DELARACIÓN MOVIMIENTO ECOSOCIALISTA SOBRE LEVANTAMINETO POPULAR

 

El levantamiento popular está derrumbando el régimen neoliberal y militarista de  Duque

“El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.”  Boaventura Dos Santos.

  

El 28 de Abril de 2021 marcó una nueva etapa en la historia de la movilización y el ejercicio de la protesta social en Colombia. El paro nacional convocado por las centrales obreras terminó  convirtiéndose  en  un gran  levantamiento popular. Ese mismo día las ciudades capitales presenciaron movilizaciones de trabajadores, de informales, estudiantes, organizaciones  barriales, de  mujeres, comunidades   indígenas  y  afros;  una   expresión social    diversa   y  plural   de  un  pueblo  desesperado   y   acorralado por la implementación   durante  décadas   de   las  políticas  neoliberales y  que  durante   la  pandemia fue   abandonado a  su  propia  suerte. Este levantamiento popular tiene una línea de continuidad con  las movilizaciones urbanas  del  21 de  Noviembre  del 2019, pero, en  esta  ocasión, se  sumaron las  ciudades  intermedias  y  las  zonas rurales. Hubo protestas   callejeras en 600 municipios y el número de manifestantes alcanzó  aproximadamente   los     cinco millones de personas. 

Esta protesta masiva ya ha logrado resultados.  La caída de la reforma  tributaria, la   salida  del  Ministro  de  Hacienda Alberto  Carrasquilla y  de  su  equipo económico,   el  abandono  del  cargo  de la  Canciller  Claudia  Blum, el  empantanamiento   de  las  reformas de la  salud,  pensiones  y laboral  en el  Congreso  que  hacen parte  del “Paquetazo” del  gobierno  de  Duque  exigido  por  las  calificadoras  de riesgo y  el  FMI. 

Estos resultados han sido obtenidos a pesar del despliegue policial y militar sin precedentes    en el  país  autorizado por el  gobierno  en  contra   de   la  movilización   social. Los  50  asesinatos, 400 desaparecidos, los  centenares  de  heridos   y  decenas  de mujeres    abusadas  sexualmente   que    en  el  caso de  Alisson  Meléndez de  17 años  de  edad,    violentada  en  una    Unidad   de  Respuesta  Inmediata-URI- en  Popayán, que la  llevó  a  la decisión trágica   de  suicidarse, han   sido     la  consecuencia  de  un tratamiento   de  guerra  civil  que  el  ESMAD,  la policía ,  el  ejército  y civiles  armados le  han  dado  a  la protesta  ciudadana. En el caso de Cali la represión  incluyó   la  utilización   de  armas  largas, granadas  y  gases   sobre  los  cuerpos  de los manifestantes y  los   barrios  o  unidades residenciales circunvecinas   e  incluso ametrallamiento  desde  helicópteros  militares como  ocurrió en  Siloé. En las afueras de  Buga,  en la  carretera  Panamericana,  también   fueron utilizadas unidades  militares  aéreo transportadas y  los  barrios  cercanos aún  se  encuentran rodeados   por  el   ESMAD  y atacados  con  gases  y armas  explosivas. En Popayán la respuesta militarista al levantamiento de  indignación  popular causado  por los  abusos de la  policía ya  han  costado  un  estudiante  muerto,  desaparecidos  y  heridos. En Yumbo ha ocurrido   algo  similar. Estos “teatros de operaciones” militares fueron   autorizados   de  manera personal  y  directa por  el  Presidente Iván  Duque, el comandante  general  de las Fuerzas  armadas Eduardo  Zapateiro, el  director  general  de la  policía   Jorge  Luis   Vargas    a  lo  que  debe  sumarse   la  responsabilidad  por  omisión  de  los  alcaldes  locales   quienes   entregaron   el  control   del   “orden  público”  de  las  ciudades sin  siquiera discutirlo. Todos ellos son responsables  de genocidio, de terrorismo en contra de  los  pueblos  y   deben  ser  juzgados  como  tales  ante  la  Corte  Penal  Internacional   y  los  organismos internacionales creados  para  el efecto.  

Esta barbarie militarista confirma que estamos asistiendo  al  colapso del   llamado “Estado  de  Derecho” y confirma   que  existe  una    separación   abismal   entre  las  instituciones  de una  democracia    representativa  precaria  y  las    exigencias sociales  de la  mayoría  de  los  colombianos.  

La aplicación sistemática y programada del terrorismo de  Estado evidencia   igualmente la crisis    del  capitalismo  periférico   en  el  país  asociada   con la  peor  crisis   económica  en la  historia  del capitalismo, agravada  por  la  pandemia  del  Covid-19. Hemos llegado al punto del callejón sin  salida   de   un   Estado  y unas  elites  incapaces   de  resolver  las  necesidades más  elementales  de  la  población,  ahora,  en  el  mediano  y  en   el largo plazo.

