¿MOVILIZACIONES POR LA VIDA Y LA DEMOCRACIA O MARCHAS DEL SILENCIO FRENTE A LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- mediante comunicado del 25 de mayo condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia. Urge al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia, así como a permitir que la CIDH realice una visita de observación al país, honrando su tradición con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Expresa su extrema preocupación por las 51 muertes en el marco de las protestas, las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas, 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, aproximadamente 979 civiles heridos, entre ellos, por lo menos 33 con traumas oculares y  la utilización de armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados como es el caso del lanza cohetes Venon. Rechaza igualmente las expresiones públicas de estigmatización de la protesta social y, especialmente, el hecho de que grupos de civiles armados dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali y la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes. También condena a presuntos grupos que arrojan objetos contundentes contra efectivos de la fuerzas policiales, destruyendo equipamiento público, y provocando afectaciones a la propiedad privada.

Precisamente quienes han patrocinado y protegido a grupos de civiles armados contra los manifestantes son los que vienen promoviendo las autodenominadas “marchas del silencio vestidas de blanco” contra los bloqueos que el gobierno ordenó abrir mediante el uso de la fuerza. Como se ha podido registrar, los organizadores no sólo mantienen el silencio frente a los crímenes de lesa humanidad sino frente a las demandas de las protestas sociales que guardan estrecha relación con los desafíos estructurales que subyacen a la profunda desigualdad social y la violencia histórica en el país, como lo afirma la CIDH.

Con relación a los bloqueos, la Comisión reitera que “es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”. En tal sentido, llama al Estado a “concertar con los manifestantes la creación de corredores que garanticen el ejercicio simultáneo de derechos involucrados y en caso de la situación actual de Colombia “el acceso a alimentos, las garantías del derecho a la salud, así como el aprovisionamiento y despliegue de personal e insumos médicos”.

Dos aspectos a destacar del pronunciamiento de la Comisión. Primero, a los manifestantes les asiste la razón para exigir la realización de una visita de trabajo urgente para contar con todos los elementos que le permitan valorar la situación de derechos humanos de manera objetiva con el fin de formular recomendaciones al Estado.

Segundo, que los bloqueos son legítimos y que es deber del Estado “concertar con los manifestantes la creación de los corredores humanitarios” para el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud, “teniendo el uso de la fuerza como último recurso” y no como está ocurriendo en Colombia donde la dispersión de los manifestaciones viola los pactos internacionales sobre Protestas y Derechos Humanos que establecen que “sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos”.

Es evidente que los manifestantes deben permitir la circulación de insumos y provisiones esenciales, como se viene cumpliendo en diferentes regiones del país. Pero al mismo tiempo, el Estado debe garantizar la satisfacción de las demandas de los manifestantes como la judicialización y sanción a los responsables de los asesinatos y las desapariciones ocurridas durante la militarización de la protesta social; detener el asesinato y  las  masacres  de líderes  sociales; Renta Básica de Emergencia para informales y desempleados;  cumplimiento   de   los acuerdos de paz  particularmente   en lo  referente  a  la  sustitución  voluntaria  de  cultivos   y  en la  implementación   de  proyectos   colectivos  que  mejoren  el nivel  de  vida de las  comunidades  campesinas  y  étnicas,  basados  en la  soberanía  alimentaria, Programa de generación de empleo para jóvenes, ampliación de la cobertura y financiación de la matrícula a los estudiantes de las universidades públicas y prohibir las actividades extractivas que destruyen los ecosistemas como el fracking, represas y minería a gran escala.

 

 

 

DELARACIÓN MOVIMIENTO ECOSOCIALISTA SOBRE LEVANTAMINETO POPULAR

 

El levantamiento popular está derrumbando el régimen neoliberal y militarista de  Duque

“El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.”  Boaventura Dos Santos.

  

El 28 de Abril de 2021 marcó una nueva etapa en la historia de la movilización y el ejercicio de la protesta social en Colombia. El paro nacional convocado por las centrales obreras terminó  convirtiéndose  en  un gran  levantamiento popular. Ese mismo día las ciudades capitales presenciaron movilizaciones de trabajadores, de informales, estudiantes, organizaciones  barriales, de  mujeres, comunidades   indígenas  y  afros;  una   expresión social    diversa   y  plural   de  un  pueblo  desesperado   y   acorralado por la implementación   durante  décadas   de   las  políticas  neoliberales y  que  durante   la  pandemia fue   abandonado a  su  propia  suerte. Este levantamiento popular tiene una línea de continuidad con  las movilizaciones urbanas  del  21 de  Noviembre  del 2019, pero, en  esta  ocasión, se  sumaron las  ciudades  intermedias  y  las  zonas rurales. Hubo protestas   callejeras en 600 municipios y el número de manifestantes alcanzó  aproximadamente   los     cinco millones de personas. 

Esta protesta masiva ya ha logrado resultados.  La caída de la reforma  tributaria, la   salida  del  Ministro  de  Hacienda Alberto  Carrasquilla y  de  su  equipo económico,   el  abandono  del  cargo  de la  Canciller  Claudia  Blum, el  empantanamiento   de  las  reformas de la  salud,  pensiones  y laboral  en el  Congreso  que  hacen parte  del “Paquetazo” del  gobierno  de  Duque  exigido  por  las  calificadoras  de riesgo y  el  FMI. 

