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Miller Armín Dussán Calderón

Diálogo empieza con exigencias y pedradas

Diálogo empieza con exigencias y pedradas

Los ngäbes pidieron derogar la Ley 8, el regreso de ‘Paco’ Gómez Nadal y la llegada de Papadimitriu

ASTRID MILIXA CARREÑO astrid.carreno@elsiglo.com / www.elsiglo.com

Con algunas exigencias de los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, se estableció ayer la mesa del diálogo en San Félix, Chiriquí, por la crisis que provocó la Ley 8 que reformó el Código de Recursos Minerales lo que causó enfrentamientos entre miembros de esa etnia y funcionarios de la Policía Nacional en varios puntos del país.

Entre lo exigido por los ngäbes estaban la presencia del ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, el regreso del periodista español ‘Paco’ Gómez Nadal y la derogación de la Ley 8.

Ayer, la Comisión de Gobierno -que llegó a San Félix a las 4:10 p.m. sin Papadimitriu- encabezada por la viceministra de la Presidencia, María Fábrega, tuvo que esperar 5 horas para que la Coordinadora de la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del pueblo Ngäbe Buglé, presentará la agenda de la mesa del diálogo por la Ley 8.

La Comisión de la Coordinadora encabezada por Rogelio Montezuma, Alberto Montezuma, Ausencio Palacios, Ángel Prado, Fermín Jiménez, Omaira Silvera, Pedro Ábrego, Pedro Jiménez e Ireno Mendoza, mantuvo previamente una reunión a puerta cerrada para determinar los puntos a dialogar con la comisión gubernamental.


EXIGIERON PRESENCIA DE JIMMY

Pese a las excusas de la viceministra Fábrega, de que Papadimitriu no podía viajar a San Félix porque estaba en el Consejo de Gabinete, Rogelio Montezuma aseguraba que, por respeto al pueblo ngäbe, el diálogo no procedería hasta que no estuviera presente el ministro.

Minutos más tarde, Papadimitriu confirmó su presencia inmediata solo para formalizar la mesa, por lo que tuvo que viajar de emergencia a San Félix. Llegó a eso de las 6:40 p.m. Se espera que mañana, a las 10:00 a.m., inicie el diálogo.
El mediador por la iglesia católica, Monseñor José Luis Lacunza, reconoció que ‘la coordinadora piensa mucho más que los presentes, porque aunque sus miembros poseen un rango ministerial, no hay un decreto en que conste que son ellos los representantes del Gobierno’.

Al finalizar la mesa, un grupo de desconocidos -en la oscuridad- lanzó piedras al auto de Papadimitriu. El incidente no causó golpes a nadie.

Dan ultimátum a Martinelli

Dan ultimátum a Martinelli

Los indígenas aseguran que no cesarán en su lucha hasta que el Presidente derogue la Ley 8 que reformó al ‘Código de Recursos Minerales’.

REDACCIÓN DE LA PRENSA panorama@prensa.com

La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Minerales y el Derecho del pueblo Ngäbe Buglé le dio ayer un ultimátum al presidente, Ricardo Martinelli, para que “les dé la cara sin temor” o de lo contrario las protestas y tranques de vías continuarán.


El dirigente de la comarca Rogelio Montezuma indicó que la coordinadora es la única autoridad y voz autorizada para sentarse a discutir con el actual gobierno el tema sobre la ley minera en esa región del país. “Solo hablaremos con Martinelli, que no tenga miedo y venga a darnos la cara”, sostuvo el dirigente.

Las palabras del Montezuma se dieron durante el cierre por tres horas de la vía Interamericana a la altura de la población de San Félix, en Chiriquí, donde participaron mil 500 ngäbes buglé.


MONTEZUMA-MARTINELLI, ¿UN ENCUENTRO POSIBLE?

Explicó Montezuma que el único punto que estará en discusión es la derogatoria de la Ley 8 referente a la explotación minera en esa comarca. En su mensaje al mandatario, Montezuma dijo que la coordinadora se compromete a efectuar un diálogo pacífico y de altura en la población de San Félix y que le garantiza toda la seguridad a Martinelli.

De no asistir el mandatario a esta cita la coordinadora anunció que hoy, viernes, estarán cerrando de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., y mañana sábado de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía, en los mismos puntos de la vía. Durante el cierre de ayer en San Félix, los indígenas gritaron consignas contra el Gobierno y bailaron durante las tres horas. No se presentaron agentes de la Policía.
En medio de esta acción el gobernador comarcal, Antonio Molina, llamó por celular a los dirigentes de la Coordinadora para mediar, pero su ofrecimiento le fue rechazado debido a que según la dirigencia indígena, no es un funcionario con autoridad para darle respuesta a sus peticiones.

Montezuma indicó, además, que el pueblo ngäbe no acepta el decreto que firmó el Gobierno donde señala que se comprometen durante esta administración a que no se explotarán las reservas mineras en esa comarca, aduciendo que ese documento fue producto de un acuerdo con personas que no tienen el aval de la coordinadora, refiriéndose al cacique Rogelio Moreno, de quien dijo “ya no es ninguna autoridad del pueblo ngäbe”. Añadió que la coordinadora tomará las medidas disciplinarias a lo interno contra Moreno y contra los dirigentes que avalaron el acuerdo.

Montezuma calificó como exitosas las acciones de cierre de vías ayer en al menos 13 puntos del país entre Chiriquí y Panamá, donde, según los informes del dirigente, participaron unos 10 mil ngäbes de los 156 mil que comprende la población total de esa comarca. Sin embargo, Montezuma denunció que la concentración en San Félix no fue más numerosa porque el gobierno la “boicoteó” al realizar, según aseguró, el pago del bono familiar del programa de la Secretaría Nacional de Planeamiento y Seguridad Alimenticia y de Nutrición (Senapan), dentro de algunas regiones de la comarca. La sede de la Senapan en San Félix estaba cerrada ayer y solo había un letrero que decía “estamos de gira desde el 16 al 27 de febrero de 2011”.

En tanto, la dirigente Clementina Jiménez también le envió un mensaje a Martinelli de parte de las mujeres ngäbes: “Vamos a hacer cumplir su promesa, Presidente, porque usted nos dijo durante la campaña política que si le fallaba al pueblo ngäbe, que lo colgaran del árbol más alto y eso es lo que vamos hacer señor Martinelli”.

Durante la protesta los indígenas llevaban pancartas en rechazo a la explotación minera y alusivas al cuidado del ambiente. El mandatario, que se hacía llamar “el loco” en la campaña política, fue rebautizado con una variedad de nombres: Ricky Martin, Gordito, Pinocho y otros.

VERAGUAS

En la región sur de la comarca Ngäbe Buglé, en Veraguas, hubo protestas en varias comunidades: Viguí, Río Cobre, Cerro Plata, El Prado, Ojo de Agua, El Bale área limítrofe del distrito de Ñurú. En estos lugares el cierre comenzó al mediodía y a las 4:00 p.m. se dio la apertura de la carretera, donde decenas de camiones de carga, vehículos del transporte público y turistas, así como residentes de la provincia quedaron atrapados en el tranque.

Durante las protestas, los manifestantes quemaron algunas llantas y troncos de árboles que obstaculizaban el paso vehicular. Además los indígenas gritaban consignas en contra del mandatario. “Martinelli, pinocho, abajo la Ley 8”; “Ley de minería es una porquería”. Las protestas se reanudan hoy en los mismos puntos y a las mismas horas que informó Montezuma.

En la ciudad de Santiago, la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve) también hizo una jornada de piquetes en la Avenida Central y cerró por dos horas esta vía y para hoy viernes programa otra movilización similar. Juan Ramón Herrera, secretario general de Aeve, adelantó que para este sábado esta dirigencia se reunirá con los educadores que laboran en las áreas de la comarca para determinar las medidas de fuerza.


PANAMÁ ESTE

 En tanto, en la provincia de Panamá un centenar de ngäbes buglé radicados en Las Garzas de Pacora marchó hasta el puente sobre el río Pacora, donde se reunieron para corear consignas en contra Martinelli para exigir que se derogue la Ley 8. Sobre el puente extendieron pancartas contra la explotación minera y cerraron con palos y piedras un paño de la vía Panamericana que comunica Darién con la ciudad de Panamá.

Al mediodía los indígenas decidieron bloquear totalmente la Panamericana, que ya había sido cerrada en otro punto, pero por una protesta de transportistas. Quemaron llantas y allí se mantuvieron hasta las 4:00 p.m., cuando decidieron reabrir la vía.

Kevin Sánchez, vocero del grupo, anunció que las protestas continuarán hasta que Martinelli derogue la Ley 8. “Ahora están bajando las piedras, pero luego lo hará el cerro y la montaña”, dijo para explicar que cada día el movimiento antiminería crece más. Hoy volverán a las calles.

 

MARTINELLI RESPONDE

Ante la ola de manifestaciones, el presidente Martinelli dijo que existen grupos que están detrás de estos movimientos. “Se trata de intereses políticos de algunas personas que quieren causar el caos, generar desasosiego, y no les interesa que Panamá progrese. Son personas que perdieron una elección, lo que quieren es buscar la polémica, no tienen ninguna propuesta”, dijo.

Aseguró que el Gobierno no tiene interés de aprobar ninguna mina. No precisó cuándo hará el Gabinete en la comarca o cuándo se presentará ante los indígenas ngäbes. (Con información de José Otero, Yaritza Mojica, Urania Molina, Sandra Rivera y Víctor Eliseo Rodríguez)

 
INDÍGENAS MUESTRAN SU REPUDIO CONTRA CACIQUE

La marcha que grupos indígenas encabezaron ayer transcurrió con tranquilidad hasta que, ya en los predios de la Asamblea Nacional, al cacique Johnny Bonilla se le ocurrió aparecer. Cacique de la región de Bocas del Toro, Bonilla fue rodeado por varios manifestantes que empezaron a manotearlo.

Alba Pedrol, dirigente de la Unión de Ngäbes residentes en Panamá, explicó que el disgusto de sus compañeros se produjo porque Bonilla participó en las reuniones que dieron como resultado la reforma al Código Minero. “Es uno de los promotores de la Ley 8”, detalló. “Se ha estado reuniendo con el Gobierno y las transnacionales”, puntualizó.

En la marcha –que partió de la plaza Porras y terminó en la 5 de Mayo– participaron representantes de los pueblos ngäbe, buglé y kuna, así como estudiantes, organizaciones de mujeres y trabajadores de la construcción.

Pedrol reiteró que los ngäbes no iban a regalar sus tierras “de ninguna manera”.

Aunque el Gobierno ha dicho que no explotará el yacimiento de cobre de Cerro Colorado de aquí a 2014 –mediante el Decreto 30 de 2011–, la Ley 8 que reformó el Código Minero deja abierta la posibilidad. La comarca Ngäbe-Buglé ocupa tierras de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

ANA TERESA BENJAMÍN

Declaración de la Tendencia Eco- Socialista

POR UNA ALTERNATIVA POLÍTICA A LA CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

 Conclusiones de la Reunión Nacional, Bogotá, Diciembre de 2010

Los militantes y las militantes del movimiento social y del Polo Democrático Alternativo en Colombia que suscribimos esta declaración expresamos nuestra voluntad de conformar la Tendencia   Socialista en Colombia y hacemos público las siguientes ideas y propuestas:

 1.      Crisis planetaria del capitalismo y perspectiva internacional

Manifestamos nuestra profunda convicción de que la crisis civilizatoria que padece hoy la humanidad es responsabilidad del capitalismo agresivo que degrada el trabajo, la vida, la naturaleza y la soberanía de las naciones y de los pueblos; generaliza el desempleo, reduce de manera drástica la calidad de vida de las poblaciones, propicia guerras por el control de territorios, desplaza comunidades, saquea los recursos naturales, impone un sistema destructor de la vida mediante grandes inversiones en combustibles fósiles contaminando el planeta al extremo de producir la mayor crisis ambiental que ha puesto en riesgo la existencia misma de la vida y de la humanidad.  

