El Tribunal Permanente de los Pueblos pide que Endesa y Enel abandonen su proyecto en la Patagonia chilena

Emgesa S. A. en Colombia, concesionaria del proyecto El Quimbo, es filial de Endesa y Enel en Europa. (N. de la R.) España — El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha reclamado esta mañana en su sentencia la paralización cautelar del proyecto de Endesa y Enel para construir cinco mega-represas hidroeléctricas en la Patagonia de Chile. También se ha pedido que queden sin efecto proyectos y megaproyectos de inversión de empresas europeas en América Latina que están ahora en proceso de desarrollo y que, como los de Endesa, “van a tener impactos negativos enormes sobre la vida de las personas y el medio ambiente, sin contrapartidas significativas para el desarrollo de las comunidades afectadas”. El Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), CODESA-Chile, Ecosistemas y Greenpeace presentaron ante el Tribunal el caso de Endesa (España) y Enel (Italia), por su proyecto de construcción de cinco mega-represas hidroeléctricas en la Patagonia chilena, que degradarían esta bio-región única de un valor cultural y ambiental incalculable. Después de conocer la sentencia, han expresado su satisfacción por la misma y reclaman a las empresas involucradas, y al Gobierno de Chile, que tengan en cuenta esta condena moral y ética y hagan lo que el tribunal claramente ha indicado: paralizar estos proyectos, que son innecesarios para el abastecimiento energético, degradarían un ecosistema prácticamente virgen y consolidarían el monopolio de estas compañías sobre los sistemas energético y de aguas en Chile, poniendo en grave riesgo la propia democracia en el país. El Tribunal Permanente de los Pueblos se reunió en Madrid los días 14 y 15 de mayo para juzgar los abusos que las multinacionales españolas y europeas cometen en América Latina, y la complicidad de los Estados y de la propia Unión Europea en sus actuaciones. El Tribunal está compuesto por personalidades de gran prestigio moral y ético, asesorados a su vez por un comité jurídico. Se basa en el precedente de los Tribunales Russell, que juzgaron desde la guerra de Vietnam hasta la dictadura de Pinochet en Chile o la construcción del muro en Palestina. Sus dictámenes no son vinculantes pero tienen un elevado valor ético y moral, además de estar sustentados sobre argumento jurídicos. El jurado estaba compuesto por 14 personalidades muy reconocidas como el presidente del jurado, Perfecto Ibáñez, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Blanca Chancoso, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador; Judith Brown Chomsky, abogada en el juicio estadounidense a Shell por sus crímenes en Nigeria; Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, y el Secretario General del TPP, Gianni Tognoni, entre otros. En el acto donde se ha dado a conocer la sentencia, el jurado ha denunciado un modelo de progreso y de desarrollo que camina en dirección contraria al interés de los seres humanos y ha denunciado la impunidad de las grandes empresas multinacionales frente a la ley y a sus cómplices necesarios en el ámbito político, que permiten que la situación se perpetúe. El miembro del tribunal Carlos Taibo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, ha denunciado las políticas de la Unión Europea “por su apoyo incondicional a la expansión de las empresas europeas en América Latina, pasando por encima de los intereses de las comunidades y del medio ambiente”. La ecuatoriana Blanca Chancoso ha reclamado a la sociedad civil que se apropie de la sentencia, y que la utilice “como un precedente que pueda servir para lograr instrumentos con los que hacer justicia”. Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados de Colombia, ha resaltado en su exposición cómo la sociedad civil puede utilizar esta sentencia. El tribunal, en este sentido, ha instado a la ciudadanía europea a “usar mecanismos como la iniciativa legislativa incluida en el Tratado de Lisboa, que requiere sólo un millón de firmas en toda la UE para proponer iniciativas concretas de legislación para el control de las multinacionales”. “Esta sentencia es un gran paso para la verdad y la justicia. Los estados y las empresas europeas deben escuchar las recomendaciones de este tribunal”, ha señalado Mabel González, portavoz de Greenpeace. “En cuanto a Endesa y Enel, les pedimos que acaten sus términos y paralicen los proyectos para construir represas e inundar la Patagonia de Chile. Al rechazo, ampliamente manifestado de los ciudadanos de Chile, se suma ahora una condena del Tribunal de los Pueblos. Ese proyecto debe ser abandonado con carácter inmediato”, afirma. El Tribunal se ha celebrado en el marco de la cumbre de movimientos sociales “Enlazando Alternativas IV”, con el telón de fondo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-América Latina. La sesión de Madrid es la cuarta en un proceso que pretende dar visibilidad a los movimientos sociales y luchas ciudadanas contra los abusos de las multinacionales en aquel continente, y coordinar las resistencias frente al poder antidemocrático de estos poderosos actores. El Tribunal de los Pueblos pide a la UE que controle sus empresas El Tribunal Permanente de los Pueblos condena a la Unión Europea por su complicidad en los delitos sociales y ecológicos de las transnacionales (descargue aquí el texto completo del fallo)

www.surcolombiano.com

¿Por donde va el agua al molino?

Mentidos y desmentidos en la polémica sobre la construcción de El Quimbo.

Un día después de la marcha convocada por Asoquimbo y Plataforma Sur, el artículo del Diario La Nación ‘Quimbo debe cumplir los acuerdos’, hizo alusión al comunicado ‘Minambiente garantiza cumplimiento de obligaciones ambientales y sociales en El Quimbo’, con el cual ese ministerio reacciona frente a “los recientes pronunciamientos de diferentes sectores en torno al proceso de conciliación de El Quimbo, que desinforma y genera confusión a la comunidad” (sic). En síntesis, dice el comunicado de marras: 1) que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial se encuentra en un proceso de conciliación extrajudicial con la empresa Emgesa S. A. ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2) Que el Ministerio no aceptó modificar aspectos de la licencia ambiental tales como la construcción de la vía perimetral, la entrega y operación del ferry, las compensaciones sociales, el programa de manejo para reactivación productiva; que ninguna de las obligaciones y aspectos establecidos en las actas de las mesas de concertación, fueron modificados en el proceso conciliatorio. Y, 3) que sólo aceptó reconsiderar los temas relacionados con la compensación forestal, con base en el análisis realizado por la Fundación Natura.

La pregunta que surge es ¿si nada se ha modificado qué es entonces lo que se concilia extrajudicialmente ante el Tribunal Superior de Cundinamarca? Si no se trata de la carretera ni del ferry ni de las compensaciones sociales ni del programa de reactivación productiva ni de ninguna de las obligaciones y aspectos establecidos en las actas de las mesas de concertación, ¿entonces de qué se trata la conciliación extrajudicial entre el Ministerio y Emgesa?

Descartemos que el Ministerio acepta que no se reforestarán 20 mil hectáreas sino 11 mil en compensación por las más de 8.500 hectáreas de tierras cultivables, praderas y bosques que se inundarán. Y esas 11 mil no será obligatorio reforestarlas dentro de la zona de reserva de la amazonía sino donde a Emgesa le plazca o le resulte financieramente conveniente.

Pero aclaremos primero que Elsa Matilde Escobar, directora Ejecutiva de Fundación Natura, dijo en respuesta a un derecho de petición de Surcolombiano.com: “la fundación natura no toma ninguna decisión, ni participa en los procesos de conciliación, ni ha hecho recomendaciones”. Y agrega: “La Fundación no participa en las negociaciones, éstas son solamente entre la empresa y el Ministerio. Por lo tanto la Fundación no ha recomendado “que el número de hectáreas de compensación forestal que deberían reforestarse por parte de la empresa concesionaria del proyecto, son 11 mil y no 20 mil como se había pactado.” (Ir a la respuesta).

