El 2 de noviembre de 2001 la Conferencia General de la Unesco en la Resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, con el fin de “promover que los ciudadanos estén informados sobre los avances científicos, creando sociedades más sostenibles, al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos”.
En enero del 2016 inicia el compromiso de unos 170 países para dar cumplimiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible -ODS- con el apoyo del PNUD a los gobiernos para que dichos objetivos sean integrados en sus planes y políticas de desarrollo.
Se trata de 17 objetivos que deben lograrse en el 2030 y que incluyen nuevas problemáticas como “el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia”, entre otras prioridades, que se suman a los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio que en su mayoría fracasaron, particularmente, en los países de la periferia.
Parte del supuesto que el logro de los mismos es posible a través de las alianzas público privadas y las gobernanzas que incluye a los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos, recomendada por el Banco Mundial y con la cooperación financiera internacional.
En este caso, la ciencia, reconocida en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se considera que tiene un papel “en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible”. En tal sentido, se promueve «Una ciencia para el entendimiento mundial».
En los 12 Estudios y documentos de política científica de América Latina y el Caribe. Vol. 2. Ciencia para la paz y el desarrollo: el caso del Juramento Hipocrático para científicos, incluye varias contribuciones de expertos en ciencia, carrera armamentística, ética, tecnología y responsabilidad social, relacionadas directamente con su Juramento Hipocrático que nos puede servir como uno de los referentes para comprender el sentido de Educar para la Paz, cuyo mayor exponente es Johan Galtung quien compartió sus ideas sobre la paz y recursos eficaces para lograrlo, así como algunas propuestas específicas para el caso mexicano en materia de relaciones bilaterales, violencia estructural resultado del crimen organizado y el narcotráfico, durante su conferencia magistral “Educación para la paz: desafío de nuestros tiempos”.
Es importante destacar cuál es el propósito del PNUD cuando se refiere al papel de la “ciencia en la construcción de la paz para alcanzar el desarrollo sostenible” en el actual contexto de la globalización del mercado y la imposición del modelo extractivista financiero neocolonial.
Para tal efecto, hay que acudir a la memoria. Gabriel García Márquez al referirse a los peligros de una guerra nuclear expresó que “No es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal pueda regresar a la nada donde vino por el arte simple de oprimir un botón.” Advirtió, además, que “existe la sospecha creciente de que el único sitio del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonadora: la carrera de armas va en sentido contrario de la inteligencia humana y de la naturaleza”.
Estas expresiones cobran mayor sentido ahora que el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retirará del Tratado de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF, por sus siglas en inglés) de 1987; acuerdo que prohíbe los misiles de mediano alcance lanzados desde tierra, con un rango de entre 500 y 5.500 km (310-3,400 millas) que según expertos nos puede conducir de nuevo a la “guerra fría”. Antes ya se había retirado del Acuerdo de París (2015) contra el cambio climático, firmado por 195 países, decisión que no sólo da la espalda a la ciencia y ahonda la fractura con Europa, sino que abandona la lucha ante uno de los más inquietantes desafíos de la humanidad, consignado como uno de los retos de los ODS.
Al mismo tiempo, en octubre de 2018 El Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su nuevo informe plantea la urgencia de limitar el calentamiento global a 1,5°C por encima de los niveles previos a la Revolución Industrial.
"Uno de los mensajes fundamentales del informe es que ya estamos viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1°C, con condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un menguante hielo marino en el Ártico, entre otros cambios"… Limitar el calentamiento global a 1,5 °C, en lugar de los 2 °C, reduciría los impactos problemáticos en los ecosistemas, la salud humana y el bienestar, y facilitaría la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas", (Priyardarshi Shukla, Copresidente del Grupo de trabajo III del IPCC).
El informe hace referencia a la necesidad de evitar que la temperatura global alcance los 2ºC, un límite establecido en el Acuerdo de París de 2015, que supuso un amplio compromiso internacional para contener la escalada de la temperatura del planeta.
Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C se necesitarían transiciones "rápidas y de gran alcance en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades”.
