El Papel de las Universidades Públicas frente al Extractivismo.

“La Corte Constitucional ha relatado en su más reciente jurisprudencia sobre el modelo extractivo, especialmente el minero, profundas falencias que interpelan a la Universidad Pública en tanto la política actualmente vigente tiene un sesgo anti-comunitario y pro-empresarial que se traduce, entre otros aspectos, en el poco o ausencia de apoyo experto a las comunidades y autoridades territoriales para la toma de decisiones debidamente informadas especialmente en lo que atañe al principio de precaución”. Julio Fierro. 

Asoquimbo respalda solicitud al rector de la Universidad Nacional para que convoque al debate.

A raíz de la reciente publicación^[1] “ASOQUIMBO denuncia fallas que amenazan con la desestabilización y posible desastre del Quimbo. ¿Riesgo de otra tragedia como la de Mocoa en Colombia?”, se  abrió un trascendental debate entre académicos de la Universidad Nacional a raíz de las alertas en cuanto a la ausencia o deficiencia de estudios relacionados con amenazas naturales que pudieran afectar la represa de El Quimbo y la urgencia de una convocatoria amplia al respecto que incluya una cátedra en donde se escuchen los argumentos en pro y en contra del modelo extractivista, entre el grupo de profesionales que realizan investigaciones desde una perspectiva crítica y  profesores de ideologías corporativistas. Asoquimbo considera pertinente este debate debido a que, en el caso de El Quimbo, Emgesa ha contratado a grupos de investigación de universidades públicas para estudios ictiológicos^[2] y arqueológicos^[3], entre otros.

El profesor  Oswaldo Ordoñez Carmona, el 18 de abril de 2017 envió un correo electrónico al Ministro de Minas, Director UNGRD, rector de la Universidad Nacional y al vicerrector y Decano de la Facultad de Minas Universidad Nacional, sede Medellín, titulado ¿Fallas constructivas o estructurales o falta de estudios? donde expresa:

“En el actual momento de la historia, donde la ciencia y la experticia, ha sido desbancada apabullantemente por las frases y los super estudios científicos (soportados en facebook, instagram, aplausos y frases apocalípticas, etc), no sorprende que todos los días lleguen y lleguen cosas anunciando el apocalipsis.

Esta vez me encontré esto. ASOQUIMBO denuncia fallas que amenazan con la desestabilización y posible desastre del Quimbo. https://www.aporrea.org/internacionales/n307049.html y en un aparte dice: ¨...escuche el informe técnico contratado por la Gobernación del Huila, con el Equipo del Geólogo Julio Fierro de la Universidad Nacional, sobre las fallas que amenazan con la desestabilización y posible desastre del Quimbo...¨

El Geólogo Julio Fierro, presenta reportes o informes a los cuales el los llama investigaciones, muy de moda en casos como la COLOSA, que son muy apetecidas por los ambientalistas antimineros quienes hoy son los ¨salvadores de la humanidad¨ (entre esos estamos millares de Geólogos y Mineros Ambientales, No ambientalistas se recalca)

Pero esta vez, se menciona un estudio que él hizo sobre el QUIMBO, el cual es en verdad muy preocupante de ser cierto.

Se que además de Geólogo, Julio es Master en geotecnia y ahí si debe tener toda la formación para emitir conceptos tajantes sobre estabilidad de presas y su asociación con fallas activas.

Las fallas activas no son ninguna novedad, ABUNDAN EN REGIONES dinámicas como los Andes Colombianos....FALLAS ACTIVAS es lo que tenemos por todos lados y eso no impide que podamos construir y hacer cosas (puentes, túneles, presas, edificios etc) a sabiendas de su presencia....para eso es la INGENIERÍA.

El colapso del edificio Space no generó más víctimas gracias a la mirada de un geólogo, y sí el Master en geotecnia Julio Fierro, evidenció cosas contundentes de una potencial falla de la presa, se debe acudir con urgencia a verificar esto; o podemos mañana lamentar no haber escuchado la voz de un geotecnista y geólogo....si esa presa se rompe, más de 5 millones de personas estarían en peligro

Ministro Arce, Profesores Mantilla, Branch y Benjumea, desde la Universidad Nacional y en especial desde la Facultad de Minas tenemos el grupo de profesores idóneo y con suma experiencia en ver y evaluar fallas activas y más para sitios de presa (Maria Isabel Mesa, Humberto Caballero, Edier Aristizabal, Verónica Botero y mi persona, entre otros más) y siempre estamos a disposición para hacer las visitas urgentes a la presa y emitir un concepto o parecer sobre este tema tan delicadísimo que al parecer, comprobó el Geólogo Fierro.

Hoy soy perito de más de 30 casos, y en muchos las alertas se dieron y no se tomaron las medidas del caso; que esta vez no sea una más, como Armero, Salgar, Mocoa, etc!

Saludos cordiales y quedo atento a por lo menos recibir una respuesta”

Por su parte, Julio Fierro a través del mismo medio electrónico respondió, el 21 de abril de 2017:

“Me parece  oportuno y necesario el llamado de atención que efectúa el colega Oswaldo Ordoñez en su comunicación e incluyo en este correo no solamente a los funcionarios de la Universidad Nacional de Colombia y a los del gobierno nacional en las temáticas de riesgo y energía, sino también al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, destacando que  esta última entidad fue la primera entidad en generar las alertas en cuanto a la ausencia o deficiencia de estudios relacionados con amenazas naturales que pudieran afectar la represa o el embalse de El Quimbo.

Así mismo, es importante recordar que el Ministerio de Ambiente efectuó la sustracción de Área de  Reserva Forestal de la Amazonia para poder llevar a cabo el proyecto y la ANLA otorgó licencia ambiental, procesos ambos que fueron analizados en su momento por los entes de control a quienes se copia esta respuesta.

Sobre el riesgo que se presenta en la Hidroeléctrica de El Quimbo, se destaca que no solamente se relaciona con las fallas geológicas que no fueron estudiadas o fueron definidas someramente, sino con el hecho de que EMGESA incumplió las obligaciones impuestas por la ANLA en la licencia ambiental en el sentido de instrumentar para sismicidad inducida la represa y la zona de influencia.

A lo anterior, deben agregarse que existen cuestionamientos ecosistémicos y socioculturales asociados a los estudios presentados al Ministerio de Ambiente (hoy ANLA) y para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico. De hecho, la  Contraloría General de la República -CGR- profirió en el año  2014, una función de advertencia sobre represas, donde puso de presente una serie de incumplimientos de parte de la empresa Emgesa de prácticamente todos los compromisos a su cargo. Destaco que a pesar de ser asesor de esa entidad al momento de realización de dicho documento, no participé en él.

