ASOQUIMBO

CARTA A MINAMBIENTE: LICENCIA PARA EL ECOCIDIO

 

Señor Ministro

CARLOS COSTA

Señora Viceministra

CLAUDIA MORA

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.

El 14 de Agosto se cumplió la Audiencia de Pacto de cumplimiento sin acuerdos entre los demandantes y coadyuvantes de la Acción Popular interpuesta contra el Megaproyecto Hidroeléctrico El Quimbo y Emgesa. La jueza Floralba Poveda Villalba,  autorizó continuar el trámite correspondiente y cuenta con 10 días hábiles para pronunciarse con relación a la solicitud de ordenar, como medida cautelar, al Ministerio de Medio Ambiente la suspensión del trámite de la Resolución 899 del 15 de mayo de 2009 (Licencia Ambiental) mientras se realiza el Estudio de Impacto Ambiental Alternativo por parte de la Universidad Nacional.

La solicitud de medida cautelar fue suscrita por el demandante Orlando Beltrán Cuellar y los coadyuvantes Miller Dussán Calderón, Oscar Javier Reyes (abogado) y Wilson Vargas (estudiante de derecho de la USCO) con fundamento en el artículo 25 de la Ley 472 de 1988 y en el principio “innubio pro ambiente (precaución ambiental) que no fue aplicado por su despacho antes de conceder la licencia.

La prueba de la ausencia o precariedad de los estudios técnicos y científicos se demuestra con el texto de la Resolución 0899 en la que se ordena a Emgesa la realización de varios estudios, entre ellos “estudio ecológico de los sitios de reubicación de fauna”, “estudio sobre el estado poblacional de la nutria de río (Lontra longicaudis), la tortuga morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga blanca (Podocnemis lewyana) y Aotus griseimembra (Mono nocturno)” sin incluir el venado, destacándose el “estudio de valoración económica de los impactos ambientales", por cuando aún no se han verificado y como si todos estos impactos se pudiesen calcular en términos financieros. El Estado incumplió con la Ley 56 de 1981 que ordena estudios socioeconómicos por una entidad independiente de Emgesa. No se cumplieron los estudios de Patrimonio Inmaterial de los municipios afectados ni el de prospectiva arqueológica y de identificación de características culturales asociados al medio ambiente localizados en las zonas de impacto directo e indirecto de construcción de la represa. ¿Por qué no se autorizaron los estudios que se mencionan en la resolución 0899, los ordenados por la ley 56 y los exigidos por Plataforma Sur durante las “mesas de concertación”, antes de conceder la licencia ambiental para determinar la viabilidad o no del proyecto?  ¿Por qué se autorizó la licencia a Emgesa, sin determinar el tiempo de duración del proyecto,  para construir una hidroeléctrica en una zona que hace parte de la reserva forestal protectora de la Amazonía y cuya sustracción es competencia del legislativo?

La respuesta a estas preguntas no las suministra el Exministro de Minas Jorge Eduardo Cock Londoño en su artículo publicado el 10 de junio de 2009, “Medio ambiente: ni leyes ni razones y mucho atropello”:

“Acontecimientos recientes ilustran con claridad lo poco que le importa la calidad del país y el planeta que vayan a habitar nuestros hijos. Sólo importa ganarse más gracias y felicitaciones de la "confianza inversionista". Tres casos entre muchos, muestran que esta es la política y así procede quien acabó con el ministerio del ramo: la Hidroeléctrica de El Quimbo, la mina de Anglo Gold en Cajamarca y la "minería" en Llanogrande, Rionegro, Antioquia.

“Hidroeléctrica de el Quimbo. Tremenda sorpresa causó a muchísimos colombianos la noticia publicada el sábado 16 de mayo en El Tiempo, sobre la expedición de la licencia ambiental para este proyecto. Justamente el jueves y el viernes anteriores, unas doscientas personas que participábamos en las Jornadas Ambientales del Sector Eléctrico, en Bogotá, escuchamos las presentaciones que hicieron las empresas dueñas de los más importantes proyectos de generación, sobre normas, problemas, restricciones, soluciones y avances en el manejo de los temas ambientales y la obtención de las correspondientes licencias, requisito indispensable según la ley para iniciar la construcción de una central.

Precisamente el caso de El Quimbo nos hizo pensar a todos que con la cantidad de problemas que tenían por vencer o remediar, este proyecto seguramente iría a sufrir importantes retrasos, y no por excesivas exigencias de la ley ni por lentitud o necedad de los funcionarios del Ministerio, sino por situaciones claras y objetivamente difíciles. Pero no: como en el famoso "Chavo", no contábamos con la astucia del más alto nivel del Gobierno. Y seguramente, los funcionarios se tuvieron que morder los codos y simplemente cumplir órdenes superiores. La licencia ambiental se concedió, arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONGs, profesionales del medio ambiente, y Procuraduría”

Había que cumplir la sentencia de Uribe: “el proyecto va porque va”. Es decir, garantizar la “limpieza social” del territorio imponiendo el batallón energético Número 12 para proteger los intereses de la transnacional Endesa Emgesa, el gobierno nacional y departamental, contratistas y funcionarios, contra las objeciones de las comunidades y de las organizaciones sociales y ambientales que alertaron contra el ecocidio, el desplazamiento y el desarraigo y que resisten por la defensa del territorio y la biodiversidad.

Mediante Resolución 1028 del 21 e agosto de 2009 se ratificó la licencia ambiental aceptando las exigencias presentadas por Emgesa en cuyo recurso de reposición demandaba el desmonte de los compromisos pactados con las comunidades, y mayores prebendas para el lucrativo negocio. Y en cumplimiento de “órdenes superiores” el recurso interpuesto por Plataforma Sur de Organizaciones Sociales solicitando la nulidad de la licencia, demostrando, que se trata del peor negocio en la historia del Huila con consecuencias catastróficas para el medio ambiente ha sido negado con argucias jurídicas de asesores de Minambiente, pagados por el Estado, al servicio de Emgesa.

En la confirmación de la licencia Minambiente flexibiliza los plazos y condiciones para la presentación de los “estudios y programas” a cargo de la Empresa (juez y parte), mientras avanza de hecho en la construcción de la obra. Por Ejemplo, Emgesa deberá “remitir para aprobación del Ministerio una propuesta de valoración económica de los impactos causados por el proyecto", (Artículo 15, Resolución 0899) plazo que fue ampliado en  la Resolución 1628 después de iniciada la construcción del Embalse. Lo que el ministerio aprobará finalmente es la propuesta que Emgesa imponga porque no existe ninguna garantía de exigibilidad legal para suspender la obra ante los desastrosos daños ambientales y al patrimonio de la nación y los incalculables costos materiales e inmateriales de nuestros ecosistemas, la producción alimentaria y los tejidos sociales y comunicativos existentes en la zona de El Quimbo que jamás serán compensados por la compañía beneficiada a nombre de la “confianza inversionista”

En el recurso de reposición interpuesto por la empresa Emgesa se demandaba el desconocimiento de las compensaciones de los ocupantes en igualdad de condiciones al de los propietarios con el argumento de “que llevan a agravar excesivamente la equidad que se buscaba lograr al determinar las compensaciones” y que este actor social no es reconocido como figura jurídica cuando existe en la realidad y se le debe garantizar todos los derechos contemplados en la Constitución Política de Colombia en su condición de ciudadano.

 

Para Emgesa “el objetivo de la licencia ambiental es compensar los efectos ambientales que produzca el proyecto, obra o actividad, no siendo objeto de la misma entrar a definir la compensación que debe recibir un particular dueño de un predio que debe ser adquirido por parte del dueño del proyecto, ya que existe una ley que regula específicamente este procedimiento y que por su carácter de especialidad primaría en este caso frente a la regulación de la licencia ambiental”. Según esta interpretación, las compensaciones económicas y sociales de los particulares que fueron objeto de “concertación” entre el gobierno nacional, departamental y Emgesa no pueden hacer parte de la licencia sino de las Leyes 99 de 1993 y 56 de 1981, que regulan el procedimiento de los propietarios de predios y garantizan la expropiación de los mismos. En este caso, se trata de una burla a lo “pactado” especialmente para las comunidades directamente afectadas que serán sometidas a la única opción de vender sus predios a Emgesa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 y de negarse, serán expropiadas conforme a la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008 que declaró de utilidad pública todos los terrenos necesarios a favor de la transnacional privada. Minambiente sostuvo que  “todos los requerimientos son obligatorios”, es decir, obliga a Emgesa a compensar integralmente a los diferentes grupos poblacionales que se verán afectados por la construcción del Megaproyecto. Sin embargo, existe la posibilidad real de que Emgesa demande para hacer cumplir la Ley 99 y negarse a dichas compensaciones debido a que no existe garantía de exigibilidad jurídica por cuanto una Resolución de Minambiente no se puede equiparar jerárquicamente con una Ley emanada del Congreso.

 

Razón tienen las comunidades al no aceptar ni participar de censos, estudios o actividades que realice la empresa Emgesa o funcionarios del Gobierno hasta tanto no se garanticen las compensaciones pactadas y mejoradas con anterioridad al inicio de cualquier obra en la zona de El Quimbo por parte de Emgesa. No es admisible que se ordene la construcción de la obra cuando aún no se ha procedido a compensar a las comunidades ni existen las garantías jurídicas para hacerlo. Las comunidades no confían en el Gobierno nacional y departamental, ni en la compañía, razón por la cual exigen el respeto a sus bienes y servicios, al ambiente sano y al  patrimonio nacional.