El estallido social desbordó las formas clásicas de la movilización popular, posibilitó expresiones  de  solidaridad  como en el  caso  de la   presencia  de  la  “Minga” indígena  en  Cali  y puso al bloqueo  en las ciudades y su defensa (las barricadas) como puntos claves de  un verdadero paro nacional. 

Quienes han liderado los bloqueos, la llamada “primera línea” está  constituida  por jóvenes marginados  por  el  neoliberalismo,  carentes  de   salud,  educación  y  trabajo que  llegan  a  la  protesta por  indignación, unidos por la desesperanza. No creen en las instituciones  convencionales,  tampoco  en los partidos  políticos,   bien  sean  de  izquierda  o  de  derecha.  Se organizan “desde abajo” en   procesos   lentos de coordinación  dadas las  exigencias de la  resistencia callejera   auto  convocándose; rechazan  los  liderazgos  personales,  proclaman  la  “horizontalidad”  en la  toma  de  decisiones y han  ganado una gran legitimidad  social en  los  barrios en dónde operan y facilitan  la  realización  de  asambleas populares. Estos bloqueos urbanos tal y  como  lo  afirmó en  declaraciones públicas  el  arzobispo   de  Cali  Darío  Monsalve   “constituyen casi la única manera que tienen los activistas del paro de hacerse oír…”  y surgieron adicionalmente como respuesta  al  asedio   de las  Fuerzas  Armadas sobre  las  ciudades. 

El  hecho  de  que   desde  el  inicio de  las  jornadas de  protesta ya contabilizamos más  de  dos  semanas y  que  los  bloqueos vienen  siendo utilizados por  el  gobierno, los   empresarios  y  comerciantes  locales  para presentarlos ante  la  población  como los  responsables   de   la  carestía  de   artículos  de  primera  necesidad  y  de  combustibles, a  pesar  de  que  han  sido  habilitados “corredores  humanitarios”  por  parte  de los  manifestantes, ha  abierto, la  discusión  sobre  la  oportunidad  de  mantenerlos. Al respecto, consideramos  que  cualquier decisión sobre  este  asunto   debe  estar  precedida  de  garantías  de  no  judicialización,  ni  de  criminalización para  la  totalidad   de quienes  lideran los  bloqueos, supervisadas por organismos  de  derechos humanos y  en lo  posible   con  veeduría  internacional  y  con  compromisos explícitos   del  gobierno  nacional  y  los  mandatarios  locales sobre sus demandas. Lo que ha venido ocurriendo en  Cali  después  del  fracaso   de la  mesa negociadora  que  se  intentó con  la  alcaldía es  contrario a  lo  que   requerimos para encontrar  salidas  a  la  actual  situación. Los líderes  barriales  que  asistieron  a  la  convocatoria  fueron  detectados  y  actualmente  son detenidos  por  la  policía  en  sus  casas  para    judicializarlos.    

En lo que se  refiere a  la  decisión política  de  terminar   con los  bloqueos  consideramos  que  ésta  debe  corresponder  a  quienes   han  venido organizándolos   como   forma  de  resistencia legítima,  es  decir,  a  los  miembros  de   las  primeras  líneas y de  apoyo logístico  cercano. Quienes han liderado los enfrentamientos callejeros y  han colocado  los  muertos,  los  heridos  y  los  desaparecidos   son   los que  tienen   la  autoridad  moral   para  tomar  esta  decisión.  Lo mismo debe decirse sobre  los  bloqueos  a  carreteras  impulsados  por transportadores  y  campesinos.

Las gigantescas marchas que hemos  presenciado  en  Ibagué, Neiva  y Bogotá   en  los últimos días y  las  organizaciones sociales  que  se   han  sumado   como  los  transportadores en  todo   el país y  los  campesinos cocaleros  en suroccidente confirman  que  este   levantamiento popular se  encuentra en  ascenso, razón por la cual consideramos que el  factor  decisivo  es   la apertura  de   alternativas  políticas “desde  abajo” a  la  crisis del  capitalismo  periférico en  el  país. Está mostrando que  la  auto organización y la  democracia  directa que se expresa en múltiples formas de resistencia caminan  hacia  la  consolidación   de  una  “institucionalidad paralela” que  desborda  los   estrechos   límites  de la  democracia representativa. 

 Este levantamiento superó la representatividad tradicional  de   las organizaciones sindicales y  el   Comando   Nacional  de  Paro,  confirmando   que  su   estrecho accionar   reivindicativo   las  deja  por  fuera   de  las exigencias  del  amplio  espectro popular. El 1  de  Mayo  lo  evidenció  de  manera  dramática.   Mientras    en   las refriegas  callejeras  la brutalidad  policial  ya contabilizaba muertos  y  desaparecidos las  centrales  sindicales  convocaron  a una  celebración  del  día  de los trabajadores con  “desfile  virtual”. La desconfianza de los líderes  barriales  y populares con   las  negociaciones  que  intenta   desarrollar   el  comité  de paro  parten  de  esta  realidad.

