Unidad de las organizaciones y las comunidades en defensa del territorio, el agua y el Río Magdalena

Declaración

 

Los huilenses iniciamos el 2009 bajo la inminente amenaza de perder la soberanía sobre el territorio, el río Magdalena, la expropiación de los bienes a quienes se nieguen a vender y el desalojo de las comunidades ante las pretensiones del gobierno nacional y de su concesionaria Emgesa, de convertir al Huila, a nombre de un desarrollismo desaforado, en un inmenso charco de agua exclusivamente destinado a la generación de energía para los mercados principalmente internacionales y de espaldas a las verdaderas demandas del desarrollo regional humano y sostenible de nuestro territorio y del país.

De la mano de las comunidades directamente afectadas por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico de El Quimbo por la Empresa Española Emgesa organizaciones sociales, ambientales, políticas, personalidades democráticas y un número cada vez mayor de opitas, responsables ética y ambientalmente, venimos construyendo espacios de concertación y alternativas viables al negocio del siglo, dado que éste sólo favorece a la multinacional.

En efecto, ante los desafíos planteados por el megaproyecto, hemos realizado encuentros directos con las comunidades, talleres, seminarios, campañas de divulgación de los impactos negativos, foros, audiencias populares y debate en el Congreso cuya primera fase culminó el pasado 11 de diciembre en la Casa de Nariño con el Presidente Uribe, donde ratificamos que tal como está pactado el contrato de concesión, la construcción de la hidroeléctrica representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de EMGESA. Además, se requiere de un estudio previo confiable y acorde con los intereses nacionales, regionales y locales que garantice el desarrollo equitativo y sostenible, como condicionante a la expedición de la licencia ambiental, en cumplimiento de lo regulado por el Parágrafo del Art. 6º de la Ley 56/81.

Desconociendo los consensos en defensa de las comunidades y la región, el   Presidente Uribe, aseguró que la represa no tendrá reversa porque la decisión de su construcción obedeció a propósitos asociados a la estrategia nacional de seguridad energética, avalada por la solicitud de cuatro ex gobernadores del Huila y porque una vez acogida ésta, y firmado el contrato de concesión, no se puede debilitar la confianza inversionista, y aseguró que su gobierno dará garantías a la región y a las comunidades para que haya equilibrio y los actores no resulten afectados.

La actitud autoritaria del presidente expresa una de las principales falencias de nuestro sistema político que está construido para que determinadas decisiones de política pública que afectan y a veces cambian radicalmente la vida de comunidades enteras, se tomen sin ningún procedimiento democrático y de participación ciudadana. Quienes decidieron la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo fueron los interesados en el negocio y unos funcionarios públicos que no están sometidos a control político directo y en un proceso de decisiones que no pasaron por ningún debate público. Unos funcionarios prevalidos del hecho de ser designados por servidores elegidos democráticamente, toman decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas quienes no tienen poder de decisión sobre las políticas públicas fundamentales. Y ni siquiera las instancias representativas como el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. Para el caso que nos ocupa, jurídicamente ninguna de estas corporaciones tiene competencia para decidir. Los únicos que sí la tienen son las oficinas dependientes del poder ejecutivo en los ministerios del Medioambiente y de Minas y Energía.

La situación es aún más grave, cuando el Estado abandona su función de defender el interés público y, en especial, la soberanía nacional, y sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo", negando el proceso de socialización con las comunidades y las autoridades locales. Con esta autorización EMGESA podrá reclamar "la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias" en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. En consecuencia, las comunidades afectadas se ven presionadas a "negociar" directamente con la multinacional en condiciones desventajosas. En la práctica, se reduce a todos a simples contrapartes individuales en el negocio y se desconoce la existencia de las instituciones y de sus personeros. De manera que ciudadanos del común y autoridades, presentan su "lista de mercado", donde incluyen cualquier tipo de demanda personal o colectiva, sin importar que pueda estar en contravía de los Planes de Desarrollo Municipales.

Cuando resta un solo paso que es el otorgamiento de la licencia ambiental, trámite regulado por la Ley 99 de 1993, es necesario solicitar su aplazamiento, porque en consonancia con la Constitución de 1991, se debe revisar toda la información para el otorgamiento de la misma, que es de interés general y realizar la audiencia pública, donde todos los actores presenten nuevas alternativas que se rijan por los principios básicos de equidad y sostenibilidad, manejo soberano y autónomo de los recursos naturales, participación, responsabilidad social empresarial, respeto a las formas culturales de relación con la naturaleza e identidad cultural. 

Extraña que el liderazgo reclamado al gobernador del Huila por diferentes actores económicos, sociales y políticos en torno a la defensa de los intereses regionales, no haya sido asumido con mayor vehemencia, lo que implica la ausencia de una posición unificada cuya consecuencia ha sido la dispersión y el estímulo de apetitos transaccionistas de la mayoría de los sectores políticos tradicionales y autoproclamados representantes de las comunidades y de propietarios locales que afanosamente pujan por tener el control de la "Mesa de Concertación", para satisfacer sus demandas personales, las que en últimas serán las dádivas que Emgesa tenga a bien concederles.

Ante la falta de coordinación desde el gobierno departamental y de los municipios afectados, convocamos a  todos los actores regionales a defender los intereses del Huila construyendo una agenda común y designando los auténticos voceros en la  "Mesa de Concertación", sobre la base del rescate de los siguientes acuerdos previamente logrados.