 

Emgesa ha convocado para el 25 de septiembre a Asamblea de  propietarios de predios ubicados en la Zona declarada de utilidad e interés público para designar al representante de los mismos en la comisión Tripartita encargada de “elaborar el manual con los valores unitarios que sirvan de base para liquidar los inventarios de los bienes que serán afectados con la obra y determinar el avalúo comercial de los predios así como dirimir los conflictos que se presenten en la determinación de los inventarios y las áreas a fin de que se pueda adelantar el proyecto”. En este caso, sólo decidirían los grandes señores que posean la respectiva escritura pública debido a que al 80% de las comunidades poseedoras de predios nunca se les legalizó su propiedad. Como consecuencia de lo anterior, Emgesa y el Gobierno ya tienen asegurado que quien represente a todos los afectados sea precisamente un representante de los grandes Señores subordinado a la voluntad de la transnacional Endesa Emgesa logrando así el control absoluto de la comisión. Otro gran negocio.

 

Plataforma Sur respalda la posición de las comunidades y reafirma su disposición de demandar la nulidad de las Resoluciones 321 del 1 de septiembre de 2008, y 0899 del 15 de mayo y 1628 del 21 de agosto de 2009.

 

Ustedes tienen la obligación ética y política de responder ante todos los afectados por la construcción del embalse por su directa intervención en otorgar licencia para el desplazamiento, la destrucción de los tejidos sociales y planes de vida de las comunidades y el peor ecocidio, nunca antes autorizado en la historia reciente del país,  para beneficiar los intereses privados de una transnacional, de los gobiernos de Uribe y de Sánchez, de funcionarios y contratistas que seguramente les retribuirán sus oportunos y rentables servicios por la entrega de los bienes de  la nación.

 

Plataforma Sur continuará su lucha de resistencia por la defensa del territorio, contra el ecocidio y el desplazamiento de las comunidades y convoca a todos los huilenses y ciudadanos del país y del mundo a afiliarse a la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y a impulsar diferentes formas pacíficas de resistencia civil para impedir la construcción del megaproyecto El Quimbo.

 

Atentamente,

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Miller Dussán Calderón  -Miembro Asesor- 

---

[1] Ver los siguientes artículos de la Resolución 0899: "ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- EMGESA S.A. E.S.P. deberá contratar y financiar un estudio que lleve a cabo la valoración económica de los impactos ambientales. El estudio deberá ser ejecutado por un tercero que cumpla con criterios de experiencia e idoneidad.

El estudio de la valoración económica de los impactos ambientales del Proyecto, deberá llevarse a cabo utilizando las metodologías establecidas por este Ministerio en la resolución 1478 de 2003.

 En el plazo de un año contado a partir de la ejecutoria del presente acto, la Empresa deberá remitir para aprobación de este Ministerio una propuesta de valoración económica de los impactos causados por el proyecto. La valoración económica deberá adelantarse de manera integral, teniendo en cuenta el conjunto de recursos afectados y sus implicaciones para la sociedad en su conjunto, tanto local como regional.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- La Empresa deberá identificar y valorar todos los impactos ambientales, sociales y económicos que se generen durante la ejecución del Proyecto, identificando aquellos que en razón de la complejidad del Proyecto no hayan podido preverse o valorarse con anterioridad, y recomendado medidas especiales de manejo para dichos impactos.

En cumplimiento de lo anterior, la Empresa deberá presentar ante este Ministerio un primer informe dentro del mes siguiente al inicio de la etapa de construcción del Proyecto, y un segundo informe dentro del mes siguiente a la finalización de dicha etapa".

 

El Huila: ¿hacia la tierra de perdición?

Hace ya mas de un año, desde que el gobierno nacional decidió autocráticamente poner en el mercados de las finanzas los recursos  hídricos de "la tierra de promisión", de  la que hablara nuestro gran poeta y novelista, José Eustasio Rivera, la suerte, no solo del Departamento del Huila y la hermosa cuenca Alta del río Grande de la Magdalena, sino también de las ecoregiones estratégicas del Macizo Colombiano y de la Amazonia,  quedó atrapada entre la omnipotente política de la "Seguridad Demócratica" y su sucedánea la "Confianza Inversionista" y la voluntad de un pueblo que no se resigna, ni se resignará a ver las tierras de la Cacica Gaitana y de Pigoanza, inundadas y convertidas en un inmenso charco de agua productor de energía eléctrica para beneficio exclusivo de un puñado de "inversionistas" extranjeros.

Sin que mediara ninguna consulta y menos participación alguna, los huilenses fuimos "sorprendidos" con la infausta noticia de que una multinacional española, Endesa, y su filial en Colombia, Emgesa, era la adjudicataria del contrato, por el mecanismo de "remuneración de cargo por confiabilidad", mediante el cual se le confiaban las aguas de la Cuenca Alta  de nuestro río Magdalena,  para la construcción de la represa de El Quimbo.

Meses después, y previa presentación de un estudio y evaluación de impacto ambiental, hecho por la propia empresa interesada al amaño de su negocio, el gobierno del señor Uribe  expidió la resolución 321, mediante la cual se  declaró de "utilidad pública" todos los terrenos necesarios para la construcción y operación del Megaproyecto, legalizando con ello el despojo, el desplazamiento y la arbitrariedad  contra los pobladores y el ecocidio sin precedentes en nuestro territorio.

Enterados los huilenses de la magnitud de la amenaza  que sobre el territorio y sus habitantes se cernía, por cuenta de las pretensiones de la multinacional, con la abierta complicidad del gobierno nacional y sus socios en los gobiernos seccional y algunos locales y basada en la conocida estrategia de corromper "por arriba" a algunas élites políticas y empresariales y sobornar "por abajo" a las comunidades, la PLATAFORMA SUR y su red de organizaciones sociales que la componen, sus aliados y el conjunto mismo de las organizaciones y personalidades democráticas del territorio, emprendimos, desde hace casi un año, una desigual pero persistente campaña de organización, educación y denuncia, acompañada de la presentación de alternativas, contra la destrucción de nuestra tierra huilense, sus aguas y sus comunidades.

ALERTAMOS a todo el país y a la comunidad internacional sobre los propósitos desaforados del gobierno nacional, la multinacional Endesa-Emgesa y sus cómplices, de convertir la inmensa Cuenca del Alto Magdalena en una gran mesa de negocios para los extraños, nacionales y regionales y les ADVERTIMOS a los gobiernos nacional, seccional y locales, a la dirigencia política y empresarial,  sobre la inevitable responsabilidad que sobre ellos recaerá de consumarse esta traición a los verdaderos intereses de los habitantes de las tierras de La Gaitana y  El Barcino.

CONVOCAMOS a la comunidad internacional, a la nación, al departamento, a los partidos políticos, organizaciones sociales, agremiaciones, las iglesias y personalidades conscientes y sensibles frente a la destrucción social y ambiental que nos amenaza, a que participen mas orgánicamente en la actual  campaña de movilización y construcción de consensos, que impida que los verdaderos enemigos del progreso y la felicidad de los pueblos hagan su negocio, contra la voluntad de los mismos y a costa de nuestro río grande de la Magdalena, sus valles y laderas, su flora, su fauna y su paisaje 

Sepan de una vez por todas los amigos de la perdición del Huila, que existe un manojo, cada vez más grande de hombres y mujeres que con la fuerza de las ideas, con su juventud y su experiencia están dispuestos a resistir hasta  con la última gota de agua, con tal de impedir que el Huila se convierta, en virtud de este megaproyecto,  en la fuente de la "Vorágine"  contemporánea de nuestro Sur.

Neiva, febrero 25 de 2009

PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Declaración de Plataforma Sur a propósito de la Audiencia Ambiental sobre El Quimbo

 La Audiencia Ambiental sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero en el Municipio de Gigante, confirmó que este proyecto no es viable por los efectos negativos de diverso orden que hemos denunciado. Así que, si se otorga la licencia ambiental, la responsabilidad política recae exclusivamente en el Gobierno Nacional, Departamental y en los dirigentes políticos y empresariales que han cohonestado con la entrega del territorio.

La gran asistencia, más de 1500 personas, es uno de los indicadores de la profunda preocupación que existe por la ejecución del proyecto, en especial en las comunidades directamente afectadas, como en las organizaciones sociales y ambientalistas. Han reconocido los delegados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que las voces de oposición al proyecto son mayoritarias y que sus argumentos son sólidos de manera que no pueden ignorarse. Al punto que según lo expresó la viceministra de Ambiente a la prensa antes de dos meses no podría conocerse una decisión sobre el otorgamiento de la licencia ambiental.

La audiencia fue así mismo un espacio importante para que en presencia de los organismos de control y de los medios de comunicación, las comunidades manifestaran las graves denuncias sobre como Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia y presionando a los habitantes para que abandonen su tierras.

Los grandes interrogantes sobre el proyecto continúan sin respuesta: ¿cuáles son los estudios, distintos a los de Emgesa, que conceden la viabilidad socioeconómica, cuando únicamente se han considerado con limitaciones y deficiencias los aspectos pecuarios y agrícolas? ¿Cuándo van a ordenarse los estudios alternativos que establece la Ley 56 de 1981? ¿Cuándo la Contraloría dará a conocer los estudios de valoración de bienes y servicios ambientales? ¿Se mantendrá la Resolución 321 de declaración de utilidad pública a pesar de las graves afectaciones sobre el valor de los predios y los problemas con la titulación de los mismos? ¿Cuándo responderá Emgesa los reclamos precisos de  la CAM sobre la pérdida de la biomasa (bosques) y los recursos hidrobiológicos? ¿Qué va a suceder con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los municipios afectados? En fin, ¿dónde están con precisión y de manera que puedan ser jurídicamente exigibles, los planes de compensación, reparación, mitigación de los efectos negativos del proyecto El Quimbo?

