La Contraloría General de la República publicó el INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO -PROYECTO HIDROELÉCTRICO ITUANGO, con corte a Mayo de 2018, cuyo resultado “constituyó treinta y cinco (35) hallazgos administrativos de los cuales veintinueve (29) tienen presunta incidencia disciplinaria, ocho (8) penal, y dos (2) Otras Instancias”.
La CGR expresa que “lamentablemente no se aprende de las experiencias y de los errores. Se observa que todo aquello evidenciado en el proceso de licenciamiento y desarrollo del proyecto de la hidroeléctrica de El Quimbo, volvió a repetirse en este proyecto de Hidroltuango con mayores agravantes los que hoy ha suscitado este segundo proyecto, pues viene generando graves problemas para las poblaciones y para el ambiente sin el control requerido por parte de los dueños del proyecto, razón por la que tuvo que intervenir el Gobierno Nacional a raíz de la emergencia”.
El Informe reitera sobre la gravedad de los errores encontrados en las diferentes etapas del proceso de licenciamiento, como lo es la aprobación de la licencia por parte del entonces Ministerio de Ambiente “sin estudios y diseños suficientes, detallados y actualizados para la época, que permitieron el emplazamiento del megaproyecto en zonas con alto riesgo geológico, pues por el territorio en donde se ubica es atravesado por más de 11 fallas geológicas reconocidas y además su impacto a nivel poblacional implica afectar la vida, la cultura y la economía de más de 26 mil personas que viven aguas arriba y aguas abajo del sitio de presa en el área de influencia en las márgenes del Río Cauca”. Se confirma que al igual que en El Quimbo se otorgó la Licencia sin el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, a través del cual se pudiera evaluar y determinar si esa era la mejor opción de localización desde el punto de vista ambiental y social para desarrollar este gran proyecto.
Además, ante la ausencia de estudios ciertos y diseños reales, a lo largo de la ejecución del proyecto han tenido que generarse 12 modificaciones a la licencia ambiental, “las cuales tampoco contaron con los estudios y diseños suficientes y detallados y la ANLA sin las bases suficientes en algunos casos, las ha otorgado”.
La CGR denuncia que “es evidente la falta de control no sólo por parte de las autoridades ambientales frente al cumplimiento de la licencia, sino también la falta de gestión oportuna por el licenciatario, quien tiene la responsabilidad de dar cumplimiento estricto de sus obligaciones a la luz de la licencia, sin ocultar información del proyecto. Un silencio indebido por quienes conocían el desarrollo de las obras sin contar con la licencia del caso, entre ellos la interventoría contratada por el Ministerio de Minas y Energía”
Otro de los hallazgos riesgosos identificados es “la falta de un plan de contingencia que permitiera atender una situación como la ocurrida en abril de 2018, ampliamente conocida en el país, en la cual el licenciatario perdió el control hidráulico del proyecto por la incapacidad para atender el grave suceso, no tuvo acciones inmediatas tendientes a la atención de los habitantes de las poblaciones aguas abajo del Río Cauca, afectadas por el flujo de agua del Río Cauca, que en forma descontrolada afecto siete municipios, ocasionando la evacuación de miles de personas. Dicho plan de Contingencia fue diseñado y formulado “sin tener en cuenta los riesgos máximos, como debió hacerse, aprobado por la autoridad ambiental con esas deficiencias. Puede afirmarse que los estudios y diseños fueron presentados más para cumplir un requisito en el licenciamiento ambiental que para el adecuado desarrollo del proyecto”.
En el desarrollo de las obras civiles del proyecto, “existieron decisiones por parte del licenciatario y de la autoridad ambiental, que no estaban sustentadas de manera técnica, las cuales generaron fallas en el proyecto; tal es el caso, del cierre definitivo de los dos túneles de desviación principal, sin que hubieran construido las compuertas incluidas en el diseño; y en su reemplazo la construcción de un solo túnel con la mitad de capacidad de los dos túneles cerrados, también ubicado sobre fallas geológicas. Aún no se tienen establecidas las causas que conllevaron al colapso de este nuevo túnel. El cúmulo de fallas en los estudios, diseños y en las obras del sistema de túneles de desviación, así como en las desacertadas decisiones por parte de los involucrados, posibilitaron la ocurrencia del desastre de hace tres meses, del que continúan sus efectos”.
La CGR afirma que “ha primado el factor tiempo en avanzar en la obra y finalizar el proyecto, dejando de lado los temas ambientales y sociales. El riesgo puede acrecentarse por la llegada de la época de lluvias en octubre próximo, fecha en la cual alcanza el pico máximo del nivel de lluviosidad”.
