Asoquimbo confía en que el Gobierno de Petro garantizará la reparación de las víctimas y exigirá el cumplimiento de las compensaciones establecidas en la Licencia Ambiental del PH El Quimbo

 

Una de las gestiones importantes realizada por Gustavo Petro cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá fue el envió de una Comisión de Funcionarios designada por la Gerente de las Empresas de Energía de Bogotá, Mónica de Greiff, para inspeccionar las obras de El Quimbo, con “el ánimo de atender las demandas hechas por la población de esta zona del país y de ser necesario suspendería las obras del Quimbo hasta tanto no se cumplieran con las compensaciones, debido a que la Empresa de Energía de Bogotá -EEB- participa del negocio”.

Al respecto La Sillavacía publicó, el 8 de marzo de 2012, un artículo titulado “El Quimbo: la paradoja de Petro” en el cual expresa que “lo paradójico es que Petro…podría terminar poniendo los 400 millones de dólares que implica la participación del Distrito en El Quimbo, por encima de los conflictos sociales, para utilizar los rendimientos en su plan de gobierno. La pregunta clave es si realmente Petro puede dar la pelea para frenar la construcción de El Quimbo, como lo quieren varios ambientalistas. Sin lugar a dudas Petro se va a ir contra El Quimbo. Pero de hacerlo tendría que enfrentarse con dos grandes problemas, uno jurídico y otro político”.

Los dos grandes problemas fueron un obstáculo que impidieron la “suspensión de las obras del Quimbo hasta tanto no se cumplieran con las compensaciones”.

Sin embargo, ahora como presidente puede intervenir directamente para garantizar la reparación de las víctimas teniendo en cuenta que la Comisión Internacional de Juristas en su Informe sobre “El Quimbo: megaproyectos, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia” concluyó que “Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición”.

El Movimiento Social Defensores del Territorio y Asoquimbo, en carta dirigida a la Ministra de Ambiente, Susana Muhamed solicitó la realización de una reunión inmediata en Bogotá o en Neiva con el propósito de buscar soluciones a la grave problemática socioambiental generada por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -PHEQ- y la política  minero energética que viene amenazando la autonomía de las poblaciones para decidir sobre el uso del suelo y subsuelo y, específicamente:

1)      Garantizar la entrega de 2700 hectáreas con Distritos de Riego por gravedad en producción a poblaciones victimas de Enel Emgesa, tal como lo estableció la Licencia Ambiental

2)      Dar cumplimiento al Decreto 1277 de 2013 que estableció un programa de adjudicación de Tierras con prioridad para víctimas del Quimbo y garantizar la creación de una Zona de Reserva Campesina, donde se privilegie la agroecología a cambio de la agroindustria.

3)      Garantizar la reparación de los daños causados al departamento por la destrucción de las actividades agrícolas equivalentes a 30.000 toneladas de alimentos, que han dejado pérdidas anuales cercanas a los 50 mil millones de pesos.

4)      Dar cumplimiento a la Sentencia T 135/13 de la Corte Constitucional de restitución de los derechos constitucionales vulnerados a todas las poblaciones victimas del Megaproyecto El Quimbo.

5)      Dar cumplimiento a las compensaciones ambientales y reparar a los pescadores y mineros artesanales por los daños causados por la destrucción de su actividad productiva y la contaminación del Río Magdalena.