta Paz.

9:30-12:00 Panel. Análisis crítico del estado actual de implementación del Acuerdo General entre las FARC-EP y Gobierno. Sandra Naranjo, Planeta Paz y Carolina Jiménez y Daniel Libreros Universidad Nacional.

Jornada de la Tarde:

2:00-2:45 Presentación Mesa Social Minero Energética y Ambiental. Cesar Carrillo

3:00-5:00 Plenaria. Propuestas para una Agenda Común y Estrategias de movilización Social.

5:00-6:00 Declaración Final del Encuentro.

Notas: Se sugiere a los grupos orientadores de Consultas Populares, Acuerdos Municipales, Mesas Ambiente, Agua, Territorios, enviar con anticipación pequeños videos o registros que den cuenta del desarrollo de las experiencias en sus territorios.

Todos los interesados en participar se deben inscribir (sin costo) indicando nombres y apellidos; organización, movimiento, comité, grupo de investigación, otro; E: mail; celular. Enviar a: 

[e-mail]

Los participantes deberán traer propuestas de Agenda Común y Estrategias de Articulación y Movilización Social.

Información:

Miller Dussán. [e-mail] Cel. 3167555427

Jennifer Chávarro. [e-mail]

VÍCTIMAS DEL QUIMBO RECLAMAN SU DERECHO A TIERRAS A LA ANT

 

El 26 de mayo en Bogotá, miembros de Asoquimbo, con el acompañamiento de integrantes de International Rivers, Planeta Paz y Tierra Digna se reunieron con Javier Florez H. Director de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y su equipo de asesores, con el propósito de precisar los criterios de selección de las Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico "El Quimbo" en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma agraria” de conformidad con lo establecido en el  artículo 1 numeral 1 del Decreto 1277/13 del Ministerio de Agricultura que estableció un programa especial de dotación de tierras fundamentado en el artículo 64[1] de la Constitución Política de 1991 y la Ley 160 de 1994  por la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria.  

La aclaración es pertinente porque la ANT adoptó el artículo 12 Capítulo IV del Acuerdo 329 del 20 de febrero de 2014 expedido por el INCODER que reglamentó arbitrariamente el Decreto 1277 al establecer como beneficiarios “las comunidades vulnerables de la zona de ejecución del proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y paleros, entre otros) sujetos de reforma agraria que se encuentren dentro del censo que para tal efecto entregará la empresa propietaria del proyecto hidroeléctrico, Emgesa S.A.”.

Asoquimbo solicitó la modificación del artículo 12 debido a que viola el artículo 64 de la C.P., la Ley 160 y, específicamente, el artículo 3 del Decreto 1277 al otorgar a Emgesa la potestad de decidir sobre quiénes son los beneficiarios sujetos de Reforma Agraria cuando el artículo 3 establece la competencia del Consejo Directivo del INCODER (hoy ANT) “para determinar los criterios y el procedimiento de selección de los beneficiarios de los programas especiales de adquisición y dotación de tierras”. En consecuencia, es ilegal y una clara demostración de subordinación del Estado a Emgesa cuando se le traslada la competencia  de determinar el procedimiento de selección de los beneficiarios de tierras de la zona del Quimbo. Paradójicamente, la misma compañía reconoce que: “debemos señalar que de acuerdo con el artículo 3 del referido Decreto (1277), es el Consejo Directivo del INCODER quien determinará los criterios y procedimientos de selección de los beneficiarios”.

Emgesa informó que hizo entrega al INCODER (hoy ANT) de los listados de las familias identificadas como “residentes no propietarios” que tuvieron como sustento el censo 2009- 2010 elevado a escritura pública No. 1945 de 2010 y la actualización de la base de datos de dichos residentes, relacionados según escritura 1845 de 2013, además de los casos positivos otorgados por la Sentencia T-135/13, expresando que “el criterio de selección cumple con lo establecido en el ítem No. 1  del Capítulo I PROGRAMA ESPECIAL DE DOTACIÓN DE TIERRAS del Decreto 1277/13”. Asoquimbo expresó al director de Acceso a Tierras de la ANT que al aceptar los listados de las familias entregados por Emgesa donde se advierte que se trata de “residentes no propietarios”, no solo viola el artículo 3 del Decreto 1277 sino su artículo 1 numeral 1 que se refiere ampliamente a todas las “personas vulnerables de la zona de ejecución del Proyecto que no sean propietarias”, sin ninguna limitación.

