ARGUMENTOS PARA NO PARTICIPAR EN EL DIÁLOGO REGIONAL.

Foto: Expulsión y destrucción de Cambuches de víctimas de Enel Emgesa

El Movimiento Social Defensores del Territorio -DT- decidió NO PARTICIPAR en el Diálogo Regional convocado el 5 de noviembre en la Ciudad de Pitalito Huila, como protesta por la decisión del Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Tierras, de ordenar la expulsión de campesinos, víctimas de despojo no reconocidas por la transnacional Enel - Emgesa que decidieron recuperar el predio la Mesa del Pedernal ubicado en el Municipio del Agrado Huila de propiedad de la ANT, con destino a la restitución de tierras, como respuesta al incumplimiento del gobierno colombiano y la multinacional Enel – Emgesa de la restitución de la actividad productiva establecida en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que obliga la compra y adecuación con distrito de riego por gravedad de 2.700 has.

Los campesinos exigían la presencia del Presidente Gustavo Petro, los Ministerios de Ambiente y Agricultura, la ANT, la ANLA y los entes de control del Estado para establecer diálogos tendientes a exigir al Gobierno Nacional y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales hacer cumplir las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y ante la violación de los derechos de las víctimas del Quimbo “(i) a tener una vida digna, (ii) al mínimo vital y (iii) a la vivienda digna, (iv) al trabajo,  (v) a la seguridad alimentaria (vi) a un medio ambiente sano y (vii) a participación pública efectiva”, según la Sentencia T 135 de 2013 de la Corte Constitucional. Además, de la advertencia de la Comisión Internacional de Juristas que según el Informe sobre “El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia” concluyó que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

Otra justificación al exigir la presencia del Gobierno es la denuncia de la Contraloría General de la República formulada en el Informe de Auditoria (2020) de Cumplimiento de Obligaciones Ambientales establecidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- al Proyecto Hidroeléctrico al concluir que "como resultado de esta auditoría de cumplimiento, constituyó dieciocho (18) hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal", lo que demuestra la inoperancia de la ANLA y la connivencia con la empresa ENEL Emgesa.

La respuesta del gobierno nacional, que ha declarado que frente a los conflictos sociales se dará prioridad al diálogo social, fue ordenar a través de la Agencia Nacional de Tierras la expulsión de las víctimas de desplazamiento forzado del Quimbo, orden que se cumplió el 26 de octubre y que los campesinos se vieron obligados a retirarse pacíficamente cuando fueron amenazados de ser agredidos por la fuerza pública, negándoles su derecho a la protesta y su disposición al diálogo.

Para Defensores del Territorio, no tiene sentido participar en el Diálogo Regional después de la expulsión de los campesinos organizados en el Comité municipal de Usuarios campesinos del Municipio del Agrado, entre los que se cuentan miembros de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, a quienes se les negó su disposición al diálogo como opción a la solución del conflicto, ante la evidencia de que el Estado es responsable por no cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar los derechos de ciudadanos victimas del despojo y el ecocidio.

Dejamos constancia que con anterioridad a nuestra decisión de no participar como Movimiento Social, reconocido por la Defensa de la Vida y el Territorio, realizamos la inscripción de nuestra ponencia denominada AGENDA MÍNIMA EN EL CONTEXTO DEL DIÁLOGO REGIONAL, producto de consensos entre ACTORES SOCIALES EN RESISTENCIA y nuestro compromiso por Un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades, La Autonomía y Poder Territorial, cuya prioridad es garantizar la participación de las comunidades en la reorganización de los territorios “enmarcados en la articulación, coherencia y concordancia de los aspectos ambientales, geográficos, urbanísticos y socio económicos” y La Paz con Justicia Socioambiental contra la paz corporativa para el control militar imperial de los territorios y la financierización de la naturaleza.

 Movimiento Social Defensores del Territorio

Enel: la monopolización de la generación y distribución de energía en Colombia.

En entrevista publicada en el periódico La Nación, hoy 16 de octubre,  el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, confirmó el interés de la transnacional por comprar la Electrificadora del Huila y la promesa de si se concreta el negocio, la región recibirá “dividendos” mucho mayores a “los que jamás ha recibido”.