Estos resultados han sido obtenidos a pesar del despliegue policial y militar sin precedentes    en el  país  autorizado por el  gobierno  en  contra   de   la  movilización   social. Los  50  asesinatos, 400 desaparecidos, los  centenares  de  heridos   y  decenas  de mujeres    abusadas  sexualmente   que    en  el  caso de  Alisson  Meléndez de  17 años  de  edad,    violentada  en  una    Unidad   de  Respuesta  Inmediata-URI- en  Popayán, que la  llevó  a  la decisión trágica   de  suicidarse, han   sido     la  consecuencia  de  un tratamiento   de  guerra  civil  que  el  ESMAD,  la policía ,  el  ejército  y civiles  armados le  han  dado  a  la protesta  ciudadana. En el caso de Cali la represión  incluyó   la  utilización   de  armas  largas, granadas  y  gases   sobre  los  cuerpos  de los manifestantes y  los   barrios  o  unidades residenciales circunvecinas   e  incluso ametrallamiento  desde  helicópteros  militares como  ocurrió en  Siloé. En las afueras de  Buga,  en la  carretera  Panamericana,  también   fueron utilizadas unidades  militares  aéreo transportadas y  los  barrios  cercanos aún  se  encuentran rodeados   por  el   ESMAD  y atacados  con  gases  y armas  explosivas. En Popayán la respuesta militarista al levantamiento de  indignación  popular causado  por los  abusos de la  policía ya  han  costado  un  estudiante  muerto,  desaparecidos  y  heridos. En Yumbo ha ocurrido   algo  similar. Estos “teatros de operaciones” militares fueron   autorizados   de  manera personal  y  directa por  el  Presidente Iván  Duque, el comandante  general  de las Fuerzas  armadas Eduardo  Zapateiro, el  director  general  de la  policía   Jorge  Luis   Vargas    a  lo  que  debe  sumarse   la  responsabilidad  por  omisión  de  los  alcaldes  locales   quienes   entregaron   el  control   del   “orden  público”  de  las  ciudades sin  siquiera discutirlo. Todos ellos son responsables  de genocidio, de terrorismo en contra de  los  pueblos  y   deben  ser  juzgados  como  tales  ante  la  Corte  Penal  Internacional   y  los  organismos internacionales creados  para  el efecto.  

Esta barbarie militarista confirma que estamos asistiendo  al  colapso del   llamado “Estado  de  Derecho” y confirma   que  existe  una    separación   abismal   entre  las  instituciones  de una  democracia    representativa  precaria  y  las    exigencias sociales  de la  mayoría  de  los  colombianos.  

La aplicación sistemática y programada del terrorismo de  Estado evidencia   igualmente la crisis    del  capitalismo  periférico   en  el  país  asociada   con la  peor  crisis   económica  en la  historia  del capitalismo, agravada  por  la  pandemia  del  Covid-19. Hemos llegado al punto del callejón sin  salida   de   un   Estado  y unas  elites  incapaces   de  resolver  las  necesidades más  elementales  de  la  población,  ahora,  en  el  mediano  y  en   el largo plazo.

El estallido social desbordó las formas clásicas de la movilización popular, posibilitó expresiones  de  solidaridad  como en el  caso  de la   presencia  de  la  “Minga” indígena  en  Cali  y puso al bloqueo  en las ciudades y su defensa (las barricadas) como puntos claves de  un verdadero paro nacional. 

Quienes han liderado los bloqueos, la llamada “primera línea” está  constituida  por jóvenes marginados  por  el  neoliberalismo,  carentes  de   salud,  educación  y  trabajo que  llegan  a  la  protesta por  indignación, unidos por la desesperanza. No creen en las instituciones  convencionales,  tampoco  en los partidos  políticos,   bien  sean  de  izquierda  o  de  derecha.  Se organizan “desde abajo” en   procesos   lentos de coordinación  dadas las  exigencias de la  resistencia callejera   auto  convocándose; rechazan  los  liderazgos  personales,  proclaman  la  “horizontalidad”  en la  toma  de  decisiones y han  ganado una gran legitimidad  social en  los  barrios en dónde operan y facilitan  la  realización  de  asambleas populares. Estos bloqueos urbanos tal y  como  lo  afirmó en  declaraciones públicas  el  arzobispo   de  Cali  Darío  Monsalve   “constituyen casi la única manera que tienen los activistas del paro de hacerse oír…”  y surgieron adicionalmente como respuesta  al  asedio   de las  Fuerzas  Armadas sobre  las  ciudades. 

El  hecho  de  que   desde  el  inicio de  las  jornadas de  protesta ya contabilizamos más  de  dos  semanas y  que  los  bloqueos vienen  siendo utilizados por  el  gobierno, los   empresarios  y  comerciantes  locales  para presentarlos ante  la  población  como los  responsables   de   la  carestía  de   artículos  de  primera  necesidad  y  de  combustibles, a  pesar  de  que  han  sido  habilitados “corredores  humanitarios”  por  parte  de los  manifestantes, ha  abierto, la  discusión  sobre  la  oportunidad  de  mantenerlos. Al respecto, consideramos  que  cualquier decisión sobre  este  asunto   debe  estar  precedida  de  garantías  de  no  judicialización,  ni  de  criminalización para  la  totalidad   de quienes  lideran los  bloqueos, supervisadas por organismos  de  derechos humanos y  en lo  posible   con  veeduría  internacional  y  con  compromisos explícitos   del  gobierno  nacional  y  los  mandatarios  locales sobre sus demandas. Lo que ha venido ocurriendo en  Cali  después  del  fracaso   de la  mesa negociadora  que  se  intentó con  la  alcaldía es  contrario a  lo  que   requerimos para encontrar  salidas  a  la  actual  situación. Los líderes  barriales  que  asistieron  a  la  convocatoria  fueron  detectados  y  actualmente  son detenidos  por  la  policía  en  sus  casas  para    judicializarlos.    

