ARGUMENTOS PARA NO PARTICIPAR EN EL DIÁLOGO REGIONAL.

Foto: Expulsión y destrucción de Cambuches de víctimas de Enel Emgesa

El Movimiento Social Defensores del Territorio -DT- decidió NO PARTICIPAR en el Diálogo Regional convocado el 5 de noviembre en la Ciudad de Pitalito Huila, como protesta por la decisión del Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Tierras, de ordenar la expulsión de campesinos, víctimas de despojo no reconocidas por la transnacional Enel - Emgesa que decidieron recuperar el predio la Mesa del Pedernal ubicado en el Municipio del Agrado Huila de propiedad de la ANT, con destino a la restitución de tierras, como respuesta al incumplimiento del gobierno colombiano y la multinacional Enel – Emgesa de la restitución de la actividad productiva establecida en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que obliga la compra y adecuación con distrito de riego por gravedad de 2.700 has.

Los campesinos exigían la presencia del Presidente Gustavo Petro, los Ministerios de Ambiente y Agricultura, la ANT, la ANLA y los entes de control del Estado para establecer diálogos tendientes a exigir al Gobierno Nacional y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales hacer cumplir las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y ante la violación de los derechos de las víctimas del Quimbo “(i) a tener una vida digna, (ii) al mínimo vital y (iii) a la vivienda digna, (iv) al trabajo,  (v) a la seguridad alimentaria (vi) a un medio ambiente sano y (vii) a participación pública efectiva”, según la Sentencia T 135 de 2013 de la Corte Constitucional. Además, de la advertencia de la Comisión Internacional de Juristas que según el Informe sobre “El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia” concluyó que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

Otra justificación al exigir la presencia del Gobierno es la denuncia de la Contraloría General de la República formulada en el Informe de Auditoria (2020) de Cumplimiento de Obligaciones Ambientales establecidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- al Proyecto Hidroeléctrico al concluir que "como resultado de esta auditoría de cumplimiento, constituyó dieciocho (18) hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria y cuatro (4) con presunta incidencia penal", lo que demuestra la inoperancia de la ANLA y la connivencia con la empresa ENEL Emgesa.

La respuesta del gobierno nacional, que ha declarado que frente a los conflictos sociales se dará prioridad al diálogo social, fue ordenar a través de la Agencia Nacional de Tierras la expulsión de las víctimas de desplazamiento forzado del Quimbo, orden que se cumplió el 26 de octubre y que los campesinos se vieron obligados a retirarse pacíficamente cuando fueron amenazados de ser agredidos por la fuerza pública, negándoles su derecho a la protesta y su disposición al diálogo.

Para Defensores del Territorio, no tiene sentido participar en el Diálogo Regional después de la expulsión de los campesinos organizados en el Comité municipal de Usuarios campesinos del Municipio del Agrado, entre los que se cuentan miembros de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, a quienes se les negó su disposición al diálogo como opción a la solución del conflicto, ante la evidencia de que el Estado es responsable por no cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar los derechos de ciudadanos victimas del despojo y el ecocidio.

Dejamos constancia que con anterioridad a nuestra decisión de no participar como Movimiento Social, reconocido por la Defensa de la Vida y el Territorio, realizamos la inscripción de nuestra ponencia denominada AGENDA MÍNIMA EN EL CONTEXTO DEL DIÁLOGO REGIONAL, producto de consensos entre ACTORES SOCIALES EN RESISTENCIA y nuestro compromiso por Un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades, La Autonomía y Poder Territorial, cuya prioridad es garantizar la participación de las comunidades en la reorganización de los territorios “enmarcados en la articulación, coherencia y concordancia de los aspectos ambientales, geográficos, urbanísticos y socio económicos” y La Paz con Justicia Socioambiental contra la paz corporativa para el control militar imperial de los territorios y la financierización de la naturaleza.

 Movimiento Social Defensores del Territorio