DE LA RESISTENCIA Y DESOBEDIENCIA CIVIL AL VOTO EN BLANCO

El 24 de enero del 2013, a propósito de elecciones atípicas para la gobernación del Huila, Asoquimbo declaró que: “una alternativa frente a la denominada "Unidad Regional" es promover desde ya el VOTO EN BLANCO con el propósito de deslegitimar a los partidos que hoy se disputan la gobernación y que son los responsables de los desastres económicos, sociales, ambientales y culturales causados por los megaproyectos minero energéticos como el del Quimbo, la exploración petrolera en el Páramo de Miraflores y la crisis del sector agropecuario”.

El 20 de Febrero de 2013 La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo  -Asoquimbo- ratificó el Paro Cívico Regional el 14 de marzo (XIV Día de Acción Internacional contra represas y por los Ríos, el Agua y la Vida y III Jornada Nacional en Defensa de los Territorios), el respaldo al Paro Cafetero del 25 de febrero y la convocatoria a VOTAR EN BLANCO para la gobernación del Huila el 14 de abril con la decisión unánime de las  Asambleas realizadas entre el 9 y el 17 de febrero de 2013 en los municipios de Agrado, Garzón, Gigante, Hobo, La Plata, San José de Isnos, Tarqui y San Agustín Huila.

Se definió el Programa del Voto en Blanco como una respuesta al Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “HACIENDO EL CAMBIO” y su Agenda Interna de Productividad y Competitividad que incorpora las “locomotoras del desarrollo” minero energética y los agronegocios incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Santos   en cumplimiento de los Tratados de Libre Comercio TLC.

El 28 de febrero de 2013 la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo-, la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur -ACAS-, la Corporación ComUnidad y Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas, Ríos Vivos, radicaron ante el Registrador de la Delegación Departamental del Huila, Doctor HUMBERTO CARRILLO, el Programa de Unidad por la Defensa del Territorio y el VOTO EN BLANCO para las elecciones atípicas de Gobernador del Huila. 

El 27 de marzo de 2013, Asoquimbo denuncia la censura y estigmatización del Voto en Blanco por parte del Consejo Nacional Electoral que a través de la Resolución 977 de 2013 prohibió la publicidad a favor del mismo. Este hecho insólito generó múltiples reacciones pero en especial la del exmagistrado del CNE, Antonio Lizarazo, quien expresó “El Consejo probablemente se equivocó. Me parece exagerada esta prohibición pues la participación en política hace parte de las libertades ciudadanas, independientemente de que el comité promotor se hubiese inscrito o no”.

El 19 de abril Asoquimbo publicó un ensayo sobre el impacto y sentido del Voto en Blanco que registró 77.326 sufragios frente a 119.788 de toda la clase política del Huila y una abstención del 72%.

La fuerza del voto en blanco se registró en los lugares más afectados por la política minero energética y los TLC.  Se expresó la voluntad ciudadana por la defensa del territorio contra el control corporativo del mismo por las transnacionales Endesa, Emgesa, Enel, Emerald Energy, Hydrochina, contra los Tratados de Libre Comercio y por la solución de la crisis del campo. Pero además fue expresión de inconformidad contra la manguala politiquera burocrática, clientelista y excluyente que no consultó a los ciudadanos sino que impuso la candidatura de Iriarte contra el espíritu de la Constitución de 1991 que estimula la democracia participativa.

El 12 de julio de 2013, Asoquimbo anunció la realización de consulta para definir su participación en las elecciones parlamentarias de marzo de 2014, señalando que “la participación electoral, sólo tiene sentido si contribuye a fortalecer la movilización social por la Defensa de Nuestros Territorios donde se viene construyendo un nuevo Sujeto Ecosocial Plural, identificado y comprometido con nuevas formas de autogobierno local inspiradas en la democracia radical, la igualdad, las formas solidarias de economía campesina e indígena y las cosmovisiones y prácticas que impulsan nuevas relaciones de poder en los territorios donde se reconocen los derechos de la naturaleza”.

El 8 de noviembre de 2013, las organizaciones: Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, -Asoquimbo-, Asociación Cultural y Ambientalista del Sur -ACAS- y la Corporación ComUnidad, radicaron ante el Registrador Regional del Estado Civil, Doctor YOUSSEF SEFAIR SILVA el Programa de Unidad por la Defensa del Territorio y la Convocatoria de una Asamblea Constituyente para el cambio del régimen político clientelista y corrupto y del modelo neoliberal.

El 14 de noviembre de 2013 las Organizaciones Sociales, ratificaron la convocatoria a Votar en Blanco el 9 de marzo de 2014, como expresión de inconformidad y rechazo al Sistema Político autoritario, excluyente, clientelista y corrupto que ha gobernado a Colombia durante siglos.

Posteriormente,  se participó en la radicación del Programa en la Registraduría Nacional y de un Comité de Impulso con el único propósito de hacer parte del MOVIMIENTO DEL VOTO EN BLANCO que se viene construyendo de manera pluralista, por parte de ciudadanos, organizaciones sociales, ambientalistas, de derechos Humanos, afrodescendientes, indígenas, sindicales, religiosas, entre muchas.