Con relación al ítem de riesgos, la Gobernación del Huila contrató a la Corporación Terrae, de la que hago parte, para apoyar en la gestión del riesgo a los municipios ubicados dentro del área de influencia del proyecto El Quimbo, con lo cual pudimos comprobar las omisiones y falencias que en el componente geoambiental tuvieron los diseñadores y constructores del proyecto en comento. Y es necesario que estas omisiones sean discutidas y solucionadas, tal cual propone el colega Ordóñez.

Es claro que si bien los medios periodísticos pusieron de presente ante la opinión pública la problemática, no es con base en una nota de prensa (donde frecuentemente confunden las fallas geológicas con los problemas de estabilidad de taludes) sino con base en la revisión de estudios y del estado del arte de tectónica, geotecnia y diseño y construcción de presas que se debe dar un debate y proponer posibles soluciones.

Por tal razón, respetuosamente solicito a la Gobernación del Huila, nos permita presentar, en escenarios académicos los resultados del estudio, donde participamos ingenieros civiles geotecnistas, ingenieros civiles hidráulicos, ingenieras ambientales, geomorfólogas y geólogas (a quienes también copio este correo) para detectar las falencias y omisiones en temas tales como la estabilidad de taludes de la presa principal y el dique auxiliar (ya detectados por la CGR en otro informe en el que participé), la deficiencia o ausencia de caracterización de fallas geológicas, los problemas de calidad de agua y la ausencia de definición de amenazas ante una potencial rotura de la presa, además de la ausencia de monitoreo de inducción/desencadenamiento de sismicidad por el embalse.

Así mismo será pertinente incluir en el debate la problemática social, donde existen representantes académicos de las poblaciones afectadas, como el profesor de la Universidad Surcolombiana Miller Dussan, así como a los geólogos e ingenieros de la Contraloría y otros expertos en el tema como los geólogos Francisco Velandia, Armando Espinosa Baquero y el ingeniero Manuel García López.

Y acerca de la minería. Dado que el colega incluye en su comunicación su opinión acerca de los documentos que hemos adelantado acerca del tema minero, debe ser claro que los análisis, evaluaciones, revisiones que se realizan a los trabajos realizados sobre las amenazas y riesgos por extractivismo desarrollados en el país por parte de actores sociales, institucionales y académicos a proyectos de esta naturaleza y los de carácter extractivo, deben ser efectuadas por personal idóneo en términos profesionales, pero además, desprovistos de intereses de índole personal, de manera que exista objetividad frente a esa situación y frente a los eventuales cuestionamientos que se generen. Todo esto, sin olvidar el principio de precaución presente en la normativa ambiental y de riesgo, que es un referente necesario tal y como ha expresado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia.

El extractivismo en Colombia, particularmente minero y petrolero, son centrales en el modelo de desarrollo planteado desde el Estado para el país y es necesario, tal como lo ha requerido la Corte Constitucional, que haya estudios que definan no solamente los potenciales en cuanto a contenidos de materiales de interés, sino también los impactos sociales, ambientales, culturales y espirituales que pueden darse en su desarrollo.

Por ello, dado que la Universidad Nacional de Colombia es un espacio natural de discusión, sugiero respetuosamente a nuestro rector una convocatoria amplia al respecto para tener una cátedra en donde se escuchen los argumentos en pro y en contra de dicho modelo de desarrollo. En ese sentido, debo expresar que hago parte de un grupo de profesionales que han escrito libros y documentos desde una perspectiva crítica, la cual se ha recogido en buena parte en la serie de libros de Minería en Colombia editado por la Contraloría General de la República, cuyos nombres somete a su consideración.

En ese marco, propongo como líneas de discusión las siguientes, con algunos nombres de expertos desde la perspectiva crítica (Academia, ONG, comunidades, ex - altos funcionarios):

- Ambiente y minería (Mauricio Cabrera, Elías Pinto, David Rivera)

- Salud pública y minería (Jesús Olivero Verbel)

- Conflictividad de derechos y minería (Rodrigo Negrete Montes, Diana Rodríguez, Joana Rocha)

- Derechos humanos, con énfasis en poblaciones étnicamente diferenciadas y minería (Fernando Vargas Valencia, Natalia Orduz, Yamile Salinas)

- Políticas públicas y minería (Manuel Rodríguez Becerra, Jorge Eduardo Cock, Álvaro Pardo Becerra)

- Rentas y minería (Guillermo Rudas Lleras, Juan Camilo Cárdenas)

El colega Ordoñez podrá, como en el caso de El Quimbo, plantear para cada línea las personas que han trabajado los temas para poder debatir de manera respetuosa y argumentada, sin señalamientos ni adjetivaciones destempladas, impertinentes e irrespetuosas.

Me despido planteando que de este debate puede presentarse otro en relación con el papel de las universidades, particularmente las públicas, donde si bien es legítimo que los profesores de ideologías corporativistas (que curiosamente se definen como des-ideologizados) vuelquen los esfuerzos académicos a prestar servicios a las empresas, vale la pena preguntarse en estos escenarios cada vez más usuales de la asimetría de poder en la que se encuentran las comunidades y pueblos afectados respecto de las empresas y el Gobierno, la cual se profundiza en los aspectos referentes a los saberes, estudios y realidades académicas y no académicas de los proyectos y decisiones. 

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[1] https://www.aporrea.org/internacionales/n307049.html

[2] Convenio Ictico. http://www.proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.aspx?tabid=291

[3] Convenio entre el Equipo de Arqueología Preventiva de la Universidad Nacional de Colombia y Emgesa. http://millerdussan.blogia.com/2014/050101-arqueologos-amanuenses-del-saqueo-arqueologico-en-el-quimbo.php 

Pago por Servicios Ambientales: Negocios Verdes

 

El 27 de abril de 2017 se realizó en Neiva el foro “Pagos por Servicios Ambientales” organizado por el Proyecto Cuenca Río Las Ceibas, financiado por la CAM, y según disposición nacional, “busca generar un espacio de conocimiento sobre el contexto de las experiencias de Pago por Servicios Ambientales a nivel mundial, que permita implementarlo en la regional”.

Participaron como conferencistas los promotores de los “negocios verdes”, Mauricio José Mira Pontón Director de la oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bosco Lliso Tejera, del Basque Centre For Climate Change- BC3 Bizkaia, España; Jaime Erazo del Instituto de Economía UFRJ, Río de Janeiro y asesor del Departamento Nacional de Planeación DNP;; Harold Arango del Patrimonio Natural; Camilo Agudelo y Arley Caquimbo de la Asociación de Productores Agropecuarios del Mezón de Neiva  – AGROMEZÓN – y Carlos Alberto Cuéllar Medina Director CAM.

