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Miller Armín Dussán Calderón

DÍA MUNDIAL DEL AGUA: DE LOS BONOS AGUA A LOS BONOS CARBONO

DÍA MUNDIAL DEL AGUA: DE LOS BONOS AGUA A LOS BONOS CARBONO

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó por resolución declarar el 22 de marzo de cada año El Día Mundial del Agua con el objetivo de generar conciencia acerca de la crisis mundial de este  recurso hídrico.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecido el 28 de mayo de 1985, por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas  define al agua como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico”

Sin embargo, en la actualidad la humanidad atraviesa la crisis mundial del agua, debido en gran parte a los altos niveles de contaminación, a los efectos de la sobreexplotación de los Bienes Naturales Comunes, la superpoblación, la degradación medioambiental y, particularmente, a la distribución inequitativa del vital líquido.

El anterior panorama también se refleja en Colombia, porque el abastecimiento de agua potable y la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, de acuerdo con la Ley 373 de 1994 no se reconoce el agua como derecho fundamental sino como un servicio y mediante la Ley 142 de 1994 se privatizó la gestión de los mismos, porque el sistema público encomendado al Instituto de Fomento Municipal (INSFOPAL) fue liquidado en 1989.

En la constitución de 1991 el agua tiene una connotación paradójica al concebirla como un derecho fundamental y al mismo tiempo como servicio público. Sin embargo, la gestión y el uso eficiente del agua como servicio se impuso a través, primero, la privatización o negación al acceso al agua como bien público en respuesta a las políticas neoliberales de la década de los 90 que redujeron el rol del Estado, y promovieron la lógica del mercado para regular la prestación de los servicios. Segundo, la mercantilización como un proceso que construye mercados para la compra y venta del líquido vital y, tercero, la financiarización del agua para proyectos extractivos minero energéticos y los agronegocios al servicio de las corporaciones transnacionales.

Las IFIs son las que han generado las condiciones suficientes para consolidar estos mercados. En el caso de América del Sur, en la época dorada de la privatización del agua, el Banco Interaméricano de Desarrollo (BID) condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua, a la incorporación del sector privado.

La privatización de la gestión de los servicios públicos no previó que la corrupción también podría incubarse en los gestores privados.  Un caso escandaloso fue los “Bonos Agua” o “Bonos Carrasquilla” que se utilizaron entre 2008 y 2011 mediante los cuales inversionistas privados constituyen un patrimonio autónomo para prestarle el dinero a los municipios, con una tasa de interés muy elevada, que estos garantizan con los recursos del Sistema General de Participación.

A partir de 2012 varios municipios enfrentaron dificultades para atender el servicio de la deuda derivada de estos bonos. En 73 de los 108 municipios que utilizaron los bonos no se completaron las obras programadas. Los “municipios Carrasquilla” quedaron endeudados por 19 años, sin conexión domiciliaria al servicio de acueducto y sin acceso al servicio de alcantarillado sanitario y la Nación entró a pagar el exceso de la tasa de interés que favoreció al exministro Carrasquilla quien creó una empresa en Panamá llamada Konfigura, la cual sería la encargada de hacer la operación de los bonos.

Con la financiarización del agua pasamos de los “bonos carrasquilla” a los “bonos carbono” que convierten los Bienes Naturales Comunes, como el Agua, en mercancías bajo la nominación de “servicios ecosistémicos” o Pagos por Servicios Ambientales que es un instrumento perverso del capitalismo para la explotación y colonización del cli­ma al servicio de las transnacionales.

Un caso de extrema gravedad es convertir el Macizo Colombiano en un sumidero de carbono. Para la comercialización de estos bonos, CORMAGDALENA y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM vienen desarrollando el proyecto REDD Macizo como una estrategia de despojo de comunidades para la apropiación y control de este ecosistema, de Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena, para el negocio especulativo de los Bonos asociado al Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del río Magdalena que incluye la construcción de represas y nuevos proyectos de minería a gran escala.

Los movimientos sociales deben intensificar las acciones de resistencia por la Defensa y permanencia en el Territorio como un motivo significativo en conmemoración del Día Mundial del Agua.

 

 

 

 

14 de Marzo: “Día Mundial contra Represas” ¡A DEFENDER EL MACIZO COLOMBIANO!

14 de Marzo: “Día Mundial contra Represas” ¡A DEFENDER EL MACIZO COLOMBIANO!

El Movimiento Social Defensores del Territorio y Asoquimbo, integrante del Movimiento Colombiano ¡Ríos Vivos!, convocan a conmemorar este lunes 14 de marzo de 2022 Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, aprobado por los participantes de 20 países en el primer Encuentro Internacional de Afectados por las Represas, en marzo de 1997 en Curitiba (Brasil) con el propósito de protestar contra proyectos de gestión de agua destructivos, recuperar el bienestar de nuestras cuencas hidrográficas y exigir una gestión equitativa sostenible de nuestros ríos.

