Pago por Servicios Ambientales: Negocios Verdes
El 27 de abril de 2017 se realizó en Neiva el foro “Pagos por Servicios Ambientales” organizado por el Proyecto Cuenca Río Las Ceibas, financiado por la CAM, y según disposición nacional, “busca generar un espacio de conocimiento sobre el contexto de las experiencias de Pago por Servicios Ambientales a nivel mundial, que permita implementarlo en la regional”.
Participaron como conferencistas los promotores de los “negocios verdes”, Mauricio José Mira Pontón Director de la oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bosco Lliso Tejera, del Basque Centre For Climate Change- BC3 Bizkaia, España; Jaime Erazo del Instituto de Economía UFRJ, Río de Janeiro y asesor del Departamento Nacional de Planeación DNP;; Harold Arango del Patrimonio Natural; Camilo Agudelo y Arley Caquimbo de la Asociación de Productores Agropecuarios del Mezón de Neiva – AGROMEZÓN – y Carlos Alberto Cuéllar Medina Director CAM.
El representante de la Oficina de “negocios verdes” del Ministerio de Ambiente aprovechó el foro para anunciar que se encuentra listo el proyecto de Ley por medio del cual se adoptan unas medidas de política con “el propósito de establecer como instrumento para la solución de conflictos socio-ambientales los esquemas de pago por servicios ambientales PSA, como una alternativa para el postconflicto, y que a su vez contribuirá al logro de los compromisos adquiridos por el país frente al cambio climático” [1].
El Gobierno colombiano, a raíz de la COP 21 de Naciones Unidas asumió que la salida a la actual crisis climática obliga a una transición programada hacia el “capitalismo verde”, es decir, la mercantilización de la naturaleza y uno de sus compromisos es el pago indemnizatorio por la contaminación atmosférica que ha abierto un segmento rentable en los mercados de capitales globalizados, los “negocios verdes”. Se trata de la mercantilización y financierización de los Bienes Naturales Comunes Comunitarios, a través del acceso al “mercado carbono” o los “mercados Verdes” como los Pagos por Servicios Ambientales que hacen parte de programas estatales como los proyectos REDD (“Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación”), y su versión criolla: los proyectos Socio Bosque y Socio Páramo[2]. Este tipo de proyectos “ha puesto sus esfuerzos en cuestionados procesos de mercantilización, en donde la tierra y los fondos públicos del Sur global entran a jugar el papel de garantías cuando los “bonos verdes” que el Sur genera son valorados, retaceados o combinados con otras “mercancías climáticas” en un mercado manejado estrictamente por el Norte global”[3].
En Colombia las mismas Naciones Unidas ya habían propuesto en materia ambiental esta misma política para el post-acuerdo entre el gobierno y las FARC. Efectivamente en el documento titulado “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial, estable y duradera”,[4] presentado por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo- PNUD- en Septiembre de 2014, incorporado en sus líneas generales en el Plan Nacional de Desarrollo, plantean que en las regiones que hasta ahora han sido controlados por la guerrilla y que cuentan con reservas ambientales importantes es necesario ejecutar ambiciosos proyectos de “economía verde” en asocio con el capital financiero transnacional.
La “economía verde” responde a la implacable competencia, las exigencias de rentabilidad, la carrera hacia la ganancia rápida que destruye los equilibrios naturales y que explica la intensificación de la disputa global por los Bienes Naturales Comunes. Es demostrable que el calentamiento planetario es producto de la lógica absurda e irracional de expansión y de acumulación al infinito del sistema capitalista, a su productivismo obsesionado por la búsqueda de la ganancia que es totalmente contradictoria con una racionalidad ecológica, que toma en cuenta la temporalidad larga de los ciclos naturales[5].
Es importante resaltar que la figura de “servicio ambiental” surgió para explicar los servicios que el Estado debía otorgar en materia de saneamiento ambiental. Sin embargo, el neoliberalismo utiliza esta figura para “mercantilizar las funciones de la Naturaleza, como son los ciclos del agua y del carbono”. Está claro que bajo cualquiera de las dos acepciones esos no son simples servicios, sino derechos que no pueden ser privatizados y el que el Estado deba regularlos, no implica abrir la puerta para su comercialización[6].