El representante de la Oficina de “negocios verdes” del Ministerio de Ambiente aprovechó el foro para anunciar que se encuentra listo el proyecto de Ley por medio del cual se adoptan unas medidas de política con “el propósito de establecer como instrumento para la solución de conflictos socio-ambientales los esquemas de pago por servicios ambientales PSA, como una alternativa para el postconflicto, y que a su vez contribuirá al logro de los compromisos adquiridos por el país frente al cambio climático” [1].

El Gobierno colombiano, a raíz de la COP 21   de  Naciones  Unidas  asumió que  la   salida  a  la  actual   crisis  climática  obliga  a  una  transición  programada  hacia  el “capitalismo  verde”, es decir, la mercantilización de la naturaleza y uno de sus compromisos es el pago indemnizatorio por la  contaminación atmosférica  que ha abierto un segmento rentable  en los  mercados de capitales globalizados, los “negocios verdes”. Se trata de la mercantilización y financierización de los Bienes Naturales Comunes Comunitarios, a través del acceso al “mercado carbono” o los “mercados Verdes” como los Pagos por Servicios Ambientales que hacen parte de programas estatales como los proyectos REDD (“Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación”), y su versión criolla: los proyectos Socio Bosque y Socio Páramo[2]. Este tipo de proyectos “ha puesto sus esfuerzos en cuestionados procesos de mercantilización, en donde la tierra y los fondos públicos del Sur global entran a jugar el papel de garantías cuando los “bonos verdes” que el Sur genera son valorados, retaceados o combinados con otras “mercancías climáticas” en un mercado manejado estrictamente por el Norte global”[3].

En Colombia las  mismas  Naciones  Unidas  ya   habían  propuesto en  materia    ambiental   esta  misma  política para  el  post-acuerdo  entre   el  gobierno  y  las  FARC.  Efectivamente   en  el  documento  titulado “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial, estable y duradera”,^[4] presentado  por  el Programa  de  Naciones  Unidas para  el  desarrollo- PNUD- en  Septiembre  de  2014,   incorporado  en  sus líneas  generales  en el Plan Nacional  de  Desarrollo, plantean  que  en  las  regiones   que  hasta  ahora  han  sido  controlados    por la guerrilla y que  cuentan  con reservas  ambientales  importantes  es  necesario   ejecutar  ambiciosos  proyectos   de  “economía verde”  en  asocio  con  el  capital  financiero  transnacional.

La “economía verde” responde a la implacable competencia, las exigencias de rentabilidad, la carrera hacia la ganancia rápida que destruye los equilibrios naturales y que explica la intensificación  de la disputa global por los Bienes Naturales Comunes. Es demostrable que el calentamiento planetario es producto de la lógica absurda e irracional de expansión y de acumulación al infinito del sistema capitalista, a su productivismo obsesionado por la búsqueda de la ganancia que es totalmente contradictoria con una racionalidad ecológica, que toma en cuenta la temporalidad larga de los ciclos naturales^[5].

Es importante resaltar que la figura de “servi­cio ambiental” surgió para explicar los servicios que el Estado debía otorgar en materia de sanea­miento ambiental. Sin embargo, el neoliberalismo utiliza esta figura para “mercantilizar las funciones de la Naturaleza, como son los ciclos del agua y del carbono”. Está claro que bajo cualquiera de las dos acepciones esos no son simples servicios, sino derechos que no pueden ser privatizados y el que el Estado deba regularlos, no implica abrir la puerta para su comercialización[6].

El Libro “Mercados de Carbono - La neoliberalización del clima” de Larry Lohmann[7], destaca como “...el nuevo sistema sentó las bases para que proyectos desplegados en países en desarrollo pudieran generar créditos que, posteriormen­te, pudieran adquirir y utilizar los países de­sarrollados para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones. El fondo fue trans­formado en un mecanismo de comercio, las sanciones se transformaron en premios y un sistema jurídico se transformó en un mercado”. Además, es importante resaltar algunos aspectos para comprender como el Pago por Servicios Ambientales es un instrumento perverso del capitalismo para la explotación, colonizando el cli­ma como lo resalta al referirse a la dialéctica sobre la REDD:

-          REDD no apunta a reducir la deforestación de los bosques nativos sino  suplantar la selva original, es decir el bosque, por simples plantaciones forestales.

-          REDD no premia una reducción en la tasa de deforestación en comparación con un escenario de referencia sino que premia una menor tasa de tala, lo que llevaría a manejos especulativos con alzas y caídas en la deforestación en lugar de impedirla.

-          REDD convierte al bosque en un mero proveedor de servicios ambientales como sumidero de carbono. Transforma la selva, sus árboles y aire en mercancía. No es cierto que el bosque “es” un proveedor de servicios ambientales y que  REDD es un mecanismo para cubrir los gastos que implican la reducción de la deforestación y la conservación que implica un costo de oportunidad que hasta ahora ha sido pagado por los dueños de los bosques (pueblos indígenas y campesinos).

-          Se difunde falsamente que gracias a REDD, los dueños de los bosques recibirán un incentivo económico (compensación) por la conservación, que REDD no afecta los derechos de propiedad de los territorios, ni afecta en forma negativa su gestión o manejo y que al contrario, con buena regulación y aplicación de estándares sociales y ambientales, REDD puede consolidar derechos territoriales, mejorar la gestión y las condiciones de vida de pueblos indígenas y otras comunidades locales. La realidad demuestra que enajena la gestión y manejo de los territorios, ya que los fines económicos prevalecen sobre la administración local, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ellos, los dueños de los territorios, podrán convertirse en el mejor de los casos en simples guardabosques.

-          Uno de los mayores engaños, que además tiene que ver con el caso de la Cuenca del río las Ceibas, amenazada por la explotación petrolera es que REDD no permite la extracción petrolera o minera, al contrario, la protección de los bosques, mediante este mecanismo, permitirá luchar contra las actividades extractivas y que el país tendrá que escoger entre conservar los bosques para cumplir con REDD o abrir nuevas fronteras mineras, petroleras o agrícolas. Se dice, además, que REDD no plantea que los bosques son un simple mercado de carbono, por eso se están proponiendo salvaguardas dentro del mecanismo REDD y que la reducción de la deforestación, con la respectiva compensación para los dueños de los bosques, permitirá consolidar los territorios indígenas y, por lo mismo, mantener los bosques nativos como espacios fundamentales para la vida y las culturas. Se engaña al afirmar que un mecanismo REDD bien diseñado puede ayudar a pagar la deuda ecológica, a compensar a los dueños de los bosques (pueblos indígenas y campesinos) por sus esfuerzos de conservación y evitar la expansión de actividades extractivas en áreas con bosques nativos. Larry Lohmann, contradice lo anterior al afirmar que al priorizar lo económico, mercantilizando los servicios ambientales o permitiendo la extracción petrolera o minera, se viola lo sagrado de los bosques. Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas los bosques no son un simple mercado de carbono, son espacio de vida.