El 26 de enero de 2014, Asoquimbo declaró que El VOTO EN BLANCO tiene infartado a los partidos políticos, en especial, a los minoritarios que se reclaman de izquierda cuya angustia es perder sus dos o tres curules o no alcanzar el umbral. Expresa que el Movimiento del VOTO EN BLANCO  se erige hoy como un PODER CIUDADANO contra el Régimen Político. De lograr las mayorías e invalidar las elecciones parlamentarias se constituiría en una alternativa que sumada a las acciones de resistencia, obligaría, no a repetir las elecciones sino a convocar una Asamblea Constituyente de representación ciudadana y de organizaciones sociales mayoritaria, capaz de reformar el régimen económico y político actual para avanzar en la construcción de la convivencia con fundamento en la justicia social”.

En síntesis, El VOTO EN BLANCO proviene de las recientes luchas de resistencia por la soberanía y defensa de nuestros territorios, donde las comunidades afectadas por la política minero energética y agraria del Gobierno, con el respaldo de diferentes sectores sociales se erigen ahora en constructoras de un Poder Ciudadano y Popular para que a través de una Asamblea Constituyente construya las bases de un nuevo Régimen Político fundamentado en la democracia participativa y en un nuevo modelo de desarrollo holístico basado en el bienestar de todas las formas de vida.

Las encuestas registran que el VOTO en BLANCO es mayoritario. Pero sus intérpretes pretenden ocultar su verdadero significado como poder ciudadano y popular alternativo. 

El Voto en blanco tiene infartado a los partidos políticos. Por eso no es extraño que en los resultados de la primera Encuesta electoral El Tiempo- W Radio elaborada por la firma Datexco, no se registre el VOTO EN BLANCO para las elecciones parlamentarias, que sin lugar a dudas, supera a todos los aspirantes a la presidencia, al ocupar el primer lugar con un 30.5% y que de realizarse las elecciones mañana, las invalidaría como una expresión que reclama el cambio del régimen político.

EL VOTO EN BLANCO TIENE INFARTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS

El avance del VOTO EN BLANCO, que hoy encabeza las encuestas para Congreso y Presidencia de la República de Colombia, ha generado un temor sin precedentes no sólo en los partidos tradicionales sino aquellos que se reclaman de izquierda y, además, se reconocen minoritarios.

Muchos posan de analistas. Lo más preocupante es que quienes se reclaman de la oposición, de izquierda hacen todos los esfuerzos para intentar “demostrar” que si avanza el VOTO EN BLANCO, ellos pierden. Es decir, no están seguros de que quienes siempre han votado minoritariamente por ellos  ahora lo vuelvan a hacer. O más grave aún. Es un reconocimiento de su incapacidad para convencer a los ciudadanos de que sus propuestas programáticas los representan. En ambos casos, el temor es perder o no acceder al codiciado puesto parlamentario.

Ahora, la disculpa es que si ellos no alcanzan el umbral es responsabilidad de quienes VOTAN EN BLANCO. Incluso, existen cuñas publicitarias que llaman al VOTO LIBRE, no importa por quien, siempre y cuando no VOTEN EN BLANCO, estigmatizándolo, desconociéndolo como el Voto más libre, autónomo y democrático, incluso reconocido en la Constitución y la Ley como un Derecho Ciudadano, "una herramienta legítima y valiosa de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad por parte de los sufragantes”, (Resolución 0920)

 

En el Huila, fue tan impactante el surgimiento del VOTO EN BLANCO, en las elecciones atípicas para la gobernación, cuyo candidato único, Carlos Mauricio Iriarte, fue respaldado por todos los partidos, entre ellos, algunos que se reclaman de izquierda, que acudieron  ante el  Consejo Nacional Electoral, logrando,  a través de la Resolución 977 del 20 de marzo de 2013, que se prohibiera y ordenara encarcelar a quienes promovieran el VOTO EN BLANCO. Es decir, el Derecho Ciudadano a expresarse libremente, a disentir y protestar contra la fracasada “democracia representativa”.

La represión y la estigmatización del VOTO EN BLANCO no lograron impedir el auge sin precedentes del mismo, promovido por las organizaciones sociales, Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo –Asoquimbo-, la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur y Comunidad, por la defensa del Territorio y contra la política minero energética, los agronegocios y lor TLC de Santos y Uribe.  Sumó 78.000 VOTOS convirtiéndose en la primera fuerza ciudadana, donde las nuevas VOCES expresaron su indignación, su autonomía, su capacidad de decidir por sí mismos, constructores de una alternativa ciudadana y social que participa y resiste contra el control corporativo de nuestro territorio por las empresas transnacionales, pero que desprecian todos los partidos o sectas religiosas convencidas de que la política se reduce a la "representación parlamentaria", es decir, a mantener el Régimen Político centralista, autoritario, clientelista, corrupto, mafioso y criminal.

El VOTO EN BLANCO tiene infartado a los partidos políticos, en especial, a los minoritarios que se reclaman de izquierda cuya angustia es perder sus dos o tres curules o no alcanzar el umbral. Lo paradójico, es que atacan el VOTO EN BLANCO, un Derecho Ciudadano a la libre expresión propia de la misma democracia que dicen defender. No se entiende cómo si se reclaman de oposición al régimen o al gobierno y sus argumentos son válidos, no logran convencer a la mayoría de los ciudadanos para que voten por sus candidatos y se conviertan en mayoritarios. O realmente temen que quienes siempre han votado por ellos se sumen al VOTO EN BLANCO.

No me cabe ninguna duda que su única preocupación es mantenerse o aspirar a curules en el parlamento, aspiración legítima que deberían alcanzar por convicción y persuasión programática y no atacando a quienes legítima y legalmente han decidido ejercer su Derecho Ciudadano de apoyar el movimiento del VOTO EN BLANCO.