El levantamiento  popular  demuestra  igualmente  la  incapacidad de  un  congreso y  unos  partidos  políticos atrapados  por  la  corrupción  y los  compromisos con los  negocios de los  grandes  capitalistas,  al  igual  que   unos  organismos  de  control  y  unas  altas  cortes    que  han  jugado    el   papel  de  cómplices  ante la  barbarie  militarista   que  actualmente  presenciamos.   Por ello, ha abierto  una  crisis  institucional  que  puede  terminar  en  la renuncia   del  Presidente  Duque.   El desarrollo de los acontecimientos y  las  correlaciones  de  fuerza   que  se  establezcan   en  el  futuro inmediato   determinarán si  es posible concretar  esa posibilidad que implica un golpe certero al Régimen Político neoliberal y militarista. Estamos de  acuerdo   en que  es  necesario plantearla  desde  ya tal y como  lo  vienen  proponiendo, cada  vez  con  más fuerza, organizaciones  políticas y   sociales.  Desconocer esa  posibilidad  argumentando  que   produciría  un   “vacío institucional”,  que   en  secuencia  estaríamos ante el  arribo  al Palacio  de  Nariño   de  la  vicepresidenta o  del  Presidente   del  Congreso  que  supuestamente   son peores  que  Duque,  o  que   una  vez  producida  la  renuncia    se  abriría  el  camino  del  golpe  militar, razones  por las  cuales es  necesario  “defender  a  Duque   del uribismo” que  lo  colocó  en  el  poder  no  sólo lo  exime de  responsabilidades políticas, frente al  asesinato colectivo contra el pueblo inerme, como jefe  de las   fuerzas  armadas,  sino   que,   parte    del criterio  equivocado  de  que  la profundización de la  crisis  institucional  que  abriría  el  derrocamiento popular  de  un  gobierno reaccionario  como  el de  Duque, algo  inédito  en la  historia  del país,   sólo  podría resolverse  en el  marco de  la misma  institucionalidad  que    se  desploma.  

Por el contrario, consideramos que un  triunfo  popular  de  esas  características  abriría  grandes     posibilidades al  accionar político autónomo de la  población y  el  camino  a la  convocatoria  de  una  Asamblea  Constituyente  y  Popular. Sería la mejor manera  de  aislar y  derrotar a  la  reacción política  y  a  los  golpistas, en momentos en que se cuenta con una inmensa solidaridad popular a nivel internacional.             

Los líderes sociales y populares  también han enfatizado  en las  siguientes  reivindicaciones   económicas  y  sociales   que  acompañamos   y  que pueden  conformar  una plataforma mínima  y  de  urgencia  ante  el  empobrecimiento al  que  han sido sometidos  millones  de  colombiano(a)s   a  causa de las  políticas  neoliberales  que   continúan imponiéndose por el Gobierno de Duque:

• Judicialización y sanción a los responsables de los asesinatos y las desapariciones ocurridas durante la militarización  de  la  protesta  social. Castigo a los responsables de violaciones sexuales a  mujeres. Desmonte del ESMAD y transformación de la policía en un organismo  de carácter  civil  dependiente  del  Ministerio  de  Gobierno.  Detener el asesinato y  las  masacres  de líderes  sociales. Propiciar un acuerdo humanitario   desde  ya  con  todos  los   grupos armados en la  perspectiva  de  encontrar  una   salida   al  conflicto  que  debe  concluir  en  mesas de negociación diferenciadas   conforme  a las características  de  cada  grupo.

• Renta Básica de Emergencia para informales y desempleados.  Para  conseguir  este  objetivo  es  necesario    suspender  el  pago  de  la  deuda  pública  que  en la  actualidad  representa  el 63%  del  Producto  Interno  Bruto  y  realizar  una    reforma  tributaria  democrática  y  redistributiva  que establezca un  impuesto  al  patrimonio   a   los  ricos  y  super  ricos,  no descontable  del  impuesto a  la   renta; impuesto a  los  dividendos  empresariales y  a las  herencias, así  como la  eliminación de  las  exenciones  tributarias   a  las  grandes  empresas   y  al  sector  financiero.

• Cumplimiento   de   los acuerdos de paz  particularmente   en lo  referente  a  la  sustitución  voluntaria  de  cultivos   y  en la  implementación   de  proyectos   colectivos  que  mejoren  el nivel  de  vida de las  comunidades  campesinas  y  étnicas,  basados  en la  soberanía  alimentaria.

• Programa de generación de empleo para jóvenes, ampliación de la cobertura y financiación de la matrícula a los estudiantes de las universidades públicas

¡Fuera el gobierno genocida  de  Iván Duque!

¡Por una  salida  alternativa  a  la  actual  crisis … Asamblea   Constituyente y Popular¡