La crisis económica y social que viven millones de trabajadores y ciudadanos, es el resultado de la globalización neoliberal, la cual es gestionada por las elites financieras internacionales que imponen planes drásticos de ajuste, destruyen las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones y desmontan sistemáticamente el ya precario “Estado social de Derecho” eliminando las garantías laborales y sociales y los derechos fundamentales que han sido conquistados mediante luchas y movilizaciones democráticas. Los planes de ajuste diseñados por el Fondo Monetario Internacional y los avalados por el G-20 vienen siendo cuestionados en Europa con grandes movilizaciones de masas. Las huelgas generales de Grecia, España y Francia, así como las manifestaciones estudiantiles, han despertado la simpatía y el apoyo de la ciudadanía, confirmando una vez más la capacidad de resistencia y lucha de los “de abajo” que enfrentan con organización, estrategias y movilización los dictados del capital. 

Estas resistencias han puesto de presente la necesidad de encontrar salidas políticas. En este sentido, nos declaramos partidarios de la construcción de una organización internacional anticapitalista de masas que responda a los retos de la crisis global del capitalismo. A nuestro entender, este propósito debe contar con un amplio debate programático en las organizaciones de izquierda y del movimiento social. Ante el vergonzoso papel de aliado secundario del neoliberalismo por parte de la socialdemocracia y del transfuguismo del centro-derecha, y tras el fracaso del “socialismo real”, propugnamos recuperar la estrategia del socialismo anticapitalista, democrático, ecologista, feminista y raizal. Nos declaramos partidarios de abrir amplios espacios de discusión programática de carácter nacional e internacional y crear procesos organizativos de masas a fin de diseñar una estrategia de resistencia y lucha para enfrentar el Imperio, el dominio del capital, las violencias y la injusticia social.

La Tendencia Eco-Socialista y muchas otras   expresiones del ideario socialista revolucionario,    como la autogestión democrática de la sociedad, apuntan en esa perspectiva y por ello  se declaran partidarias de la diplomacia entre los pueblos.  Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los trabajadores y trabajadoras y de las poblaciones en contra de los planes de ajuste fondomonetarista, así como expresamos nuestro apoyo a los pueblos agredidos por el imperialismo. Manifestamos nuestra solidaridad con los procesos soberanos de los pueblos y gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina.

Nos constituimos también como una expresión política en franca oposición a toda forma de capitalismo verde, incluyendo las fórmulas del desarrollo sostenible de cuño neoliberal fomentadas por la Unión Europea, el Banco Mundial y el sistema de Naciones Unidas. Asimismo, nos identificamos y comprometemos con las formas de autogobierno local inspiradas en la democracia radical, la profundización de la igualdad, las formas solidarias de economía campesina e indígena, y las cosmovisiones o practicas que impulsan una sostenibilidad ambiental radical en sus territorios. Finalmente, apoyamos y desarrollamos los valores morales, éticos y culturales de los pueblos latinoamericanos, empeñados en transformar nuestras relaciones instrumentales con la tierra, la vida y los seres humanos, y todas aquellas expresiones culturales que usualmente regulan, administran y planifican los procesos de resolución de los problemas sociales, profundizando los valores del capital global y sus formas de gobernanza que agreden la dignidad humana.

2.      El gobierno de Santos profundiza el neoliberalismo y entrega los territorios al gran capital

El gobierno de Santos profundiza el modelo neoliberal. Ha presentado al Congreso de la República la propuesta de reforma constitucional denominada de “sostenibilidad fiscal” mediante la cual se prioriza el pago de la deuda pública a los grandes banqueros sobre el gasto social, destruyendo los pocos vestigios del “Estado de Derecho” e instaurando la constitucionalización de los planes de ajuste como política de Estado. Mediante esta reforma la responsabilidad  del Estado en política social queda expuesta a mayores privatizaciones, y a merced del asistencialismo y de la filantropía. La reforma a la salud que acaban de aprobar las fuerzas parlamentarias alineadas en el “Acuerdo nacional” además de acentuar la mercantilización, elimina el mecanismo de la tutela, conquista democrática de la ciudadanía. La venta de un 10% adicional de las acciones de Ecopetrol es una decisión  política  de la privatización de las áreas estratégicas de la economía del país. En las regiones continúan la  política de “confianza inversionista” que significa, entre otras, la centralización de las “regalías” en beneficio del gran capital; aumenta las concesiones en hidrocarburos y minería que alcanzan en la actualidad el 80% de la Inversión Extranjera Directa; preserva, igualmente, el proyecto  hacendista  de Palma aceitera diseñado por el gobierno anterior  bajo el lema de alcanzar 6 millones y medio de Hectáreas en el 2019 y construir las  grandes represas en diversos puntos de la geografía nacional.

Los eco-socialistas y otras corrientes partidarias del socialismo democrático,   nos oponemos al modelo extractivo de recursos naturales no renovables lo cual permite que nos articulemos al gran movimiento alternativo,  cada  vez más amplio,  que apuesta por  la transformación  del  modelo energético basado en la utilización  de combustibles fósiles  que significa la muerte de la vida, del agua, de la soberanía alimentaria y de la autonomía de las poblaciones. Nuestra propuesta consiste en exigir en lo inmediato el compromiso de los gobiernos y grupos transnacionales de reducir la emisión de gases contaminantes sobre la atmosfera a riesgo de seguir acelerando el calentamiento global que lleva al planeta  a un deterioro irreversible. Aunque las empresas multinacionales y los gobiernos que las representan siguen desconociendo estas exigencias, tal como se confirmó recientemente en Cancún, México, los pueblos y movimientos sociales insisten en una política de defensa de la vida, del agua, de la naturaleza y de la dignidad humana.

La catástrofe ambiental y climática que vive actualmente Colombia representa una tragedia para las poblaciones y sectores socialmente menos protegidos. Las enormes pérdidas humanas, sociales y económicas, confirman el deterioro  ambiental  global y la errática política estatal de la deforestación de las cuencas de los ríos, de las zonas boscosas y de los territorios generadores de fuentes de agua. De igual manera, nuestra propuesta consiste en exigir normas que impidan que los propietarios de la ganadería extensiva sigan explotando las riveras de los ríos y de las ciénagas; propendemos por la democratización de la propiedad y el uso de la tierra. La tragedia que ha devastado la mayor parte del territorio nacional y que  ha condenado a la desesperanza  a más de  dos y medio millones  de colombianos ratifica igualmente la inequidad  de la sociedad colombiana y la hipocresía de la oligarquía que mediante campañas caritativas, encubre el paupérrimo alza del salario mínimo para más de 4 millones de personas y sume a 7 millones en el desempleo. La mayor parte de los damnificados son habitantes pobres de campos y ciudades ubicados en zonas vulnerables, sin vivienda adecuada, carente de  infraestructura y saneamiento básico, y asistencia estatal.

Nos pronunciamos en contra del modelo extractivo porque devasta el hábitat de las comunidades  étnicas y campesinas, porque destruye el ciclo del agua que es el ciclo de la vida y porque erosiona suelos que debieran servir a la producción de alimentos y garantizar la soberanía alimentaria.  Por las mismas razones nos oponemos a la producción extensiva  de palma  aceitera y a la construcción de represas. En conjunto, estas inversiones expresan un modelo económico basado en el control corporativo de los grandes grupos financieros  extranjeros y nacionales sobre los territorios, soportado en el terror de Estado, el para-militarismo y la militarización  de las poblaciones.  

Los Eco-socialistas promovemos la democracia real en los territorios; somos partidarios de los derechos de las comunidades que históricamente los han habitado, y tienen el mandato de decidir y gestionar autónomamente sus recursos. Propendemos la creación de reservas campesinas agroalimentarias auto -sostenibles, apoyadas con presupuestos públicos y por un reordenamiento territorial basado en las necesidades de las poblaciones y que garantice  la preservación de la naturaleza y la biodiversidad. Consideramos que en los planes de vida de los pueblos indígenas, en los mandatos agrarios  y en las iniciativas campesinas, en las  conclusiones de los Cabildos y del Congreso de los Pueblos se encuentran los fundamentos   de un programa alternativo, y que a la vez posibilitan su unificación. Reafirmamos la convicción, para el logro de estos objetivos, de abrir un escenario de solución política al conflicto armado, lo que implica el impulso de un frente amplio de todos los colombianos afectados por estas políticas destructivas de la vida y del ecosistema. Respaldamos las luchas de los sindicatos, organizaciones barriales, estudiantes que demandan autonomía, financiación y democratización del conocimiento en beneficio de la sociedad, defensores de la salud pública, usuarios del crédito de vivienda. El propósito es la unificación en una plataforma común y el diseño de un plan de movilizaciones y resistencia.

Expresamos nuestra solidaridad con las luchas sociales y comunitarias en varias regiones  del país en contra de la devastación territorial; con los trabajadores de la caña de azúcar en el valle geográfico del Río Cauca que enfrentan persecuciones laborales y judiciales por parte de los dueños del megaproyecto del azúcar y el etanol; respaldamos las comunidades que resisten en el  departamento  del Huila en contra del proyecto hidroeléctrico El Quimbo de las multinacionales  Enel-Endesa Emgesa y las que se oponen a las represas Pescadero  Ituango, Hidrosogamoso,  Complejo Hidroeléctrico del Oriente de Caldas Río Guarinó, Rio Manzo y La Miel I, por la defensa de sus territorios, la biodiversidad y las poblaciones amenazadas con destierro; con  las exigencias de Asprocig de mitigación de impactos generados por Urra I; con las organizaciones sociales y cívicas que luchan contra la explotación  minera a  cielo abierto en  “La Colosa”,  Cajamarca, Tolima y  en el páramo de Santurbán que contaminaría las fuentes de agua de más de 2 millones de personas; con la asociación campesina de Inzá,  Cauca en el macizo colombiano que enfrenta el poder de los terratenientes y las concesiones mineras; con  las comunidades afro-descendientes que en el Pacífico exigen sus territorios ancestrales y, a nivel internacional, apoyamos la lucha contra la represa del Zapotillo en México. Respaldamos  la Jornada Nacional contra los Megaproyectos y por la defensa de los territorios convocada para el 14 de Marzo del 2011 y la marcha nacional de mujeres campesinas propuesta  para el primer  trimestre  del año entrante.    También impulsamos una visión y un trabajo político con equidad de género, que   posibilite  a las mujeres una  participación realmente democrática   en la construcción de propuestas y en la toma de decisiones.  Por ello damos especial importancia a los espacios que se inscriben  en la   perspectiva   de unificar resistencias  en Latinoamérica con perspectiva de género y  consecuentes  con ello,  convocamos a  la  Conferencia Mundial   de Mujeres que se realizará  en Caracas el 8 de Marzo  del 2011.

3)      El supuesto reformismo del gobierno de Santos                                        

Manteniendo  los lineamientos  centrales del anterior gobierno, Santos intenta una política de legitimación del régimen político y de adecuación de la política exterior al actual contexto internacional.  En esta materia y en el poco tiempo que lleva su mandato, Santos  ha atendido la grave crisis internacional que suscitó el gobierno de Uribe con Ecuador y Venezuela al tiempo que procura un protagonismo en UNASUR. Detrás de este giro en política exterior existen muchos intereses económicos, comerciales y políticos. El arreglo diplomático con los países fronterizos ha servido para recuperar el monto importante de divisas por concepto de exportaciones en momentos en que la economía norteamericana se encuentra en recesión y ha abierto posibilidades a nuevos mercados, particularmente en Asia. La promoción de María Emma Mejía a la secretaría general de UNASUR y las gestiones bilaterales de la cancillería  previas a esta propuesta, confirman  que existe un interés del gobierno de Santos por ganar credibilidad internacional y actuar como “caballo de Troya” conformando un bloque con los gobiernos de México, Perú y Chile, portavoces de la diplomacia estadounidense en la región y tratar de hegemonizarlo.

