Impactos negativos del mega proyecto hidroeléctrico El Quimbo y presuntas violaciones legales

Este documento es producto de la sistematización de estudios relacionados con los impactos del Megaproyecto Hidroeléctrico realizados por Emgesa, la Corporación del Alto Magdalena, Planeta Paz; de especialistas como el abogado ambientalista Guillermo Asprilla y el ingeniero Marcos Silva; de los encuentros directos con las comunidades afectadas (la Escalereta, Rioloro, Veracruz, etc.; de foros (Asamblea del Huila, Universidad Surcolombiana), Municipios de El Agrado y Gigante); de talleres, seminarios, debate en el Congreso de la República, "mesa de concertación El Quimbo", revisión de artículos de prensa, revistas, columnas de opinión, entre otros. En efecto, ante los desafíos planteados por el megaproyecto, es de utilidad su divulgación con el propósito de contribuir con la movilización social por la defensa de las comunidades, el Territorio del Huila, la biodiversidad, el agua, el Río Magdalena y el Macizo Colombiano (N. de A.)

I.- El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

1.- El Gobierno Nacional, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- del 2008, definió la construcción de varias Hidroeléctricas en diferentes lugares de la geografía nacional y al mismo tiempo determinó el sistema de financiación y el nombre de la Empresa que se hará responsable de la ejecución de la correspondiente infraestructura en cada lugar.

2.- Con fundamento en actividades de prospección previas sobre posibles sitios de emplazamiento de infraestructura hidroenergética sobre el Río Magdalena, autorizó por tiempo indefinido a la Empresa Emgesa, filial de la multinacional española-chilena Endesa, para que con sus recursos propios y para su único y exclusivo beneficio, construya la central hidroeléctrica El Quimbo, que estará localizada en el sitio geográfico encañonado denominado "El Quimbo", a 1.300 metros, aguas arriba, de la desembocadura del Río Páez sobre el Río Magdalena, en jurisdicción de los Municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Altamira, Pital, Paicol y Tesalia del Departamento del Huila.

3.- De acuerdo con lo expresado por el Gobierno Nacional la hidroeléctrica "El Quimbo", es unipropósito, es decir, para la generación de energía eléctrica y la utilidad que se obtenga  beneficiará únicamente a la empresa Emgesa.

II.- Características técnicas del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

Longitud del embalse	55 Km, de la presa hasta la jagua
Ancho  medio del embalse	1.4 Km
Cota  máxima de operación	720 msnm vertedero para 18.800 m3/s
Generadores	2 turbinas tipo Francis
Potencia	200 Mw cada turbina
Salto neto	122 m
Cota de bocatoma	641 msnm
Caudal medio río (Balseadero)	222.5 m3/s
Caudal medio sitio de presa	235.4m3/s
Caudal medio turbina	187.5 m3/s
Capacidad instalada	400 Mw
Área inundada	8.250 hectáreas

III.- Impactos del proyecto

La construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, tendrá un impacto drástico, profundo e irreversible y representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de Emgesa.

• Inundación de cultivos permanentes y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), de más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas.
• Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales.
• Desplazamiento de 427 familias y viviendas con residencia permanente.
• Desplazamiento de 1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo.
• Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor de 32.000 millones de pesos anuales (750 predios)
• Pérdida permanente de jornales de trabajo.
• Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.
• Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupe la represa y sobre su zona de influencia.
• Desintegración de 8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de antigüedad).
• Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único.
• El embalse, por elevación del nivel del agua, deja fuera de servicio puentes de vías troncales de primer orden, como el de El Balceadero y el de La Jagua e incomunicados, por la ruta actual en servicio, a varios municipios y localidades. Incomunica territorios entre sí, y áreas de fincas y a éstas con las vías actuales. El Estudio de Impacto Ambiental, que presentó Emgesa, para obtener la Licencia Ambiental, hace referencia en forma muy genérica a esos problemas, sin analizar los costos permanentes para los usuarios afectados, al menos por el periodo útil previsto, ni definir el tipo y alcance legal de la obligación que asume.

Además, el represamiento del agua para la producción alimentaria implica:

• Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.
• Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el PIB regional (El Agrado, perdería 30%)
• La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso La Escalereta). La desarticulación de tejidos sociales con tradiciones históricas que tienen orígenes prehispánicos.

IV. Argumentos legales, económicos y técnicos sobre la inviabilidad del Megaproyecto

 1.- Legales

1.1 En julio de 1997 el Ministerio del Medioambiente afirmó que "ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable". Y en noviembre de 2007, ante una solicitud de Emgesa con un mes de anterioridad, el mismo Minambiente conceptuó, considerando sólo los aspectos pecuarios y agrícolas, que el proyecto Quimbo era "socioeconómicamente viable" ¿Qué cambió en 10 años, para que el concepto virara 180 grados? ¿Ha cambiado negativamente la vocación agropecuaria de la región? (ver oficio 5742 del 9 de mayo de 2008 dirigido al senador Jorge Enrique Robledo por el director de Desarrollo Rural, Javier Romero Mercado). No se conocen los estudios sobre los aspectos pecuarios y agrícolas que determinaron la viabilidad socioeconómica del proyecto. Tampoco la Contraloría ha publicado los "Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales".

 1.2.  El Gobierno Colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81 que a la letra dice: "...en el caso de obras pertenecientes a empresas privadas, el estudio socio-económico será hecho por la entidad que señale el Gobierno" Por el contrario, el Gobierno se basó para el otorgamiento de la concesión, en estudios realizados por la empresa Emgesa, que como se ha demostrado en los diferentes foros sobre el tema, desconocen o no tienen en cuenta aspectos prioritarios para las comunidades y la región. Además, es obvio que no se puede ser juez y parte a la vez.

1.3. Sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo". Con esta autorización EMGESA podrá reclamar "la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias" en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. Este proceso no fue debidamente consultado ni acordado previamente con los implicados, generando desconcierto y malestar dentro de las comunidades directamente afectadas y en la comunidad regional en general, teniendo en cuenta que no se les ha permitido conocer los graves impactos sociales, económicos, ecológicos y sociojurídicos que produciría la realización del megaproyecto.

1.4. La Corporación del Alto Magdalena emitió un concepto técnico de visita (DTC-634 CAM) luego de una verificación de actividades constructivas el 28 de octubre de 2008, en uno de los apartes de su concepto precisa: "La visita se enfocó al sitio donde será construida la presa y las obras de mayor envergadura del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, por cuanto se verificó la construcción de una galería sobre la montaña donde se localizará la presa o dique (túnel que tiene unas dimensiones de 2.5 de alto por 2.0 metros de ancho y una profundidad de 200 metros), aunque a la fecha sólo se ha construido 94 metros. Es de mencionar que según lo manifestó la empresa subcontratista de la obra, Geominas S.A., en el año de 1996 cuando se elaboraron los estudios de prefactibilidad del proyecto se había construido 50 metros de túnel y desde hace aproximadamente un mes que retomaron la obra hasta alcanzar los 200 metros de profundidad".

La profesional se refiere en el numeral 5 a la "Conveniencia de practicar otras pruebas. Agrega que "... en la visita de inspección ocular se logró verificar afectación ambiental, hacia los recursos agua, flora y suelo por tanto se debe requerir la mitigación de los efectos causados. Por cuanto se recomienda remitir al Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para su conocimiento y fines pertinentes. Se anexan fotografías".

Hasta ahora el Ministerio de Ambiente no ha practicado nuevas pruebas como lo solicita la CAM con el propósito de verificar y ampliar la información y decidir conforme a la Ley las sanciones, incluso la suspensión del contrato, en caso de que Emgesa haya o esté realizando obras en la Zona del embalse sin el otorgamiento de la Licencia Ambiental. La nueva información debe ser publicada con antelación al otorgamiento de la Licencia Ambiental.

2.- Económicos (las dimensiones del negocio)

2.1 Directivos de Emgesa, en sus diferentes propuestas, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones, cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social. Estas compensaciones son ínfimas en relación con la productividad cesante y con las utilidades de la Multinacional. Las cifras presentadas por el economista Eduardo Patarroyo, exdirector de la CAM, durante el debate en el Senado el 13 de diciembre de 2008, con la aclaración que la concesión es a término indefinido, se resumen así:

 - Emgesa reconoció finalmente que, con la construcción de la represa, la productividad cesante anual ascendería a $ 31.980 millones, valores presentes, (corrigiendo la cifra divulgada inicialmente de $ 15.100 millones, hecho que resta confiabilidad de las cifras expuestas por la Multinacional), que calculada a 50 años representaría $1.599.000 millones. La compensación anual ofrecida es de $7.038 millones (incluidos impuestos predial y de industria y comercio), que por los mismos 50 años representaría $351.900 millones, lo que equivale a una pérdida para la región, en el supuesto de que no haya mejora en la productividad actual, de $1.247.100 millones. Esta es apenas una aproximación de la entrega de nuestro patrimonio en aras de la "confianza inversionista", pregonada por el presidente Uribe y apoyada por gremios y sectores de la dirigencia política tradicional.

- La astronómica pérdida regional contrasta con las proyecciones de las utilidades que recibiría Emgesa, en el evento de realizarse la hidroeléctrica en las condiciones actualmente contratadas: la inversión inicial de $1.575.000 millones, (US 700 millones), se recuperaría en los primeros 12 años, si se tiene en cuenta que la utilidad anual sería de $157.500 millones, (US 70 millones). En los 38 años restantes Emgesa obtendría una utilidad neta de $5.980.000 millones, (US 2.660 millones). De estas gigantescas cifras solamente habría que deducir los $14.000 millones iniciales (US 6.22 millones), que pagaría por una sola vez la multinacional, para una utilidad neta de $5.966.000 millones, (US 2.651.55 millones). Los dueños del territorio resultamos siendo los grandes perdedores económicamente, sin tener en cuenta los daños colaterales sobrevinientes, mientras que los "inversionistas" resultarían como inmensos beneficiarios.

Uno de estos daños colaterales consiste en que el proyecto solamente es unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al Huila ni al país le genere ninguna otra ganancia económica, social, cultural ni ambiental en la zona. La concesión no obliga a Emgesa a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila.

2.2 De acuerdo con diversos informes económicos-financieros de la Central Hidroeléctrica de Betania (CHB), la utilidad neta, después de impuesto, por la generación y venta de energía eléctrica es altísima. La CHB, en 2003 obtuvo utilidad neta anual de $245.000 millones. Emgesa, es dueña y operadora de la CHB. La represa El Quimbo, en producción media, puede generar utilidades superiores a $200.000 millones anuales y de acuerdo con estudios de Hidroestudios S.A., la construcción de la Central Hidroeléctrica El Quimbo, mejora la regulación y operación del embalse de la CHB, en un 170%, respecto a las condiciones actuales y mejora la rentabilidad de la CHB, en el 35%.

2.3 Los alcantarillados de los municipios afectados (Gigante, Garzón, La Jagua e inspecciones) se verían inutilizables porque el punto de descarga de las aguas residuales o domésticas que actualmente se hace sobre el Río Magdalena, cambiaría una vez llenado el futuro embalse. Se trata de un tema que requiere definición precisa respecto a las obligaciones que debe asumir Emgesa. Estas no pueden limitarse a la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

La operación de esas plantas, es miles de veces más costosa que la construcción y es por todo el futuro, es por tiempo indefinido. De esta manera el complejo hidroeléctrico condenaría a los residentes del área de influencia, a pagar más de $12.000 millones anuales por tratamiento de aguas negras, según estimativos.

 Es decir, todas las generaciones futuras quedarían condenadas a sufrir los efectos nocivos de la represa. La operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de aguas negras, según experiencias colombianas, obliga a incrementar la factura mensual de servicios de agua y alcantarillado en más del 200%. (Véase el estudio de Higienización de la Margen derecha del Río Magdalena de las Empresas Públicas de Neiva de 1978) Otros casos ilustrativos son la situación de la Planta de Tratamiento de aguas negras construida por la CHB para el Municipio de Yaguará que está abandonada, por el alto costo de operación y mantenimiento. La Planta de Tratamiento El Salitre en Bogotá (Estudio-Análisis del economista Eduardo Sarmiento Palacio, 2003).

También según cálculos del ingeniero civil Marcos Silva, los usuarios de acueducto y alcantarillado de Garzón, por obra y gracia de El Quimbo, tendrán que pagar una cuantía cercana a los $1.500 millones anuales, adicional al valor que hoy pagan, con un promedio de $45.000 mensual, cada usuario. Proporcionalmente los demás conglomerados humanos.