A pesar de las reuniones de la llamada Mesa de Concertación, la Audiencia demostró, contrario de lo que afirma el Gobernador del Huila, que no existe ningún avance significativo en la concertación. Por el contrario, son muchos más los interrogantes y las expectativas tanto de comunidades, organizaciones sociales como de gobernantes locales y autoridades ambientales.

En el inmediato plazo, Plataforma Sur se compromete a impulsar la realización de consultas y acciones populares en los municipios afectados y otras de orden jurídico; a seguir en la divulgación por todos los medios a nuestro alcance de esta problemática; y en acompañar a las comunidades en la organización y movilización que sean necesarias en la lucha por la defensa del territorio, las comunidades, el agua y el Río Magdalena.

Neiva, 15 de febrero de 2009

Presentación "Por la defensa del territorio huilense"

La siguiente presentación es producto de un ejercicio de sistematización de la información sobre los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Alternativas al megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo de la concesionaria Emgesa para debate público

La Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, recogiendo la vocería de amplios sectores de las comunidades afectadas, y las conclusiones del debate en el Congreso de la República, planteó durante la instalación de la Mesa de Concertación en la Casa de Nariño, el11 de diciembre de 2008: Tal como está pactado el contrato de concesión, la construcción de la hidroeléctrica representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de EMGESA. Además, se requiere de un estudio previo confiable y acorde con los intereses nacionales, regionales y locales que garantice el desarrollo equitativo y sostenible, como condicionante a la expedición de la licencia ambiental.

Dos fueron los argumentos centrales:

1. El Gobierno Colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el Parágrafo del Art. 6º de la Ley 56/81 que a la letra dice: "...en el caso de obras pertenecientes a empresas privadas, el estudio socio-económico será hecho por la entidad que señale el Gobierno" y que se fundamente en los principios de equidad y desarrollo sostenible. Por el contrario, el Gobierno se basó para el otorgamiento de la concesión, en estudios realizados por la empresa EMGESA, que como se ha demostrado en los diferentes foros sobre el Tema, desconocen, o no tienen en cuenta, aspectos prioritarios para las comunidades y la región. Además, es obvio que no se puede ser juez y parte a la vez.

Con fundamento en la Ley 56/81 y como producto de la reunión realizada en la Casa Fiscal del Huila en Bogotá, realizada el 12 de Noviembre con la presencia del Gobernador y la mayoría de los parlamentarios Huilenses, alcaldes y representantes de las comunidades locales, miembros de Plataforma Sur y, del posterior debate en el Congreso de la República realizado el 13 del mismo mes, se lograron dos acuerdos básicos: a) El Proyecto hidroeléctrico como está planteado es un negocio que no favorece los intereses regionales b) El Ministerio de Ambiente debe supeditar la licencia ambiental a las conclusiones de un estudio técnico de impactos, bajo la coordinación de la USCO, financiado por el Departamento del Huila, por un monto de $ 110 millones, compromiso adquirido  por el señor Gobernador Luis Jorge Sánchez . En consecuencia, el Rector de la Universidad Surcolombiana, Héctor Hernán Zamora Caicedo, expidió la Resolución No. 141 del 11 de noviembre de 2008  "Por la cual se crea el Grupo de la Universidad Surcolombiana que estudiará la problemática Regional del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo". El Artículo 2 definió 9 integrantes del Grupo, encabezado por el señor Rector y los vicerrectores académico y de investigación y, de acuerdo con el Parágrafo del mismo se estableció que "El Grupo será asesorado por el Director de la CAM y por el Director de Cormagdalena".

La USCO envió a la Oficina de Planeación Departamental el "Proyecto de Investigación de Impactos económicos, sociales, ecológicos y sociojurídicos de la construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo" sin que hasta el momento haya obtenido respuesta alguna. No obstante, en la edición número 2 de diciembre de 2008, del periódico institucional de la gobernación del Huila "Huila al Día", el gobernador afirmó que los 110 millones de pesos para el estudio alternativo serían aportados por Emgesa. ¿Si se trata de estudio alternativo e independiente, cómo es posible que el gobierno se subordine al control de Emgesa y no encuentre recursos propios para tal propósito? Finalmente, el asunto del estudio alternativo no es preocupación del gobierno seccional desde que el presidente Uribe, durante la instalación de la Mesa de Concertación, dijo que "el proyecto hidroeléctrico era irreversible".

2. Directivos de EMGESA, en sus diferentes propuestas, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones, cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social. Estas compensaciones son ínfimas en relación con la productividad cesante  y con las utilidades de la Multinacional. De acuerdo con las cifras presentadas por el Dr. Eduardo Patarroyo, exdirector de la CAM, durante el debate en el Senado el 13 de diciembre de 2008, con el agravante que la concesión es a término indefinido, se resumen así:

 - EMGESA reconoció finalmente que, con la construcción de la represa, la productividad cesante anual ascendería a $ 31.980 millones, valores presentes, (corrigiendo la cifra divulgada inicialmente de $ 15.100 millones -muestra de la poca confiabilidad de las cifras expuestas por la Multinacional-), que calculada a 50 años representaría $ 1.599.000 millones. La compensación anual ofrecida es de $ 7.038 millones (incluidos impuestos predial y de industria y comercio), que  por los mismos 50 años representaría $ 351.900 millones, lo que equivale a una pérdida para la región, en el supuesto de que no haya mejora en la productividad actual, de $ 1.247.100 millones. Esta es apenas una aproximación de la entrega de nuestro patrimonio en aras de la "confianza inversionista", pregonada por el presidente Uribe y apoyada por gremios y sectores de la dirigencia política tradicional.

- La astronómica pérdida regional contrasta con las proyecciones de las utilidades que recibiría EMGESA, en el evento de realizarse la hidroeléctrica en las condiciones actualmente contratadas: la inversión inicial de $ 1.575.000 millones, (US 700 millones), se recuperaría en los primeros 12 años, si se tiene en cuenta que la utilidad anual sería de $ 157.500 millones, (US 70 millones). En los 38 años restantes EMGESA obtendría una utilidad neta de $ 5.980.000 millones, (US 2.660 millones). De estas gigantescas cifras solamente habría que deducir los $ 14.000 millones iniciales, (US 6.22 millones), que pagaría por una sola vez  la multinacional, para una utilidad neta de $ 5.966.000 millones, (US 2.651.55 millones). Los dueños del territorio resultamos siendo los grandes perdedores económicamente, sin tener en cuenta los daños colaterales sobrevinientes, mientras que los "inversionistas" resultarían como inmensos beneficiarios.

Uno de estos daños colaterales consiste en que el proyecto solamente es unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al Departamento ni al país le genere ninguna otra ganancia económica, social, cultural ni ambiental en la zona. No obliga a EMGESA a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato de concesión. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila.

Una posible alternativa

Sólo sobre la base de asegurar las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental del Quimbo, se propone como una de las alternativas al Megaproyecto de EMGESA, estudiar la posibilidad de construir en la zona denominada El Quimbo (Gigante-Huila) una central hidroeléctrica, (con una altura máxima de 70 metros, para generar mínimo 100 MWh, disponer de agua por gravedad, para más de 100.000 hectáreas para múltiples propósitos con la participación accionaria del Departamento, de todos los municipios, de las comunidades y de particulares, asegurando el control por el Departamento de la Empresa de Energía del Huila, de tal manera que ésta actúe como socio gestor, y si es necesario buscar aliados estratégicos externos. Ésta además debe contribuir a la seguridad y soberanía alimentarias, el uso racional de nuestra agua para acueductos y regadíos para municipios ribereños al río Magdalena hasta Aipe y Villavieja o algunas instalaciones sanitarias en la zona; el acceso a la tierra para el fortalecimiento de las economías campesinas y el mejoramiento permanente de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores; la creación de nuevas empresas de economía solidaria tales como las de piscicultura que garanticen el derecho al trabajo y a la conservación del tejido social, así como el sentido de pertenencia; la preservación de los ecosistemas estratégicos y la  participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible, para lo cual se requiere de la producción y apropiación de conocimiento científico y tecnológico cuya responsabilidad principal debe recaer en la Universidad Surcolombiana, razón por la cual es imperativo crear el Centro de Estudios Regionales que deberá ser financiado de manera sostenible con recursos provenientes del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo a través de un número significativo de acciones que cedería el Departamento a la USCO como institución de carácter público.

Para analizar esta propuesta hemos acordado, con representantes de las comunidades locales, realizar una nueva reunión el miércoles 7 de enero a las 2 de la Tarde en el Auditorio Olga Tony Vidales de la Universidad Surcolombiana con la especial colaboración del Ingeniero Marco Silva. Invitamos a quienes estén interesados a participar en la reunión.

Atentamente,

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Dirección Colegiada

Miller Dussán C., José Jairo González A., Belén Alarcón A., Carlos Eduardo Gómez S. 

Declaración de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales a propósito de la instalación de la "Mesa de Concertación para El Quimbo", realizada en la Casa de Nariño

1.- Introducción

 

Durante el año que culmina, los huilenses hemos asistido a la controversia pública más importante de los últimos tiempos que compromete la suerte del desarrollo de la región, la vida de nuestras comunidades, de los recursos hídricos y nuestra capacidad de decidir democráticamente nuestro destino económico, social, político y ambiental.

 

De la mano de las comunidades directamente afectadas por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico de El Quimbo, localizado en el corazón de la tierra de La Gaitana y con el acompañamiento  de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, de las personalidades democráticas y responsables ética y ambientalmente,  los opitas, cada vez en mayor número, venimos construyendo caminos de concertación y alternativas viables a las pretensiones del gobierno nacional y de su concesionaria, la multinacional Emgesa, de convertir al Huila, a nombre de un desarrollismo desaforado, en un inmenso charco de agua exclusivamente destinado a la generación de energía para los mercados principalmente internacionales y de espaldas a las verdaderas demandas del desarrollo regional humano y sostenible de nuestro territorio y del país.