En lo que se  refiere a  la  decisión política  de  terminar   con los  bloqueos  consideramos  que  ésta  debe  corresponder  a  quienes   han  venido organizándolos   como   forma  de  resistencia legítima,  es  decir,  a  los  miembros  de   las  primeras  líneas y de  apoyo logístico  cercano. Quienes han liderado los enfrentamientos callejeros y  han colocado  los  muertos,  los  heridos  y  los  desaparecidos   son   los que  tienen   la  autoridad  moral   para  tomar  esta  decisión.  Lo mismo debe decirse sobre  los  bloqueos  a  carreteras  impulsados  por transportadores  y  campesinos.

Las gigantescas marchas que hemos  presenciado  en  Ibagué, Neiva  y Bogotá   en  los últimos días y  las  organizaciones sociales  que  se   han  sumado   como  los  transportadores en  todo   el país y  los  campesinos cocaleros  en suroccidente confirman  que  este   levantamiento popular se  encuentra en  ascenso, razón por la cual consideramos que el  factor  decisivo  es   la apertura  de   alternativas  políticas “desde  abajo” a  la  crisis del  capitalismo  periférico en  el  país. Está mostrando que  la  auto organización y la  democracia  directa que se expresa en múltiples formas de resistencia caminan  hacia  la  consolidación   de  una  “institucionalidad paralela” que  desborda  los   estrechos   límites  de la  democracia representativa. 

 Este levantamiento superó la representatividad tradicional  de   las organizaciones sindicales y  el   Comando   Nacional  de  Paro,  confirmando   que  su   estrecho accionar   reivindicativo   las  deja  por  fuera   de  las exigencias  del  amplio  espectro popular. El 1  de  Mayo  lo  evidenció  de  manera  dramática.   Mientras    en   las refriegas  callejeras  la brutalidad  policial  ya contabilizaba muertos  y  desaparecidos las  centrales  sindicales  convocaron  a una  celebración  del  día  de los trabajadores con  “desfile  virtual”. La desconfianza de los líderes  barriales  y populares con   las  negociaciones  que  intenta   desarrollar   el  comité  de paro  parten  de  esta  realidad.

El levantamiento  popular  demuestra  igualmente  la  incapacidad de  un  congreso y  unos  partidos  políticos atrapados  por  la  corrupción  y los  compromisos con los  negocios de los  grandes  capitalistas,  al  igual  que   unos  organismos  de  control  y  unas  altas  cortes    que  han  jugado    el   papel  de  cómplices  ante la  barbarie  militarista   que  actualmente  presenciamos.   Por ello, ha abierto  una  crisis  institucional  que  puede  terminar  en  la renuncia   del  Presidente  Duque.   El desarrollo de los acontecimientos y  las  correlaciones  de  fuerza   que  se  establezcan   en  el  futuro inmediato   determinarán si  es posible concretar  esa posibilidad que implica un golpe certero al Régimen Político neoliberal y militarista. Estamos de  acuerdo   en que  es  necesario plantearla  desde  ya tal y como  lo  vienen  proponiendo, cada  vez  con  más fuerza, organizaciones  políticas y   sociales.  Desconocer esa  posibilidad  argumentando  que   produciría  un   “vacío institucional”,  que   en  secuencia  estaríamos ante el  arribo  al Palacio  de  Nariño   de  la  vicepresidenta o  del  Presidente   del  Congreso  que  supuestamente   son peores  que  Duque,  o  que   una  vez  producida  la  renuncia    se  abriría  el  camino  del  golpe  militar, razones  por las  cuales es  necesario  “defender  a  Duque   del uribismo” que  lo  colocó  en  el  poder  no  sólo lo  exime de  responsabilidades políticas, frente al  asesinato colectivo contra el pueblo inerme, como jefe  de las   fuerzas  armadas,  sino   que,   parte    del criterio  equivocado  de  que  la profundización de la  crisis  institucional  que  abriría  el  derrocamiento popular  de  un  gobierno reaccionario  como  el de  Duque, algo  inédito  en la  historia  del país,   sólo  podría resolverse  en el  marco de  la misma  institucionalidad  que    se  desploma.  

Por el contrario, consideramos que un  triunfo  popular  de  esas  características  abriría  grandes     posibilidades al  accionar político autónomo de la  población y  el  camino  a la  convocatoria  de  una  Asamblea  Constituyente  y  Popular. Sería la mejor manera  de  aislar y  derrotar a  la  reacción política  y  a  los  golpistas, en momentos en que se cuenta con una inmensa solidaridad popular a nivel internacional.             

Los líderes sociales y populares  también han enfatizado  en las  siguientes  reivindicaciones   económicas  y  sociales   que  acompañamos   y  que pueden  conformar  una plataforma mínima  y  de  urgencia  ante  el  empobrecimiento al  que  han sido sometidos  millones  de  colombiano(a)s   a  causa de las  políticas  neoliberales  que   continúan imponiéndose por el Gobierno de Duque:

• Judicialización y sanción a los responsables de los asesinatos y las desapariciones ocurridas durante la militarización  de  la  protesta  social. Castigo a los responsables de violaciones sexuales a  mujeres. Desmonte del ESMAD y transformación de la policía en un organismo  de carácter  civil  dependiente  del  Ministerio  de  Gobierno.  Detener el asesinato y  las  masacres  de líderes  sociales. Propiciar un acuerdo humanitario   desde  ya  con  todos  los   grupos armados en la  perspectiva  de  encontrar  una   salida   al  conflicto  que  debe  concluir  en  mesas de negociación diferenciadas   conforme  a las características  de  cada  grupo.