2.4 Según estudios de la CAM, las compensaciones que se están proponiendo por Emgesa son mínimas comparadas con la gran afectación ambiental. Por ejemplo, el valor real a compensar por 900 mil metros cúbicos de biomasa (flora) están calculados en $100.000 millones y no en $10.000 millones según los estimativos de Emgesa. "El estudio de Emgesa no compensa justamente ni al departamento, ni a las comunidades. La información no valora dichos impactos ambientales, no hay una valoración efectiva sobre el impacto que se causa y por tal razón las obras de mitigación que se causan son muy pocas comparadas con el daño que se va a generar", (Borbón Ardila, director de la CAM).

 De otra parte, no se ha realizado el estudio en terreno de los ecosistemas sensibles únicos por cuanto Emgesa viene cuestionando la metodología satelital utilizada por el Grupo Arco, al considerarla insuficiente.

2.5 Emgesa sólo ha considerado restituir y compensar del área productiva, únicamente 2 mil hectáreas con riego. El departamento plantea que son 4.500 y la bancada parlamentaria 8.000. Con razón se requiere definir una línea base para valorar la pérdida de producción.

2.6 Emgesa y el Gobierno nacional reafirman que el embalse es para producir energía (unipropósito) y cualquier otra actividad productiva que se realice en la zona en ningún momento puede afectar dicho propósito. Para el caso de la actividad piscícola todo quedaría reducido a un comité encargado de hacer seguimiento a los niveles del caudal del río Magdalena.

2.7 Emgesa no acepta que el Departamento sea socio del proyecto y hace una contrapropuesta para venderle acciones de la Empresa de Energía de Bogotá, es decir, otro negocio a favor de la multinacional.

 2.8  Se considera fundamental realizar una línea base sobre la calidad de los suelos para establecer el valor real de los mismos. La clasificación existente ha sido seriamente cuestionada debido a que para los propietarios se trata de terrenos de óptima calidad y no como actualmente están ponderados.

2.9 Emgesa "acepta" verbalmente que en la licencia ambiental se reserven 20 m³/s aguas arriba para distritos de riego y 30 m³/s aguas abajo para el desarrollo de proyectos de acueductos e irrigación. La solicitud de tomar 30 m³ de agua, a la altura de la bocatoma de turbinas, como condición innegociable y factor determinante para negar la licencia ambiental de no ser aceptada ha sido rechazada por Emgesa y el Gobierno para quienes el Diseño de Ingeniería del Proyecto es inmodificable, es decir, tampoco se acepta la propuesta de reducir la altura del embalse de 152 a 130 metros máximo. La posibilidad de construir El Quimbo Huilense no fue sometida a discusión en las llamadas reuniones de concertación.

2.10 La vida útil del proyecto está calculada en 50 años, pero Emgesa puede explotarlo indefinidamente. No existe reversión al departamento ni término para la explotación. Sólo tiene término la concesión de agua y puede ser prorrogada si no hay modificaciones.

2.11 No hay garantías para que la región se beneficie de tarifas de electricidad diferenciales más favorables. Sobre la definición de 5 líneas de trabajo para reducir tarifas o definir una especial para el Huila, formuladas en la "Mesa de Concertación", hasta ahora no existe ningún resultado.

2.12 Aproximadamente el 80 por ciento de las personas o familias que deben ser reubicadas no cuentan con un documento de propiedad sobre el predio en el que habitan y Emgesa se niega a compensar a éstas familias porque no poseen la titularidad sobre los predios, que según el Incoder obedece a que fueron beneficiarios de la reforma agraria y aún muchos no han terminado de pagar. La exigencia de titularidad tiene efectos contables y de pago de impuestos por parte de Emgesa.

3. Técnicos

Sólo sobre la base de asegurar las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental de El Quimbo, se propone como una de las alternativas al Megaproyecto de Emgesa, estudiar la posibilidad de construir en la zona denominada El Quimbo (Gigante-Huila) una central hidroeléctrica, (con una altura máxima de 75 metros, para generar 200 Mw/h, disponer de agua por gravedad para más de 60.000 hectáreas para múltiples propósitos, con la participación accionaria del Departamento, de todos los municipios, de las comunidades y de particulares, asegurando el control por el Departamento de la Empresa de Energía del Huila, de tal manera que ésta actúe como socio gestor, y si es necesario buscar aliados estratégicos externos.

Ésta además debe contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias, el uso racional de nuestra agua para acueductos y regadíos para municipios ribereños al Río Magdalena hasta Aipe y Villavieja o algunas instalaciones sanitarias en la zona; el acceso a la tierra para el fortalecimiento de las economías campesinas y el mejoramiento permanente de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores; la creación de nuevas empresas de economía solidaria tales como las de piscicultura que garanticen el derecho al trabajo y a la conservación del tejido social, así como el sentido de pertenencia; la preservación de los ecosistemas estratégicos y la  participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible, para lo cual se requiere de la producción y apropiación de conocimiento científico y tecnológico.

De construirse la represa con una altura máxima de 75 metros y no de 152 como aparece en el diseño de ingeniería de Emgesa, se lograrían las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad y, específicamente, la producción de energía sin graves impactos destructivos de acuerdo con la información técnica suministrada por el ingeniero Marcos Silva:

•  La inundación, aguas arriba, alcanzará 23 Kilómetros y no 55 Km de longitud a nivel máximo normal de operación (cota 720 msnm) del embalse de Emgesa. No afecta predios de los Municipios de El Agrado y Garzón, altamente productivos. Inundaría solo 3.600 hectáreas aproximadamente del área de inundación calculada por Emgesa de 8.250 hectáreas.
• Se minimiza el daño a la infraestructura y los efectos económicos y ambientales.
• Desaparece el grave problema con el manejo de las aguas negras de los Municipios de Garzón, La Jagua, Gigante, y la vereda La Escalereta de El Agrado.
• Permite generar, 200 Mw./h, con dos turbinas de 100 Mw./h por 126m³/s cada una y utilidades por mínimo $120.000 millones/año para sus accionistas.
• Permite disponer de agua, por gravedad, para más de 60.000 hectáreas y desarrollar empresas agropecuarias y piscícolas con amplia participación ciudadana y generación de empleo.
• Asegura la disponibilidad de agua potable, para los municipios ribereños del Río Magdalena abajo de la represa hasta Aipe y Villavieja, como opción de solución en el largo plazo en el caso de crisis en las actuales fuentes que alimentan los acueductos.
• Al minimizar la movilidad vertical del espejo de agua, se puede desarrollar con seguridad la industria turística y la piscicultura intensiva en el embalse, dando oportunidad a la actividad empresarial regional, la generación de empleo y la redistribución del ingreso.

Conclusiones generales

1) El proyecto hidroeléctrico El Quimbo tal como está planteado por la empresa Emgesa es un negocio que favorece fundamentalmente los intereses económicos de la multinacional, afecta los intereses comunitarios, regionales y nacionales y es inviable e insostenible  económica, social y ambientalmente.

 2) La Resolución 321 del primero de septiembre que declaró de "utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de la represa" tiene vicios de inconstitucionalidad al violar el debido proceso de los directamente afectados, razón por la cual se solicita su nulidad.

 3) El Gobierno Colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81 quedando condicionado a los estudios de Emgesa. El no cumplimiento de esta exigencia ha traído como consecuencia que en la Mesa de Concertación El Quimbo no se cuente con la información científica y técnica básica requerida para la toma de decisiones. Razón por la cual son necesarios como mínimo los siguientes estudios:

•  Establecer el valor real de la producción cesante ante la falta de confiabilidad en los datos suministrados por Emgesa, y el valor de las compensaciones que se derivarían de la mejora de la regulación y operación del embalse de la CHB (170%) respecto de las condiciones actuales y del incremento de la rentabilidad de la central a favor de la multinacional (35%).
• Realizar un nuevo censo que permita establecer el número real de familias afectadas.
• Establecer el estado actual de las titulaciones de predios, garantías para quienes no las poseen y beneficios para las entidades municipales.
• Estudio de calidad de los suelos.
• Determinar las implicaciones de la disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria del Municipio de El Agrado en el PIB (30%) ante el riesgo de perder su propia identidad.
• Estudio de implicaciones del megaproyecto sobre los planes de desarrollo, planes de vida de las comunidades y planes de ordenamiento de los entes territoriales afectados.
• Realizar estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas caracterizados como sensibles únicos, como el caso de los bosques riparios y de los recursos hidrobiológicos del Río Magdalena.
• Estudio socioeconómico y de perspectivas de desarrollo productivo para los afectados por la construcción del embalse.
• Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales a cargo de la Contraloría.
• Costos del tratamiento de aguas negras ante la inutilización de los alcantarillados de los municipios afectados (Garzón, Gigante, La Jagua e inspecciones) como consecuencia de la construcción del embalse tal como está diseñado.

 3) Para evitar los daños al patrimonio y garantizar la soberanía sobre el territorio, el Río Magdalena y la defensa de los intereses nacionales, regionales y de las comunidades locales, se solicita al ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el no otorgamiento de la licencia ambiental a Emgesa para el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

 

Propuestas del Comité Cívico por la Defensa de los Intereses del Huila presentadas a la Mesa de concertación sobre El Quimbo

Neiva, 22 de enero de 2009 

El vocero de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales presentó ante la Mesa de Concertación El Quimbo las siguientes propuestas aprobadas por el Comité Cívico por la defensa de los intereses regionales, reunido el 21 de enero en el Auditorio Olga Tonny Vidales de la Universidad Surcolombiana, sin que fueran sometidas a aprobación del organismo, por el Gobernador del Huila.

1.- Permitir la presencia de voceros de las Organizaciones Sociales y de los medios de comunicación durante la sesión de la Mesa, con el propósito de garantizar la más amplia representación social, la discusión de propuestas alternativas al Megaproyecto de Emgesa y la difusión del contenido del debate para el conocimiento público, garantizando la mayor transparencia del proceso de concertación.

2.- Iniciar la sesión dando a conocer a los asistentes y a los medios de comunicación el estado de la discusión de la agenda desarrollada hasta el momento en la Mesa de  concertación.

3.- Incluir en la Agenda prevista para la fecha (22 de enero) la presentación de la propuesta alternativa a la de Emgesa denominada El Quimbo Huilense.

4.- Una vez concluida la discusión de la agenda general convocar a una mesa amplia de concertación regional entre el gobierno Departamental, todos los parlamentarios Huilenses, los Alcaldes del Huila, representantes legítimos de las comunidades, de las organizaciones sociales y de los gremios económicos, entre otros, con el propósito de suscribir un documento que sintetice la posición de los huilenses en torno al megaproyecto, los resultados de las discusiones del "proceso de concertación" y nuestras demandas en defensa del territorio, los intereses regionales y comunitarios; documento que se daría a conocer de manera pública al presidente Uribe.

5.- Solicitar al Ministerio de Ambiente se practiquen de manera inmediata nuevas pruebas  como lo solicita la Corporación del Alto Magdalena en el CONCEPTO TECNICO DE VISITA CONSECUTIVO No. DTC-634, (CAM) Asunto: Verificación Actividades Constructivas Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Denunciante Diana Marcela Zapata Pérez- Directora Licencias, permisos y trámites ambientales -MMVDT. Fecha de visita 28 de Octubre de 2008. Fecha Informe 28 octubre 2008. Lugar de la visita: Vereda Matambo y Espinal de Gigante. De igual manera exigir que el informe sobre la visita de verificación y la decisión que al respecto se tome sean dados a conocer públicamente con anterioridad a la fecha de la Audiencia pública convocada para el 12 de Febrero, con el propósito de garantizar transparencia.

6.- Clarificar ante la opinión pública si los resultados de la concertación quedarán incluidos en su totalidad en la Licencia Ambiental garantizando su cumplimiento por parte de Emgesa y cual es la razón para que, de manera apresurada y sin haber concluido el desarrollo de las temáticas de la Mesa de Concertación, el Ministerio de Ambiente haya expedido la convocatoria a la Audiencia Pública para el 12 de Febrero en el Municipio de Gigante.

7. El delegado permanente de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales en la Mesa de Concertación, expresa su indignación por la actitud dictatorial asumida por los representantes del Gobierno nacional y del Gobernador del Huila de negar la presencia de la prensa en la sesión convocada para el día de hoy con el argumento de evitar "protagonismos". También por la negativa a permitir la participación de voceros de organizaciones sociales que no cuentan con representación en la Mesa. Celebramos que a representantes de las comunidades afectadas, en esta oportunidad se les haya convocado, cuando en el pasado debieron presionar, con el acompañamiento de Plataforma Sur, para asistir a las sesiones en el Ministerio de Minas. Sin embargo, no es extraño que ahora se excluya a reconocidos voceros de organizaciones Sociales que defienden los intereses del Huila y no los de Emgesa y se acepte a otras personas afines al Gobierno que no hacen parte de la Mesa integrada por 22 miembros. Exigimos el respeto a los procedimientos democráticos y la presencia permanente de los medios de comunicación en las sesiones restantes. Alertamos igualmente de la inminente aprobación de la Licencia Ambiental a favor de Emgesa por encima de los intereses regionales y comunitarios.