Entre  tanto la incondicionalidad  gubernamental con Estados Unidos permanece intacta: en  lo  militar, asesoría directa a la llamada “seguridad democrática”, ejecución de Plan Colombia, fumigaciones indiscriminadas en zonas agrarias. Hasta tal punto llega la presencia directa de tropas norteamericanas que ingenieros militares aparecieron en público  ofreciendo asesoría altruista para resolver el problema de inundaciones en el Canal del Dique. En materia comercial el gobierno busca obtener la prolongación de las preferencias arancelarias mientras espera la aprobación del TLC por parte del Congreso estadounidense  de mayoría republicana.

En el plano nacional, Santos ha intentado legitimar las instituciones a través del llamado  “Acuerdo de Unidad Nacional” el cual empezó con un consenso parlamentario entre los partidos de la coalición de gobierno y resolvió el conflicto institucional  entre el Presidente de la República y la Rama Judicial. Este propósito legitimador intenta incluir de manera corporativa, varios sectores de la burocracia sindical y líderes de algunas organizaciones populares, para cogestionar la política neoliberal. Prueba de ello es el ofrecimiento del Ministerio del Trabajo al actual Presidente de la CGT y el apoyo gubernamental a la OPIC en el caso de los indígenas y a “Nuevo Liderazgo” en el de los campesinos. Esta política pretende, en lo social, dividir al movimiento popular. En lo ideológico busca consolidar la hegemonía del ideario neoliberal. Estamos en presencia de una versión endógena del “transformismo” político, el cual surge en una correlación de fuerzas desfavorable para el movimiento social y popular, y en donde el Establecimiento rechaza cualquier compromiso con las clases subalternas. Su pretensión es integrar el movimiento popular y hacerlo funcional a la lógica del capital y domeñar cualquier proyecto alternativo surgido “desde los de abajo”. Los líderes de este “transformismo”, desmoralizados por varias derrotas, sufridas en décadas anteriores y corrompidos por el gran capital, han pasado a las filas de la burguesía y del Imperio. Semejante “transfuguismo” merece nuestro repudio.                     

Un elemento complementario de esta estrategia legitimadora lo constituye el proyecto de “ley de víctimas” dentro del cual, el problema de los desplazados se presenta como si se tratara de la restitución plena de las tierras usurpadas por el paramilitarismo en las últimas décadas.  A todas luces, esta hipótesis es falsa. El  Ministro de agricultura  al presentar el proyecto  ha  prometido   la restitución de un millón de hectáreas en un lapso de varios años, desconociendo el reciente informe de la “Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado”   que  coordina Luis Jorge Garay, y concluye que el despojo de las tierras supera los 6,6 millones de hectáreas.   La evidente diferencia de tierras apunta a propiciar el protagonismo de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que recibirán estos campos a título de concesión. De hecho, el Estatuto Rural que impulsó el gobierno de Uribe y que fue derogado por la Corte Constitucional por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa a las comunidades étnicas, incluye las Zonas de Inversión Empresarial, figura jurídica mediante  la cual se entregaban por concesión y a perpetuidad  las tierras fértiles a los capitalistas rurales en toda la geografía nacional. Después de la aprobación de la ley de víctimas, los discursos oficiales se orientan a justificar ante el Congreso de la República una versión similar al Estatuto Rural uribista. Adicionalmente, las tierras devueltas estarán condicionadas a que los campesinos de manera obligatoria se asocien en proyectos vinculados con la agro-exportación, los cluster empresariales y las cadenas productivas de las grandes empresas transnacionales. El proyecto persigue la formalización del mapa de la propiedad rural “post-conflicto”, el mapa del despojo,  para adecuar el mercado de tierras a las exigencias de la globalización neoliberal tanto en  inversiones agro-exportadoras como en la explotación de hidrocarburos y minerales. Esta adecuación, a su vez, es el escalón previo a la titularización financiera de la producción y comercialización de la agricultura. En el diseño gubernamental el mercado de capitales encontrará otra área de expansión en el campo globalizado y los operadores financieros en las bolsas de valores saludarán las nuevas posibilidades de negocios que abren los derivados agrícolas.  

Sin embargo, a causa de la presión internacional, de las denuncias sobre la violación sistemática a los derechos humanos en el campo y el hecho de ostentar el vergonzoso título de ser el segundo país en el mundo en número de desplazados internos,  el actual gobierno  se ha visto obligado a reconocer el destierro de millones de compatriotas y promete con el retorno a sus lugares de origen. Insistimos que se trata de una política residual, secundaria, cuyo objetivo principal es legitimar la transición a la globalización de la agricultura.

4)      La crisis del Polo Democrático Alternativo y la Tendencia Eco-socialista

La grave crisis por la que atraviesa el PDA obedece en primer lugar a la conspiración envolvente orquestada desde el poder del establecimiento político, el cual ha utilizado todos los medios para destruir la oposición política e impedir las posibilidades de gobierno de la izquierda democrática. Lamentablemente este proceso destructivo contó con el apoyo de dos factores que han minado sus posibilidades históricas: a) la conducta de Gustavo Petro quien se desplazó hacia el centro-derecha y se ha empecinado en un “acuerdo político” con las élites. Su salida es sólo una solución parcial que devela las intenciones del Establecimiento. b) la incondicionalidad del Comité Ejecutivo Nacional con la Alcaldía de Samuel Moreno ante las graves acusaciones de corrupción y clientelismo; de otra parte, durante su mandato el alcalde Moreno se ha caracterizado por desligarse del Partido en la definición de sus políticas, violando los compromisos adquiridos desde cuando se oficializó su candidatura. Además, su gobernabilidad está inscrita dentro del modelo de ciudad neoliberal y clientelista que impulsaron las anteriores administraciones. 

La crisis del Polo contiene diversos problemas estructurales. El PDA desde su origen ha sido un frente de partidos y organizaciones políticas que surgió por necesidad de las exigencias legales para la participación electoral. Hasta ahora no ha trascendido de su proyecto electoral. Ello explica en parte la sistemática ausencia de organicidad que se compensa con una severa centralización burocrática donde predominan el parlamentarismo y el clientelismo. Su funcionamiento ha sido reducido al logro de “consensos por arriba”, sin articulaciones con el movimiento social, sin reglas y respeto por la democracia de las bases y de los militantes. A pesar de sus limitaciones el PDA desempeña un papel muy importante en la transformación democrática de Colombia, y hoy es la única fuerza política de oposición con reconocimiento de masas y como canal de expresión política es orientadora de la organización y movilización de los ciudadanos y trabadores.

Los socialistas   consideramos  necesario defender el PDA como conquista política de los oprimidos. Para ello, proponemos  en primer lugar declarar el estado de emergencia y promover la más amplia democratización. Valoramos la idea de llamar a todos y todas los militantes y simpatizantes a realizar asambleas locales y regionales amplias en dónde se discuta  el actual estado de cosas y se formulen propuestas alternativas  en la perspectiva de  convocar  el  Congreso  del PDA a más tardar en el primer semestre del 2011. El propósito es generar un giro político acorde con los retos y la complejidad de los problemas del momento político. Nuestra propuesta busca construir la máxima democratización y deliberación del partido para proyectar su potencia creadora. En este sentido, promovemos que la reunión de Dirección Nacional de enero 21del 2011 asuma los retos de la crisis, la organización del partido y la participación en la plataforma de lucha social, los procesos electorales y las reglas de juego para convocar el Congreso del Partido. Necesitamos un Polo que piense el país y trace una estrategia de lucha ante la política del Imperio y la globalización neoliberal. Requerimos una amplia movilización social contra el paquete de ajuste y un fortalecimiento de nuestra estrategia para enfrentar el Imperio, el gobierno neoliberal y el gran capital.

La Tendencia  Eco-socialista y los socialistas   en general,   convocamos   a la ciudadanía y a los trabajadores a hacer realidad estos propósitos.

Firman:

CORRIENTE ECOSOCIALISTA DE BOGOTÁ: (Marta Mosquera,  Cristina Guerrero, Blanca Lilia Rodríguez, Luisa Fernanda Malo Rodríguez, Daniel Libreros Caicedo, Germán Martínez, Mario Avellaneda); 

PRESENTES POR EL SOCIALISMO-CALI; (Mónica Medina, Juan Pablo Ochoa, Alberto Bejarano, Sigifredo Arévalo, Jorge Enrique Almario, Carlos Cobo, Carlos Junca);

MOVIMIENTO 14 DE JUNIO:    José Oney Valencia.

CORRIENTE ECOSOCIALISTA VALLE DEL CAUCA: (Martha Jiménez, Cesar Vargas, Alvaro Marmolejo, Carlos Lozano,  Jesús Franco);

CÍRCULOS SOCIALISTAS  DE  ANTIOQUIA :    Jaime Nieto, Camilo Ruiz.

CORRIENTE  ANTICAPITALISTA. IBAGUÉ-TOLIMA: (María Fernanda Botero, Jorge Gantiva Silva, Julio Cesar Carrión, Alexander  Martínez Rivillas, Carlos Arturo Gamboa, Sebastián Gutiérrez);

COLECTIVO SOCIALISTA DE  TIERRA ADENTRO—CAUCA:   Lolita Orozco  y Jairo Arias

ESPACIO CRÍTICO—BARRANQUILLA: (Oscar Torres, José Ignacio Consuegra, Edmundo Carmona, Ricardo Angulo, Antonio Avendaño);

COLECTIVO ECOSOCIALISTA-HUILA: (Miller Dussán,  Nemesio Gómez, Juan Carlos Niño).

ASOCIACION JUVENIL BOICOT- META   (Diego González, Fabián Fuentes, Leonardo Buitrago, Johnny Gutiérrez, Luis Rivera Pérez, Abraham Rivera, Miguel Ruiz M. )

¿A Quién sirve la Fundación Natura?

Después de las exitosas manifestaciones del 1 de diciembre por la defensa del territorio, la biodiversidad, la indemnización de los afectados  y contra la Resolución 1814, convocadas por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, -Asoquimbo- aparece la Fundación Natura anunciando que “el Huila lidera la conservación de la biodiversidad en el país porque existen 9 mil hectáreas protegidas con la certificación Rainforest Alliance”. (http://www.lanacion.com.co/2010/12/18/huila-lider-en-proteccion-de-la-biodiversidad/)

Esta misma Fundación guardó silencio con relación a las 9 mil hectáreas, el 95% de la Reserva Forestal protectora de la Amazonía, que serían inundadas de construirse la represa El Quimbo, destruyendo “unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”, según la Procuraduría General de la Nación.