Expresó que la decisión del Grupo Energía Bogotá y su socio Enel de quedarse con la Electrificadora del Huila, depende del Ministerio de Hacienda quien recientemente anunció la venta de los activos de la nación en las empresas electrificadoras regionales, incluida la del Huila, para obtener recursos adicionales para la Reforma Tributaria.

La monopolización privada de la generación energética en el Huila inició con el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y se consolidó con el control por parte de ENEL del denominado Grupo Energía de Bogotá al registrar el mayor número de acciones y la reciente expansión con el negocio de las energías renovables como en la Guajira "que tiene un enorme potencial por su viento y su radiación solar", entre otros.

Además, de llegar a apropiarse de la Electrificadora del Huila, se propone "poder electrificar muchas regiones cafeteras" dada la riqueza hídrica, es decir, se proyecta la construcción de nuevas represas como las 7 más para el Departamento incluidas en el Plan Master de Privatización del Río Magdalena que está suspendido como consecuencia de las resistencias de Asoquimbo articuladas con otros sectores Defensores del Territorio.

Lo más irónico es prometer que la región recibirá “dividendos” mucho mayores a “los que jamás ha recibido”, como si la memoria de despojo de las comunidades, el ecocidio, la destrucción de la productividad agrícola y pesquera y el incumplimiento de la mayoría de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del Proyecto El Quimbo, como la restitución de la actividad productiva, se nos hubiera olvidado.

Lo más grave es que con la monopolización de la generación y distribución energética por parte de ENEL, se confirma que la transición energética queda reducida a la diversificación de las  diferentes fuentes de energía (carbón, gas, hidroelectricidad solar, eólica, etc) como  se deriva de la entrevista al Señor Ortega,  según el cual  "es importante corregir la retórica de la transición energética ..debido a que el problema de Colombia en cuanto al cambio climático no es el sector eléctrico que es limpio" contra todas las evidencias científicas. Y agrega que el debate en materia energética, es la deforestación causada por pastizales y ganadería, como si las represas que hacen parte del modelo extractivista, no fueran responsables de la destrucción de los ecosistemas y la contaminación por descomposición de la biomasa y la emisión de gas metano, que se suman a la crisis climática. 

Con la privatización de la Electrificadora del Huila, como parte de la monopolización del sector energético, se suma al negocio de la mercantilización y financiarización de la naturaleza a través del mercado y los bonos carbono debido a que ENEL, en connivencia con el Gobierno, se viene apropiando del Macizo Colombiano.

¿Cuál es la postura de sectores progresistas y ambientalistas del Pacto Histórico frente a la privatización de la Electrificadora del Huila por parte del Grupo Energía de Bogotá y su socio mayoritario ENEL, después de que el Ministro de Hacienda afirmara que venderá sus acciones y con relación al negocio de los bonos carbono en el Macizo Colombiano que quedaría reducido al igual que la Amazonía en un simple “sumidero de Carbono”?

Al gobierno Departamental sólo le interesa “aumentar su participación” en el negocio, similar a lo que pretendía con El Quimbo, pero fue víctima de la estafa.

El Movimiento Social Defensores del Territorio MSDT, ratifica su decisión de convocar a movilizaciones contra la privatización de la Electrificadora y el negocio de los Bonos Carbono a favor de la ecocida y criminal transnacional Enel y reafirma su voluntad de continuar luchando por una transición energética pública, comunitaria, democrática y justa.

Miller Dussán Calderón

Coordinador MSDT

EL MACIZO COLOMBIANO: DISPUTA POR EL CONTROL TERRITORIAL

Foto. Movilización "El Río de la vida"

En la disputa por el control del Macizo entre el Estado asociado al Capital y la Defensa del mismo por los movimientos sociales se expresan dos visiones: la ecorregión y el territorio hidrosocial.