El Libro “Mercados de Carbono - La neoliberalización del clima” de Larry Lohmann[7], destaca como “...el nuevo sistema sentó las bases para que proyectos desplegados en países en desarrollo pudieran generar créditos que, posteriormente, pudieran adquirir y utilizar los países desarrollados para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones. El fondo fue transformado en un mecanismo de comercio, las sanciones se transformaron en premios y un sistema jurídico se transformó en un mercado”. Además, es importante resaltar algunos aspectos para comprender como el Pago por Servicios Ambientales es un instrumento perverso del capitalismo para la explotación, colonizando el clima como lo resalta al referirse a la dialéctica sobre la REDD:
- REDD no apunta a reducir la deforestación de los bosques nativos sino suplantar la selva original, es decir el bosque, por simples plantaciones forestales.
- REDD no premia una reducción en la tasa de deforestación en comparación con un escenario de referencia sino que premia una menor tasa de tala, lo que llevaría a manejos especulativos con alzas y caídas en la deforestación en lugar de impedirla.
- REDD convierte al bosque en un mero proveedor de servicios ambientales como sumidero de carbono. Transforma la selva, sus árboles y aire en mercancía. No es cierto que el bosque “es” un proveedor de servicios ambientales y que REDD es un mecanismo para cubrir los gastos que implican la reducción de la deforestación y la conservación que implica un costo de oportunidad que hasta ahora ha sido pagado por los dueños de los bosques (pueblos indígenas y campesinos).
- Se difunde falsamente que gracias a REDD, los dueños de los bosques recibirán un incentivo económico (compensación) por la conservación, que REDD no afecta los derechos de propiedad de los territorios, ni afecta en forma negativa su gestión o manejo y que al contrario, con buena regulación y aplicación de estándares sociales y ambientales, REDD puede consolidar derechos territoriales, mejorar la gestión y las condiciones de vida de pueblos indígenas y otras comunidades locales. La realidad demuestra que enajena la gestión y manejo de los territorios, ya que los fines económicos prevalecen sobre la administración local, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ellos, los dueños de los territorios, podrán convertirse en el mejor de los casos en simples guardabosques.
- Uno de los mayores engaños, que además tiene que ver con el caso de la Cuenca del río las Ceibas, amenazada por la explotación petrolera es que REDD no permite la extracción petrolera o minera, al contrario, la protección de los bosques, mediante este mecanismo, permitirá luchar contra las actividades extractivas y que el país tendrá que escoger entre conservar los bosques para cumplir con REDD o abrir nuevas fronteras mineras, petroleras o agrícolas. Se dice, además, que REDD no plantea que los bosques son un simple mercado de carbono, por eso se están proponiendo salvaguardas dentro del mecanismo REDD y que la reducción de la deforestación, con la respectiva compensación para los dueños de los bosques, permitirá consolidar los territorios indígenas y, por lo mismo, mantener los bosques nativos como espacios fundamentales para la vida y las culturas. Se engaña al afirmar que un mecanismo REDD bien diseñado puede ayudar a pagar la deuda ecológica, a compensar a los dueños de los bosques (pueblos indígenas y campesinos) por sus esfuerzos de conservación y evitar la expansión de actividades extractivas en áreas con bosques nativos. Larry Lohmann, contradice lo anterior al afirmar que al priorizar lo económico, mercantilizando los servicios ambientales o permitiendo la extracción petrolera o minera, se viola lo sagrado de los bosques. Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas los bosques no son un simple mercado de carbono, son espacio de vida.
[1] http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fast-track-y-medioambiente-el-revolcon-del-ministerio/37162
[2] Video. https://www.youtube.com/watch?v=ITrgfw5oxxs
[3] http://www.carbontradewatch.org/articles/mercados-de-carbono-la-neoliberalizacion-del-clima.html
[4] Naciones Unidas en ,www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1588248879.pdf, septiembre del 2014. Estos mismos criterios ya habían sido presentados por el mismo PNUD en la “ Conferencia de la ONU para el medio ambiente y el desarrollo sostenible”, celebrada en Rio de Janeiro en el 2012..
[5] LÖWY, M. Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. Ocean Sur. 2014
[6] http://www.carbontradewatch.org/articles/mercados-de-carbono-la-neoliberalizacion-del-clima.html
[7] Ibídem.
0 comentarios