La humanidad vive una encrucijada frente al inminente peligro de una catástrofe sin precedentes. Investigaciones registran la contaminación del aire y fuentes hídricas subterráneas y superficiales, el agotamiento de los suelos fértiles, el calentamiento del planeta, la deforestación, la extinción de los picos nevados, el derretimiento de los casquetes polares, la multiplicación de los “desastres naturales”, la destrucción de la capa de ozono, la perdida de las selvas ecuatoriales y la erosión de la biodiversidad, la extinción de millares de especies, el aumento de la desertificación, la acumulación de residuos tóxicos, la contaminación de los alimentos por pesticidas o su alteración por manipulaciones genéticas, problemáticas que reclaman la necesidad de construir otra forma de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros como seres humanos.
La provisión de energía primaria a partir de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) ha traído como consecuencia una aceleración del cambio climático de la tierra, desencadenando grandes desequilibrios y tragedias naturales provocadas por el hombre. De ninguna manera es una idea alarmista. Se trata de la consecuencia directa del consumo de combustibles fósiles: producen la emisión de gases que contaminan y se acumulan en la atmósfera y resultan tóxicos para la vida. No son renovables, se agotarán las reservas en el medio y largo plazo de una vida humana y contaminan más que otros productos que podrían haberse utilizado en su lugar.
Ante los hechos registrados y las advertencias de los científicos sobre los peligros del calentamiento global las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que ha reiterado en documentos extensos, que el aumento de la temperatura en la superficie del globo terráqueo obedece principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero siendo el principal responsable de los mismos el dióxido de carbono derivado del uso de energía fósil. El IPCC ha añadido que estamos en el límite del calentamiento y que si no se revierte esta situación las consecuencias para la humanidad serán devastadoras, incluyendo el aumento en los niveles de los océanos que podrán inundar ciudades costeras, sequías y destrucción masiva de la biodiversidad.
Sin embargo, uno de los referentes sobre la salida a la crisis climática es la COP21 celebrada en Paris, definida de antemano como empresarial y corporativa, donde al sector financiero se convirtió en acompañante de primer orden de las políticas diseñadas por los organismos internacionales frente al calentamiento global que hacen parte de la expansión programada del denominado “capitalismo verde” debido a posibles bajas tendenciales en la rentabilidad del sector de los hidrocarburos, acompañada por un “exceso” de oferta de materias primas en el comercio mundial y por el desplome de los comodities.
Ya desde septiembre del 2014 se inició una campaña mundial que propiciaba la desinversión en combustibles fósiles. “Una de las caras más conocidas de esta iniciativa es Stephen Heints, presidente de la fundación Hermanos Rockefeller para quien salir de las inversiones ligadas al CO2, tiene, en su opinión, sentido "económico" y "racional". En el COP21 se confirmó que otros 500 inversionistas-crédito se han sumado a esta campaña internacional. Este desplazamiento hacia los “mercados verdes” incluye la conformación de un multimillonario Fondo de Inversión en Tecnologías limpias en el que ya han aportado Bill Gates el fundador de Microsoft, Mark Zuckerberg consejero delegado de Facebook y Jack Ma dueño del portal de ventas on line chino Alibaba, entre otros. Recientemente la multinacional petrolera Shell reconoció que hay que “limitar el aumento de CO2 en la atmósfera para lo cual se requiere alejarse de los combustibles fósiles a otras fuentes de energía” para cumplir el Acuerdo de París que sabotearon por años llegando incluso a pagar “estudios fraudulentos y alimentando a los negacionistas”. Propone "descarbonizar la economía global con el objetivo social de lograr emisiones netas cero a partir del uso de energía para 2070”.