• Renta Básica de Emergencia para informales y desempleados.  Para  conseguir  este  objetivo  es  necesario    suspender  el  pago  de  la  deuda  pública  que  en la  actualidad  representa  el 63%  del  Producto  Interno  Bruto  y  realizar  una    reforma  tributaria  democrática  y  redistributiva  que establezca un  impuesto  al  patrimonio   a   los  ricos  y  super  ricos,  no descontable  del  impuesto a  la   renta; impuesto a  los  dividendos  empresariales y  a las  herencias, así  como la  eliminación de  las  exenciones  tributarias   a  las  grandes  empresas   y  al  sector  financiero.

• Cumplimiento   de   los acuerdos de paz  particularmente   en lo  referente  a  la  sustitución  voluntaria  de  cultivos   y  en la  implementación   de  proyectos   colectivos  que  mejoren  el nivel  de  vida de las  comunidades  campesinas  y  étnicas,  basados  en la  soberanía  alimentaria.

• Programa de generación de empleo para jóvenes, ampliación de la cobertura y financiación de la matrícula a los estudiantes de las universidades públicas

¡Fuera el gobierno genocida  de  Iván Duque!

¡Por una  salida  alternativa  a  la  actual  crisis … Asamblea   Constituyente y Popular¡

 

AUTOORGANIZACIÓN SOCIAL DESDE LA RESISTENCIA.

 

La oleada neoliberal de los 80 explica los recientes e inéditos levantamientos sociales en nuestro continente y, específicamente, las incontenibles protestas que están transitando a diario por campos y ciudades en Colombia con rupturas significativas con las viejas prácticas burocráticas del movimiento sindical y de las nuevas formas organizativas de los países centrales.

El neoliberalismo viene siendo confrontado con la oleada de movilizaciones sociales que han venido ganando fuerza debido a la territorialización de los movimientos, a la crisis del modelo de industrialización, de la fábrica y la reformulación de los viejos esquemas de dominación. Esta fuerza se refleja en los movimientos más destacados como los Sin Tierra y seringueiros en Brasil, indígenas ecuatorianos, neozapatistas, guerreros del agua, cocaleros bolivianos, desocupados argentinos y la multiplicidad de actores que convergen contra el paquetazo neoliberal y que se expresan en la diversidad de formas organizativas.

El resultado, aunque con diferentes intensidades y ritmos, es la re-ubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural intensiva con un arraigo territorial a través de la creación de diferentes formas autogestionarias por los Sin Tierra en Brasil, los “territorios étnicos indígenas” en el Ecuador, las Mingas Hacia Dentro, las guardias indígenas y cimarronas en Colombia, entre otras, y que se vienen extendiendo a nivel urbano en los asentamientos en las periferias de las grandes ciudades, mediante la toma y ocupación de predios con sus huertopias, las Asambleas Comunitarias citadinas y las grandes movilizaciones en todos los municipios encabezadas por la juventud no futuro.

Estas nuevas formas que se materializan en la defensa, permanencia y recuperación de los territorios contra el modelo extractivista de acumulación de capital por despojo propenden por la Autonomía y el Poder Territorial, tanto de los estados como de los partidos políticos, fundada sobre la creciente capacidad de los movimientos para autoorganizarse y construir propuestas para asegurar la subsistencia de sus poblaciones .

Lo anterior está ligado a la revalorización y la afirmación de la identidad de los pueblos y sectores sociales y a la capacidad para formar sus propios intelectuales para no depender del viejo modelo de transmisión de la ideología “desde fuera” que se impuso en el movimiento obrero y popular. De esta manera, en los sectores populares existen personas y colectivos con nuevos conocimientos y saberes que facilitan la autoorganización y la autoformación.

Un rasgo relevante es el nuevo papel de las mujeres que ocupan lugares destacados en sus organizaciones y en la coordinación de las luchas sociales,  cuyo significado profundo se manifiesta en el cambio de las relaciones entre géneros  en las organizaciones sociales y territoriales por su presencia decisiva en la producción y comercialización de productos orgánicos, la formación, el cuidado, la organización de los espacios familiares como unidades productivas donde la cotidianeidad laboral y familiar tienden a re-unirse y fusionarse.

Los movimientos sociales, o caracterizados mejor como “Sociedades en Movimiento” (Zibechi) comparten, la preocupación por la organización del trabajo y la relación con la naturaleza donde propuestas como la reforma agraria y las distintas formas de producción deben ser espacios sin patronos donde se promuevan relaciones igualitarias y horizontales con escasa división del trabajo, asentadas por lo tanto en nuevas relaciones técnicas de producción que no generen alienación ni sean depredadoras del ambiente.

Las formas de organización de los actuales movimientos tienden a reproducir la vida cotidiana, familiar y comunitaria, asumiendo a menudo la forma de redes de autoorganización territorial. El territorio es el espacio en disputa en el que se construye colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos ecosociales son un actor que desde las resistencias van construyendo el Poder Popular Territorial Autónomo y Soberano.

La defensa del Poder Territorial no desconoce la necesidad de la articulación de los movimientos más allá de lo local o territorial. Sin embargo, establecer formas de coordinación amplias y permanentes, como el papel de los movimientos sociales frente al Estado y los gobiernos progresistas ameritan reflexiones profundas para evitar establecer relaciones de subordinación y alienación o confrontaciones autodestructivas cuando las relaciones entre lo social y lo político se reduce a lo electoral.