La Segunda Expedición Técnica y Científica al Macizo Colombiano, realizada en 2015, buscó incidir en la promulgación del documento CONPES 3915 (16 de enero/2018) que establece que éste ecosistema es una “ecorregión” y “una región estratégica para el país. La convergencia orográfica, [... la riqueza ecosistémica y su tipo de suelo generan...] condiciones especiales que favorecen la regulación hídrica y el mantenimiento de una alta riqueza biológica, paisajística y cultural”.

El CONPES Macizo es producto de los Planes Nacionales de Desarrollo a partir de los gobiernos de Uribe y Santos, marcados por la presencia de grandes multinacionales mineras avaladas por el Estado y por la implementación de los denominados “objetivos del desarrollo sostenible” y establece tres estrategias relacionadas con la protección, recuperación y manejo de los ecosistemas, consolidar sistemas productivos sostenibles y fortalecer la gobernanza del Macizo a través de las Alianzas Público Privadas para el logro del “crecimiento verde”, razón por la cual, este modelo de ecorregión se reduce a mitigar daños ambientales producto de actividades agropecuarias y minero-energéticas, legales e ilegales y su mayor preocupación es la apropiación de las funciones de la naturaleza como el ciclo hídrico y el aire, que son Bienes comunes, a nombre de  “servicios ecosistémicos” para el control territorial lo que implica despojo y ecocidio.

Para los movimientos campesinos e indígenas, especialmente del Cauca y Nariño, la lucha por el territorio es una acción cultural por la autonomía y autodeterminación. No reconocen las expediciones ni el CONPES como espacios de conocimiento y reconocimiento del territorio, debido a que su relación con éste se da en consonancia con su plan de vida. Para estas comunidades su relación con el agua, va dando forma al territorio hidrosocial, con distintas visiones sobre el agua como derecho y Bien Natural y Cultural Común y no como un simple “servicio ecosistémico” al servicio del capital corporativo financiero.

Desde la visión hidrosocial el territorio es “intercultural” donde existe una presencia significativa de comunidades indígenas (10%) y afrodescendientes (7 %) y un alto porcentaje de población campesina y mestiza (83 %) que desde sus prácticas han trasformado y apropiado el Macizo convirtiéndolo no solamente en un espacio clave por su riqueza natural y ambiental sino también por las prácticas culturales y encuentros interétnicos que se entretejen en el mismo. Estos grupos poblacionales poseen tierras muy ricas para la agricultura en ecosistemas muy frágiles, afectados por procesos de colonización y amenazados por la locomotora minera, la cual continúa avanzando como columna vertebral del modelo de desarrollo de Colombia.

La construcción social del territorio hidrosocial e intercultural significa potenciar la capacidad de auto organización y movilización en torno a Proyectos colectivos donde se reivindica el derecho al agua contra la creciente expansión de proyectos mineros, los cuales son uno de los factores que más está afectando y transformando las relaciones entre agua, sociedad y Estado en el Macizo, amenazando todo el potencial hídrico.  Es importante resaltar la apuesta por los Territorios Agroecológicos, las Zonas de Reserva Campesina o  los Cabildos Indígenas.

Desde el Movimiento Social Defensores del Territorio y Asoquimbo se viene impulsando una “Cumbre de Movimientos Sociales” en defensa de la Amazonía y el Macizo Colombiano que tiene como antecedentes recientes las resistencias sociales contra la privatización del río Magdalena materializada en acciones como “El Manifiesto de Unidad por la Defensa del Territorio” (mayo de 2013) donde uno de los compromisos fue defender el agua, el Macizo y las Comunidades; “El Río de la Vida”, movilización que realizamos en marzo de 2015  por la Defensa del Territorio,  el río Magdalena desde el Macizo Colombiano hasta La Dorada que incidió en la suspensión del Plan Master que contempla 17 represas,(7 más para el Huila) y en la aprobación de 11 Acuerdos municipales contra proyectos hidroeléctricos, de hidrocarburos y minería a gran escala y el Decreto 0489 de la gobernación del Huila “Por el cual se conforma la Mesa Temática para la protección del medio ambiente, el agua y el territorio”; Macroproyecto Acompañamiento al proceso organizativo de Defensa de la Cuenca del Río Magdalena para la garantía y restablecimiento de los - DESCA - de los afectados por la Política Minero Energética en la zona centro y Sur del Departamento del Huila; foros sobre Bonos Carbono y compra de tierras en el Macizo y acciones que lograron la suspensión del Plan Minero impuesto por la Agencia Nacional de Minería para el Huila, entre otros.