El silencio obedece a que Émgesa le pagó por  un “estudio biótico” que avaló el Ministerio de Ambiente para burlarse de la decisión del tribunal de Cundinamarca que improbó la conciliación extrajudicial” y sustentar la modificación de la licencia Ambiental como efectivamente ocurrió con la promulgación de la resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 a través de la cual se redujeron en grandes proporciones las obligaciones ambientales,  sociales e infraestructurales de la italiana-española ENEL -ENDESA

Emgesa, una vez conocida la decisión del Tribunal de Cundinamarca,  había notificado que se  retiraría del negocio si el Gobierno no expedía un Acto Administrativo que garantizara la disminución de los “excesivos”  sobrecostos ambientales. El Ministerio de Ambiente, cumpliendo órdenes superiores y apoyado en la Resolución No. 2820 expedida el 5 de agosto, que modificó la Ley Ambiental, dos días antes de concluido el mandato del Presidente Uribe, promulgó la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 para cumplir con las exigencias de las multinacionales Enel-Endesa-Emgesa. . Esta entrega del territorio y su biodiversidad fue acreditada por la Fundación Natura,  ONG  quien recibió de Emgesa dinero por el “estudio biótico” sobre El Quimbo que no fue consultado a  instituciones como  la Universidad Nacional ni a la Fundación El Curíbano” ni a las comunidades afectadas, como lo establece la Ley.  (http://www.surcolombiano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=292:la-jugada-de-emgesa&catid=47:editorial).

El estudio está incorporado como justificación de la Resolución 1814 para  modificar  la licencia ambiental (que ya estaba en firme) al servicio de Emgesa- Enel. Una vez expedida la norma, estas empresas convocaron rueda de prensa para anunciar la  iniciación inmediata de la obra. El gobierno Departamental, los parlamentarios del Huila y los contratistas celebraban ebrios la entrega del territorio a cambio de migajas.

Mientras la Fundación Natura, a nombre de la  preservación de la biodiversidad, realizaba la investigación para justificar la reducción de los costos ambientales y sociales del proyecto El Quimbo ocultando sus impactos negativos,  Emgesa solicitaba el  registro del mismo proyecto como Mecanismo de Desarrollo Limpio[1] -MDL- sosteniendo que “tener que proporcionar una indemnización adecuada a la comunidad local y proteger el medio ambiente aumenta el costo del proyecto y disminuye la Tasa Interna de Retorno TIR”[2] desconociendo que las empresas tienen la obligación de promover el desarrollo sostenible y que proporcionar una compensación adecuada a las comunidades afectadas es parte integrante de este requisito. En consecuencia, argumentar que las compensaciones son las que hacen financieramente inviable el proyecto,  confirma que el registro de las grandes represas como  MDL sólo buscan mayor rentabilidad debido a las ganancias adicionales generadas a través de bonos de carbono, pero también que ONG como la Fundación Natura cumplen la función de contribuir a la certificación como parte integrante del negocio ocultando que los impactos negativos son superiores a los beneficios  y que los proyectos son impuestos destruyendo empresas comunitarias, los planes de vida de las comunidades, la memoria histórica, entre otros.

Presentar al Huila como modelo de preservación de la biodiversidad es una estrategia perversa que pretende ocultar la catástrofe social y ambiental que se generaría de construirse la represa El Quimbo y minimizar el gran impacto causado por las recientes acciones de resistencia de Asoquimbo estimuladas por la articulación de organizaciones sociales que han acordado la Jornada Nacional contra los Megaproyectos y por la defensa de los territorios convocada para el 14 de Marzo del 2011 y por el ejemplo del Consejo Mayor Comunitario, AZA, que sepultó la represa Porce IV.

 



[1] Al invertir las empresas en estos proyectos MDL reciben reducciones certificadas de emisiones RCE (uno de los tres tipos de bonos de carbono) los cuales pueden adquirir a un menor costo que en sus mercados y simultáneamente logran completar las metas de reducciones a las que se han comprometido.

 

[2] International Rivers Comments on CDM Project Design Document for El Quimbo Hydroelectric Project (Colombia) http://www.internationalrivers.org/node/5985

De cuando los impactos sociales y los riesgos re-constituyen patrimonio cultural

Xerardo Pereiro Pérez. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal)

Introducción

A raíz de la presentación pública de un proyecto de construcción de trece embalses en el río Ulla (Galicia), la coordinadora de afectados y varias asociaciones culturales apoyadas por uno de los ayuntamientos afectados, solicitaron a nuestra universidad un informe (Pereiro Pérez y otros: 1999) sobre los impactos socioculturales y socioeconómicos producidos por el proyecto. Reunimos un equipo interdisciplinar de investigadores –antropólogos, geógrafos y economistas- gallegos y portugueses que contribuyó seriamente para llamar la atención de las administraciones públicas sobre el problema, pero también sirvió para orientar las alegaciones presentadas al proyecto por los habitantes afectados. Como ejercicio de antropología aplicada, el trabajo pasó de ser una acción de mediación cultural para convertirse, por reflexión, en una experiencia de defensa de la comunidad local denominada antropología de urgencia o de emergencia (Castro Seixas: 1999), en la línea de la antropología social de apoyo (Colombres: 1997). Analizo en esta comunicación el seguimiento de ese trabajo, bajo el prisma de lo que sucede cuando el patrimonio cultural está en situación de riesgo o amenaza. Intento explicar el timo para desconstruir el mito, y explicar el mito para descontruir el timo.

1. El patrimonio cultural: perspectivas

Desde el punto de vista jurídico el “patrimonio” es una noción que define todos los recursos que se heredan, bienes mobiliarios e inmobiliarios, capitales, etc., por lo tanto puede tener un sentido eminentemente privado o eminentemente público. En los dos casos, el objetivo es garantizar la supervivencia de los grupos sociales y conectar unas generaciones con las otras (Rodríguez Becerra: 1997). Bajo este punto de vista los aspectos morales tienen escasa o nula regulación, pero si que se tiene en cuenta que el patrimonio es modificable por las generaciones siguientes, de ahi que pueda ser acumulado, perdido o transformado.

También desde el punto de vista jurídico el “patrimonio cultural” (Gómez Pellón: 1999) deja poco a poco de adoptar una definición materialista, monumentalista, esteticista e historicista, para adoptar una visión más antropológica en las últimas legislaciones (1). Esto quiere decir que se ha dejado de reducir el patrimonio a objeto material y monumento, para tener en cuenta los bienes culturales inmateriales y la vida social alrededor del objeto, además se ha dejado de valorizar unicamente las creacciones estéticas extraordinarias e idolatradas por las elites -“las bellas artes”-, para ser quebrada en algún grado la distinción entre lo culto y lo popular, y para ser valorizado en igual medida lo denominado “popular”. También es  importante destacar como el patrimonio cultural ha dejado de ser unicamente “históricoartístico”, entendido como algo únicamente heredado del pasado que merece ser conservado, para pensar que el pasado es interpretado desde el presente de acuerdo con criterios de selección y valoración determinantes en cada época, en un juego de memorias y olvidos, que de todas formas debe responder a las necesidades sociales del presente y del futuro. Siguiendo esta óptica antropológica la noción de patrimonio cultural no es sinónima de la noción de cultura. Esta es una de las confusiones conceptuales más comunes entre los estudiosos pero tanbién entre los agentes de la patrimonialización. La respuesta también no es dicotómica ni simple, pues si bien los antropólogos manejamos una noción de cultura como un todo referente a la vida cotidiana, el património cultural mantiene una relación metafórica y metonímica con la cultura, por lo tanto lo que distingue el patrimonio cultural de la cultura es su representación de la cultura por medio de la conservación y de la transformación de valor de los elementos culturales. De la cultura no podemos patrimonializar ni conservar todo, de ahí que el patrimonio cultural sea sólo una simbólica de la cultura, y por eso los procesos de selección y de negociación de los significados. El patrimonio no puede incluir todo lo que las culturas han creado (Rodríguez Becerra: 1997), y el discurso de la “pérdida del patrimonio” o de las urgencias en su recuperación puede llevar al abuso en la recuperación patrimonial, produciendo una imagen de “estatismo” en la dinámica de las culturas. Además, la patrimonialización tiende a fijar alguna permanencia, cuando por el contrario la cultura está en constante cambio. La cultura puede ser estudiada y conocida, pero no toda puede ser patrimonializada, porque sino estariamos condenados a vivir irremediablemente como nuestros antepasados. El cambio es inerente a la noción misma de cultura, pero también a la de patrimonio cultural. Las dos nociones están intimamente ligadas y necesitan la una de la otra.

En lengua inglesa esta confusión conceptual no existe porque además del sentido jurídico específico que consiguió obtener el patrimonio cultural, se distingue claramente entre “culture” e “heritage” ou “cultural heritage”.

Puesta esta aclaración conceptual previa en consideración, pasemos a subrayar algunas aproximaciones teórico-prácticas sobre el patrimonio cultural, y que son de grande interés para la problemática explicitada más abajo. Desde mi punto de vista son varias las posturas que inciden en los procesos de recuperación y conservación del patrimonio cultural. No todas se excluyen entre ellas y todas nos ayudarán a entender mejor el problema humano estudiado, veamos estas con algún detenimiento:

a) Tradicionalista o folclorista. El patrimonio cultural es aquí reducido a un conjunto de bienes materiales e inmateriales que representan la cultura popular preindustrial. Su visión es historicista, pues considera el patrimonio cultural como objetos y relicarios del pasado, pero también conservacionista, pues se piensa que el fin último del patrimonio cultural debe ser su conservación, independentemente de su uso actual. Los criterios de preservación de artefactos y edificios del pasado deben ser los de época y belleza.

b) Constructivista (Prats: 1998). El patrimonio cultural es entendido como fruto de un proceso de construcción social, es decir, de acuerdo con las épocas y los grupos sociales, se valorizan y legitiman unos bienes patrimoniales y no otros. Ejemplo: En el caso de Brasil hay una tendencia a no patrimonializar el legado africano e indígena, ni tampoco el de los subalternos (Funari: 2001). Desde esta óptica el património cultural es entendido como una representación simbólica de la identidad, pero en muchas ocasiones también como sinónimo de cultura.

c) Patrimonialista (Rodríguez Becerra: 1997). El patrimonio cultural es la recuperación del pasado desde una perspectiva presente, para explicar la mudanza de los modos de vida. El patrimonio cultural está integrado por elementos culturales que adquieren un nuevo valor a través de un proceso de “patrimonialización”, pero que no es lo mismo que la noción de cultura, podríamos decir que es una intervención en la cultura. Los bienes patrimoniales representan formas de vida de un grupo humano en el tiempo.

d) Productivista (Ashworth: 1994). Aquí el patrimonio cultural es entendido fundamentalmente como un recurso para el turismo cultural y para otras actividades económicas. Esta postura considera el patrimonio cultural como una actividad económica que debe satisfacer el consumo contemporáneo, de ahí la necesidad de un proceso de interpretación que convierta recursos en productos o mercancías necesarias para el funcionamento de un sistema de producción posindustrial. Esta postura sigue el criterio del consumo y de la demanda utilizando el patrimonio cultural como representativo de las identidades culturales, pero tiene poco en cuenta los riesgos de la sobre-explotación turística.

e) Participacionista (García Canclini: 1999). Desde esta perspectiva, la recuperación y conservación del patrimonio cultural debe ponerse en relación con las necesidades sociales presentes, y con un proceso democrático de selección de lo que se conserva. También debe estar ligada a la participación social con el objetivo de evitar la monumentalización y la cosificación de objetos, es decir, es muy importante pensar primero en las personas y luego en los bienes culturales. Primero el artesano y luego la artesanía.

2. Viejos y nuevos embalses en Galicia

De acuerdo con algunos autores (De Torres Luna y otros, 1988: 77) la primera iniciativa hidroeléctrica en Galicia fue obra de Laureano Salgado, que construyó en 1874 la central de Segade, cerca de Caldas de Reis (Pontevedra), y que funcionó hasta 1952. Lo destacable es que el proceso de electrificación de Galicia fue en sus comienzos obra de pequeñas iniciativas familiares (De Torres Luna y otros, 1988: 79). Más tarde, concretamente en 1930, la SGGE (“Sociedad General Gallega de Electricidad”), fundada en Madrid en 1900, llegará a liderar el 90% de la electricidad gallega. En 1943, Pedro Barrié de la Maza funda FENOSA (“Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A.“), pero también la época de los grandes embalses, el primero de  los cuales será el de As Conchas (Ourense), en el río Limia, inaugurado en 1948. En 1955 FENOSA absorberá a la SGGE y liderará el mercado hidroeléctrico gallego (De Torres Luna y otros, 1988: 81).