Neiva, enero 22 de 2009

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Miller A. Dussán Calderón - Director Colegiado

¡Se nos vino El Quimbo!

Desde que se construyó la represa de Betania, el temor por su desbordamiento o rompimiento ha estado siempre en el subconsciente de los huilenses, en particular de aquellos que viven aguas abajo del embalse y que además vivieron los trágicos hechos de Armero y Páez. Es tal el temor que hace poco más de dos décadas un grupo de borrachos gritaron ¡Se vino Betania, se vino Betania!, una noche por las calles de Neiva. Y el caso es que en esta tierra de incautos en la que un astuto seminarista pasó por  Embajador de la India, la falaz noticia terminó en la radio provocando el pánico de medio Neiva y al cual más puso pies en polvorosa. Para fortuna, todo era mentira.

Viene a colación la historia a propósito de los debates y discusiones que ha provocado el proyecto del gobierno de Uribe y de la multinacional Emgesa de construir una nueva represa sobre el Río Magdalena, aguas arriba de la presa de Betania, como a dos kilómetros. La avalancha en este caso no ha sido de escombros sino de sorpresas. En primer lugar, los huilenses estábamos en ayunas porque el gobierno Nacional en complicidad con dirigentes del Huila preparaban casi a escondidas el proyecto para entregárselo en una subasta pública a la empresa Emgesa, subsidiaria de la multinacional española Endesa, y de la cual hace parte la Empresa de Energía de Bogotá.

Se trata nada más y nada menos que de regalar  (así se puede decir) 8586 hectáreas de tierra productiva y de bosques y de fauna para literalmente inundarlos con el único propósito de crear un embalse para producir energía eléctrica. Recordemos que Emgesa es actualmente el dueño de Betania (que una vez fue nuestra) y la energía que se producirá no es para consumo nacional sino para exportarla. Tampoco es para evitar un colapso del sistema energético nacional como nos ocurrió en el gobierno de Gaviria. No, no. Colombia produce más del doble de energía de la que consume. Una nueva represa sólo es necesaria porque Betania ha perdido capacidad de almacenamiento de agua por la acumulación de sedimentos, y la nueva represa compensaría tal pérdida. Así que el proyecto surge no por una necesidad regional o nacional sino por conveniencia de Emgesa.

En esas 8586 hectáreas viven cerca de 500 familias, más de 1500 personas residentes, que son grandes y pequeños productores agropecuarios, jornaleros, pescadores artesanales, entre otros, que a las buenas o a las malas serán despojados de sus tierras sin que nadie nunca los hubiera siquiera consultado. Más aún, en forma ilegal el propio presidente de la República se apresuró a declarar toda el área de inundación como de utilidad pública, una figurilla jurídica que permite la expropiación por vía administrativa y sin derecho a pataletas.

Como si fuera poco, la empresa Emgesa ha mentido desde un comienzo sobre el valor de las compensaciones que la ley obliga. En un principio dijo que la productividad cesante del área a inundar era de 15.100 millones de pesos anuales, y ante las críticas han reconocido recientemente la suma de 31.980 millones de pesos anuales. ¡No se equivocaban casi en nada! Peor aún. Los áulicos del proyecto han cacareado a los cuatro vientos que este sí va a ser el gran negocio para el Huila, que impulsará el desarrollo, el turismo, la piscicultura, etc., etc., etc., tal como nos echaron el cuento de Betania y mire usted a haber. Pero las cuentas son otras, fíjese bien. Mientras Emgesa reconocerá al Huila (en un lapso de 50 años) aproximadamente 351.900 millones de pesos, dejaremos de percibir (o sea perdemos) 1 billón 247 mil 100 millones de pesos que sería lo que ganaríamos si esas tierras no se inundaran y continuaron produciendo lo que actualmente producen. Por su parte, Emgesa se embolsilla en los mismos 50 años, 5 billones 966 mil millones de pesos, porque en los primeros doce años recuperarán la inversión inicial de 1 billón 575 mil millones de pesos. ¡Qué tal el negocio! Los dueños de la tierra, el agua, el rio y de todo lo que en esas tierras se mueve y produce terminamos siendo los grandes perdedores y perjudicados. ¡Qué nos pasa! No podemos seguir tragando cuanto cuento vienen a echarnos. Tal como está formulado el proyecto sólo hay un ganador: Emgesa y los áulicos del gobierno que traicionan al Huila y la Nación prestándose para tales engendros.

Y a todo ese negocio el gobierno nacional lo llama confianza inversionista. Feriar el país al mejor postor; comprometer con el extranjero los recursos estratégicos como el agua, la biodiversidad y el paisaje y como si nada. Abramos los ojos: una vez Emgesa le eche mano a las 8500 hectáreas, estas estarán bajo su control y podrá pasar lo que está ocurriendo en lugares como Chile, donde Endesa niega el agua para el consumo humano y para la pesca.

La más elocuente de las respuestas a las críticas que los campesinos, académicos, organizaciones sociales, ambientalistas y algunos líderes políticos del Huila hacen al proyecto por sus negativas consecuencias ambientales, sociales, económicas entre otras, es el anuncio de crear una base militar en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, muy acorde a estos tiempos de la Seguridad Democrática. Y aspiran a construir la base con dineros de Emgesa. Da miedo, ver lo que vemos cuando los indígenas se levantan para defender su territorio: más de 1200 asesinatos. O cuando se oponen a los proyectos de las multinacionales dentro de sus territorios. O lo que sucedió con la construcción de Urrá I y Urrá II.

El presidente Uribe está del lado de Emgesa, empecinado con el cuento de la confianza inversionista. El gobernador del Huila, defendiendo el nombramiento de sus amigos Jorge Fernando Perdomo, ex gerente de su campaña, que ahora será el asesor jurídico del proyecto; y Edgar Méndez Cabrera, ex secretario de Educación, que en adelante será el negociador de tierras por parte de Emgesa. Los mismos del Huila dándonos palo. Se ha creado una comisión dizque de concertación en la que la mayoría de sus miembros han sido nombrados a dedo y en la cual brillan por su ausencia los voceros de las comunidades perjudicadas y de las organizaciones sociales y ambientalistas que nos han alertado hasta ahora sobre el tema.

Quieren cuadrar todo para decir que hubo concertación, que todos estuvieron de acuerdo en tirarse por el barranco. De manera que pueda ser otorgada sin ninguna oposición la tan anhelada licencia ambiental, único requisito legal que le falta a Emgesa para echarnos el agua encima. A esos esfuerzos disociadores el gobierno les llama cohesión social. Bonito cuento para disfrazar el despojo, el desplazamiento forzoso y el desarraigo de las comunidades.

Pendientes debemos estar de la realización de una audiencia pública, requisito formal para otorgar la licencia, pero escenario ideal para hacer presencia con propuestas alternativas a las de Emgesa y con la movilización social para decir ¡no rotundo al saqueo pretendido!

Así están las cosas por ahora. Betania nunca se nos vino y quizás nunca se venga. Pero el negocio chimbo de El quimbo no es ningún chiste. Y ese sí se nos vino encima. ¿Permitiremos los huilenses un nuevo y descarado asalto a nuestro patrimonio y nuestro territorio? Usted tiene la respuesta en sus manos.

Neiva, 13 de enero de 2009.

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Unidad de las organizaciones y las comunidades en defensa del territorio, el agua y el Río Magdalena

Declaración

 

Los huilenses iniciamos el 2009 bajo la inminente amenaza de perder la soberanía sobre el territorio, el río Magdalena, la expropiación de los bienes a quienes se nieguen a vender y el desalojo de las comunidades ante las pretensiones del gobierno nacional y de su concesionaria Emgesa, de convertir al Huila, a nombre de un desarrollismo desaforado, en un inmenso charco de agua exclusivamente destinado a la generación de energía para los mercados principalmente internacionales y de espaldas a las verdaderas demandas del desarrollo regional humano y sostenible de nuestro territorio y del país.

De la mano de las comunidades directamente afectadas por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico de El Quimbo por la Empresa Española Emgesa organizaciones sociales, ambientales, políticas, personalidades democráticas y un número cada vez mayor de opitas, responsables ética y ambientalmente, venimos construyendo espacios de concertación y alternativas viables al negocio del siglo, dado que éste sólo favorece a la multinacional.

En efecto, ante los desafíos planteados por el megaproyecto, hemos realizado encuentros directos con las comunidades, talleres, seminarios, campañas de divulgación de los impactos negativos, foros, audiencias populares y debate en el Congreso cuya primera fase culminó el pasado 11 de diciembre en la Casa de Nariño con el Presidente Uribe, donde ratificamos que tal como está pactado el contrato de concesión, la construcción de la hidroeléctrica representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de EMGESA. Además, se requiere de un estudio previo confiable y acorde con los intereses nacionales, regionales y locales que garantice el desarrollo equitativo y sostenible, como condicionante a la expedición de la licencia ambiental, en cumplimiento de lo regulado por el Parágrafo del Art. 6º de la Ley 56/81.

Desconociendo los consensos en defensa de las comunidades y la región, el   Presidente Uribe, aseguró que la represa no tendrá reversa porque la decisión de su construcción obedeció a propósitos asociados a la estrategia nacional de seguridad energética, avalada por la solicitud de cuatro ex gobernadores del Huila y porque una vez acogida ésta, y firmado el contrato de concesión, no se puede debilitar la confianza inversionista, y aseguró que su gobierno dará garantías a la región y a las comunidades para que haya equilibrio y los actores no resulten afectados.

La actitud autoritaria del presidente expresa una de las principales falencias de nuestro sistema político que está construido para que determinadas decisiones de política pública que afectan y a veces cambian radicalmente la vida de comunidades enteras, se tomen sin ningún procedimiento democrático y de participación ciudadana. Quienes decidieron la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo fueron los interesados en el negocio y unos funcionarios públicos que no están sometidos a control político directo y en un proceso de decisiones que no pasaron por ningún debate público. Unos funcionarios prevalidos del hecho de ser designados por servidores elegidos democráticamente, toman decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas quienes no tienen poder de decisión sobre las políticas públicas fundamentales. Y ni siquiera las instancias representativas como el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. Para el caso que nos ocupa, jurídicamente ninguna de estas corporaciones tiene competencia para decidir. Los únicos que sí la tienen son las oficinas dependientes del poder ejecutivo en los ministerios del Medioambiente y de Minas y Energía.

La situación es aún más grave, cuando el Estado abandona su función de defender el interés público y, en especial, la soberanía nacional, y sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo", negando el proceso de socialización con las comunidades y las autoridades locales. Con esta autorización EMGESA podrá reclamar "la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias" en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. En consecuencia, las comunidades afectadas se ven presionadas a "negociar" directamente con la multinacional en condiciones desventajosas. En la práctica, se reduce a todos a simples contrapartes individuales en el negocio y se desconoce la existencia de las instituciones y de sus personeros. De manera que ciudadanos del común y autoridades, presentan su "lista de mercado", donde incluyen cualquier tipo de demanda personal o colectiva, sin importar que pueda estar en contravía de los Planes de Desarrollo Municipales.

Cuando resta un solo paso que es el otorgamiento de la licencia ambiental, trámite regulado por la Ley 99 de 1993, es necesario solicitar su aplazamiento, porque en consonancia con la Constitución de 1991, se debe revisar toda la información para el otorgamiento de la misma, que es de interés general y realizar la audiencia pública, donde todos los actores presenten nuevas alternativas que se rijan por los principios básicos de equidad y sostenibilidad, manejo soberano y autónomo de los recursos naturales, participación, responsabilidad social empresarial, respeto a las formas culturales de relación con la naturaleza e identidad cultural. 

Extraña que el liderazgo reclamado al gobernador del Huila por diferentes actores económicos, sociales y políticos en torno a la defensa de los intereses regionales, no haya sido asumido con mayor vehemencia, lo que implica la ausencia de una posición unificada cuya consecuencia ha sido la dispersión y el estímulo de apetitos transaccionistas de la mayoría de los sectores políticos tradicionales y autoproclamados representantes de las comunidades y de propietarios locales que afanosamente pujan por tener el control de la "Mesa de Concertación", para satisfacer sus demandas personales, las que en últimas serán las dádivas que Emgesa tenga a bien concederles.

Ante la falta de coordinación desde el gobierno departamental y de los municipios afectados, convocamos a  todos los actores regionales a defender los intereses del Huila construyendo una agenda común y designando los auténticos voceros en la  "Mesa de Concertación", sobre la base del rescate de los siguientes acuerdos previamente logrados.