Desde las organizaciones sociales se está preparando de manera autónoma la Cumbre en Defensa de la Amazonía y el Macizo, por tanto, se rechaza cualquier convocatoria desde la institucionalidad cuya única pretensión es fortalecer las acciones propuestas en el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) del CONPES para implementar las estrategias de mercantilización y militarización de la naturaleza a nombre de la lucha contra el “cambio climático”, en el marco del capitalismo verde.

AGENDA MÍNIMA EN EL CONTEXTO DEL DIÁLOGO REGIONAL

El Movimientos Social Defensores del Territorio del Huila parte de considerar que la esencia de la política es la autoorganización y la democracia directa que se expresa en múltiples formas de resistencia para avanzar en la construcción de una comunidad ecosocial y el Poder Popular Territorial como alternativa a la crisis civilizatoria y del capitalismo causante del caos climático y las pandemias. En ese sentido, la política desborda los límites estrechos de la democracia representativa y, en consecuencia, dada su naturaleza autónoma, la relación con el Gobierno es de interlocución directa o a través de los Diálogos Regionales como parte del fortalecimiento de las organizaciones sociales por la defensa de la vida y los territorios.

La Agenda que se propone está estructurada en 3 ejes temáticos:

Primero, Un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades; sustentado en otras alternativas como la energía solar, eólica, geotérmica, cogeneración y biomasa, entre otras, que no afecten los derechos fundamentales individuales y colectivos y, especialmente, el ambiente sano.

Segundo, Autonomía y Poder Territorial, cuya prioridad es garantizar la participación de las comunidades en la reorganización de los territorios “enmarcados en la articulación, coherencia y concordancia de los aspectos ambientales, geográficos, urbanísticos y socio económicos” de la Constitución Política de 1991 para lo cual es fundamental avanzar en la creación de las “ocho regiones histórico-culturales o Regiones Territoriales plenas (RET) que nos distinguen en el mundo, que están integradas y dependen unas de otras para el mejoramiento económico y bienestar social”, como las propuso el Maestro Fals Borda y que implica promover la reforma de los Artículos 306 y 307 de la carta para desligar la creación de las RETs de la existencia de departamentos.

Tercero, Paz con Justicia Socioambiental contra la paz corporativa, que demanda participar en la construcción de la Paz con Justicia Socioambiental para el Buen Vivir contra la paz corporativa extractivista neoliberal que se viene imponiendo a través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos y de las ZIDRES.

En el siguiente link, encontrarán la propuesta completa que debe ser objeto de estudio y socialización como una contribución, entre otros, a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno encabezado por Gustavo Petro.

https://docs.google.com/document/d/1VeeKwkFcyaDAP9DAQKBVpAAKrQZMF1_t/edit?usp=sharing&ouid=103833015804631240239&rtpof=true&sd=true

Asoquimbo confía en que el Gobierno de Petro garantizará la reparación de las víctimas y exigirá el cumplimiento de las compensaciones establecidas en la Licencia Ambiental del PH El Quimbo

 

Una de las gestiones importantes realizada por Gustavo Petro cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá fue el envió de una Comisión de Funcionarios designada por la Gerente de las Empresas de Energía de Bogotá, Mónica de Greiff, para inspeccionar las obras de El Quimbo, con “el ánimo de atender las demandas hechas por la población de esta zona del país y de ser necesario suspendería las obras del Quimbo hasta tanto no se cumplieran con las compensaciones, debido a que la Empresa de Energía de Bogotá -EEB- participa del negocio”.