 

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[1] http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fast-track-y-medioambiente-el-revolcon-del-ministerio/37162

[2] Video. https://www.youtube.com/watch?v=ITrgfw5oxxs

[3] http://www.carbontradewatch.org/articles/mercados-de-carbono-la-neoliberalizacion-del-clima.html

[4] Naciones  Unidas  en ,www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1588248879.pdf, septiembre  del  2014. Estos  mismos  criterios  ya  habían sido  presentados por  el  mismo  PNUD   en  la “ Conferencia de la ONU para el medio ambiente y el desarrollo sostenible”,  celebrada  en Rio de Janeiro  en  el 2012.. 

[5] LÖWY, M. Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. Ocean Sur. 2014

[6] http://www.carbontradewatch.org/articles/mercados-de-carbono-la-neoliberalizacion-del-clima.html

[7] Ibídem.

¿EL QUIMBO: UNA CATÁSTROFE DE GRAN MAGNITUD?

El 24 de abril de 2017 la Corporación Terrae que dirige el geólogo Julio Fierro, docente de la Universidad Nacional, presentó ante la Mesa Temática Ambiental el estudio sobre “Apoyo en el análisis de amenazas y riesgos del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en relación con la Planificación Territorial de sus Areas de Influencia”, producto de un contrato celebrado con la Gobernación del Departamento del Huila. 

El estudio con relación a “Las amenazas y Riesgos del PHE El Quimbo y las incertidumbres por la baja calidad de los estudios básicos. Problemáticas en diseño, construcción y operación” sostiene  que:

- No se puede evidenciar el desarrollo del Plan de Emergencias para presas en operación y por ende las medidas de contingencia que tendrían  que tomar las poblaciones aguas abajo y del embalse de Betania en caso de la falla de la represa El Quimbo. Pregunta ¿Qué pasaría en caso de la eventual ruptura  de la represa? Con relación a la falla funcional sostiene que Betania no tendría capacidad para este caudal por lo tanto rebosaría la represa y generaría inundaciones aguas abajo. Respecto a la falla estructural señala que es necesario evaluar la estabilidad de la represa considerando el impacto que generaría esta onda a Betania.

- No se realizó la caracterización de fallas geológicas y su relación con la sismicidad, ni tampoco abordó de manera amplia y suficiente la sismicidad natural instrumentada ni la histórica, lo cual puede haber llevado a subestimaciones en cuanto a las aceleraciones a las que podrían ser sometidas las estructuras. En cuanto a sismicidad inducida no se cumplieron las obligaciones de instrumentación previas al llenado del embalse y que fueron exigidas por la ANLA.

- No hay información suficiente en cuanto a la estabilidad de las laderas en la zona embalsada, tanto la que fue cubierta por el cuerpo de agua como la que no. Esa evaluación es necesaria, pues existen antecedentes de desastres por no considerar la eventual ocurrencia de deslizamientos que pueden generar tsunamis que sobrepasen la represa. De igual manera, este insumo es fundamental para poder calcular la vida útil del embalse en términos de sedimentación.

- No se puede establecer con base en el plan de monitoreo de calidad de aguas diseñado por la empresa, la afectación que está causando el embalsamiento de aguas, pero los pocos datos disponibles indican disminución en la cantidad de oxígeno disuelto y el aumento en el contenido de materia orgánica.

Como antecedentes del estudio es importante hacer referencia a los informes de la Contraloría General de la República. El primero, Informe Final del 2014 resalta que: a) La Licencia Ambiental y posteriores modificaciones del PHQ, no cumplen con los requerimientos técnicos mínimos que garanticen el análisis de los posibles escenarios de riesgo que puede estar sometido a proyectos hidroeléctricos, bajo un aumento de precipitaciones extremas como el presentado durante el periodo invernal 2010-2012, en la Cuenca Alta del Río Magdalena, y por lo tanto no podrá prevenir, mitigar, corregir ni compensar los efectos ambientales, lo cual configura el proyecto como un elemento que amenaza los recursos naturales renovables y no renovables de la Nación y pobladores localizados dentro del área de influencia directa e indirecta, ante la falla de algunos de los elementos estructurales del proyecto. b) Dentro de los términos de referencia establecidos por el Ministerio de Ambiente en el 2006 para proyectos hidroeléctricos, sobre los cuales se realizó el Estudio de Impacto Ambiental no se incluye dentro de sus requerimientos el análisis de sismicidad inducida por el llenado del embalse. c) Tres tipos de omisiones frente a las amenazas fueron analizadas 1) “la ausencia de una zonificación por amenaza volcánica relacionada con la presencia y actividades del Volcán Nevado del Huila y el Volcán Sotará”; 2) la ausencia de un modelamiento morfo-dinámico relativo a las amenazas provenientes de “avenidas torrenciales, flujos de lodos, generadas por crecientes en el sector de los Ríos Páez y La Plata y el sector Río Magdalena y Río Suaza”; y 3) la ausencia de una “caracterización geométrica, cinemática y sismológica que permita establecer bajo un modelo determinístico o probabilístico la ocurrencia de sismos generados” por las diez fallas geológicas, identificadas por el EIA, que allí se señalan. El informe termine por concluir que la licencia ambiental de este proyecto “presenta insuficiencias técnicas que permitan la caracterización ambiental en el componente físico y logre un mejor acercamiento a los aspectos de amenazas por proceso volcánicos, morfodinámicos y sísmicos que son garantes de la prevención de desastres”, lo cual, debe señalarse, hace de la ejecución de este proyecto un verdadero peligro dado que puede producirse una Catástrofe de  Gran Magnitud.

El segundo, Informe de Auditoria - Contraloría General de la República -Junio/2016, advierte que: 

- No se conocen los rangos de los caudales y localización de las filtraciones  y los caudales y condiciones en las cuales las filtraciones presentan riesgo inminente sobre el proyecto, por lo tanto no se encuentra establecido el momento en que se requiere la aplicación de medidas especiales, o cuando se debe dar inicio al plan de contingencia por efecto de las filtraciones.