Si la oposición a los embalses ya tuvo en Galicia algunos antecedentes en el siglo XIX, como los acontecidos en la parroquia de Santa María de Tebra (Tui-Pontevedra), durante el periodo de la política hidráulica franquista el temor a las autoridades condicionaba en gran medida los movimientos sociales de protesta contra los grandes embalses: “Unha palabra e xa non che pagaban ou pagábanche a metade” (2). Los grandes embalses eran construidos no sólo para producir electricidad, sino también para regadíos y para el abastecimiento de las ciudades. La agonía de la gente, el “grande Apocalipsis”, como lo definió el escritor Xosé Fernández Ferreiro (3), fue narrado literariamente con el objetivo de recuperar una memoria del conflicto.

Llegado el periodo democrático, algunos grandes embalses proyectados en la época franquista, volvieron a ser retomados en Galicia. Un buen ejemplo es el embalse de Sela, en la frontera galaico-portuguesa del río Miño, el cual no se llevó a cabo gracias a la resistencia de la identidad local y a la solidaridad tras fronteriza luso-galaica (Wateau, 1999: 231-234). Otro que si se llevó a cabo fue el de Lindoso, en la zona portuguesa del río Lima y que afectó al sur de Galicia.

Hoy en día las grandes presas son puestas en cuestionamento en el mundo ocidental, pero no así en países en desarrollo como la India o China(4). Sin embargo, la política hidraúlica

de la “democracia orgánica” actual utiliza en algunos casos los mismos métodos coercitivos que antes, como por ejemplo el de Buscalque -Lobios, 1992- o el del río Umia –1998-. Estos métodos coercitivos se acompañan de una retórica tecnicista (5) que aplasta y anestesia las consciencias (6) de los afectados. Esta retórica tecnicista, propia de las administraciones públicas y de las grandes empresas hidroeléctricas expropia la ecomemoria y la patrimemoria en nombre del “mito do progreso” y de un desarrollo etnocéntrico que pretende “civilizar” y modernizar lo pensado como “atraso”.

En los últimos años, las políticas hidraúlicas en Galicia se han plasmado en la presentación ante la Xunta de Galicia de más de 300 proyectos de “minicentrales” (7) que afectan a más de 1600 núcleos de población. La justificación mercantil está baseado en una  retórica tecnicista que habla de “minicentrales”, pero que en realidad son “maxicentrales”, porque son proyectos límite en el curso medio y alto de muchos pequeños ríos. El lucro que estes proyectos de producción de energía aparentemente limpia viene dado en gran medida por los subsidios de la Unión Europea a este tipo de proyectos, presentados en su mayoría por

la multinacional hidroeléctrica Unión Fenosa.

Estos proyectos no dejan de ser una hiperrealidad virtual que genera en algunos casos dramáticos impactos socioculturales, expresados en los riesgos culturales autopercibidos (Beck: 1992; Mairal Buil y otros: 1997). Las comunidades locales, en asociación de grupos ecologistas, reaccionan afirmando los valores del patrimonio natural e cultural, y utilizando este como estrategia de defensa de las identidades en riesgo. Sin embargo, el patrimonio cultural tiende a ser ocultado e ignorado por las grandes empresas hidroeléctricas a la hora de desarrollar sus proyectos de explotación eléctrica. Paradojicamente, algunas de estas empresas invierten grandes capitales en fundaciones que conservan viejos patrimonios culturales y que acumulan otros nuevos. Detengámonos ahora en el caso del río Ulla arriba señalado. En el año 1962 el gobierno español concede a Hidroeléctrica de Moncabril S.A. el aproveichamiento integral de la cuenca do río Ulla (BOE del 21-11-1962), transferido luego a Unión Eléctrica S.A en 1971 (Orden ministerial del 8-10-1971), después a Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A (Resolución del 7-7-1979) y finalmente a Unión Eléctrica-Fenosa (Resolución del 18- 5-1984). Pero el único gran embalse que se construyó en la cuenca del río Ulla fue el de Portodemouros (1968), una obra que provocó fuertes impactos negativos en la zona, de acuerdo con la autopercepción anamnésica de los afectados.

A mediados de los años 1990 un conjunto de rumores sobre la construcción de embalses se extendió por la comarca de Ulloa (Alto Ulla), algunos alcaldes alertaron de los proyectos a algunos posibles afectados directos, pero nada se concretó hasta el año 1997, fecha en la cual la Comisión Galega de Medio Ambiente acepta el proyecto presentado por la empresa Unión Fenosa para la construcción de 13 embalses en la cuenca del río Ulla(8). El

problema regresa a la palestra pública a comienzos de 1999, cuando Unión Fenosa presenta en el organismo “Augas de Galicia” (Xunta de Galicia) y en los 9 municipios afectados los proyectos para construir 13 embalses en la cuenca del río Ulla. La información es recogida por los periódicos (9), que también se hacen eco de una primera reunión de alcaldes y de otra de los afectados en Melide (A Coruña) (10).

Después de estas primeras reuniones, y del estudio de los proyectos, las posiciones de los líderes sociales y políticos locales fueron expresadas claramente: oposición frontal a los proyectos en virtud de sus impactos ambientales y socioeconómicos negativos. Esta oposición será matizada en el decurso del conflicto. En cada comarca de la cuenca, los líderes que protagonizaron estas reuniones asamblearias son jóvenes con alto grado de consciencia ecológica y con valores afectivos muy fuertes por la tierra en la cual viven o quieren vivir. Esto es muy importante porque representa una inversión de las relaciones jerárquicas tradicionales entre dos grupos de edades: jóvenes/adultos. Por lo tanto, no son ya los padres –segunda generación- los que detentan el liderazgo social, por otro lado acostumbrados a aceptar imposiciones arbitrarias y autoritarias, sino que son los jóvenes los que protagonizan públicamente la oposición a los proyectos, expresan de esa manera su deseo de reinvertir la dinámica estructural que condena al abandono demográfico de estas zonas del interior gallego.

El papel que ocupa el patrimonio cultural dentro de los discursos, acciones sociales y mapas cognitivos de los diferentes protagonistas es un tropos central a la hora de entender las dinámicas sociales alrededor de estos proyectos hiperreales (Baudrillard, 2002: 190) y de momento virtuales.

3. Cuando el patrimonio cultural está en riesgo

Los efectos o consecuencias de la construcción de embalses sobre las estructuras sociales y la cultura de una población afectada pueden ser estudiados a través de sus impactos socioculturales específicos (Mairal Buil y otros: 1997; Pereiro Pérez y otros: 1999; Willigen: 1986; Goldman: 2000). Estos impactos, que pueden ser generados por la misma hiperrealidad virtual de los proyectos, acostumbran a crear incertidumbres sobre el futuro, desorganización socioeconómica, desarticulación política, crisis identitarias, rupturas de sociabilidades y destrucción del patrimonio cultural. Sobre este último impacto, la posibilidad de pérdida de patrimonio siempre es un gesto dramático(11), más aún cuando lo que está en juego es la expropiación de espacios-puente locales y la ruptura de mapas colectivos mentales y emocionales. El riesgo de topocidio y de muerte de la ecomemoria e la patrimemoria crean entre los afectados una sensación de luto, porque se están intentando matar signos evocadores de memorias colectivas generacionales.

Lo que para os ingenieros significa “un paseo más por la campiña gallega”, como así llegó a afirmarlo uno de la empresa Unión Fenosa en una reunión con los afectados del municipio de Agolada, para los afectados directamente por la sombra inmediata de percepción de los riesgos, como por ejemplo los vecinos del municipio coruñés de Santiso(12) significa un previsible y agónico ecocidio y patrimonicidio. Lo que para la administración pública autonómica es “o progreso e a modernización”, para la mayoría de los afectados (13) significa  una pérdida irreparable y una involución en la propuesta de definición de los espacios rurbanos como espacios de recreación, ocio y sociabilidade. En el folleto de la “Coordinadora de Afectados polos Encoros do Ulla” podemos ler lo siguiente: “Veríase afectado o entorno de lugares de gran interés etnográfico e histórico, como o que rodea ás numerosas mámoas que salpican o territorio dos nosos concellos, que son patrimonio histórico-artístico de gran interés”.

En el informe de impactos medioambientales (14) presentado por Unión Fenosa ante Aguas de Galicia (Xunta de Galicia) se opta por silenciar la existencia de muchos bienes culturales catalogados e inventariados, como el castillo de Pambre. El informe describe una naturaleza sin historia ni memoria y sin protagonistas humanos de su construcción, además de utilizar constantemente una retórica tecnicista acientífica, baseada en una idea neoevolucionista y etnocéntrica del progreso.

En el folleto de la “Coordinadora de Afectados Polos Encoros do Ulla” podemos ler: “Frádegas e Pambre: Lugares a protexer”. En el informe encomendado por la coordinadora a un equipo de antropólogos, uno de los aspectos que más se destacan es el de los impactos sobre el patrimonio cultural. La estrategia retórica del no reconocimiento del patrimonio cultural por parte de Unión Fenosa, se confronta con varios iconos patrimoniales de la identidad territorial local: el castillo de Pambre, las torrentes de Mácara y el balneario de Frádegas.

Frente a estos iconos la empresa y la administración autonómica potencian los embalses como un icono del desarrollo, algo que paradójicamente pudiera contraponerse al “modelo de desarrollo endógeno” vendido por las fundaciones comarcales articuladas por la Xunta de Galicia sobre el territorio gallego.

La conservación del patrimonio cultural también es preciso entenderla dentro de procesos identitarios estratégicos. En el caso etnografiado, el propietario del castillo de Pambre, se va a posicionar con los afectados por la afectación de su bien patrimonial de propiedad particular; “el señor de lo jurídico” como algún miembro de la coordinadora lo ha definido, va a ayudar a los locales y va a argumentar la necesidad de conservación del castillo y de su contorno. Paradójicamente este actor nunca tiene reconocido la tutela pública de este BIC, y nunca se tiene mostrado abierto a colaborar en la valorización turístico-patrimonial del castillo. También paradójicamente el “señor” se une a los “siervos” en la defensa de su signo encarnado de distinción aristocrática, pues es uno de los nobles con el título de “Grande de España”. Tradicionalmente el patrimonio cultural fue utilizado para promover el proprio “patrimonio” de las elites y negar la importancia del “patrimonio” de los subordinados. Pero en este caso, el señor “de lo jurídico” se une puntualmente al “pueblo” y a los de “lo reivindicativo” como estrategia de conservación de su “patrimonio”. Esta será una de las claves para entender la declaración de impacto medioambiental negativo por parte da administración pública y respecto al embalse proyectado en Pambre. Por lo tanto, si la activación del patrimonio cultural es generalmente una fuente de cohesión y de identidad, la desactivación del mismo es una fuente de disputa, como tiene sucedido en muchas ciudades poscoloniais que tiraran abajo gran parte de su arquitectura patrimonial (15). Frente a ese riesgo de pérdida del patrimonio cultural, re-activar y conservar patrimonio cultural se convierte en un medio de objetivar la tradición, pero también en un argumento empírico y emotivo de las identidades colectivas, pues es a través de este proceso que los grupos humanos re-inventan sus modos de vida.