 

En efecto, previo a algunas visitas de campo y ejercicios de discusión en terreno y concertación, por iniciativa de las comunidades locales de El Agrado (La Escalereta), Gigante y Garzón, con el acompañamiento de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, se convocó al Primer Foro El Quimbo: ¿crecimiento o desarrollo sostenible?, realizado el 31 de Julio en la Asamblea del Huila.

 

El Foro confirmó la duda, como en el refrán popular "de eso tan bueno no dan tanto" y permitió a las comunidades presentes ratificar su oposición al ‘negocio de El Quimbo', no sólo por los contundentes argumentos científicos, sino porque como está planteado, y fue reconocido por la misma multinacional Emgesa, tiene como único propósito la generación rentable de energía para la empresa, sin que a nuestro departamento ni al país le genere ninguna ganancia económica, social, cultural ni ambiental.

 

Durante el foro, al contrastar los argumentos presentados por el Director Administrativo de Emgesa, los representantes del gobierno y los de algunos gremios económicos con los aportados por miembros de las comunidades académicas y representantes de las comunidades locales, se expresaron dos visiones del desarrollo:

 

Una primera visión que reduce el desarrollo al crecimiento económico. Para el caso, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de una gran inversión para el desarrollo y el progreso que convertiría al Huila en "una potencia energética nacional y como paso previo el fortalecimiento de la industria piscícola y el turismo", compatible con la necesidad de cumplir con El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Productividad y Competitividad Nacional, así como con la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio' en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos' (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, solar, atómica o las micro-represas.

 

Otra visión define el desarrollo como mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la  participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible.

 

El 28 de agosto se realizó en la USCO el II Foro "El Quimbo: Asunto Ético y Político" donde se planteó que frente a la frustración que significó Betania, la construcción de un nuevo embalse para la generación de energía no puede derivar de nuevo en ganancias para sus inversionistas, contratistas y políticos involucrados, y miseria y pobreza para el resto de los huilenses y las generaciones futuras que vivirán el rigor de  las alteraciones ambientales provocadas por este tipo de megaproyectos. En efecto, la mayor responsabilidad directa de estas consecuencias, que podrían evitarse, recaerán en las elites dirigentes, por su miopía y egoísmo, por su ignorancia y subordinación a todo tipo de intereses extranjeros.

 

Se sostuvo en el II Foro, que la construcción de estos megaproyectos, es una gran tentación para el ejercicio de la corrupción y la falta de  transparencia. Las experiencias históricas señalan que estos mega proyectos, usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, relacionado con el modelo de desarrollo neoliberal de apropiación privada de los bienes y recursos en pocas manos;  otro, con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y el tercero, con la facilidad para el manejo y  la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades.

 

El mismo Banco Mundial ha obligado a las empresas comprometidas con estos megaproyectos a aplicar y desarrollar el concepto de "la responsabilidad social empresarial", en términos de la sostenibilidad de estas apuestas económicas con una visión integral del desarrollo. Implica, además, que el  crecimiento económico y la productividad de las empresas deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, muchos de los propios promotores  de estos megaproyectos, han visto que hay una responsabilidad ética, aún, en la lógica empresarial, que es indelegable. Por supuesto, que si hablamos de una responsabilidad ética, es porque no debería haber un negocio sobre la faz  de la tierra que atente contra los derechos fundamentales de los pueblos, ni contra la armonía de la naturaleza, en otros términos, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio.

 

Como resultado de este Foro se conformó la Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas para la Zona de El Quimbo y se propuso un Equipo Interdisciplinario de Investigación y Consulta que indague y sistematice sobre los impactos sociales, culturales y ambientales y de construcción de propuestas regionales de desarrollo humano sostenible para las comunidades de dicha zona.

 

Somos conscientes, como lo expresamos en nuestros documentos, que  en este hecho que estamos enfrentando, se expresa una de las principales falencias de nuestro sistema político que está construido para que determinadas decisiones de política pública que afectan y a veces cambian radicalmente la vida de comunidades enteras, se tomen sin ningún procedimiento democrático y de participación ciudadana.

 

Para el caso de El Quimbo, quienes decidieron la construcción del proyecto fueron los interesados en el negocio y unos funcionarios públicos que no están sometidos a control político directo y en un proceso de decisiones que no pasan por ningún debate público. Este es uno los problemas de fondo de la democracia representativa formal. Unos funcionarios prevalidos del hecho de ser designados por servidores elegidos democráticamente, toman decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas para bien o para mal.

 

En el caso de El Quimbo se ejemplifica esta falencia del sistema político colombiano: Los ciudadanos no tienen poder de decisión sobre las políticas públicas fundamentales. Y ni siquiera las instancias representativas como el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. Para el caso que nos ocupa, jurídicamente ninguna de estas corporaciones tiene competencia para decidir. Los únicos que si la tienen son las oficinas dependientes del poder ejecutivo en los ministerios del Medioambiente y de Minas y Energía, como lo precisó el abogado Asprilla.

 

¿Qué podemos hacer desde el ámbito jurídico cuando las decisiones políticas han sido tomadas y el contrato adjudicado a Emgesa? Cuando resta un solo paso que es el otorgamiento de la licencia ambiental, trámite regulado por la Ley 99 de 1993, es necesario solicitar su aplazamiento, porque en consonancia con la Constitución de 1991, se deben tramitar dos aspectos importantes: uno, revisar toda la información para el otorgamiento de la licencia ambiental que es pública. Y dos, solicitar la realización de una audiencia pública, que puede ser a petición del Procurador, el Defensor del Pueblo o de una parte de la comunidad.

 

Pero, desafortunadamente, la audiencia pública no tiene efecto decisorio. Y en general la experiencia colombiana nos dice que en el caso de estos megaproyectos, el Minambiente siempre termina concediendo la licencia.

 

En consecuencia, se requiere no sólo apelar al uso de los mecanismos de participación ciudadana, sino, de suscitar la mayor movilización social y política posible de lograr debido a que las posibilidades jurídicas de enfrentar una demanda y ganarla son muy limitadas.

 

Es necesario aclarar que en Colombia el estudio de impacto ambiental está lejos de ser un estudio científico riguroso e imparcial sobre los impactos de un proyecto. Todo lo contrario: es la defensa técnico-jurídica contratada y pagada por la empresa interesada en el proyecto, de modo que el estudio de impacto nunca es imparcial.

  

2.- En qué vamos

 

Desde el comienzo supimos de la magnitud del reto que tendríamos que enfrentar. Por eso iniciamos este largo proceso de construcción de consensos y alternativas a los desafíos planteados por el megaproyecto mediante encuentros directos con las comunidades, talleres, seminarios, campañas de divulgación de los impactos negativos, foros, audiencias populares y debate en el Congreso cuya primera fase culminó el pasado 11 de diciembre con el encuentro en la Casa de Nariño con el Presidente Uribe y donde ratificamos nuestra decisión indeclinable de oponernos a la construcción de la represa, en las condiciones que está planteada y por las consideraciones que hemos expuesto en el curso de los distintos foros y debates públicos.    

En Efecto, El 11 de diciembre de 2008 el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, instaló en Casa de Nariño la Mesa de Concertación de El Quimbo, con el fin de buscar consensos entre las comunidades, el Estado y la empresa EMGESA, que favorezcan los intereses regionales y nacionales, frente a la construcción de la Hidroeléctrica de El Quimbo. Con inexplicable ausencia del gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez García, participaron: el presidente Uribe, representantes de las comunidades y alcaldes de la zona afectada, Plataforma sur de Organizaciones Sociales, la mayoría de los parlamentarios huilenses, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, la Universidad Surcolombiana, el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, la Vice Ministra del Medio Ambiente y los representantes de la constructora española Emgesa.

 

Allí básicamente se defendieron dos posiciones: 1) La del Presidente Uribe, quien aseguró que la represa no tendrá reversa porque la decisión de su construcción obedeció a propósitos asociados a la estrategia nacional de seguridad energética, avalada por la solicitud de cuatro ex gobernadores del Huila y porque una vez acogida ésta, y firmado el contrato de concesión, no se puede debilitar la confianza inversionista, y aseguró que su gobierno dará garantías a la región y a las comunidades para que haya equilibrio y los actores no resulten afectados. 2) La de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, recogiendo la vocería de amplios sectores de las comunidades afectadas, y las conclusiones del debate en el Congreso de la República, planteó: Tal como está pactado el contrato de concesión, la construcción de la hidroeléctrica representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de EMGESA. Además, se requiere de un estudio previo confiable y acorde con los intereses nacionales, regionales y locales que garantice el desarrollo equitativo y sostenible, como condicionante a la expedición de la licencia ambiental.

 

3. Argumentos de Plataforma Sur sobre la inviabilidad del megaproyecto.

1. El Gobierno Colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el Parágrafo del Art. 6º de la Ley 56/81 que a la letra dice: "...en el caso de obras pertenecientes a empresas privadas, el estudio socio-económico será hecho por la entidad que señale el Gobierno" y que garantice la defensa de los intereses nacionales, regionales y  locales. Por el contrario, el Gobierno se basó para el otorgamiento de la concesión, en estudios realizados por la empresa EMGESA, que como se ha demostrado en los diferentes foros sobre el Tema, desconocen, o no tienen en cuenta, aspectos prioritarios para las comunidades y la región. Además, es obvio que no se puede ser juez y parte a la vez.