La apuesta de las élites transnacionales por los “mercados verdes”, como lo señala el investigador Daniel Libreros, apunta adicionalmente a fortalecer el sometimiento financiero de los países del sur. Los cuarenta y ocho países menos desarrollados del mundo, casi todos ubicados en África, a partir del 2020, cuando entren en vigencia los acuerdos del COP 21 será de aproximadamente 93 mil millones de dólares anuales. Lejos de reconocer la “responsabilidad desigual” en la contaminación ambiental, la “deuda ecológica” del Norte sobre el Sur y de aprobar compensaciones justas por cambio climático irreparable en varias zonas del planeta, los grupos financieros transnacionales y los Estados que los representan pretenden profundizar el coloniaje en los países periféricos para ampliar su circuito de negocios mediante el endeudamiento. La COP 21 de Naciones Unidas ha facilitado esta pretensión corporativa al ratificar que la salida a la actual crisis climática obliga a una transición programada hacia el “capitalismo verde”, es decir, mercantilizando la naturaleza como negocio rentable lo cual haría imposible limitar el calentamiento global a 2 °C para los próximos años. Este criterio, que ya lo había oficializado la Comunidad Europea desde 1997, adolece de una base científica cierta, por ello, abrió debates en las comunidades académicas y propició el rechazo de los países periféricos.
Una de las críticas más importantes a este indicador de los dos grados centígrados proviene de la red internacional de resistencia a la producción petrolera denominada Oil Watch, la cual presentó una propuesta alterna a la COP21 en los días previos a su celebración, propuesta que intencionalmente denominó “Anexo Cero” en la que insiste en que la alternativa al calentamiento global es la de no extraer combustibles fósiles del subsuelo. Añaden que esta alternativa ya la vienen implementando “pueblos, naciones indígenas, regiones subnacionales o las localidades que dan pasos firmes para no extraer hidrocarburos del subsuelo…”. No se trata de cambiar el clima sino el modelo extractivo.
En Colombia las mismas Naciones Unidas ya habían propuesto en materia ambiental esta misma política para el post-acuerdo entre el gobierno y las FARC. Efectivamente en el documento titulado “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial, estable y duradera”, presentado por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo- PNUD- en Septiembre de 2014, incorporado en sus líneas generales en el Plan Nacional de Desarrollo, plantean que en las regiones que hasta ahora han sido controlados por la guerrilla y que cuentan con reservas ambientales importantes es necesario ejecutar ambiciosos proyectos de “economía verde” en asocio con el capital financiero transnacional .
Resistir a estas políticas debe ser una de las prioridades de todas las organizaciones que propenden por una salida alternativa a la crisis ambiental que ha producido el propio capitalismo que es el responsable del calentamiento planetario antropogénico producto de la lógica absurda e irracional de expansión y de acumulación al infinito, a su productivismo obsesionado por la búsqueda de la ganancia que es totalmente contradictoria con una racionalidad ecológica, que toma en cuenta la temporalidad larga de los ciclos naturales .
Hablar de paz implica un cambio del modelo neoliberal minero energético contra la imposición del capitalismo verde, de la mercantilización de la naturaleza, que es el propósito fundamental de los ODS. En nuestro país se registra con preocupación el avance de este modelo acelerado con las “locomotoras minero energéticas” por parte del Gobierno Colombiano con el aval de Corporaciones transnacionales, Naciones Unidas, entre otros, a nombre de la paz corporativa, extractivista (PINES, ZIDRES) y el “desarrollo sostenible” contra la Paz con Justicia Social negando el cumplimiento de los Acuerdos pactados con la insurgencia para solucionar el problema de violencia y agudizando los conflictos socioambientales con el despojo de la comunidades, el ecocidio y la imposición de la dictadura constitucional minero energética, por parte de las Altas Cortes a favor de las transnacionales, negando el derecho de los ciudadanos a decidir soberana y autónomamente en sus territorios sus proyectos de vida, como lo vienen haciendo a través de Consultas Populares y Acuerdos Municipales con fundamento en las competencias de los entes territoriales para ordenar el uso del suelo y prohibir todas las actividades minero energéticas que atenten contra el Patrimonio Ecológico y Cultural de sus municipios.