Al respecto La Sillavacía publicó, el 8 de marzo de 2012, un artículo titulado “El Quimbo: la paradoja de Petro” en el cual expresa que “lo paradójico es que Petro…podría terminar poniendo los 400 millones de dólares que implica la participación del Distrito en El Quimbo, por encima de los conflictos sociales, para utilizar los rendimientos en su plan de gobierno. La pregunta clave es si realmente Petro puede dar la pelea para frenar la construcción de El Quimbo, como lo quieren varios ambientalistas. Sin lugar a dudas Petro se va a ir contra El Quimbo. Pero de hacerlo tendría que enfrentarse con dos grandes problemas, uno jurídico y otro político”.

Los dos grandes problemas fueron un obstáculo que impidieron la “suspensión de las obras del Quimbo hasta tanto no se cumplieran con las compensaciones”.

Sin embargo, ahora como presidente puede intervenir directamente para garantizar la reparación de las víctimas teniendo en cuenta que la Comisión Internacional de Juristas en su Informe sobre “El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia” concluyó que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

El Movimiento Social Defensores del Territorio y Asoquimbo, en carta dirigida a la Ministra de Ambiente, Susana Muhamed solicitó la realización de una reunión inmediata en Bogotá o en Neiva con el propósito de buscar soluciones a la grave problemática socioambiental generada por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -PHEQ- y la política  minero energética que viene amenazando la autonomía de las poblaciones para decidir sobre el uso del suelo y subsuelo y, específicamente:

1)      Garantizar la entrega de 2700 hectáreas con Distritos de Riego por gravedad en producción a poblaciones victimas de Enel Emgesa, tal como lo estableció la Licencia Ambiental

2)      Dar cumplimiento al Decreto 1277 de 2013 que estableció un programa de adjudicación de Tierras con prioridad para víctimas del Quimbo y garantizar la creación de una Zona de Reserva Campesina, donde se privilegie la agroecología a cambio de la agroindustria.

3)      Garantizar la reparación de los daños causados al departamento por la destrucción de las actividades agrícolas equivalentes a 30.000 toneladas de alimentos, que han dejado pérdidas anuales cercanas a los 50 mil millones de pesos.

4)      Dar cumplimiento a la Sentencia T 135/13 de la Corte Constitucional de restitución de los derechos constitucionales vulnerados a todas las poblaciones victimas del Megaproyecto El Quimbo.

5)      Dar cumplimiento a las compensaciones ambientales y reparar a los pescadores y mineros artesanales por los daños causados por la destrucción de su actividad productiva y la contaminación del Río Magdalena.

 

 

Gobierno del Huila comparte modificar Licencia del Quimbo sobre restitución de la actividad productiva.

Ilustración Asoquimbo

 El 24 de junio de 2022 la gobernación del Huila envió oficio al presidente Iván Duque y otros funcionarios sobre “Cumplimiento de obligaciones de la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo”.

En el documento se registra que “el Departamento del Huila, en aras de facilitar la compensación de las 427 personas que en la actualidad no la han recibido como se establece en la Licencia Ambiental, estaría de acuerdo con una modificación concertada de la licencia y el documento de cooperación, que posibilite la compensación con la entrega de un dinero equivalente al valor de la compensación que le corresponde de acuerdo con la Licencia Ambiental” y agrega que “con el fin de avanzar  en el cumplimiento de la obligación establecida en la licencia ambiental, relacionada con la adquisición y adecuación de 2700 has con riego, el Departamento del Huila no descarta la posibilidad de que se adelante una modificación del acuerdo de Cooperación y la Licencia Ambiental con el objeto de concertar un precio de la tierra y de su adecuación con miras a que, dichos valores sean transferidos a los municipios del área de influencia, según el porcentaje de afectación…”

El 6 de septiembre de 2018 el presidente Duque instaló la Comisión de Seguimiento a los incumplimientos de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Asoquimbo participó inicialmente como integrante de la misma pero se retiró por dos razones. Primero, el no reconocimiento de representantes de todas las poblaciones afectadas lo que permitía al gobierno mantener mayorías a favor de Emgesa. Dos, debido a que se desvió el propósito de la Mesa de hacer cumplir con las compensaciones sobre restitución de la actividad productiva.