Y si para algunos miembros de la coordinadora (16) todo estaba perdido y poco había que hacer, otros miembros más posibilistas y resistentes (González Millán: 2000) llamaron equipos de antropólogos, geógrafos y economistas para realizar informes de impactos socioculturales, organizaron “raftings”, rutas de senderismo, obras de teatro, debates, charlas informativas, concentracións en Santiago de Compostela, elaboraron alegaciones asesoradas por expertos, etc. La adesión social a estas acciones simbólicas tienen un sentido profundo e intenso: los riesgos de destrucción del patrimonio cultural son riesgos que afectan a la memoria colectiva de lo que fuimos en el pasado, y de lo que queremos ser en el futuro. Así lo expresaba un intelectual gallego en un artículo titulado “Los ríos son sagrados”: “Si en la Xunta hay y funciona algo de Cultura, Medio Ambiente, Ordenación del Territorio... ya saben por dónde tienen que empezar: ley urgente para bloquear la propagación de la peste minicentralera/maximierdera, ley urgente para dejar en paz a Ulla, Deza, Arnego, Pambre, Boente, etc. cuya riqueza e importancia solamente en el ruido del agua que corre vale muchísimo más que todos los electrones del mundo en frenesí de calambre. Bueno lo anterior me ha salido un tanto extraño o chorra, pero el Ulla y adláteres que no me lo toquen. Aviso, soy capaz de ir a pescar con pistola porque, con otro poeta, los ríos están dentro de mí y, ya sin poeta, a mí no me embalsa nadie”. (Juán José Moralejo Álvarez, La Voz de Galicia, 16-3-1999, p. 16, Opinión) Pero el proceso de marginación de la población de su propio patrimonio cultural continua, y frente a ese discurso emotivo y afectivo local la empresa promotora de los embalses elabora un discurso arrogante y burlesco, siempre en connivencia con la administración pública autonómica: “existe una relación estrecha entre las compañías eléctricas, como Unión Fenosa, Iberdrola o Endesa, con la Xunta”. (Pedro Brufao, AEMS-Ríos con vida, premio nacional de Medio Ambiente 1998, en El Progreso, 7-07-2002, p. 34) `No nos interesan las tres minicentrales de abajo de Portodemouros, pero fuimos obligados por Aguas de Galicia para regular el cauce de los ríos´. (Ingeniero de Unión Fenosa, reunión en Santiso – A Coruña- con los vecinos, diciembre de 1999) `No han sido convocados todos los propietarios de terrenos afectados porque no presentaron alegaciones´. (Técnico de Aguas de Galicia, reunión informativa, Agolada –Pontevedra-, 20-12-1999) “Venimos a conocer la campiña gallega”. (Ingeniero de Unión Fenosa, Agolada – Pontevedra-, 20-12-1999) “¿Nos puede acompañar alguien que conozca el terreno?”. (Técnico de Aguas de Galicia, reunión informativa, Agolada, 20-12-1999) Después de ser presentadas aproximadamente unas 8.000 alegaciones al proyecto, el discurso político arrogante continuará también en la declaración de impacto ambiental del proxecto(17), que reconociendo “carencias observadas na documentación ambiental” y que “os estudios realizados referentes á flora e fauna, especialmente acuática, resultan pobres e imprecisos”, declara positivamente el impacto ambiental del aprovechamiento hidroeléctrico del río Ulla, con algunas notables excepciones, como la “non viabilidade ambiental do Salto de Pambre”, porque “o azude proxéctase a uns 100 metros do Castelo de Pambre, polo que se considera existe una importante afección paisaxística a un ben patrimonial”.

De esto último se desprenden varias ideas, pero una importante para nuestra interpretación, que es que el poder dominante tiene una idea monumentalista del patrimonio cultural, el monumento es utilizado para legitimarse, pero también para evitar una negativa rentabilidad política desprendida potencialmente del rechazo social al proyecto. Además, este discurso del poder dominante exterioriza unas presencias y oculta otras ausencias importantes desde una lectura social del patrimonio cultural: balnearios en processo de construcción en el contorno próximo, casas de turismo rural, sistemas de regadío –“tostas”, rutas patrimoniales en recuperación, etc.

En relación con el discurso del poder dominante tenemos el del Mercado (Sierra Rodríguez: 416), representado por Unión Fenosa, quien converge con el discurso hegemónico, y frente a eses dos, el discurso vecinal se rebela apoyado por elementos translocales como algunos intelectuales y gran parte de la opinión pública (18). De esta manera los herederos reclaman la herencia (Sierra Rodríguez: 412) y autoelaboran un discurso social experiencial y resistente (González Millán, 2000) que justifica su anclaje al patrimonio cultural en riesgo.

4.- Cuando los locales re-semantizan el “patrimonio”

Desde una perspectiva de dinámica social, el patrimonio cultural se ha convertido en iconografía de territorios, naciones y grupos sociales específicos, y ha sido fundamental a la hora de redefinir los espacios rurales como neorurales y rurbanos (19). Pero la pluralidad de cosmovisiones resemantiza la propia noción de patrimonio cultural, relativiza una visión única y coesionada entre los locales, al mismo tiempo que matiza los valores pensados como propios y piensa en ellos como atributos y construcciones sociales. Esto puede observarse en la oposición a los embalses del Ulla e en la no oposición u oposición minoritaria a la instalación del Parque Eólico del Careón, un monte bastante baldío entre los municipios de Palas de Rei (provincia de Lugo), Toques y Melide (provincia de Coruña). Aquí el monte no representa para los habitantes locales un patrimonio amenazado o en riesgo, como es el auga, el río y su contorno en el caso de los embalses. El Careón, un monte que en el siglo XVIII llegó a producir vino, pero que hoy es un monte yermo en su parte más alta, de poco aprovechamiento agrario y con incendios frecuentes. El dinero producido por el alquiler de los terrenos llega a ser entendido como un buen complemento para la reproducción social de las familias. Además el patrimonio no es expropiado como en el caso de los encoros, sino que es negociado en sus usos sociales, algo más satisfactorio para ambas partes. En el caso de los embalses, estos son percibidos como un peligro y una expropiación de tierras, valles e recursos necesarios para la supervivencia y la conservación de las identidades.

Pero los sentidos que el patrimonio cultural tiene para los afectados, también son plurales. Para algunas personas el problema de la instalación de embalses “é un problema de turbinas”(20), es decir, un problema exclusivamente tecnológico, pues para ellos el patrimonio cultural es sinónimo de cultura, entendida ésta como un saco sin fondo, en el cual todo cabe, y sin posibilidad de ser utilizado como estrategia retórica o jurídica contra los proyectos.

Frente a esa postura, la coordinadora de afectados utilizó el “patrimonio cultural” como un instrumento de defensa afectiva pero también jurídica contra los embalses. De las ocho mil alegaciones presentadas a los proyectos, el patrimonio cultural fue una herramienta discursiva central en la mayor parte de ellas (21), entendido fundamentalmente como patrimonio inmobiliario y como patrimonio histórico protegidos por las legislaciones vigentes. Esa herramienta discursiva se unió al discurso ambientalista y ecologista, que acabó por centrarse en los posibles impactos sobre un medio ambiente pensado como asocial y ahistórico.

Pero si la mayoría de los afectados directos (22) en el Alto Ulla, se manifestan contra la posible construcción de embalses, una minoría piensa y actúa de otra manera. Esta minoría piensa el “patrimonio” desde la ideología de la casa-familia y de la pequeña empresa o negocio. Es el caso de una señora de Santa Mariña (Antas de Ulla) que tenía varios prados afectados por el proyecto de embalse en las “Torrentes de Mácara”, y que los vendió a un comprador a un precio superior al “normal” en el mercado de tierras, con el objetivo de comprar un coche a su hija, que trabaja en la ciudad, y que con el coche podrá regresar diariamente a la casa de su madre. Otro ejemplo es el de un empresario local que fornece tecnología eléctrica para Unión Fenosa, y que defiende la buena utilidad de los proyectos, en la espera de continuar a ganar patrimonio en sus relaciones comerciales con la empresa. Otros dos ejemplos explicitan mejor esta percepción cultural. El primero es el de una propietaria de una casa de turismo rural que piensa que los embalses traerán más clientes a su establecimiento.

El segundo es el del propietario de una minicentral en el río Ulla, que se posiciona en contra de los proyectos si no se le respetan sus derechos, o si no se le abona o compensa economicamente su empresa.

En estas re-semantizaciones, los usos fundamentales del patrimonio son privados y subrayan la necesidad de acumulación económica y de reproducción de la fuerza de trabajo, incluso a costa de riesgos como la degradación de la naturaleza o de la pérdida de patrimonio cultural colectivo.

Sin embargo, entre los afectados opositores, la noción de patrimonio cultural tiende a destacar el sentido público y el colectivo, dintinguiendo las nociones de propiedad y de tutela, y ligando esa noción con las de desarrollo endógeno y sustentable. Esta última corresponde en primera instancia a los habitantes locales, en su versión de los derechos sobre el patrimonio cultural. La resemantización que ellos hacen del patrimonio cultural lleva a matizar profundamente su oposición a los embalses, ellos no están en contra de las minicentrales, sino en contra de las “maxicentrales” proyectadas por Unión Fenosa. Las primeras pueden producir energía recuperando y preservando patrimonio cultural y natural (23). Las segundas expropian el patrimonio cultural y natural, pero también la ecomemoria y la patrimemoria. Además las segundas no dan oportunidad a los locales de competir con proyectos endógenos que reviertan la riqueza en los topos locales y que genere una sustentabilidad.

5. Conclusiones

Cuando el patrimonio cultural está en riesgo, puede existir una disfunción entre la cosmovisión de la Política sobre el patrimonio cultural y la cosmovisión de la Sociedad Civil. La cosmovisión política defiende cada vez más en Galicia los negocios de las multinacionales y menos los derechos de los ciudadanos a participar democráticamente en decisiones transcendentales sobre el patrimonio cultural y el territorio, que les van a afectar en el futuro. El aumento del Mercado en detrimento de la Política hace que los ciudadanos se auto-organicen en la defensa de los intereses públicos colectivos. La recuperación del patrimonio cultural para usos sociales colectivos es un objetivo ciudadano cada vez más importante para la sociedad civil. Para eso rescatan democráticamente el patrimonio cultural para uso y disfrute de todos, aunque sin movilización social no hay percepción de esas necesidades cotidianas por parte de los gobiernos.

La movilización social de la sociedad civil por la defensa del patrimonio cultural fue clave en la declaración negativa de algún embalse como el previsto al lado del castillo de Pambre, pero también es cierto que la visión predominante fue la monumentalista, que es

propia de las administraciones públicas, pues es una heráldica más visible y emblemática,

capaz de estructurar con gran potencia imágenes icónicas del poder dominante. Al mismo

tiempo, esta heráldica sirve para representar una memoria que legitima el orden social del

presente (Connerton: 1989).

El patrimonio cultural es para los afectados una síntesis simbólica de los valores identitarios del grupo, a través del que se reconoce, se presenta a otros grupos y se mercantiliza la retórica del paisaje. La patrimonialización (Sierra Rodríguez: 2000) del mismo es una reacción que responde en situaciones de riesgo de olvido del pasado, una herramienta utilizada ante un futuro que se presenta incierto. La activación del mismo se presenta también como una huida al riesgo de la monocultura (Levi-Strauss: 1988) homogeneizadora. Lo definido como riesgo de “muerte” del patrimonio cultural provoca la revitalización y reconstrucción de la memoria inscrita en él, evitando que se borren las huellas y revalorizando el legado, pues es el patrimonio uno de los tropos donde se condensa la historia vivencial. Pero este proceso no está exento de selecciones, pérdidas y renuncias con el fin último de fijar y garantizar la definición de la permanencia de los grupos humanos. Es por eso que en algunos casos el patrimonio se impone al patrimonio cultural y su sentido público colectivo.