La paz se construye desde los territorios, desde las resistencias argumentadas, desde la Investigación Acción Participativa enfrentando al poder corporativo, impidiendo el despojo y los desplazamientos forzados en nombre del “desarrollo sostenible” y proponiendo alternativas como construir un movimiento nacional de resistencia, por un modelo energético soberano, autónomo y descentralizado basado en plantas de energía renovable, (solar, eólica), que sea autogestionado por las comunidades, que responda a sus necesidades y que no perjudique la salud de las personas y el medio ambiente” y una Transición Energética democrática, pública y comunitaria centrada en la gente y el planeta, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza que sustituya de manera progresiva la cultura fósil, las represas y la agroindustria hacia la soberanía y autonomía energética y alimentaria con soluciones energéticas propias.
Esta alternativa implica un cambio radical del enfoque antropocéntrico y biocéntrico que sustentan la “ciencia para la paz y el desarrollo sostenible” por un nuevo enfoque ecocéntrico que parte de una premisa básica según la cual “la tierra no pertenece al hombre y, por el contrario, asume que el hombre es quien pertenece a la tierra, como cualquier otra especie. De acuerdo con esta interpretación, la especie humana es sólo un evento más dentro de una larga cadena evolutiva que ha perdurado por miles de millones de años y por tanto de ninguna manera es la dueña de las demás especies, de la biodiversidad ni de los recursos naturales como tampoco del destino del planeta. En consecuencia, esta teoría concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos que deben ser reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la tutela de sus representantes legales, verbigracia, por las comunidades que la habitan o que tienen una especial relación con ella”.
Conforme al paradigma ecocéntrico que quedó incorporado en las “Constituciones Ecológicas de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), implica avanzar en la construcción de una ecosociedad donde se establezca una vinculación intrínseca entre naturaleza y cultura , y la diversidad de la especie humana como parte de la naturaleza y manifestación de múltiples formas de vida. Desde esta perspectiva, la conservación de la biodiversidad conlleva necesariamente a la preservación y protección de los modos de vida y culturas que interactúan con ella.
Finalmente, ahora que instituciones de educación superior, se vienen subordinando, contra su autonomía, a los ODS cabe preguntar ¿Cuál es el papel de las universidades frente a la preocupación expresada por la Corte Constitucional que en su más reciente jurisprudencia sobre el modelo extractivo, especialmente el minero, ha señalado “profundas falencias que interpelan a la Universidad Pública en tanto la política actualmente vigente tiene un sesgo anti-comunitario y pro-empresarial que se traduce, entre otros aspectos, en el poco o ausencia de apoyo experto a las comunidades y autoridades territoriales para la toma de decisiones debidamente informadas especialmente en lo que atañe al principio de precaución”.
Este debate es fundamental debido a que en la disputa por el control del conocimiento en las universidades públicas se manifiestan dos tendencias: la de los profesores corporativos y los que se consideran críticos. Los primeros, de ideologías corporativas (que curiosamente se definen como des-ideologizados) que asumen como legítimo dedicar sus esfuerzos académicos a prestar servicios a las empresas, a justificar sus proyectos y proponer programas académicos que incorporen tecnologías como el fracking, vale la pena preguntarse en estos escenarios cada vez más usuales de la asimetría de poder en la que se encuentran las comunidades y pueblos afectados respecto de las empresas y el Gobierno, la cual se profundiza en los aspectos referentes a los saberes, estudios y realidades académicas y no académicas de los proyectos y decisiones y, los docentes críticos que se dedican al acompañamiento experto a las comunidades y a las autoridades territoriales para que sus decisiones cuenten con argumentos construidos colectivamente a través de las resistencias y el diálogo de saberes y experiencias y a proponer nuevos programas como ingeniería de energías, agroecología, sanología, economía solidaria, innovaciones pedagógicas para el cambio del modelo en la perspectiva ecosocial.
Sería importante promover un ciclo de conferencias o foros sobre “Ciencia Para La Paz y el Desarrollo”, el día 10 de noviembre como las convocadas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en el 2016, para exponer diferentes puntos de vista alrededor de los aportes de la ciencia y la academia en la resolución de conflictos sociales, tanto a nivel nacional como mundial y el papel de los profesores universitarios tanto corporativos como críticos frente al “desarrollo sostenible” y el enfoque ecosocial.
