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LA ESENCIA DE LAS PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

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1.- Los aspirantes a la presidencia de la República de Colombia por las alianzas Centro Democrático-Partido Conservador (Iván Duque) y Cambio Radical-Unidad Nacional (Germán Vargas) coinciden en la profundización del modelo extractivista, financierista asociado a los “mercados verdes”.

A través de las elecciones buscan “legitimar” los intereses corporativos para "acelerar las locomotoras del desarrollo" (represas, fracking, minería a gran escala) con la adjudicación de los denominados Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES- que favorecen la mayor acumulación de capital de las transnacionales con todas las garantías como exenciones tributarias y seguridad jurídica, flexibilización laboral, cargos por confiabilidad a costa del despojo de nuestras comunidades de sus territorios y la destrucción de nuestros Bienes Comunes Naturales y Culturales.

Consideran que las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales que prohibieron las actividades minero energéticas para proteger el Patrimonio Ecológico y Cultural de los Municipios son un obstáculo para la inversión y “el desarrollo” y, en consecuencia, se han comprometido a aprobar en el Congreso una Ley Estatutaria que las suprima, dejando en manos del Gobierno Nacional y el CONPES la decisión de formular y ejecutar los PINES para lo cual se modifican las normas a través de cohecho para expedir las respectivas licencias a cambio de coimas.

Asociado a la incrementación de los PINES defienden el Decreto 870 de 2017 «Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación» porque se trata de un instrumento jurídico de mercantilización y financiarización de la naturaleza a través del acceso al “mercado carbono” como uno de los compromisos del Gobierno por la  contaminación atmosférica  que ha abierto un segmento rentable  en los  mercados de capitales globalizados, los “negocios verdes” que hacen parte de programas estatales como los proyectos REDD (“Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación”), y su versión criolla: los proyectos Socio Bosque y Socio Páramo.

2.- La alianza Verdes-Polo (Sergio Fajardo) no plantea el cambio del modelo minero energético sino ajustes al mismo con su propuesta “minería y energía si, pero no así”, es decir, bien regulada con un uso responsable para evitar los daños sobre las poblaciones, el ambiente y el clima. Su propuesta está centrada en la “lucha contra la corrupción” expresada en su consigna “quien paga para llegar, llega a robar con puestos y contratos” y reducida a “no pagar un peso por un voto y no dar un puesto ni un contrato a un congresista”. En tal sentido, se oculta que la corrupción y el extractivismo minero energético, petrolero, agrícola están asociados de manera sistemática como lo demuestran investigaciones en América Latina. Se trata de la apropiación, en grandes volúmenes, de los Bienes Naturales y Culturales Comunes para exportarlos como materias primas (commodities). No se conoce la posición del candidato frente a los Pagos por Servicios Ambientales que es uno de los ejes del capitalismo verde.

3.- En el programa de la Colombia Humana se propone la  "Implementación de cambios profundos en el modelo económico, a fin de enfrentar la crisis ambiental”. Se considera urgente superar el extractivismo que, acompañado de la tercerización de los sectores financiero, de transporte y de servicios, ha llevado al deterioro del aparato productivo, industrial y agropecuario nacional, provocando devastación ambiental, pobreza e inequidad". La propuesta es transitar hacia otro modelo con fundamento en dos principios: primero “no habrá fracking en mi gobierno” y, segundo, “no sostener las exenciones tributarias que en Colombia pueden superar los 50 billones de pesos”. La transición requiere de tres pilares: “energías limpias, redes y uso económico de las mismas y saber intensivo generalizado en toda la sociedad”.

Al referirnos a la transición energética se debe diferenciar si se hace a través del mercado asociado a “los negocios verdes” o se parte de considerar la energía como un bien común. Desde esta perspectiva, se requiere “un sistema socialmente justo, descentralizado, controlado por las comunidades o mediante empresas sociales sin ánimo de lucro, en el que prime el acceso universal a la energía como derecho humano fundamental” y que garantice “puestos de trabajo seguros, sindicalizados y bien remunerados.” (TNI, 2016: 21). También se requiere “el impulso de políticas públicas que promocionen la difusión de energías alternativas y el apoyo a la investigación para su desarrollo y mejoramiento; programas o campañas enfocadas a evitar el despilfarro energético y dar prioridad a las demandas locales en el diseño de proyectos, para evitar costos de sobredimensionamiento y pérdidas de transporte”.

En síntesis, la propuesta de transición está orientada a la creación de un sistema energético democrático, centrado en la gente y el planeta, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos,  los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza. De allí que es un asunto que va más allá del cambio tecnológico, debido a que éste puede colocarse en función de una u otra perspectiva.

Se debe considerar también lo territorial cuya relevancia obedece a las luchas de resistencia contra el extractivismo y la defensa del Patrimonio Ecológico por parte de  los movimientos indígenas, afrocolombianos, campesinos, de mujeres y ambientalistas.  Las energías renovables deben adaptarse a las condiciones de cada lugar y responder a las necesidades de las comunidades locales.  En unos sitios se puede utilizar la energía solar, en otros, las biomasas de residuos vegetales o estiércoles, o la eólica o combinarlas donde sea posible. Las energías renovables son alternativas positivas que permiten resolver distintos requerimientos del bienestar, trabajo y producción de bienes y servicios, en armonía con los territorios y con la naturaleza. Lo más importante es avanzar hacia la soberanía y autonomía energética y alimentaria con soluciones energéticas propias  que refuerzan las transformaciones económicas y sociales para construir otros modos de vida y de convivencia entre las personas y las demás especies, distintas a las que provienen del extractivismo como los combustibles fósiles y las represas que despojan a las comunidades y destruyen los ecosistemas.

Frente a las propuestas de la Colombia Humana, el Movimiento Social Defensores del Territorio plantea la necesidad de incorporar lo esencial de las Agendas Territoriales que plantean la oposición radical al modelo minero energético neoliberal extractivista que es la esencia de los programas de gobierno de los candidatos del Centro Democrático y de Cambio Radical y que deben ser objeto de rechazo por parte de la ciudadanía convencida de la Defensa de nuestros Territorios, el Agua y la Vida.

 

 

 

 

 


07/04/2018 12:36. Autor: Miller Armín Dussán Calderón #. sin tema

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