Trascripción de la intervención de Miller Dussán realizada en la Casa de Mon el 27 de febrero de 2002, a propósito del panel "Coyuntura política y proceso de paz en Colombia" organizado por el Regidor de Participación Ciudadana y Solidaridad, Pere Alcocer. Participaron también Francisco Santos en representación de la Fundación País Libre y Daniel Pecaut de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París.
Francisco Santos, entonces representante de la Fundación País Libre; Miller Dussán; Pere Alcober, regidor de Participación Ciudadana y Solidaridad; Daniel Pecaut de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París (de izq. a der.).
A partir de los años 80 se inicia la historia de los procesos de negociación política entre el Gobierno Colombiano y los grupos guerrilleros. El primer intento surge en el Gobierno de Belisario Betancourt en 1985 quien nombró una Comisión de Paz y acordó la estrategia de negociación en tregua que consistía en la generación de escenarios para legalizar la oposición armada otorgándole garantías a movimientos de izquierda que permitieran convertir su poder militar en poder político y cese general del fuego ofensivo con verificación bilateral.
El resultado inicial fue la creación de la Unión Patriótica (UP) como expresión política del movimiento insurgente, integrada por el Partido Comunista y diversos sectores de la izquierda colombiana que en las elecciones del 1984 llegó a tener una importante representación parlamentaria.
El resultado final fue la ruptura del proceso en 1987, el exterminio de líderes de la UP: (3500) por parte del paramilitarismo a través de la guerra sucia o guerra de baja intensidad dentro del contexto de la confrontación este-oeste, Estados Unidos y antigua URSS, según la cual la izquierda era considerada como subversión.
Las valoraciones críticas parten de considerar que el fracaso obedeció a la oposición de los militares y los gremios económicos que acusaban al presidente de entregar el país a las guerrillas; a la naturaleza del modelo inscrito en la estrategia de las FARC de "combinación de todas las formas de lucha"; la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo insurgente M-19 y el avance del paramilitarismo.
En 1989 se produce un nuevo intento de negociación en tregua durante el Gobierno de Virgilio Barco con el M-19, el Quintín Lame, el EPL, en lo que se conoce como modelo centroamericano. La nueva estrategia implicaba la desmovilización y el desarme a cambio de garantías políticas y compensaciones económicas.
Como resultado de este modelo se logró la reinserción de combatientes a la vida civil y la realización de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Este proceso se cumplió en el contexto de la caída del muro del Berlín. Sin embargo, se produjeron circunstancias críticas como el bombardeo a Casa Verde, sede del Secretariado de las FARC, el mismo día en que se elegían los constituyentes, lo cual implicaba la no aceptación por parte de los principales grupos insurgentes -las FARC y el ELN- de los resultados de la Constituyente. A lo anterior se suma el asesinato de tres candidatos presidenciales, dos de la UP y Luís Carlos Galán del liberalismo por parte de los grupos paramilitares apoyados por el narcotráfico. El M-19 que había logrado una alta representación en la ANC se diluyó como proyecto político alternativo y se mantuvo la guerra de baja intensidad no obstante la caída del Muro de Berlín.
El último experimento fallido inició en 1988 con el mandato del Presidente Andrés Pastrana. Se trata del modelo de negociación en guerra con las FARC, concebido como estrategia que reconoce la legitimidad de los intereses en conflicto de las partes claves involucradas.
Esta negociación se desarrolló a través de una agenda común que hace referencia a aspectos estructurales relacionados con el cambio del modelo económico, las reformas agraria, urbana, política, educativa, judicial, fuerzas armadas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, entre otras. Se considera uno de los avances más significativos en el proceso. Este proceso se desarrolló a través de dos Planes: El Plan A, denominado ‘zanahoria' y el plan B oculto calificado como ‘plan garrote'.
El Primer plan establecía la creación de un espacio para la negociación: 42.500 Km.2 denominado por el presidente ‘Laboratorio de Paz' o por otros ‘Zona de Distensión'. Las reglas iniciales establecían que el gobierno de los cinco municipios de la zona sería el elegido conforme a la Constitución. Se creó una Policía Cívica por acuerdo entre las partes bajo la dirección de los alcaldes. La seguridad de la región estaba bajo la responsabilidad de las FARC. La justicia, finalmente se la adjudicó esta organización (supresión de la fiscalía y funcionamiento de la oficina de quejas y reclamos). En la zona no operarán las fuerzas militares. Se previó una comisión de verificación.