Algunos buenos parlamentarios de oposición cumplen con su función de control político y cuentan con respaldo social. La pregunta es ¿por qué no avanzan electoralmente?. Claro, la maquinaria, el clientelismo o la “mermelada” como se dice ahora ¿O es que pretenden realmente acumular mayor número de Votos oponiéndose al VOTO EN BLANCO?. ¿Por qué no se preguntan por el avance incontenible de éste movimiento? ¿Por qué no convencen a quienes han decidido Votar en Blanco de que su propuesta programática los representa?

El Movimiento del VOTO EN BLANCO  se erige hoy como un PODER CIUDADANO contra el Régimen Político. De lograr las mayorías e invalidar las elecciones parlamentarias se constituiría en una alternativa que sumada a las acciones de resistencia obligaría no a repetir las elecciones sino a convocar una Asamblea Constituyente de representación ciudadana y de organizaciones sociales mayoritaria capaz de reformar el régimen económico y político actual para avanzar en la construcción de la convivencia con fundamento en la justicia social. Pero claro. Para quienes se oponen al mismo movimiento es imposible porque quienes controlan el sistema no lo van a permitir. Entonces, ¿con 4 o 5 curules en el parlamento pretenden a través del control político cambiar el Régimen dominante que pregonan en todas sus plataformas políticas, incluso construir el socialismo?

Para quienes anticipan que el VOTO EN BLANCO no logrará ser mayoritario o si lo es pierden el tiempo porque se repetirían las elecciones únicamente con candidatos de “derecha” se les pregunta si una derrota electoral sin precedentes, motivada por el VOTO EN BLANCO, no ocasionaría la profundización de la crisis institucional. Afirmar que si avanza el VOTO EN BLANCO quien se fortalece es el actual régimen político es actuar de mala fe al desconocer que los ciudadanos son capaces de realizar transformaciones que aún no han logrado los partidos de oposición. Equivale a desconocer que a través de las movilizaciones sociales se han logrado reivindicaciones significativas como lo demuestran los recientes paros agrarios, reivindicaciones  que no se han alcanzado por la simple intervención de los parlamentarios de oposición. Tampoco se pretende negar la importancia de la lucha parlamentaria siempre y cuando sirva para deslegitimar el Régimen Político como se busca ahora con el VOTO EN BLANCO en esta coyuntura excepcional donde los ciudadanos, sujetos de derechos, no creen en la institución parlamentaria y antes que abstenerse prefieren actuar.

Razón le asiste a José Saramago, Premio Nobel de literatura al expresar que: 

"Si algo puede cambiar a una sociedad es el voto en blanco porque es un voto democrático y no significa un descalabro de la democracia. Si asusta a los partidos es precisamente por ser democrático. El elector que vota en blanco no puede ser acusado de subversivo, es sencillamente alguien que no está satisfecho con el funcionamiento de la democracia y escoge esa manera de expresarlo.

"Los políticos prefieren la abstinencia del electorado que el voto en blanco porque éste último está diciendo una sola cosa: que lo que está proponiendo el sistema político no le está gustando al elector”

"Si nosotros podemos votar, podemos tener una intervención en la vida política y social. Si pensamos que el poder político es el poder, es la peor afirmación en que hemos caído.

"La diferencia entre el voto en blanco de mi novela ’Ensayo sobre la lucidez’ y la abstención (...) es la misma que separa la inteligencia de la estupidez".

La Promoción del VOTO EN BLANCO se constituye para las organizaciones sociales en una actividad pedagógica para la formación ciudadana, con fundamento en la autonomía o capacidad individual y colectiva de tomar decisiones libres y conscientes para avanzar en la construcción del PODER DE LOS CIUDADANOS Y POPULAR  para la transformación de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes.

http://millerdussan.blogia.com/2013/111401-el-voto-en-blanco-hacia-la-democratizacion-del-regimen-politico.php

ASOQUIMBO SOLICITA ZONA DE RESERVA CAMPESINA

 

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo –Asoquimbo- y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -ANZORC-, solicitaron  al Director General del INCODER, Rey Ariel Borbón, el inicio del proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina en El Quimbo Huila con base en los siguientes argumentos:

1.         La Ley 160/94,  artículos 80, 81 y 84, que crea las zonas de reserva campesina con el objetivo de “Fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales, y crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social”, cuya constitución es reglamentada en el decreto 1777/96 y en el Acuerdo 024 de 1996, proferido por el Incora.

2.         Es mandato misional del Incoder consagrado en el artículo 4 numeral 14 del Decreto 3759/2009 la constitución de Zonas de Reserva Campesina.

3.         El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió el Decreto número 1277 del 21 de junio de 2013 "Por el cual se establece un programa especial de Dotación de Tierras" y en  el Artículo 1  numeral 1 se refiere como primer beneficiario las “Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico ‘El Quimbo’ en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma agraria”.

4.- En el Artículo 4 del Decreto 1277 se establece que “El procedimiento para la selección de predios, la negociación directa, la determinación del precio y la forma de pago, así como, las causales y el procedimiento de expropiación se adelantarán con sujeción a lo establecido en los artículos 32 y 33 de la Ley 160 de 1994 y el Decreto Reglamentario 2666 de 1994, en lo pertinente”. En tal sentido, corresponde adjudicar las tierras hasta la extensión de una Unidad Agrícola Familiar -UAF- que para el caso de la Zona de El quimbo comprende entre el rango de 30 a 50 hectáreas.