Este año en el Huila centraremos nuestra lucha de resistencia por la Defensa del Macizo Colombiano, reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO, que viene siendo convertido en un activo financiero al servicio de las corporaciones transnacionales, que como en el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, será protegido por batallones energéticos para reprimir las protestas sociales.

La tipología de los bosques que se encuentran en el área del Macizo Colombiano “les permite contener aproximadamente 848.4 toneladas de dióxido de carbono - CO2 por año. El bono de carbono en el mercado voluntario se comercializa como mínimo por (10 dólares), pero pueden alcanzar valores de hasta (50 u 80 dólares) según la fluctuación del mercado. Es decir, las tierras del Macizo y del Corredor Biológico, por hectárea pueden generar ganancias de hasta 34 a 270 millones de pesos aproximadamente según las condiciones del mercado. Esto hace bastante rentable la comercialización de bonos de carbono”.

Cormagdalena y la CAM anunciaron recientemente que se priorizan proyectos para “conservar este ecosistema a través de la generación de créditos de carbono” que son una forma de financiación del medio ambiente lo cual está creando en la práctica derechos de contaminación, “bajo la premisa de que los actores industriales, principales causantes del calentamiento global, compensarán esos efectos mediante la adquisición de certificados que acreditan que están financiando proyectos de captura de estos gases, así sea en lugares diferentes del que operan”, porque les resulta más barato no cambiar nada de sus modelos de producción y consumo dentro de sus territorios, y aportar algunos millones de dólares para que proyectos que se instalan en nuestras regiones puedan generar CERs. Es decir, contaminar en los países desarrollados se transforma en un derecho y al mismo tiempo en un gran negocio de especulación financiera.

Para la comercialización de los bonos, CORMAGDALENA y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM vienen desarrollando el proyecto REDD Macizo Colombiano como una estrategia de conservación de los bosques y del mejoramiento de los sistemas de producción rural en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé, ubicado en el sur del Huila. El proyecto de REDD+ convierte al Macizo en un mero proveedor de servicios ambientales como sumidero de carbono transformándolo en mercancía y fijó cláusulas de aprobación de la localidad cuya vinculación se realiza con la Oficina Nacional de los Bosques de Francia-ONF Andina, que está fomentando la firma de un acuerdo exponiendo supuestos beneficios de un proyecto que la comunidad no conoce porque la información es suministrada por los mercaderes de los bonos. Según Cormagdalena “los propietarios de bosques que cuenten con escritura pública del predio y que muestren interés en el proyecto, deberán firmar un acuerdo voluntario de intención; para ello, ONF Andina realiza reuniones de socialización en cada una de las veredas que hacen parte del Parque Natural Regional y que tienen áreas en conservación, entre los que se estiman 1.518 predios, de los cuales 700 cuentan con escritura”.

Además, ya se han establecido convenios con las alcaldías municipales del Sur del Huila y la Gobernación del Departamento para la compra de predios por parte de la transnacional Enel Emgesa en Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena, para el negocio especulativo de los Bonos Carbono que implica el despojo de campesinos de la Región a quienes se les viene presionando para que vendan sus predios o serán desalojados, tales como, los habitantes de las veredas San Antonio, Alto Quinchana, Yarumal, Puerto Quinchana, La Gaitana, Marbella, Chontillal, La magdalena, El Carmen, Villa Fátima, Pradera y La Perdiz, así como la comunidad NASSA, de la cual hace parte el cabildo Fill Vitz.

Los Bonos Carbono fueron establecidos en el Pacto de Kioto. Es la opción plateada desde el mercado para combatir el cambio climático y reducir el CO2 en la atmósfera. En otros términos, los Bienes Naturales comunes se convierten en mercancías bajo la nominación de “servicios ecosistémicos” o Pagos por Servicios Ambientales que es un instrumento perverso del capitalismo para la explotación y colonización del cli­ma.

Cormagdalena estableció clausulas para quienes firmen el acuerdo de bonos carbono comprometiéndose a dar potestad a la corporación para delegar la función del contrato a una entidad tercera como ONF Andina o Enel Emgesa que no asegurarán ningún beneficio o incentivo económico a quienes lo firmen, debido a que se distribuirán incentivos por cada costo operativo y de coordinación que haya requerido el proyecto y los propietarios no podrán realizar ninguna actividad en el territorio que quedará bajo el control de los mercaderes del carbono, es decir, se  afectan los derechos de propiedad  porque serán apropiados para actividades extractivas minero energéticas (petróleo, represas, agronegocios)

En el caso del Macizo Colombiano, la estafa de los bonos está asociada al Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del río Magdalena que incluye la construcción de 17 hidroeléctricas a lo largo del río hasta la Honda, entre ellas, 7 más para el Huila, 4 en el Sur: Guarapas, Chillurco, Oporapa y Pericongo y nuevos proyectos de minería a gran escala que han sido detenidos por las acciones de resistencia de Asoquimbo y el Movimiento Defensores del Territorio pero que su reactivación o no dependerá de nuestra capacidad de movilización contra la invasión del Macizo Colombiano por las transnacionales convocatoria que realizamos en conmemoración del Día Mundial contra Represas.  