Se construyeron igualmente escenarios para el debate y la negociación como las ‘Audiencias Públicas' organizadas por un ‘Comité Temático' bilateral con el propósito de escuchar diferentes propuestas de las organizaciones sociales, gremios económicos, personalidades, relacionadas con los temas de la agenda común. Las primeras 23 audiencias realizadas en Villa Nueva Colombia (Los Pozos, San Vicente del Caguán) se refirieron al tema crecimiento económico y generación de empleo, donde se presentaron 2.500 propuestas que según lo acordado por las partes, una vez sistematizadas, deberían ser objeto de estudio por parte de la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación. A nivel internacional se realizaron diálogos sobre modelos de desarrollo exitosos y sistemas políticos, entre otros, en España, Suiza, Roma, Noruega y Suecia; y uno específico sobre política antinarcóticos con presencia de varios países en el Caguán.
Paralelamente se creó una Mesa Especial sobre mecanismos y acuerdos diferentes a la agenda común encargada del estudio de propuestas en torno a intercambio de prisioneros de guerra, creación de comisiones de verificación y acompañamiento, humanización del conflicto, cese del fuego y hostilidades, entre otros.
De manera oculta funcionó el Plan B que dependía de la misma naturaleza del modelo de negociación en medio del conflicto y de la confrontación de los intereses de fondo. El Estado buscaba el fortalecimiento militar a través del Plan Colombia para negociar barato: despeje a cambio de reinserción.
Las FARC con su estrategia de ‘combinación de todas las formas de lucha' pretendían ahorrarse la guerra para cambiar el modelo de producción. De todas maneras dejaban abierta la posibilidad de la negociación.
No se pueden desconocer los resultados positivos del modelo:
- La agenda pactada entre el Gobierno y las FARC, además del temario, expresa una nueva conceptualización de la paz, como estructural o positiva, es decir, Paz con justicia Social.
- Las audiencias públicas y el Comité Temático, reconocían en cierta medida que la paz no es un asunto de cúpulas sino que implica la participación de la sociedad.
- La zona de despeje, tan controvertida, había sido un escenario de cogobierno donde la insurgencia corría el riesgo de deslegitimarse si aplicaba las mismas prácticas de la política tradicional.
- La creación del Movimiento Bolivariano como una posibilidad de dar relevancia a lo político sobre lo militar.
- La firma de un acuerdo de intercambio de prisioneros enmarcado dentro del DIH abrió posibilidades de humanización del conflicto.
- El acompañamiento de la comunidad internacional facilitó la distensión en momentos críticos de posible ruptura y abrió posibilidades de mediación.
- Movilización de organizaciones sociales en defensa de la solución política.
- Este proceso se cumplió en una coyuntura compleja caracterizada por varios factores:
- Hegemonía político-militar de Estados Unidos después de la caída del Muro de Berlín.
- La Pax americana como garantía de una zona de libre comercio hemisférico (ALCA) a través de la imposición del Plan Colombia.
- La política antinarcóticos de intensificación de las fumigaciones cuyos efectos han sido contrarios: a mayor fumigación mayor incremento de la producción del cultivo. Oposición a la legalización bajo el control de los países desarrollados.
- Narcotización de la guerra. Estados Unidos ha utilizado el argumento de la droga para hacer la guerra que es otro negocio que los llena de dólares. Se conoce que la coca está siendo desplazada por drogas químicas, lo cual supone producción y consumo en el mismo sitio. Colombia está importando ‘éxtasis'.
- Imposición de las políticas del FMI, de subsanar el déficit fiscal para garantizar el pago de la deuda externa (2001 se destinó el 41% del presupuesto nacional para el pago del servicio de la deuda).
- Neoliberalismo económico que ha dejado como resultado el crecimiento de la ‘bomba social': concentración de la riqueza.("Mientras en 1990 el 10% de los colombianos más ricos tenía ingresos 40 veces mayores que los del 10% más pobre, en el año 2000 esa proporción se había elevado a 60 veces". "Casi 33 de los 43 millones de colombianos son pobres y 9 de ellos viven en la miseria" Estudio de Planeación Nacional).