5.- Acuerdo 024/96 sobre el inicio de procedimientos administrativos de delimitación y constitución de nuevas Zonas de Reserva Campesina.

6.- Decreto 1777/96, artículos 3 y 4 que ordenan:

“Artículo 3. Acción Institucional. La acción institucional del Estado en Zonas de Reserva Campesina será concertada, con el fin de promover y encauzar recursos y programas que definan un propósito común de desarrollo en la región. La acción del Estado se realizará con condiciones preferenciales en cuanto al otorgamiento de subsidios, incentivos y estímulos en favor de la población campesina en materia de créditos agropecuarios, capitalización rural, adecuación de tierras, desarrollo de proyectos alternativos, modernización y el acceso ágil y eficaz a los servicios públicos rurales.

Artículo 4. Inversión y Plan de Desarrollo Sostenible. Las entidades que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, así como, el Fondo Nacional de Regalías, el Fondo Nacional Ambiental, el Fondo Ambiental de la Amazonía y los Planes y Programas especiales del Gobierno Nacional con recursos para la inversión social rural, financiarán o cofinanciarán, de acuerdo con sus competencias y con condiciones preferenciales y prioritarias, la ejecución de actividades, estudios, investigaciones, planes, programas y proyectos de utilidad pública e interés social en las Zonas de Reserva Campesina. (…)”

7.- El Ministerio de Agricultura y el Incoder, y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, con fundamento en la Ley 160 y el Decreto 1777,  el 31 de agosto de 2010 acordaron la reactivación de las Zonas de Reserva Campesina dado su significativo valor de política pública como contribución a la solución del crónico problema agrario que afecta al país y particularmente a las comunidades campesinas víctimas de la exclusión y la violencia política.

8.         Entre los ejes  de la reactivación acordados se señalan:: i) Conformación desde el nivel central del Incoder un equipo nacional de profesionales para la reactivación de las ZRC; ii) la conformación desde el nivel central del Incoder, de un equipo de profesionales que acompañen en el nivel territorial la gestión de cada una de las ZRC constituidas y en proceso de constitución, quienes deben ser conocedores de las dinámicas territoriales y contar con la legitimidad en las comunidades campesinas como garantía de eficacia de su gestión; iii) inicio de procedimientos administrativos de delimitación y constitución de nuevas ZRC en cumplimiento del procedimiento señalado en el Acuerdo 024/96 iv) las acciones a desarrollar en el marco del proceso de reactivación de las ZRC serán concertadas entre las organizaciones campesinas representadas en ANZORC y el Incoder.

9.- En la Licencia  Ambiental concedida al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo quedó incorporado el “Documento de Cooperación celebrado entre la Gobernación del Departamento del Huila, los Municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, de Agricultura y EMGESA S.A. ESP” como garantía de la restitución de 5200 hectáreas en producción en la Zona a inundar y, específicamente, el compromiso del Ministerio de Agricultura de adquirir “aproximadamente DOS MIL SETECIENTAS (2.700) hectáreas previa presentación del estudio por parte de EMGESA S.A. de los posibles predios sobre los cuales construirá la infraestructura de riego por gravedad, para adelantar allí programas de reforma agraria en la cual se incluyan las comunidades más vulnerables de la zona de influencia del Proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y paleros, entre otros ), de acuerdo con lo previsto en el numeral tercero de las obligaciones de EMGESA S.A.”. Este compromiso ha sido incumplido por quienes lo suscribieron.

10.- La Contraloria General de la República -CGR- confirmó el incumplimiento de “restitución la actividad productiva”, en documento sobre “Consideraciones técnicas para apertura de indagación preliminar al MADS por proceso licenciatorio PHE -El Quimbo-del 28 de diciembre de 2011, al consignar que:

“La CGR cuenta con información de campo en el sentido de que se está procurando reasentar a comunidades afectadas en áreas en producción, con lo cual no se estaría restituyendo las áreas y actividades productivas afectadas por la inundación, si no su reemplazo. Lo anterior, desdice de la seriedad de la Empresa Emgesa S.A. para dar cabal cumplimiento a sus obligaciones. Esta situación está generando conflictos entre las comunidades por divisiones entre las mismas, con la consecuente ruptura de su tejido social, tanto de las que buscan ser reasentadas como las que serían desplazadas por los reasentamientos de las primeras. También se ha recibido información en el sentido de que se está ofreciendo dinero a las comunidades y afectados, para que las mismas lleven a cabo la compra de tierras, lo que contradice lo estipulado en la Resolución 899 de 2009, que prioriza como primera opción el reasentamiento de las comunidades, todo ello ante la mirada e inacción de las Autoridades competentes”.

11.-  La CGR mediante Oficio de agosto 23 de 2012, presenta el informe final obtenido  en desarrollo de la “Denuncia de Participación Ciudadana -Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbornvió y envío comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, para que se tomen las acciones inmediatas al Censo practicado por Emgesa. El ente de control halló graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas.  La Contraloría señala que “La actualización de la línea base y el censo resultan fundamentales para hacer efectiva la compensación por daños causados y la restitución de la actividad productiva de todas las poblaciones afectadas directa e indirectamente por el PH el Quimbo.”