- La CGR observa que lo anterior pudo tener origen en deficiencias en la fase de evaluación técnica de los estudios presentados para la obtención de la licencia ambiental del proyecto, específicamente, sobre la evaluación del Plan de Contingencia.

Los anteriores estudios coinciden en que existen serias “amenazas y Riesgos del PHE El Quimbo y las incertidumbres por la baja calidad de los estudios básicos o ausencia de los mismos, razón por la cual se debe exigir a la presidencia de la República, a los Ministerios de Ambiente y Minas, a la Contraloría General de la Nación, a la Fiscalía General, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo:

La suspensión de la operación del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo hasta tanto no se realicen nuevos estudios sobre las fallas estructurales del mismo, específicamente, el de microzonificación de sismicidad, el levantamiento adecuado de estudios básicos y de amenazas para cuantificar las alturas de la lámina de agua (zonas inundables) y las velocidades asociadas a la eventual ruptura de la represa considerando el efecto en la estabilidad y funcionalidad de la llegada de esta onda (caudal) a la represa de Betania y se encuentren cumplidas las compensaciones y medidas ambientales correspondientes, estableciendo plazos para la entrega de los nuevos estudios, del Plan de Contingencia y el pago de las compensaciones a las víctimas de Emgesa.

La presentación por parte de Emgesa ante las autoridades nacionales y regionales competentes de los diseños y el modelamiento geotécnico, hidrogeológico y sísmico de la totalidad de las estructuras principales (presa, dique auxiliar, casa de máquinas y túnel de desviación) con el fin de constatar que las filtraciones que se han detectado y las inestabilidades previas no amenazan a las poblaciones del área de influencia directa e indirecta.

El establecimiento de comisiones técnicas institucionales para el monitoreo de las condiciones de estabilidad del muro de presa, con el control en tiempo real de aspectos de deformación, filtraciones y en general todos los aspectos técnicos necesarios para brindar tranquilidad a la población.

Establecimiento de comisiones técnicas institucionales para el monitoreo de la calidad de las aguas de la zona embalsada y aguas abajo del embalse y su relación con la calidad de aguas del río Magdalena y los afluentes aguas arriba del embalse.

Asoquimbo considera que la mejor opción ante una catástrofe anunciada de gran magnitud es desmantelar el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

 

 

 

 

!CANTO AL AGUA!

“Proteger el agua aquí, defender el agua aquí, es defender totalmente el ecosistema de todo el territorio y en esa medida del mundo, aquí estamos en un lugar especialmente privilegiado y tal vez el lugar desde el que habría que articular en este mundo y para este mundo el discurso del agua, por eso me parece tan importante todo esto, porque no puede ser percibido simplemente como la lucha local de unos ribereños o como la lucha local de unos nacionales por defenderse de unas fuerzas que avasallan un territorio y que quieren apoderarse de él, sino que es la lucha de la humanidad por salvar la esencia de su futuro es la lucha por salvar este planeta de un colapso anunciado y casi inminente”. 

William Ospina

Colombia es uno de los países más desiguales no sólo en términos de la propiedad de la tierra, sino en relación con los derechos para el uso del agua. En particular, el 1.1% de los dueños de las concesiones de agua en el país tienen el 62% del volumen del agua concesionada.

La privatización del agua (art. 365 de la CPC y 142 de Servicios Públicos) se viene imponiendo a través de los Planes Departamentales de Agua a nombre de “Aguas para la Prosperidad”, entre otras, para los Proyectos de hidrocarburos (petróleo), minería, represas como el Quimbo, agroindustria, agua embotellada y para acceder al “mercado carbono” -Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero -GEI- por deforestación y degradación (REDD+)-  es decir, la mercantilización de la naturaleza a través del capital especulativo.

!Canto al Agua! es la expresión de todas las voces de resistencia por el Derecho Fundamental al agua por ser un Bien Natural Común para el consumo humano, la Soberanía y Seguridad Alimentaria, la agroecología.  Es deber del Estado garantizar la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los sistemas hídricos.

¡Canto al Agua! es un compromiso por la defensa de los territorios, los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hidrológico, páramos, humedales, túneles verdes,  ciénagas, arroyos, ríos, y otras fuentes hídricas que deben ser protegidas de cualquier actividad extractiva (represas, fracking, minería, vías 4G) procurando que la gestión y el cuidado sea de responsabilidad de las comunidades.

¡Canto al Agua! es rendir un homenaje a quienes luchan por la Defensa de los Territorios, el Agua y la Vida, como las mujeres y hombres de Asoquimbo y del Movimiento Regional ¡Rios Vivos¡ que a través de las movilizaciones sociales lograron incidir para que se aprobaran Acuerdos Municipales en Pitalito, Agrado, Timaná, Elias, Saladoblanco y Oporapa prohibiendo la ejecución de megaproyectos minero energéticos y de hidrocarburos y protegiendo el agua y la producción alimentaria en cada una de sus localidades.

¡Canto al Agua! es celebrar el triunfo del Pueblo de Cabrera Cundinamarca que mediante Consulta Popular, el 26 de Febrero de 2017 dijo NO a la ejecución de proyectos minero energéticos que transformen el uso del suelo, el agua y la vocación agropecuaria del territorio,  derrotando a las transnacionales Emgesa Endesa Enel. Es apoyar las Consultas Populares convocadas por el Municipio de Iquira contra la explotación petrolera y en Ibagué y Cajamarca contra la minería contaminante. Es vincularse a todos los procesos de resistencia contra el extractivismo que despoja a comunidades, destruye el medio ambiente y el patrimonio cultural para acumular riquezas mediante la corrupción, el soborno, la judicialización y el asesinato de líderes ambientalistas y defensores de los Derechos Humanos.

 ¡Aguas para la Vida No para la Muerte!

Asoquimbo 

CONCEJOS MUNICIPALES PROHIBEN PROYECTOS MINERO ENERGÉTICOS EN EL HUILA.

Los Concejos Municipales de Timaná y Oporapa Huila blindaron sus territorios al aprobar por unanimidad la prohibición de proyectos minero energéticos y de explotación de hidrocarburos en sus respectivos territorios, durante las sesiones realizadas el 28 de febrero de 2017.