2. Directivos de EMGESA, en sus diferentes propuestas, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones, cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social. Estas compensaciones son ínfimas en relación con la productividad cesante  y con las utilidades de la Multinacional. De acuerdo con las cifras presentadas por el Dr. Eduardo Patarroyo, exdirector de la CAM, durante el debate en el Senado el 13 de diciembre de 2008, con el agravante que la concesión es a término indefinido, se resumen así:

 

- EMGESA reconoció finalmente que, con la construcción de la represa, la productividad cesante anual ascendería a $ 31.980 millones, valores presentes, (corrigiendo la cifra divulgada inicialmente de $ 15.100 millones -muestra de la poca confiabilidad de las cifras expuestas por la Multinacional-), que calculada a 50 años representaría $ 1.599.000 millones. La compensación anual ofrecida es de $ 7.038 millones (incluidos impuestos predial y de industria y comercio), que  por los mismos 50 años representaría $ 351.900 millones, lo que equivale a una pérdida para la región, en el supuesto de que no haya mejora en la productividad actual, de $ 1.247.100 millones. Esta es apenas una aproximación de la entrega de nuestro patrimonio en aras de la "confianza inversionista", pregonada por el presidente Uribe y apoyada por gremios y sectores de la dirigencia política tradicional.

 

- La astronómica pérdida regional contrasta con las proyecciones de las utilidades que recibiría EMGESA, en el evento de realizarse la hidroeléctrica en las condiciones actualmente contratadas: la inversión inicial de $ 1.575.000 millones, (US 700 millones), se recuperaría en los primeros 12 años, si se tiene en cuenta que la utilidad anual sería de $ 157.500 millones, (US 70 millones). En los 38 años restantes EMGESA obtendría una utilidad neta de $ 5.980.000 millones, (US 2.660 millones). De estas gigantescas cifras solamente habría que deducir los $ 14.000 millones iniciales, (US 6.22 millones), que pagaría por una sola vez  la multinacional, para una utilidad neta de $ 5.966.000 millones, (US 2.651.55 millones). Los dueños del territorio resultamos siendo los grandes perdedores económicamente, sin tener en cuenta los daños colaterales sobrevinientes, mientras que los "inversionistas" resultarían como inmensos beneficiarios.

 

Uno de estos daños colaterales consiste en que el proyecto solamente es unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al Departamento ni al país le genere ninguna otra ganancia económica, social, cultural ni ambiental en la zona. No obliga a EMGESA a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato de concesión. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila.

  

3. Probablemente el presidente Uribe, presionado por las comunidades, y repensando  la magnitud del mal negocio, en el Consejo Comunitario No. 219 realizado el 29 de noviembre de 2008 en el Municipio de la Plata Huila, expresó que "el gobernador del Huila dispone de una platica" para invertir en la construcción de la Hidroeléctrica, entendimos como participación accionaria. En la instalación de la Mesa de Concertación, adicionalmente manifestó la necesidad de garantizar "equidad y sostenibilidad en el negocio". Sin embargo, desconoció la propuesta de condicionar la licencia ambiental a la realización de un estudio de impactos económicos, ecológicos y socioculturales, el cual sería realizado por la USCO, lo que además había sido aprobado en el debate del Congreso y avalado por el Minambiente. Estaríamos abocados a la aprobación inmediata de la licencia ambiental para iniciar la obra a comienzos del año próximo y, la Mesa de Concertación, quedaría a merced de lo que EMGESA ofrezca para satisfacer apetitos de particulares y oficiales de los transaccionistas del Huila y del país.  

 

4. Quizás todo lo anterior explica que en julio de 1997 el Ministerio del Medioambiente afirmara que "ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable". Y en noviembre de 2007, ante una solicitud de Emgesa con un mes de anterioridad, el mismo Minambiente conceptuó, considerando sólo los aspectos pecuarios y agrícolas, que el proyecto Quimbo era "socioeconómicamente viable" ¿Qué cambió en 10 años, para que el concepto virara 180 grados? (ver oficio no 5742 del 9 de mayo de 2008 dirigido al Senador Jorge Enrique Robledo por el Director de Desarrollo Rural Javier Romero Mercado)

 

5. Sin  notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo". Con esta autorización EMGESA podrá reclamar "la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias" en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. Este proceso no fue debidamente consultado ni acordado previamente con los implicados, generando desconcierto y malestar dentro de las comunidades directamente afectadas y en la comunidad regional en general, teniendo en cuenta que no se les ha permitido conocer los graves impactos sociales, económicos, ecológicos y sociojurídicos  que produciría la realización del megaproyecto.

4. Propuestas para la Mesa de Concertación de El Quimbo

 

Extraña que el liderazgo reclamado al gobernador del Huila por diferentes actores económicos, sociales y políticos en torno a la defensa de los intereses regionales, no haya sido asumido, lo que implicó la ausencia de una posición unificada y desembocó en la dispersión de muchos de los participantes, durante la instalación de la Mesa de Concertación. Esto, además, facilitó al Presidente imponer su particular punto de vista y propiciar los apetitos transaccionistas de la mayoría de los sectores políticos tradicionales. En consecuencia, no hubo consensos en torno a los aspectos fundamentales de la problemática generada por la concesión de la Hidroeléctrica de El Quimbo.

 

Ante la falta de coordinación desde el gobierno departamental y de los municipios afectados, Plataforma Sur reclama la responsabilidad de los miembros de la Mesa de Concertación, frente a la necesidad de construir una agenda unificada, para lo cual formulamos las siguientes propuestas, sobre la base del rescate de los consensos previamente logrados.

 

1. Partir del reconocimiento pleno de la vigencia de todos los puntos concertados en el Debate del Congreso Nacional y otros escenarios previos, a saber:1) El Proyecto hidroeléctrico como está planteado es un negocio que sólo favorece los intereses económicos de la multinacional EMGESA. 2) La resolución 321 del primero de septiembre que declaró de "utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de la represa" tiene vicios de inconstitucionalidad al violar el debido proceso de los directamente afectados, razón por la cual se deben apoyar las acciones de tutela y nulidad en curso. 3) El Ministerio de Ambiente debe supeditar la licencia ambiental a las conclusiones del estudio de impactos, bajo la coordinación de la USCO, financiado por el Departamento del Huila, por un monto de $ 110 millones, en cumplimiento de lo prometido por el señor Gobernador, y en donde se garantice la defensa de los intereses nacionales, regionales y  locales. 

 

2. Desarrollar en la Mesa Regional de Análisis y Alternativas, una agenda que permita llevar propuestas unificadas a la Mesa de Concertación para El Quimbo. Éstas deben ser producto de la investigación realizada por el equipo de USCO y alimentar el marco de  decisiones estratégicas sobre la conveniencia o no del proyecto, tal como viene siendo formulado por la multinacional Emgesa y el gobierno nacional.

 

3. Los integrantes de la Mesa de Concertación deben operar en cuatro comisiones, según los ejes previstos en el estudio: económica, ecológica, sociocultural y sociojurídica, las cuales deben proveernos a los huilenses de los insumos necesarios para la toma de decisiones.   . 

 

4. EMGESA debe entregar por escrito sus propuestas en torno a los ejes de estudio, tanto a las comisiones de la Mesa de Concertación, como al equipo responsable de la investigación, para su respectivo análisis y debate público.

 

5.  Solo sobre la base de asegurar las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental de El Quimbo, gestionar la posible participación del Huila como accionista y miembro de la Junta Directiva de la Concesionaria EMGESA, a través de la mediación del Alcalde Samuel Moreno, habida cuenta que el Distrito Capital tiene participación mediante su Empresa de Energía de Bogotá  en la mencionada concesionaria. Alternativamente, estudiar la viabilidad de  la participación accionaria de las mismas comunidades y otros sectores regionales para asegurar el control por el Departamento de la Empresa de Energía del Huila, de tal manera que ésta actúe como socio gestor buscando aliados estratégicos externos.

6. En todo caso, la garantía de realización de nuestro pliego de reestructuración del megaproyecto está asociado con el impulso de diversas acciones de organización, divulgación y movilización social local, regional, nacional e internacional, orientadas a asegurar los derechos de las comunidades afectadas y los intereses regionales, con las cuales la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales está comprometida desde el comienzo.

5. Nuestra responsabilidad

 

La dirigencia política debe responder si es ético avalar o respaldar el negocio en las condiciones como está planteado por Emgesa, que favorece exclusivamente sus intereses en contra del desarrollo humano sostenible del Huila y de la calidad de vida de las comunidades locales. Pero también compete a la dirigencia empresarial asumir su propia responsabilidad y no continuar difundiendo el falso discurso del desarrollo y el progreso de los huilenses como cortina de humo para ocultar su aspiración a participar de las dádivas y migajas que vienen mendigando a la empresa española Emgesa, debido a que no existen las condiciones básicas para que todos los actores involucrados pueden decidir en términos de ganar. Los académicos y tecnócratas del Huila también tienen que responder por la forma como se impuso a sus espaldas el megaproyecto, por la ausencia de estudios o por la complacencia con el mismo bajo el supuesto de las bondades para el desarrollo regional.

 

Las comunidades, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social y responsabilizan de las consecuencias que pueda tener la implementación de este megaproyecto, en las condiciones en que están planteadas, a nuestra clase dirigente política, empresarial y académica. Esta demanda implica la participación directa de las organizaciones sociales, políticas y de la ciudadanía en generar todas las acciones de resistencia civil contra la construcción de este tipo de represas y la formulación de alternativas viables que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades.

 

Desde ya anunciamos y ratificamos nuestro decidido compromiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios y nuestra adhesión incondicional a la declaración Internacional de  Lorica, Córdoba, Colombia, por la defensa de las comunidades, el río, el agua, la libertad y la vida de los Huilenses .