 

 

 

 

 

 

CONCLUYÓ FASE DE ALEGATOS FINALES ANTE EL CONSEJO DE ESTADO SOBRE NULIDAD DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO El QUIMBO

CONCLUYÓ FASE DE ALEGATOS FINALES ANTE EL CONSEJO DE ESTADO SOBRE NULIDAD DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO El QUIMBO

El 23 de febrero de 2022 el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, cómo demandante dentro del proceso de Nulidad Simple de la Licencia Ambiental de la Represa El Quimbo, interpuesta en el año 2014, y la Asociación de Afectados del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en su condición de coadyuvante, radicaron 4 documentos de Alegatos Finales dentro del término establecido por el Consejo de Estado.

Los alegatos de conclusión que complementan la demanda fueron presentados en tres capítulos: (i) El análisis del material probatorio recaudado donde se prueba la ocurrencia de cada uno de los 3 cargos alegados durante el procedimiento de expedición de la Resolución 899 de 2009 y sus modificaciones: a) falsa motivación al omitir el Diagnóstico Ambiental de Alternativas; b) expedición irregular, sustentado en la indebida sustracción de la Reserva Forestal y el no cumplimiento de los estudios de vulnerabilidad; c) infracción de las normas debido a la interpretación errónea del Marco jurídico aplicable dentro del procedimiento de expedición de la licencia ambiental en materia de impactos ambientales, económicos y culturales del proyecto (ii) Análisis de las consecuencias legales de los hechos probados y la violación constitucional y legal en cada uno de los cargos presentados; y finalmente, (iii) las razones fácticas y jurídicas que probaron durante este proceso, la incertidumbre vigente que comporta esta represa por la falta de estudios técnicos de calidad sobre la estabilidad de la misma ante los distintos riesgos que se pueden presentar para los próximos 40 años, y cómo esta acción de nulidad simple es un medio idóneo que busca proteger el interés general y la vida de miles de familias.

Durante la etapa probatoria previa se logró que se allegaran e incorporarán en debida forma ocho (8) estudios, evaluaciones y conceptos emitidos por las autoridades competentes para el control y veeduría frente al proceso de licenciamiento ambiental para la construcción de esta hidroeléctrica que fueron realizados durante procedimientos de auditoría o control a los entes demandados lo que significa que garantizaron el conocimiento previo, su controversia y el debido proceso de las autoridades ambientales demandadas y la empresa dueña del proyecto. Además de nuestros argumentos para desvirtuar las pruebas contenidas y apreciadas por los sujetos procesales en la demanda y sus contestaciones, se escucharon los testimonios del geólogo Julio Fierro quien ratificó que no se realizaron estudios rigurosos, ni existieron diseños adecuados con suficiente valoración del riesgo sísmico ni existe un plan de contingencia que responda a las magnitudes de un proyecto como el Quimbo, donde actualmente se presentan filtraciones por entre el cuerpo de la presa; el Profesor Emérito Manuel Rodríguez Becerra calificó como grave la omisión por parte de las autoridades ambientales del Diagóstico Ambiental de Alternativas –DDA- caso del Quimbo, que consideró fundamental para determinar la conveniencia o no de este tipo de proyectos para la sociedad y Julio Carrizoza Umaña quien resaltó que en nuestras circunstancias de riesgo e incertidumbre por la variedad de clima, la diversidad biológica, se requiere conocer todos los elementos interrelacionados en el territorio con estudios bien detallados para la toma de decisiones y no como ocurrió en el Quimbo.

El propósito de la parte demandante fue demostrarle a la Justicia Administrativa Colombiana que se ha puesto en riesgo el interés ecológico y la vida de miles de Colombianos cuando autoridades ambientales cómo la ANLA y el Ministerio de Medio Ambiente no cumplen con exigirle a empresas cómo EMGESA el cumplimiento riguroso de los procedimientos y la normatividad ambiental durante el otorgamiento y expedición de actos administrativos complejos cómo lo son aquellos que otorgan permisos de licenciamiento ambiental en proyectos de construcción de grandes infraestructuras hidroeléctricas en nuestro país.