A partir de la Guerra contra el terrorismo funcionarios de Washington decidieron que las organizaciones guerrilleras pasaron de ser narcotraficantes a terroristas que amenazan la seguridad hemisférica e insinúan la eliminación de las restricciones sobre el uso de la ayuda militar a fin de apoyar al Estado Colombiano en la lucha contra la insurgencia. Además, se nombra a Otto Reich, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental (halcón aliado de los ‘contra' en Nicaragua) y se entregan 14 helicópteros Blackhawk al ejército nacional en momentos en que el proceso de paz se interrumpía.
"La transformación de las estrategias estadounidenses en Colombia tiene una correlación paradójica con la forma en que Hollywood ha representado las amenazas globales y, en particular, su tipificación de la crisis colombiana. Películas como ‘Prueba de vida' (2001) y ‘Collateral Damage' (2002) identifican a la guerrilla colombiana, que secuestra extranjeros y cuyos atentados trascienden las fronteras nacionales, como un ‘nuevo enemigo' en el contexto internacional" como lo advierte Arlene B. Tickner.
- Deslegitimación del Estado al no tener el monopolio de la fuerza debido al fortalecimiento militar de la insurgencia, el paramilitarismo, los grupos privados de seguridad, etc. y crisis de gobernabilidad ante la incapacidad de atender las necesidades básicas de la población.
- Deslegitimación progresiva del proyecto político de la insurgencia producto de acciones que afectan a importantes sectores de la sociedad (‘pescas milagrosas', secuestros, aplicación de la ‘norma 002' de impuestos, destrucción de la infraestructura, etc.).
- Tendencia a la atomización y desintegración de los partidos tradicionales, Liberal y Conservador que en la actual coyuntura electoral se dedican únicamente a avalar para las corporaciones públicas a las microempresas electorales clientelistas y corruptas a nivel regional e incluso a candidatos que respaldan a las autodefensas.
- Legitimación de proyectos autoritarios como el de Álvaro Uribe quien hoy encabeza las encuestas de intención de voto y la presión por la salida militar del conflicto.
- La inexistencia de cohesión de la denominada sociedad civil por la polarización de intereses.
- Crecientes violaciones de los derechos humanos y del DIH.
- Destrucción de ecosistemas estratégicos con la política de fumigaciones.
La ruptura del proceso: de Eros a Tánatos: Una tragedia anunciada
Primero hay que tener en claro que el gobierno aceptó negociar en medio de la guerra al calor del triunfo electoral de 1988 cuando los entendimientos con Manuel Marulanda, jefe de las FARC fueron decisivos para el triunfo electoral de Andrés Pastrana. Esto implicaba el reconocimiento político del estatus de beligerancia y las formas de financiación del grupo insurgente. El 20 de enero de este año, cuando estábamos ad portas de la ruptura, gracias a la mediación internacional, se estableció de nuevo la prórroga del proceso con una agenda precisa para definir una posible tregua para disminuir el conflicto con verificación internacional a partir del 7 de abril.
En el acuerdo se mantuvo la idea originaria de continuar la negociación en guerra. En ese sentido, como lo señala la revista Semana en su última edición la ruptura era inevitable, "no como producto del secuestro del senador liberal Eduardo Gechen por cuanto las FARC no estaban violando ninguna letra del acuerdo que se había firmado sino el espíritu de reconciliación nacional que es un concepto más simbólico que jurídico".
La decisión de si se debía esperar hasta el 7 de abril o romper antes se tomó teniendo en cuenta dos factores: Primero, Pastrana ya no tenía ningún espacio político después de la última acción de las FARC y, segundo, tanto el presidente como la insurgencia eran conscientes que si bien las negociaciones avanzaban en algunos puntos no iba a existir una tregua real con verificación, por cuanto los militares no aceptarían que los inmovilizaran en todo el territorio nacional ni la guerrilla estaba dispuesta a concentrar a todos sus efectivos en el Caguán, desmovilizando los casi 100 frentes que operan en todo el país. Pero además, la tregua implicaba la liberación de los secuestrados y a no continuar con esta práctica repudiable.
Sobre este punto tampoco había acuerdo. En consecuencia, lo que se iba a firmar el 7 de abril no era una tregua sino mermar el conflicto que no solucionaba los dos problemas centrales: localización y secuestro. Un acuerdo con estas limitaciones y una opinión pública insatisfecha por los escasos resultados del proceso presionaría al presidente a levantarse de la mesa de negociaciones y a ser acusado por las FARC como un retiro unilateral del gobierno y responsabilizarlo por el fracaso. La otra alternativa de prorrogar el proceso hasta el siete de agosto en esas condiciones precarias provocaría mayor indignación nacional convirtiendo la posible elección de Álvaro Uribe en un gran plebiscito nacional contra la zona de distensión. Sería una acción humillante que le impedía a Pastrana ocupar "un lugar en la historia" como lo manifestó en el discurso de ruptura.