Es un hecho que la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- con el respaldo del gobierno Departamental y Alcaldes de la Zona de influencia, a cambio de hacer cumplir lo establecido en la Licencia Ambiental, han estado de acuerdo con su modificación, como se expresa en el oficio del gobernador al presidente, en contra de todas las evidencias que corroboran la presencia de tierras aptas (suelo y agua) para la adecuación con riego en los municipios del AID. Uno de ellos, corresponde al estudio realizado y presentado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM^[1] en el año 2019, “donde se determina la existencia de más de 17.718,95 hectáreas aptas para riego por gravedad”. El otro estudio, es el Plan Departamental de Riego del Huila 2022-2039, elaborado por la UPRA en Convenio con la Gobernación del Huila^[2] “donde se estiman más de 59.955,8 hectáreas aptas para riego en los municipios del AID”.

Ya en el año 2010, en un estudio realizado con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, cofinanciado por EMGESA, se relacionan los predios y describen 7.907 hectáreas viables para adecuación de tierras con destino al programa de reasentamiento (2.500 ha) y las que debían ser adquiridas por el Gobierno Nacional y adecuadas con riego por EMGESA (2.700 ha). Este estudio se hizo para justificar que existía la garantía de restitución de la actividad productiva que fue una de las condiciones para otorgar la Licencia debido a que la Procuraduría Ambiental había solicitado al Ministerio de Ambiente abstenerse de concederla y una de las razones era la dificultad de encontrar tierras en el Huila semejantes a las que serían inundadas.

Sin embargo, Emgesa niega los estudios al confirmar que “ante la evidencia de escasez de la oferta hídrica para riego por gravedad en predios del centro del departamento del Huila, o la negativa de venta de algunos predios, no ha sido posible avanzar con la adecuación”. El mismo gobierno departamental sostiene que “Emgesa está presionando a las comunidades para modificar la licencia y tratar de pagar lo menos posible”, razón por la cual, no es comprensible el interés de ceder a cambiarla cuando se cuenta con todos los estudios para exigir que se cumpla a cabalidad como ya está establecido.

Ahora, cuando se ha posesionado el nuevo gobierno y después de conocerse públicamente el documento que Asoquimbo entregó a la Ministra de Ambiente Susana Muhamed, donde se solicita, entre otros, su intervención inmediata para que se cumpla con todas las obligaciones establecidas en la misma y se logró una Acuerdo con el presidente de la Cámara, David Racero de convocar a un debate de control político sobre el PH El Quimbo aparece el asesor del Gobierno Departamental dando declaraciones como las publicadas en el Diario del Huila titulado "Gobierno entrante, una nueva esperanza para los afectados por El Quimbo" expresando que han defendido a las víctimas y los intereses del Huila, cuando no solo se tergiversan los hechos, sino que se oculta que en el reciente Oficio enviado al gobierno nacional ACEPTA la modificación de la Licencia bajo el supuesto de hacer cumplir la obligación de restitución de la actividad productiva.

Ese interés protagónico del asesor Roa tiene otra pretensión perversa. Desconocer una vez más la resistencia social orientada por Asoquimbo durante 12 años, como lo viene haciendo el Gobernador Luis Enrique Dussán quien durante su gobierno, con la anuencia de su secretario de Agricultura, Dilberto Trujillo, se ha negado a interlocutar con la organización, debido a que durante su campaña electoral como aspirante al cargo, Asoquimbo denunció con evidencias que había estado de acuerdo con otorgar la licencia ambiental al Quimbo al considerar que se trataba de "un gran negocio".

Asoquimbo ya está concertando gestiones para su encuentro con la Ministra de Ambiente y la realización del debate de control político en el Congreso sobre El Quimbo.

 

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[1] Informe de la CAM a la mesa técnica de la comisión nacional de seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, presentado a la comisión nacional de seguimiento 2019, página 2.

[2] Plan Departamental de Riego del Huila 5.9.1 Tierras Aptas para Riego, Tabla 5-5 Aptitud de las tierras para riego por clase en cada municipio Hojas 40-42.