El Decreto 1277/13 estableció un programa de dotación de tierras para todo el país en el contexto del Sistema  Nacional de Reforma Agraria y, en consecuencia, el mismo Estado definió quienes son los beneficiarios.

De otra parte, la Resolución 0899/2009 Artículo Décimo Segundo ordenó: “Incorporar en la presente Licencia Ambiental todas las obligaciones de carácter ambiental contraídas por la empresa EMGESA S.A E.S.P. en los acuerdos celebrados entre ésta, la Gobernación del Departamento del Huila, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y los Municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia”.  En consecuencia, “la empresa EMGESA S.A E.S.P. deberá cumplir entre las obligaciones “2. Asumir el costo de la adecuación de dos mil  novecientas (2.900) ha de riego adicionales a las contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, hasta completar 5.200 ha. proporcionalmente a la pérdida de cada municipio en la medida que sea viable su adecuación, la cual será determinada conjuntamente por la Secretaría de Agricultura Departamental y los Municipios, y presentada la identificación de tales hectáreas a los Ministerios de Agricultura y de Minas para su adquisición y su declaratoria de utilidad pública respectivamente”. Además, en el numeral 2.1  establece que “se deben definir los mecanismos de seguimiento a los compromisos adquiridos en materia de adecuación de tierras, teniendo en cuenta que EMGESA se ha comprometido a adecuar 5.200 ha, de las cuales 2.500 corresponden a la compensación de las familias que deben ser reasentadas y las 2.700 restantes deberán ser restituidas a los municipios del AID en proporción al área afectada en cada uno. Para ello es necesario definir de manera conjunta con los municipios el proceso a seguir para adquirir estas tierras, pues no es responsabilidad de EMGESA su compra. Estos mecanismos deberán ser formulados y entregados al finalizar el primer año de ejecución del proyecto.

Los Acuerdos de Cooperación, incorporados en el Artículo  Décimo Segundo de la Licencia consagran que el Ministerio de Agricultura “adquirirá 2700 ha previa presentación del Estudio por Emgesa S.A. de los predios sobre los que construirá la infraestructura de riego por gravedad, para adelantar allí una Reforma Agraria en la cual se incluyan las comunidades vulnerables de la zona de ejecución del proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y paleros, entre otros), de acuerdo con lo previsto con el numeral 3 de las obligaciones de Emgesa S.A. En ninguna parte de dichos acuerdos se limita a las “comunidades vulnerables de la zona del proyecto” a los residentes no propietarios  debido a que la misma licencia - Resolución 0899, ARTICULO DÉCIMO. LÍNEA BASE 1.1. Área de influencia 1.1.1. estableció que “Para mayor precisión en la definición de las áreas de influencia, se hablará de Área de Influencia Directa Local, conformada por las cabeceras municipales y veredas que estarán ubicadas junto al embalse o abajo de la presa, que pueden ser afectadas por el proyecto una vez entre en operación y de Área de Influencia Directa Puntual, como aquella afectada directamente por la inundación de los terrenos o por la ejecución de obras”

Queda claro que los adjudicatarios de las  2700 ha.  son  las comunidades afectadas por el PH El Quimbo no propietarias sin discriminar si son unicamente para la ‘población residente’. También es claro que  el cumplimiento de esta obligación establecida en la Licencia Ambiental en ningún caso depende del Decreto 1277 que está fundamentado en el artículo 64 de la C.P., la Ley 160 de 1994 y que estableció que “la determinación de los criterios y el procedimiento de selección de los beneficiarios de los programas especiales de adquisición y adjudicación de tierras para los afectados del P.H. El Quimbo corresponde a la ANT conforme al artículo 3 del decreto 1277.