Por lo anterior según analistas "el presidente no tuvo que sufrir para tomar la decisión cuando le informaron del secuestro del Avión de AIRES con el senador Gechen. Pero como era conciente de que había aceptado la negociación en medio del conflicto le tocó hacer un poco de malabarismo conceptual para justificar el rompimiento cuando en su discurso de ruptura dijo que las FARC estaban cometiendo múltiples actos ilícitos en la Zona de distensión"; hechos estos que ya habían sido denunciadas por el Senador Germán Vargas Lleras, razón por la cual hoy se sostiene que la inverosímil versión presidencial fue aceptada con complicidad colectiva.
Claro está que Pastrana contó con la torpeza de las FARC de secuestrar civiles en un avión comercial lo cual atenta contra el DIH, circunstancia que le permitió denunciarlo como un acto de terrorismo, que encajaba perfectamente en los nuevos valores que imperan en el mundo después del 11 de septiembre con lo cual lograba resolver las contradicciones con los Estados Unidos que venían presionando la ruptura por cuanto para el Gobierno de Bush, las FARC son una organización terrorista. Después de la ruptura, el Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Bernard Aronson declaró que "Colombia entrará de lleno a ser parte de los planes de la administración Bush en su guerra contra el terrorismo"
El modelo de negociación en medio de la guerra entró en crisis irreversible como consecuencia de haberse centrado más en los mecanismos (Plan B) que en la agenda común lo cual condujo al escalamiento del conflicto, la deslegitimación del proceso y de los actores directos gobierno- FARC cuya expresión política es el fortalecimiento de los proyectos autoritarios que favorecen la política global de los Estados Unidos de lucha contra el terrorismo y la imposición del ALCA.
El terror que se impuso recientemente que sin duda tenía objetivos políticos y militares en relación con el 7 de abril fecha en que vencía el plazo de la Zona de distensión, estaba en contravía del rechazo que siente la gente hacia el terror y la violencia que paradójicamente los conduce a apoyar proyectos autoritarios y cuyas víctimas van a ser los movimientos contestatarios.
No cabe duda que la lógica de la guerra impuso sus reglas de juego tanto al Gobierno como a las FARC, mediante acciones y despliegue de fuerza que condujeron al fracaso del actual proceso de paz y que contribuyó a que los insurgentes perdieran el norte político en la conducción de las conversaciones. Las recientes acciones de las FARC dirigidas contra la infraestructura económica, el derribamiento de las torres eléctricas, los atentados contra los acueductos, el asedio bélico contra la población civil han terminado desvirtuando la intención de búsqueda de la paz con justicia social.
Paradójicamente el Gobierno de Pastrana por su parte nada tenía que ofrecer en el proceso de paz por cuanto la política económica del Estado colombiano-empleo, tierras, petróleo- depende en últimas del FMI y de la Organización Mundial del Comercio; la lucha contra el paramilitarismo está en manos de quien hasta ahora lo ha generado, financiado y protegido y el Plan Colombia no ha sido un pacto sino una estrategia impuesta por los Estados Unidos.
La ruptura se produce en una coyuntura de extrema incertidumbre que plantea nuevos escenarios críticos:
Primero: Tánatos o la derrota del Talibán: La política de lucha contra el terrorismo no dejaría ningún espacio a la negociación política distinto al sometimiento de las FARC después de haber sido derrotada militarmente por cuanto no se le podría reconocer ningún estatus político. La ilusión del triunfo militar subyace en los discursos que sostienen que las Fuerzas Armadas fortalecidas militarmente durante la administración Pastrana, con más presupuesto, con la cooperación militar y de inteligencia por parte de Estados Unidos, la declaratoria del Estado de conmoción interior y el reclutamiento de un millón de colombianos civiles sería la mejor estrategia de sometimiento del adversario.