El primer Acuerdo fue aprobado en Pitalito Huila en el 2016 por iniciativa del Movimiento Ciudadano de Defensa del Territorio del lugar, con la asesoría de Asoquimbo. Posteriormente, lo realizó el Municipio de El Agrado y continuaron Timaná y Oporapa después de haber realizado un Taller en Pitalito Huila sobre competencias de los entes territoriales orientado por el constitucionalista Rodrigo Negrette, donde se convocó a la defensa de los territoriales con fundamento en la Constitución y, específicamente, en la Sentencia de la Corte Constitucional T-445/ 16 mediante la cual ratifica las facultades de dichos entes para restringir y prohibir proyectos minero energéticos que atenten contra el bienestar de los ciudadanos de su sector, como organismo autónomo y su competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente.

Se trata de un avance significativo para frenar las 7 represas que se pretenden imponer en el Huila y que hacen parte de las 17 desde el Macizo Colombiano hasta la Honda incluidas en el Plan Maestro de Aprovechamineto del río Magdalena. También los proyectos de explotación petrolera que mediante el uso del fracking fueron feriados en varias Rondas y que afectan a 17 municipios del Huila.

En la Mesa Ambiente, Agua y Territorio, que preside el Gobernador del Huila, se ha propuesto que todos los municipios del Huila blinden sus territorios mediante estos Acuerdos. Además, se está elaborando una propuesta de Ordenanza para que los Diputados del Huila protejan al Departamento de cualquier proyecto de megaminería, hidrocarburos y represas.

Estas iniciativas serán fortalecidas con la propuesta de convocatoria a una Consulta Popular en el Huila donde se les pregunte a los ciudadanos ¿Está Usted de Acuerdo, Si o No, que en el Departamento se ejecuten Proyectos minero energéticos y de explotación petrolera que transformen o afecten el uso del suelo, el agua y la vocación agropecuaria del Huila?

La Consulta Popular realizada en el Municipio de Cabrera Cundinamarca es un estímulo para continuar con la defensa de los territorios. Con 1.465 votos de un total de 1506 dijo NO a la ejecución de proyectos minero energéticos y logró derrotar a las transnacionales Emgesa Endesa Enel que con el nombre de El Paso pretendía construir tres cadenas de generación de energía sin embalse que estarían distribuidas a lo largo de 50 kilómetros del río Sumapaz, abarcando 32 veredas de cuatro municipios: Cabrera, Pandi y Venecia, en Cundinamarca, e Icononzo, en Tolima.

Asoquimbo expresa su reconocimiento a todas y todos sus integrantes quienes han mantenido la resistencia argumentada por la defensa del territorio y por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo que responda a las necesidades de las comunidades y se apropie de otras soluciones energéticas como la solar, eólica, etc. Su contribución ha sido determinante en el fortalecimiento del Movimiento Regional por la Defensa de los Territorios y la Vida y en el estímulo a las corporaciones legislativas municipales que con sus decisiones, destacando iniciativas de mujeres como la Concejala Argenys Rojas de la Tierra de la Gaitana, protegieron sus territorios de la voracidad de las transnacionales.

Asoquimbo, el Movimiento Regional por la Defensa de los Territorios y la Vida y Pastoral Social, en el marco de la VII Jornada Nacional en Defensa de los Territorios "!Rios Libres, Territorios de Paz"! convocada por el Movimiento Colombiano Rios Vivos, invitan a la Jornada Regional donde se realizarán acciones tales como:

14 de marzo, plantón en el Parque Central de Pitalito a las 10 de la mañana y Foro sobre Agenda Común para la Paz desde los Territorios (producto de investigación) orientado por Planeta Paz y Asoquimbo en el Auditorio Olga Tonny Vidales, a las 8 de la mañana.

17 de marzo, plantón en el parque Santander a las 4 de la tarde donde participarán delegaciones del Movimiento Regional y de colegios de Neiva y el Concierto: Canto al Agua y a la Vida donde intervendrán grupos Musicales Regionales y Bahía Trío, en el Parque de la Música Jorge Villamil a partir de las 6 de la tarde, donde se rendirá un homenaje a las mujeres y hombres luchadores de Asoquimbo y se resaltarán los logros por la defensa de la vida.

EL PUEBLO DE CABRERA DICE NO A PROYECTOS MINERO ENERGÉTICOS

 

El 26 de Febrero de 2017, mediante consulta popular, el pueblo del Municipio de Cabrera, Cundinamarca con 1.465 votos de un total de 1506 dijo NO a la ejecución de proyectos minero energéticos que transformen el uso del suelo, el agua y la vocación agropecuaria del territorio y, específicamente, logró derrotar a las transnacionales Emgesa Endesa Enel que con el nombre de El Paso pretendía construir tres cadenas de generación de energía sin embalse que estarían distribuidas a lo largo de 50 kilómetros del río Sumapaz, abarcando 32 veredas de cuatro municipios: Cabrera, Pandi y Venecia, en Cundinamarca, e Icononzo, en Tolima.

Con la anterior decisión se logró proteger la Zona de Reserva Campesina de Cabrera y la importancia de defender esta figura de ordenamiento territorial campesino para el ejercicio de las soberanías comunitarias y alimentarias en los territorios del país.

Como lo expresó un profesional vinculado al Ministerio de Ambiente “es justo el resultado que esperaba. Es fácil suponer que la experiencia de Asoquimbo y el desastre causado por Emgesa en el Huila, fue una ilustración versada, rica y definitiva del futuro que les esperaba si permitían la afectación a su territorio y sus pobladores por esta nefasta empresa que por lo visto se pasó de descarada y cuya arrogancia no le permitió valorar la resistencia valerosa y fuerte del pueblo de Cabrera”.

Asoquimbo felicita al pueblo de Cabrera Cundinamarca por la contundente victoria contra el extractivismo por la defensa del territorio del Sumapaz y la Vida y, expecificamente, por la derrota de Emgesa Endesa Enel.

Los luchadores de Asoquimbo celebramos este avance tan significativo en la lucha contra el extractivismo, el neoliberalismo y el capital transnacional.

Ahora continuaremos en la perspectiva de una gran coordinación hacia un gran movimiento nacional que con apoyo internacional logre erradicar el extractivismo.