Asoquimbo reiteró la solicitud de modificar el Capítulo IV del Acuerdo 329/14 con fundamento en los informes de la CGR, la Sentencia T-135 de la Corte Constitucional y la Resolución 003/12 del Ministerio de Minas:

1.- La Contraloría General de la República, en su Informe Final rendido respecto de la Denuncia de participación ciudadana cuestionó el censo realizado por Emgesa al señalar que “las falencias encontradas en el diseño de la metodología y la concepción del censo conducen inevitablemente a una distorsión de los resultados; que el censo realizado por EMGESA no involucró la totalidad del área implicada, carece de la universalidad requerida para adelantar con criterios técnicos la compensación e indemnización de la población, realizó tres censos disímiles en el 2007, 2008 y 2009 desorientando y desinformando a las comunidades, desconociendo a su vez la información oficial, posible de revisar en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el SISBEN y la electrificadora del Huila”. Estos mismos argumentos también los sostuvo el Consejo de Estado en un fallo emitido en el año 2012.

2.- La Corte Constitucional mediante Sentencia T-135/13 ordenó la realización de un nuevo censo de afectados por El Quimbo que fue desacatado por Emgesa al reducirlo a un listado de inscritos, 28.744 personas, según la compañía, negando el derecho a la compensación a quienes se consideran afectados por el PH El Quimbo. Entre ellos, se encuentran poblaciones de mayordomos, jornaleros, paleros, pescadores, madres cabeza de familia, entre otros, que fueron desplazados de los predios que adquirió Emgesa para los reasentamientos tal como lo comprobó la Contraloría General de la República -CGR- al referirse a la no restitución de la actividad productiva por parte de Emgesa: “La CGR cuenta con información de campo en el sentido de que se está procurando reasentar a comunidades afectadas en áreas en producción, con lo cual no se estaría restituyendo las áreas y actividades productivas afectadas por la inundación, si no su reemplazo. Lo anterior, desdice de la seriedad de la Empresa Emgesa S.A. para dar cabal cumplimiento a sus obligaciones. Esta situación está generando conflictos entre las comunidades por divisiones entre las mismas, con la consecuente ruptura de su tejido social, tanto de las que buscan ser reasentadas como las que serían desplazadas por los reasentamientos de las primeras…todo ello ante la mirada e inacción de las Autoridades competentes”. Asoquimbo solicitó a la ANT coadyuvar el Derecho de Petición a la Corte Constitucional de asumir la competencia para hacer cumplir la Sentencia T-135 y la convocatoria a Audiencia Pública de Seguimiento debido a que el censo de afectados es uno de los instrumentos  para definir el proceso de selección y adjudicación de tierras, según la Licencia Ambiental.

3.- El impacto en la actividad pesquera es irreparable. Sobre el particular la CGR concluyó: “Por lo anterior consideramos que los pescadores de Hobo tienen una afectación indirecta, en especial la que se estableció en la Resolución 1096 del 14 de junio de 2011 numeral 1.2 Presentar los soportes que evidencian la aplicación de las medidas de compensación necesarias para restituir la actividad económica de las personas y gremios que han visto afectados sus ingresos…” y los pescadores del Hobo se han visto perjudicados en sus ingresos por la disminución de la oferta”.  A cambio del reconocimiento de las compensaciones necesarias para la restitución de su actividad productiva, Emgesa solicitó el desalojo de más de mil familias de pescadores.

4.- La Resolución No. 003 del 20 de enero de 2012 del Ministerio de Minas que resolvió en su Artículo 1. Declárense de utilidad pública e interés social 23.125.99 ha adicionales necesarias para el programa de reasentamiento y reactivación económica de las familias afectadas con el proyecto hidroeléctrico El Quimbo acorde con los términos señalados en la Resolución 0899 de 2009 y 1628 del mismo año expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según el plano y las coordenadas aportadas por el solicitante en escrito del 12 de agosto del pasado año.