Se ratificó que nuestra gran preocupación es que frente a la INCERTIDUMBRE AMBIENTAL cómo consecuencia del cambio climático (pandemia global, precipitaciones torrenciales, alteraciones inesperadas de cuencas no previstas, sismos, terremotos, etc.) no se cumplan las rigurosidades técnicas necesarias, exigidas y que obliga la ley para prevenir y evitar que estos proyectos extractivos generen mayores impactos que como en el caso de la represa El Quimbo ha demostrado que durante más de 12 años se han emitido estudios rigurosos de casi todas las autoridades de control estatal y local alertando de graves vacíos en los informes geológicos, detrimentos patrimoniales, sociales y el latente riesgo para la vida por la falta de verificación y exigencia de estudios técnicos que eran requisito previos para conceder esta licencia. Lo más grave es que estas alertas han sido desestimadas y no tenidas en cuenta tanto por la autoridad ambiental cómo por la empresa constructora. Hoy estudios rigurosos de estas autoridades han determinado que la represa el Quimbo es la más INEFICIENTE de Colombia y la que más impactos ha ocasionado.

Como demandantes consideramos que es URGENTE un pronunciamiento jurisprudencial por parte del Consejo de Estado sobre lo que está sucediendo en materia ambiental en nuestro país y lo que sería una adecuada interpretación normativa de los procedimientos administrativos en materia de licenciamiento ambiental en Colombia. Además, que debería pronunciarse sobre lo vinculante y obligatorio que tanto para la autoridad ambiental cómo para las empresas dueñas de estos megaproyectos son los seguimientos, llamados y advertencias hechas por los entes de control local y nacional con competencia para hacerlo sobre los riesgos que está comportando este tipo de infraestructuras energéticas y las medidas que se deben tomar con el fin de lograr su finalidad en la función pública que es aplicar los principios de prevención y precaución ambiental.

Las víctimas de los megaproyectos extractivos en Colombia esperan que la decisión de fondo del Consejo de Estado sea un paso para el restablecimiento de todos sus derechos vulnerados y la preservación de la vida ante la destrucción de los ecosistemas que como en el caso de las empresas operadoras de las represas también son responsables de la crisis climática.  

Miller Armín Dussán Calderón

Coadyuvante demanda de Nulidad PHEQ

 

 

¡A DEFENDER EL MACIZO DE LA INVASIÓN TRANSNACIONAL!

¡A DEFENDER EL MACIZO DE LA INVASIÓN TRANSNACIONAL!

 

Resguardo Yanacona Yachay Wasy

El 23 de enero de 2022 se realizaron conversatorios en el Resguardo Yanacona y la Caseta Comunal Quinchana en San Agustín con la presencia de cerca de 250 líderes de las comunidades indígenas del Cauca y del Huila, campesinas, Juntas de Acción Comunal, Acueductos Comunitarios, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, docentes, investigadores, Asoquimbo, entre otros, con el propósito de organizar la resistencia por la Defensa del Macizo Colombiano ante la presencia invasora de trasnacionales minero energéticas como Enel Emgesa.

Los conversatorios fueron convocados ante la preocupación de las comunidades por la presencia de Enel Emgesa acompañada por la CAM que según Comunicado a la Opinión Pública “Emgesa debe comprar predios para recuperación y protección ambiental en Parques Naturales Regionales y Municipales, cuencas abastecedoras de Acueductos, zonas de páramo y bosques de niebla en la Cuenca Alta del Magdalena”, bajo el supuesto de compensar daños causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en cumplimiento de  la Ley 99 del 93 y que llenen los requisitos de las convocatorias abiertas por los alcaldes de Pitalito y San Agustín.

El Equipo jurídico de Derechos humanos del Macizo reiteró su inquietud por la oferta de bonos carbono por parte de Emgesa a líderes comunitarios, presidentes de Juntas de Acción Comunal y comunidad en general.

Durante los conversatorios los participantes afirmaron que desconocen los documentos referidos a las decisiones de la CAM y los alcaldes municipales, a los bonos carbono y las pretensiones reales de la compra de predios en la zona del Macizo Colombiano, reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO, dado su significado para la producción de agua, la biodiversidad y los ecosistemas. Es decir, que no se ha garantizado el derecho a estar bien informados para efecto de participar individual y colectivamente en la toma de decisiones.

Frente a las anteriores preocupaciones se aclaró que se desconoce si los predios objeto de compra señalados por la CAM han sido declarados de utilidad pública a favor de Emgesa, lo que implicaría desalojos para quienes se opongan a las ofertas de la transnacional como ocurrió en la zona donde se construyó el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Mediante Resolución 092 del 5 de julio de 2017 se registró la Reserva Natural de la Sociedad Civil "Cerro Matambo” de propiedad de Emgesa y la resolución 105 establece que una de sus actividades es la producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la reserva e indirectos al área de influencia de la misma y como uno de los servicios el de ser “Sumidero de CO2”.

El Decreto Ley 870 de 2017, sobre «el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación» institucionaliza la mercantilización de los Bienes Naturales Comunes y Colectivos (la naturaleza y la biodiversidad), al considerarlos como servicios y/o activos financieros estratégicos, razón por la cual los conocimientos sobre biodiversidad, los cuidados tradicionales del agua, las cuencas y los bosques pasan a los sectores privados.

