La Comunidad definirá la crisis en la Usco
Por cuarta vez en el lapso de siete años la Universidad Surcolombiana está en la palestra de la opinión pública por los errores de sus administradores, particularmente por miembros del Consejo Superior al producir reformas inconsultas que atentan contra el interés público y, por las violaciones perversas de la ley cometidas por estos mismos, que para infortunio aun siguen ocupando tan importantes cargos.
Esta vez, como en las anteriores, el Consejo de Estado anuló el acuerdo 13 del 2 de mayo de 2007 mediante el cual se designó al médico Luís Alberto Cerquera como rector para el periodo 2007-2011 por vicios de legalidad.
Y como en todos los casos anteriores, muchas voces habíamos advertido de lo que ocurriría, dada las experiencias, la protuberancia y aberración de las circunstancias que rodearon la designación del médico Cerquera. Los lectores podrán consultar en extenso el documento “Proceso de designación del rector en la Usco” (http://millerdussan.blogia.com) para encontrar la clave de una situación que produce vergüenza y para estudiar las alternativas posibles desde la perspectiva de la plena vigencia de la democracia y la autonomía universitarias.
Para empezar, dejemos en claro que los directos responsables internos son los miembros del Consejo Superior que contra toda advertencia, incluidas las de la Procuraduría Regional y la de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional, decidieron continuar adelante con un proceso de designación torcido desde el principio con un propósito deleznable: excluir políticamente a un importante sector de la opinión universitaria. Nada más contrario a la esencia de la Institución.
Lo mínimo que se espera, por decoro y honradez, es la renuncia inmediata de María Victoria Angulo González, delegada de la Ministra de Educación Nacional; Nohora Ramírez de Leguízamo, representante del sector productivo; Ernesto Barrios Losada, representante de los egresados; y Roque González Garzón, representante de los ex rectores. Todos, sin excepción no tienen excusa. Conocen la ley, conocieron las situaciones anteriores, conocieron las alertas de los organismos de control y por sobre todo, conocieron y desconocieron sin pudor el clamor de una comunidad que luego se expresó masivamente en el Voto en Blanco que obtuvo la más alta votación uninominal en la consulta.
¿Qué hacer ante esta nueva crisis? En primer lugar, se debe proceder de inmediato a la designación de rector encargado por el término dispuesto en el Estatuto General por parte del Consejo Superior, sin la participación de las personas responsables de la crisis.
El rector encargado debe ser designado previa consulta de la comunidad universitaria para que goce del respaldo necesario para llevar adelante la reforma de los estatutos y demás normas que sean pertinentes a fin de asegurar no sólo un proceso democrático y transparente, sino de fondo, las bases sólidas para la construcción de un proyecto educativo alternativo y de un presupuesto participativo al menos para los próximos 10 años.
En segundo lugar, la comunidad (estudiantes, profesores y administrativos) debe crear de inmediato una comisión representativa para abocar el estudio y el diseño de los mecanismos que nos permitan o bien convocar una constituyente universitaria o bien un referendo que aborden las reformas académicas, orgánicas y administrativas de modo que posibiliten una mayor articulación con los problemas y necesidades de la región y el país.
El Estatuto General incorporó las formas directas de participación y ha sido ilustrado por varias sentencias de la Corte Constitucional que la autonomía reside en la comunidad, de modo que el fundamento constitucional y legal ya existe para una experiencia de estas características.
No debemos olvidar que por la naturaleza propia de una institución de educación superior, no debe tratarse sólo de la designación de un rector, sino más bien de la elección directa por parte de la comunidad (estudiantes, profesores y administrativos) de un equipo de gobierno, previo cumplimiento de rigurosos requisitos académicos y laborales.
No queda duda, que el nuevo procedimiento de designación de rector y su equipo de gobierno, debe impedir la intromisión indebida de intereses particulares o ajenos a la misión de la Universidad, para empezar por parte de miembros del Consejo Superior, que embebidos de una concepción errada o amañada de la autonomía, han cooptado el poder del resto de la comunidad para cometer toda suerte de tropelías.
Pese a que la sentencia del Consejo de Estado da la razón a un amplio sector de la comunidad, los cambios necesarios no vendrán solos y se requiere de la movilización inteligente para que tales cambios se produzcan como fortalecimiento de la Usco y no de su detrimento.
Por cuenta de todos estos desaciertos políticos y administrativos tenemos un enorme retraso en nuestro desarrollo y un gran pasivo con la sociedad que nos sostiene y que también es fuente de saber. Sea esta una oportunidad de resarcir también en estos aspectos importantes a través de la adopción de un ambicioso programa de ciencia, tecnología, innovación y formación integral, que nos ponga en sincronía con los actuales progresos.
Neiva, 21 de abril de 2008
Miller A. Dussán Calderón
2 comentarios
Eduard Ortiz -
No sobra decir, que quienes ostentan el poder desde el superior en las universidades, les da nostalgia de piratas al ver que el ejercer un desdoblamiento del poder hacia las comunidades educativas universitarias, les acaece la perdida de privilegios mezquinos.
INVITAMOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA UNIVERSITARIA A CONSTRUIR PARA SI MISMOS UN MECANISMO DE ELECCION DE RECTOR Y VICERRECTORES Y DECANOS, DE MANERA DIRECTA, INCLUYENTE, Y SIN PONDERACIONES. y que el Consejo Superior Universitario se limite a designar el rector que salga de la eleccion de la comunidad universitaria, y por supuesto, se limite a responder tambien por la forma ilegal e irregular con la que han venido actuando desde hace años.
Señor presidente, gobernador y alcaldes en las universidades tambien exigimos justicia.
juan david -