 

Neiva,  Cuenca del Alto Magdalena, diciembre 15 de 2008

PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES

 Dirección Colegiada

Miller Armín Dussán Calderón -  José Jairo González Arias - Belén Alarcón Alarcón -  Carlos Ernesto Gómez Sánchez 

A propósito del proyecto de construcción de una nueva hidroeléctrica sobre el Río Magdalena

Movilización social en defensa del territorio y las comunidades de El Quimbo

 Por iniciativa de las comunidades locales de El Agrado (vereda La Escalereta), Gigante y Garzón, con el acompañamiento de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, se convocó a todos los habitantes del Huila a reflexionar sobre los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que se generarían de construirse el megaproyecto El Quimbo por parte de la Empresa privada Emgesa -- multinacional española beneficiada por la licitación abierta por el gobierno-- y, a movilizarse en defensa del territorio, las comunidades locales, el Río de la Magdalena y el agua.

El proceso de reflexión inició con la formulación de varios interrogantes construidos a partir de las preocupaciones de las comunidades. Entonces, se acordó la realización de tres foros sobre El Quimbo: 1) ¿crecimiento o desarrollo sostenible?, 2) Asunto ético y político y 3) participación ciudadana y movilización Social.

Las preguntas orientadoras de los foros se resumen en:

·        ¿Cómo mitigar los impactos ambientales y la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva de desarrollo humano  sostenible de la Región?  

·        ¿A quién beneficia el proyecto y por qué? 

·        ¿Cuál ha sido el impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades huilenses del  Proyecto Hidroeléctrico de Betania? 

·        ¿Cómo proteger la biodiversidad y el recurso hídrico de las cuencas que nutren el río Magdalena que son fundamentales para conservar nuestros ecosistemas geoestratégicos y garantizar la soberanía y seguridad alimentarias? 

·        ¿Cuál es la responsabilidad política y ética de la dirigencia política, empresarial y académica en torno al megaproyecto? 

·        ¿Cuáles son los mecanismos de participación apropiados para que las comunidades incidan en la toma de decisiones para el desarrollo equitativo y sustentable de nuestra Región? 

Desde un principio se generó la duda, como en el refrán popular “de eso tan bueno no dan tanto”, al señalar que de concretarse la realización del megaproyecto de construcción de la represa de El Quimbo, el Departamento del Huila se verá abocado a drásticas transformaciones, sin precedentes en las últimas tres décadas, no sólo de su paisaje natural y patrimonio cultural, sino, en estricto sentido económico de su oferta productiva y, de las condiciones y orientación de su desarrollo, sin que los huilenses se hayan percatado de las verdaderas dimensiones y alcances contenidos en las pretensiones de Emgesa. Empresarios, contratistas, políticos, columnistas, académicos, periodistas, líderes religiosos, de inmediato asumieron posiciones a favor o en contra del megaproyecto permitiendo confrontar diferentes visiones del desarrollo y, por supuesto, el interés público con el privado. 

Primer foro 

Durante el primer foro, realizado en el recinto de la Asamblea del Huila el 31 de julio de 2008; al contrastar los argumentos presentados por el Director Administrativo de Emgesa, los representantes del gobierno y los de algunos gremios económicos con los aportados por miembros de las comunidades académicas y representantes de las comunidades locales, se expresaron dos visiones del desarrollo: 

Una primera visión reduce el desarrollo al crecimiento económico. Para el caso, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de una gran inversión para el desarrollo y el progreso que convertiría al Huila en “una potencia energética nacional y como paso previo el fortalecimiento de la industria piscícola y el turismo”, compatible con la necesidad de cumplir con El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Productividad y Competitividad Nacional, así como con la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio’ en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos’ (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, solar, atómica o las micro-represas. 

Otra visión define el desarrollo como mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la  participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible. 

Quienes están equivocadamente convencidos de que Emgesa los hará partícipes del negocio, insisten en que la realización del megaproyecto hidroeléctrico es irreversible, que es un hecho, y al igual que Emgesa, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social; pagos que son menores que el valor de las riquezas que se producen. Además, el proyecto es sólo unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al departamento ni al país le genere ninguna ganancia económica, social, cultural ni ambiental. No obliga a Emgesa a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato de concesión. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila. 

Para las comunidades la solución no está en la reparación de los daños en beneficio de la acumulación de riquezas, sino, en no producir daños por cuanto sus efectos ambientales y sociales tienen una prolongada duración, pueden abarcar planes de vida enteros, de las familias, de las comunidades.

Los principales impactos negativos del megaproyecto, reconocidos incluso en los estudios de Emgesa se resumen en:

• Inundación de cultivos permanentes  y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), de más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas.
• Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales.
• Desplazamiento de 427  familias y viviendas con residencia permanente.
• Desplazamiento de  1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo.
• Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor aproximado de 15.000 millones de pesos anuales (750 predios)
• Pérdida permanente de jornales de trabajo.
• Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.
• Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupe la represa y sobre su zona de influencia.
• Desintegración de  8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de antigüedad).
• Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único.

Además, el represamiento del agua para la producción alimentaria implica:

• Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.
• Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el PIB regional (El Agrado, pierde 30%)
• La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso La Escalereta).
• La desarticulación de tejidos sociales con tradiciones históricas que tienen orígenes prehispánicos.

El debate permitió a las comunidades presentes en el Primer Foro ratificar su oposición al ‘negocio de El Quimbo’, no sólo por los contundentes argumentos científicos, sino porque como está planteado, y fue reconocido por la misma multinacional Emgesa, tiene como único propósito la generación rentable de energía para la empresa, sin contraprestaciones para el Huila.

En esta dirección las comunidades concluyeron que antes de ser concedida la Licencia Ambiental por el Ministerio respectivo se debe conformar una Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas frente a las pretensiones de la multinacional; debatir en el Congreso Nacional los impactos que generaría la construcción de la represa en la Cuenca Alta del Río Magdalena; el fortalecimiento de la veeduría y la integración de un equipo interdisciplinario de investigación y consulta para que estudie y socialice los alcances y consecuencias que traería la construcción del megaproyecto El Quimbo.

Entre algunas de las experiencias investigativas, se cuenta con el estudio “Prioridades de conservación biológica para Colombia” del Grupo Arco que dirige el holandés Willem Van Wyngaarden y, que al referirse a la zona de El Quimbo destaca la necesidad de conservar los ecosistemas sensibles asociados a la cuenca alta del río Magdalena. También, existen estudios sobre el cambio climático global y el agua, mega-proyectos y soberanía alimentaria aportados por académicos invitados como ponentes al Primer Foro, las observaciones de la CAM al estudio de Impacto Ambiental de Emgesa, la Declaración Internacional de Lorica Córdoba emanada del IV Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, celebrada el pasado 26 de julio y las experiencias y  saberes que se vienen construyendo desde las comunidades locales.

Segundo Foro 

El 28 de agosto se realizó en la Universidad Surcolombiana el II Foro “El Quimbo: Asunto Ético y Político” donde se planteó que frente a la frustración que significó Betania, la construcción de un nuevo embalse para la generación de energía no puede derivar de nuevo en ganancias para sus inversionistas, contratistas y políticos involucrados, y miseria y pobreza para el resto de los huilenses y las generaciones futuras que vivirán el rigor de  las alteraciones ambientales provocadas por este tipo de megaproyectos. En efecto, la mayor responsabilidad directa de estas consecuencias, que podrían evitarse, recaerán en las élites dirigentes, por su miopía y egoísmo, por su ignorancia y subordinación a todo tipo de intereses extranjeros.

El investigador José Jairo González sostuvo en el Foro que la construcción de estos megaproyectos, es una gran tentación para el ejercicio de la corrupción y la falta de  transparencia. Las experiencias históricas señalan que estos mega proyectos, usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, relacionado con el modelo de desarrollo neoliberal de apropiación privada de los bienes y recursos en pocas manos;  otro, con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y el tercero, con la facilidad para el manejo y  la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades.

El mismo Banco Mundial, sostiene González, ha obligado a las empresas comprometidas con estos megaproyectos a aplicar y desarrollar el concepto de “la responsabilidad social empresarial, en términos de la sostenibilidad de estas apuestas económicas con una visión integral del desarrollo. Implica, además, que el  crecimiento económico y la productividad de las empresas deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, muchos de los propios promotores  de estos megaproyectos, han visto que hay una responsabilidad ética, aún, en la lógica empresarial, que es indelegable. Por supuesto, que si hablamos de una responsabilidad ética, es porque no debería haber un negocio sobre la faz  de la tierra que atente contra los derechos fundamentales de los pueblos, ni contra la armonía de la naturaleza, en otros términos, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio”.

La dirigencia política debe responder si es ético avalar o respaldar el negocio en las condiciones como está planteado por Emgesa, que favorece exclusivamente sus intereses en contra del desarrollo humano sostenible del Huila y de la calidad de vida de las comunidades locales. Pero también compete a la dirigencia empresarial asumir su propia responsabilidad y no continuar difundiendo el falso discurso del desarrollo y el progreso de los huilenses como cortina de humo para ocultar su aspiración a participar de las dádivas y migajas que vienen mendigando a la empresa española Emgesa, debido a que no existen las condiciones básicas para que todos los actores involucrados pueden decidir en términos de ganar. Los académicos y tecnócratas del Huila también tienen que responder por la forma como se impuso a sus espaldas el megaproyecto, por la ausencia de estudios o por la complacencia con el mismo bajo el supuesto de las bondades para el desarrollo regional.

Las comunidades, como conclusión fundamental del segundo foro, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social y responsabilizan de las consecuencias que pueda tener la implementación de este megaproyecto, en las condiciones en que están planteadas, a nuestra clase dirigente política, empresarial y académica. Esta demanda implica la participación directa de las organizaciones sociales, políticas y de la ciudadanía en generar todas las acciones de resistencia civil contra la construcción de este tipo de represas y la formulación de alternativas viables que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades.