La reconstrucción de patrimonio cultural en situación de riesgo es una forma cultural de reaccionar frente a un sentimiento de pérdida provocada por el “progreso” (Ariño, 2001),

creando así una máquina de producción de raíces. Los riesgos socioculturales auto percibidos por la sociedad civil y derivados de los impactos producidos por los embalses, contribuyen decisivamente para la reconstrucción y la redefinición del patrimonio cultural, relativizando así el discurso etnocéntrico del “Mercado” y de la “Política”. Al mismo tiempo, los riesgos sobre el patrimonio cultural contribuyen para la reconstrucción social y la autoorganización comunitaria en la defensa de su ecomemoria y patrimemoria.

NOTAS

(1)    “A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural”: -los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, -los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, -los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y de la naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.”  (Art. 1, Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, Unesco, París, 16-11-1972) “O património cultural português é constituído por todos os bens materiais e imateriais que, pelo seu reconhecido valor próprio, devam ser considerados como de interesse relevante para a permanência e identidade da cultura portuguesa através do tempo.”  (Art. 1, Lei n.º 13/85 do Património Cultural Português, 1985) “Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bilbiográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.” (Art. 1, Ley 16/1985 del Patrimonio Cultural Español, 1985) “O patrimonio cultural de Galicia é constituído por todo los bens materiais e inmateriais que, polo seu recoñecido valor próprio, deban ser considerados como de interesse relevante para a permanencia e a identidade da cultura galega a través do tempo.” (Art. 1, Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia, 1995

(2)    Amalia Porto Quintela, una afectada por el embalse de As Conchas –Ourense-, que sepultó el campamento romano de Aquis Querquennis y que inauguró la producción de electricidad por parte de FENOSA, en O Correo Galego, 29-5-1997, p. 18.

(3)    Fernández Ferreiro, X. (1978): Morrer en Castrelo de Miño. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro. Se prohibió su publicación en 1975, y sólo fue editada en 1978. Esta obra relata el proceso social de lucha contra la construcción del embalse de “Castrelo de Miño” (Ourense), en la segunda mitad de los años 1960. Esta área es denominada por el autor como el “Delta del Nilo gallego” por la fertilidad de las tierras, especialmente orientadas para la producción de vino del Ribeiro. El embalse será inaugurado en 1968. Otra obra literaria que relata esos procesos en Galicia, es la novela de Daniel Cortezón publicada por Xerais en el año 1981: “A vila asolagada”, en ella se narra literariamente la tragedia de “Castromiño”.

(4)    (4) Coles, P. (2000): “As grandes presas, ¿a fin dunha época?”, en O Correo da Unesco (mayo de 2000), pp. 10-11. Citando la CIGP –Cimisión Internacional de Grandes Presas-, dice que en China existen más de 22.000 grandes presas –altura superior a 15 metros-, casi la mitad de las del mundo, y en la India unas 3.000, el tercer constructor del mundo.

(5)    (5) Cuando hablo de “retórica tecnicista” me refiero a la utilización de nombres técnicos como “minicentral” para referirse a embalses que pretenden ser construidos en el curso alto de los ríos, y que en realidad son más “maxicentrales” que minicentrales. Aquí observamos una tentativa de control de la ética por la técnica y por la “ciencia”.

(6)    (6) Concepto tomado de Zonabend, F. (1989): La Presque´île au Nucleaire. Paris: Editions Odile Jacob. Sobre los impactos socioculturales de las centrales nucleares en Normandía.

(7)    (7) Veiras García, X. (2000): “Plano Hidrolóxico de Galicia-Costa: 24 encoros máis”, en Cerna- Revista Galega de Ecoloxía e Meio Ambiente n.º 31, pp. 31-32.

(8)    (8)  Ver El Correo Gallego, jueves, 21-1-1999, p. 46 (Área de Compostela) y A Nosa Terra, 28- 1-1999, p. 11.

(9)    (9) Ver El Correo Gallego, jueves, 21-1-1999, p. 46 (Área de Compostela).

(10)                      Ver El Progreso, Domingo, 7-2-1999, p. 17.

(11)                      El embalse de Iliso, en Turquía va a sumergir 52 aldeas y desplazar 78.000 kurdos –Vidas: Expresso, 18-8-2001- .La presa de Cerro del Oro desplazó más de 500.000 personas en México . Ver: Bartolomé, M. e Barabás, A. (1990): La presa Cerro de Oro y El Ingeniero “El Gran Dios”. Relocalización y etnocidio chinanteco en México. México: Instituto Nacional Indigenista / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La presa de las “Tres Gargantas” (Río Amarillo) en China sumergirá 1.045 kilómetros cuadrados, destruirá 800 sitios culturales y desplazará a 1.000.000 de personas. En Yugoslavia la presa de “Studenica” modificó la situación prevista en el proyecto, por situarse a 20 kilómetros del monasterio de Studenica (declarado patrimonio mundial de la humanidad), al cual afectaría por el aumento de la humedad.

(12)                      Asamblea de vecinos celebrada en febrero de 1999. Destacar que este municipio se vio muy afectado por la construcción del gran embalse de Portodemouros (1968), sobre el río Ulla.

(13)                      Cuestionario de preguntas abiertas realizado a 100 personas de los municipios de Palas de Rei, Monterroso, Antas de Ulla y Santiso entre marzo del año 1999 y mayo del año 2000. El cuestionario fue elaborado con el objetivo de conocer la autopercepción local pero también consciencializar a la gente, al estilo de Paulo Freire. Sin embargo la mayoría de los cuestionarios fueron recogidos por entrevistadores ligados a la coordinadora de afectados. Esta subjetividad se objetiva en las respuestas. Agradezco sinceramente a Marcial Barral su estimable e importantísima ayuda. Entre las respuestas alternativas a los embalses destacan: la recuperación del patrimonio cultural y el uso social del mismo, el turismo rural, la potenciación de las segundas residencias y de ecomuseos.

(14)                      Unión Fenosa Ingeniería (1998): Aprovechamiento Hidroeléctrico Integral. Río Ulla. Documento de Análisis de Sinergias Ambientales. Madrid: Unión Fenosa. -Unión Fenosa Ingeniería (1998): Aprovechamiento Hidroeléctrico Integral. Río Ulla. Estudio de impacto ambiental. Madrid: Unión Fenosa.

(15)                      Es el caso de la parte medieval de la ciudad del Cairo en la época inmediatamente después de la independencia, cuando dominaba el paradigma modernizador en arquitectura.

(16)                      Activistas como la secretaria de Adega –“Asociación de defensa ecolóxica de Galicia”- como Elvira Cienfuegos, en una reunión de la coordinadora de afectados en Melide (A Coruña), durante el mes de marzo de 1999.

(17)                      La declaración de impacto ambiental del aprovechamiento hidroeléctrico integral de la cuenca del río Ulla es aprobada por la Resolución del 18 de abril de 2001 (Diario Oficial de Galicia, 20-6-2001, pp. 8309-8330).

(18)                      El periódico provincial “El Progreso” emitió reiterados reportajes sobre el asunto desde febrero de 1999, y publicó de manera destacada la opinión de decenas de opositores al proyecto. La postura del periódico fue de apoyo a los afectados, ejerciendo de verdadero cuarto poder. La causa de esta postura combativa une razón, emoción y corazón, y radica desde nuestro punto de vista en la relación afectiva con el Alto Ulla (provincia de Lugo) y la postura crítica de los redactores jefe. Al mismo tiempo la línea política del periódico se había vuelto algo contra hegemónica desde finales de los años 1990.

(19)                      Tengo utilizado este concepto para referirme a los modos de vida característicos de las “vilas” o pequeñas ciudades gallegas y sus contornos, en las cuales se mimetizan los modos de vida rurales y urbanos. Ver: -Bauer, G. e Roux, J. M. (1976). La rurbanisation ou la ville éparpillée. Seuil : Paris. -García de León, M. A. (1992). La ciudad contra el campo. Diputación de Ciudad Real: Ciudad Real. Es significativa en este modelo “rurbano” la inversión de ideas, pues si antes la ciudad era pensada como el lugar de la calidad de vida, ahora es pensado el campo.

(20)                      Hombre, 50 años aproximadamente, propietario do “Muíño dos Canizos”, no río Ulla, y con un proyecto en curso de minicentral hidroeléctrica. Recordar que en la zona próxima, y concretamente en el río Furelos la minicentral hidroeléctrica “Pita” (proyecto familiar) ofrece electricidad para una buena parte de la “vila” coruñesa de Melide.

(21)                      Una copia del conjunto de alegaciones a los proyectos se encuentra en manos de la coordinadora de afectados. La asociación cultural “Os Lobos”, de Vilar das Donas –Palas de Rei- fue una de las más activas en la defensa del patrimonio cultural como estrategia de oposición al proyecto. Agradezco a su presidente, Xosé Manuel Pérez Paredes, toda su ayuda en el desarrollo de esta investigación-acción.

(22)                      Cuestionario de la UTAD citado más arriba.

(23)                      Durante el pasado siglo XX existieron en el Alto Ulla minicentrales de bajo impacto ambiental como la de “Coello” –río Pambre-, en el contorno de Pambre. Ejemplos actuales de minicentrales son la de Ponte Vilariño –río Arnego- , y la Hidroeléctrica Pita -río Furelos-; en breve funcionará como minicentral el “muíño das Canizas” –río Ulla-, también dedicado a mesón-restaurante.

 

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LEYES AL SERVICIO DE ENDESA-EMGESA-ENEL CONTRA COMUNIDADES AFECTADAS Y EL MEDIO AMBIENTE

En el recurso de reposición interpuesto por la Fundación El Curíbano -Tercer Interviniente- contra la Resolución No. 1814 del 17 de septiembre del 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- se reafirma con fundamento en la Constitución Política, Sentencias de la Corte Constitucional y pruebas fácticas que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no sólo violaron y expidieron normas a favor de las exigencias de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel, sino que permitieron el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental, vulnerando gravemente los derechos de las personas y las poblaciones afectadas y los bienes patrimoniales y culturales de la nación,  tal como lo venían denunciando Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y la Asociación de Afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Emgesa, en la solicitud de conciliación extrajudicial, enero de 2010, plantea que “las obligaciones de la licencia eran impuestas, desproporcionadas, excesivas, carentes de fundamento legal y contrarias a los principios de legalidad y equidad” y “ocasiona cuantiosísimos perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales”. Emgesa, afirmó en repetidas ocasiones, ante los medios, ante los tribunales, que sólo continuaría con el proyecto hidroeléctrico El Quimbo “si se modifican las excesivas cargas ambientales y obligaciones que le fueron impuestas (…) de lo contrario los cuantiosos perjuicios que se les ocasionaría deben ser reparados por el Ministerio” y se retirarían del negocio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca improbó la conciliación extrajudicial considerando que el mecanismo previsto para la modificación de la licencia ambiental no era éste recurso jurídico,  ni fueron consultadas las instancias administrativas que habían conceptuado previamente sobre el Estudio de Impacto Ambiental, que sirvió de fundamento a la expedición de la licencia ambiental, el desconocimiento de la participación de las comunidades y el desacato de los funcionarios al no sujetarse al estricto cumplimiento de la Ley, porque una conciliación extrajudicial, según el Tribunal, es para “proteger la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales”.