Frente a este escenario surgen múltiples interrogantes:
¿Es posible ganar una guerra si la conducción de la misma está en manos de una institucionalidad deslegitimada? ¿Puede conducir la guerra la actual administración que demostró ser incapaz de conducir la negociación? ¿Es razonable que un país quebrado y descompuesto a punta de impunidad, con un Estado de bolsillo y manejado por intereses creados, anhele un principio rector basado en una sólida autoridad? ¿Qué ocurriría si la guerra que se propone no puede ser convencional? ¿No se estaría legitimando la acción del paramilitarismo, la guerra irregular y sucia que se intensificaría aún más por la superioridad aérea de las Fuerzas Armadas? ¿Es posible ganar una guerra con las recetas del FMI?
Es evidente, como lo advierte el sociólogo Alfredo Molano que "la eficacia de la guerra sucia obligará a poner entre paréntesis la Constitución con los nuevos estatutos de seguridad y con su aplicación se esconderán las crecientes violaciones de los Derechos Humanos y del DIH. Los medios serán fuertemente autocensurados, el paramilitarismo ganará espacio político y crecerá militarmente, poniendo en cuestión el poder de la fuerza pública y degradando la guerra a niveles que podrían justificar la intervención Humanitaria de los Estados Unidos, cuya participación desplazará los buenos oficios de la ONU y de los países amigos de la negociación".
Existe igualmente un serio cuestionamiento a la fórmula reiterada de combatir a la subversión con represión militar cuyo efecto ha sido el mismo durante medio siglo: el fortalecimiento de la insurgencia, abonado por el recrudecimiento de la violencia, razón por la cual el candidato presidencial Luís Eduardo Garzón pronostica que el gobierno y la guerrilla tendrán que volverse a ver las caras después de otro millón de muertos.
Hoy se ha comenzado a cuestionar la afirmación según la cual tenemos un ejército más profesional y mejor armado por cuanto no ha sido capaz de responder con eficacia la contraofensiva de la insurgencia. Para tener un ejército eficaz habría que renunciar a toda inversión social, incrementar la militar y sacrificar la democracia.
De otra parte, como sostiene Antonio Caballero el resultado de las ofensivas contraguerrilleras ha sido el fortalecimiento de la guerrilla debido a los desplazamientos, huérfanos, sobrevivientes del exterminio de la izquierda que han ido a parar en brazos de la subversión.
La vuelta a Eros: negociación política en otros escenarios
Después de empezar a despertar del sueño patriotero de tánatos por los escasos resultados post Caguán, importantes sectores de la opinión nacional que a través de los medios atizaron la guerra, una vez conocieron la declaración de las FARC en el sentido de que hablarían con un futuro gobierno se apresuraron a manifestar que hay que mantener "la rendija abierta de la negociación" pero con la condición de que la insurgencia de manera unilateral se someta previamente a las exigencias de cese al fuego y hostilidades que reclamaba el gobierno en la mesa de negociación a cambio de mantener la zona de despeje.
El doctor Álvaro Uribe, quien encabeza las encuestas de intención del voto para la presidencia de la República señaló que "las FARC le den de inmediato al país una señal de paz, que se abstenga de actos terroristas. Que decreten un cese de hostilidades y que busquen reanudar el diálogo con el Gobierno del Presidente Pastrana, a través de la comunidad internacional, sin zona de despeje, sinceramente, con avances inmediatos a favor de la paz. Eso le traería un gran alivio a la patria". Paradójica declaración en momentos en que el gobierno de Pastrana les retiró el reconocimiento de estatus político y les adjudicó el de terroristas que después del 11 de septiembre habían adquirido por decisión de Washington.
La opción de la guerra expresa de una u otra manera una concepción profunda de la política razón por la cual no puede estar inscrita simplemente en la salida militar como lo ha planteado Clausewitz Es por ello que no se debe descartar la negociación política al conflicto armado cuyas reglas del juego deben ser consensuadas porque de una u otra manera equivale al reconocimiento del poder del adversario.
El punto de partida para el reinicio de una posible negociación con las FARC debe ser clarificar la naturaleza de su organización. Hay que ser coherentes. Si se trata de una organización terrorista que ha renunciado a su ideología política de izquierda para beneficiarse de sus actividades ilícitas no puede ser considerada como interlocutora válida para el Estado por cuanto éste representa la legitimidad. En este caso la única alternativa sería aceptar las decisiones de fuerza que imponga Washington.