Licencia a la medida

Como podrá recordarse, a mediados de mayo de 2009 el Minambiente otorgó la licencia ambiental para El Quimbo, apurado por las órdenes del presidente Uribe, con irregularidades y omisiones presuntas en su trámite que hoy son objeto de demanda judicial. Para finales de ese mismo año se conocieron los primeros reparos de Emgesa por lo que la empresa siempre ha considerado como “excesivas obligaciones”.

Pero es en febrero de 2010 cuando por primera vez la Empresa habla con claridad de sus pretensiones: Emgesa había dicho al Minambiente en tono de chantaje que “en caso de no logarse un acuerdo conciliatorio, ejercería una acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.

Y vuelve entonces el Presidente a la palestra. Tras un consejo comunal celebrado en Neiva, en la primera semana de marzo Uribe dijo: “Me reuní con el director de Emgesa y estaba preocupado por los sobrecostos. Y yo le dije: lo que hay que hacer es un dialogo que racionalice todo. Aquí no puede haber abuso. No se puede imponer una hidroeléctrica abusando de la comunidad. Tampoco se puede evitar una hidroeléctrica por tratar de abusar de la empresa. Eso tiene que ser equilibradito. Ni abuso de la empresa, ni abuso nuestro. Si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto. Por eso necesita mucho equilibrio”. (Ver La Nación)

Con este nuevo espaldarazo, para finales de abril Lucio Rubio, gerente general de Emgesa, exigió: si no se modifican las “excesivas” obligaciones y compensaciones contenidas en la licencia ambiental, desistirá del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo. Los costos adicionales -dijo- lo hacen financieramente inviable y la inversión que debe ejecutarse no sería recuperable en el mediano plazo. (Ver La Nación y Diario del Huila ‘Emgesa confirmó que no construirá vía perimetral’ y 'Emgesa tiene la voluntad de realizar El Quimbo', 28 y 30 de abril respectivamente).

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales había denunciado la pretensión de Emgesa de lograr la modificación de la licencia ambiental para reducir los costos sociales y las compensaciones forestales (140 millones de dólares) y de esta manera satisfacer las exigencias de la nueva propietaria del proyecto, la italiana Enel.

Según las pesquisas de Plataforma Sur Enel condicionó la aprobación del proyecto a la “re-negociación o demanda” del mismo. Por esta razón el gobierno de Uribe ordenó al Minambiente realizar la conciliación extrajudicial con la mediación de la Procuraduría General.

Pero incluso desde antes de ese pronunciamiento presidencial, el gobierno departamental en secreto venía negociando contra los intereses regionales y las comunidades afectadas, y a expensas del silencio de los congresistas y diputados del Huila.

Desde enero de 2010 cuando los primeros rumores de la conciliación se hicieron públicos Plataforma Sur había solicitado aclaraciones y el Ministerio respondió que “no existe exigencia alguna que este Ministerio deba informar a terceros respecto a los temas objeto de conciliación”.

En su persistente lucha Plataforma Sur y Asoquimbo convocaron entonces una nueva protesta social que se realizó el pasado 14 de mayo en Gigante, Ríoloro y Neiva. Ese mismo día y en el siguiente, Minambiente salió a los medios a decir que se estaba desinformando a la comunidad (Ver Diario del Huila y La Nación).

De este tire y afloje, quedan claras varias cosas: una, que Emgesa no comparte la licencia y que desea por sobre todo disminuir los costos para satisfacer una exigencia de los nuevos inversionistas Italianos de Enel. Dos, que sí hay un acuerdo de ‘conciliación’ que para ‘legalizarse’ se tramita en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tres, que el Ministerio agencia por explícita orden del presidente Uribe dicha conciliación. Y cuatro, que tanto el Ministerio como Emgesa siguen mintiendo en los medios de comunicación, mientras muy seguramente, dan el zarpazo a las esperanzas de quienes creen en al buena fe del Gobierno, los políticos involucrados y la Empresa.

O sino, por dónde va entonces el agua al molino. Porque si es cierto como dice el Ministerio que todo lo acordado sigue en pie, ¿qué es entonces lo que se concilia en el tribunal?

A última hora, la Asamblea Departamental del Huila convocó un foro “para aclarar de una vez por todas informaciones sobre la exclusión de compromisos adquiridos para el desarrollo de la hidroeléctrica” (ver La Nación). Se tratará de una nueva simulación o esta vez sí se exigirá la verdad al Gobierno y a Emgesa. Amanecerá y veremos.

Las modificaciones que se pactaron

Según Plataforma Sur y Asoquimbo, algunas de las modificaciones más sensibles de la licencia ambiental y de las actas de las ‘mesas de concertación’, que se adelantan mediante ‘conciliación extrajudicial’, serían las siguientes:

·         La franja perimetral de protección ambiental pasará de 2.211 a 903 hectáreas.

·         No habrá una nueva vía perimetral ni ferry para suplir la incomunicación de la zona por la inundación de las rutas y caminos que hoy existen.

·         En las restituciones de tierras Emgesa está obligada simplemente a entregar predios con sistemas de riego, mientras que en la licencia original debía restituir tierras con las mismas características de calidad y productividad de aquellas que serán inundadas por la construcción de la represa y tecnológicamente adecuadas, lo que incluye, entre otras cosas, sistemas de riego, descompactación de suelos y renovación de praderas.

·         La compensación forestal no serán 20 mil hectáreas sino 11 mil y Emgesa no tendrá que comprar predios situados en el Área de Reserva Forestal de la Amazonia.

·         Las personas llamadas “ocupantes”, es decir, los campesinos y pesadores pobres que viven en áreas al margen de las carreteras y del Río Magdalena, no serán compensadas porque son “una categoría ajena a los parámetros regulatorios” y además, se modificó el compromiso de otorgar vivienda a todos los propietarios, poseedores y ocupantes que no contasen con la misma como había sido incorporado en la licencia.

Para bien del Huila, de las personas y comunidades directa e indirectamente afectadas y para bien del medio ambiente y la ecología, ojala el nuevo debate anunciado por la Asamblea Departamental de Huila para los primeros días de junio, permita aclarar de una vez por todas si los huilenses y sus dirigentes permitirán la construcción de la represa cediendo a todas las condiciones de Emgesa sin importar ni los afectados ni el medioambiente ni la ecología.

O nos conformaremos como nos conformamos con la ilusión de Betania, como lo pregona un editorial del Diario del Huila: “No hay que olvidar que, con menos compensaciones, Betania trajo innumerables beneficios”.

Derecho de petición

Respetada señora:

Como ciudadano colombiano, actuando por interés general y con fines de divulgación periodística, comedidamente solicito se sirva informarme de los argumentos científicos o técnicos con base en la cuales la Fundación Natura recomendó al Ministerio del Medioambiente, en el caso del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el Huila, que el número de hectáreas de compensación forestal que deberían reforestarse por parte de la empresa concesionaria del proyecto, son 11 mil y no 20 mil como se había pactado. En todo caso, interesa conocer que conocimiento científico específico, no ambiguo, aplican ustedes en este tipo de análisis.

Sobre la participación de la Fundación Natura en el proceso de El Quimbo han hecho alusión los medios de comunicación nacionales, como la nota publicada hoy por el diario La Nación a propósito de la nueva marcha de rechazo al proyecto que realizaron ayer 14 de mayo pobladores afectados y otros ciudadanos legítimamente preocupados por la grave afectación del medioambiente y de los ecosistemas del centro del Huila como también del Río Magdalena.

César Augusto Useche Losada, C.C. 12.121.059. Periodista www.surcolombiano.com

Respuesta de Fundación Natura

16 mayo de 2010

Apreciado señor Useche:

Muchas gracias por su mensaje, disculpe que no le había contestado antes pero estaba fuera del país.

En respuesta a su inquietud me permito informarle que la Fundación Natura llevo a cabo un proyecto de investigación para identificar los bosques secos y los ecosistemas asociados existentes en el área de influencia del propuesto proyecto el Quimbo, en la jurisdicción de la CAM y en el área de la Reserva Forestal de la Amazonía; y la cartelización (sic) forestal del área programada para la represa. Trabajo realizado bajo la más estricta calidad técnica.

PERO LA FUNDACIÓN NATURA NO TOMA NINGUNA DECISIÓN, NI PARTICIPA EN LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN, NI HA HECHO RECOMENDACIONES. Nuestro trabajo ha sido el de proveer la información necesaria para que la autoridad ambiental tome las decisiones pertinentes, son las únicas que pueden hacerlo. La Fundación no participa en las negociaciones, éstas son solamente entre la empresa y el Ministerio. Por lo tanto la Fundación no ha recomendado “que el número de hectáreas de compensación forestal que deberían reforestarse por parte de la empresa concesionaria del proyecto, son 11 mil y no 20 mil como se había pactado.”

Igualmente la Fundación no se ha manifestado en cuanto a la carretera perimetral, no ha entregado ningún concepto y tampoco ha sido preguntada al respecto, tiene muy claro que esas son temas tratados entre la comunidad, la empresa y las autoridades ambientales.

Para complementar esta información, me permito adjuntarles el comunicado de prensa del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

16 de Mayo de 2010, hora colombiana 9:15 p.m.

El Ministerio desaprueba y rechaza información imprecisa respecto al proceso de conciliación de El Quimbo.

Documento conciliatorio garantizaría cumplimientos sociales y ambientales.

Proceso conciliatorio no modifica los acuerdos de las mesas de concertación.

Bogotá, 13 de mayo de 2010 (MAVDT)-. Frente a los recientes pronunciamientos de diferentes sectores en torno al proceso de conciliación de El Quimbo, que desinforma y genera confusión a la comunidad , el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial precisa que se encuentra en un proceso de conciliación con la empresa Emgesa S.A, y reitera que no modifica las decisiones tomadas en las mesas de concertación, donde participaron los diferentes actores de la región, acuerdos que están incorporados en la Licencia ambiental - Resolución 899 de 2009 - y por tanto son de obligatorio cumplimiento.

En este sentido, recuerda que actualmente se surte el proceso de conciliación prejudicial el cual se encuentra actualmente ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Pese a que Emgesa solicitó la conciliación de varios aspectos de la licencia ambiental, entre ellos la construcción de la vía perimetral, la entrega y operación del ferry, las compensaciones sociales, el programa de manejo para reactivación productiva, entre otros, este Ministerio no aceptó modificar estos aspectos.

De hecho, luego de una revisión estricta, sólo aceptó reconsiderar los temas relacionados con la compensación forestal, con base en el análisis realizado por la Fundación Natura, entidad reconocida en el ámbito ambiental.

El Ministerio aclara también que en la conciliación en curso, no se incluyó el tema de la construcción de las vías, en especial de la vía perimetral, por ser esta una obligación establecida en los acuerdos de las mesas de concertación. De hecho, Emgesa debe cumplir con la obligación de aportar los recursos para la construcción de dicha vía como lo establece la Licencia Ambiental.

Finalmente, el Ministerio reitera que ninguna de las obligaciones y aspectos establecidos en las actas de las mesas de concertación, fueron modificados en el proceso conciliatorio.
Cualquier otra inquietud estamos su disposición para aclararla.

Un cordial saludo

Elsa Matilde Escobar
Directora Ejecutiva
FUNDACIÓN NATURA COLOMBIA
Carrera 21 No. 39-43
Bogotá, Colombia
Tel: [phone]
[e-mail] Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
www.natura.org.co
Skipe: elsa.matilde.escobar; EME.fundacion.natura

A FORTALECER LA RESISTENCIA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

Plataforma Sur había denunciado que el Gobierno nacional con el aval del gobernador del Huila y el silencio cómplice de la bancada parlamentaria, recientemente elegida, habían acordado la “conciliación prejudicial”, es decir la entrega definitiva del territorio modificando sustancialmente la licencia ambiental para satisfacer las demandas de las transnacionales Endesa- Emgesa- Enel quienes habían amenazado con demandas al Estado si no cedía a sus pretensiones.

La “conciliación se realizó el pasado 21 de abril mediante la cual se redujeron de 20.000 a 11.000 las hectáreas por compensación ambiental, se afectaron sectores vulnerables de la Zona que serán excluidos de la licencia. Se suspendió la construcción de la vía perimetral (45.000 millones), entre otras,  apoyados en un supuesto estudio de la “Fundación Natura” que consideró su inviabilidad por afectaciones ambientales. Esta misma fundación nunca se pronunció sobre la inviabilidad de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo donde el 95% de la Zona a inundar hace parte de la reserva forestal protectora de la amazonia. Negocio es negocio.

Emgesa logró reducir las compensaciones ambientales y sociales en más de 140 millones de dólares, es decir, lo que se incluyó en la Licencia ambiental después de la firma del Acta de Capitulaciones entre el Gobernador del Huila, los Alcaldes de la Zona y Emgesa. Esos 140 millones de dólares adicionales habían sido producto de la lucha de resistencia de los afectados.

Emgesa, que desde un principio había expresado que no acudiría a la interposición de recursos contra la licencia, también logró que el Ministerio de Minas le firmara el Manual de Precios Unitarios de Predios que ha sido rechazado unánimemente por los propietarios y poseedores que aspiraban que el valor de sus predios superara los 35 millones de pesos por hectárea.

La “conciliación” y el Manual fueron aprobados en secreto sin consultar con las organizaciones intervinientes y los afectados como lo exigió Plataforma Sur a través de varios derechos de petición con fundamento en el principio de la participación consignado en la Constitución Política. Sólo bastó con la orden del presidente Uribe de aceptar todas las pretensiones de las transnacionales con la complacencia del Gobernador y su Secretario de agricultura para garantizarles el negocio a cambio de dádivas.

Emgesa prepara otra demanda contra el Estado Y no cumplirá con las compensaciones y restitución de predios a los afectados. Iniciará obra y después acudirá a la expropiación como ya lo ha anunciado para quienes se nieguen a entregar sus predios al precio consignado en el Manual. Sabe que cuenta con funcionarios gubernamentales y de control a su favor como el Procurador General de la Nación quien obedeció la orden de Uribe de favorecer a Emgesa.

¿Dónde estaban los parlamentarios Huilenses? Esperando que el Gobernador avalara el negocio de entrega del territorio, compartido por ellos, manteniendo silencio cómplice. ¡Qué indignidad¡

Pero el Quimbo no será una realidad. Los huilenses dignos apoyaremos las movilizaciones convocadas para el 14 de mayo en la Zona de El Quimbo y Neiva por la defensa del territorio, la reserva campesina agroalimentaria subsidiada por el Estado, la indemnización de los afectados y restitución de sus derechos por los daños causados por la Resolución 321 que declaró la zona de utilidad pública a favor de Emgesa y el rechazo al Manual de Precios Unitarios de los Predios del P.H. El Quimbo, aprobado por el Ministerio de Minas mediante Resolución No. 180420 de 2010 contra los intereses de los poseedores y propietarios para favorecer el negocio de Emgesa y el Gobierno.