Según esta norma, las Reservas de la Sociedad Civil reciben incentivos y entran al esquema de Pago por Servicios Ambientales PSA y, en consecuencia, Emgesa a través de la “reserva Cerro Matambo”  puede emitir los Certificados de Bonos de Carbono que son una forma de financiación del medio ambiente lo cual estaría creando derechos de contaminación, que permite a los países industrializados y empresas reducir sus emisiones de GEI en países periféricos como Colombia a través de proyectos de energía como la hidroeléctrica del Quimbo donde les resulta más económico y rentable, en lugar de cambiar sus modelos de producción y consumo energético. Es decir, contaminar en los países desarrollados se transforma en un derecho y al mismo tiempo en un gran negocio de especulación financiera.

Sin embargo, el parágrafo 4 del artículo 5 del Decreto 870 establece que los PSA “no tienen efecto alguno en relación con la propiedad, tenencia de la tierra o adquisición o pérdida de derechos, y no implica obligación alguna de compra o venta de los predios sujetos a dicho incentivo” contrario a la información de la CAM, según la cual “Emgesa debe comprar predios para recuperación y protección ambiental”

Se aclara que la interpretación y aplicación del decreto 870 en territorios indígenas de resguardos, ancestrales, poseídos y/o utilizados tradicionalmente en lo referido al pago por servicios ambientales, “se regirá bajo los preceptos de derecho mayor, derecho propio y ley de origen, y de las funciones ambientales de las autoridades indígenas; como también los principios de autodeterminación, la autonomía, la participación efectiva y el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada; a la identidad, integridad social, económica y cultural, los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales y sus planes integrales de vida o sus equivalentes y el bloque de constitucionalidad” (artículo 3).

Las comunidades campesinas, del Macizo exigen la creación de Zonas de Reserva Campesina con fundamento en la Ley 160 de 1994, reglamentado a través del Decreto 1777 de 1996 y el Acuerdo 024 de 1996, figura concebida como una herramienta para delimitar la propiedad de la tierra, y estabilizar a campesinos y colonos en zonas de amortiguación de parques naturales y reservas forestales y como una estrategia productiva y ambiental. En tal sentido, es obligación del Estado, garantizar los estímulos económicos para la conservación de los ecosistemas sin acudir a la mercantilización de la naturaleza en favor de empresas transnacionales como Enel Emgesa.

Los participantes en el foro acogieron la propuesta de no vender los predios e impulsar un movimiento de resistencia ante la amenaza de ser invadidos por empresas transnacionales para la imposición de proyectos minero energéticos y la utilización de los bonos de carbono como instrumentos de acumulación de capital mediante el despojo de las comunidades. Para tal efecto se acordaron actividades de investigación, organización, comunicación y jurídicas que permitan fortalecer dichas acciones en defensa del Macizo y la biodiversidad.

Ver documento en el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/14GcodzNn8q8uJWiefrBrm06R6-whRzyJ/view?usp=sharing


CUMBRES CLIMÁTICAS RONDAS DE NEGOCIOS FINANCIEROS.

CUMBRES CLIMÁTICAS RONDAS DE NEGOCIOS FINANCIEROS.

El 13 de noviembre concluyó la cumbre del clima COP 26 en Glasgow Escocia, donde se reitera que el aumento de la temperatura en la superficie del globo terráqueo obedece principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2 derivado del uso de energía fósil y que las emisiones continuas podrían quebrar un límite de 1.5 grados de la temperatura global en poco más de una década.

La solución a la crisis climática continúa siendo la misma que se viene planteando en todas las conferencias, como la de París en el 2015, donde se prometen pactos no vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en torno al límite tolerado de 1.5 grados centígrados en  términos comparativos  con  la  era  preindustrial, desde la lógica de la economía de mercado sostenible, mientras las emisiones continúan incrementándose, profundizando la crisis climática y los anuncios de una catástrofe, situación que explica la declaratoria de “una alerta roja para la Humanidad” por parte del Secretario General de la ONU. 

El Pais, edición América, de noviembre 13 de 2021 tituló "La cumbre del clima se cierra con un mensaje descafeinado contra el carbón y los combustibles fósiles" al sustentar que “en la declaración final de la COP26 también se pide a los países que reduzcan gradualmente el carbón y ‘las subvenciones ineficientes’ a los combustibles fósiles. Eso sí, sin fijar plazo alguno y dejando abierta la puerta a que continúen las centrales de carbón con sistemas de captura y almacenaje de CO₂ -es decir, para atrapar este gas antes de que llegue a la atmósfera-. En el caso de los subsidios, el veto solo afectaría a las ayudas “ineficientes”, lo que permite que cada país continúe dándolas discrecionalmente”.