12.- El Gerente General de Emgesa, Lucio Rubio Díaz, publicó el 10 de enero de 2014 una nueva separata en el Periódico La Nación del Huila, (la primera está fechada el 6 de diciembre de 2013), donde se informa que mediante Resolución Número 000098 del 28 de noviembre de 2013 “se decretó y ordenó iniciar los trámites judiciales de expropiación de todos los predios objeto de reasentamiento en la zona de El Quimbo bajo el supuesto de “declarar agotada y fallida la etapa de enajenación voluntaria del área requerida de los predios”, cuando la decisión de expropiación obedece exclusivamente al incumplimiento por parte de Emgesa y del Estado de la adquisición de predios para el reasentamiento en el área contigua a la zona a inundar con el fin de garantizar la  restitución de la actividad productiva y los Proyectos de vida de los campesinos tal como quedó establecido en la Licencia Ambiental.

13.- Las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo han generado una Crisis Humanitaria en la Región producto de la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, daños al Patrimonio Arqueológico, riesgo sísmico, vulneración de todos los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente; daños irreversibles que ameritan la suspensión definitiva de la Licencia Ambiental o la constitución de una Zona de Reserva Campesina que logre minimizar los siguientes factores que inciden en la problemática generada por el proyecto:

a.-Distribución inequitativa de la tierra.  Según el EIA presentado por Emgesa,“el 67.69% de los predios son menores de 5 ha, que corresponden al 61.60% de los propietarios que poseen el 8.32% del área”. Se trata de predios de un gran porcentaje de minifundistas (300 familias) que se encuentran en condiciones de subsistencia al “no permitir a la familia que los explota, remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable”; algunos obtuvieron tierras del Estado que fueron canceladas en su totalidad pero a quienes nunca se les adjudicaron los respectivos títulos de propiedad, ocasionando dificultades para el acceso a crédito y otros beneficios para producir adecuadamente; 369 familias se consideran ocupantes; una gran población que carece de tierras se desempeñan como mayordomos, partijeros, jornaleros, pescadores, paleros para la extracción de arena, entre otros, la mayoría de los cuales se encuentran en condiciones de indigencia; algunos pocos tienen tiendas o negocios similares y desempeñan el rol de pequeños comerciantes; en unos casos excepcionales los campesinos tienen semi-industrializada la producción agraria, piscícola o ganadera.

b.- Escasa o nula presencia social del Estado para apoyar los procesos productivos, lo cual genera: mínimos índices de productividad, producción individualista con técnicas tradicionales y escasos recursos tecnológicos, poca integración social, escaso reconocimiento cultural, exclusión o discriminación de los sectores sociales subalternos y en especial los niños, los jóvenes y las mujeres.

c.- Violencia política y social por la confrontación armada que es especialmente aguda en la región por el enfrentamiento entre grupos insurgentes y las fuerzas oficiales con esporádica presencia de grupos paramilitares, lo que amenaza la seguridad ciudadana y los derechos humanos de la población.

d.- Despojo y desplazamiento de los habitantes ubicados en las 9.000 hectáreas que serían inundadas y zonas aledañas, con graves afectaciones para los habitantes de las zonas urbanas y rurales de los municipios intervenidos.

e.- Afectación de la seguridad alimentaria de la región al inundar la zona que actualmente produce unas 36.000 toneladas de alimentos por un valor cercano a los 33.000 millones de pesos anuales.

f.- Incremento de la pobreza, el desempleo, la delincuencia común y la inseguridad general de la población de la zona, con sus correspondientes impactos negativos en la salud, educación, vivienda y demás derechos básicos de la población.

g.- Descomposición del tejido social y aniquilamiento de raíces culturales, tradiciones ancestrales y riquezas arqueológicas, paleontológicas, como resultado de la inundación prevista y desplazamiento de la población.

h.- Destrucción de fauna y flora nativa, incluidas varias especies endémicas y bosque ripario correspondiente a la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, con la sobreviviente afectación de los ecosistemas y el agravamiento del daño medioambiental.

14.- La constitución de la Zona de Reserva Campesina en El Quimbo contribuye a garantizar  la Soberanía y Seguridad Hídrica y Agroalimentaria, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el mejoramiento integral de la calidad de vida de las mismas. Las Zonas de Reserva Campesina en el Departamento del Huila y, específicamente para El Quimbo, se sustentan en la Tradición Indígena de los Resguardos de origen colonial; la creación de las Empresas Comunitarias producto de las luchas campesinas de la Década de los 60 -70; la ubicación en Reservas Forestales Protectoras de la Amazonía, sus valles  y la calidad agrológica de los suelos; la tradición y vocación agroalimentaria de la región y  la importancia de Defender la Soberanía, Seguridad y Autonomía Alimentarias argumentada por los recientes aportes  de los Movimientos Sociales.

 

 

GUSTAVO PETRO LE INCUMPLIÓ A LOS AFECTADOS DE EL QUIMBO

La Agencia Prensa Rural informó  que El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro enviaría una Comisión de expertos ambientales de la Empresa de Energía de Bogotá para examinar la polémica construcción de la represa de El Quimbo.

La Comisión estuvo presente el 7 de marzo de 2012 en una visita relámpago a directivos de Emgesa, Lucio Rubio y Julio Santafé en la zona de obras. La mayoría de los integrantes de la Comisión venían con instrucciones precisas de la presidenta de las Empresas de Energía de Bogotá, Mónica de Greiff, de reafirmar el aval al Proyecto y ocultar cualquier información sobre irregularidades denunciadas por Asoquimbo. Unicamente uno de sus miembros expresó que "a la Empresa sólo le interesaba el cronograma de obras y que era imposible cumplir con el cronograma ambiental y social debido a los daños irreversibles causado por las obras".