Continuaremos en resistencia permanente complementada con las acciones jurídicas que están en curso contra la resolución 321 y la licencia ambiental. Insistiremos en la presencia de la Comisión Especial del Comité Interamericano de Derechos Humanos en el Huila y reiteramos la solicitud de protección de los afectados ante los riesgos de represión que se agilizarán contra las acciones de resistencia. No olvidemos las masacres que Endesa protagonizó contra los aborígenes Mapuches en la Patagonia de Chile para imponer sus proyectos de generación de Energía. A resistir con dignidad.

MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO, 14 DE MAYO

El 13 de abril de 2010 el Ministro de Ambiente, Carlos Costa Posada en respuesta a Derecho de Petición radicado con número 4120-E1-41146/42269, confirma lo denunciado por Plataforma Sur al ratificar que “La convocatoria de conciliación extrajudicial presentada por la Empresa Emgesa S.A. ESP ante la Procuraduría General de la Nación, busca la revocatoria parcial y la modificación de algunos artículos de las Resoluciones 899 de 2009 y 1629 de 2009”. Agrega que la solicitud de conciliación tiene como fin “agotar el requisito de procedibilidad para interponer Acción de Nulidad y restablecimiento del Derecho contra las resoluciones 899 y 1628 expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”

El Ministerio de Ambiente, sin consultar a los directamente afectados y a las organizaciones intervinientes, aceptó conciliar la modificación de la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para  reducir los costos sociales y  las compensaciones forestales y de esta manera satisfacer las exigencias y chantajes de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel  y la reiterada intervención del presidente Uribe para garantizar el negocio, tal como lo confirmó en Neiva: ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’ (La Nación, 02-02-2010)

La audiencia de conciliación citada para el 25 de enero de 2010 fue aplazada según el Ministro,  sin precisar la nueva fecha. Nos anticipa que “en el evento de realizarse un acuerdo entre las partes como consecuencia de la conciliación, que implique modificaciones a la Licencia Ambiental, quedarán plasmados en el Acta de Conciliación y hasta ese momento será un documento que pueda ser objeto de publicidad”. El acuerdo ya existe como lo señalamos anteriormente pero el Ministro se niega a discutirlo con los directamente afectados, las organizaciones intervinientes y los  participantes en la “mesa de concertación”, avalada por el presidente Uribe, con el argumento según el cual “no existe exigencia alguna que este Ministerio deba informar  a terceros respecto a los temas objeto de conciliación”, negando el legítimo derecho a la participación establecido en la Constitución Nacional.

El Ministro lo sabe pero dice no conocer de una posible demanda de Emgesa contra el Estado ante la demora en la iniciación de la obra y la imposibilidad de la empresa de cumplir con la generación de energía a partir de diciembre de 2014 circunstancia que le ocasionaría el pago de multas a la Nación. Al mismo tiempo Emgesa se prepara desde ya para iniciar una vía “sustitutiva” antes del vencimiento de la Resolución 321 (1 de septiembre de 2010) para garantizar que procedan las “demandas de nulidad y restitución de derechos” contra el Estado, sin importarle en absoluto la incertidumbre generada a las comunidades afectadas por la falta de claridad en torno a sus proyectos de vida y las compensaciones reales de la región. Mientras tanto el Gobierno Departamental, los parlamentarios recientemente elegidos, la Cámara de Comercio y la CAM mantienen silencio cómplice.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales refirma su postura contra la construcción del Proyecto El Quimbo por las razones ampliamente divulgadas (www.surcolombiano.com http://plataformasur.blogia.com) e invita a todos los pobladores del Departamento del Huila a participar en las Movilizaciones y Concentraciones convocadas, para el 14 de Mayo en Neiva  y la Zona de El Quimbo, por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -ASOQUIMBO- pequeños propietarios, cacaoteros, cafeteros, camioneros, aserradores, organizaciones sociales y juveniles, entre otros, con los siguientes propósitos:

 1) Defender el territorio y las comunidades e impulsar la creación de una reserva campesina agroalimentaria subsidiada por el Estado en la Zona de El Quimbo

2) Indemnización de los afectados y restitución de sus derechos por los daños causados por la aplicación de la Resolución 321 que declaró la zona de utilidad pública a favor de Emgesa

3) Impedir cualquier intento de iniciación de obras por Emgesa debido a las graves implicaciones económicas, sociales y ambientales y las reiteradas modificaciones de la Licencia ambiental.

Hemos solicitado a Minambiente suministrar un balance financiero detallado del proyecto:  costos y beneficios tanto para El Estado, El Huila, los municipios y las comunidades directamente afectadas como para Emgesa que deberá ser confrontado públicamente.

 

Firmado,

Belén Alarcón Alarcón

Directora y Representante Legal de Plataforma Sur

Miller A  Dussán Calderón

http://[e-mail]

Coordinador Estudio y Seguimiento Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

Plataforma Sur

MINAMBIENTE CONCILIA MODIFICAR LICENCIA AMBIENTAL A FAVOR DE EMGESA Y CONTRA LOS AFECTADOS DE EL QUIMBO

Ref: Carta abierta y derecho de petición, artículo 23 C.P.: CARLOS COSTA, Ministro de Ambiente, CLAUDIA MORA, Viceministra, DIANA MARCELA ZAPATA, Directora de Licencias Permisos y Trámites Ambientales.

Como lo habíamos anticipado el Ministerio de Ambiente a través de la directora de licencias, Diana Zapata, sin consultar a los directamente afectados y a las organizaciones intervinientes, aceptó nuevamente la modificación de la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para satisfacer las exigencias y chantajes de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel  y la reiterada intervención del presidente Uribe para garantizar el negocio, tal como lo confirmó en Neiva: ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’ (La Nación, 02-02-2010)

 

La ingeniera Zapata ya lo había anunciado ante la solicitud de “conciliación prejudicial” interpuesta ante la Procuraduría  por Emgesa que bajo el supuesto de  “hacer algunas aclaraciones en temas de compensación ambiental” busca  reducir, en connivencia con Minambiente, los costos sociales, afectando a sectores vulnerables y disminuir las compensaciones forestales. La funcionaria puntualizó: “este punto se estudia y esperamos que quede listo este mes. Luego lo revisará la Procuraduría, que es garante de la propuesta de Emgesa” (La República, 12-03-2010) No queda duda, además, que el ente de control garantizará favorecer a la compañía y no a los afectados.

 

Actuación similar asumió la directora de licencias cuando Emgesa interpuso recurso de reposición contra la Resolución 0899 logrando modificarla a su favor a través de la Resolución 1628 razón por la cual  los afectados solicitamos a la CIDH “se realice el seguimiento y estudio de todo el proceso de licenciamiento del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y, en particular, si existe coherencia entre las consideraciones de orden jurídico, y los impactos ambientales, sociales y culturales y las obligaciones que competen a la empresa Emgesa”.

 

Ahora Emgesa ante la demora en la iniciación de la obra y la imposibilidad de cumplir con el plazo previsto de generación de energía en el 2014, según lo estipulado en la subasta pública y consciente de que sería multada, amenaza con una nueva demanda contra el Estado derivada de lo expresado por uno de sus apoderados: “¿quién va a pagar los daños causados por la demora en la iniciación de la obra?”, durante una audiencia testimonial de la Acción Popular contra Emgesa  que cursa actualmente en el Juzgado III Administrativo en Neiva.

 

Lo preocupante es que la justicia viene operando a favor de las transnacionales para garantizar “la confianza inversionista” y lo más probable es que Emgesa contará a su favor con jueces que actuarán de manera similar a los asesores jurídicos y funcionarios de Minambiente, como es el caso del comportamiento  servil e indigno de la directora de licencias quien sigilosamente entrega los bienes de la nación, en un negocio turbio, a espaldas de las comunidades afectadas y de las organizaciones intervinientes como la Fundación el Curíbano, a quienes no rinde cuentas públicas, convencida de las informaciones falaces de Emgesa que ha intentado por todos los medios ocultar la inconformidad generalizada de la población contra la construcción del proyecto El Quimbo y el incumplimiento y tergiversación permanente de sus obligaciones.