EL ACUERDO DE ESCAZU UN INSTRUMENTO PARA FORTALECER LAS RESISTENCIAS SOCIALES.

El Senado de la República, con 74 votos a favor y 22 en contra, aprobó en segundo debate el proyecto de ley sobre ratificación del ingreso de Colombia al tratado internacional vinculante Acuerdo de Escazú,  que se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fue adoptado el 4 de marzo de 2018, considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y El Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la  toma de decisiones, el acceso a la justicia en el ámbito ambiental y  la protección de defensores del ambiente.

Los opositores al acuerdo de los particos Cambio Radical y el Centro Democrático coinciden en que "puede causar efectos en la inversión porque pone en tela de juicio la seguridad jurídica de sectores económicos del país y puede aumentar los tiempos de licenciamiento”. El rechazo al Acuerdo obedece a que su única preocupación es que pueda afectar los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y nacionales que cuentan con todas las garantías para el desarrollo de sus proyectos extractivos (minero energéticos, agronegocios, mercados carbono) para la acumulación de riquezas que ha sido posible mediante el despojo de las comunidades, el asesinato de líderes sociales, la destrucción de los ecosistemas y de los ciclos naturales.

En el prefacio se afirma que el Acuerdo “contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo.. asegurando la participación del público en todas las decisiones que los afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad”.

Parte del supuesto, según el cual es “falsa la dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico” y que posibilita la lucha contra el cambio climático, contrario a los argumentos de sectores ambientalistas que sostienen que no hay solución a la crisis ecológica en el marco del capitalismo de su productivismo y consumismo, del mercado, porque su lógica absurda y perversa de acumulación conduce inevitablemente a la ruptura de los equilibrios ecológicos y a la destrucción de los ecosistemas.

No obstante la contradicción señalada anteriormente, el Acuerdo crea mejores condiciones para  la protección de los derechos de las “víctimas del desarrollo” y de las personas en general y es un estímulo para que las comunidades y los pueblos se movilicen y decidan de manera autónoma sobre sus proyectos de vida a nivel regional y local contra la invasión de proyectos extractivistas, entre ellos, los de minería  que se vienen imponiendo a nivel municipal en el país, mediante acuerdos secretos entre la Agencia Nacional de Minería y los alcaldes municipales o los de reforestación y conservación que hacen parte del negocio financiero de los  “mercados carbono”  a favor de transnacionales que vienen convirtiendo nuestra biodiversidad natural (Selvas, Macizos, Serranías) en una mercancía como “simples sumideros de carbono” que prestan “servicios ecosistémicos” que se cubren con la estafa de los Pagos por Servicios Ambientales”, convirtiendo a los campesinos e indígenas en “guarda bosques” o en la nueva fuerza de trabajo que se explota ofreciendo una bonificación mínima por vincularse a la mercantilización de la naturaleza al servicio del capital.

Corresponde al nuevo gobierno la adecuación de la normatividad al nuevo tratado, entre ellas, la de la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones como las Consultas Populares, que implica, entre otros, establecer que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera” como lo establecía la Sentencia T 445 /16 de la Corte Constitucional.

Los Movimientos Sociales cuentan con este Acuerdo que desde ya hay que hacerlo efectivo frenando a través de acciones de resistencia todos los megaproyectos extractivos minero energéticos e impulsando una transición ecológica y energética soberana, democrática, pública y comunitaria que debe estar centrada en la gente y el planeta, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza.

 

 

¿Los congresistas estarán dispuestos a reformar su augusto cuerpo legislativo?

 

El Pacto Histórico anunció que el 26 de julio radicará el Proyecto de Ley sobre Reforma al Congreso.

Se supone que la iniciativa debe ser sometida a un gran debate y movilización nacional y no a un acuerdo por arriba.

Debe ser parte de una Reforma Laboral que se fundamente en el principio "de cada quién según su capacidad a cada quien según su trabajo", razón por la cual quienes fueron elegidos como representantes del pueblo al servicio del interés público no pueden gozar de un Régimen Especial de privilegios aprobados por los mismos parlamentarios muchos de los cuales son dueños y/o accionistas de grandes empresas privadas nacionales y/o transnacionales o del sistema financiero.