Producto del II Foro fue la conformación de la  Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas para la Zona de El Quimbo concebida  como espacio de discusión y análisis de los impactos sociales, culturales y ambientales y de construcción de alternativas regionales de desarrollo humano sostenible para las comunidades de dicha zona. 

Tercer Foro 

Por la defensa del territorio y las comunidades del Alto Magdalena se realizó el III Foro El Quimbo: participación ciudadana y movilización Social el 25 de septiembre de 2008 en el Municipio de El Agrado Huila. 

No obstante, que la multinacional española EMGESA afirmara que había cumplido con los requerimientos legales de acercamiento, información, interlocución y consulta con las comunidades, las administraciones municipales, departamental y las instituciones pertinentes; también es cierto, que no se avanzó en los procesos de concertación. De tal manera, que las comunidades afectadas fueron sometidas a la incertidumbre y al abandono total por parte del Estado, y se han visto presionadas a “negociar” directamente con la multinacional en condiciones desventajosas. En la práctica, se reduce a todo el mundo a simples negociantes y se desconoce la existencia de las instituciones y de sus personeros. De manera que ciudadanos del común y autoridades, presentan su “lista de mercado” donde incluyen cualquier tipo de demanda personal o colectiva sin importar que pueda estar en contravía de las Planes de Desarrollo Municipal.

El resto de los huilenses, que de manera indirecta también saldrán afectados, desconocen por completo los estudios de identificación, caracterización, evaluación de impactos y las subsiguientes medidas  de manejo que la parte interesada ha presentado a las autoridades correspondientes.

La situación es aún más grave, cuando el Estado abandona su función de defender el interés público y, en especial, la soberanía nacional, y sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, “los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo”, liquidando el proceso de socialización con las comunidades y las autoridades locales; garantizando que Emgesa de manera agresiva imponga sus condiciones en los procesos de concertación o expropie los bienes de las comunidades localizadas en el área de afectación del proyecto, condenándolas al desplazamiento forzoso, al hambre y a la miseria. 

El gobierno argumentó que la decisión tomada hacía parte de la denominada “confianza inversionista” que no es más que el favorecimiento del capital extranjero en detrimento de los intereses nacionales. O cómo se explica que en julio de 1997 el Ministerio del Medioambiente afirmara que “ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable. Se alegó entonces que el impacto social no era positivo, debido a criterios como la afectación de las tierras con aptitud agrícola de la región y la dificultad de restituir la actividad productiva en la Zona”. Y en noviembre de 2007, ante una solicitud de Emgesa con un mes de anterioridad, el Ministerio de Agricultura conceptuó a petición de Minambiente, considerando sólo los aspectos pecuarios y agrícolas, que el proyecto Quimbo era “socioeconómicamente viable” ¿Qué cambió en 10 años, para que el concepto virara 180 grados?

En este hecho que estamos enfrentando, se expresa una de las principales falencias de nuestro sistema político que está construido para que determinadas decisiones de política pública que afectan y a veces cambian radicalmente la vida de comunidades enteras, se tomen sin ningún procedimiento democrático y de participación ciudadana.

Para el caso de El Quimbo, quines decidieron la construcción del proyecto fueron los interesados en el negocio y unos funcionarios públicos que no están sometidos a control político directo y en un proceso de decisiones que no pasan por ningún debate público. Este es uno los problemas de fondo de la democracia representativa formal. Unos funcionarios prevalidos del hecho de ser designados por servidores elegidos democráticamente, como lo sostuvo el abogado ambientalista Guillermo Asprilla, toman decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas para bien o para mal.

En el caso de El Quimbo se ejemplifica esta falencia del sistema político colombiano: Los ciudadanos no tienen poder de decisión sobre las políticas públicas fundamentales. Y ni siquiera las instancias representativas como el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales. Para el caso que nos ocupa, jurídicamente ninguna de estas corporaciones tiene competencia para decidir. Los únicos que si la tienen son las oficinas dependientes del poder ejecutivo en los ministerios del Medioambiente y de Minas y Energía, como lo preciso el abogado Asprilla.

¿Qué podemos hacer desde el ámbito jurídico cuando las decisiones políticas han sido tomadas y el contrato adjudicado a Emgesa? Cuando resta un solo paso: que es el otorgamiento de la licencia ambiental, trámite regulado por la Ley 99 de 1993, es necesario solicitar su aplazamiento, porque en consonancia con la Constitución de 1991, es necesario tramitar dos aspectos importantes: uno, revisar toda la información para el otorgamiento de la licencia ambiental que es pública. Y dos, solicitar la realización de una audiencia pública, que puede ser a petición del Procurador, el Defensor del Pueblo o de una parte de la comunidad.

Pero, desafortunadamente, la audiencia pública no tiene efecto decisorio. Y en general la experiencia colombiana nos dice que en el caso de estos megaproyectos, el Minambiente siempre termina concediendo la licencia.

En consecuencia, se requiere no sólo de apelar al uso de los mecanismos de participación ciudadana, sino, de suscitar la mayor movilización social y política posible de lograr debido a que las posibilidades jurídicas de enfrentar una demanda y ganarla son muy limitadas.

Es necesario aclarar que en Colombia el estudio de impacto ambiental está lejos de ser un estudio científico riguroso e imparcial sobre los impactos de un proyecto. Todo lo contrario: es la defensa técnico-jurídica contratada y pagada por la empresa interesada en el proyecto, de modo que el estudio de impacto nunca es imparcial. A esto agreguemos que el componente Plan de Manejo Social, no es ni concesión ni compensación, sino una obligación legal de todo estudio de impacto.

Este es el principal desafío para la comunidad porque para enfrentar los argumentos del estudio de impacto ambiental es necesario constituir un equipo multidisciplinario con una capacidad igual o similar a la del equipo que realizó el estudio de impacto que analice cada uno de los aspectos técnicos, sociales, económicos, entre otros, para lograr demostrar las insuficiencias e inconveniencias del estudio en cuestión. De manera que queda claro que no es suficiente el discurso político que cuestiona el proyecto.

Aparte de la audiencia pública, existen otras posibilidades. En la Ley 134 de 1994 o ley de participación política y ciudadana, está regulado el procedimiento para los cabildos abiertos, las consultas, los referendos, plebiscitos, entre otros. El artículo 105 de la Constitución Política, establece la facultad de los alcaldes de convocar consultas populares. Y el artículo 2 de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales del estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica administrativa y cultural de la Nación”.

El artículo 311 constitucional estipula que corresponde al municipio “ordenar el desarrollo de su territorio” y los numerales 7 y 9 del artículo 313 establecen que corresponde a los concejos municipales “reglamentar los usos del suelo” y “dictar  las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

Pero en particular los cabildos y la consulta, son mecanismos que deben ser ejecutados para asegurar que las comunidades afectadas ejerzan su legítimo derecho a decidir.

Puede concluirse entonces, que no sólo es un derecho de la ciudadanía, sino que es un deber de las autoridades municipales, tomar las medidas e iniciativas, previstas en la ley, para acordar lo más conveniente para el desarrollo del municipio y para la vida de sus habitantes, frente a un proyecto de un impacto tan significativo.

A manera de resumen y conclusión, precisemos cuáles fueron las tareas aprobadas en el Tercer Foro: 

1.      Entablar la acción de nulidad de la Resolución 321 que declara de utilidad pública los terrenos para la construcción del megaproyecto

2.      Iniciar acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los afectados por la Resolución 321.

3.      Realizar una consulta popular en el Municipio de El Agrado –en primera instancia– para que la comunidad decida sobre la construcción del megaproyecto hidroeléctrico.

4.      Solicitar al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial el aplazamiento de la Licencia ambiental a EMGESA por un periodo no inferior a 6 meses requerido como mínimo para realizar los estudios de Impacto Ambiental que se derivan de las recomendaciones formuladas por la CAM y de las conclusiones de los Foros organizados por las comunidades locales con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales. Este estudio debe ser financiado por el Gobierno Departamental y realizado por el Equipo Interdisciplinario de investigación y consulta propuesto por el II Foro El Quimbo: Asunto Ético y Político realizado en la USCO.

5.      Revisión integral del Contrato de Concesión, mediante el cual se autorizó por tiempo indefinido a la multinacional española EMGESA para que con recursos propios únicamente y para su único y exclusivo beneficio construya la central hidroeléctrica El Quimbo, y formulación de alternativas que garanticen el desarrollo humano sostenible de la zona y del Departamento del Huila.

6.      Solicitar al Gobernador del Huila la convocatoria de un Referendo Departamental sobre el mencionado megaproyecto.

7.      Organizar y movilizar a las comunidades locales y de todo el Departamento del Huila en defensa de sus propios territorios, Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial desde el enfoque de desarrollo humano sostenible

8.      Solicitar a los representantes del Huila ante el Senado y Cámara promuevan de inmediato un debate en el Congreso  sobre el megaproyecto por cuanto afecta los intereses de toda la nación.

9.      Solicitar a la Contraloría los “Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales” con el propósito de conocer desde una fuente confiable lo que se posee.

10.  Convocar a organizaciones internacionales defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos y a la Comunidad de Naciones a pronunciarse a favor de las demandas de las comunidades del Alto Magdalena.

11.  Acoger plenamente la Declaración Internacional de Lorica Córdoba emanada del IV  Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, celebrada el pasado 26 de Julio con representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y otros sectores sociales de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Italia y Estados Unidos que se ocupó del análisis de la coyuntura regional, el intercambio de experiencias de resistencia contra las represas y propuso estrategias para la defensa de los territorios, el agua, la cultura y la vida.