NACE LA MESA NACIONAL DE PESCADORES ARTESANALES

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo- acompañó a las Asociaciones de Pescadores Artesanales del Alto Magdalena y de Calandreros del Municipio de Hobo Huila en la Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales y suscribieron la siguiente, 

DECLARACIÓN

Bogotá, 15 y 16 de febrero de 2017

Voceros que representamos 700 organizaciones de pescadores artesanales de Colombia, nos reunimos los días 15 y 16 de febrero del presente año en Bogotá en las instalaciones de la Comisión Quinta del Senado de la República, y como producto de esta Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales hemos acordado declararle lo siguiente a Colombia:

1. La crisis de la pesca artesanal no tiene precedentes. Las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno nacional están destruyendo la pesca artesanal y empujan a la ruina a los más de 200.000 pescadores de los cuales dependen directamente 1.200.000 familiares. La contaminación de los ríos, las megaobras de infraestructura (hidroeléctricas, carreteras, puertos, entre otros), los puertos de la gran minería trasnacional, otorgamiento de licencias ambientales sin consulta previa a las comunidades de pescadores artesanales, la agricultura y la ganadería extensiva sin control, la desecación de las ciénagas y la desviación de ríos y caños, la pésima disposición de las aguas residuales, la promoción de las importaciones, la cesión de la zona económica exclusiva en los TLC, la pésima atención de los conflictos y litigios limítrofes, desplazamiento de pescadores asentados en áreas protegidas de parques nacionales naturales,  mala política de pesca, falta de asistencia técnica, capacitación y fomento, entre otras, están extinguiendo a la pesca artesanal en Colombia. Situación que es agravada por la falta de apoyo de las autoridades pesqueras del gobierno nacional y porque estos problemas sociales son tratados con medidas policivas.
2. Los pescadores artesanales le exigimos al gobierno que se nos reconozca como una comunidad que tiene costumbres y saberes propios, que se relaciona en forma particular con la tierra y el mar y por tanto cualquier decisión de política pública le sea consultada democráticamente a las organizaciones de pescadores artesanales y, especialmente y en adelante, a la Mesa Nacional de Pescadores Artesanales y a la organización nacional que surja de este proceso de unión gremial.
3. Los pescadores artesanales rechazamos el proyecto de ley que criminaliza a la pesca artesanal. Es inadmisible que el presidente de la República y su ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Iragorri, tramiten una ley que trata como criminales a los pescadores artesanales, a quienes por ejercer su actividad se les va a meter a la cárcel entre cinco y nueve años. Estamos de acuerdo con que se persiga a la pesca ilegal que se realiza en embarcaciones industriales, en todo el mundo identificado, pero repudiamos que esa persecución se use como excusa para criminalizar y extinguir al pescador artesanal. Por lo que exigimos que este abusivo e inconsulto proyecto de ley se hunda.
4. Las organizaciones reunidas en la Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales hemos decidido crear la Mesa Nacional de la Pesca Artesanal, organismo que se constituye como una entidad democrática, nacional, representativa y vocera de los pescadores artesanales marítimos y continentales de Colombia. La Mesa representará a las organizaciones de primer, segundo, tercer nivel, que hagan parte de ella y que quieran vincularse en el tiempo. Sus decisiones internas se tomarán por vías democráticas y de una forma tal que, privilegiando el consenso, las opiniones de todas las organizaciones afiliadas sean recogidas en las posiciones oficiales de la Mesa.

La Mesa será un interlocutor con el gobierno nacional, a quien le solicita invitar a sus representantes a las instancias de decisión de política pública y a no tomar ninguna decisión sin atender debidamente la opinión de la Mesa Nacional de Pescadores Artesanales. Entre los objetivos de la Mesa, además de la representación y defensa de los intereses de los pescadores artesanales, estará proponerle al país una política nacional de corto, mediano y largo plazo que permita recuperar la senda de la sostenibilidad para la pesca artesanal en Colombia.

Cordialmente,

 Organizaciones de Primer, Segundo y de Tercer Grado miembros de la Mesa Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia:

Federación Nacional de Organizaciones Pescadores de Colombia, FENAPESCOL

Asociación de Pescadores Artesanales del Distrito de Santa Marta, NUEVA FUERZA.

Corporación Colombiana de Pescadores, CCPES

Federación Colombiana de Pescadores y Ambientalistas, FECOLPAA

Federación Departamental de Pescadores y Acuicultores de la Guajira.

Asamblea Permanente de Organizaciones de Segundo Grado del Mar y Ciénaga Grande, APOPESCA.

Asociación para el Bienestar del Pescador, ASOBIPESCAR.

Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia, ANPAC.

Asociación de Comerciantes de Pesca Artesanal Regional Pacífico, ACOPAR.

Asociación de Maricultores y Acuicultores del Pacífico, ASMAR.

Federación Regional de Pescadores Artesanales del Pacífico, FERPACOL.

AGYPES, Guapi.

Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo- Asociación de Pescadores Artesanales del Alto Magdalena de Neiva Huila y Asociación de Calandreros del Municipio de Hobo Huila.

Cooperativa ASOPACFA.

Federación de Pescadores del Departamento del Cesar, FEDEPECE.

ASOPESAM

ASPESARCA, Chimichagua.

ASOPCEM, Chimichagua.

Mesa de Pesca del Río Magdalena, Gamarra.

Federación de Pescadores de Puerto Wilches.

Fish and Farm Coop.

Asociación de Pescadores de Playa del Muerto, ASOPLAM.

Asociación de Acuicultores de Mediana y Pequeña Escala.

Asociación de Pescadores Artesanales del Poblado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESA PORVENIR II: LA MUERTE ANUNCIADA DE LAS FIESTAS DEL BOCACHICO

 

Después de la celebración de las Fiestas del Bocachico, del 6 al 8 de Enero de 2017, en el corregimiento de  Puerto Garza, San Carlos, Antioquia, el 21 de enero se realizó el Encuentro de Comunidades Afectadas por Proyectos Hidroeléctricos en el Oriente Antioqueño, convocada por Las Mesas de Concertación por la Vida y la Defensa del Territorio, con el apoyo de La Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz, MOVETE, Fundación Yumaná, SINTRAISA, SINTRAISAGEN, SINTRAE, REDIPAZ, Grupo de Investigación Kavilando, Asociación Campesina de Antioquia, (ACA), Corporación Natybos.

Participaron cerca de 200 representantes de las comunidades de El Prodigio, del municipio de San Luis; del Tambores, del municipio de Puerto Nare; de los corregimientos de Samaná Norte y Puerto Garza, que pertenecen a San Carlos; de los Municipios de Cocorná, San Carlos, San Francisco, 5 concejales, Vereda Juanes, entre otros,  y de todas las organizaciones que apoyaron el Encuentro con el propósito de organizar la resistencia contra represas, Pequeñas Centrales Hidroeléctricas como Palaguas y, específicamente, por la Derogatoria de la Resolución 0168 del 13 de febrero de 2015 por medio de la cual La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, otorgó Licencia Ambiental a Celsia, empresa de servicios públicos generadora de energía, filial del Grupo ARGOS para  la construcción de  la hidroeléctrica Porvenir II, en límites de los municipios de San Carlos y Puerto Nare, en el suroriente de Antioquia, que generaría 352 megavatios en 1.075 hectáreas, sobre el río Samaná.