Para el investigador Alfredo García, en su reciente publicación Viento Sur 13 de noviembre “COP26: una vez más, ¡los fósiles mandan!” afirma que “lo que importa son las tecnologías verdes, no la salida de los combustibles fósiles, ni siquiera del carbón solamente” razón por la cual “el capitalismo puede seguir explotando las minas de carbón, e incluso abrir otras nuevas, siempre que las centrales eléctricas de carbón estén equipadas para capturar y almacenar el CO2 (CAC) o para utilizarlo en otros procesos industriales (UCC)”. Agrega que la “subvención eficaz” es para los capitalistas porque una subvención social es ineficaz, ya que no crea plusvalía.

Todas las COP desde 1992 vienen planteando falsas soluciones a la crisis climática. El problema de fondo es que existe una contradicción entre el funcionamiento de la acumulación de capital que le otorga una potencialidad ilimitada para la obtención de riqueza a los inversionistas y los límites biofísicos del planeta que se confirma estadísticamente si se tiene en cuenta que la huella ecológica que otorga el planeta a cada uno de sus habitantes es cerca de 1,8 hectáreas y actualmente se ha llegado  a 2,7 hectáreas, es decir, que cada ser utiliza más espacio para cubrir sus necesidades de lo que el planeta puede darnos.

Las COP son rondas de negocios, de mercantilización y colonialismo, que favorecen a los grandes grupos financieros, dado que la emisión de “bonos verdes” hace parte de la política de reducción de emisiones de CO2  que han terminado por convertirse en un segmento importante del mercado de capitales.

En Glasgow los voceros de los grupos financieros manifestaron disponer de un monto aproximado de US 130 billones para ejecutar proyectos ambientales que cuentan con el aliciente de “mejores comisiones bursátiles comparándolas con las de los no sostenibles; inversiones que quedan mayoritariamente en la esfera de la especulación financiera o en las empresas asociadas a la energía fósil”.

La especulación financiera y la lógica absurda de acumulación de capital nos conduce inevitablemente a la catástrofe, razón por la cual, los Movimientos ecosociales, ecofeministas, ambientalistas, entre otros, debemos construir nuestras propias Agendas y movilizarnos contra el "capitalismo verde", hacia una transición ecosocial que implica una planificación democrática, orientada a la satisfacción de las verdaderas necesidades que son definidas por las comunidades y el respeto de los equilibrios ecológicos del planeta que rompa con el productivismo y el consumismo para privilegiar la reducción del tiempo de trabajo y, así, la extensión del tiempo libre dedicado a las actividades sociales, políticas, lúdicas, artísticas, eróticas.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA: UN PACTO DE ENERGÍA PARA LA VIDA

TRANSICIÓN ENERGÉTICA:  UN PACTO DE ENERGÍA PARA LA VIDA

El 16 octubre de 2021 concluyó el Foro Programático sobre Transición Energética organizado por la Mesa Social Minero Energética Ambiental -MSMEA- donde se compartieron experiencias internacionales hasta las miradas del feminismo, ambientalismo, movimientos sociales y ecosociales de Colombia que convergen en la imperiosa necesidad de avanzar en la construcción de una Propuesta de Transición Energética justa, democrática, descentralizada, desmercantilizada contra la propuesta estatal de diversificar la oferta energética al servicio  de las corporaciones transnacionales.

El evento se realizó como una contribución al debate Programático del Pacto Histórico con el compromiso de posicionar en la Agenda el tema de la Transición Energética, como una de las prioridades ante la urgencia de avanzar en la construcción de un modelo minero energético soberano y autónomo para superar la crisis civilizatoria cuyas manifestaciones se expresan en la crisis climática y las pandemias que de no actuar nos conduciría a la destrucción de la vida en el planeta.

Las organizaciones Censat Agua Viva y Asoquimbo, representantes del Movimiento Colombiano en Defensa del Territorio y Afectados por Represas ¡Ríos Vivos! en la MSMEA, realizaron sus respectivos aportes al Foro en cabeza de Tatiana Roa y Miller Dussán que son productos de la sistematización de las conclusiones del II Encuentro Nacional del Movimiento Ríos Vivos “Construyendo propuestas para una transición energética justa y memoria para la Paz”, realizado del 8 al 12 de octubre de 2018 en Barrancabermeja, donde participaron cerca de 300 personas de las cuales 30 fueron delegados internacionales de 14 países latinoamericanos que hacen parte del Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica -MAR-.