1. Partir del reconocimiento pleno de la vigencia de todos los puntos concertados en el Debate del Congreso Nacional y otros escenarios previos, a saber:1) El Proyecto hidroeléctrico como está planteado es un negocio que favorece fundamentalmente los intereses económicos de la multinacional EMGESA. 2) La resolución 321 del primero de septiembre que declaró de "utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de la represa" tiene vicios de inconstitucionalidad al violar el debido proceso de los directamente afectados, razón por la cual se deben apoyar las acciones de tutela y nulidad en curso. 3) El Ministerio de Ambiente debe supeditar la licencia ambiental a las conclusiones del estudio socioeconómico, (en concordancia con la ley 56/81) financiado por el Departamento del Huila, por un monto de $ 110 millones, en cumplimiento de lo prometido por el Gobernador, y en donde se garantice la defensa de los intereses nacionales, regionales y  locales. 

2. Convocar a la integración de un Comité Cívico en defensa de los intereses del Huila, con la más amplia representación, donde se construyan propuestas alternativas al Megaproyecto de Emgesa que sean objeto de concertación con el Gobierno Nacional. Estas propuestas deben ser producto de la investigación ordenada por la Ley 56/81 que debe alimentar el marco de  decisiones estratégicas sobre la conveniencia o no del proyecto que viene siendo formulado por Emgesa y el gobierno nacional.

3. EMGESA debe entregar por escrito sus propuestas tanto a La Mesa Regional como al equipo responsable de la investigación, para su respectivo análisis y debate público.

4.  Sólo sobre la base de asegurar las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental del Quimbo, se propone como una de las alternativas al Megaproyecto de EMGESA, estudiar la posibilidad de construir en la zona denominada El Quimbo (Gigante-Huila) una central hidroeléctrica, (con una altura máxima de 70 metros, para generar mínimo 100 MWh, disponer de agua por gravedad, para más de 100.000 hectáreas para múltiples propósitos con la participación accionaria del Departamento, de todos los municipios, de las comunidades y de particulares, asegurando el control por el Departamento de la Empresa de Energía del Huila, de tal manera que ésta actúe como socio gestor, y si es necesario buscar aliados estratégicos externos. Ésta además debe contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias, el uso racional de nuestra agua para acueductos y regadíos para municipios ribereños al río Magdalena hasta Aipe y Villavieja o algunas instalaciones sanitarias en la zona; el acceso a la tierra para el fortalecimiento de las economías campesinas y el mejoramiento permanente de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores; la creación de nuevas empresas de economía solidaria tales como las de piscicultura que garanticen el derecho al trabajo y a la conservación del tejido social, así como el sentido de pertenencia; la preservación de los ecosistemas estratégicos y la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible, para lo cual se requiere de la producción y apropiación de conocimiento científico y tecnológico cuya responsabilidad principal debe recaer en la Universidad Surcolombiana, razón por la cual es imperativo crear el Centro de Estudios Regionales que deberá ser financiado de manera sostenible con recursos provenientes del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo a través de un número significativo de acciones que cedería el Departamento a la USCO como institución de carácter público.

5. En todo caso, la garantía de realización de nuestro pliego de reestructuración del megaproyecto está asociado con el impulso de diversas acciones de organización, divulgación y movilización social local, regional, nacional e internacional, orientadas a asegurar los derechos de las comunidades afectadas, la defensa del territorio y los demás intereses regionales, a cuyo apoyo los abajo firmantes nos comprometemos decididamente.

Neiva, Cuenca del Alto Magdalena, enero 7  de 2009

 Firman,

 Orlando Beltrán, Ex Representante a la Cámara

Jaime Dussán Calderón, Senador de la República

Jaime Bravo, Ex Gobernador del Huila

Aldemar Macías, Excandidato a la Alcaldía de Neiva

Carlos Tobar, Coordinador PDA Huila

Miguel Rodríguez H, Presidente Partido Verde

Rolando Botello, Concejal de Gigante

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales - Dirección Colegiada

Miller Armín Dussán Calderón, Profesor USCO

José Jairo González Arias, Investigador Social

Belén Alarcón Alarcón, Corporación AVANZAR

Carlos Ernesto Gómez Sánchez, Asociación Cultural y Ambientalista del Sur -ACAS-

Leyla Rincón, Fundación El CURIBANO

Miguel Ángel Claros, Fundación PICACHOS

Juan Manuel González, Corporación Casa de la Memoria

Heydy Briyith Díaz, Corporación Casa de la Memoria

Cesar Augusto Useche, Comunicador social

Central Unitaria de Trabajadores -CUT - Joaquín Polanía, Presidente

Asociación de Institutores Huilense, José Luís Castellanos, Presidente

Asociación Sindical de Profesores Universitarios -ASPU- Hernando Gutiérrez, presidente

Unión de Trabajadores del Huila y Caquetá-UTRAHUILCA- Ramiro Becerra, Gerente

Israel Silva,  Directivo ASOCOOPH

Manuel Jara, FENSUAGRO

Silvestre Lozano M, ACEU

Mario Sánchez, Investigador USCO

Humberto Espinosa, Presidente Junta de Acción Comunal Matambo

Crista Leonor Rincón, Presidenta Junta de Acción Comunal Veracruz

John Fredy Patiño Zapata, Comité de Veeduría

Humberto Castro, Red de Veedurías del Huila

Claudia Milena Vera, Red de Veedurías del Huila

Jennifer Chávarro, Vanguardia Sur

Alfonso Morelo de la Ossa, Comité Permanente de Derechos Humanos del Huila, COMPERDH-Huila

Andrés Barona, Colectivo de DD. HH Héctor Abad Gómez

Guillermo Andrés Rodríguez, Semillero de Investigación FENIX-USCO

Johana A. Arévalo, Semillero de Investigación FENIZ-USCO

Gustavo Adolfo Rivera,  Colectivo por la Liberación de la Tierra

Miguel Angel Charry, Colectivo por la Liberación de la Tierra

Alejandro Ordoñez, propietario

Wilson Javier Vargas, estudiante USCO

Dalmiro Gámez B. Ingeniero contratista

Alternativas al megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo de la concesionaria Emgesa para debate público

La Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, recogiendo la vocería de amplios sectores de las comunidades afectadas, y las conclusiones del debate en el Congreso de la República, planteó durante la instalación de la Mesa de Concertación en la Casa de Nariño, el11 de diciembre de 2008: Tal como está pactado el contrato de concesión, la construcción de la hidroeléctrica representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de EMGESA. Además, se requiere de un estudio previo confiable y acorde con los intereses nacionales, regionales y locales que garantice el desarrollo equitativo y sostenible, como condicionante a la expedición de la licencia ambiental.

Dos fueron los argumentos centrales:

1. El Gobierno Colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el Parágrafo del Art. 6º de la Ley 56/81 que a la letra dice: "...en el caso de obras pertenecientes a empresas privadas, el estudio socio-económico será hecho por la entidad que señale el Gobierno" y que se fundamente en los principios de equidad y desarrollo sostenible. Por el contrario, el Gobierno se basó para el otorgamiento de la concesión, en estudios realizados por la empresa EMGESA, que como se ha demostrado en los diferentes foros sobre el Tema, desconocen, o no tienen en cuenta, aspectos prioritarios para las comunidades y la región. Además, es obvio que no se puede ser juez y parte a la vez.

Con fundamento en la Ley 56/81 y como producto de la reunión realizada en la Casa Fiscal del Huila en Bogotá, realizada el 12 de Noviembre con la presencia del Gobernador y la mayoría de los parlamentarios Huilenses, alcaldes y representantes de las comunidades locales, miembros de Plataforma Sur y, del posterior debate en el Congreso de la República realizado el 13 del mismo mes, se lograron dos acuerdos básicos: a) El Proyecto hidroeléctrico como está planteado es un negocio que no favorece los intereses regionales b) El Ministerio de Ambiente debe supeditar la licencia ambiental a las conclusiones de un estudio técnico de impactos, bajo la coordinación de la USCO, financiado por el Departamento del Huila, por un monto de $ 110 millones, compromiso adquirido  por el señor Gobernador Luis Jorge Sánchez . En consecuencia, el Rector de la Universidad Surcolombiana, Héctor Hernán Zamora Caicedo, expidió la Resolución No. 141 del 11 de noviembre de 2008  "Por la cual se crea el Grupo de la Universidad Surcolombiana que estudiará la problemática Regional del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo". El Artículo 2 definió 9 integrantes del Grupo, encabezado por el señor Rector y los vicerrectores académico y de investigación y, de acuerdo con el Parágrafo del mismo se estableció que "El Grupo será asesorado por el Director de la CAM y por el Director de Cormagdalena".

La USCO envió a la Oficina de Planeación Departamental el "Proyecto de Investigación de Impactos económicos, sociales, ecológicos y sociojurídicos de la construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo" sin que hasta el momento haya obtenido respuesta alguna. No obstante, en la edición número 2 de diciembre de 2008, del periódico institucional de la gobernación del Huila "Huila al Día", el gobernador afirmó que los 110 millones de pesos para el estudio alternativo serían aportados por Emgesa. ¿Si se trata de estudio alternativo e independiente, cómo es posible que el gobierno se subordine al control de Emgesa y no encuentre recursos propios para tal propósito? Finalmente, el asunto del estudio alternativo no es preocupación del gobierno seccional desde que el presidente Uribe, durante la instalación de la Mesa de Concertación, dijo que "el proyecto hidroeléctrico era irreversible".

2. Directivos de EMGESA, en sus diferentes propuestas, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones, cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social. Estas compensaciones son ínfimas en relación con la productividad cesante  y con las utilidades de la Multinacional. De acuerdo con las cifras presentadas por el Dr. Eduardo Patarroyo, exdirector de la CAM, durante el debate en el Senado el 13 de diciembre de 2008, con el agravante que la concesión es a término indefinido, se resumen así:

 - EMGESA reconoció finalmente que, con la construcción de la represa, la productividad cesante anual ascendería a $ 31.980 millones, valores presentes, (corrigiendo la cifra divulgada inicialmente de $ 15.100 millones -muestra de la poca confiabilidad de las cifras expuestas por la Multinacional-), que calculada a 50 años representaría $ 1.599.000 millones. La compensación anual ofrecida es de $ 7.038 millones (incluidos impuestos predial y de industria y comercio), que  por los mismos 50 años representaría $ 351.900 millones, lo que equivale a una pérdida para la región, en el supuesto de que no haya mejora en la productividad actual, de $ 1.247.100 millones. Esta es apenas una aproximación de la entrega de nuestro patrimonio en aras de la "confianza inversionista", pregonada por el presidente Uribe y apoyada por gremios y sectores de la dirigencia política tradicional.

- La astronómica pérdida regional contrasta con las proyecciones de las utilidades que recibiría EMGESA, en el evento de realizarse la hidroeléctrica en las condiciones actualmente contratadas: la inversión inicial de $ 1.575.000 millones, (US 700 millones), se recuperaría en los primeros 12 años, si se tiene en cuenta que la utilidad anual sería de $ 157.500 millones, (US 70 millones). En los 38 años restantes EMGESA obtendría una utilidad neta de $ 5.980.000 millones, (US 2.660 millones). De estas gigantescas cifras solamente habría que deducir los $ 14.000 millones iniciales, (US 6.22 millones), que pagaría por una sola vez  la multinacional, para una utilidad neta de $ 5.966.000 millones, (US 2.651.55 millones). Los dueños del territorio resultamos siendo los grandes perdedores económicamente, sin tener en cuenta los daños colaterales sobrevinientes, mientras que los "inversionistas" resultarían como inmensos beneficiarios.

Uno de estos daños colaterales consiste en que el proyecto solamente es unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al Departamento ni al país le genere ninguna otra ganancia económica, social, cultural ni ambiental en la zona. No obliga a EMGESA a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato de concesión. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila.