El Ministerio de Ambiente recurrió, entonces, al Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, (expedido por este despacho dos días antes de concluir el mandato del presidente Uribe) y que fue  hecho a la medida para incorporar las pretensiones de Emgesa que habían sido  rechazadas por el Tribunal de Cundinamarca.  Según lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 51 Régimen de transición “…las autoridades ambientales continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias”. Con fundamento en lo anterior, expidió la Resolución No. 1814 del 17 de Septiembre de 2010  “por la cual se toman medidas de ajuste a las Resoluciones 0899 del 15 de mayo y 1628 del 26 de agosto de 2009 y se adoptan otras disposiciones”, burlando de esta manera el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y violando el mismo Decreto 2820 debido a que no cumple de fondo con ninguna de las condiciones establecidas para modificar la licencia ambiental. (Artículo 29°) que, además, se encontraba en firme. El Ministerio concluye que “en este orden de ideas…una vez verificada la documentación presentada por EMGESA S.A., en el Informe de Cumplimiento Ambiental; específicamente el documento elaborado por la Fundación Natura, se hacía necesario ajustar los requerimientos de la Resolución 1628 de 2010, toda vez que la información presentada por la Empresa resultaba pertinente y eficaz”.

El MAVDT, sin lugar a dudas, ha desempeñado la función de proteger los intereses de las corporaciones transnacionales, contando con el aval del gobierno del Huila, la bancada parlamentaria y apoyado en "estudios"  pagados por Emgesa a la Fundación Natura para ’ajustar’ la licencia a favor de esta compañía reduciéndole los costos ambientales y las compensaciones de los más pobres de la Zona de El Quimbo en 140 millones de dólares. Pero además, ha cohonestado con las actuaciones de Emgesa de incumplir con las obligaciones establecidas en la licencia ambiental (ver recurso de reposición) y de atropellar a las comunidades a través de presión indebida, coacción sicológica, engaños,  ofrecimientos económicos amañados para generar desconfianza y división y, en general, vulneración de los derechos de los afectados.

Asoquimbo y Plataforma Sur de Organizaciones Sociales ratifican su decisión de acudir a diversas acciones de resistencia civil, a la solidaridad ciudadana y al acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos por la defensa del territorio, contra el desarraigo, el despojo y el ecocidio y por el derecho a vivir dignamente.

EL QUIMBO NI SE INUNDA, NI SE EXPROPIA NI SE VENDE SERA UNA RESERVA CAMPESINA AGROALIMENTARIA

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

¿Por qué el MAVDT se ha convertido en una empresa de licencia de obras?

 
En días recientes pequeños y grandes propietarios de los predios que serían inundados por El Quimbo,  denunciaron las presiones indebidas y el acoso de los funcionarios de Emgesa  para que vendan sus fincas a los precios que les imponen y en las condiciones que a Emgesa conviene. Por estos hechos, conocidos en el terreno y de la voz de los campesinos,  Plataforma Sur solicitó un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT.
 
En la respuesta del MAVDT (oficio radicado 4120-E1-94099, del 27-07-2010, expediente 4090), quien fungía hasta ese momento como directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, la Ingeniera Diana Marcela Zapata Pérez, evade las denuncias y se limita a pedir un “listado de propietarios” que se hayan visto en la situaciones de presión, y de paso eludió hacer referencia a la denuncia según la cual  “el Ministerio de Ambiente viola el Artículo 23 de la Constitución Política al no resolver de fondo la petición para que se  expedida y se notifique a todos los afectados el Acto Administrativo, resultante de la visita de seguimiento a la Gestión Social de Emgesa, sobre identificación de impactos ocasionados por la aplicación de la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008”.
 
¿Por qué la jefa de Licencias del MAVDT se niega a responder sobre el Acto Administrativo de seguimiento a la Gestión Social de Emgesa que se realizó en octubre del 2009 y que estaba obligada a hacerlo? ¿Qué pasa en el Ministerio? ¿Terminó la era Uribe, de feria de licencias de obras o ese será otro de los huevitos que protegerá el gobierno de Juan Manuel Santos? Si eso es así, el juramento con los mamas de la Sierra Nevada que pronto Se quebrantó.
 
Existe una hipótesis sobre el comportamiento de la dama Zapata: La funcionaria es consciente de las irregularidades denunciadas por las comunidades, pero prefiere el silencio para mantener la impunidad, debido a su  compromiso directo con el gobierno de Uribe (ambos son paisas) y la transnacional Endesa-Emgesa de realizar el negocio a favor de intereses particulares contra el interés público, afectando al Huila y las comunidades, muy al contrario de la forma como se resolvió el proyecto Pescadero Ituango en Antioquia.
 
Mientras en el Huila se entrega parte del territorio a la transnacional Endesa-Emgesa (hoy ENEL) para la cuestionada construcción de El Quimbo, sin un solo peso de participación del Departamento y sus 37 municipios, los antioqueños no permitieron que el gobierno de Uribe vendiera parte sustancial de las acciones del Proyecto Pescadero Ituango a empresas particulares (“delito de lesa patria”, lo llamó el ex gobernador Gómez Martínez) y pactaron que la obra será construida, operada y administrada por las  Empresas Públicas de Medellín y su rentabilidad favorecerá a todos los Municipios de Antioquia, pues éstos son sus accionistas.
 
Claro, en el Huila el gobierno de Uribe y su gendarme de licencias en el MAVDT contó con el respaldo miope y egoísta de políticos clientelistas y gamonales, el director de la Cámara de Comercio, el aval del director de la CAM y hasta de académicos silenciosos y licenciosos. ¡Qué huilensidad, eso sí es hacer patria!
 
En ocho años, el MAVDT expidió cerca de 100 mil permisos (energéticos, mineros, de agro-combustibles, vías, etc.), que se traducen en una carta abierta para la destrucción de los más diversos ecosistemas en los cuatro puntos cardinales del territorio y hasta en la última de las cumbres de nuestras cordilleras andinas. ¿Y todo esto para qué? Para defender y beneficiar a las empresas multinacionales en el expolio de las riquezas nacionales a nombre de la llamada confianza inversionista. De esta manera, la señora Zapata adquirió poder en el MAVDT. Ahora, en el ocaso de su tarea impone el silencio en el despacho frente a las graves denuncias que desde distintos lugares del país se vienen formulando por las comunidades y organizaciones sociales y ambientales.
 
Es urgente establecer una veeduría que vigile directamente el comportamiento de estos funcionarios y se haga seguimiento riguroso a las acciones jurídicas (Populares, de Tutela, nulidad) en curso en los estrados judiciales, que buscan hacer prevalecer la constitución, defender los derechos de las personas, las comunidades, evitar el daño ambiental y ecológico y, como decía el ex gobernador Gómez Martínez, atajar el delito de lesa patria, y añadiríamos de lesa humanidad, que se consumaría de construirse  El Quimbo.

EL POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO DEBE CONVOCAR A VOTAR EN BLANCO EL 20 DE JUNIO DE 2010

“…Queridos conciudadanos, dijo el primer Ministro, el resultado de las elecciones que hoy se han realizado en la capital es el siguiente, partido de la derecha, ocho por ciento, partido del medio, ocho por ciento, partido de la izquierda, uno por ciento, abstenciones, cero, votos nulos, cero, votos en blanco ochenta y tres por ciento….”

                                                                

                                                                    José Saramago, en Ensayo sobre la lucidez

 

  

El Polo Democrático Alternativo en su Ideario de Unidad expresa su oposición radical al neoliberalismo que ha sumido a la humanidad en la peor crisis económica, social, política, cultural y ecológica.

 

En Colombia, los gobiernos neoliberales son los responsables de la degradante inequidad  social y la vulneración de los Derechos Humanos y el DIH agravados por la “confianza inversionista”, la “seguridad democrática” y la “cohesión social”, políticas del gobierno de Uribe para garantizar el control del territorio al servicio de los intereses del capital nacional y transnacional fundamentado en la “cultura mafiosa”: paraeconomía, (afán de enriquecimiento ilícito, concentración de la riqueza en las mafias, agro ingreso seguro), ecocidio, (proyectos viales, mineros, agrocombustibles, hidroeléctricos) parapolítica, (ejecuciones extrajudiciales, yidispolítica, clientelismo, corrupción, persecución sistemática del DAS a la oposición y órganos judiciales, desarraigo y desplazamiento forzado).

 

El PDA, producto de las luchas de resistencia social y de convergencia de sectores democráticos y de izquierda, condena el enfoque policial y militar de la “seguridad democrática” y propone la seguridad y libertad humanas construidas participativamente como ejes de la gobernabilidad democrática y la legitimidad institucional garantizando los DDHH, el DIH y los DESCA para todos los ciudadanos, como garantía de dignidad, sostenibilidad y  justicia social.

 

Nuestro programa de gobierno parte de reconocer que “Colombia es uno de los países más desiguales de América y que el sistema económico profundiza la inequidad, no genera trabajo productivo y destruye el medio ambiente”. La seguridad social es un negocio para unos pocos y no un derecho para todas y todos. La política está corrompida por la criminalidad y la violencia y, en muchas regiones, el Estado está cooptado por las mafias.

 

Nuestro propósito es desarrollar una política integral de desarrollo y paz que fortalezca el poder de los ciudadanos como sujetos de derechos; política centrada en el derecho al trabajo, la gratuidad y calidad de la salud, la educación, la recreación y el agua potable así como en transferir la tierra cultivable a los campesinos mediante la creación de Reservas Agroalimentarias subsidiadas por el Estado que garanticen soberanía, seguridad y autonomía alimentarias como condiciones mínimas para la superación del conflicto.

 

En tal sentido, privilegiamos las acciones de resistencia por la soberanía económica, política y militar, razón por la cual defendemos nuestro territorio, la biodiversidad natural y genética, y nos oponemos a la construcción de todo tipo de megaproyectos ecocidas a favor de las trasnacionales y, en especial, aquellos que atenten contra la producción autónoma de los campesinos, pequeños propietarios e indígenas y que destruyan nuestros ecosistemas.

 

Al reafirmar nuestro compromiso con el legado histórico democrático y de izquierda radical del POLO y nuestra coherencia programática que se expresó en el debate presidencial convocamos a VOTAR EN BLANCO reivindicando los siguientes puntos mínimos que fueron consensuados en la  Dirección Nacional del Polo y que en su integridad no son compartidos por el Partido Verde debido a nuestras profundas diferencias en las concepciones sobre el modelo económico y social”

 

1. La superación de la influencia de la mafia sobre el Estado Colombiano.

2. La verdad, justicia y reparación sobre los crímenes de lesa humanidad y el cese del hostigamiento al poder judicial, a los partidos de oposición y a los movimientos sociales.

3. La aplicación de una política para extinguir la propiedad de la tierra en manos del narcotráfico y las mafias, y su entrega a los campesinos, a las víctimas y a los desplazados.

4. Una nueva política de relaciones internacionales de Colombia basada en la soberanía política, económica y militar y fundada en el respeto a los principios del derecho internacional.

5. Creación de sistemas públicos en los que el trabajo, la salud y educación sean derechos humanos fundamentales.

 

6.  La defensa del territorio, la biodiversidad natural y genética y la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria y energética sustentables. (nuevo)

 

La campaña por el VOTO EN BLANCO privilegia la Movilización Ciudadana. En tal sentido, se propone una Jornada Nacional contra el Estado mafioso y por la Justicia Social, con anterioridad al 20 de junio, y la convocatoria al III Congreso Nacional del Polo.

 

El voto en blanco es un voto válido que debe ser contabilizado y podrá invalidar las elecciones si llega a ser la mitad más uno de los votos validos registrados. No pretendemos tal propósito jurídico. El voto en blanco representa, en la actual coyuntura electoral, resistencia civil contra el régimen político uribista y un mecanismo de construcción de democracia y cultura ciudadana

 

Miller A. Dussán Calderón

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