Dado el interés por el tema de la Transición Energética y la crisis climática «producto de la lógica absurda e irracional de expansión y de acumulación al infinito del sistema capitalista, a su productivismo obsesionado por la búsqueda de la ganancia que es totalmente contradictoria con una racionalidad ecológica, que toma en cuenta la temporalidad larga de los ciclos naturales» compartimos nuestras reflexiones sintetizadas en la ponencia “¿La hidroelectricidad es una energía limpia?”, donde se demuestra, a partir de diversos estudios científicos que las represas generan grandes cantidades de Gases de Efecto Invernadero, como óxido nitroso (N20) y metano (CH4) que son 300 y 25 veces más lesivos que el CO2 en términos de calentamiento global respectivamente, la destrucción de ecosistemas y biomas importantes que garantizan los ciclos de vida, el desplazamiento forzado de comunidades como las indígenas, campesinas, barequeras pescadores y mineros artesanales y afrodescendientes, la pérdida de fuentes de alimentación y la seguridad alimentaria, la violación de los Derechos Humanos de la población y el derecho a un ambiente sano y la negación de la participación pública y el acceso a la información.

https://drive.google.com/file/d/1TnWq1IJylsE2pEliezrIt_J-9EYfRhb8/view?usp=sharing

 

APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR SOBRE REPRESA EL QUIMBO

APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR SOBRE REPRESA EL QUIMBO

Adriana Marcela Barrera R Fiscal 3 de Bogotá

La Fiscal 3 Especializada Unidad de Recursos Naturales, Dra. ADRIANA MARCELA BARRERA REYES, abrió indagación preliminar CUI: 410016000584201200105 como consecuencia del Informe de Auditoria de la Contraloría General de la República sobre Auditoría Integral de Cumplimiento de Obligaciones Ambientales establecidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, publicado el 20 de diciembre de 2020.

La C.G.R como resultado de la auditoría constituyó dieciocho (18) hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal" relacionados con:

La pérdida neta de diversidad biológica, al no cumplirse con la compensación por Aprovechamiento Forestal, ocasionando costos ambientales e impactos que en magnitud son significativos, debido a las afectaciones de los bienes y servicios ecosistémicos a escala regional, dada la fragilidad del bosque seco tropical, el cual corresponde a la zona de vida de influencia directa e indirecta del proyecto, afectado en gran medida por procesos severos de erosión, propios de la zona y agudizados por actividades antrópicas derivadas del proyecto El Quimbo.

La ANLA en su función misional de seguimiento y control, ha permitido la generación de costos ambientales, al no adelantar acciones eficaces y eficientes que permitan internalizar los costos asociados a los impactos ambientales derivados de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, generadas por el embalse del PHEQ, agravada toda vez que, Enel-Emgesa no adelanto completamente (...) "las actividades de repicado, apilado y retiro de la madera y la biomasa producto del aprovechamiento forestal en el vaso del embalse.

No se ejecutó el levantamiento de Veda de Especies Epifitas ocasionando afectaciones a los bienes y servicios ecosistémicos que proporciona este conjunto de especies vegetales, lo cual genera violación a lo exigido en las normas vigentes que regulan la materia. 

No se retiró la Biomasa del Vaso del Embalse por parte de Emgesa antes de iniciar el llenado, razón por la cual la ANLA vulneró los principios de oportunidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones de control y seguimiento al PHEQ al no aplicar oportunamente la medida preventiva relacionada con la suspensión de obra (artículo 36, 39, y el parágrafo 2 de los mismos y del artículo 13 parágrafo 2) todos emanados de la Ley 1333 de 2009 con el propósito de evitar el daño ocasionado a los recursos naturales. 

A la presente apertura de investigación preliminar se suman dos procesos adicionales interpuestos por Asoquimbo Ríos Vivos: Uno, la demanda de nulidad de la licencia ambiental de la represa el Quimbo, del año 2014, que se adelanta en la sección primera del Consejo de Estado, pendiente de la Audiencia Final de Alegatos de Conclusiones y dos, la demanda fiscal por el supuesto delito de daños ambientales, del 2012, que cursa en la Fiscalía 3 de Bogotá, pendiente de la imputación de cargos.

Complementario a lo anterior se envió comunicación al Grupo de Trabajo sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales de la Organización de las Naciones Unidas –ONU- con copia a la Fiscalía General de la Nación, solicitando que las comunidades y personas afectadas puedan ser atendidas debidamente conforme a las leyes colombianas y a los estándares internacionales, instando al Estado a garantizar la soberanía alimentaria, el acceso al agua, un  medio ambiente sano, trabajo digno, entrega de viviendas a las victimas, la realización de las inversiones en las diferentes áreas afectadas por el proyecto, las medidas necesarias y urgentes para resolver la afectación de la calidad del agua por falta de oxigenación adecuada, la pesca artesanal, la   adquisición, titulación y entrega de tierras para las personas afectadas y respecto de los derechos humanos por parte de la empresa ENEL y su casa matriz en Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


INVASIÓN AGUACATERA “LOS DIAMANTES DE SANGRE”

INVASIÓN AGUACATERA “LOS DIAMANTES DE SANGRE”

 