El río Samaná, con un área de 2.656,9 kilómetros cuadrados, es la única fuente hídrica de Antioquia, cuyo cauce no ha sido obstaculizado por obras de infraestructura para construir represas y generar energía. Sus aguas corren aceleradas entre piedras y grandes rocas, cuevas, pasajes estrechos y cascada, lugar donde la vida se recrea en la Playa Narices y la “parábola de la multiplicación de los peces” garantiza seguridad alimentaria a las gentes que danzan en las Fiestas del Bocachico que el Estado ha autorizado matar con las represas a nombre del desarrollo.

Durante el evento,  REDIPAZ y el Grupo de Investigación Kavilando que viene realizando acompañamiento a las comunidades afectadas por Porvenir II y Palaguas, presentó los resultados de su trabajo exploratorio cuyos referentes de análisis se centraron en las formas de habitar el territorio (pertenencia, arraigo, solidaridad, confianza, Seguridad Alimentaria, lugar de crianza de generaciones enteras, derecho a vivir en el territorio); conflictos socioambientales generados por los daños a las comunidades y destrucción de los ecosistemas; las amenazas ante el riesgo de perder la actividad productiva, los valores de solidaridad por la división que la empresa ocasionó en las comunidades; Paz y no repetición que demandan los habitantes y que se expresa en tranquilidad, ausencia de violencia, de zozobra, paz territorial, ante el desplazamiento estatal y la revictimización; participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones y el derecho a la información, vulnerados por el Estado al reducirlos a la “socialización del Proyecto por parte de la empresa de manera confusa y no clara”, sin garantizar la información veraz, actualizada, accesible y comprensible; y las formas de organización y resistencia de las comunidades, unificadas en torno a una Agenda Territorial, con redes de apoyo contra las represas y por la defensa de la vida.

La Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, ratificó lo que había denunciado  desde el mes de diciembre de 2012: “El conflicto armado que soporta desde hace más de cincuenta años nuestro país ha golpeado durante los últimos veinte años la población de San Carlos, conllevando a centenares de homicidios, desapariciones forzadas, masacres, secuestros y al desplazamiento forzado de buena parte de sus habitantes.  Justo cuando se empiezan a implementar en la localidad una serie de políticas dirigidas al restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, a la verdad, la justicia y la reparación, especialmente a generar por parte de la autoridades públicas las condiciones propicias para el retorno de la población desplazada a su veredas y lugares de origen, como producto de la eventual implementación del proyecto Porvenir II, todo este proceso se verá truncado y buena parte de la población que ha retornado a sus tres corregimientos, luego de muchos años de ausencia, será obligada en contra de su voluntad a entregar por la vía de la expropiación las tierras y las viviendas que apenas están recuperando y serán objeto de una nueva modalidad de desplazamiento ante el despojo de sus territorios”. Concluye, “La Mesa de Derechos Humanos en el ámbito de su mandato exhorta a la Autoridad Nacional Ambiental para que en el proceso de estudio de impacto ambiental como requisito previo a la concesión de la licencia ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, otorgue un valor preponderante al clamor de las comunidades que eventualmente serán impactadas, cuando manifiestan decididamente su rechazo generalizado al otorgamiento de la licencia en cuestión, garantizándose de esta manera los derechos constitucionales fundamentales que se encuentran en juego y les asisten, y se encuentran contenidos y valorados en la sentencia T-348 de 2012, de la Corte Constitucional”.

Por su parte, la personera de San Carlos, Marlín Rodríguez reiteró que “el proyecto infringe la Ley 1448 de 2011 y vulnera la Constitución Política de Colombia, que protege a las víctimas de la violencia. Entre el 2001 y el 2006 fueron desplazados los campesinos del corregimiento El Prodigio, en el municipio de San Luis; los del Tambores, en el municipio de Puerto Nare; además de comunidades del corregimiento de Samaná Norte y Puerto Garza, que pertenecen a San Carlos”. Expresó su indignación debido a que la Licencia otorgada para la construcción de Porvenir II se autorizó con 3000 requerimientos cuando técnicos de la ANLA habían conceptuado sobre su inviabilidad. Informó que el Consejo de Estado había admitido demanda de nulidad de la Resolución 0168 y una Acción Popular por vulneración de derechos constitucionales, como el de permanencia en el territorio, la soberanía alimentaria, el ambiente sano, ante la afectación de los ecosistemas y el no registro de múltiples plantas, entre otros.

El Concejal Arnulfo Berrio advirtió de nuevo que históricamente las personas de esa zona han sido víctimas de la violencia y el desplazamiento por parte de grupos guerrilleros y paramilitares. La historia se repite, ahora todos ellos tendrán que dejar sus tierras para siempre, pues después de que hagan la represa...no hay vuelta atrás”.

Las intervenciones de los campesinos y pescadores, ilustradas con testimonios, videos, poesía, trovas coincidieron en el rechazo a las represas y pequeñas centrales hidroeléctricas y la necesidad de proteger los ríos, los páramos y, en general, el derecho a vivir en el territorio. Reafirmaron que “la energía creada por encima del medio ambiente y del bienestar de la comunidad, sólo servirá para beneficiar a un conglomerado económico”.

Los representantes de la Mesa Social Minero Energética expresaron su respaldo a la lucha de las comunidades afectadas y la necesidad de impulsar un proceso de Diálogo Nacional por un nuevo Modelo mineroenergético y ambiental  soberano y autónomo, que responda a las necesidades nacionales del pueblo y que reconozca las soberanías alimentaria, energética, e hídrica para garantizar los derechos fundamentales individuales y colectivos y, los derechos de la naturaleza.

Los representantes de la MSME se comprometieron a socializar las conclusiones del Encuentro a nivel nacional e internacional y a promover acciones de resistencia en Defensa del Río Samaná, a apoyar la organización de las comunidades por veredas y a impulsar la movilización social por el Rió desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Magdalena, a exigir al Consejo de Estado la nulidad de la Licencia a la represa Porvenir II y a la ANLA el no otorgamiento de Licencias Ambientales para represas en el país y, específicamente, en el departamento de Antioquia.

El encuentro concluyó destacando la amplia participación y el rechazo a la política minero energética del Estado Colombiano y el compromiso por defender para siempre Las Fiestas del Bocachico como expresión  simbólica de la defensa de la Seguridad Alimentaria y de los ¡Ríos para la Vida y no para la muerte!.