Una posible alternativa

Sólo sobre la base de asegurar las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental del Quimbo, se propone como una de las alternativas al Megaproyecto de EMGESA, estudiar la posibilidad de construir en la zona denominada El Quimbo (Gigante-Huila) una central hidroeléctrica, (con una altura máxima de 70 metros, para generar mínimo 100 MWh, disponer de agua por gravedad, para más de 100.000 hectáreas para múltiples propósitos con la participación accionaria del Departamento, de todos los municipios, de las comunidades y de particulares, asegurando el control por el Departamento de la Empresa de Energía del Huila, de tal manera que ésta actúe como socio gestor, y si es necesario buscar aliados estratégicos externos. Ésta además debe contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias, el uso racional de nuestra agua para acueductos y regadíos para municipios ribereños al río Magdalena hasta Aipe y Villavieja o algunas instalaciones sanitarias en la zona; el acceso a la tierra para el fortalecimiento de las economías campesinas y el mejoramiento permanente de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores; la creación de nuevas empresas de economía solidaria tales como las de piscicultura que garanticen el derecho al trabajo y a la conservación del tejido social, así como el sentido de pertenencia; la preservación de los ecosistemas estratégicos y la  participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible, para lo cual se requiere de la producción y apropiación de conocimiento científico y tecnológico cuya responsabilidad principal debe recaer en la Universidad Surcolombiana, razón por la cual es imperativo crear el Centro de Estudios Regionales que deberá ser financiado de manera sostenible con recursos provenientes del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo a través de un número significativo de acciones que cedería el Departamento a la USCO como institución de carácter público.

Para analizar esta propuesta hemos acordado, con representantes de las comunidades locales, realizar una nueva reunión el miércoles 7 de enero a las 2 de la Tarde en el Auditorio Olga Tony Vidales de la Universidad Surcolombiana con la especial colaboración del Ingeniero Marco Silva. Invitamos a quienes estén interesados a participar en la reunión.

Atentamente,

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Dirección Colegiada

Miller Dussán C., José Jairo González A., Belén Alarcón A., Carlos Eduardo Gómez S. 

Declaración de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales a propósito de la instalación de la "Mesa de Concertación para El Quimbo", realizada en la Casa de Nariño

1.- Introducción

 

Durante el año que culmina, los huilenses hemos asistido a la controversia pública más importante de los últimos tiempos que compromete la suerte del desarrollo de la región, la vida de nuestras comunidades, de los recursos hídricos y nuestra capacidad de decidir democráticamente nuestro destino económico, social, político y ambiental.

 

De la mano de las comunidades directamente afectadas por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico de El Quimbo, localizado en el corazón de la tierra de La Gaitana y con el acompañamiento  de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, de las personalidades democráticas y responsables ética y ambientalmente,  los opitas, cada vez en mayor número, venimos construyendo caminos de concertación y alternativas viables a las pretensiones del gobierno nacional y de su concesionaria, la multinacional Emgesa, de convertir al Huila, a nombre de un desarrollismo desaforado, en un inmenso charco de agua exclusivamente destinado a la generación de energía para los mercados principalmente internacionales y de espaldas a las verdaderas demandas del desarrollo regional humano y sostenible de nuestro territorio y del país.

 

En efecto, previo a algunas visitas de campo y ejercicios de discusión en terreno y concertación, por iniciativa de las comunidades locales de El Agrado (La Escalereta), Gigante y Garzón, con el acompañamiento de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, se convocó al Primer Foro El Quimbo: ¿crecimiento o desarrollo sostenible?, realizado el 31 de Julio en la Asamblea del Huila.

 

El Foro confirmó la duda, como en el refrán popular "de eso tan bueno no dan tanto" y permitió a las comunidades presentes ratificar su oposición al ‘negocio de El Quimbo', no sólo por los contundentes argumentos científicos, sino porque como está planteado, y fue reconocido por la misma multinacional Emgesa, tiene como único propósito la generación rentable de energía para la empresa, sin que a nuestro departamento ni al país le genere ninguna ganancia económica, social, cultural ni ambiental.

 

Durante el foro, al contrastar los argumentos presentados por el Director Administrativo de Emgesa, los representantes del gobierno y los de algunos gremios económicos con los aportados por miembros de las comunidades académicas y representantes de las comunidades locales, se expresaron dos visiones del desarrollo:

 

Una primera visión que reduce el desarrollo al crecimiento económico. Para el caso, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de una gran inversión para el desarrollo y el progreso que convertiría al Huila en "una potencia energética nacional y como paso previo el fortalecimiento de la industria piscícola y el turismo", compatible con la necesidad de cumplir con El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Productividad y Competitividad Nacional, así como con la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio' en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos' (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, solar, atómica o las micro-represas.

 

Otra visión define el desarrollo como mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la  participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible.

 

El 28 de agosto se realizó en la USCO el II Foro "El Quimbo: Asunto Ético y Político" donde se planteó que frente a la frustración que significó Betania, la construcción de un nuevo embalse para la generación de energía no puede derivar de nuevo en ganancias para sus inversionistas, contratistas y políticos involucrados, y miseria y pobreza para el resto de los huilenses y las generaciones futuras que vivirán el rigor de  las alteraciones ambientales provocadas por este tipo de megaproyectos. En efecto, la mayor responsabilidad directa de estas consecuencias, que podrían evitarse, recaerán en las elites dirigentes, por su miopía y egoísmo, por su ignorancia y subordinación a todo tipo de intereses extranjeros.

 

Se sostuvo en el II Foro, que la construcción de estos megaproyectos, es una gran tentación para el ejercicio de la corrupción y la falta de  transparencia. Las experiencias históricas señalan que estos mega proyectos, usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, relacionado con el modelo de desarrollo neoliberal de apropiación privada de los bienes y recursos en pocas manos;  otro, con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y el tercero, con la facilidad para el manejo y  la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades.

 

El mismo Banco Mundial ha obligado a las empresas comprometidas con estos megaproyectos a aplicar y desarrollar el concepto de "la responsabilidad social empresarial", en términos de la sostenibilidad de estas apuestas económicas con una visión integral del desarrollo. Implica, además, que el  crecimiento económico y la productividad de las empresas deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, muchos de los propios promotores  de estos megaproyectos, han visto que hay una responsabilidad ética, aún, en la lógica empresarial, que es indelegable. Por supuesto, que si hablamos de una responsabilidad ética, es porque no debería haber un negocio sobre la faz  de la tierra que atente contra los derechos fundamentales de los pueblos, ni contra la armonía de la naturaleza, en otros términos, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio.

 

Como resultado de este Foro se conformó la Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas para la Zona de El Quimbo y se propuso un Equipo Interdisciplinario de Investigación y Consulta que indague y sistematice sobre los impactos sociales, culturales y ambientales y de construcción de propuestas regionales de desarrollo humano sostenible para las comunidades de dicha zona.

 

Somos conscientes, como lo expresamos en nuestros documentos, que  en este hecho que estamos enfrentando, se expresa una de las principales falencias de nuestro sistema político que está construido para que determinadas decisiones de política pública que afectan y a veces cambian radicalmente la vida de comunidades enteras, se tomen sin ningún procedimiento democrático y de participación ciudadana.

 

Para el caso de El Quimbo, quienes decidieron la construcción del proyecto fueron los interesados en el negocio y unos funcionarios públicos que no están sometidos a control político directo y en un proceso de decisiones que no pasan por ningún debate público. Este es uno los problemas de fondo de la democracia representativa formal. Unos funcionarios prevalidos del hecho de ser designados por servidores elegidos democráticamente, toman decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas para bien o para mal.

 

En el caso de El Quimbo se ejemplifica esta falencia del sistema político colombiano: Los ciudadanos no tienen poder de decisión sobre las políticas públicas fundamentales. Y ni siquiera las instancias representativas como el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. Para el caso que nos ocupa, jurídicamente ninguna de estas corporaciones tiene competencia para decidir. Los únicos que si la tienen son las oficinas dependientes del poder ejecutivo en los ministerios del Medioambiente y de Minas y Energía, como lo precisó el abogado Asprilla.

 

¿Qué podemos hacer desde el ámbito jurídico cuando las decisiones políticas han sido tomadas y el contrato adjudicado a Emgesa? Cuando resta un solo paso que es el otorgamiento de la licencia ambiental, trámite regulado por la Ley 99 de 1993, es necesario solicitar su aplazamiento, porque en consonancia con la Constitución de 1991, se deben tramitar dos aspectos importantes: uno, revisar toda la información para el otorgamiento de la licencia ambiental que es pública. Y dos, solicitar la realización de una audiencia pública, que puede ser a petición del Procurador, el Defensor del Pueblo o de una parte de la comunidad.

 

Pero, desafortunadamente, la audiencia pública no tiene efecto decisorio. Y en general la experiencia colombiana nos dice que en el caso de estos megaproyectos, el Minambiente siempre termina concediendo la licencia.

 

En consecuencia, se requiere no sólo apelar al uso de los mecanismos de participación ciudadana, sino, de suscitar la mayor movilización social y política posible de lograr debido a que las posibilidades jurídicas de enfrentar una demanda y ganarla son muy limitadas.

 

Es necesario aclarar que en Colombia el estudio de impacto ambiental está lejos de ser un estudio científico riguroso e imparcial sobre los impactos de un proyecto. Todo lo contrario: es la defensa técnico-jurídica contratada y pagada por la empresa interesada en el proyecto, de modo que el estudio de impacto nunca es imparcial.

  

2.- En qué vamos

 

Desde el comienzo supimos de la magnitud del reto que tendríamos que enfrentar. Por eso iniciamos este largo proceso de construcción de consensos y alternativas a los desafíos planteados por el megaproyecto mediante encuentros directos con las comunidades, talleres, seminarios, campañas de divulgación de los impactos negativos, foros, audiencias populares y debate en el Congreso cuya primera fase culminó el pasado 11 de diciembre con el encuentro en la Casa de Nariño con el Presidente Uribe y donde ratificamos nuestra decisión indeclinable de oponernos a la construcción de la represa, en las condiciones que está planteada y por las consideraciones que hemos expuesto en el curso de los distintos foros y debates públicos.    

En Efecto, El 11 de diciembre de 2008 el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, instaló en Casa de Nariño la Mesa de Concertación de El Quimbo, con el fin de buscar consensos entre las comunidades, el Estado y la empresa EMGESA, que favorezcan los intereses regionales y nacionales, frente a la construcción de la Hidroeléctrica de El Quimbo. Con inexplicable ausencia del gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez García, participaron: el presidente Uribe, representantes de las comunidades y alcaldes de la zona afectada, Plataforma sur de Organizaciones Sociales, la mayoría de los parlamentarios huilenses, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, la Universidad Surcolombiana, el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, la Vice Ministra del Medio Ambiente y los representantes de la constructora española Emgesa.

 

Allí básicamente se defendieron dos posiciones: 1) La del Presidente Uribe, quien aseguró que la represa no tendrá reversa porque la decisión de su construcción obedeció a propósitos asociados a la estrategia nacional de seguridad energética, avalada por la solicitud de cuatro ex gobernadores del Huila y porque una vez acogida ésta, y firmado el contrato de concesión, no se puede debilitar la confianza inversionista, y aseguró que su gobierno dará garantías a la región y a las comunidades para que haya equilibrio y los actores no resulten afectados. 2) La de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, recogiendo la vocería de amplios sectores de las comunidades afectadas, y las conclusiones del debate en el Congreso de la República, planteó: Tal como está pactado el contrato de concesión, la construcción de la hidroeléctrica representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de EMGESA. Además, se requiere de un estudio previo confiable y acorde con los intereses nacionales, regionales y locales que garantice el desarrollo equitativo y sostenible, como condicionante a la expedición de la licencia ambiental.

 

3. Argumentos de Plataforma Sur sobre la inviabilidad del megaproyecto.

1. El Gobierno Colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el Parágrafo del Art. 6º de la Ley 56/81 que a la letra dice: "...en el caso de obras pertenecientes a empresas privadas, el estudio socio-económico será hecho por la entidad que señale el Gobierno" y que garantice la defensa de los intereses nacionales, regionales y  locales. Por el contrario, el Gobierno se basó para el otorgamiento de la concesión, en estudios realizados por la empresa EMGESA, que como se ha demostrado en los diferentes foros sobre el Tema, desconocen, o no tienen en cuenta, aspectos prioritarios para las comunidades y la región. Además, es obvio que no se puede ser juez y parte a la vez.

2. Directivos de EMGESA, en sus diferentes propuestas, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones, cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social. Estas compensaciones son ínfimas en relación con la productividad cesante  y con las utilidades de la Multinacional. De acuerdo con las cifras presentadas por el Dr. Eduardo Patarroyo, exdirector de la CAM, durante el debate en el Senado el 13 de diciembre de 2008, con el agravante que la concesión es a término indefinido, se resumen así:

 

- EMGESA reconoció finalmente que, con la construcción de la represa, la productividad cesante anual ascendería a $ 31.980 millones, valores presentes, (corrigiendo la cifra divulgada inicialmente de $ 15.100 millones -muestra de la poca confiabilidad de las cifras expuestas por la Multinacional-), que calculada a 50 años representaría $ 1.599.000 millones. La compensación anual ofrecida es de $ 7.038 millones (incluidos impuestos predial y de industria y comercio), que  por los mismos 50 años representaría $ 351.900 millones, lo que equivale a una pérdida para la región, en el supuesto de que no haya mejora en la productividad actual, de $ 1.247.100 millones. Esta es apenas una aproximación de la entrega de nuestro patrimonio en aras de la "confianza inversionista", pregonada por el presidente Uribe y apoyada por gremios y sectores de la dirigencia política tradicional.