Compromisos de la ANT

1.- El director de Acceso a Tierras se comprometió a solicitar al Consejo Directivo de la ANT la modificación del Capítulo IV del Acuerdo 329/14, advirtiendo que lo más probable sería su rechazo debido a que los recursos aprobados para la compra de las 2700 hectáreas quedaron condicionados para la adjudicación de tierras de acuerdo con los listados de las familias identificadas como “residentes no propietarios” entregadas por Emgesa a la ANT lo que implica la exclusión arbitraria de la gran mayoría de no propietarios tal como lo establece el Decreto 1277/13.

2.- Solicitar al Ministerio de Minas toda la información sobre la Resolución No. 003 sobre las hectáreas adicionales, especialmente, para la adjudicación de tierras para la reactivación económica de todas las familias afectadas con el PH. El Quimbo.

Asoquimbo insistirá en el cumplimiento de estos compromisos por parte de la ANT aún cuando el Señor director de Acceso a Tierras haya expresado que el Gobierno Nacional ha decidido oponerse a la creación de cualquier Mesa lo que demuestra la vulneración del derecho a la participación ciudadana, columna vertebral de la CP de 1991.

El representante de los campesinos desplazados de la zona centro del Quimbo de los predios que Emgesa adquirió para reasentamientos y el delegado de la Asociación de Pescadores de Hobo advirtieron al Director de Acceso a Tierras que de inmediato convocarán a acciones que garanticen el Derecho a Tierras y su rechazo a la subordinación de la ANT a Emgesa  violando el Decreto 1277/13.

Antecedentes

Asoquimbo entregó un resumen sobre los antecedentes que demuestran la preocupación de la organización no solo por el incumplimiento de las compensaciones de las víctimas del Quimbo sino la necesidad de crear una Mesa Nacional de Tierras para afectados por represas.

1.- El 16 de abril de 2015 por iniciativa del Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas ¡Rios Vivos! y Asoquimbo se celebró una reunión con funcionarios del INCODER donde se abordó la problemática de tierras generada por la construcción de Represas en Colombia y se acordó avanzar en la creación de la Mesa Nacional de Tierras.

2.- El 29 de julio de 2015 se realizó una nueva reunión dirigida por el subgerente de Tierras Rurales, Carlos Ignacio Carmona,  con participación de delegados del Movimiento Ríos Vivos y Asoquimbo donde se acordó “la constitución de una Mesa Nacional de Tierras para afectados por represas que garantice su acceso a la tierra y su permanencia en el territorio” que sería instalada el 25 de agosto en Bogotá

3.- En cumplimiento  del compromiso adquirido por el Movimiento Ríos Vivos en la reunión del 29 de julio, se envió una propuesta metodológica  al INCODER que contiene: i.   Conformación de la Mesa, ii. Funcionamiento y iii. Metodología que incluye: marco jurídico, sujetos específicos beneficiarios, estudios básicos de tierras, criterios básicos para la negociación, recursos para la financiación de proyectos de dotación de tierras y propuesta logística.

4.- En el marco jurídico se consideró como principio básico el Decreto 1277 del 21 de junio de 2013 “Por el cual se establece un Programa Especial para Dotación de Tierras”, fundamentado en el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, la Ley 200 de 16 de diciembre de 1936, la Ley 160 de 1994, el Acuerdo 059 de 09 de junio de 2006, la Ley 1561 de 2012 entre otras.

5.- El 3 de marzo de 2016, Asoquimbo solicitó al Dr. Aurelio Irragory, Ministro de Agricultura, audiencia caso dotación de tierras Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo después de haber participado en una reunión con el Ministro en la Gobernación del Huila, donde se comprometió a dar cumplimiento al Decreto 1277, incluido el otorgamiento de proyectos productivos piscícolas para los pescadores afectados por Emgesa. 