Las anteriores reflexiones adquieren mayor importancia en la coyuntura actual del Paro Nacional contra el paquetazo neoliberal y el terrorismo institucional y, específicamente, sobre la coordinación de las resistencias que debe ser objeto de análisis desde la acción misma en espacios como las Asambleas Comunitarias, municipales, barriales, veredales donde las decisiones deben ser colegiadas y deben tener incidencia directa en el contexto en que viven las comunidades asediadas por la pobreza, la hambruna, el no futuro y la necesidad de sobrevivencia. Para tal efecto es indispensable construir Agendas Comunes con propuestas concretas para avanzar en la defensa de las economías campesinas como la producción agroecológica, redes de comercialización para garantizar la Seguridad y Autonomía Alimentaria, transición a energías limpias, especialmente, en el sector rural o zonas marginales urbanas como los biogestores, articuladas a la exigencia de retiro de las reformas de la salud, laboral, pensional, gratuidad de la educación pública universitaria, Renta Básica, garantía de empleo juvenil digno, lo que implica  el no pago de la deuda, mayores impuestos para los ricos y superricos, supresión de exenciones tributarias, zonas francas, entre otros.

Es en el movimiento mismo donde se construyen las alternativas para enfrentar la crisis civilizatoria y del capitalismo pero se requiere de la imaginación para la creación de múltiples formas que garanticen la continuidad y permanencia del mismo si se pretende realmente avanzar en la construcción del Poder Popular.  

SANDRA CAICEDO EDUCADORA DE LA VIDA Y LA LIBERTAD.

La profesora de Ciencias Sociales Sandra Caicedo, en el ejercicio de la libertad de Cátedra y en coherencia con uno de los principios pedagógicos que establece que los contenidos de la enseñanza deben ser contextualizados y, en consecuencia, en aplicación del método de investigación histórico hermenéutico, durante un taller con estudiantes de 9 semestre de un colegio de Cali, se acordó realizar trabajo de campo orientado por preguntas relacionadas con el concepto de falsos positivos, quiénes fueron los encargados de planear, ordenar, ejecutar y llevar a cabo estos hechos y el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos durante el conflicto  armado colombiano, entre otros.

La pertinencia del trabajo está relacionada con dos hechos históricos del contexto actual Colombiano. Uno, la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- según el Auto 033 de 2021 afirma que entre el 2002 y el 2008, durante el Gobierno de Alvaro Uribe, por lo menos 6.402 personas fueron víctimas de “falsos positivos”, considerados como crímenes de lesa humanidad, ejecutados principalmente por las fuerzas militares contra comunidades vulnerables, entre ellos, los hijos de las madres de Soacha públicamente denunciados.

Otro hecho, la conmemoración el 9 de abril del ‘Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas’, en remembranza del Lider Liberal Jorge Eliecer Gaitán, asesinado en 1948, fecha establecida como de generalización de la violencia ejercida a lo largo de los siglos por las élites y promovida por actores políticos, militares, paramilitares, grupos al margen de la Ley  y corporativos responsables de desplazar, despojar de sus tierras y asesinar a obreros, campesinos, indígenas, líderes sociales defensores de derechos humanos y del ambiente, con el único propósito de mantener el control del poder político y concentrar aún más sus riquezas en un país que se ubica en el segundo lugar de mayor desigualdad en américa latina.

La profesora Caicedo cuando indaga por qué es tan necesario que se sepa la verdad de lo que pasó en el conflicto armado colombiano, asume una posición ética digna en correspondencia con la Misión de la Comisión de la Verdad que como una Entidad de Estado “busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera”.

En un país democrático desde la dirección del Ministerio de Educación Nacional, se estaría destacando como un ejemplo del ejercicio profesional, el trabajo de exploración histórica de los docentes que construyen conocimientos de manera participativa con sus estudiantes a partir de los hechos que como en el caso que se investiga, han incidido negativamente en la configuración de una identidad que algunos autores denominan “la cultura mafiosa” y con el propósito de orientar a las generaciones de jóvenes en la construcción de sus Proyectos de Vida a partir de valores como la solidaridad, la convivencia, el trabajo colectivo, el reconocimiento de la diversidad cultural y el rechazo a la violencia, a la explotación, a la discriminación social.

No es extraño que sectores políticos se hayan pronunciado acusando a la docente de “adoctrinamiento” debido a que son los mismos que promueven la guerra, han declarado “hacer trizas los acuerdos de paz” y continúan oponiéndose al trabajo de la JEP y de la Comisión de la Verdad que desde la Escuela respaldan los maestros comprometidos con los fines generales de la Educación, (Ley 115 de 1994), entre ellos “la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad y el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país”.    

Es un deber solidario exaltar la labor de todos los maestros quienes como Sandra Caicedo están comprometidos con la Paz con Justicia Social y desde su espacio pedagógico contribuyen a la recuperación de la memoria, la verdad, la Justicia, la reparación y la no repetición para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de construir una sociedad donde pensar autónoma y críticamente no sea motivo de muerte sino de preservación de la Vida.  

 

 

PROPUESTAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA CRISIS INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

 

La Corte Constitucional mediante Auto del 25 de marzo de 2021 ordenó al Consejo Superior expedir un Acto Administrativo mediante el cual “suspenda provisionalmente de forma inmediata y hasta tanto la Sala Plena profiera una sentencia, el proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el período 2021-2025”.

La medida provisional se deriva de la Acción de Tutela instaurada por Nidia Guzmán contra la sección Quinta del Consejo de Estado con ocasión de la Sentencia de única instancia en la que se resolvió declarar la nulidad de la Resolución 020 del 4 de octubre de 2018 por la cual el Consejo Superior la había designado como rectora de la USCO.

Mientras la Corte decide de fondo la Tutela corresponde a la Comunidad Universitaria presionar mediante la movilización permanente al Consejo Superior con los siguientes propósitos:

1. La designación de un rector en encargo que sea producto del consenso institucional hasta tanto la Corte profiera la Sentencia que resuelva el litigio.