Aurelio Suarez, excandidato a la alcaldía de Bogotá, denunció que en reunión de Junta Directiva realizada en el 2012, con presencia del delegado de la Alcaldía de Bogotá, Emgesa le adicionó 100 millones de dólares a Impregilo de sobrecostos por la construcción de la represa.

El alcalde Petro había comunicado que se podrían revisar los tiempos de la obra: "De acuerdo con el informe que rindan los delegados, la Administración Distrital podría reconsiderar los tiempos de intervención para la construcción de la represa en El Quimbo e intentar acuerdos con los contradictores de dicho proyecto. Además, buscarán espacios para escuchar a la comunidad y así atender a sus demandas”.

Dos años después no se conoce el Informe de la Comisión ni la búsqueda de espacios para escuchar las demandas de las comunidades. Además, el Alcalde Petro no se ha pronunciado sobre quiénes son los "CACAOS" o accionistas preferenciales privados de la Empresa de Energía de Bogotá que hacen parte de Emgesa y del negocio del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Más grave aún. La Empresa de Energía de Bogotá, en respuesta a nuestra petición del Informe de la Comisión, dirigida al Señor Alcalde de Bogotá, expresa que “el informe elaborado por ésta es de carácter privado y confidencial”

Asoquimbo convocará a un Plantón frente al Palacio Liévano en la Plaza de Bolivar  para exigir al alcalde Gustavo Petro que responda por los graves impactos económicos, sociales, ambientales y culturales causados por las obras de El Quimbo debido a que La Empresa de Energía de Bogotá es accionista mayoritaria de Emgesa.

Asoquimbo le recuerda a Petro que debido a la inoperancia de la justicia y al incumplimiento de su palabra, la organización optó por solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como medida cautelar, la suspensión de todas las obras del Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo para evitar un desastre mayor que afectaría a la región y al país.

No obstante lo anterior, Asoquimbo condena la decisión del Procurador General de destitución de Gustavo Petro y espera que la CIDH atienda la solicitud de medida cautelar, de respeto a la decisión popular, que lo eligió como Alcalde de Bogotá para la defensa de los intereses generales de los ciudadanos.

ASOQUIMBO ENTREGARÁ A LA CONTRALORÍA HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

 

Asoquimbo, mediante Derecho de Petición, solicitó a la Contraloría General de la República 1) ordenar se investigue supuesta irregularidad en la extracción de hallazgos Arqueológicos por parte de Emgesa en la Zona de El Quimbo Huila, 2) evaluar el seguimiento del ICANH a “las actividades del Programa de Arqueología” para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo 3) ordenar a quien corresponda recibir las muestras de piezas arqueológicas que fueron entregadas al representante legal de Asoquimbo.

Con fecha 26 de diciembre de 2013, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia  responde a la Contraloría General de la República sobre “supuesta irregularidad en la extracción de hallazgos arqueológicos por parte de la empresa Emgesa en la Zona de El Quimbo-Huila”, denuncia formulada por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquiombo-

El ICANH informa que:

1.-  Ha realizado seguimiento integral a cada una de las Autorizaciones de Intervención Arqueológicas aprobadas para el Proyecto El Quimbo, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos para ello.

2.- Se ha enviado copia de la denuncia de Asoquimbo a la empresa Emgesa, con el fin que esta aclare la situación

3.- Se ha autorizado al profesor José Vicente Rodriguez, de la Universidad Nacional, para que reciba las piezas arqueológicas entregadas al profesor Miller Dussán, a finales de enero de 2014, porque no cuentan con recursos disponibles y hay que esperar la aprobación del presupuesto de 2014.

4.-Se ha enviado comunicación a la Alcaldía Municipal de Garzón solicitando información al respecto.

La anterior respuesta demuestra que al Director (E) del ICANH, Ernesto Montealegre Pérez no le interesa investigar sobre la gravedad de la denuncia que en oportunidad anterior mereció la suspensión de las obras del Proyecto El Quimbo y que concluyó con una exigua multa a Emgesa por el valor de 200 salarios mínimos.

El Director (E) informa que “ha realizado seguimiento integral a cada una de las Autorizaciones de Intervención Arqueológicas” y se supone que no existe ninguna irregularidad. Ni la Contraloría, ni la ANLA, ni la opinión pública conocen de los “resultados del seguimiento”.

Más grave aún. Para el ICANH es suficiente que la empresa Emgesa “aclare la situación” y que el Alcalde de Garzón “informe al respecto”.

Y todo se arregla, cuando el ICANH, cuente con el presupuesto del 2014 para que al Profesor José Vicente Rodríguez se le autoricen los pasajes y viáticos para que reciba las piezas arqueológicas entregadas al representante legal de Asoquimbo.

No queda ninguna duda. El ICANH trabaja en connivencia con Emgesa y es el principal cómplice del saqueo arqueológico, razón por la cual Asoquimbo ha decidido hacer entrega de los hallazgos arqueológicos, en un Acto Público, a la Contraloría General de la República a quien compete la protección del Patrimonio Nacional. 

Solicitud de Medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Nueva  esperanza para la protección del Río Magdalena  y  las comunidades afectadas por la construcción de la represa "El Quimbo"

 

El 10 de diciembre de 2013, día de los Derechos Humanos, la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO) y el Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA, han presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares para proteger los derechos humanos a la vida e integridad de la población afectada por este proyecto situado en el departamento del Huila, sobre el cauce del río Magdalena.