El Periódico La Nación del Huila en su sección de investigación se refirió a la controversia provocada por la iniciación del Proyecto para el cultivo de aguacate Hass en el municipio de Acebedo Huila por parte de la Compañía Hass y Colombia Paradise SAS, que ampliaron la frontera agrícola  en una zona estratégica de protección ambiental, sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Al respecto el reconocido ambientalista del Quindio, Nestor Ocampo, se pronunció en los siguientes términos: “En Acevedo, Huila, *sucede lo mismo que en Calarcá y el Quindío*. Las empresas aguacateras (Compañía Hass y Colombia Paradise SAS) *hacen lo que les da la gana*: tumban vegetación nativa protectora, envenenan fauna local, contaminan aguas, ocupan causes y captan aguas sin permiso, abren carreteras, pisotean derechos de las comunidades, violan normas ambientales, burlan a las autoridades, no respetan áreas protegidas ni declaradas de interés social y se apropian del territorio”. Agrega que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) *hace lo mismo que la CRQ*. Llega tarde a atender las denuncias, no hace nada efectivo para detener el daño, inicia procesos sancionatorios demorados e inútiles, da tiempo a las empresas para “corregir” sus “errores”, no hace respetar áreas protegidas, no sanciona los delitos cometidos ni la burla a las autoridades y, al final, solo busca “lograr acuerdos con las empresas” para legitimarlas en los territorios”. 

En Colombia, en los últimos años han llegado inversionistas de la empresa estadounidense Greenfruit Avocado, que planea sembrar 300 hectáreas de aguacate Hass en Trujillo y Bolívar (Valle), la peruana Camposol, que se dispone a producir alrededor de 40.000 toneladas hasta el año 2025 en todo el territorio nacional. Se suman las que ya están operando como Westfalia Fruit Colombia, de origen chileno-surafricano, que cuenta con 300 hectáreas y dos plantas de empaque en Antioquia; Cartama, Hass Colombia, Fruty Green y Jardín Exotics, que son las que controlan las exportaciones hacia los mercados de EUA y de Europa.

Todas estas empresas amparadas en el discurso del “desarrollo” y la generación de empleo hacen parte del modelo neolioberal extractivista que despoja a las comunidades y destruye los ecosistemas, en connivencia con el gobierno nacional y las autoridades locales.

A este cultivo se le denomina el “oro verde” debido a la creciente demanda mundial y la rentabilidad  para los inversionistas. Entre enero y noviembre del 2020, las exportaciones del aguacate colombiano crecieron en un 50% y sus ventas llegaron a los US 124 millones, donde Europa participa con cerca del 80% de las compras.  Sin embargo, la gigantesca demanda de esta fruta ha destruido áreas de vida silvestre y en varios países incendiado bosques o tierras protegidas para lograr una recalificación de suelos que habilite la plantación de aguacates.

También se lo califica como el “infierno verde”. Según datos de Water Footprint Network se necesitan 2.000 litros de agua para producir un kilo de aguacates: “una hectárea de aguacates necesita la misma cantidad de agua cada día que la que consumiría una población de 1.000 personas”.

El famoso chef irlandés JP McMahon  apodó a los aguacates Hass como "los diamantes de sangre de México" "por el impacto que tienen en los países de donde provienen: deforestación en Chile y violencia en México". Explicó que había abandonado el uso de aguacates en sus restaurantes y promovido una cruzada en todos los restaurantes de Gran Bretaña justificando su decisión en que "hay informes de cárteles mexicanos de la droga que controlan las lucrativas exportaciones".

Sandra Hincapié Jiménez en su investigación ¿Éxito económico o pérdida de estatalidad? Ordenamientos mixtos en tiempos del oro verde” desde el 2015 había concluido que en el suroeste de Michoacán México “hubo una convergencia de intereses entre organizaciones estatales, empresarios y organizaciones criminales dando lugar a un proceso que hemos denominado ordenamiento mixto y que permitió la expansión agroindustrial regulada, a través de mecanismos legales e ilegales, para la concentración de las ganancias y las oportunidades en pocas manos”.

La pregunta es si los sectores mayoritarios de la población permiten sostener un monocultivo intensivo donde convergen intereses empresariales y de carteles criminales que implica la destrucción de las economías campesinas, indígenas y afros y la soberanía alimentaria, deterioros ambientales severos –pérdida de biodiversidad, degradación de los suelos, carencia hídrica– y que contribuye a extremar las condiciones climáticas, cuando enfrentamos una lucha global por revertir una catástrofe ambiental que extinguiría la existencia de la vida en el planeta.

https://www.facebook.com/nestor.ocampo.31/videos/1216126128822014

https://www.youtube.com/watch?v=6iUu9-Fsxps

https://www.facebook.com/quindiocnc/videos/522776578872201/

https://www.facebook.com/nestor.ocampo.31/videos/5961945767211662