2 Lograr un gran Acuerdo en la Comunidad Universitaria para la aprobación, por parte del Consejo Superior, de un nuevo mecanismo de designación de las directivas y convocatoria a nuevas elecciones con fundamento en la autonomía universitaria. En tal sentido, promotores del voto en blanco radicaron ante dicho organismo y dieron a conocer públicamente un proyecto de elección colegiada de un Equipo de Gobierno (rector y viderrectores) para el debate y búsqueda de consensos en el menor tiempo posible.

3. Si el Consejo Superior no acepta este procedimiento hay que declarar la resistencia civil permanente y paralizar todas las actividades académicas; decisión legítima por agotamiento de todos los espacios legales.

4. Instalar de hecho la Constituyente donde debe surgir como poder alterno la Asamblea Universitaria para la reforma estatutaria.

5 Convocar a todas las organizaciones sociales y ciudadanas a una Gran Movilización por la Defensa de la Autonomía y Democratización de la USCO.

Además de la crisis institucional, hay que reflexionar y buscar soluciones a las crisis de hegemonía y legitimidad que recaen especialmente en los docentes.

Es un hecho que las orientaciones estatales sobre la investigación se reducen a los "papers" a favor de los mercaderes de la vida y la educación que buscan el sometimiento del conocimiento, con énfasis en lo tecnológico, a los intereses del capital transnacional, que imponen "cláusulas de confidencialidad" para que los resultados de las investigaciones no sean de dominio público y restringen la actividad docente a “resultados de aprendizaje” donde se cuantifican las competencias de los estudiantes para su incorporación al mercado laboral en condiciones precarias como los contratos flexibles por horas.

El gobierno estimula esas prácticas investigativas con recursos externos, especialmente, de las empresas que como ocurre en la Universidad Surcolombiana se firman contratos con “cláusulas de confidencialidad” con la ENEL Emgesa  contra la naturaleza pública del saber eximiendo al estado de su responsabilidad de financiar la educación pública.

Los investigadores de la universidad, con escasas excepciones, no producen conocimiento propio para cumplir con su Misión de contribuir a resolver los graves conflictos que a diario experimentan las mayorías de la sociedad que esperan de la universidad pública sus aportes desde el conocimiento para mejorar su calidad de vida.

Se requiere de un gran debate que cuestione el predominio del paradigma epistemológico centrado en lo empírico analítico monológico de la razón instrumental por otros que garanticen la comprensión holística de la complejidad del mundo y que demanda el diálogo intersubjetivo que reconozca la existencia de múltiples saberes que se desconocen desde "el supuesto único método de investigación". Hay que cambiar nuestra visión antropocéntrica de las relaciones entre el mundo natural y social por concepciones biocéntricas y ecocéntricas si pretendemos recuperar la legitimidad social del conocimiento.

Lo anterior implica apropiarnos y actualizar nuestro Proyecto Educativo Universitario como parte de un Gran Movimiento Pedagógico Nacional.

Autonomía y Democratización, salida a la crisis de la USCO

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Como Docentes, Estudiantes y Graduados de la Universidad Surcolombiana -USCO-, promotores del VOTO EN BLANCO^[1] y participantes del proceso de CONSTITUYENTE UNIVERSITARIA, reiteramos el llamado a la Comunidad Académica para que autónomamente contribuya a solucionar la crisis institucional de nuestra Casa de Estudios, ante las sistemáticas evidencias que deslegitiman al Consejo Superior Universitario.

Tras los recientes fallos de tutela que suspenden el calendario electoral, señalamos que el 17 de febrero de 2021, mediante Acción de Tutela, solicitamos al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva dejar sin efectos el Acuerdo 001 del 29 de enero de 2021, amparando los derechos a la información, la participación, la salud y la vida de estudiantes, graduados y docentes; hasta que la institución no garantizara el retorno seguro de la comunidad universitaria a las actividades académico administrativas presenciales. Esta medida fue rechazada por el juez e impugnada por nosotr@s el pasado 8 de marzo. Por ello, si bien no son nuestras pretensiones las que hoy ampara la justicia, celebramos la suspensión del calendario, situación que no nos pone de lado de ningún candidato, aún cuando se nos quiera enmarcar en campañas en las que la pobreza argumentativa les lleve a desconocer el derecho constitucional al Voto en Blanco como “una expresión política de disentimiento, abstención e inconformidad”; contra el clientelismo y la corrupción en la selección de la terna de aspirantes a rector.

Hoy ratificamos,

1) Nuestra exigencia al Consejo Superior Universitario para que revoque de manera INMEDIATA el proceso electoral, dado que sus actuaciones han deslegitimado el proceso, viciado por actuaciones clientelistas a favor de intereses particulares ajenos a nuestra Casa de Estudios y designe de manera transparente un nuevo rector encargado que brinde garantías para la transición del mecanismo electoral de la Universidad Surcolombiana en el menor tiempo posible.

En los últimos 15 años el Consejo de Estado ha destituido a seis (6) rectores como consecuencia de las decisiones autoritarias del Consejo Superior Universitario; este ha sido el único responsable de las crisis generadas por la designación del rector; nunca han sido causadas por actuaciones irregulares de la Comunidad Educativa en los procesos de consulta.

2) Nuestra exigencia a los y la ternada para que conscientes de que el proceso está seriamente cuestionado, RENUNCIEN en pleno a sus aspiraciones, MOTIVEN el cambio de mecanismo y se SOMETAN a un nuevo proceso. Hoy no tienen derechos adquiridos, tan solo una expectativa del derecho a ser elegidos para participar de la administración pública; por ello, en honor a la universidad y a su rol académico, deben hacerse a un lado.