1. Partir del reconocimiento pleno de la vigencia de todos los puntos concertados en el Debate del Congreso Nacional y otros escenarios previos, a saber:1) El Proyecto hidroeléctrico como está planteado es un negocio que favorece fundamentalmente los intereses económicos de la multinacional EMGESA. 2) La resolución 321 del primero de septiembre que declaró de "utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de la represa" tiene vicios de inconstitucionalidad al violar el debido proceso de los directamente afectados, razón por la cual se deben apoyar las acciones de tutela y nulidad en curso. 3) El Ministerio de Ambiente debe supeditar la licencia ambiental a las conclusiones del estudio socioeconómico, (en concordancia con la ley 56/81) financiado por el Departamento del Huila, por un monto de $ 110 millones, en cumplimiento de lo prometido por el Gobernador, y en donde se garantice la defensa de los intereses nacionales, regionales y  locales. 

2. Convocar a la integración de un Comité Cívico en defensa de los intereses del Huila, con la más amplia representación, donde se construyan propuestas alternativas al Megaproyecto de Emgesa que sean objeto de concertación con el Gobierno Nacional. Estas propuestas deben ser producto de la investigación ordenada por la Ley 56/81 que debe alimentar el marco de  decisiones estratégicas sobre la conveniencia o no del proyecto que viene siendo formulado por Emgesa y el gobierno nacional.

3. EMGESA debe entregar por escrito sus propuestas tanto a La Mesa Regional como al equipo responsable de la investigación, para su respectivo análisis y debate público.

4.  Sólo sobre la base de asegurar las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental del Quimbo, se propone como una de las alternativas al Megaproyecto de EMGESA, estudiar la posibilidad de construir en la zona denominada El Quimbo (Gigante-Huila) una central hidroeléctrica, (con una altura máxima de 70 metros, para generar mínimo 100 MWh, disponer de agua por gravedad, para más de 100.000 hectáreas para múltiples propósitos con la participación accionaria del Departamento, de todos los municipios, de las comunidades y de particulares, asegurando el control por el Departamento de la Empresa de Energía del Huila, de tal manera que ésta actúe como socio gestor, y si es necesario buscar aliados estratégicos externos. Ésta además debe contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias, el uso racional de nuestra agua para acueductos y regadíos para municipios ribereños al río Magdalena hasta Aipe y Villavieja o algunas instalaciones sanitarias en la zona; el acceso a la tierra para el fortalecimiento de las economías campesinas y el mejoramiento permanente de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores; la creación de nuevas empresas de economía solidaria tales como las de piscicultura que garanticen el derecho al trabajo y a la conservación del tejido social, así como el sentido de pertenencia; la preservación de los ecosistemas estratégicos y la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible, para lo cual se requiere de la producción y apropiación de conocimiento científico y tecnológico cuya responsabilidad principal debe recaer en la Universidad Surcolombiana, razón por la cual es imperativo crear el Centro de Estudios Regionales que deberá ser financiado de manera sostenible con recursos provenientes del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo a través de un número significativo de acciones que cedería el Departamento a la USCO como institución de carácter público.

5. En todo caso, la garantía de realización de nuestro pliego de reestructuración del megaproyecto está asociado con el impulso de diversas acciones de organización, divulgación y movilización social local, regional, nacional e internacional, orientadas a asegurar los derechos de las comunidades afectadas, la defensa del territorio y los demás intereses regionales, a cuyo apoyo los abajo firmantes nos comprometemos decididamente.

Neiva, Cuenca del Alto Magdalena, enero 7  de 2009

 Firman,

 Orlando Beltrán, Ex Representante a la Cámara

Jaime Dussán Calderón, Senador de la República

Jaime Bravo, Ex Gobernador del Huila

Aldemar Macías, Excandidato a la Alcaldía de Neiva

Carlos Tobar, Coordinador PDA Huila

Miguel Rodríguez H, Presidente Partido Verde

Rolando Botello, Concejal de Gigante

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales - Dirección Colegiada

Miller Armín Dussán Calderón, Profesor USCO

José Jairo González Arias, Investigador Social

Belén Alarcón Alarcón, Corporación AVANZAR

Carlos Ernesto Gómez Sánchez, Asociación Cultural y Ambientalista del Sur -ACAS-

Leyla Rincón, Fundación El CURIBANO

Miguel Ángel Claros, Fundación PICACHOS

Juan Manuel González, Corporación Casa de la Memoria

Heydy Briyith Díaz, Corporación Casa de la Memoria

Cesar Augusto Useche, Comunicador social

Central Unitaria de Trabajadores -CUT - Joaquín Polanía, Presidente

Asociación de Institutores Huilense, José Luís Castellanos, Presidente

Asociación Sindical de Profesores Universitarios -ASPU- Hernando Gutiérrez, presidente

Unión de Trabajadores del Huila y Caquetá-UTRAHUILCA- Ramiro Becerra, Gerente

Israel Silva,  Directivo ASOCOOPH

Manuel Jara, FENSUAGRO

Silvestre Lozano M, ACEU

Mario Sánchez, Investigador USCO

Humberto Espinosa, Presidente Junta de Acción Comunal Matambo

Crista Leonor Rincón, Presidenta Junta de Acción Comunal Veracruz

John Fredy Patiño Zapata, Comité de Veeduría

Humberto Castro, Red de Veedurías del Huila

Claudia Milena Vera, Red de Veedurías del Huila

Jennifer Chávarro, Vanguardia Sur

Alfonso Morelo de la Ossa, Comité Permanente de Derechos Humanos del Huila, COMPERDH-Huila

Andrés Barona, Colectivo de DD. HH Héctor Abad Gómez

Guillermo Andrés Rodríguez, Semillero de Investigación FENIX-USCO

Johana A. Arévalo, Semillero de Investigación FENIZ-USCO

Gustavo Adolfo Rivera,  Colectivo por la Liberación de la Tierra

Miguel Angel Charry, Colectivo por la Liberación de la Tierra

Alejandro Ordoñez, propietario

Wilson Javier Vargas, estudiante USCO

Dalmiro Gámez B. Ingeniero contratista