En segundo lugar: Si se le reconoce de nuevo su estatus de beligerancia y se le convoca al diálogo hay que tener en cuenta que con la ruptura el presidente Pastrana como lo plantea el doctor Gómez Buendía quemó la posibilidad de alcanzar una paz negociada con la subversión por mucho tiempo. Volver a la mesa implica valorar las nuevas condiciones de fuerza generadas por el escalamiento inevitable de una guerra que se puede transformar en irregular. Cada una de las partes intentará imponer en mejores condiciones las nuevas estrategias de negociación al no ser que una de ellas salga victoriosa e instaure una dictadura.
Sin embargo, no se pueden descartar la presencia de otras variables distintas a la militar con respecto a la mejor vía para alcanzar los objetivos políticos. Entre ellas la situación internacional de "cero tolerancia hacia la violencia" después del 11 de septiembre, el cambio de actitud de la Unión Europea y México hacia la guerrilla colombiana, la variable nacional del rechazo ciudadano a la violencia y el respaldo a proyectos autoritarios, además de las valoraciones éticas, financieras y sociales.
Considero que el modelo de negociación no fracasó por la existencia de la zona de despeje por cuanto el gobierno era consciente de que históricamente su presencia había sido inoperante y que las FARC la continuarían utilizando en mejores condiciones para fortalecerse financiera y militarmente. Hoy con el ingreso sin mayores resistencias del Ejército a las cabeceras municipales de la región queda claro que los graves problemas del país no dependían del Caguán como se utilizó especialmente por parte de los medios de comunicación privados, apoyados en las acciones atroces de la guerrilla, para presionar a la opinión pública a favor de la guerra.
Tanto el Estado como la insurgencia utilizaron el proceso de negociación con fines estratégicos. Para las FARC hacía parte del principio leninista de ‘combinar todas las formas de lucha' para acceder a la toma del poder. Para el gobierno, la oportunidad legítima de fortalecer el ejército a través del Plan Colombia y obligar al adversario a negociar barato, es decir, sin comprometer su política económica y social.
Ahí están los resultados: la ruptura del proceso y la declaratoria de guerra con lo cual se evita nuevamente sacar adelante las reformas aplazadas, en nombre de la "defensa de las instituciones", hace medio siglo. Razón tenía el editorialista del periódico El Tiempo cuando días antes de la ruptura titulaba "Crece la bomba social: Mientras la clase dirigente siga siendo indiferente a la bomba social que encierran las cifras de pobreza y de miseria cada vez mayores, será imposible imaginar un país viable con una democracia sólida. Aquí la única guerra posible es aquella en la cual los colombianos de verdad nos propongamos, no importa cuales tengan que ser los sacrificios, derrotar la pobreza y la inequidad. Es una lástima que los actos violentos de la guerrilla y el proceso de paz concentren tanta atención y le hagan sombra al que es el tema crucial de esta Colombia de comienzos de siglo".
Siempre he defendido la solución negociada al conflicto como única alternativa para avanzar en la construcción de la democracia real en Colombia porque es mejor una negociación imperfecta, incluso en medio de la guerra, que una guerra perfecta en donde la victoria no equivale a la consecución de la paz sino a la imposición de la dictadura. En ese sentido es alentador para los colombianos la reciente declaración del Secretario General de la ONU cuando al lamentar profundamente la ruptura del diálogo de paz y llamar a que se adopten medidas especiales para proteger a la población civil en la antigua zona de despeje, reitera que los 40 años de conflicto en Colombia requieren una solución negociada como respuesta a sus profundas causas sociales y políticas y coloca sus buenos oficios a disposición de las partes, si así lo requieren.
Creo que la salida inmediata es precisamente acceder a los buenos oficios del Secretario General para que a través de una mediación internacional se presione tanto al gobierno Colombiano como al Secretariado de las FARC para que sometan sus actuaciones en el campo de la guerra ante una comisión de observadores internacionales y se vayan generando mecanismos de persuasión para el reinicio de los diálogos una vez se posesione el nuevo Gobierno.
De igual manera se debe presionar para que en la zona de despeje funcione una comisión permanente de los Países Amigos para la protección de la población civil ante el posible asedio de los paramilitares y de los excesos del ejército y acoger la Plataforma de la Amazonía de hacer de esta zona un escenario neutral sin ningún tipo de presión militar para eventuales diálogos futuros. Lo anterior debe ser complementado con la resistencia civil a la guerra.
Espero como colombiano que esta opción mediadora y la acción de los movimientos sociales contra la guerra nos permita ver la luz al final del túnel para impedir la presencia arrasadora del tánatos de los Estados Unidos en nuestro país a nombre de "la justicia infinita".