3) La única salida a la crisis de gobernabilidad es que profesores, estudiantes y graduados, asumamos plenamente la AUTONOMÍA que nos otorgan las normas de carácter constitucional. Por ello se debe realizar la REFORMA estatutaria del mecanismo de designación de las directivas de la Universidad Surcolombiana durante el período del Rector (e) por un mecanismo sin ternas y sin ponderación. Lo que implica que la Comunidad Educativa[2], proponga y discuta mecanismos que garanticen la democracia y la gobernabilidad; y, en tal sentido, se constituya una Comisión representativa que se encargue de redactar una propuesta de elección directa de las directivas de la USCO por la Comunidad, que sea sometida a debate público a través de medios virtuales, con el fin de lograr su mayor consenso e incorporación al Estatuto General de la Universidad. El Comité de Promotores del Voto en blanco presentó una propuesta en Junio de 2020 al CSU, que no ha sido discutida ni valorada por el colegiado.

4) Debemos avanzar en el proceso colectivo de convocatoria a la ASAMBLEA UNIVERSITARIA integrada por representantes elegidos democráticamente, con el objeto de reformar el Estatuto General de la USCO, que de respuesta a las crisis de hegemonía, legitimidad e institucionalidad de la Universidad Pública y fortalezca su carácter público como mediadora cultural en las relaciones entre el  Estado y la Sociedad.

5)  La Universidad nació en la calle, por eso en las calles debe llenarse de dignidad para exigir la renuncia de la terna, el cambio de mecanismo electoral, la reforma del estatuto general y la Asamblea Universitaria de la Usco.

Comité Voto en blanco

¡Llegó la hora del Cambio y el cambio somos tod@s! 

^[1] Asumimos este “derecho y deber ciudadano” al Voto en Blanco establecido en el artículo 258 de la Constitución Política, bajo el principio-derecho a la democracia y a elegir y ser elegido y, específicamente, en la Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional reconocidos por el Comité Electoral

[2] (que según la Sentencia C-829 de 2002 de la Corte Constitucional está integrada por docentes, estudiantes y egresados)

¡14 de Marzo día internacional de la lucha contra Represas!

 

El poeta William Ospina durante una ceremonia con comunidades originarias, cuando emprendimos la marcha desde la Cuna de la Cultura Megalítica Agustiniana, siguiendo la magestuosa corriente del Río Yuma hasta la Dorada en Colombia, denominada El río de la Vida, expresión del nobel Gabriel García Marquez, e invocando la resistencia de los panches contra los colonizadores españoles expresó que “el río es la vida del territorio. Los ríos son las fuentes profundas de la cultura. Proteger el río es proteger la verdadera civilización. Proteger la naturaleza es pensar en ese otro río, el río de las generaciones, a las que está desamparando una cultura de la impaciencia, de la avidez y del saqueo”.

Hoy, como desde hace más de una década, los desplazados del Quimbo por los depredadores de la naturaleza ENEL Emgesa se movilizan de nuevo en defensa del Territorio, del río de la Vida, el Magdalena, destruido por la contaminación provocada intencionalmente al no retirar del embalse de la represa El Quimbo, la biomasa y los desechos, destruyendo una de las fuentes de la vida, de la seguridad alimentaria, la pesca, dejando sin trabajo a miles de pescadores y mineros artesanales que hoy resisten por la permanencia en el Territorio, la defensa del río de la Vida, el derecho a tierras, exigiendo a los jueces, que a cambio de ordenar desalojos, subordinados al poder de las trasnacionales, actúen sancionando ejemplarmente a quienes se han apropiado de nuestros Bienes Comunes, han vulnerado el derecho a la vida, al trabajo, a la salud  y han cometido el delito de destrucción de la naturaleza.

Hoy, también se movilizan en el mundo, especialmente en América Latina, miles de víctimas del extractivismo minero energético en conmemoración del Día Internacional de Acción contra las Represas, declarado el 14 de marzo de 1997 en Curitiva (Brasil) por los participantes de 20 países en el primer Encuentro Internacional de Afectados por las Represas, con el propósito de protestar contra proyectos de gestión de agua destructivos, recuperar el bienestar de nuestras cuencas hidrográficas y exigir una gestión equitativa sostenible de nuestros ríos.

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo, desde la resistencia convoca a defender el agua como Bien Natural Público y Derecho Fundamental para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los ecosistemas hídricos, el derecho a permanecer en el territorio para reconstruir los proyectos de vida de las comunidades y avanzar en la generación de nuevas fuentes de energía como la solar, eólica, biomasa y la producción agroecológica de manera soberanía y autónoma que permita la reconstrucción de las relaciones entre la naturaleza humana y no humana como la única opción para preservar la vida planetaria y evitar la catástrofe, que desde ya se anuncia por la crisis climática y las pandemias. ¡RIOS PARA LA VIDA….NO PARA LA MUERTE!.

Miller Dussán Calderón.

 

DECLARACIÓN DE ASOQUIMBO

Hace más de una década en el departamento Huila nos movilizamos por la defensa de nuestros Ríos, el Territorio y la Vida, en articulación a la jornada internacional definida en el Encuentro internacional de afectados por las represas, en marzo de 1997 en Curitiba (Brasil).

En Colombia, las comunidades campesinas (jornaleras-os, pescadores-as y mineras-os artesanales, entre otr@s) han sido desplazadas en nombre del “interés general”, “el progreso”, “el desarrollo”. Según la Comisión Mundial de Represas (CMR, 2000) entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazada a causa de las represas.

En el Huila, el Gobierno Nacional entregó 42.791,59 Has a la transnacional Enel–Emgesa, desplazando a más de 28 mil personas de la producción agrícola y pesquera y destruyendo una producción anual de más de 36.000 toneladas de alimentos.