 

Sin duda, la ingeniera Zapata es una funcionaria “eficiente” al servicio de los negocios particulares, privilegiando el de las transnacionales, tal como ella lo reconoce: “en general una licencia se demora 18 semanas. Por ejemplo, en temas de infraestructura y viales las hemos estudiado en 11 ó 12 semanas". El tiempo depende de varios factores, entre los cuales está si cerca al proyecto hay comunidades (como sucede con El Quimbo) o ecosistemas de gran importancia (como el caso La Colosa). Colombia en comparación de otros países Latinoamericanos es uno de los más eficientes en licenciamiento ambiental, ya que en otros lugares se puede tardar tres o cuatro años" (La República, 12-03-2010)

 

Razón le asiste al exministro de Minas Jorge Eduardo Cock Londoño cuando en su artículo publicado el 10 de junio de 2009, “Medio ambiente: ni leyes ni razones y mucho atropello” aseveró con relación al rápido otorgamiento de la licencia a Emgesa: “precisamente el caso de El Quimbo nos hizo pensar a todos que con la cantidad de problemas que tenían por vencer o remediar, este proyecto seguramente iría a sufrir importantes retrasos…los funcionarios se tuvieron que morder los codos y simplemente cumplir órdenes superiores. La licencia ambiental se concedió, arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”

Con fundamento en el derecho constitucional a la participación ciudadana, el artículo 23  de la Constitución y el artículo 69 de la Ley 99 de 1993, solicitamos al Ministerio de Ambiente:

 

1)    Informar directamente a ASOQUIMBO, a la Fundación el Curíbano y a Plataforma Sur de Organizaciones Sociales sobre todas las modificaciones que se realizaron a la Resolución 0899 y que quedaron registradas en la Resolución 1628 y los aspectos que Minambiente ha acordado con Emgesa para efectos de “conciliación prejudicial” que cursa en la Procuraduría. Explicar las razones por las cuales el gobierno viene cediendo a las pretensiones de Emgesa a través de los recursos interpuestos.

2)    Confrontar el concepto técnico sobre los resultados de la visita de seguimiento a la Gestión Social, realizada en octubre de 2009, con antelación al acogimiento del mismo mediante Acto Administrativo, con las versiones de los afectados en una Asamblea General convocada por el Ministerio de Ambiente y ASOQUIMBO en el municipio de Gigante Huila.

3)    Solicitar al Ministerio de Minas que con antelación a la aprobación del Manual de predios unitarios se convoque a los afectados con el fin de acordar los valores de los bienes materiales e inmateriales y la compensación de los mismos en igualdad o mejores condiciones, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.

 

 

Reafirmamos nuestra decisión de mantener el diálogo y la concertación únicamente con el Ministerio de Ambiente por ser la institución responsable de la firma de la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y exigimos la presencia permanente del Estado Colombiano y sus organismos de control que tienen la obligación constitucional de proteger y garantizar todos los derechos de los ciudadanos.

 

Refirmamos nuestra oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y como alternativa proponemos convertir la Zona en una gran reserva campesina empresarial  agroalimentaria con amplia financiación del Estado. En tal sentido, anunciamos la realización de múltiples acciones de resistencia en cumplimiento del Plan de Acción 2010 aprobado unánimemente por ASOQUIMBO y, específicamente, la movilización que hemos acordado para el 14 de mayo en la Zona de El Quimbo y la ciudad de Neiva a favor de la Reserva campesina, la Indemnización inmediata y la restitución de los derechos a raíz de los daños ocasionados por la Resolución 321 y a impedir la iniciación de la obra.

Responsabilizamos al Gobierno, a su Ministerio de Ambiente y a Emgesa de la presencia de personas extrañas en la Zona de El Quimbo y de la profundización del conflicto en la región  por cuanto sus actuaciones, al aprobar la Licencia ambiental contra la voluntad de la mayoría de los afectados, son generadoras  de diversas formas de violencia que atentan contra el bienestar y la calidad de vida de las comunidades y la preservación del medio ambiente.

En constancia se firma en Rioloro, Gigante Huila, Colombia el 3 de abril de 2010

 

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO –ASOQUIMBO- Junta Directiva

ELSA ARDILA MUÑOZ, Presidenta, JAIRO CALDERÓN, Secretario General, JUAN CARLOS BRAVO, Tesorero

 

FUNDACIÓN EL CURÍBANO TERCER INTERVINIENTE CASO EL QUIMBO, ARTÍCULO 69 DE LA LEY 99 DE 1993

LUZ ANABEL SIERRA CÁRDENAS, Representante Legal, LEYLA MARLENY RINCÓN TRUJILLO, bióloga

Representantes de las veredas y centros poblados de los municipios de Agrado, Gigante y Garzón, (zona El Quimbo), La Escalereta, San José de Belén, La Yaguilga, Balseadero, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Honda, Remolinos, Párroco de Rioloro, EDUDES MAZO PELAEZ. (siguen firmas)

ASOCIACIÓN DE AGROEMPRESARIOS AFECTADOS POR EL QUIMBO -AGROEQ-

MIGUEL RODRIGEZ HORTUA, Vicepresidente

PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Belén Alarcón Alarcón, representante legal, José Jairo González, investigador Miller Dussán C, investigador, Jenniffer Chávarro, comunicadora social, Rolando Botello, comunicador social y concejal de Gigante Huila, Oscar Reyes, Asesor Jurídico.

Siguen firmas.

 

c.c. Procuraduría General de la Nación, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Minas, Gobierno del Huila, Senadores y Representantes Huilenses, Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, ONG ambientalistas, prensa, radio y televisión, ciudadanía en general.

TENDENCIAS FUNDAMENTALES DE LAS ELECCIONES

  
  
  
 
1.- En las elecciones del 14 de marzo del 2010, las derechas que respaldan la estrategia de continuación del régimen uribista,  garantizaron el control absoluto del Congreso. Entre el Partido de la U, que alcanza 28 curules y el Partido Conservador que consigue 23, representan el 51% del Senado. El Partido de Integración Nacional (PIN) y Cambio Radical obtienen cada uno 8 escaños, con lo cual estos cuatro sectores controlan el 67% del Senado. Estas mismas proporciones se expresan en la elección de la Cámara de Representantes.
 
El fortalecimiento institucional de esas derechas, resulta sumamente preocupante para el futuro de las garantías democráticas, de los derechos humanos y de la propia integridad de la izquierda nacional y latinoamericana. En la última década, el territorio colombiano se ha convertido en la punta de la lanza de las elites imperiales para impedir el ascenso democrático en América Latina, desestabilizar los gobiernos progresistas y frenar el proceso de su integración regional; Si resultare necesario, una eventual intervención militar para someter el subcontinente a los requerimientos del capitalismo en su fase de globalización neoliberal, no puede descartarse. El descalabro del Polo Democrático Alternativo (PDA) poco ayuda a contener esta ofensiva imperial y reaccionaria.
 
2.- La perversión del voto, que es estructural al sistema electoral de la democracia liberal, en esta ocasión alcanzó en Colombia dimensiones oprobiosas como lo constató la Misión de Observación Electoral de la OEA. La conjunción de la parapolítica, el narcotráfico, la compra de votos y los mil rostros con que se expresa el clientelismo electoral, ratificó lo que ya era un secreto a voces: el uribismo requiere para subsistir de esos apoyos, hoy más fortalecidos que nunca.  
 
