¿Por qué el MAVDT se ha convertido en una empresa de licencia de obras?

 
En días recientes pequeños y grandes propietarios de los predios que serían inundados por El Quimbo,  denunciaron las presiones indebidas y el acoso de los funcionarios de Emgesa  para que vendan sus fincas a los precios que les imponen y en las condiciones que a Emgesa conviene. Por estos hechos, conocidos en el terreno y de la voz de los campesinos,  Plataforma Sur solicitó un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT.
 
En la respuesta del MAVDT (oficio radicado 4120-E1-94099, del 27-07-2010, expediente 4090), quien fungía hasta ese momento como directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, la Ingeniera Diana Marcela Zapata Pérez, evade las denuncias y se limita a pedir un “listado de propietarios” que se hayan visto en la situaciones de presión, y de paso eludió hacer referencia a la denuncia según la cual  “el Ministerio de Ambiente viola el Artículo 23 de la Constitución Política al no resolver de fondo la petición para que se  expedida y se notifique a todos los afectados el Acto Administrativo, resultante de la visita de seguimiento a la Gestión Social de Emgesa, sobre identificación de impactos ocasionados por la aplicación de la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008”.
 
¿Por qué la jefa de Licencias del MAVDT se niega a responder sobre el Acto Administrativo de seguimiento a la Gestión Social de Emgesa que se realizó en octubre del 2009 y que estaba obligada a hacerlo? ¿Qué pasa en el Ministerio? ¿Terminó la era Uribe, de feria de licencias de obras o ese será otro de los huevitos que protegerá el gobierno de Juan Manuel Santos? Si eso es así, el juramento con los mamas de la Sierra Nevada que pronto Se quebrantó.
 
Existe una hipótesis sobre el comportamiento de la dama Zapata: La funcionaria es consciente de las irregularidades denunciadas por las comunidades, pero prefiere el silencio para mantener la impunidad, debido a su  compromiso directo con el gobierno de Uribe (ambos son paisas) y la transnacional Endesa-Emgesa de realizar el negocio a favor de intereses particulares contra el interés público, afectando al Huila y las comunidades, muy al contrario de la forma como se resolvió el proyecto Pescadero Ituango en Antioquia.
 
Mientras en el Huila se entrega parte del territorio a la transnacional Endesa-Emgesa (hoy ENEL) para la cuestionada construcción de El Quimbo, sin un solo peso de participación del Departamento y sus 37 municipios, los antioqueños no permitieron que el gobierno de Uribe vendiera parte sustancial de las acciones del Proyecto Pescadero Ituango a empresas particulares (“delito de lesa patria”, lo llamó el ex gobernador Gómez Martínez) y pactaron que la obra será construida, operada y administrada por las  Empresas Públicas de Medellín y su rentabilidad favorecerá a todos los Municipios de Antioquia, pues éstos son sus accionistas.
 
Claro, en el Huila el gobierno de Uribe y su gendarme de licencias en el MAVDT contó con el respaldo miope y egoísta de políticos clientelistas y gamonales, el director de la Cámara de Comercio, el aval del director de la CAM y hasta de académicos silenciosos y licenciosos. ¡Qué huilensidad, eso sí es hacer patria!
 
En ocho años, el MAVDT expidió cerca de 100 mil permisos (energéticos, mineros, de agro-combustibles, vías, etc.), que se traducen en una carta abierta para la destrucción de los más diversos ecosistemas en los cuatro puntos cardinales del territorio y hasta en la última de las cumbres de nuestras cordilleras andinas. ¿Y todo esto para qué? Para defender y beneficiar a las empresas multinacionales en el expolio de las riquezas nacionales a nombre de la llamada confianza inversionista. De esta manera, la señora Zapata adquirió poder en el MAVDT. Ahora, en el ocaso de su tarea impone el silencio en el despacho frente a las graves denuncias que desde distintos lugares del país se vienen formulando por las comunidades y organizaciones sociales y ambientales.
 
Es urgente establecer una veeduría que vigile directamente el comportamiento de estos funcionarios y se haga seguimiento riguroso a las acciones jurídicas (Populares, de Tutela, nulidad) en curso en los estrados judiciales, que buscan hacer prevalecer la constitución, defender los derechos de las personas, las comunidades, evitar el daño ambiental y ecológico y, como decía el ex gobernador Gómez Martínez, atajar el delito de lesa patria, y añadiríamos de lesa humanidad, que se consumaría de construirse  El Quimbo.