 

- La astronómica pérdida regional contrasta con las proyecciones de las utilidades que recibiría EMGESA, en el evento de realizarse la hidroeléctrica en las condiciones actualmente contratadas: la inversión inicial de $ 1.575.000 millones, (US 700 millones), se recuperaría en los primeros 12 años, si se tiene en cuenta que la utilidad anual sería de $ 157.500 millones, (US 70 millones). En los 38 años restantes EMGESA obtendría una utilidad neta de $ 5.980.000 millones, (US 2.660 millones). De estas gigantescas cifras solamente habría que deducir los $ 14.000 millones iniciales, (US 6.22 millones), que pagaría por una sola vez  la multinacional, para una utilidad neta de $ 5.966.000 millones, (US 2.651.55 millones). Los dueños del territorio resultamos siendo los grandes perdedores económicamente, sin tener en cuenta los daños colaterales sobrevinientes, mientras que los "inversionistas" resultarían como inmensos beneficiarios.

 

Uno de estos daños colaterales consiste en que el proyecto solamente es unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al Departamento ni al país le genere ninguna otra ganancia económica, social, cultural ni ambiental en la zona. No obliga a EMGESA a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato de concesión. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila.

  

3. Probablemente el presidente Uribe, presionado por las comunidades, y repensando  la magnitud del mal negocio, en el Consejo Comunitario No. 219 realizado el 29 de noviembre de 2008 en el Municipio de la Plata Huila, expresó que "el gobernador del Huila dispone de una platica" para invertir en la construcción de la Hidroeléctrica, entendimos como participación accionaria. En la instalación de la Mesa de Concertación, adicionalmente manifestó la necesidad de garantizar "equidad y sostenibilidad en el negocio". Sin embargo, desconoció la propuesta de condicionar la licencia ambiental a la realización de un estudio de impactos económicos, ecológicos y socioculturales, el cual sería realizado por la USCO, lo que además había sido aprobado en el debate del Congreso y avalado por el Minambiente. Estaríamos abocados a la aprobación inmediata de la licencia ambiental para iniciar la obra a comienzos del año próximo y, la Mesa de Concertación, quedaría a merced de lo que EMGESA ofrezca para satisfacer apetitos de particulares y oficiales de los transaccionistas del Huila y del país.  

 

4. Quizás todo lo anterior explica que en julio de 1997 el Ministerio del Medioambiente afirmara que "ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable". Y en noviembre de 2007, ante una solicitud de Emgesa con un mes de anterioridad, el mismo Minambiente conceptuó, considerando sólo los aspectos pecuarios y agrícolas, que el proyecto Quimbo era "socioeconómicamente viable" ¿Qué cambió en 10 años, para que el concepto virara 180 grados? (ver oficio no 5742 del 9 de mayo de 2008 dirigido al Senador Jorge Enrique Robledo por el Director de Desarrollo Rural Javier Romero Mercado)

 

5. Sin  notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo". Con esta autorización EMGESA podrá reclamar "la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias" en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. Este proceso no fue debidamente consultado ni acordado previamente con los implicados, generando desconcierto y malestar dentro de las comunidades directamente afectadas y en la comunidad regional en general, teniendo en cuenta que no se les ha permitido conocer los graves impactos sociales, económicos, ecológicos y sociojurídicos  que produciría la realización del megaproyecto.

4. Propuestas para la Mesa de Concertación de El Quimbo

 

Extraña que el liderazgo reclamado al gobernador del Huila por diferentes actores económicos, sociales y políticos en torno a la defensa de los intereses regionales, no haya sido asumido, lo que implicó la ausencia de una posición unificada y desembocó en la dispersión de muchos de los participantes, durante la instalación de la Mesa de Concertación. Esto, además, facilitó al Presidente imponer su particular punto de vista y propiciar los apetitos transaccionistas de la mayoría de los sectores políticos tradicionales. En consecuencia, no hubo consensos en torno a los aspectos fundamentales de la problemática generada por la concesión de la Hidroeléctrica de El Quimbo.

 

Ante la falta de coordinación desde el gobierno departamental y de los municipios afectados, Plataforma Sur reclama la responsabilidad de los miembros de la Mesa de Concertación, frente a la necesidad de construir una agenda unificada, para lo cual formulamos las siguientes propuestas, sobre la base del rescate de los consensos previamente logrados.

 

1. Partir del reconocimiento pleno de la vigencia de todos los puntos concertados en el Debate del Congreso Nacional y otros escenarios previos, a saber:1) El Proyecto hidroeléctrico como está planteado es un negocio que sólo favorece los intereses económicos de la multinacional EMGESA. 2) La resolución 321 del primero de septiembre que declaró de "utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de la represa" tiene vicios de inconstitucionalidad al violar el debido proceso de los directamente afectados, razón por la cual se deben apoyar las acciones de tutela y nulidad en curso. 3) El Ministerio de Ambiente debe supeditar la licencia ambiental a las conclusiones del estudio de impactos, bajo la coordinación de la USCO, financiado por el Departamento del Huila, por un monto de $ 110 millones, en cumplimiento de lo prometido por el señor Gobernador, y en donde se garantice la defensa de los intereses nacionales, regionales y  locales. 

 

2. Desarrollar en la Mesa Regional de Análisis y Alternativas, una agenda que permita llevar propuestas unificadas a la Mesa de Concertación para El Quimbo. Éstas deben ser producto de la investigación realizada por el equipo de USCO y alimentar el marco de  decisiones estratégicas sobre la conveniencia o no del proyecto, tal como viene siendo formulado por la multinacional Emgesa y el gobierno nacional.

 

3. Los integrantes de la Mesa de Concertación deben operar en cuatro comisiones, según los ejes previstos en el estudio: económica, ecológica, sociocultural y sociojurídica, las cuales deben proveernos a los huilenses de los insumos necesarios para la toma de decisiones.   . 

 

4. EMGESA debe entregar por escrito sus propuestas en torno a los ejes de estudio, tanto a las comisiones de la Mesa de Concertación, como al equipo responsable de la investigación, para su respectivo análisis y debate público.

 

5.  Solo sobre la base de asegurar las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental de El Quimbo, gestionar la posible participación del Huila como accionista y miembro de la Junta Directiva de la Concesionaria EMGESA, a través de la mediación del Alcalde Samuel Moreno, habida cuenta que el Distrito Capital tiene participación mediante su Empresa de Energía de Bogotá  en la mencionada concesionaria. Alternativamente, estudiar la viabilidad de  la participación accionaria de las mismas comunidades y otros sectores regionales para asegurar el control por el Departamento de la Empresa de Energía del Huila, de tal manera que ésta actúe como socio gestor buscando aliados estratégicos externos.

6. En todo caso, la garantía de realización de nuestro pliego de reestructuración del megaproyecto está asociado con el impulso de diversas acciones de organización, divulgación y movilización social local, regional, nacional e internacional, orientadas a asegurar los derechos de las comunidades afectadas y los intereses regionales, con las cuales la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales está comprometida desde el comienzo.

5. Nuestra responsabilidad

 

La dirigencia política debe responder si es ético avalar o respaldar el negocio en las condiciones como está planteado por Emgesa, que favorece exclusivamente sus intereses en contra del desarrollo humano sostenible del Huila y de la calidad de vida de las comunidades locales. Pero también compete a la dirigencia empresarial asumir su propia responsabilidad y no continuar difundiendo el falso discurso del desarrollo y el progreso de los huilenses como cortina de humo para ocultar su aspiración a participar de las dádivas y migajas que vienen mendigando a la empresa española Emgesa, debido a que no existen las condiciones básicas para que todos los actores involucrados pueden decidir en términos de ganar. Los académicos y tecnócratas del Huila también tienen que responder por la forma como se impuso a sus espaldas el megaproyecto, por la ausencia de estudios o por la complacencia con el mismo bajo el supuesto de las bondades para el desarrollo regional.

 

Las comunidades, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social y responsabilizan de las consecuencias que pueda tener la implementación de este megaproyecto, en las condiciones en que están planteadas, a nuestra clase dirigente política, empresarial y académica. Esta demanda implica la participación directa de las organizaciones sociales, políticas y de la ciudadanía en generar todas las acciones de resistencia civil contra la construcción de este tipo de represas y la formulación de alternativas viables que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades.

 

Desde ya anunciamos y ratificamos nuestro decidido compromiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios y nuestra adhesión incondicional a la declaración Internacional de  Lorica, Córdoba, Colombia, por la defensa de las comunidades, el río, el agua, la libertad y la vida de los Huilenses .

 

Neiva,  Cuenca del Alto Magdalena, diciembre 15 de 2008

PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

 Dirección Colegiada

Miller Armín Dussán Calderón -  José Jairo González Arias - Belén Alarcón Alarcón -  Carlos Ernesto Gómez Sánchez 

A propósito del proyecto de construcción de una nueva hidroeléctrica sobre el Río Magdalena

Movilización social en defensa del territorio y las comunidades de El Quimbo

 Por iniciativa de las comunidades locales de El Agrado (vereda La Escalereta), Gigante y Garzón, con el acompañamiento de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, se convocó a todos los habitantes del Huila a reflexionar sobre los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que se generarían de construirse el megaproyecto El Quimbo por parte de la Empresa privada Emgesa -- multinacional española beneficiada por la licitación abierta por el gobierno-- y, a movilizarse en defensa del territorio, las comunidades locales, el Río de la Magdalena y el agua.

El proceso de reflexión inició con la formulación de varios interrogantes construidos a partir de las preocupaciones de las comunidades. Entonces, se acordó la realización de tres foros sobre El Quimbo: 1) ¿crecimiento o desarrollo sostenible?, 2) Asunto ético y político y 3) participación ciudadana y movilización Social.

Las preguntas orientadoras de los foros se resumen en:

·        ¿Cómo mitigar los impactos ambientales y la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva de desarrollo humano  sostenible de la Región?  

·        ¿A quién beneficia el proyecto y por qué? 

·        ¿Cuál ha sido el impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades huilenses del  Proyecto Hidroeléctrico de Betania? 

·        ¿Cómo proteger la biodiversidad y el recurso hídrico de las cuencas que nutren el río Magdalena que son fundamentales para conservar nuestros ecosistemas geoestratégicos y garantizar la soberanía y seguridad alimentarias? 

·        ¿Cuál es la responsabilidad política y ética de la dirigencia política, empresarial y académica en torno al megaproyecto? 

·        ¿Cuáles son los mecanismos de participación apropiados para que las comunidades incidan en la toma de decisiones para el desarrollo equitativo y sustentable de nuestra Región? 

Desde un principio se generó la duda, como en el refrán popular “de eso tan bueno no dan tanto”, al señalar que de concretarse la realización del megaproyecto de construcción de la represa de El Quimbo, el Departamento del Huila se verá abocado a drásticas transformaciones, sin precedentes en las últimas tres décadas, no sólo de su paisaje natural y patrimonio cultural, sino, en estricto sentido económico de su oferta productiva y, de las condiciones y orientación de su desarrollo, sin que los huilenses se hayan percatado de las verdaderas dimensiones y alcances contenidos en las pretensiones de Emgesa. Empresarios, contratistas, políticos, columnistas, académicos, periodistas, líderes religiosos, de inmediato asumieron posiciones a favor o en contra del megaproyecto permitiendo confrontar diferentes visiones del desarrollo y, por supuesto, el interés público con el privado. 

Primer foro 

Durante el primer foro, realizado en el recinto de la Asamblea del Huila el 31 de julio de 2008; al contrastar los argumentos presentados por el Director Administrativo de Emgesa, los representantes del gobierno y los de algunos gremios económicos con los aportados por miembros de las comunidades académicas y representantes de las comunidades locales, se expresaron dos visiones del desarrollo: 

Una primera visión reduce el desarrollo al crecimiento económico. Para el caso, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de una gran inversión para el desarrollo y el progreso que convertiría al Huila en “una potencia energética nacional y como paso previo el fortalecimiento de la industria piscícola y el turismo”, compatible con la necesidad de cumplir con El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Productividad y Competitividad Nacional, así como con la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio’ en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos’ (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, solar, atómica o las micro-represas. 

Otra visión define el desarrollo como mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la  participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible. 