El Alto Magdalena ha sido privatizado y se encuentra en estado de coma, diariamente se inyectan 80 toneladas de oxígeno para sostener sus niveles mínimos de vida debido al daño generado por Enel-Emgesa al no retirar la biomasa del embalse.

Desde Asoquimbo, integrante del Movimiento Nacional Ríos Vivos nos sumamos a la jornada de Acción internacional exigiendo Justicia Socio Ambiental, Restitución de Tierras, Reparación a la Victimas del Desarrollo y Recuperación del Río Magdalena.

*¿Energía para quién, para qué y a qué costo?*

*¡Ríos para la vida, no para la muerte!*

#LaVidaNoSeRepresa

Somos Asoquimbo | Integrante de Ríos Vivos Colombia

Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica - MAR

Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB

Movimiento Ecosocialista Colombiano

Fondo Acción Urgente - LAC

Protection International

Planeta Paz

Siembra Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial

DECLARACIÓN DEL COMITÉ DEL VOTO EN BLANCO DE LA USCO

El 10 de marzo de 2021 el Comité del Voto en blanco intervino en el foro convocado por el Comité Electoral de la USCO donde se expusieron los argumentos por los cuales no se participa del evento dejando constancia que se convoca a toda la Comunidad Universitaria a Votar en Blanco de realizarse las elecciones el 18 de marzo por la Defensa de la Autonomía y Democratización de la USCO:

"Saludo especial para todos los integrantes de la Comunidad Universitaria de la USCO.

El Comité del Voto en blanco de la USCO informamos que el día 8 de marzo se radicó ante Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, impugnación a fallo de tutela con la pretensión se revoque la decisión de primera instancia, y en su lugar, tutelar el derecho fundamental de acceso a la información, el derecho a la salud en conexidad con la vida, el derecho al voto y a la participación ciudadana y, en consecuencia, ORDENAR al Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana SUSPENDER el Proceso de Designación de Rector dejando sin efectos el Acuerdo 001 del 29 de enero de 2021 mediante el cual decidió “levantar la suspensión impuesta al proceso de elección y designación del Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2020-2024 decretada mediante Acuerdo No. 012 de fecha de marzo de 2020” hasta que la institución no garantice el retorno seguro de la comunidad universitaria a las actividades académico administrativas presenciales que es posible en un corto tiempo debido al proceso de inmunización de la población por efecto de la vacunación masiva.

Uno de los argumentos está relacionado con el incumplimiento del Comité Electoral en notificar a los aspirantes al cargo de rector de la USCO y al Comité del Voto en Blanco entre el 22 y 26 de febrero sobre la realización de un foro virtual en Neiva. Sólo hasta el 5 de marzo de manera tardía el Comité Electoral publicó el Comunicado 001 PRECISIONES PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL 18 DE MARZO DE 2021 (Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata)  donde informa que “se desarrollará un foro virtual previsto para el día 10 de marzo de 2021 a las 10:00 am” y que la publicidad del mismo iniciaría el 4 de marzo (SIC) generando confusión, lo que ratifica que no existen las mínimas garantías para que los electores, más de 10.000 estudiantes matriculados en la sede de Neiva, 30.000 egresados y cerca de mil maestros se conecten virtualmente para controvertir y estar bien informados sobre las propuestas programáticas para ejercer libremente su derecho al voto.

Declaramos que tampoco se brindan las garantías para la comparecencia de los electores a las urnas y a la salud y la vida de los docentes, graduados y estudiantes con enfermedades de base y mayores de 60 años, quienes, sin conocer los protocolos de la USCO para el manejo del riesgo en el certamen electoral, pues de existir, no cumplen con el principio de publicidad, deben hacer un juicio de ponderación entre el sacrificio de sus derechos a la salud, inclusive la vida, versus el derecho al sufragio, ecuación a todas luces desproporcionada, máxime cuando la Resolución 00222 de febrero 25 de 2021 del Ministerio de Salud, “por medio de la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID-19, declarada mediante Resolución 385 de 2020 estableció en su artículo 2 que  con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptó como una de las medidas “prohibir los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones de personas.”

Por las anteriores razones declaramos que este evento no tiene legitimidad y, en consecuencia, no participamos del mismo, dejando constancia que seguiremos impulsando el VOTO en Blanco como expresión de defensa de la Autonomía y Democratización de la USCO, como derecho ciudadano reconocido en la Constitución Política de Colombia como “una expresión política de disentimiento, abstención e inconformidad” contra el clientelismo y la corrupción en la selección de la terna de aspirantes a rector  que el representante del presidente de la Republica ante el CSU, Doctor Marco Fidel Rocha denunció al expresar públicamente que “Era la oportunidad para liberarse de la contaminación política, pero terminó impactada. Lo más triste: Se dejó pasar por alto esa circunstancia y se perdió la oportunidad para escoger un candidato de talla, capaz de recuperar la estabilidad institucional”.

Convocamos a votar en blanco, de realizarse las elecciones el 18 de marzo, para que las autoridades administrativas (rector y decanos) sean elegidas directamente por la Comunidad Universitaria (docentes, estudiantes y graduados) mediante elección directa y universal previa la selección de los aspirantes que cumplan rigurosos requisitos académicos y administrativos; por una Constituyente y Asamblea Universitaria que reforme el Estatuto General y por una Ley que garantice el no pago de matrículas en las Universidades Públicas como una de las reivindicaciones del movimiento estudiantil que logró la matrícula cero en el contexto de la pandemia".

El 12 de marzo, El Comité del Voto en Blanco participó en el Gran debate por el Futuro de la USCO, donde confrontó sus argumentos con los aspirantes al  cargo de rector de la Universidad.