La Contraloría expresa su preocupación “dada la incertidumbre técnica que rodea el proyecto en cuanto a su futuro, lo más cierto y real es que por su ubicación, características del Río Cauca, deficiencias en estudios y diseños, obras civiles desarrolladas, los habitantes que se han visto afectados y los daños ocasionados a los recursos naturales (flora y fauna), el horizonte del proyecto puede considerarse como incierto y el riesgo sistémico es permanente. La ausencia de información idónea sobre el proyecto desde antes de que se otorgó la licencia ambiental, ha sido el común denominador de este proyecto en todas sus etapas, situación marcada aún más con la reciente emergencia ocurrida; por lo cual el Gobierno Nacional recurrió a la opinión de expertos internacionales”.
En síntesis, la CGR concluye que “en términos generales puede resumirse que, la aprobación de la licencia ambiental se otorgó “sin contar el proyecto con estudios técnicos, diseños y la línea base sustentados en información actualizada (parte de la información presentada correspondía a información de varias décadas de antigüedad y que no mostraba las condiciones reales del momento), detallada (la escala utilizada era a nivel regional y no puntual en el territorio), completa ( no se contaba con información y diseños de detalle) y sin determinar si se trataba de la mejor opción porque no se exigió el Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Uno de los aspectos críticos identificados fue el ocultamiento de información prioritaria, que debía haber sido conocida oportunamente por parte de la Autoridad Ambiental tanto en etapa de construcción como en la atención de la emergencia, necesaria para la toma de decisiones. A lo largo del proyecto se hicieron modificaciones importantes al mismo sin mediar modificaciones de la licencia (mal concebidas obras menores y el desarrollo del túnel de desviación sin licencia), y por incumplimientos la autoridad ambiental apertura Procesos Administrativos Sancionatorios los que por la falta de diligencia, oportunidad y gestión están en riesgo de caducidad y prescripción. Finalmente, por el cúmulo de fallas en los estudios y diseños, en la línea base del EIA, en la obra civil y la ausencia de un plan de contingencia que responda a las necesidades de un proyecto de esta magnitud, el licenciatario perdió el control hidráulico del Río Cauca y se generó la situación potencial de desastre, de la cual no ha podido recuperarse la población afectada. Alrededor de todos estos hechos a lo largo del proyecto, desde las etapas previas hasta la contingencia actual, se evidencia un débil arreglo institucional que permita garantizar un manejo adecuado de los riesgos sociales, ambientales, técnicos y económicos, pues su capacidad no permite el ejercicio del control con el rigor y oportunidad requeridos ni el desarrollo de los procesos sancionatorios orientados al mejoramiento de las condiciones del proyecto y al resarcimiento de los daños ocasionados”.
Entre las evidencias se reitera el hecho de que “los Proyectos Hidroeléctricos NO cuentan con instrumentos de fiscalización, control y vigilancia de su componente técnico y operativo que garanticen, para la Nación, el Estado y la Sociedad en su conjunto, que los mismos se desarrollan acorde a unos mínimos admisibles, debidamente regulados y vigilados. Esta situación ha sido descrita con anterioridad por la CGR, dado que dicho vacío tiene implicaciones tanto ambientales como sociales, por lo tanto urge su regulación por parte del Estado”.
El Movimiento Colombiano Ríos Vivos y Asoquimbo, en particular, ratifican que los informes de la CGR sobre represas han sido producto de la resistencia social de las víctimas de los megaproyectos energéticos y reafirman lo que múltiples investigaciones han evidenciado que las represas no son Mecanismos de Desarrollo Limpio por cuanto generan grandes cantidades de Gases Efectos Invernadero como óxido nitroso (N20) y metano (CH4) que son 300 y 25 veces más lesivos que el CO2 en términos de calentamiento global y causan graves daños socioambientales, como la destrucción de ecosistemas y biomas importantes que garantizan los ciclos de vida, el desplazamiento forzado de comunidades como las indígenas, campesinas, pescadores y mineros artesanales y afrodescendientes, la pérdida de fuentes de alimentación y la seguridad alimentaria, la violación de los Derechos Humanos de la población (judicializaciones, asesinatos selectivos de líderes) y el derecho a un ambiente sano y la negación de la participación pública y el acceso a la información y que permiten concluir que la única alternativa ante la bancarrota de las represas es el cambio del modelo minero energético por otras formas de generación como la solar, eólica, biomasa que sean gestionadas autonomamente por las comunidades según sus necesidades. En tal sentido, se ha propuesto la transición energética democrática desde lo público y lo comunitario contra la propuesta desde la lógica del mercado asociada a los "negocios verdes" que vienen imponiendo las empresas transnacionales y el Estado Corporativo.
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