Desafortunadamente el Polo Democrático Alternativo, una de las pocas fuerzas no contaminadas por semejantes escándalos, no se perfiló suficientemente como un partido distinto al abanico de agrupaciones que integran el sistema político tradicional, incluido el Partido Liberal donde también se concilió con herederos de la parapolítica, como lo ilustra el caso del departamento de Córdoba.  Lamentablemente, en el Polo también se expresaron el clientelismo y las microempresas electorales, lo que desdibujó la imagen alternativa que se había logrado irradiar en los cinco años de existencia. 
 
3.- La abstención, también estructural en nuestro país, se mantiene en un índice aproximado al 55% del potencial electoral. La apatía, el desencanto y el rechazo de la ciudadanía frente a lo que significa el proceso electoral no han podido ser revertidos, ni por las reformas políticas aprobadas por el legislativo, ni por la acción de nuestros voceros y nuestros militantes.
 
4.-El PDA, como expresión alternativa de izquierda, sufrió un fuerte descalabro al perder tres escaños en el Senado y tres escaños en la Cámara. Este resultado expresa, de un lado, los efectos de la  ofensiva del régimen para liquidar el polo, instrumentalizando dirigentes del partido, y de otra parte,   un castigo del electorado por la dilución de su perfil político, por el equivocado y desgastador manejo mediático de las diferencias internas, y por la imagen clientelista de algunos de sus dirigentes y la propia Administración Distrital.
 
Hay que destacar que mientras, por un lado, el electorado premió con el voto de opinión a figuras sobrias y radicalmente opuestas al uribismo, como IVAN CEPEDA, WILSON ARIAS, GERMAN NAVAS, JORGE ENRIQUE ROBLEDO, ALEXANDER LOPEZ, esa misma opinión contribuyó a derrotar a figuras características de un comportamiento clientelar en el ejercicio de la política. Los dirigentes que resultaron favorecidos por los electores, tienen el mandato legítimo de liderar la decantación ética del partido y recuperar nuestra identidad fundacional como una propuesta de amplia raigambre social y con un claro perfil de izquierda democrática. Ese compromiso debe cumplirse desde ya, con la seguridad de que la mayoría de los militantes están dispuestos a contribuir en esa tarea.  Queremos  también resaltar la elección al Senado de GLORIA INES RAMIREZ, una destacada líder del movimiento magisterial. 
 
A pesar de su descalabro electoral, el PDA sigue siendo, para importantes sectores de la opinión democrática del país, la única opción alternativa en el complejo mapa de un espectro político dominado por la derecha y el centro. Nuestro compromiso tiene que ser el de rediseñar el Polo, ética, política y organizativamente, no solo alrededor de la mecánica electoral sino, fundamentalmente, de la articulación con lo social, elemento definitivo de democracia y cohesión política.
 
Es importante destacar otras figuras que por sus condiciones éticas y políticas merecían representar al Polo en el congreso pero que no alcanzaron a ser elegidas, como los lideres y lideresas indígenas Aída Quilcue, Hernando Hernández Tarapués, Fabiola Piñacue, el profesor Gustavo Moncayo, Gloria Cuartas y Pablo Ochoa, entre otros, candidatos curtidos en la lucha social y popular, con quienes hay que asumir conjuntamente las responsabilidades de este difícil momento de la democracia y del partido.
 
5- El movimiento Compromiso Ciudadano por Colombia, que lidera el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, no logró posicionarse políticamente en el país y es el gran derrotado de estas elecciones al no alcanzar el umbral para participar en la distribución de curules.
 
6.- El Partido Verde, como proyecto de centro y centro derecha, en una destacada presentación, sobrepasó el medio millón de votos y obtuvo cinco curules en el Senado. Este partido recogió parte importante del electorado que en las elecciones presidenciales de 2006 acompañó al PDA.
 
7.- El paramilitarismo resulta reencauchado en estas elecciones parlamentarias, haciendo nugatorio el esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia. Sin que se haya escrutado el 100% de los votos, podemos afirmar que más de 50 parlamentarios elegidos representan los intereses de los parlamentarios que en la actual legislatura han sido condenados o están investigados por sus nexos con el paramilitarismo. Sectores que se expresan no solamente en el PIN, sino además, en Apertura Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido Liberal.
 
8.-El alto porcentaje de votos nulos o no marcados, particularmente para la Cámara de Representantes, pone en tela de juicio el sistema del voto preferente que, bajo el pretexto de acabar las microempresas electorales, trasladó esta dinámica al interior de las listas de cada partido.
 
Se requiere establecer el sistema de la lista única y cerrada por partido, pero sobre nuevas bases: a) su integración mediante consulta interna entre los militantes registrados de cada partido; b) la igualdad de oportunidades para todos los candidatos y las candidatas; c) cero dictadura del bolígrafo; d) institucionalización partidista de las campañas internas, para impedir que el elemento clientelista o el poder económico se trasladen a la consulta y determinen su resultado.
 
9.- El tema de las alianzas para la elección presidencial, a la luz de los resultados electorales,  tiende a plantearse para la segunda vuelta. El relativo equilibrio entre el partido de la U y el Partido Conservador, si se mantiene la unidad de éste último, hace que ambos vayan con sus candidatos propios a la primera vuelta.
 
En el mapa de las alianzas y la dinámica electoral no es indiferente que la consulta conservadora la gane Noemí o Uribito. En éste último caso, para poder actuar en cuerpo ajeno, “el original” potenciaría a su “fotocopia mejorada” en detrimento de Santos. Si el Conservatismo se divide puede cambiar significativamente el mapa para la primera vuelta, pues un sector iría a fortalecer la candidatura de la U y el otro buscaría acuerdos en el bloque no Uribista. Cambio Radical iría con candidato propio a la primera vuelta. El Partido Liberal, que obtuvo algo más del doble de la votación del Polo, solo aceptaría un acuerdo electoral a condición de respaldar su candidato, lo cual para el Polo resulta inconveniente, porque en un momento difícil como el que vive el partido implicaría desperfilar y diluir aún más su identidad y profundizar su crisis interna y de opinión. No olvidemos que el Polo es la única expresión de izquierda en el espectro de los partidos políticos del país. Cosa similar sucedería para un eventual acuerdo del Polo y Mockus, que es el candidato con mayor proyección de ascenso. En estas circunstancias, un eventual acuerdo de estos tres sectores para la primera vuelta queda descartado.
 
Entendida de esta manera la dinámica electoral para la elección presidencial, el PDA va a ir con Gustavo Petro como candidato a la primera vuelta y en consecuencia debemos concentrarnos en el trabajo para lograr la mejor participación del partido. Sobre la base de los resultados de la primera vuelta, se debe definir inmediatamente el comportamiento del Polo para la segunda vuelta. 

Por : Alberto Téllez Iregui 
 
Marzo 17de 2010

EL PDA DEBE RECUPERAR SU IDENTIDAD DE IZQUIERDA PARA SER ALTERNATIVA DE PODER

Polo Agenda Sur reconoce que los resultados electorales del PDA no fueron los esperados pero tampoco se evidenció una gran derrota como lo pregonan diversos medios de comunicación. La “izquierda democrática” fue objeto de estigmatización, persecución y de no contar con  las condiciones mínimas para competir en la campaña electoral ante el predominio del poder de las maquinarias del uribismo, los partidos tradicionales, el PIN, los medios  y de las prácticas clientelistas, el gran caudal de dinero,  la compra de votos, la oferta de prebendas, las amenazas, todo garantizado por las armas oficiales y las paraoficiales. En síntesis, la cultura mafiosa consolidada por el uribismo a través del Estado se impuso de nuevo en la elección parlamentaria en todo el país.