Demostrada la gravedad de los impactos ambientales, socio-económicos y culturales que ha ocasionado y ocasionará la construcción y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, impactos que en su mayoría no han sido reconocidos por la empresa propietaria del proyecto (EMGESA); considerando así mismo la situación de desplazamiento y persecución que padecen las comunidades afectadas; y ante la inminencia del llenado de la represa, previsto para el próximo mes de abril de 2014;  ASOQUIMBO resolvió presentar esta solicitud de medidas cautelares buscando se ordene LA SUPENSIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO y se inste al Gobierno Nacional a que, en ejercicio de su rol de garante de los derechos de las comunidades afectadas, evalúe de forma integral y prevenga la totalidad de los impactos negativos generados por este Proyecto Hidroeléctrico, cuyas afectaciones recaen sobre más de 12.000 huilenses.

Al amparo del Artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se solicitó a éste organismo exigir al Estado Colombiano, representado en sus autoridades civiles y militares, a nivel nacional y municipal:

1. Que se garantice efectivamente los derechos a la vida y la integridad de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto hidroeléctrico “El Quimbo” y se adopten las medidas necesarias para evitar el daño irreparable a sus derechos.

2. Que el Estado colombiano adopte las medidas conducentes para suspender el avance de las obras de infraestructura del proyecto hidroeléctrico “El Quimbo” previstas para ser finalizadas en el mes de Abril de 2014, hasta tanto no se generen garantías reales encaminadas a prevenir la vulneración de los derechos que hoy se encuentran en una inminente amenaza.

3. Que se ordene a la empresa EMGESA la suspensión de todas las actividades de compra de tierras, reasentamientos involuntarios, pago de compensaciones, expropiaciones y desalojos hasta que no se haga: i) una adecuada identificación de todos los afectados, en aplicación de una metodología adecuada que sea definida de forma participativa con los beneficiarios y peticionarios de las medidas; ii) se logre el diseño y aplicación de un censo que cobije a todos los sectores poblacionales afectados, que reconozca de forma integral los daños ocasionados hasta la fecha y aquellos que generará el proyecto en el futuro.

4. Que se ordene al Estado Colombiano que se cree un espacio de participación ciudadana amplio, en el que se expongan y debatan los impactos socioambientales que ya se han causado con el proyecto y aquellos que se ocasionarían con su puesta en funcionamiento. En él se debe propender por generar un diálogo paritario, en que las decisiones se construyan de manera consensuada. Antes de reiniciar las obras, El Estado y la empresa deben garantizar que las comunidades afectadas den su consentimiento libre y plenamente informado sobre la viabilidad y continuación del proyecto.

5. Adoptar medidas de protección para la población afectada que hoy se encuentra en procesos de desalojos forzosos, expropiaciones, compensaciones irregulares, procesos y órdenes judiciales expedidas en su contra por actividades de denuncia y movilización.

El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo es un proyecto de la empresa colombo-española EMGESA, propiedad de la empresa italiana ENEL. Las obras para su construcción tuvieron inicio en el año 2008, tras un controvertido y poco transparente proceso de licenciamiento ambiental. El proyecto, que se desarrolla en la cuenca alta del río Magdalena, prevé inundar 8.586 hectáreas de las tierras más productivas a nivel agropecuario del departamento del Huila, las cuales producen anualmente unas utilidades de más de 33.000 millones de pesos. Se calcula que los impactos de la represa sobre las cadenas productivas afectarán a más de 12.000 personas, de las cuales sólo han sido reconocidas 1.537 por parte de la empresa,  dejando por fuera a más de 10.400 personas cuyo sustento diario depende del río y de las tierras aledañas. Las obras siguen su marcha a pesar de las múltiples denuncias y advertencias de las diferentes autoridades departamentales y nacionales, que en varias oportunidades solicitaron su suspensión. Al día de hoy el llenado del embalse está previsto para el próximo mes de abril de 2014, lo cual ocasionará un daño irreversible, irreparable y de gran magnitud para todas las colombianas y colombianos.

El diálogo con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y la formulación de esta solicitud de medidas cautelares, se emprenden tras haber agotado en el transcurso de los últimos cinco años, prácticamente todos los mecanismos internos que ofrece el ordenamiento jurídico colombiano para la exigibilidad de los derechos de las poblaciones afectadas, esfuerzos que han resultado infructuosos, pues nunca se tradujeron en el reconocimiento integral de los impactos ocasionados y por ocasionar en el marco de la implementación de este  proyecto.

A través de esta solicitud de medidas cautelares, esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alcance a dimensionar la irreversibilidad de los impactos y la urgencia de su actuación para salvaguardar los derechos a la vida e integridad de las comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, las cuales se encuentran en seria desprotección ante una política pública  que afecta  a miles de campesinos y pescadores del Huila que, de no evitarlo, en los próximos años  verán la degradación progresiva del río más importante de Colombia: el río Magdalena.

Para mayor información acerca del caso y sobre la petición de medidas cautelares:

http://www.quimbo.com.co/

http://millerdussan.blogia.com/

Miller Dussán Calderón (ASOQUIMBO): [e-mail]

Andrea Torres Bobadilla y Elisabet Pèriz Fernàndez (TIERRA DIGNA): [e-mail]

¿SAQUEO ARQUEOLÓGICO EN EL QUIMBO?