Quienes están equivocadamente convencidos de que Emgesa los hará partícipes del negocio, insisten en que la realización del megaproyecto hidroeléctrico es irreversible, que es un hecho, y al igual que Emgesa, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social; pagos que son menores que el valor de las riquezas que se producen. Además, el proyecto es sólo unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al departamento ni al país le genere ninguna ganancia económica, social, cultural ni ambiental. No obliga a Emgesa a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato de concesión. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila. 

Para las comunidades la solución no está en la reparación de los daños en beneficio de la acumulación de riquezas, sino, en no producir daños por cuanto sus efectos ambientales y sociales tienen una prolongada duración, pueden abarcar planes de vida enteros, de las familias, de las comunidades.

Los principales impactos negativos del megaproyecto, reconocidos incluso en los estudios de Emgesa se resumen en:

• Inundación de cultivos permanentes  y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), de más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas.
• Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales.
• Desplazamiento de 427  familias y viviendas con residencia permanente.
• Desplazamiento de  1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo.
• Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor aproximado de 15.000 millones de pesos anuales (750 predios)
• Pérdida permanente de jornales de trabajo.
• Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.
• Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupe la represa y sobre su zona de influencia.
• Desintegración de  8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de antigüedad).
• Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único.

Además, el represamiento del agua para la producción alimentaria implica:

• Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.
• Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el PIB regional (El Agrado, pierde 30%)
• La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso La Escalereta).
• La desarticulación de tejidos sociales con tradiciones históricas que tienen orígenes prehispánicos.

El debate permitió a las comunidades presentes en el Primer Foro ratificar su oposición al ‘negocio de El Quimbo’, no sólo por los contundentes argumentos científicos, sino porque como está planteado, y fue reconocido por la misma multinacional Emgesa, tiene como único propósito la generación rentable de energía para la empresa, sin contraprestaciones para el Huila.

En esta dirección las comunidades concluyeron que antes de ser concedida la Licencia Ambiental por el Ministerio respectivo se debe conformar una Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas frente a las pretensiones de la multinacional; debatir en el Congreso Nacional los impactos que generaría la construcción de la represa en la Cuenca Alta del Río Magdalena; el fortalecimiento de la veeduría y la integración de un equipo interdisciplinario de investigación y consulta para que estudie y socialice los alcances y consecuencias que traería la construcción del megaproyecto El Quimbo.

Entre algunas de las experiencias investigativas, se cuenta con el estudio “Prioridades de conservación biológica para Colombia” del Grupo Arco que dirige el holandés Willem Van Wyngaarden y, que al referirse a la zona de El Quimbo destaca la necesidad de conservar los ecosistemas sensibles asociados a la cuenca alta del río Magdalena. También, existen estudios sobre el cambio climático global y el agua, mega-proyectos y soberanía alimentaria aportados por académicos invitados como ponentes al Primer Foro, las observaciones de la CAM al estudio de Impacto Ambiental de Emgesa, la Declaración Internacional de Lorica Córdoba emanada del IV Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, celebrada el pasado 26 de julio y las experiencias y  saberes que se vienen construyendo desde las comunidades locales.

Segundo Foro 

El 28 de agosto se realizó en la Universidad Surcolombiana el II Foro “El Quimbo: Asunto Ético y Político” donde se planteó que frente a la frustración que significó Betania, la construcción de un nuevo embalse para la generación de energía no puede derivar de nuevo en ganancias para sus inversionistas, contratistas y políticos involucrados, y miseria y pobreza para el resto de los huilenses y las generaciones futuras que vivirán el rigor de  las alteraciones ambientales provocadas por este tipo de megaproyectos. En efecto, la mayor responsabilidad directa de estas consecuencias, que podrían evitarse, recaerán en las élites dirigentes, por su miopía y egoísmo, por su ignorancia y subordinación a todo tipo de intereses extranjeros.

El investigador José Jairo González sostuvo en el Foro que la construcción de estos megaproyectos, es una gran tentación para el ejercicio de la corrupción y la falta de  transparencia. Las experiencias históricas señalan que estos mega proyectos, usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, relacionado con el modelo de desarrollo neoliberal de apropiación privada de los bienes y recursos en pocas manos;  otro, con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y el tercero, con la facilidad para el manejo y  la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades.

El mismo Banco Mundial, sostiene González, ha obligado a las empresas comprometidas con estos megaproyectos a aplicar y desarrollar el concepto de “la responsabilidad social empresarial, en términos de la sostenibilidad de estas apuestas económicas con una visión integral del desarrollo. Implica, además, que el  crecimiento económico y la productividad de las empresas deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, muchos de los propios promotores  de estos megaproyectos, han visto que hay una responsabilidad ética, aún, en la lógica empresarial, que es indelegable. Por supuesto, que si hablamos de una responsabilidad ética, es porque no debería haber un negocio sobre la faz  de la tierra que atente contra los derechos fundamentales de los pueblos, ni contra la armonía de la naturaleza, en otros términos, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio”.

La dirigencia política debe responder si es ético avalar o respaldar el negocio en las condiciones como está planteado por Emgesa, que favorece exclusivamente sus intereses en contra del desarrollo humano sostenible del Huila y de la calidad de vida de las comunidades locales. Pero también compete a la dirigencia empresarial asumir su propia responsabilidad y no continuar difundiendo el falso discurso del desarrollo y el progreso de los huilenses como cortina de humo para ocultar su aspiración a participar de las dádivas y migajas que vienen mendigando a la empresa española Emgesa, debido a que no existen las condiciones básicas para que todos los actores involucrados pueden decidir en términos de ganar. Los académicos y tecnócratas del Huila también tienen que responder por la forma como se impuso a sus espaldas el megaproyecto, por la ausencia de estudios o por la complacencia con el mismo bajo el supuesto de las bondades para el desarrollo regional.

Las comunidades, como conclusión fundamental del segundo foro, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social y responsabilizan de las consecuencias que pueda tener la implementación de este megaproyecto, en las condiciones en que están planteadas, a nuestra clase dirigente política, empresarial y académica. Esta demanda implica la participación directa de las organizaciones sociales, políticas y de la ciudadanía en generar todas las acciones de resistencia civil contra la construcción de este tipo de represas y la formulación de alternativas viables que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades.

Producto del II Foro fue la conformación de la  Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas para la Zona de El Quimbo concebida  como espacio de discusión y análisis de los impactos sociales, culturales y ambientales y de construcción de alternativas regionales de desarrollo humano sostenible para las comunidades de dicha zona. 

Tercer Foro 

Por la defensa del territorio y las comunidades del Alto Magdalena se realizó el III Foro El Quimbo: participación ciudadana y movilización Social el 25 de septiembre de 2008 en el Municipio de El Agrado Huila. 

No obstante, que la multinacional española EMGESA afirmara que había cumplido con los requerimientos legales de acercamiento, información, interlocución y consulta con las comunidades, las administraciones municipales, departamental y las instituciones pertinentes; también es cierto, que no se avanzó en los procesos de concertación. De tal manera, que las comunidades afectadas fueron sometidas a la incertidumbre y al abandono total por parte del Estado, y se han visto presionadas a “negociar” directamente con la multinacional en condiciones desventajosas. En la práctica, se reduce a todo el mundo a simples negociantes y se desconoce la existencia de las instituciones y de sus personeros. De manera que ciudadanos del común y autoridades, presentan su “lista de mercado” donde incluyen cualquier tipo de demanda personal o colectiva sin importar que pueda estar en contravía de las Planes de Desarrollo Municipal.

El resto de los huilenses, que de manera indirecta también saldrán afectados, desconocen por completo los estudios de identificación, caracterización, evaluación de impactos y las subsiguientes medidas  de manejo que la parte interesada ha presentado a las autoridades correspondientes.

La situación es aún más grave, cuando el Estado abandona su función de defender el interés público y, en especial, la soberanía nacional, y sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, “los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo”, liquidando el proceso de socialización con las comunidades y las autoridades locales; garantizando que Emgesa de manera agresiva imponga sus condiciones en los procesos de concertación o expropie los bienes de las comunidades localizadas en el área de afectación del proyecto, condenándolas al desplazamiento forzoso, al hambre y a la miseria. 

El gobierno argumentó que la decisión tomada hacía parte de la denominada “confianza inversionista” que no es más que el favorecimiento del capital extranjero en detrimento de los intereses nacionales. O cómo se explica que en julio de 1997 el Ministerio del Medioambiente afirmara que “ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable. Se alegó entonces que el impacto social no era positivo, debido a criterios como la afectación de las tierras con aptitud agrícola de la región y la dificultad de restituir la actividad productiva en la Zona”. Y en noviembre de 2007, ante una solicitud de Emgesa con un mes de anterioridad, el Ministerio de Agricultura conceptuó a petición de Minambiente, considerando sólo los aspectos pecuarios y agrícolas, que el proyecto Quimbo era “socioeconómicamente viable” ¿Qué cambió en 10 años, para que el concepto virara 180 grados?

En este hecho que estamos enfrentando, se expresa una de las principales falencias de nuestro sistema político que está construido para que determinadas decisiones de política pública que afectan y a veces cambian radicalmente la vida de comunidades enteras, se tomen sin ningún procedimiento democrático y de participación ciudadana.

Para el caso de El Quimbo, quines decidieron la construcción del proyecto fueron los interesados en el negocio y unos funcionarios públicos que no están sometidos a control político directo y en un proceso de decisiones que no pasan por ningún debate público. Este es uno los problemas de fondo de la democracia representativa formal. Unos funcionarios prevalidos del hecho de ser designados por servidores elegidos democráticamente, como lo sostuvo el abogado ambientalista Guillermo Asprilla, toman decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas para bien o para mal.

En el caso de El Quimbo se ejemplifica esta falencia del sistema político colombiano: Los ciudadanos no tienen poder de decisión sobre las políticas públicas fundamentales. Y ni siquiera las instancias representativas como el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales. Para el caso que nos ocupa, jurídicamente ninguna de estas corporaciones tiene competencia para decidir. Los únicos que si la tienen son las oficinas dependientes del poder ejecutivo en los ministerios del Medioambiente y de Minas y Energía, como lo preciso el abogado Asprilla.

¿Qué podemos hacer desde el ámbito jurídico cuando las decisiones políticas han sido tomadas y el contrato adjudicado a Emgesa? Cuando resta un solo paso: que es el otorgamiento de la licencia ambiental, trámite regulado por la Ley 99 de 1993, es necesario solicitar su aplazamiento, porque en consonancia con la Constitución de 1991, es necesario tramitar dos aspectos importantes: uno, revisar toda la información para el otorgamiento de la licencia ambiental que es pública. Y dos, solicitar la realización de una audiencia pública, que puede ser a petición del Procurador, el Defensor del Pueblo o de una parte de la comunidad.

Pero, desafortunadamente, la audiencia pública no tiene efecto decisorio. Y en general la experiencia colombiana nos dice que en el caso de estos megaproyectos, el Minambiente siempre termina concediendo la licencia.

En consecuencia, se requiere no sólo de apelar al uso de los mecanismos de participación ciudadana, sino, de suscitar la mayor movilización social y política posible de lograr debido a que las posibilidades jurídicas de enfrentar una demanda y ganarla son muy limitadas.

Es necesario aclarar que en Colombia el estudio de impacto ambiental está lejos de ser un estudio científico riguroso e imparcial sobre los impactos de un proyecto. Todo lo contrario: es la defensa técnico-jurídica contratada y pagada por la empresa interesada en el proyecto, de modo que el estudio de impacto nunca es imparcial. A esto agreguemos que el componente Plan de Manejo Social, no es ni concesión ni compensación, sino una obligación legal de todo estudio de impacto.

Este es el principal desafío para la comunidad porque para enfrentar los argumentos del estudio de impacto ambiental es necesario constituir un equipo multidisciplinario con una capacidad igual o similar a la del equipo que realizó el estudio de impacto que analice cada uno de los aspectos técnicos, sociales, económicos, entre otros, para lograr demostrar las insuficiencias e inconveniencias del estudio en cuestión. De manera que queda claro que no es suficiente el discurso político que cuestiona el proyecto.

Aparte de la audiencia pública, existen otras posibilidades. En la Ley 134 de 1994 o ley de participación política y ciudadana, está regulado el procedimiento para los cabildos abiertos, las consultas, los referendos, plebiscitos, entre otros. El artículo 105 de la Constitución Política, establece la facultad de los alcaldes de convocar consultas populares. Y el artículo 2 de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales del estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica administrativa y cultural de la Nación”.

El artículo 311 constitucional estipula que corresponde al municipio “ordenar el desarrollo de su territorio” y los numerales 7 y 9 del artículo 313 establecen que corresponde a los concejos municipales “reglamentar los usos del suelo” y “dictar  las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

Pero en particular los cabildos y la consulta, son mecanismos que deben ser ejecutados para asegurar que las comunidades afectadas ejerzan su legítimo derecho a decidir.