 

Pero también afecta al PDA la existencia de sectores transaccionistas que practican el clientelismo político y reniegan o distorsionan el  ideario de unidad del Polo y de la necesidad de estructurar programas de manera colectiva que representen a los ciudadanos y, específicamente, a los sectores excluidos de la sociedad. La distorsión programática ha sido evidente en el discurso del candidato presidencial del Polo cuando  se dedica a competir y a emular al de Uribe en algunos aspectos de la Política de Seguridad Democrática y el antichavismo que contradicen la salida negociada al conflicto y la necesidad de la integración latinoamericana, defendidas por la organización y otros sectores de la sociedad

 

El desdibujamiento del PDA como partido de izquierda por el afán de copar el centro como supuesta garantía para convertirse en opción real de poder, lo dejaron sin esta posibilidad en la presente coyuntura electoral debido a que las posturas “centristas” como lo señaló el maestro Carlos Gaviria coparon todo el centro dejando a los ciudadanos sin alternativas distintas a las de la derecha. Es urgente recuperar la condición de izquierda del PDA, su ideario y su vinculación a las luchas sociales si pretende ser alternativa real de poder.  

 

El retroceso del PDA, en términos electorales, se mide por la pérdida de curules en las corporaciones públicas o la disminución significativa de sus electores en cada una de las regiones o el fracaso de sus “alianzas” cuando a cambio de fortalecerse debilitan la organización. Los escrutinios muestran que se perdieron tres curules en el Senado y se disminuyó la presencia en la Cámara de Representantes, se conserva la votación con relación a las pasadas elecciones parlamentarias pero hubo un incremento general de las mismas.

 

Pero también se destaca que senadores como Jorge Robledo y aspirantes como Iván Cepeda, logran incrementar o alcanzar una votación sobresaliente debido a su coherencia en el ejercicio de sus funciones, defendiendo y desarrollando el ideario de Unidad. Debates contra las bases militares en defensa de la Soberanía Nacional, contra el TLC y Agro Ingreso Seguro por la Soberanía, Autonomía y Seguridad alimentaria, contra el paramilitarismo, los megaproyectos para favorecer el capital transnacional y la defensa permanente de las víctimas de la violencia, de los Derechos Humanos, el acuerdo humanitario y la negociación política del conflicto armado y su permanente presencia en las movilizaciones sociales fueron reconocidos por diferentes sectores de opinión al otorgar un significativo voto de confianza. Prueba además que no se requiere acudir a las prácticas clientelistas ni transaccionistas para lograr la representación en el parlamento.

 

El caso del Huila es vergonzoso. Se niega la lista propia del PDA para la Cámara y las mayorías del Comité Ejecutivo del PDA aprueban ilegalmente, con el aval de la gran mayoría de los aspirantes al Senado, realizar una alianza denominada Opción Huila con el argumento según el cual se lograría el umbral y una curul  para un demócrata antiuribista con la certeza de que el “representante del PDA” en dicha lista sería el favorecido por los electores.

 

Los resultados no pudieron ser más desastrosos. William Alviz, quien supuestamente había logrado el respaldo de la “mayoría” de delegados del PDA Huila, avalado por la mayoría de aspirantes al Senado logró preferencialmente 4.900 votos frente a los 9000 del  Uribista Orlando Beltrán y 6.000 que sumaron el integrante del PIN y del Partido Conservador, lejos de alcanzar el umbral electoral.

 

La votación por el PDA para el Senado se aproximó a los 14.000, razón por la cual Alviz se pregunta por qué no le fueron endosados para la Cámara. Es decir, o duda del respaldo de quienes se comprometieron con su fallida estrategia o las bases del partido desobedecieron a sus líderes y se negaron a votar por la “lista salpicón” optando por la abstención, el voto en blanco o el apoyo a la lista por circunscripción nacional indígena del PDA para la Cámara que superó los 3.500   votos. Hipotéticamente se infiere que el rechazo a la lista opción Huila reafirma la identidad de los militantes y simpatizantes del PDA con el ideario de unidad y su organización y su negativa a apoyar a una persona sin pertenencia y sin arraigo con la izquierda.

 

 Las mayorías burocráticas de la dirección nacional y departamental del PDA deberían asumir su responsabilidad política por los lamentables resultados en el Huila para Cámara, como lo hizo acertadamente el presidente Senador Dussán. No se trata ahora de  trasladar las culpas a los sectores que respaldaron las listas del PDA a Cámara o quienes decidieron apoyar únicamente las listas al Senado y abstenerse o votar en blanco para la Cámara. El hecho de que la gran mayoría de votantes del PDA lo hiciera exclusivamente por aspirantes al Senado y/o por listas del PDA a la Cámara es significativo. Representa un rechazo al transaccionismo y al clientelismo al interior del PDA y una esperanza para quienes aspiran a rescatar la naturaleza de izquierda de la organización.

 

Es un hecho que Polo Agenda Sur defendió el punto de vista programático y la identidad partidaria con lista propia. Se negó a aceptar el "estado de opinión" (firma de acuerdos por encima de las normas estatutarias de quienes se reclamaban mayorías en el PDA Huila) para imponer la "lista salpicón" que pronto demostró su naturaleza predominantemente Uribista refrendada  en las urnas.  Hay que recordar que William Alviz se negó a participar en el cierre de campaña de opción Huila cuando verificó que la convocatoria incluía a los representantes del Uribismo señores Géchen, al senado, Orlando Beltrán y Héctor Javier Osorio, con el acompañamiento del aliado del PIN.

 

Polo Agenda Sur promoverá el más amplio debate sobre la coyuntura política advirtiendo que el crecimiento nacional del PDA sólo es posible si se consolidan propuestas en cada una de las regiones, nutridas del movimiento social. A pesar del hegemonismo político del uribismo y del régimen autoritario y mafioso es posible construir espacios y tiempos favorables para avanzar en la construcción de Programas regionales y nuevas formas de organización, comunicación y representación que garanticen acceder a los poderes regionales y locales, como fundamento para lograr el poder nacional. Para tal efecto se requiere de la disposición a la unidad en la diferencia, pero sin ambigüedades, rescatando la naturaleza de izquierda de la organización  Por tanto, no se trata de hacer eco a propuestas centristas difusas ni a alianzas electoreras para favorecer intereses personales sino de construir una alternativa de poder de los ciudadanos como sujetos de derechos.

GOBIERNO Y EMGESA ACUERDAN TRASGREDIR LA LICENCIA AMBIENTAL PARA SALVAR EL NEGOCIO DE EL QUIMBO

El Gobierno de Uribe, sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental y sin la previa sustracción del 95% del área de El Quimbo que hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, debido a que sólo le corresponde al legislador regular lo relativo a la extinción, modificación o sustracción de éstas áreas de reserva (Ley 2 de 1959), mediante la Resolución 321 de septiembre 1 de 2008 declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo" y otorgó la Licencia “arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”.

La concesión del proyecto se realizó con fundamento en la ‘confianza inversionista que significa que el Gobierno garantiza todas las condiciones legales y extralegales para asegurar la inversión del capital privado sin ningún riesgo. En el caso de El Quimbo se establecieron las siguientes ventajas para Emgesa:

-       Cargo por confiabilidad, es decir, que los colombianos pagarán  en impuestos un valor fijo o seguro a favor de Emgesa durante 20 años independientemente del funcionamiento del megaproyecto

-       Declaratoria de Zona franca reduciendo el valor del impuesto de renta del 33% al 15%.

-       Unipropósito, es decir, producción exclusiva de energía para exportación

-       Reconocimiento de inversión 100% de Emgesa negando la participación accionaria del Huila y el País.