 

Asoquimbo, mediante Derecho de Petición, solicitó a la Contraloría General de la República 1) ordenar se investigue supuesta irregularidad en la extracción de hallazgos Arqueológicos por parte de Emgesa en la Zona de El Quimbo Huila, 2) evaluar el seguimiento del ICANH a “las actividades del Programa de Arqueología” para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y el tratamiento que se le está dando al traslado y restauración del Patrimonio Cultural representado en la Capilla de San José de Belén, en jurisdicción del Municipio del Agrado Huila y 3) ordenar a quien corresponda recibir las muestras de piezas arqueológicas que fueron entregadas al representante legal de Asoquimbo.

La solicitud se sustenta en los siguientes hechos:

1.- El 4 de julio de 2013, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-, en respuesta a Derecho de Petición de Asoquimbo, informa que mediante resolución No. 110 de 9 de agosto de 2012, confirmada mediante Resolución 149 del 22 de octubre de 2012 declaró que EMGESA S.A. ESP “incurrió en afectación de patrimonio arqueológico de la nación durante la ejecución de la obra Hidroeléctrico "El Quimbo", en los hechos que se evidencian durante los días 3 al 6 de abril de 2012”,razón por la cual se impuso una multa de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes que el sancionado canceló.

2.- El 21 de noviembre de 2013 Asoquimbo, a través de su representante legal, recibió de un ciudadano del Municipio de Garzón, 10 paquetes que contienen muestras de hallazgo Arqueológico de la Zona de El Quimbo, cerca al Cerro de Matambo Gigante Huila, con las respectivas coordenadas (4 fotografías) y registro fotográfico. El ciudadano, solicita a la autoridad competente  “se investigue directamente en la Zona del Quimbo, si la extracción de las mismas piezas, por parte de Emgesa, se viene realizando conforme a las normas y protocolos establecidas para tal efecto”.

3.- La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- en el Auto No.3894  del 15 de noviembre de 2013 “Por el cual de efectúa seguimiento y control ambiental al Proyecto Hiodroeléctrico El Quimbo”, precisa que “las actividades del Programa de Arqueología aprobadas por el ICANH serán objeto de seguimiento por dicho Instituto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 307 de 1997, modificada por la Ley 1185 del 12 de marzo de 2008, y no por esta Autoridad Ambiental, por no ser de su competencia”.

4.- Asoquimbo desconoce el seguimiento del ICANH a “las actividades del Programa de Arqueología” y ha denunciado la destrucción del patrimonio arqueológico en la Zona de El Quimbo. 

La denuncia de supuesto saqueo arqueológico en El Quimbo se produce en momentos en que razonpublica.com se refiere al "Patrimonio en disputa: sobre la estatuaria en San Agustín" y cuando el Gobernador del Huila, Carlos Iriarte y El Director de Emgesa, Lucio Rubio "celebran en la Mansión Francesa de Bogotá los cien años del descubrimiento científico"  del parque arqueológico de San Agustín, Patrimonio de la Humanidad, despues de que la  “Minga integral agustinense y del Macizo Colombiano pro defensa del patrimonio ancestral” impidiera el  traslado de 20 estatuas arqueológicas agustinianas como piezas centrales de una exposición que se inauguró –sin las estatuas- en el Museo Nacional de Bogotá.

EL VOTO EN BLANCO: HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO

Las Organizaciones Sociales, Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo-, Asociación Cultural y Ambientalista del Sur -ACAS- y la Corporación ComUnidad, radicaron ante la Registraduria del Estado Civil, el 8 de noviembre de 2013, el Programa que sustenta el VOTO EN BLANCO para las próximas elecciones parlamentarias, del 9 de marzo de 2014, como expresión de inconformidad y rechazo al Sistema Político autoritario, excluyente, clientelista y corrupto que ha gobernado a Colombia durante siglos.

La fuerza del Voto en blanco, por la Defensa del Territorio, se registró en las elecciones atípicas para la Gobernación del Huila, no obstante, la estigmatización y censura de la promoción del mismo por parte del Consejo Nacional Electoral.

En la Gran Encuesta de medios realizada en noviembre de 2013 por la firma Invamer-Gallup Colombia en 57 poblaciones del país, incluyendo capitales, ciudades intermedias y pequeños municipios, el VOTO EN BLANCO registró el 31% frente al 27%  por el Presidente Juan Manuel Santos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Estos resultados indican que el VOTO EN BLANCO avanza como una opción real contra el régimen político presidencialista y centralista.

Hipotéticamente, dada la deslegitimaión del Congreso, es posible que en las próximas elecciones parlamentarias, Senado y Cámara, el VOTO EN BLANCO, logre superar con amplitud la mitad más uno de los votos para invalidar las elecciones y abrir otras perspectivas como una Asamblea Nacional Constituyente.

La Asamblea se constituiría en el escenario para una reforma profunda de la Constitución de 1991 en términos del cambio del modelo neoliberal y del extractivismo financiarista por una política económica soberana y autónoma, no monetarista  y que responda a las necesidades sociales y a la conservación del equilibrio ecológico.

Lo anterior implica la construcción de otro régimen político sustentado en la participación directa de todos los sectores de la sociedad, incluidos actores en legítima rebelión contra el Estado actual, como una alternativa a la convivencia nacional.

En esta perspectiva el  VOTO EN BLANCO no sólo es una expresión de resistencia, inconformidad y autonomía sino una opción para avanzar en la democratización del Régimen Económico, Social y Político en Defensa de nuestros Territorios, el Poder Ciudadano, la Convivencia y el  Buen Vivir.