Puede concluirse entonces, que no sólo es un derecho de la ciudadanía, sino que es un deber de las autoridades municipales, tomar las medidas e iniciativas, previstas en la ley, para acordar lo más conveniente para el desarrollo del municipio y para la vida de sus habitantes, frente a un proyecto de un impacto tan significativo.

A manera de resumen y conclusión, precisemos cuáles fueron las tareas aprobadas en el Tercer Foro: 

1.      Entablar la acción de nulidad de la Resolución 321 que declara de utilidad pública los terrenos para la construcción del megaproyecto

2.      Iniciar acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los afectados por la Resolución 321.

3.      Realizar una consulta popular en el Municipio de El Agrado –en primera instancia– para que la comunidad decida sobre la construcción del megaproyecto hidroeléctrico.

4.      Solicitar al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial el aplazamiento de la Licencia ambiental a EMGESA por un periodo no inferior a 6 meses requerido como mínimo para realizar los estudios de Impacto Ambiental que se derivan de las recomendaciones formuladas por la CAM y de las conclusiones de los Foros organizados por las comunidades locales con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales. Este estudio debe ser financiado por el Gobierno Departamental y realizado por el Equipo Interdisciplinario de investigación y consulta propuesto por el II Foro El Quimbo: Asunto Ético y Político realizado en la USCO.

5.      Revisión integral del Contrato de Concesión, mediante el cual se autorizó por tiempo indefinido a la multinacional española EMGESA para que con recursos propios únicamente y para su único y exclusivo beneficio construya la central hidroeléctrica El Quimbo, y formulación de alternativas que garanticen el desarrollo humano sostenible de la zona y del Departamento del Huila.

6.      Solicitar al Gobernador del Huila la convocatoria de un Referendo Departamental sobre el mencionado megaproyecto.

7.      Organizar y movilizar a las comunidades locales y de todo el Departamento del Huila en defensa de sus propios territorios, Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial desde el enfoque de desarrollo humano sostenible

8.      Solicitar a los representantes del Huila ante el Senado y Cámara promuevan de inmediato un debate en el Congreso  sobre el megaproyecto por cuanto afecta los intereses de toda la nación.

9.      Solicitar a la Contraloría los “Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales” con el propósito de conocer desde una fuente confiable lo que se posee.

10.  Convocar a organizaciones internacionales defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos y a la Comunidad de Naciones a pronunciarse a favor de las demandas de las comunidades del Alto Magdalena.

11.  Acoger plenamente la Declaración Internacional de Lorica Córdoba emanada del IV  Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, celebrada el pasado 26 de Julio con representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y otros sectores sociales de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Italia y Estados Unidos que se ocupó del análisis de la coyuntura regional, el intercambio de experiencias de resistencia contra las represas y propuso estrategias para la defensa de los territorios, el agua, la cultura y la vida.

Neiva, noviembre de 2008

 

PROPUESTAS DE LAS COMUNIDADES PARA DEBATIR EN EL CONGRESO NACIONAL SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA EL QUIMBO

Ha sido acogida la iniciativa de las comunidades locales, con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones sociales, de realizar el debate en el Congreso de la República, el 13 de noviembre, sobre los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que se generarían de construirse el Megaproyecto El Quimbo por la Empresa Privada EMGESA. Para la preparación del debate se ha concertado entre la Universidad Surcolombiana y la Mesa Regional de Análisis y Alternativas para la Zona de El Quimbo, con la presencia del Senador Hernán Andrade, una reunión previa el 7 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. en el Auditorio Olga Tonny Vidales, para la cual se proponen las siguientes iniciativas básicas en defensa del territorio, las comunidades locales, el Rio Magdalena y el Agua:

1.- Apoyar la demanda de nulidad de la Resolución Ejecutiva No 321 de 2008, mediante la cual se autorizó a la empresa privada EMGESA S.A., para expropiar los predios necesarios para la construcción del proyecto hidroeléctrico de "El quimbo" La acción jurídica se fundamenta en la violación del debido proceso al no ser notificados previamente los municipios, ni a ninguno de los afectados y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental.

 

2.- Solicitar al Ministerio de Ambiente el aplazamiento de la Licencia ambiental a EMGESA por un periodo no inferior a 6 meses requerido como mínimo para realizar los estudios de Impacto Ambiental que se derivan de las recomendaciones formuladas por la CAM y de las conclusiones de los Foros organizados por las Comunidades Locales con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales. Este estudio debe ser financiado por el Gobierno Departamental y realizado por el Equipo Interdisciplinario de investigación y consulta propuesto por el II Foro El Quimbo: Asunto Etico y Político realizado en la USCO.

 

3.- Revisión integral del Contrato de Concesión,  mediante el cual se autorizó por tiempo indefinido a la Multinacional española EMGESA para que con recursos propios únicamente y para su único y exclusivo beneficio construya la CENTRAL HIDROELECTRICA EL QUIMBO, y formulación de alternativas que garanticen el desarrollo humano sostenible de la Zona y del Departamento del Huila

 

3.- Apoyar la convocatoria del referendo en el Municipio de El Agrado con base en los siguientes argumentos:

 

A. Jurídicos:

 

- Artículo 53 de la Ley  134  de 1994, sobre la convocatoria a una Consulta Popular para que la ciudadanía  se pronuncie acerca de la construcción en el territorio del municipio del proyecto hidroeléctrico de "El Quimbo" por parte de la  empresa EMGESA.

La construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, tendrá un impacto drástico, profundo e irreversible en el paisaje del municipio, en su economía, en su tejido social, en sus recursos y en la vida de la población.

 

 - El artículo 2º de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales del estado "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica administrativa y cultural de la Nación".

 

- El  artículo 105 de la Carta 3, desarrollando este principio, establece la facultad de los Alcaldes de convocar consultas populares.

 

- El artículo 311 constitucional estipula que corresponde al municipio "ordenar el desarrollo de su territorio" y los numerales 7 y 9 del artículo 313 establecen que corresponde a los concejos municipales "reglamentar los usos del suelo" y "dictar  las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio".

 

De conformidad con las normas constitucionales citadas, no sólo es un derecho de la ciudadanía, sino que es un deber de las autoridades municipales, tomar las medidas e iniciativas, previstas en la ley, para acordar lo más conveniente para el desarrollo del municipio y para la vida de sus habitantes, frente a un proyecto de un impacto tan significativo.

 

Sin notificar previamente al municipio, ni a ninguno de los afectados, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el  Ministerio de Minas y Energía, expidió la Resolución Ejecutiva No 321 de 2008, mediante la cual se autorizó a la empresa privada EMGESA S.A., para expropiar los predios necesarios para la construcción del proyecto hidroeléctrico de "El quimbo", entre los cuales se encuentran los situados en la zona rural agrícola del municipio de "El Agrado".

 

B. Impactos del proyecto sobre el municipio de "El Agrado"

 

De acuerdo con lo estipulado por el Gobierno Nacional la hidroeléctrica "El Quimbo", es unipropósito, es decir, para la generación de energía eléctrica solamente y la utilidad que obtenga la empresa EMGESA, solo beneficiará a esa empresa. Con la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, el Municipio de El Agrado, tendrá entre muchas otras, las siguientes afectaciones:

 

• Inundación de cultivos permanentes y transitorios, principalmente de los municipios de Gigante, Garzón y Agrado, en extensión de más de 2.000 Ha e inundación de pastos de pastoreo, cría y engorde de ganado bovino, ovino y caprino.
• Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias y puentes vehiculares y vías peatonales.
• Desplazamiento de 427 familias (viviendas), residentes permanentes en el área que será cubierta permanentemente por el embalse.
• Pérdida de las tierras más fértiles del Municipio, completamente planas, mecanizables, con alto contenido de materia orgánica, sistemas de riego por gravedad y alta productividad.
• Perdida de oportunidades y de la misma esperanza de vida y de futuro, por suspensión de la construcción de 9 proyectos de pequeños distritos de riego, ya programados oficialmente, por el gobierno departamental, por ser inundadas las tierras.
• Desplazamiento del 26% de la población rural.
• El 75% de la población del Municipio de El Agrado, depende económicamente de actividades agropecuarias y éstas se verán drásticamente afectadas por la inundación de 3.262 has que corresponden a predios pertenecientes al Municipio de El Agrado.
• La seguridad alimentaria del Municipio se verá drásticamente afectada debido a que la zona que será inundada produce frutales, maíz, plátano, arroz, cacao, sorgo, soya, leche, carne, etc., entre otros productos de gran importancia para la dieta alimenticia local, regional y nacional.
•  Pérdida de más de 900 empleos directos.
• Inundación del 12% del total del área del Municipio.
• La Hidroeléctrica de El Quimbo afectará directamente a cinco veredas de las más importantes y con mayor tradición del Municipio: La Escalereta, La Cañada, San José de Belén, La Yaguilga y El Pedernal.
• Desintegración de empresas comunitarias que llevan más de 40 años de reivindicaciones sociales y económicas.
• La zona a inundar genera más de 15.000 millones de pesos anuales a la economía de la región y las regalías generadas por la hidroeléctrica para el Municipio, solamente representarán alrededor de 750 millones de pesos anuales.
• Inundación y posible destrucción de la capilla de San José de Belén la cual fue declarada patrimonio cultural del departamento del Huila.
• En el área de influencia del proyecto que comprende el valle del río Magdalena desde el río Suaza hasta el Páez, se identificaron 78 áreas de interés arqueológico, las cuales albergan vestigios de las poblaciones que ocuparon esta región en época prehispánica y comienzos de la colonia.
• Desintegración de núcleos familiares que durante décadas han realizado labores agrícolas de manera conjunta.
• Pérdida para el Municipio de infraestructura representada en vías, acueductos, puentes, escuelas, centros de salud, capillas, salones comunales, etc.
• El embalse, por elevación del nivel del agua, deja fuera de servicio puentes de vías troncales de primer orden, como el de El Balceadero y el de la Jagua e incomunicados, por la ruta actual en servicio, a varios municipios y localidades. Incomunica territorios entre sí, y áreas de fincas y a estas con las vías actuales.
• El Estudio de Impacto Ambiental, que presentó EMGESA, para obtener la Licencia Ambiental, en forma muy genérica, hace referencia a esos problemas, sin analizar los costos permanentes para los usuarios afectados, al menos por el periodo útil previsto, ni definir el tipo y alcance legal de la obligación que asume.
• La zona a inundar posee los últimos remanentes de bosque seco de todo el centro del departamento del Huila y son ecosistemas considerados de interés nacional.
• Destrucción de bosques, hábitat de especies en peligro de extinción como venados, zorros, tigrillos, monos, aves, reptiles y anfibios.
• El Municipio de El Agrado perderá el acceso directo y la posibilidad de usufructuar las aguas del Río Magdalena.

C.- Compensaciones ofrecidas por EMGESA:

 

La empresa ha ofrecido las siguientes compensaciones:

 

• Pago de impuesto predial, por el área inundada. El impuesto predial por el área inundada, no supera los $140.000.000 anuales, según cálculo de la misma EMGESA, para repartir entre todos los municipios afectados.
• Pago de impuesto de Industria y Comercio. El Impuesto de Industria y Comercio, que propone pagar la empresa dueña de la hidroeléctrica, no supera los $260.000.000 anuales, para repartir entre los municipios afectados.
• El denominado fondo especial de inversiones, que propone y presupuesta, por $4.500.000.000 por una sola vez y para todos los afectados, es irrisorio ante las jugosas ganancias que produce ese tipo de negocio. Le correspondería menos de $1.000.000 para cada afectado.
• De acuerdo con diversos informes económicos-financieros de la Central Hidroeléctrica de Betania (CHB), la utilidad neta, después de impuesto, por la generación y venta de energía eléctrica es altísima. La CHB, en 2003 obtuvo utilidad neta anual de $245.000 millones. EMGESA, es dueña y operadora de la CHB. La represa EL QUIMBO, en producción media, puede generar utilidades superiores a $200.000 millones anuales y de acuerdo con estudios de Hidroestudios S.A., la construcción de la Central Hidroeléctrica el QUIMBO, mejora la regulación y operación del embalse de la CHB, en un 170%, respecto a las condiciones actuales y mejora la rentabilidad de la CHB, en el 35%.

Dadas las consideraciones expuestas, que demuestran la gravedad y trascendencia de este proyecto para la vida municipal, se hace imperativo que la totalidad de la ciudadanía conozca el proyecto hidroeléctrico mencionado, analice sus afectaciones y se pronuncie, mediante los mecanismo legales sobre su conveniencia para el municipio.

 

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Dirección colegiada

Miller Dussán C. Belén Alarcón, Carlos Gómez, José Jairo González.