-       Entrega del área de embalse por tiempo indefinido, es decir, nunca revertirá a la nación y no reducción de tarifas de energía para los huilenses, compromiso adquirido e incumplido por el Gobierno.

Como si los privilegios anteriores no fueran suficientes el gobierno acordó con Emgesa reducir el valor de los costos ambientales y sociales transgrediendo la licencia ambiental al modificar obligaciones de la empresa para mitigar, prevenir o compensar los impactos causados por el proyecto con el propósito de lograr el aval del negocio por la transnacional italiana ENEL,  que compró el 94% de las acciones de Endesa. Para tal efecto, cursa en la Procuraduría General de la Nación un recurso de ‘conciliación prejudicial y de restitución de derechos’ interpuesto por Emgesa mediante el cual aspira a la nulidad de dichas obligaciones que consideran ‘lesivas’ a los intereses de las transnacionales y que fueron incluidas producto de la resistencia de las comunidades afectadas y no de las mesas de concertación, donde por el contrario, se acordaron las capitulaciones entre el Gobierno y Emgesa respaldadas por la gran mayoría de los parlamentarios huilenses y la Cámara de Comercio.

La violación de la licencia mediante ‘conciliación’ al servicio de Enel-Emgesa ya no es un secreto como lo había denunciado Plataforma Sur. El presidente Uribe lo confirmó en Neiva al expresar que “me reuní con el director de Emgesa y estaba preocupado por los sobrecostos. Y yo le dije: lo que hay que hacer es un diálogo que racionalice todo. Aquí no puede haber abuso. No se puede imponer una hidroeléctrica abusando de la comunidad. Tampoco se puede evitar una hidroeléctrica por tratar de abusar de la empresa. Eso tiene que ser equilibradito. Ni abuso de la empresa, ni abuso nuestro. Si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto. Por eso necesita mucho equilibrio” (La Nación, Neiva, 8 de Febrero de 2010). Lucio Rubio gerente de la nueva empresa Italiano-Española exige que “para iniciar la obra hay que contemplar la nueva realidad ambiental,  que se precisen las aclaraciones que hemos pedido,…para satisfacer las exigencias de los accionistas quienes ponen la plata para el desarrollo del proyecto”. Por su parte, la directora de licencias de Minambiente Diana Zapata, en cumplimiento de la orden presidencial y el chantaje de Lucio confirmó la modificación de la licencia al señalar que “las aclaraciones se responderán antes de terminar el presente mes, lo que desembotellará el inicio de las obras”.

Lo anterior confirma que la construcción del megaproyecto El Quimbo hace parte de un ‘negocio’ de generación exclusiva de energía para exportación en el que priman los intereses particulares sobre el interés público. No existe ninguna garantía  de mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, ni de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. No hay un compromiso real con la protección de los ecosistemas. Atenta contra la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, las economías campesinas y las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia. Al inundar y destruir miles de hectáreas  de vegetación nativa aporta al calentamiento global al lanzar a la atmósfera gases como el dióxido de carbono y el metano y desplaza cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, vulnerando abiertamente la Carta de Protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y generando una situación de conflicto sin antecedentes en la región.

Transgredir la Constitución y la Ley para favorecer la ´confianza inversionista’  y la ‘seguridad democrática’ caracterizan el proyecto gubernamental del Uribismo. En el 2007 se declaró ‘socioeconómicamente viable´ el proyecto hidroeléctrico con fundamento en los estudios de Emgesa cuando antes el Ministerio de Ambiente había conceptuado que "ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable"

Ahora acuerda con la multinacional Emgesa modificar la licencia porque como lo dijo Uribe ‘si le exigimos lo que no puede dar nos quedamos sin el proyecto’. Eso implica que no habrá cumplimiento a la “indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida” y la atención psicosocial de todos los afectados por los daños causados a las actividades productivas de las comunidades y personas por la imposibilidad de acceder a las fuentes crediticias, la negación de subsidios estatales e inversiones en infraestructura y redes prestadoras de servicios sociales  y, especialmente, por la incertidumbre generada con relación al futuro de los proyectos de vida de los pobladores como consecuencia de la Resolución 321.

Emgesa radicó a mediados de febrero de 2010 el Manual de Precios Unitarios donde se determina la valoración y la metodología para la compra de predios. Dicho manual  será aprobado sin ninguna modificación por parte del Ministerio  de Minas debido a que fue impuesto por los representantes del Instituto Agustín Codazzi y el de Emgesa en la Comisión Tripartita, como parte de la ‘confianza inversionista’, por encima de las consideraciones formuladas por el representante de los propietarios y poseedores de El Quimbo quien dejó constancia de su ‘desacuerdo con la afectación del valor del predio por pertenecer a la zona de reserva forestal’, entre otras.  El Manual no fue producto de la negociación al desconocer los valores reales de los bienes inmuebles exigidos por  un sector importante de propietarios que se niegan a vender sus predios a menos precio, generando confrontaciones con representantes de la transnacional.

No se convocó a todos los afectados  a una asamblea con el fin de socializar los valores de los bienes con anticipación a la radicación del Manual ante el Ministerio de Minas. Los directamente afectados están convencidos de que el Minambiente no garantizará el cumplimiento de las obligaciones de Emgesa y, en especial, la restitución y compensación de todos sus bienes materiales e inmateriales en igualdad o mejores condiciones a los que poseen, según la concertación previa y que garanticen, con la expedición de las respectivas cartas de garantías, el restablecimiento de relaciones colectivas de producción, comercialización y mercadeo.

Prueba de ello es que siendo conscientes del no cumplimiento de los requerimientos tendientes a prevenir los impactos ambientales por parte de Emgesa como lo constataron durante la visita de seguimiento a la Gestión Social realizada del 21 al 25 de octubre de 2009, aún no han dado a conocer el Acto Administrativo que anunciaron y que, sin lugar a dudas, debería ser la cancelación de la licencia o  una sanción ejemplar para la empresa  que al igual que el gobierno han sometido a la incertidumbre y abandono total de las comunidades afectadas. Emgesa será de nuevo exonerada al igual que se hizo por la iniciación del túnel de desviación del río Magdalena sin licencia ambiental en cumplimiento de la ‘conciliación’ para salvar el negocio.

Para impedir que el negocio de Uribe, Endesa-Enel se realice vulnerando los derechos de los afectados y estimulando el ecocidio y el desplazamiento, transgrediendo la ley, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales en cumplimiento del Plan de Acción 2010 de la Asociación de Afectados por la Construcción del proyecto El Quimbo -ASOQUIMBO-continuará con las acciones jurídicas de nulidad de las Resoluciones 321 y el restablecimiento del derecho, 0899 y 1628 licencia ambiental, Acciones y Consultas Populares como la que se está promoviendo en el Municipio de Gigante, solicitud de Misión Especial del CIDH para el seguimiento y estudio de afectación de Derechos Humanos y Ambientales del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Campamento Internacional, entre otras.

Como alternativa al negocio de El Quimbo que no será una realidad, promoveremos movilizaciones sociales en todo el departamento del Huila con el propósito de impulsar en la Zona de El Quimbo una gran reserva campesina agroalimentaria tal como fue aprobada unánimemente por -ASOQUIMBO- con amplia financiación del Estado, en particular, para cada uno de los pequeños y medianos productores agrícolas, como las actuales empresas comunitarias que desde hace más de 40 años cultivan estas tierras al servicio y utilidad general de todos los huilenses. Esta propuesta  garantiza la preservación de nuestros ecosistemas, el derecho al trabajo, la conservación del tejido social, la preservación de la paz con fundamento en el desarrollo equitativo y sostenible.

Miller Armín Dussán Calderón

Coordinador proceso de análisis y seguimiento El Quimbo