Neiva, noviembre de 2008

 

PROPUESTAS DE LAS COMUNIDADES PARA DEBATIR EN EL CONGRESO NACIONAL SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA EL QUIMBO

Ha sido acogida la iniciativa de las comunidades locales, con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones sociales, de realizar el debate en el Congreso de la República, el 13 de noviembre, sobre los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que se generarían de construirse el Megaproyecto El Quimbo por la Empresa Privada EMGESA. Para la preparación del debate se ha concertado entre la Universidad Surcolombiana y la Mesa Regional de Análisis y Alternativas para la Zona de El Quimbo, con la presencia del Senador Hernán Andrade, una reunión previa el 7 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. en el Auditorio Olga Tonny Vidales, para la cual se proponen las siguientes iniciativas básicas en defensa del territorio, las comunidades locales, el Rio Magdalena y el Agua:

1.- Apoyar la demanda de nulidad de la Resolución Ejecutiva No 321 de 2008, mediante la cual se autorizó a la empresa privada EMGESA S.A., para expropiar los predios necesarios para la construcción del proyecto hidroeléctrico de "El quimbo" La acción jurídica se fundamenta en la violación del debido proceso al no ser notificados previamente los municipios, ni a ninguno de los afectados y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental.

 

2.- Solicitar al Ministerio de Ambiente el aplazamiento de la Licencia ambiental a EMGESA por un periodo no inferior a 6 meses requerido como mínimo para realizar los estudios de Impacto Ambiental que se derivan de las recomendaciones formuladas por la CAM y de las conclusiones de los Foros organizados por las Comunidades Locales con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales. Este estudio debe ser financiado por el Gobierno Departamental y realizado por el Equipo Interdisciplinario de investigación y consulta propuesto por el II Foro El Quimbo: Asunto Etico y Político realizado en la USCO.

 

3.- Revisión integral del Contrato de Concesión,  mediante el cual se autorizó por tiempo indefinido a la Multinacional española EMGESA para que con recursos propios únicamente y para su único y exclusivo beneficio construya la CENTRAL HIDROELECTRICA EL QUIMBO, y formulación de alternativas que garanticen el desarrollo humano sostenible de la Zona y del Departamento del Huila

 

3.- Apoyar la convocatoria del referendo en el Municipio de El Agrado con base en los siguientes argumentos:

 

A. Jurídicos:

 

- Artículo 53 de la Ley  134  de 1994, sobre la convocatoria a una Consulta Popular para que la ciudadanía  se pronuncie acerca de la construcción en el territorio del municipio del proyecto hidroeléctrico de "El Quimbo" por parte de la  empresa EMGESA.

La construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, tendrá un impacto drástico, profundo e irreversible en el paisaje del municipio, en su economía, en su tejido social, en sus recursos y en la vida de la población.

 

 - El artículo 2º de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales del estado "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica administrativa y cultural de la Nación".

 

- El  artículo 105 de la Carta 3, desarrollando este principio, establece la facultad de los Alcaldes de convocar consultas populares.

 

- El artículo 311 constitucional estipula que corresponde al municipio "ordenar el desarrollo de su territorio" y los numerales 7 y 9 del artículo 313 establecen que corresponde a los concejos municipales "reglamentar los usos del suelo" y "dictar  las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio".

 

De conformidad con las normas constitucionales citadas, no sólo es un derecho de la ciudadanía, sino que es un deber de las autoridades municipales, tomar las medidas e iniciativas, previstas en la ley, para acordar lo más conveniente para el desarrollo del municipio y para la vida de sus habitantes, frente a un proyecto de un impacto tan significativo.

 

Sin notificar previamente al municipio, ni a ninguno de los afectados, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el  Ministerio de Minas y Energía, expidió la Resolución Ejecutiva No 321 de 2008, mediante la cual se autorizó a la empresa privada EMGESA S.A., para expropiar los predios necesarios para la construcción del proyecto hidroeléctrico de "El quimbo", entre los cuales se encuentran los situados en la zona rural agrícola del municipio de "El Agrado".

 

B. Impactos del proyecto sobre el municipio de "El Agrado"

 

De acuerdo con lo estipulado por el Gobierno Nacional la hidroeléctrica "El Quimbo", es unipropósito, es decir, para la generación de energía eléctrica solamente y la utilidad que obtenga la empresa EMGESA, solo beneficiará a esa empresa. Con la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, el Municipio de El Agrado, tendrá entre muchas otras, las siguientes afectaciones:

 

• Inundación de cultivos permanentes y transitorios, principalmente de los municipios de Gigante, Garzón y Agrado, en extensión de más de 2.000 Ha e inundación de pastos de pastoreo, cría y engorde de ganado bovino, ovino y caprino.
• Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias y puentes vehiculares y vías peatonales.
• Desplazamiento de 427 familias (viviendas), residentes permanentes en el área que será cubierta permanentemente por el embalse.
• Pérdida de las tierras más fértiles del Municipio, completamente planas, mecanizables, con alto contenido de materia orgánica, sistemas de riego por gravedad y alta productividad.
• Perdida de oportunidades y de la misma esperanza de vida y de futuro, por suspensión de la construcción de 9 proyectos de pequeños distritos de riego, ya programados oficialmente, por el gobierno departamental, por ser inundadas las tierras.
• Desplazamiento del 26% de la población rural.
• El 75% de la población del Municipio de El Agrado, depende económicamente de actividades agropecuarias y éstas se verán drásticamente afectadas por la inundación de 3.262 has que corresponden a predios pertenecientes al Municipio de El Agrado.
• La seguridad alimentaria del Municipio se verá drásticamente afectada debido a que la zona que será inundada produce frutales, maíz, plátano, arroz, cacao, sorgo, soya, leche, carne, etc., entre otros productos de gran importancia para la dieta alimenticia local, regional y nacional.
•  Pérdida de más de 900 empleos directos.
• Inundación del 12% del total del área del Municipio.
• La Hidroeléctrica de El Quimbo afectará directamente a cinco veredas de las más importantes y con mayor tradición del Municipio: La Escalereta, La Cañada, San José de Belén, La Yaguilga y El Pedernal.
• Desintegración de empresas comunitarias que llevan más de 40 años de reivindicaciones sociales y económicas.
• La zona a inundar genera más de 15.000 millones de pesos anuales a la economía de la región y las regalías generadas por la hidroeléctrica para el Municipio, solamente representarán alrededor de 750 millones de pesos anuales.
• Inundación y posible destrucción de la capilla de San José de Belén la cual fue declarada patrimonio cultural del departamento del Huila.
• En el área de influencia del proyecto que comprende el valle del río Magdalena desde el río Suaza hasta el Páez, se identificaron 78 áreas de interés arqueológico, las cuales albergan vestigios de las poblaciones que ocuparon esta región en época prehispánica y comienzos de la colonia.
• Desintegración de núcleos familiares que durante décadas han realizado labores agrícolas de manera conjunta.
• Pérdida para el Municipio de infraestructura representada en vías, acueductos, puentes, escuelas, centros de salud, capillas, salones comunales, etc.
• El embalse, por elevación del nivel del agua, deja fuera de servicio puentes de vías troncales de primer orden, como el de El Balceadero y el de la Jagua e incomunicados, por la ruta actual en servicio, a varios municipios y localidades. Incomunica territorios entre sí, y áreas de fincas y a estas con las vías actuales.
• El Estudio de Impacto Ambiental, que presentó EMGESA, para obtener la Licencia Ambiental, en forma muy genérica, hace referencia a esos problemas, sin analizar los costos permanentes para los usuarios afectados, al menos por el periodo útil previsto, ni definir el tipo y alcance legal de la obligación que asume.
• La zona a inundar posee los últimos remanentes de bosque seco de todo el centro del departamento del Huila y son ecosistemas considerados de interés nacional.
• Destrucción de bosques, hábitat de especies en peligro de extinción como venados, zorros, tigrillos, monos, aves, reptiles y anfibios.
• El Municipio de El Agrado perderá el acceso directo y la posibilidad de usufructuar las aguas del Río Magdalena.

C.- Compensaciones ofrecidas por EMGESA:

 

La empresa ha ofrecido las siguientes compensaciones:

 

• Pago de impuesto predial, por el área inundada. El impuesto predial por el área inundada, no supera los $140.000.000 anuales, según cálculo de la misma EMGESA, para repartir entre todos los municipios afectados.
• Pago de impuesto de Industria y Comercio. El Impuesto de Industria y Comercio, que propone pagar la empresa dueña de la hidroeléctrica, no supera los $260.000.000 anuales, para repartir entre los municipios afectados.
• El denominado fondo especial de inversiones, que propone y presupuesta, por $4.500.000.000 por una sola vez y para todos los afectados, es irrisorio ante las jugosas ganancias que produce ese tipo de negocio. Le correspondería menos de $1.000.000 para cada afectado.
• De acuerdo con diversos informes económicos-financieros de la Central Hidroeléctrica de Betania (CHB), la utilidad neta, después de impuesto, por la generación y venta de energía eléctrica es altísima. La CHB, en 2003 obtuvo utilidad neta anual de $245.000 millones. EMGESA, es dueña y operadora de la CHB. La represa EL QUIMBO, en producción media, puede generar utilidades superiores a $200.000 millones anuales y de acuerdo con estudios de Hidroestudios S.A., la construcción de la Central Hidroeléctrica el QUIMBO, mejora la regulación y operación del embalse de la CHB, en un 170%, respecto a las condiciones actuales y mejora la rentabilidad de la CHB, en el 35%.

Dadas las consideraciones expuestas, que demuestran la gravedad y trascendencia de este proyecto para la vida municipal, se hace imperativo que la totalidad de la ciudadanía conozca el proyecto hidroeléctrico mencionado, analice sus afectaciones y se pronuncie, mediante los mecanismo legales sobre su conveniencia para el municipio.

 

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

Dirección colegiada

Miller Dussán C. Belén Alarcón, Carlos Gómez, José Jairo González.