6.- El 17 de abril de 2017, la Agencia Nacional de Tierras abrió convocatoria “recepción de ofertas voluntarias de predios en los Municipios del Agrado, Altamira, Garzón, Gigante, Paicol y Tesalia en el Departamento del Huila”

7.- El 24 de abril de 2017 Asoquimbo solicitó a la Corte Constitucional asumir la competencia para el cumplimiento de la Sentencia T-135/13 y convocar a Audiencia Pública con el fin de verificar el acatamiento de la misma.

8.- El 11 de mayo de 2017 la Agencia Nacional de Tierras en respuesta a Derecho de Petición formulado por Katherine Rodríguez, asesora jurídica de Asoquimbo, sobre “criterios de selección y procedimiento realizado para los beneficiarios del Programa de dotación de Tierras, según el Decreto 1277/13”, expresa que mediante el Acuerdo 329, artículo 12 se estableció quienes son las personas vulnerables de la zona de ejecución del PH El Quimbo, “adjuntando el listado oficial de beneficiarios entregado por Emgesa en noviembre de 2016”.

 

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[1] Establece que “es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa”

UNA NUEVA LEGISLACIÓN SOCIOAMBIENTAL DEBE RECONOCER LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHOS

Los procesos de resistencia por la defensa de los Territorios y la Vida han logrado importantes decisiones jurídicas que confrontan el modelo extractivista, depredador de la vida y la naturaleza y fortalecer propuestas como  la sustitución progresiva de la cultura fósil, la moratoria de la política minero energética, la suspensión de cualquier explotación en áreas protectoras de la Amazonía, Páramos, Macizos, Ríos y de gran biodiversidad natural, la conservación de las selvas, la protección de las altas montañas, donde surgen las aguas para la pervivencia de los pueblos, la garantía de la seguridad alimentaria basada en las economías campesinas, indígena, afrodescendientes, como la agroecología.

La Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, en años recientes, ha expedido tres Sentencias trascendentales:

La primera, T-135/13, al resolver una Acción de Tutela interpuesta por Asoquimbo, ordenó la realización de un nuevo censo de afectados por El Quimbo y expresó que: “es pertinente indicar que, ante el enorme impacto de las represas sobre las personas debería llevar, en algún momento no muy lejano, a quienes toman las decisiones de políticas públicas en esta materia a plantear otras opciones que destaca la Comisión para Represas que incluyen la biomasa, la energía eólica, solar, geotérmica, energía del océano y la cogeneración”.

La segunda, T-445/16 ratificó que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”. Refuerza el carácter vinculante de la consulta popular y ordena la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, a la cual podrán vincular más entidades y miembros de la sociedad civil, con el objeto de construir una investigación científica y sociológica, para que en un término improrrogable de dos años, se identifiquen y se precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio Colombiano.

La tercera Sentencia T- 622 de noviembre de 2016, al resolver una tutela del Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’, la Corte declaró por primera vez que un río “es sujeto de derechos” y ordenó la protección y conservación inmediata del Río Atrato, su cuenca y afluentes, a cargo del Estado.

Las anteriores decisiones son fundamentales para avanzar en la construcción, desde las resistencias, de una legislación socioambiental alternativa a la mercantilización de los Bienes Naturales y Culturales Comunes Comunitarios, fundamentada en una nueva relación entre la naturaleza humana y no humana, donde se reconozca a la naturaleza como sujeto de derechos para armonizar la Igualdad social con la justicia ambiental.

En ese sentido,  se debe crear un Sistema Integral de Protección y conservación de la biodiversidad natural y, específicamente, de todas las fuentes hídricas, lo que implica el cambio del modelo extractivo y la prohibición de todos los proyectos minero energéticos y los Planes Maestros como el de privatización del río Magdalena donde se tienen previstas 17 represas desde el Macizo Colombiano hasta la Honda y las obras de infraestructura para la navegabilidad, contrato de concesión adjudicado a Navelena y cancelado por corrupción a raíz del pago de coimas y sobornos a políticos y empresarios colombianos por parte de la empresa Odebrecht de Brasil.  

 

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