Si el Congreso tiene la potestad de legislar, la reforma debe regir a más tardar a partir de enero del 2023 y no para los futuros legisladores como se informa a través de los medios.

No se trata simplemente de una reducción del salario cuantificado en 25 mínimos. Todo lo contrario, debe ser parte del establecimiento de un Salario Básico Profesional asociado a una Reforma constitucional que establezca la obligatoriedad de la Educación Pública hasta la obtención de un titulo de pregado universitario y que se reconozca también a quienes sin poseer titulos profesionales cuenten con una amplia experiencia y saberes propios de la diversidad cultural.

El trabajo dedicado a legislar debe ser igual al exigido para cualquier empleado o trabajador equivalente a 8 horas diarias de lunes a viernes y vacaciones de 15 días hábiles al año.

El Régimen pensional debe ser igual al de los demás empleados públicos y deben suprimirse las primas especiales, gastos de representación, entre otros.

Los costos de las UTL de 40 millones por Congresista deben modificarse, una por Bancada,  que garantice la financiación requerida para la contratación de equipos de investigación interdisciplinarios reconocidos de universidades públicas y/o centros especializados que son necesarios para apoyar el estudio de las Reformas producto de iniciativas colectivas y no individuales.

Las UTL por congresista se han convertido en estímulos a la corrupción y fuentes de negociación para lograr respaldos electorales o transacciones para favorecer a "amigos o familiares.

La reforma también debe limitar la reelección a dos periodos sea inmediata o posterior y garantizar la equidad de género en igualdad de condiciones.

El ausentismo debe ser penalizado no sólo con la pérdida de investidura sino del ejercicio de funciones públicas de por vida.

Una reforma al congreso no puede establecer privilegios para quienes fueron elegidos como servidores públicos que deben ser ejemplo de dedicación al trabajo y de transparencia en la toma de decisiones en cumplimiento de las obligaciones de garantizar todos los derechos establecidos en la Constitución en igualdad de condiciones para todos.

El elegido, al conocer que no cuenta con privilegios, estará motivado por el interés de servir al pueblo y no a nivel personal de apropiarse los bienes públicos o de legislar a favor suyo, de su familia o de grupos de aduladores suborninados.

En otros términos, deben tener claro que fue elegido para obedecer al constituyente primario y no para mandar como si los electores fuesen sus esclavos.

Es evidente que una Reforma en los términos planteados será objeto de rechazo, incluso por la mayoría de los parlamentarios, incluidos del Pacto Histórico, que se hicieron elegir a codazos a través de listas cerradas, sin mayor respaldo popular, motivados por los privilegios, con énfasis en lo económico, de que gozan los congresistas.

Lo más probable es que se aprueben unas reformas mínimas a partir de 2026 que no los afecta pero pensando en su reelección.

Por esa razón, la convocatoria que hace Petro de realizar actos culturales en todas las plazas públicas municipales el 7 de agosto deben convertirse en el inicio de las grandes movilizaciones sociales exigiendo que todas las propuestas de Reformas sean producto del debate desde los movimientos sociales territoriales y no desde arriba en pactos secretos estimulados por "mermeladas".

Ninguna reforma a favor del pueblo ha sido aprobada por el Congreso sin la resistencia social.

Ante la imperiosa necesidad de reformas sociales como la Agraria Integral hay que iniciar por la recuperación de tierras o la del sistema educativo, movilizando desde ya a todos los actores sociales.

Ejemplos recientes lo confirman como los levantamientos populares contra la Tributaria de Carrasquilla; las acciones estudiantiles que lograron matrícula cero o las grandes rebeliones contra el neoliberalismo, destacando la participación de los jóvenes, las guardias indígenas, organizaciones defensoras del territorio contra el modelo extractivista, que fueron decisivos en ampliar la representación parlamentaria progresista y en la elección del nuevo Gobierno en cabeza de Petro Francia.