EL ACUERDO DE ESCAZU UN INSTRUMENTO PARA FORTALECER LAS RESISTENCIAS SOCIALES.

El Senado de la República, con 74 votos a favor y 22 en contra, aprobó en segundo debate el proyecto de ley sobre ratificación del ingreso de Colombia al tratado internacional vinculante Acuerdo de Escazú,  que se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fue adoptado el 4 de marzo de 2018, considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y El Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la  toma de decisiones, el acceso a la justicia en el ámbito ambiental y  la protección de defensores del ambiente.

Los opositores al acuerdo de los particos Cambio Radical y el Centro Democrático coinciden en que "puede causar efectos en la inversión porque pone en tela de juicio la seguridad jurídica de sectores económicos del país y puede aumentar los tiempos de licenciamiento”. El rechazo al Acuerdo obedece a que su única preocupación es que pueda afectar los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y nacionales que cuentan con todas las garantías para el desarrollo de sus proyectos extractivos (minero energéticos, agronegocios, mercados carbono) para la acumulación de riquezas que ha sido posible mediante el despojo de las comunidades, el asesinato de líderes sociales, la destrucción de los ecosistemas y de los ciclos naturales.

En el prefacio se afirma que el Acuerdo “contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo.. asegurando la participación del público en todas las decisiones que los afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad”.

Parte del supuesto, según el cual es “falsa la dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico” y que posibilita la lucha contra el cambio climático, contrario a los argumentos de sectores ambientalistas que sostienen que no hay solución a la crisis ecológica en el marco del capitalismo de su productivismo y consumismo, del mercado, porque su lógica absurda y perversa de acumulación conduce inevitablemente a la ruptura de los equilibrios ecológicos y a la destrucción de los ecosistemas.

No obstante la contradicción señalada anteriormente, el Acuerdo crea mejores condiciones para  la protección de los derechos de las “víctimas del desarrollo” y de las personas en general y es un estímulo para que las comunidades y los pueblos se movilicen y decidan de manera autónoma sobre sus proyectos de vida a nivel regional y local contra la invasión de proyectos extractivistas, entre ellos, los de minería  que se vienen imponiendo a nivel municipal en el país, mediante acuerdos secretos entre la Agencia Nacional de Minería y los alcaldes municipales o los de reforestación y conservación que hacen parte del negocio financiero de los  “mercados carbono”  a favor de transnacionales que vienen convirtiendo nuestra biodiversidad natural (Selvas, Macizos, Serranías) en una mercancía como “simples sumideros de carbono” que prestan “servicios ecosistémicos” que se cubren con la estafa de los Pagos por Servicios Ambientales”, convirtiendo a los campesinos e indígenas en “guarda bosques” o en la nueva fuerza de trabajo que se explota ofreciendo una bonificación mínima por vincularse a la mercantilización de la naturaleza al servicio del capital.

Corresponde al nuevo gobierno la adecuación de la normatividad al nuevo tratado, entre ellas, la de la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones como las Consultas Populares, que implica, entre otros, establecer que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera” como lo establecía la Sentencia T 445 /16 de la Corte Constitucional.

Los Movimientos Sociales cuentan con este Acuerdo que desde ya hay que hacerlo efectivo frenando a través de acciones de resistencia todos los megaproyectos extractivos minero energéticos e impulsando una transición ecológica y energética soberana, democrática, pública y comunitaria que debe estar centrada en la gente y el planeta, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza.